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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: CARMEN I. CHIQUES VELAZQUEZ

2004 TSPR 28

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: CARMEN I. CHIQUES VELAZQUEZ

AB-2003-0083

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2004 TSPR 28

Carmen I. Chiques Velázquez

161 DPR ____

Número del Caso: AB-2003-83

Fecha: 25 de febrero de 2004

Oficina del Procuradora General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Luis F. Camacho

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen I. Chiques Velázquez

AB-2003-83

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2004

La señora Janice Reverón Torres radicó ante

este

Tribunal

una

queja

jurada

contra

la

Lcda.

Carmen I. Chiques Velázquez en la cual le imputó

conducta alegadamente violatoria de los Cánones 18,

27, 28 y 30 de los de Ética Profesional. 4 L.P.R.A.

Ap. IX, C. 18, 27, 28 y 30. Referimos el asunto a

la Oficina del Procurador de Puerto Rico para que

realizara

la

correspondiente

investigación

e

informara a este Foro.

El Procurador General ha rendido su informe.

En

el

mismo

Velázquez

concluye

que

efectivamente

la

abogada

incurrió

en

Chiques

conducta

violatoria de las disposiciones de los Cánones 28 y

38

de

Ética

Profesional,

ante.

Le

concedimos

3

AB-2003-83

término

a

la

abogada

para

que

se

expresara

sobre

el

abogada

Chiques

Velázquez:

referido Informe.

En

su

comparecencia,

la

acepta unos hechos; aclara y/o niega otros; sostiene que su

conducta realmente se debió a un error de juicio; que actuó

de

buena

fe;

señala

que

ninguna

parte

ha

resultado

perjudicada por sus actos y que en su actuación no hubo

ánimo de lucro personal; resalta su historial profesional

carente de faltas o señalamientos anteriores; y somete el

asunto para su resolución final. Resolvemos.

I

Conforme los hechos establecidos e incontrovertidos,

la

abogada

Gerardo

notario

Pérez

Chiques

Rivera

en

Velázquez

representó

pleito

divorcio

un

de

al

Sr.

que

se

dilucidó entre éste y la querellante, Sra. Janice Reverón

Torres. Concluido el pleito de divorcio, y pendiente uno de

liquidación

de

bienes

gananciales,

la

Lcda.

Chiques

Velázquez otorgó una escritura pública mediante la cual los

ex-esposos

antes

mencionados

vendieron

una

propiedad

inmueble ganancial --que, naturalmente, formaba parte del

pleito

de

liquidación--

a

unas

terceras

personas.

La

abogada querellada no obstante conocer, a esa fecha, que la

querellante

Reverón

Torres

contaba

con

representación

legal, no se comunicó en forma alguna con el abogado de la

mencionada querellante.

4

AB-2003-83

II

Como

es

sabido,

el

Canon

28

de

Ética

Profesional,

ante, establece, en lo pertinente, que el “abogado no debe,

en forma alguna, comunicarse, negociar, ni transigir con

una parte representada por otro abogado en ausencia de éste

...” En In re Martínez Llorens, res. el 13 de febrero de

2003, 2003 TSPR 14, este Tribunal fue enfático al señalar

que:

Una lectura del referido Canon claramente

demuestra que éste proscribe, entre otras cosas,

toda comunicación entre un abogado y una parte

adversa que ostenta representación legal. El

propósito del Canon 28 es evitar que los abogados

de una parte hagan acercamientos inapropiados y

antiéticos a personas debidamente representadas

para obtener ventaja. También tiene por finalidad

prevenir que los abogados induzcan a error a

personas que carecen de representación legal. De

esa manera se salvaguarda tanto el derecho de los

litigantes

a

obtener

representación

legal

adecuada como el privilegio abogado-cliente. In

re Andréu Rivera, res. el 20 de diciembre de

1999, 99 TSPR 188.

Por

otro

lado,

y

en

cuanto

a

la

alegación

de

la

abogada querellada en torno a que actuó de buena fe, en In

re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997), indicamos que “la

prohibición

contenida

en

el

Canon

28

aplica

independientemente del nivel de educación de las partes y

la intención del abogado que intenta el contacto con la

parte”. (énfasis suplido).

En vista de lo anteriormente señalado, es obvio que la

conclusión del Procurador General, a los efectos de que la

5

AB-2003-83

Lcda.

Chiques

Velázquez

infringió

el

Canon

28,

es

una

correcta en derecho.

III

La Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4

L.P.R.A. Ap. XXIV, R. 5, establece que:

La práctica de la profesión de abogado puede

ser en algunas ocasiones incompatible con la

práctica de la notaría.

El notario autorizante de un documento

público está impedido de actuar posteriormente

como abogado de una de las partes otorgantes para

exigir

en

un

litigio

contencioso

las

contraprestaciones

a

que

se

haya

obligado

cualquier otra parte en el documento otorgado por

él.

El notario está impedido de representar como

abogado a un cliente en la litigación contenciosa

y, a la vez, servir de notario en el mismo caso

por

el

posible

conflicto

de

intereses

o

incompatibilidades que puedan dimanar del mismo.

Es

un

hecho

incontrovertido

Velázquez,

siendo

la

que

representante

la

legal

Lcda.

del

Chiques

Sr.

Pérez

Rivera en el pleito de división de gananciales, autorizó

como

notario

una

escritura

de

compraventa

de

un

bien

inmueble perteneciente a la extinta sociedad de gananciales

del Sr. Pérez Rivera. Reiteradamente hemos sostenido que es

impropio

que

un

abogado

combine

funciones

de

notario

y

abogado en relación con un mismo asunto. In re Carreras

Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984); Pagán v.

Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750 (1983); In re Cruz Tolinche,

114 D.P.R. 205 (1983).

6

AB-2003-83

Por otro lado, es de notar que el Canon 38 de Ética

Profesional, ante, establece, en lo pertinente, que:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de

su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta profesional

impropia.

No

debe

haber

duda,

en

consecuencia,

que

la

Lcda.

Chiques Velázquez, al impropiamente otorgar la escritura de

compraventa

en

controversia,

violentó

no

sólo

las

disposiciones de la Regla 5 del Reglamento Notarial, ante,

y

nuestras

decisiones

al

respecto

sino,

además,

las

disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional, ante.

IV

No

obstante

lo

anteriormente

expresado,

somos

del

criterio que la sanción disciplinaria a imponerse en el

presente caso debe ser la de censurar a la Lcda. Chiques

Velázquez. Se trata de una primera falta, cometida por un

miembro de la profesión con un récord limpio y que goza de

buena reputación en la comunidad donde labora. Véase: In re

Soto Cardona, ante; In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen I. Chiques Velázquez

AB-2003-83

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2004

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia

censurando a la Lcda. Chiques Velázquez, ya que

se trata de una primera falta, cometida por un

miembro de la profesión con un récord limpio y

que goza de buena reputación en la comunidad

donde labora. Véase: In re Soto Cardona, ante; In

re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

Así lo pronunció, manda el Tribunal

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

y

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo