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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: MARISABEL PIÑERO MARTINEZ

2004 TSPR 39

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: MARISABEL PIÑERO MARTINEZ

TS-00008396

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2004 TSPR 39

Marisabel Piñero Martínez

160 DPR ____

Número del Caso: TS-8396

Fecha: 10 de febrero de 2004

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Carmen H. Carlos

Directora

Abogada de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 2 de marzo de 2004

fecha en que se le notificó a la abogada de su

suspensión inmediata).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso

de

compilación

y

publicación

oficial

de

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

TS-8396

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-8396

Marisabel Piñero Martínez

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2004.

La licenciada Marisabel Piñero Martínez fue

admitida

al

ejercicio

de

la

abogacía

el

13

de

agosto de 1986 y de la notaría el 27 de febrero de

1987.

El

16

Marisabel

de

octubre

de

2003

la

licenciada

Piñero Martínez fue sentenciada por el

Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de

Aguadilla a una pena de nueve (9) años de cárcel

por dos (2) cargos de violación al Artículo 272 del

Código Penal de Puerto Rico1 y seis (6) años de

cárcel por dos (2) cargos de violación al Artículo

166 del Código Penal de Puerto Rico,

1

33 L.P.R.A sec. 4592.

TS-8396

3

apropiación

ilegal

concurrentemente

agravada,2

entre

sí.

cada

Ordenó

caso

la

a

cumplirse

suspensión

de

la

referida sentencia, quedando la convicta bajo la custodia

legal del Tribunal de Primera Instancia hasta la expiración

del periodo máximo de su sentencia, bajo las

impuestas por ese

El

condiciones

tribunal.

Procurador

General

formuló

querella

contra

la

referida abogada, a tenor con lo dispuesto en la sección 9 de

la Ley de 11 de marzo de 1909.3

conducta

incurrida

por

la

Le imputó, además que la

querellada

era

constitutiva

de

depravación moral, y violatoria de los Canones 23, 35 y 38 de

Ética Profesional.

El 5 de diciembre de 2003 emitimos resolución que reza

de la manera siguiente:

Evaluado el Informe de la Directora de

Inspección de Notarías, así como la

querella presentada por el Procurador

General el 4 de noviembre de 2003, y

demás documentos que obran en autos, se

concede un término de veinte (20) días,

a la querellada para mostrar causa por

la

cual

no

deba

ser

suspendida

indefinidamente del ejercicio de la

abogacía, por haber sido convicta de

delitos graves que implican depravación

moral, a tenor con la sección 9 de la

Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A

sección 735.

La querellada no compareció a mostrar causa.

I

Establece la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de

1909,supra., que:

2

33 L.P.R.A. sec. 4272.

3

4 L.P.R.A. sec. 735.

TS-8396

4

El abogado que fuere culpable de

engaño,

conducta

inmoral

(malpractice), delito grave (felony) o

delito menos grave (misdemeanor), en

conexión

con

el

ejercicio

de

su

profesión por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico o que fuere culpable de

cualquier

delito

que

implicare

depravación

moral,

podrá

ser

suspendido

o

destituido

de

su

profesión por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico.

La persona que siendo

abogado fuere convicta de un delito

grave cometido en conexión con la

práctica

de

su

profesión

o

que

implique

depravación

moral,

cesará

convicta que fuere, de ser abogado o

de ser competente para la práctica de

su profesión.

A la presentación de

una copia certificada de la sentencia

dictada al Tribunal Supremo, el nombre

de la persona convicta será borrado,

por orden del Tribunal, del registro

de abogados.

Al ser revocada dicha

sentencia, o mediante el perdón del

Presidente de Estados Unidos o del

Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal

Supremo estará facultada para dejar

sin efecto o modificar la orden de

suspensión.

Hemos expresado, en In re: García Quintero,4 que:

[l]a depravación moral, tratándose

de

abogados,

consiste...en

hacer

algo contrario a la justicia, la

honradez, los buenos principios o la

moral...En general la consideramos

como un estado o condición del

individuo,

compuesto

por

una

deficiencia inherente de su sentido

de la moral y la rectitud; en que la

persona ha dejado de preocuparse por

el respeto y la seguridad de la vida

humana y todo lo que hace es

esencialmente

malo,

doloso,

fraudulento,

inmoral, vil en su naturaleza

dañino en su consecuencias.

4

138 D.P.R. 669, 671 (1995).

y

TS-8396

5

Estimamos que los delitos por los cuales fue convicta y

sentenciada

la

querellada

son

demuestran “depravación moral.”

de

naturaleza

grave

y

La conducta delictiva de la

querellada demuestra una deficiencia inherente del sentido de

la moral y la rectitud de la persona que así actúa, esto es,

conlleva de parte de la persona la intención de hacer algo

contrario a la honradez, los buenos principios y la moral,

conducta que ciertamente es fraudulenta.5

Por

los

separación

fundamentos

indefinida

e

antes

expresados

inmediata

del

se

ordena

ejercicio

de

la

la

abogacía, y de la notaría, en Puerto Rico de Marisabel Piñero

Martínez.

Le imponemos a la querellada el deber de notificar a

todos

sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos

por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos del País.

Deberá,

además,

treinta

(30)

certificarnos

días,

a

partir

dentro

del

término

de

de

notificación

el

su

cumplimiento de estos deberes, notificando también de ello

al Procurador General.

En In re: Peña Peña, res. El 27 de marzo de 2001, 2001

T.S.P.R. 49, 153 D.P.R.__(2001), 2001 J.T.S. 48, expresamos

que “si se demuestra que la conducta del abogado no le hace

digno de ser miembro de este foro, podemos ejercer nuestra

facultad [inherente] de desaforo, aunque las actuaciones del

abogado hayan surgido por causas no relacionadas con el

ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones

afecten las condiciones morales del querellado.”

5

TS-8396

6

La oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de

inmediato, a incautarse de la obra notarial de la abogada

Piñero Martínez, incluyendo el sello notarial, luego de lo

cual

entregará

la

misma

a

la

Oficina

de

Inspección

Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

de

TS-8396

7

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marisabel Piñero Martínez

TS 8396

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2004.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia decretando

la separación inmediata e indefinida del ejercicio de

la abogacía y de la notaría en Puerto Rico de Marisabel

Piñero Marínez, a partir de la notificación de la

presente Opinión Per Curiam y hasta

tanto otra cosa

disponga este Tribunal.

Le imponemos a ésta el deber

de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de

seguir

representándolos,

devolver

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados, e

informar oportunamente de su suspensión a los foros

judiciales y administrativos del País. Deberá, además,

certificarnos dentro del término de treinta (30) días a

partir de su notificación el cumplimiento de estos

deberes, notificando también al Procurador General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá,

de inmediato, a incautarse de la obra y sello notarial

de la abogada Marisabel Piñero Martínez, luego de lo

cual entregará la misma a la Oficina de Inspección de

Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

TS-8396

8

Así lo pronunció, manda el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

la

Notifíquese personalmente a la querellada con copia de

la Opinión que antecede y de esta sentencia.

El Juez

Asociado señor Rebollo López no intervino.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo