Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: RAFAEL H. ROMAN JIMENEZ
2004 TSPR 68
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: RAFAEL H. ROMAN JIMENEZ
TS-0009606
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2004 TSPR 68
Rafael H. Román Jiménez
161 DPR ____
Número del Caso: TS-9606
Fecha: 30 de abril de 2004
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Luis D. Lavergne Colberg
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el día
6 de mayo de 2004).
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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TS-9606
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Rafael H. Román Jiménez
TS-9606
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2004.
El 31 de enero de 2003, la Directora de la
Oficina de Inspección de Notarías (en adelante,
“Directora”) le envió al notario Rafael H. Román
Jiménez (en adelante, “Lcdo. Román Jiménez”) una
copia
del
informe
sometido
por
el
Inspector
de
Protocolos, Lcdo. Héctor E. Sánchez Sánchez, de
fecha de 27 de enero del mismo año. De ese informe
se
desprende
que
en
la
mayoría
de
instrumentos
públicos contenidos en los protocolos de su obra
notarial para los años de 1998, 1999 y 2000, no se
habían
adherido
los
rentas
internas
e
correspondientes
impuestos
sellos
notariales,
lo
de
que
TS-9606
3
reflejaba una deficiencia de $3,764.00. Asimismo, dicho
informe también reveló que el notario Román Jiménez no
canceló los sellos de Asistencia Legal en 992 asientos
del Libro de Registro de Testimonios, representando el
total de la deficiencia $2,976.00.
El monto total de
araceles sin cancelar ascendía a $6,690.00.
A tenor con lo establecido en la Ley y el Reglamento
Notarial, la Directora requirió al Lcdo. Román Jiménez
que informara por escrito, en un término de 15 días,
cualquier objeción que pudiera tener respecto al informe.
No
obstante,
el
requerimiento.
notario
no
respondió
a
este
Por tal razón, el 13 de agosto de 2003,
la Directora nos remitió su informe sobre el estado de la
notaría del referido licenciado.
expresó
que
la
actuación
del
En éste, la Directora
notario
violaba
la
fe
pública notarial, toda vez que en cada escritura éste
daba
fe
de
haber
adherido
los
referidos
sabiendas de que ese hecho era falso.
hecho,
nos
solicitó
que
aranceles
a
A raíz de este
tomáramos
las
medidas
disciplinarias que estimáramos pertinentes.
Así, mediante Resolución de 14 de noviembre de 2003,
le concedimos al Lcdo. Román Jiménez un término de 20
días para que corrigiera las deficiencias señaladas por
la Directora en su informe y mostrara causa por la cual
no le debíamos imponer sanciones disciplinarias.
Conforme a lo ordenado, el 5 de diciembre de 2003,
el Lcdo. Román Jiménez compareció ante nos.
Alegó, en
TS-9606
4
esencia, que había subsanado las deficiencias señaladas
por la Directora el 28 febrero de 2003, fecha en que
dicha oficina había acordado inspeccionar nuevamente su
obra.
No
obstante,
según
expone,
el
Inspector
de
Protocolos canceló su visita y acordó en comunicarse con
éste para pautar una nueva cita.
A pesar de esto, ambas
partes no volvieron a comunicarse hasta que, en el mes de
agosto
de
2003,
la
Directora
presentó
el
informe
en
cuestión ante este Tribunal.
Sobre su desatención al requerimiento de la Oficina
de Inspección de Notarías (en adelante, “ODIN”), éste
expresó que no lo hizo pues entendía que responder al
mismo era discrecional, y al no tener objeciones a los
señalamientos del informe decidió acatarlo.
procedió
inmediatamente
a
adherir
Con ese fin,
los
aranceles
notariales, en espera de que el Inspector se comunicara
con éste nuevamente y pautara una próxima cita.
Expresó,
por último, que nunca fue su intención desatender los
señalamientos
que
le
hiciera
la
ODIN,
y
mucho
menos
incumplir con las obligaciones y deberes que le impone la
ley.
A raíz de dicha comparecencia, le concedimos 20 días
a la Directora para que se expresase en torno a ésta.
Conforme a ello, el 5 de marzo de 2004, la Directora
presentó ante nos una “Moción en Cumplimiento de Orden”,
en
la
que
nos
informó
que
todas
las
deficiencias
señaladas, salvo una, fueron subsanadas por el notario de
TS-9606
5
epígrafe.1
No
las
obstante,
cuanto
a
escrito
mostrando
manifestó
expresiones
causa.
su
preocupación
en
del
referido
notario
en
su
Al
respecto,
señaló
que
el
notario debió comparecer por escrito ante dicha oficina
tan pronto se le notificó de las deficiencias encontradas
en su obra, independientemente que estuviera de acuerdo o
no
con
los
particular,
hallazgos
la
de
Directora
su
oficina.
expresó
que
Sobre
este
“[p]ensar
que
comparecer por escrito era enteramente discrecional nos
parece un mal juicio en este contexto; e intimar que el
deber de adherir y cancelar sellos e impuesto notarial
depende de la inspección o reinspección de un Inspector
de Protocolos es una mal enfoque en lo que concierne a
este importantísimo deber.”
Por tal razón, nos solicitó
que le impusiéramos sanciones económicas al Lcdo. Román
Jiménez.
Luego de evaluar detenidamente las comparecencias de
ambas partes, estamos en posición de resolver.
II
Todo
adherir
notario
y
cancelar
tiene
la
ineludible
obligación
en
cada
documento
o
de
instrumento
público que autorice y en las copias certificadas que de
ellas expida los correspondientes aranceles notariales.
Artículo 10 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2006; Ley
de Arancel Notarial, Ley Núm. 101 de 1943, 4 L.P.R.A.
1
Actualmente, el Inspector de Protocolos y el
referido abogado están coordinando sus esfuerzos para
subsanar la escritura que faltaba.
TS-9606
6
sec. 81.
Se trata, pues, de un deber ministerial al que
deberá darle cumplimiento estricto y que requiere que el
arancel sea adherido al momento de su otorgamiento.
In
re Cardona Estelritz, 137 D.P.R. 453, 455 (1994).
Ello
debido a que en estas copias certificadas que el notario
expide, éste da fe de haber adherido y cancelado los
referidos aranceles.
Por tanto, al no hacerlo estaría
dando fe de haber realizado un acto que realmente no
efectuó,
grave.
lo
que
constituye
una
falta
extremadamente
In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988); In re
Collazo, 119 D.P.R. 61 (1987); In re Jiménez Del Valle,
119 D.P.R. 41 (1987); In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837
(1986); In re Currás Figueroa, 81 D.P.R. 645 (1960); In
re Ramos, 77 D.P.R. 107 (1954).
El
incumplimiento
con
esta
obligación
incide
directamente en la validez del instrumento público de que
se trate en perjuicio de otorgantes y terceros.
Hasta
tanto dichos sellos no sean adheridos o cancelados, la
validez de dichos documentos o de las copias certificadas
está
en
entredicho,
ineficaces.
Artículo
pues
10
éstos
Ley
son
Notarial,
anulables
o
supra;
re
In
Colón, 129 D.P.R. 490 (1998).
Además,
incumplir
con
esta
singular
obligación
expone al notario a que sea objeto de las más severas
sanciones
disciplinarias,
y
conlleva
que
pueda
ser
responsable tanto en el ámbito civil como en el penal
dependiendo
de
las
circunstancias
en
que
ocurra
tal
TS-9606
7
violación.
In re Colón, supra; In re Collazo, supra.
La
práctica de no cancelar los correspondientes aranceles
podría
resultar
apropiación
en
la
ilegal,
por
configuración
cuanto
el
de
un
delito
importe
de
de
éstos
normalmente es cobrado por el notario a su cliente al
momento de otorgar el instrumento público.
115
Quiñones,
D.P.R.
812,
814
In re Merino
(1984).
Asimismo,
el
notario que incurra en tal actuación defrauda al erario
toda vez que tanto la Ley Notarial y la Ley de Aranceles
disponen para el cobro de derechos, en los instrumentos
públicos, a través de los sellos de rentas internas a
favor del Estado y del Colegio de Abogados.
4 L.P.R.A.
secs. 856 y 1006; Véase además, In re Cardona Estelritz,
supra; In re Quidgley Viera, 119 D.P.R. 72 (1987); In re
Platón, 113 D.P.R. 273, 274 (1982).
Por
otro
indeseable
inspeccionen
el
lado,
constituye
una
que
un
espere
a
notarial
los
notario
práctica
protocolos
de
su
a
y
cancelar
adherir
obra
altamente
que
los
se
le
para
entonces
proceder
referidos
sellos.
Ello contribuye a que se dilate, entorpezca y
encarezca innecesariamente el proceso de inspección.
re Casiano Silva, supra, a la pág. 348.
In
En la inmensa
mayoría de los casos implica nuevamente un proceso de
inspección que económicamente sufraga el Estado.
Id.
A partir de este trasfondo jurídico, procedemos a
resolver el asunto ante nuestra consideración.
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8
III
En el caso ante nos, las deficiencias arancelarias
en la obra notarial del Lcdo. Román Jiménez ascendían a
$6, 740.00.
En la gran mayoría de los instrumentos, el
referido notario no canceló los derechos arancelarios;
tampoco canceló los sellos de Asistencia Legal en 992
asientos del Registro de Testimonios.
Evidentemente, no
se trata aquí de un caso en el que estemos hablando de
deficiencias
total
de
en
la
cancelación,
aranceles
sino
de
notariales.
una
Como
ausencia
acotáramos
previamente, con esta actuación, el Lcdo. Román Jiménez
violó la fe pública notarial.
Éste debió cancelar los
aranceles tan pronto le era satisfecha la suma para ello.
Al no hacerlo, puso en riesgo la validez de cada uno de
los instrumentos que autorizó, lo que pudo haber tenido
grandes repercusiones para sus clientes y terceros.
Si bien es cierto que posteriormente el Lcdo. Román
Jiménez
canceló
arancelarios,
la
gran
debemos
mayoría
advertir
de
que
los
derechos
dicha
actuación
constituye una deficiente práctica notarial, la cual no
estamos dispuestos a seguir validando.
Como expresáramos
en
práctica
In
re
Casiano
Silva,
supra,
esta
“[m]ina
también el buen sentir de lo que profesionalmente exige
la mejor práctica notarial...[p]osponer innecesariamente
la
cancelación
de
los
aranceles
notariales
en
los
originales y dar fe por otra parte de que se ha cumplido
con
este
deber
notarial,
representa
una
burla
al
TS-9606
9
principio de la dación de fe notarial.”
Id. a la pág.
348.
El notario no debe esperar a que venga un inspector
para
cumplir
con
el
ineludible
aranceles notariales.
deber
de
cancelar
los
Máxime cuando los clientes de éste
y terceros efectúan transacciones jurídicas que descansan
en la validez de dichos instrumentos.
Por
otro
lado,
el
Lcdo.
Román
Jiménez
no
actuó
diligentemente en el cumplimiento de su deber al no haber
notificado
a
la
ODIN
deficiencias
arancelarias.
inmediatamente
Era
su
deber,
canceló
las
una
le
vez
fueron señaladas las faltas, subsanarlas y concertar una
próxima
reunión
con
dicha
oficina
para
que
inspeccionados sus protocolos nuevamente.
le
fueran
Ningún notario
puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la
ODIN
lo
contactará
adecuadamente
los
para
verificar
señalamientos
si
que
se
corrigen
dicha
oficina
efectúe, máxime cuando la imagen de la profesión y la
suya propia está en tela de juicio.
Tomando
en
consideración
todo
suspendemos
al
Lcdo.
H.
Rafael
lo
antes
Román
expuesto,
Jiménez
de
la
práctica de la notaría por un término de treinta (30)
días,
contado
sentencia.
a
partir
de
la
notificación
de
esta
Le imponemos el deber de notificar a todos
sus clientes de la práctica de la notaría de su presente
inhabilidad de continuar representándolos, les devuelva
cualesquiera
honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados, e informe oportunamente de su suspensión de
TS-9606
la
notaría
10
a
los
distintos
administrativos del país.
foros
judiciales
y
Deberá, además, certificarnos
dentro del término de treinta (30) días, contado a partir
de la notificación de esta sentencia del cumplimiento de
estos deberes.
Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que
proceda a incautarse de la obra notarial y del sello
notarial del notario suspendido, debiendo entregarlos a
la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para
el trámite correspondiente.
Se dictará sentencia de conformidad.
TS-9606
11
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Rafael H. Román Jiménez
TS-9606
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2004.
En vista de lo expuesto en la Opinión Per
Curiam que antecede y que se hace formar parte
de esta sentencia, suspendemos al Lcdo. Rafael
H. Román Jiménez de la práctica de la notaría
por un término de treinta (30) días, contado a
partir de la notificación de esta sentencia. Le
imponemos el deber de notificar a todos sus
clientes de la práctica de la notaría de su
presente
inhabilidad
de
continuar
representándolos,
les
devuelva
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados,
e informe oportunamente de su suspensión de la
notaría a los distintos foros judiciales y
administrativos del país.
Deberá, además,
certificarnos dentro del término de treinta (30)
días, contado a partir de la notificación de
esta
sentencia
del
cumplimiento
de
estos
deberes.
Se ordena al Alguacil General de este
Tribunal que proceda a incautarse de la obra
notarial y del sello notarial del notario
suspendido, debiendo entregarlos a la Directora
de la Oficina de Inspección de Notarías para el
trámite correspondiente.
TS-9606
12
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo