LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: JOSE H. MARTI FAJARDO

2004 TSPR 60

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: JOSE H. MARTI FAJARDO

AB-2002-293

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2004 TSPR 60

José H. Martí Fajardo

161 DPR ____

Número del Caso: AB-2002-293

Fecha: 12 de marzo de 2004

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el día 14 de abril de 2004

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José H. Martí Fajardo

AB-2002-293

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2004.

En

el

caso

de

autos

nos

corresponde

pasar

juicio sobre la conducta de otro letrado que ha

hecho caso omiso a las órdenes de este Tribunal, y

que mediante subterfugios legales ha obstaculizado

y retrasado los procedimientos ante el Tribunal de

Primera

Instancia

en

un

caso

de

pensión

alimentaria.

I

A

El licenciado José Martí Fajardo fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 31 de mayo de 1977

y prestó juramento como notario el 13 de julio de

ese mismo año.

AB-2002-293

3

El 14 de septiembre de 2002, la Sra. Irmalis Ramírez

González presentó una queja por depravación moral contra el

licenciado José H. Martí Fajardo ante este Tribunal. En

esencia, la quejosa alegó que el licenciado Martí Fajardo

ha

utilizado

el

subterfugio

de

presentar

peticiones

de

quiebras cada vez que tiene expedida una orden de arresto

en su contra por falta de pago de pensión alimentaria. De

dicha forma, según reclama la quejosa, el licenciado ha

obstaculizado por años los procedimientos ante el Tribunal

de Primera Instancia.

En vista de dichas alegaciones, le otorgamos término

al abogado de epígrafe para que compareciera ante nos y

reaccionara a las alegaciones vertidas por la quejosa.

En

cumplimiento con nuestra orden, el 23 de diciembre de 2002

el licenciado Martí Fajardo compareció ante nos y expuso

que reconoce su obligación como padre de alimentar a su

hijo

menor

de

edad

habido

con

la

Sra.

Irmalis

Ramírez

González. No obstante, éste menciona que es un abogado con

una práctica humilde en el pueblo de Mayagüez. Menciona el

licenciado Martí Fajardo que:

Es correcto que en ocasiones nos hemos

acogido a procedimientos de la Ley Federal de

Quiebras. Cuando hemos recurrido a este

drástico proceso, el cual nos afecta en

nuestro desenvolvimiento económico, lo hemos

hecho de buena fe y luego de pensar que es el

único

remedio

que

tenemos

para

atender

nuestra crisis económica. Sería un contra

sentido pensar que los que nos acogemos a

dicho procedimiento, incurramos en actos de

depravación moral.

AB-2002-293

4

La solicitud de querella que promueve la

señora Ramírez González está presentada única

y exclusivamente para poner presión sobre

este humilde abogado y lograr vía el poder

regulador del Honorable Tribunal Supremo, lo

que el Tribunal de Primera Instancia, tanto

la Sala Superior de Mayagüez, como la Sala

Superior de San Juan, han resuelto en su

contra.

En cada momento en que se ha promovido

una solicitud de desacato en contra nuestra,

le hemos explicado al tribunal por qué la

misma

no

procede

y

cómo

atenderse

la

situación, dada nuestra crisis económica.

Siendo ello así, sería imposible que el

ilustre Tribunal Supremo de Puerto Rico asuma

jurisdicción en la solicitud de la señora

Ramírez

González.

Después

de

todo,

la

controversia entre nosotros es una limitada a

si la pensión alimentaria (sic) que se me ha

impuesto está o no al día.

Vista la comparecencia del licenciado Martí Fajardo,

le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico

(en adelante, el “Procurador”) para que acudiera ante nos y

presentara

el

2003,

Procurador

el

correspondiente

Informe.

compareció

ante

El

2

de

mayo

nos

y

señaló

de

que,

aunque de ordinario los procedimientos de naturaleza ética

no deben ser utilizados para atacar o revisar decisiones

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, ni tampoco

para

presionar

contraria

en

indebidamente

un

particulares

de

apartemos

ese

señaló

de

que

la

la

caso

queja

abogado

ante

dicho

en

cuestión

criterio.

conducta

al

En

foro,

la

los

ameritan

síntesis,

desplegada

de

por

el

el

parte

hechos

que

nos

Procurador

abogado

de

epígrafe constituye una violación a los Cánones 12, 15, 35

y 38 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.12 et

AB-2002-293

als.

De

la

5

investigación

realizada

por

la

Oficina

del

Procurador General y las comparecencias de las partes surge

el siguiente trasfondo fáctico.

El

13

de

marzo

de

1997,

se

fijó

una

pensión

alimentaria de $70.00 semanales en el caso Civil Nm. IAL97-0017 sobre alimentos, Irmalis Ramírez González v. José

H. Martí Fajardo.1 En vista del reiterado incumplimiento por

parte del licenciado de epígrafe con su responsabilidad de

alimentar a su hijo, la madre del menor acudió ante el

Tribunal de Primera Instancia para que se encontrara al

licenciado incurso en desacato por el incumplimiento del

pago de pensión alimentaria. En las ocasiones en que el

Tribunal de Primera Instancia ha tomado acción, a petición

de la madre del menor, a fin de compeler al licenciado

Martí

Fajardo

a

cumplir

con

su

deber

de

pago

de

dicha

pensión, éste ha presentado solicitudes de quiebra bajo el

Capítulo 13 ante la Corte de Quiebras para el Distrito de

Puerto Rico. Veamos.

El 24 de agosto de 2000 se emitió Orden de Mostrar

Causa por la cual no se le debería encontrar incurso en

desacato al licenciado Martí Fajardo por el incumplimiento

del pago de pensión alimentaria. Se señaló el caso para

vista el 12 de septiembre de 2000. El 11 de septiembre de

2000,

el

licenciado

Martí

Fajardo

sometió

petición

de

Posteriormente dicho caso se trasladó al Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, con el número

Civil KAL-2001-0347.

1

AB-2002-293

6

quiebra bajo el Capítulo 13, con el número de caso 200010550. Esta solicitud fue posteriormente desestimada.

El

Mostrar

17

de

Causa

octubre

de

señalándose

2001

el

se

emitió

caso

para

otra

vista

Orden

de

el

de

11

diciembre de 2001. Ante la incomparecencia del licenciado

Martí Fajardo se re-señaló el caso para el 23 de enero de

2002.

El

27

de

diciembre

de

2001,

el

licenciado

Martí

Fajardo presentó una segunda solicitud de quiebra bajo el

Capítulo

13,

con

el

número

2002-14254.

Esta

solicitud

otra

vista

también fue posteriormente desestimada.

El

16

de

julio

de

2002

se

señaló

de

desacato a ser celebrada el 5 de agosto de 2002. Con fecha

del 11 de septiembre de 2002 el licenciado Martí Fajardo

presentó

escrito

por

derecho

propio

mediante

el

cual

expresó que había presentado una solicitud de quiebra bajo

el Capítulo 13. Dicha moción de quiebras fue presentada el

día 12 de septiembre de 2002 bajo el número 2002-09659.

Esta tercera solicitud también fue desestimada.2

Se

volvió

a

señalar

el

caso

por

falta

de

pago

de

pensión para el 9 de enero de 2003, y el 8 de enero de ese

año el licenciado Martí Fajardo volvió a presentar otra

solicitud de quiebra bajo el Capítulo 13 con el número

2003-00137.

2

Está en entredicho si se desestimó a solicitud de la

parte peticionaria o a instancias del propio Tribunal.

AB-2002-293

7

Cabe señalar que el 19 de mayo de 2003 le dimos un

término de 20 días al licenciado Martí Fajardo para que se

expresara

sobre

Posteriormente,

el

el

Informe

27

de

del

octubre

Procurador

de

2003

le

General.

dimos

un

término adicional de 30 días al licenciado Martí Fajardo

para que compareciera ante nos y mostrara causa por la cual

no

debía

ser

disciplinado.

Se

le

apercibió

que

de

no

cumplir con dicha Resolución se exponía a ser disciplinado

sin más citarlo ni oírlo. Dichos términos transcurrieron

sin que el licenciado Martí Fajardo compareciera ante nos.

B

Por último, cabe señalar que el 4 de febrero de 2004

el Colegio de Abogados de Puerto Rico (en adelante, “el

Colegio”) compareció ante nos en otro asunto relacionado al

mismo querellado. En esencia, el Colegio, por conducto del

Oficial Investigador señor Ángel N. Candelario Cáliz nos

informa que la Sra. Luz E. Rivera Rivera radicó una queja

juramentada contra el licenciado Martí Fajardo el día 6 de

junio de 2003. En la misma, la señora Rivera Rivera alegó

que

contrajo

los

servicio

profesionales

del

licenciado

Martí Fajardo para que la orientara y representara en una

acción referente a un accidente automovilístico que ésta

había tenido. El licenciado de epígrafe le orientó para que

entablara una demanda y a tales efectos le solicitó todos

los

papales

dichos

referentes

servicios

el

a

la

querella

licenciado

Martí

de

accidente.

Fajardo

le

Por

cobró

AB-2002-293

8

doscientos dólares ($200.00). No obstante, según señaló la

señora Rivera Rivera, el abogado en cuestión no hizo el

trabajo

para

el

cual

se

comprometió

y

ahora

rehúsa

devolverle el dinero que ésta le pagó por servicios no

rendidos. Todo ello luego de que éste se comprometiera a

devolverle el dinero si el caso no se ventilaba en los

tribunales.

El Oficial Investigador nos informa que en cuatro (4)

ocasiones

distintas

se

le

requirió

al

licenciado

Martí

Fajardo que contestara la queja presentada en su contra,

sin

que

éste

haya

comparecido

ante

entidad.3

dicha

El

Oficial Investigador señala que no ha podido tramitar la

querella, ni hacer recomendaciones a la Comisión de Ética

del Colegio, ante la desatención por parte del licenciado

de epígrafe sobre la investigación que contra él pende. Por

último,

señala

que

el

licenciado

Martí

Fajardo

no

ha

notificado al Colegio cambio de dirección alguno.

II

A

De

entrada

debemos

precisar

ocasiones

hemos

expresado

que

obligación

ineludible

de

"los

responder

que

en

innumerables

abogados

tienen

diligentemente

a

la

los

requerimientos de este Tribunal". In re Cuevas Velázquez,

res. el 29 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 124, In re

Agrait Defilló, res. el 7 de agosto de 2000, 2000 T.S.P.R.

En dos de las ocasiones la correspondencia del Colegio de

Abogados fue devuelta “unclaimed”.

3

AB-2002-293

9

162; In re Manzano Velázquez, 144 D.P.R. 84, 89 (1997).

Esta obligación, según hemos señalado, es independiente de

los méritos de la queja presentada contra un abogado o de

la conducta imputada contra éste.

In re Melecio Morales,

144 D.P.R. 824 (1998). La indiferencia de los abogados en

responder

a

las

órdenes

de

un

tribunal

y

la

actitud

desafiante de hacer caso omiso a los requerimientos de un

foro

judicial

conllevan

la

imposición

de

sanciones

disciplinarias severas. In re Laborde Freyre, 144 D.P.R.

827 (1998); In re Melecio Morales, supra.

En el caso de autos, la conducta displicente que el

licenciado de epígrafe ha desplegado ante nuestras órdenes

y

los

requerimientos

del

Colegio

de

Abogados

son

suficientes para que decretemos su suspensión inmediata del

ejercicio de la abogacía.

II

B

Por otro lado, según se puede observar del trámite

descrito,

el

licenciado

Martí

Fajardo

reiteradamente

ha

utilizado peticiones de quiebra ante las Cortes de Quiebras

para el Distrito de Puerto Rico para obstaculizar y detener

los

procedimientos

que

se

llevan

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia sobre un asunto de tanto interés público

como

lo

es

peticiones

los

alimentos

presentadas

el

de

la

menores.

Corte

de

Ninguna

de

las

Quiebras

ha

sido

tramitada hasta sus últimas consecuencias lo que nos obliga

AB-2002-293

a

concluir

10

que

la

intención

del

letrado

nunca

ha

sido

acogerse legítimamente a los beneficios que provee la Ley

de Quiebras y sí el evitar la acción rápida y segura del

tribunal en atender el asunto de falta de pago de pensión

alimentaria.

Los

supra,

Cánones

12

establecen

y

15

que

no

de

se

los

de

deben

Ética

Profesional,

causar

dilaciones

indebidas en los trámites y solución de los casos. Será

impropio además que un abogado utilice los procedimientos

legales de forma irrazonable o con el fin de hostigar a la

parte contraria. Debemos tener siempre en mente que todo

abogado es funcionario del tribunal y debe velar por que

los procedimientos se lleven a cabo de forma correcta y sin

dilaciones innecesarias que conllevan, en un gran número de

instancias, que se socave el fin último de los tribunales

de impartir justicia.

De igual forma, el Canon 35 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX C.35, requiere de todo abogado sinceridad y

honradez en sus relaciones con los tribunales, las partes y

sus compañeros.

No es sincero ni honrado que un abogado

promueva acciones para impedir que el foro de instancia

actúe en asuntos bajo su jurisdicción, cuando esa parte

nunca ha tenido genuino interés en las acciones promovidas

a esos fines. La conducta descrita anteriormente constituye

además una violación al Canon 38 de Ética Profesional, 4

AB-2002-293

11

L.P.R.A. Ap. IX C.38, al mancillar el honor y la dignidad

de la profesión legal.

La actitud reiterada del licenciado Martí Fajardo de

utilizar el derecho de forma acomodaticia y en detrimento

de los intereses de su hijo manchan la profesión que él

ejerce.

Reiteramos que, aunque de ordinario los procedimientos

de naturaleza ética no deben ser utilizados para atacar o

revisar

decisiones

emitidas

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, los hechos particulares de la queja en cuestión

ameritan que nos apartemos de ese criterio y dilucidemos la

conducta desplegada por el licenciado de marras en el caso

ante

la

consideración

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

sobre pensión alimentaria.

Por todo lo antes dicho y, tomando en consideración

los

hechos

particulares

del

caso

de

autos,

resolvemos

suspender al licenciado Martí Fajardo del ejercicio de la

abogacía indefinidamente y hasta que otra cosa resuelva

este Tribunal.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

AB-2002-293

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

José H. Martí Fajardo

AB-2002-293

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2004.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte

integrante

de

la

presente,

se

dicta

sentencia y se suspende inmediatamente por un

período indefinido al Lic. José H. Martí Fajardo

del ejercicio de la abogacía, hasta que otra cosa

disponga este Tribunal.

En atención a lo anterior, se ordena al

querellado de epígrafe notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos

del

país.

Deberá

además,

certificar ante nos, dentro del término de treinta

(30) días, su cumplimiento con estos deberes.

El Alguacil del Tribunal Supremo procederá a

incautarse de su obra y sello notarial, debiendo

entregar los mismos a la Oficina de Inspección de

Notarías para el correspondiente examen e Informe

a este Tribunal.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo