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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: RAFAEL H. ROMAN JIMENEZ

2004 TSPR 68

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: RAFAEL H. ROMAN JIMENEZ

TS-0009606

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2004 TSPR 68

Rafael H. Román Jiménez

161 DPR ____

Número del Caso: TS-9606

Fecha: 30 de abril de 2004

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Carmen H. Carlos

Directora

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Luis D. Lavergne Colberg

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día

6 de mayo de 2004).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

TS-9606

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Rafael H. Román Jiménez

TS-9606

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2004.

El 31 de enero de 2003, la Directora de la

Oficina de Inspección de Notarías (en adelante,

“Directora”) le envió al notario Rafael H. Román

Jiménez (en adelante, “Lcdo. Román Jiménez”) una

copia

del

informe

sometido

por

el

Inspector

de

Protocolos, Lcdo. Héctor E. Sánchez Sánchez, de

fecha de 27 de enero del mismo año. De ese informe

se

desprende

que

en

la

mayoría

de

instrumentos

públicos contenidos en los protocolos de su obra

notarial para los años de 1998, 1999 y 2000, no se

habían

adherido

los

rentas

internas

e

correspondientes

impuestos

sellos

notariales,

lo

de

que

TS-9606

3

reflejaba una deficiencia de $3,764.00. Asimismo, dicho

informe también reveló que el notario Román Jiménez no

canceló los sellos de Asistencia Legal en 992 asientos

del Libro de Registro de Testimonios, representando el

total de la deficiencia $2,976.00.

El monto total de

araceles sin cancelar ascendía a $6,690.00.

A tenor con lo establecido en la Ley y el Reglamento

Notarial, la Directora requirió al Lcdo. Román Jiménez

que informara por escrito, en un término de 15 días,

cualquier objeción que pudiera tener respecto al informe.

No

obstante,

el

requerimiento.

notario

no

respondió

a

este

Por tal razón, el 13 de agosto de 2003,

la Directora nos remitió su informe sobre el estado de la

notaría del referido licenciado.

expresó

que

la

actuación

del

En éste, la Directora

notario

violaba

la

fe

pública notarial, toda vez que en cada escritura éste

daba

fe

de

haber

adherido

los

referidos

sabiendas de que ese hecho era falso.

hecho,

nos

solicitó

que

aranceles

a

A raíz de este

tomáramos

las

medidas

disciplinarias que estimáramos pertinentes.

Así, mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003,

le concedimos al Lcdo. Román Jiménez un término de 20

días para que corrigiera las deficiencias señaladas por

la Directora en su informe y mostrara causa por la cual

no le debíamos imponer sanciones disciplinarias.

Conforme a lo ordenado, el 5 de diciembre de 2003,

el Lcdo. Román Jiménez compareció ante nos.

Alegó, en

TS-9606

4

esencia, que había subsanado las deficiencias señaladas

por la Directora el 28 febrero de 2003, fecha en que

dicha oficina había acordado inspeccionar nuevamente su

obra.

No

obstante,

según

expone,

el

Inspector

de

Protocolos canceló su visita y acordó en comunicarse con

éste para pautar una nueva cita.

A pesar de esto, ambas

partes no volvieron a comunicarse hasta que, en el mes de

agosto

de

2003,

la

Directora

presentó

el

informe

en

cuestión ante este Tribunal.

Sobre su desatención al requerimiento de la Oficina

de Inspección de Notarías (en adelante, “ODIN”), éste

expresó que no lo hizo pues entendía que responder al

mismo era discrecional, y al no tener objeciones a los

señalamientos del informe decidió acatarlo.

procedió

inmediatamente

a

adherir

Con ese fin,

los

aranceles

notariales, en espera de que el Inspector se comunicara

con éste nuevamente y pautara una próxima cita.

Expresó,

por último, que nunca fue su intención desatender los

señalamientos

que

le

hiciera

la

ODIN,

y

mucho

menos

incumplir con las obligaciones y deberes que le impone la

ley.

A raíz de dicha comparecencia, le concedimos 20 días

a la Directora para que se expresase en torno a ésta.

Conforme a ello, el 5 de marzo de 2004, la Directora

presentó ante nos una “Moción en Cumplimiento de Orden”,

en

la

que

nos

informó

que

todas

las

deficiencias

señaladas, salvo una, fueron subsanadas por el notario de

TS-9606

5

epígrafe.1

No

las

obstante,

cuanto

a

escrito

mostrando

manifestó

expresiones

causa.

su

preocupación

en

del

referido

notario

en

su

Al

respecto,

señaló

que

el

notario debió comparecer por escrito ante dicha oficina

tan pronto se le notificó de las deficiencias encontradas

en su obra, independientemente que estuviera de acuerdo o

no

con

los

particular,

hallazgos

la

de

Directora

su

oficina.

expresó

que

Sobre

este

“[p]ensar

que

comparecer por escrito era enteramente discrecional nos

parece un mal juicio en este contexto; e intimar que el

deber de adherir y cancelar sellos e impuesto notarial

depende de la inspección o reinspección de un Inspector

de Protocolos es una mal enfoque en lo que concierne a

este importantísimo deber.”

Por tal razón, nos solicitó

que le impusiéramos sanciones económicas al Lcdo. Román

Jiménez.

Luego de evaluar detenidamente las comparecencias de

ambas partes, estamos en posición de resolver.

II

Todo

adherir

notario

y

cancelar

tiene

la

ineludible

obligación

en

cada

documento

o

de

instrumento

público que autorice y en las copias certificadas que de

ellas expida los correspondientes aranceles notariales.

Artículo 10 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2006; Ley

de Arancel Notarial, Ley Núm. 101 de 1943, 4 L.P.R.A.

1

Actualmente, el Inspector de Protocolos y el

referido abogado están coordinando sus esfuerzos para

subsanar la escritura que faltaba.

TS-9606

6

sec. 81.

Se trata, pues, de un deber ministerial al que

deberá darle cumplimiento estricto y que requiere que el

arancel sea adherido al momento de su otorgamiento.

In

re Cardona Estelritz, 137 D.P.R. 453, 455 (1994).

Ello

debido a que en estas copias certificadas que el notario

expide, éste da fe de haber adherido y cancelado los

referidos aranceles.

Por tanto, al no hacerlo estaría

dando fe de haber realizado un acto que realmente no

efectuó,

grave.

lo

que

constituye

una

falta

extremadamente

In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988); In re

Collazo, 119 D.P.R. 61 (1987); In re Jiménez Del Valle,

119 D.P.R. 41 (1987); In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837

(1986); In re Currás Figueroa, 81 D.P.R. 645 (1960); In

re Ramos, 77 D.P.R. 107 (1954).

El

incumplimiento

con

esta

obligación

incide

directamente en la validez del instrumento público de que

se trate en perjuicio de otorgantes y terceros.

Hasta

tanto dichos sellos no sean adheridos o cancelados, la

validez de dichos documentos o de las copias certificadas

está

en

entredicho,

ineficaces.

Artículo

pues

10

éstos

Ley

son

Notarial,

anulables

o

supra;

re

In

Colón, 129 D.P.R. 490 (1998).

Además,

incumplir

con

esta

singular

obligación

expone al notario a que sea objeto de las más severas

sanciones

disciplinarias,

y

conlleva

que

pueda

ser

responsable tanto en el ámbito civil como en el penal

dependiendo

de

las

circunstancias

en

que

ocurra

tal

TS-9606

7

violación.

In re Colón, supra; In re Collazo, supra.

La

práctica de no cancelar los correspondientes aranceles

podría

resultar

apropiación

en

la

ilegal,

por

configuración

cuanto

el

de

un

delito

importe

de

de

éstos

normalmente es cobrado por el notario a su cliente al

momento de otorgar el instrumento público.

115

Quiñones,

D.P.R.

812,

814

In re Merino

(1984).

Asimismo,

el

notario que incurra en tal actuación defrauda al erario

toda vez que tanto la Ley Notarial y la Ley de Aranceles

disponen para el cobro de derechos, en los instrumentos

públicos, a través de los sellos de rentas internas a

favor del Estado y del Colegio de Abogados.

4 L.P.R.A.

secs. 856 y 1006; Véase además, In re Cardona Estelritz,

supra; In re Quidgley Viera, 119 D.P.R. 72 (1987); In re

Platón, 113 D.P.R. 273, 274 (1982).

Por

otro

indeseable

inspeccionen

el

lado,

constituye

una

que

un

espere

a

notarial

los

notario

práctica

protocolos

de

su

a

y

cancelar

adherir

obra

altamente

que

los

se

le

para

entonces

proceder

referidos

sellos.

Ello contribuye a que se dilate, entorpezca y

encarezca innecesariamente el proceso de inspección.

re Casiano Silva, supra, a la pág. 348.

In

En la inmensa

mayoría de los casos implica nuevamente un proceso de

inspección que económicamente sufraga el Estado.

Id.

A partir de este trasfondo jurídico, procedemos a

resolver el asunto ante nuestra consideración.

TS-9606

8

III

En el caso ante nos, las deficiencias arancelarias

en la obra notarial del Lcdo. Román Jiménez ascendían a

$6, 740.00.

En la gran mayoría de los instrumentos, el

referido notario no canceló los derechos arancelarios;

tampoco canceló los sellos de Asistencia Legal en 992

asientos del Registro de Testimonios.

Evidentemente, no

se trata aquí de un caso en el que estemos hablando de

deficiencias

total

de

en

la

cancelación,

aranceles

sino

de

notariales.

una

Como

ausencia

acotáramos

previamente, con esta actuación, el Lcdo. Román Jiménez

violó la fe pública notarial.

Éste debió cancelar los

aranceles tan pronto le era satisfecha la suma para ello.

Al no hacerlo, puso en riesgo la validez de cada uno de

los instrumentos que autorizó, lo que pudo haber tenido

grandes repercusiones para sus clientes y terceros.

Si bien es cierto que posteriormente el Lcdo. Román

Jiménez

canceló

arancelarios,

la

gran

debemos

mayoría

advertir

de

que

los

derechos

dicha

actuación

constituye una deficiente práctica notarial, la cual no

estamos dispuestos a seguir validando.

Como expresáramos

en

práctica

In

re

Casiano

Silva,

supra,

esta

“[m]ina

también el buen sentir de lo que profesionalmente exige

la mejor práctica notarial...[p]osponer innecesariamente

la

cancelación

de

los

aranceles

notariales

en

los

originales y dar fe por otra parte de que se ha cumplido

con

este

deber

notarial,

representa

una

burla

al

TS-9606

9

principio de la dación de fe notarial.”

Id. a la pág.

348.

El notario no debe esperar a que venga un inspector

para

cumplir

con

el

ineludible

aranceles notariales.

deber

de

cancelar

los

Máxime cuando los clientes de éste

y terceros efectúan transacciones jurídicas que descansan

en la validez de dichos instrumentos.

Por

otro

lado,

el

Lcdo.

Román

Jiménez

no

actuó

diligentemente en el cumplimiento de su deber al no haber

notificado

a

la

ODIN

deficiencias

arancelarias.

inmediatamente

Era

su

deber,

canceló

las

una

le

vez

fueron señaladas las faltas, subsanarlas y concertar una

próxima

reunión

con

dicha

oficina

para

que

inspeccionados sus protocolos nuevamente.

le

fueran

Ningún notario

puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la

ODIN

lo

contactará

adecuadamente

los

para

verificar

señalamientos

si

que

se

corrigen

dicha

oficina

efectúe, máxime cuando la imagen de la profesión y la

suya propia está en tela de juicio.

Tomando

en

consideración

todo

suspendemos

al

Lcdo.

H.

Rafael

lo

antes

Román

expuesto,

Jiménez

de

la

práctica de la notaría por un término de treinta (30)

días,

contado

sentencia.

a

partir

de

la

notificación

de

esta

Le imponemos el deber de notificar a todos

sus clientes de la práctica de la notaría de su presente

inhabilidad de continuar representándolos, les devuelva

cualesquiera

honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados, e informe oportunamente de su suspensión de

TS-9606

la

notaría

10

a

los

distintos

administrativos del país.

foros

judiciales

y

Deberá, además, certificarnos

dentro del término de treinta (30) días, contado a partir

de la notificación de esta sentencia del cumplimiento de

estos deberes.

Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que

proceda a incautarse de la obra notarial y del sello

notarial del notario suspendido, debiendo entregarlos a

la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para

el trámite correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

TS-9606

11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Rafael H. Román Jiménez

TS-9606

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2004.

En vista de lo expuesto en la Opinión Per

Curiam que antecede y que se hace formar parte

de esta sentencia, suspendemos al Lcdo. Rafael

H. Román Jiménez de la práctica de la notaría

por un término de treinta (30) días, contado a

partir de la notificación de esta sentencia. Le

imponemos el deber de notificar a todos sus

clientes de la práctica de la notaría de su

presente

inhabilidad

de

continuar

representándolos,

les

devuelva

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados,

e informe oportunamente de su suspensión de la

notaría a los distintos foros judiciales y

administrativos del país.

Deberá, además,

certificarnos dentro del término de treinta (30)

días, contado a partir de la notificación de

esta

sentencia

del

cumplimiento

de

estos

deberes.

Se ordena al Alguacil General de este

Tribunal que proceda a incautarse de la obra

notarial y del sello notarial del notario

suspendido, debiendo entregarlos a la Directora

de la Oficina de Inspección de Notarías para el

trámite correspondiente.

TS-9606

12

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo