Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: JOSE H. MARTI FAJARDO
2004 TSPR 60
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: JOSE H. MARTI FAJARDO
AB-2002-293
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 60
José H. Martí Fajardo
161 DPR ____
Número del Caso: AB-2002-293
Fecha: 12 de marzo de 2004
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogado del Querellado:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el día 14 de abril de 2004
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José H. Martí Fajardo
AB-2002-293
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2004.
En
el
caso
de
autos
nos
corresponde
pasar
juicio sobre la conducta de otro letrado que ha
hecho caso omiso a las órdenes de este Tribunal, y
que mediante subterfugios legales ha obstaculizado
y retrasado los procedimientos ante el Tribunal de
Primera
Instancia
en
un
caso
de
pensión
alimentaria.
I
A
El licenciado José Martí Fajardo fue admitido
al ejercicio de la abogacía el 31 de mayo de 1977
y prestó juramento como notario el 13 de julio de
ese mismo año.
AB-2002-293
3
El 14 de septiembre de 2002, la Sra. Irmalis Ramírez
González presentó una queja por depravación moral contra el
licenciado José H. Martí Fajardo ante este Tribunal. En
esencia, la quejosa alegó que el licenciado Martí Fajardo
ha
utilizado
el
subterfugio
de
presentar
peticiones
de
quiebras cada vez que tiene expedida una orden de arresto
en su contra por falta de pago de pensión alimentaria. De
dicha forma, según reclama la quejosa, el licenciado ha
obstaculizado por años los procedimientos ante el Tribunal
de Primera Instancia.
En vista de dichas alegaciones, le otorgamos término
al abogado de epígrafe para que compareciera ante nos y
reaccionara a las alegaciones vertidas por la quejosa.
En
cumplimiento con nuestra orden, el 23 de diciembre de 2002
el licenciado Martí Fajardo compareció ante nos y expuso
que reconoce su obligación como padre de alimentar a su
hijo
menor
de
edad
habido
con
la
Sra.
Irmalis
Ramírez
González. No obstante, éste menciona que es un abogado con
una práctica humilde en el pueblo de Mayagüez. Menciona el
licenciado Martí Fajardo que:
Es correcto que en ocasiones nos hemos
acogido a procedimientos de la Ley Federal de
Quiebras. Cuando hemos recurrido a este
drástico proceso, el cual nos afecta en
nuestro desenvolvimiento económico, lo hemos
hecho de buena fe y luego de pensar que es el
único
remedio
que
tenemos
para
atender
nuestra crisis económica. Sería un contra
sentido pensar que los que nos acogemos a
dicho procedimiento, incurramos en actos de
depravación moral.
AB-2002-293
4
La solicitud de querella que promueve la
señora Ramírez González está presentada única
y exclusivamente para poner presión sobre
este humilde abogado y lograr vía el poder
regulador del Honorable Tribunal Supremo, lo
que el Tribunal de Primera Instancia, tanto
la Sala Superior de Mayagüez, como la Sala
Superior de San Juan, han resuelto en su
contra.
En cada momento en que se ha promovido
una solicitud de desacato en contra nuestra,
le hemos explicado al tribunal por qué la
misma
no
procede
y
cómo
atenderse
la
situación, dada nuestra crisis económica.
Siendo ello así, sería imposible que el
ilustre Tribunal Supremo de Puerto Rico asuma
jurisdicción en la solicitud de la señora
Ramírez
González.
Después
de
todo,
la
controversia entre nosotros es una limitada a
si la pensión alimentaria (sic) que se me ha
impuesto está o no al día.
Vista la comparecencia del licenciado Martí Fajardo,
le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico
(en adelante, el “Procurador”) para que acudiera ante nos y
presentara
el
2003,
Procurador
el
correspondiente
Informe.
compareció
ante
El
2
de
mayo
nos
y
señaló
de
que,
aunque de ordinario los procedimientos de naturaleza ética
no deben ser utilizados para atacar o revisar decisiones
emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, ni tampoco
para
presionar
contraria
en
indebidamente
un
particulares
de
apartemos
ese
señaló
de
que
la
la
caso
queja
abogado
ante
dicho
en
cuestión
criterio.
conducta
al
En
foro,
la
los
ameritan
síntesis,
desplegada
de
por
el
el
parte
hechos
que
nos
Procurador
abogado
de
epígrafe constituye una violación a los Cánones 12, 15, 35
y 38 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.12 et
AB-2002-293
als.
De
la
5
investigación
realizada
por
la
Oficina
del
Procurador General y las comparecencias de las partes surge
el siguiente trasfondo fáctico.
El
13
de
marzo
de
1997,
se
fijó
una
pensión
alimentaria de $70.00 semanales en el caso Civil Nm. IAL97-0017 sobre alimentos, Irmalis Ramírez González v. José
H. Martí Fajardo.1 En vista del reiterado incumplimiento por
parte del licenciado de epígrafe con su responsabilidad de
alimentar a su hijo, la madre del menor acudió ante el
Tribunal de Primera Instancia para que se encontrara al
licenciado incurso en desacato por el incumplimiento del
pago de pensión alimentaria. En las ocasiones en que el
Tribunal de Primera Instancia ha tomado acción, a petición
de la madre del menor, a fin de compeler al licenciado
Martí
Fajardo
a
cumplir
con
su
deber
de
pago
de
dicha
pensión, éste ha presentado solicitudes de quiebra bajo el
Capítulo 13 ante la Corte de Quiebras para el Distrito de
Puerto Rico. Veamos.
El 24 de agosto de 2000 se emitió Orden de Mostrar
Causa por la cual no se le debería encontrar incurso en
desacato al licenciado Martí Fajardo por el incumplimiento
del pago de pensión alimentaria. Se señaló el caso para
vista el 12 de septiembre de 2000. El 11 de septiembre de
2000,
el
licenciado
Martí
Fajardo
sometió
petición
de
Posteriormente dicho caso se trasladó al Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, con el número
Civil KAL-2001-0347.
1
AB-2002-293
6
quiebra bajo el Capítulo 13, con el número de caso 200010550. Esta solicitud fue posteriormente desestimada.
El
Mostrar
17
de
Causa
octubre
de
señalándose
2001
el
se
emitió
caso
para
otra
vista
Orden
de
el
de
11
diciembre de 2001. Ante la incomparecencia del licenciado
Martí Fajardo se re-señaló el caso para el 23 de enero de
2002.
El
27
de
diciembre
de
2001,
el
licenciado
Martí
Fajardo presentó una segunda solicitud de quiebra bajo el
Capítulo
13,
con
el
número
2002-14254.
Esta
solicitud
otra
vista
también fue posteriormente desestimada.
El
16
de
julio
de
2002
se
señaló
de
desacato a ser celebrada el 5 de agosto de 2002. Con fecha
del 11 de septiembre de 2002 el licenciado Martí Fajardo
presentó
escrito
por
derecho
propio
mediante
el
cual
expresó que había presentado una solicitud de quiebra bajo
el Capítulo 13. Dicha moción de quiebras fue presentada el
día 12 de septiembre de 2002 bajo el número 2002-09659.
Esta tercera solicitud también fue desestimada.2
Se
volvió
a
señalar
el
caso
por
falta
de
pago
de
pensión para el 9 de enero de 2003, y el 8 de enero de ese
año el licenciado Martí Fajardo volvió a presentar otra
solicitud de quiebra bajo el Capítulo 13 con el número
2003-00137.
2
Está en entredicho si se desestimó a solicitud de la
parte peticionaria o a instancias del propio Tribunal.
AB-2002-293
7
Cabe señalar que el 19 de mayo de 2003 le dimos un
término de 20 días al licenciado Martí Fajardo para que se
expresara
sobre
Posteriormente,
el
el
Informe
27
de
del
octubre
Procurador
de
2003
le
General.
dimos
un
término adicional de 30 días al licenciado Martí Fajardo
para que compareciera ante nos y mostrara causa por la cual
no
debía
ser
disciplinado.
Se
le
apercibió
que
de
no
cumplir con dicha Resolución se exponía a ser disciplinado
sin más citarlo ni oírlo. Dichos términos transcurrieron
sin que el licenciado Martí Fajardo compareciera ante nos.
B
Por último, cabe señalar que el 4 de febrero de 2004
el Colegio de Abogados de Puerto Rico (en adelante, “el
Colegio”) compareció ante nos en otro asunto relacionado al
mismo querellado. En esencia, el Colegio, por conducto del
Oficial Investigador señor Ángel N. Candelario Cáliz nos
informa que la Sra. Luz E. Rivera Rivera radicó una queja
juramentada contra el licenciado Martí Fajardo el día 6 de
junio de 2003. En la misma, la señora Rivera Rivera alegó
que
contrajo
los
servicio
profesionales
del
licenciado
Martí Fajardo para que la orientara y representara en una
acción referente a un accidente automovilístico que ésta
había tenido. El licenciado de epígrafe le orientó para que
entablara una demanda y a tales efectos le solicitó todos
los
papales
dichos
referentes
servicios
el
a
la
querella
licenciado
Martí
de
accidente.
Fajardo
le
Por
cobró
AB-2002-293
8
doscientos dólares ($200.00). No obstante, según señaló la
señora Rivera Rivera, el abogado en cuestión no hizo el
trabajo
para
el
cual
se
comprometió
y
ahora
rehúsa
devolverle el dinero que ésta le pagó por servicios no
rendidos. Todo ello luego de que éste se comprometiera a
devolverle el dinero si el caso no se ventilaba en los
tribunales.
El Oficial Investigador nos informa que en cuatro (4)
ocasiones
distintas
se
le
requirió
al
licenciado
Martí
Fajardo que contestara la queja presentada en su contra,
sin
que
éste
haya
comparecido
ante
entidad.3
dicha
El
Oficial Investigador señala que no ha podido tramitar la
querella, ni hacer recomendaciones a la Comisión de Ética
del Colegio, ante la desatención por parte del licenciado
de epígrafe sobre la investigación que contra él pende. Por
último,
señala
que
el
licenciado
Martí
Fajardo
no
ha
notificado al Colegio cambio de dirección alguno.
II
A
De
entrada
debemos
precisar
ocasiones
hemos
expresado
que
obligación
ineludible
de
"los
responder
que
en
innumerables
abogados
tienen
diligentemente
a
la
los
requerimientos de este Tribunal". In re Cuevas Velázquez,
res. el 29 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 124, In re
Agrait Defilló, res. el 7 de agosto de 2000, 2000 T.S.P.R.
En dos de las ocasiones la correspondencia del Colegio de
Abogados fue devuelta “unclaimed”.
3
AB-2002-293
9
162; In re Manzano Velázquez, 144 D.P.R. 84, 89 (1997).
Esta obligación, según hemos señalado, es independiente de
los méritos de la queja presentada contra un abogado o de
la conducta imputada contra éste.
In re Melecio Morales,
144 D.P.R. 824 (1998). La indiferencia de los abogados en
responder
a
las
órdenes
de
un
tribunal
y
la
actitud
desafiante de hacer caso omiso a los requerimientos de un
foro
judicial
conllevan
la
imposición
de
sanciones
disciplinarias severas. In re Laborde Freyre, 144 D.P.R.
827 (1998); In re Melecio Morales, supra.
En el caso de autos, la conducta displicente que el
licenciado de epígrafe ha desplegado ante nuestras órdenes
y
los
requerimientos
del
Colegio
de
Abogados
son
suficientes para que decretemos su suspensión inmediata del
ejercicio de la abogacía.
II
B
Por otro lado, según se puede observar del trámite
descrito,
el
licenciado
Martí
Fajardo
reiteradamente
ha
utilizado peticiones de quiebra ante las Cortes de Quiebras
para el Distrito de Puerto Rico para obstaculizar y detener
los
procedimientos
que
se
llevan
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia sobre un asunto de tanto interés público
como
lo
es
peticiones
los
alimentos
presentadas
el
de
la
menores.
Corte
de
Ninguna
de
las
Quiebras
ha
sido
tramitada hasta sus últimas consecuencias lo que nos obliga
AB-2002-293
a
concluir
10
que
la
intención
del
letrado
nunca
ha
sido
acogerse legítimamente a los beneficios que provee la Ley
de Quiebras y sí el evitar la acción rápida y segura del
tribunal en atender el asunto de falta de pago de pensión
alimentaria.
Los
supra,
Cánones
12
establecen
y
15
que
no
de
se
los
de
deben
Ética
Profesional,
causar
dilaciones
indebidas en los trámites y solución de los casos. Será
impropio además que un abogado utilice los procedimientos
legales de forma irrazonable o con el fin de hostigar a la
parte contraria. Debemos tener siempre en mente que todo
abogado es funcionario del tribunal y debe velar por que
los procedimientos se lleven a cabo de forma correcta y sin
dilaciones innecesarias que conllevan, en un gran número de
instancias, que se socave el fin último de los tribunales
de impartir justicia.
De igual forma, el Canon 35 de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX C.35, requiere de todo abogado sinceridad y
honradez en sus relaciones con los tribunales, las partes y
sus compañeros.
No es sincero ni honrado que un abogado
promueva acciones para impedir que el foro de instancia
actúe en asuntos bajo su jurisdicción, cuando esa parte
nunca ha tenido genuino interés en las acciones promovidas
a esos fines. La conducta descrita anteriormente constituye
además una violación al Canon 38 de Ética Profesional, 4
AB-2002-293
11
L.P.R.A. Ap. IX C.38, al mancillar el honor y la dignidad
de la profesión legal.
La actitud reiterada del licenciado Martí Fajardo de
utilizar el derecho de forma acomodaticia y en detrimento
de los intereses de su hijo manchan la profesión que él
ejerce.
Reiteramos que, aunque de ordinario los procedimientos
de naturaleza ética no deben ser utilizados para atacar o
revisar
decisiones
emitidas
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, los hechos particulares de la queja en cuestión
ameritan que nos apartemos de ese criterio y dilucidemos la
conducta desplegada por el licenciado de marras en el caso
ante
la
consideración
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
sobre pensión alimentaria.
Por todo lo antes dicho y, tomando en consideración
los
hechos
particulares
del
caso
de
autos,
resolvemos
suspender al licenciado Martí Fajardo del ejercicio de la
abogacía indefinidamente y hasta que otra cosa resuelva
este Tribunal.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
AB-2002-293
12
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
José H. Martí Fajardo
AB-2002-293
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2004.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte
integrante
de
la
presente,
se
dicta
sentencia y se suspende inmediatamente por un
período indefinido al Lic. José H. Martí Fajardo
del ejercicio de la abogacía, hasta que otra cosa
disponga este Tribunal.
En atención a lo anterior, se ordena al
querellado de epígrafe notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos e informar oportunamente de su
suspensión
a
los
foros
judiciales
y
administrativos
del
país.
Deberá
además,
certificar ante nos, dentro del término de treinta
(30) días, su cumplimiento con estos deberes.
El Alguacil del Tribunal Supremo procederá a
incautarse de su obra y sello notarial, debiendo
entregar los mismos a la Oficina de Inspección de
Notarías para el correspondiente examen e Informe
a este Tribunal.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo