Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: CARMEN I. CHIQUES VELAZQUEZ
2004 TSPR 28
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IN RE: CARMEN I. CHIQUES VELAZQUEZ
AB-2003-0083
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 28
Carmen I. Chiques Velázquez
161 DPR ____
Número del Caso: AB-2003-83
Fecha: 25 de febrero de 2004
Oficina del Procuradora General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Luis F. Camacho
Materia: Conducta Profesional
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen I. Chiques Velázquez
AB-2003-83
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2004
La señora Janice Reverón Torres radicó ante
este
Tribunal
una
queja
jurada
contra
la
Lcda.
Carmen I. Chiques Velázquez en la cual le imputó
conducta alegadamente violatoria de los Cánones 18,
27, 28 y 30 de los de Ética Profesional. 4 L.P.R.A.
Ap. IX, C. 18, 27, 28 y 30. Referimos el asunto a
la Oficina del Procurador de Puerto Rico para que
realizara
la
correspondiente
investigación
e
informara a este Foro.
El Procurador General ha rendido su informe.
En
el
mismo
Velázquez
concluye
que
efectivamente
la
abogada
incurrió
en
Chiques
conducta
violatoria de las disposiciones de los Cánones 28 y
38
de
Ética
Profesional,
ante.
Le
concedimos
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AB-2003-83
término
a
la
abogada
para
que
se
expresara
sobre
el
abogada
Chiques
Velázquez:
referido Informe.
En
su
comparecencia,
la
acepta unos hechos; aclara y/o niega otros; sostiene que su
conducta realmente se debió a un error de juicio; que actuó
de
buena
fe;
señala
que
ninguna
parte
ha
resultado
perjudicada por sus actos y que en su actuación no hubo
ánimo de lucro personal; resalta su historial profesional
carente de faltas o señalamientos anteriores; y somete el
asunto para su resolución final. Resolvemos.
I
Conforme los hechos establecidos e incontrovertidos,
la
abogada
Gerardo
notario
Pérez
Chiques
Rivera
en
Velázquez
representó
pleito
divorcio
un
de
al
Sr.
que
se
dilucidó entre éste y la querellante, Sra. Janice Reverón
Torres. Concluido el pleito de divorcio, y pendiente uno de
liquidación
de
bienes
gananciales,
la
Lcda.
Chiques
Velázquez otorgó una escritura pública mediante la cual los
ex-esposos
antes
mencionados
vendieron
una
propiedad
inmueble ganancial --que, naturalmente, formaba parte del
pleito
de
liquidación--
a
unas
terceras
personas.
La
abogada querellada no obstante conocer, a esa fecha, que la
querellante
Reverón
Torres
contaba
con
representación
legal, no se comunicó en forma alguna con el abogado de la
mencionada querellante.
4
AB-2003-83
II
Como
es
sabido,
el
Canon
28
de
Ética
Profesional,
ante, establece, en lo pertinente, que el “abogado no debe,
en forma alguna, comunicarse, negociar, ni transigir con
una parte representada por otro abogado en ausencia de éste
...” En In re Martínez Llorens, res. el 13 de febrero de
2003, 2003 TSPR 14, este Tribunal fue enfático al señalar
que:
Una lectura del referido Canon claramente
demuestra que éste proscribe, entre otras cosas,
toda comunicación entre un abogado y una parte
adversa que ostenta representación legal. El
propósito del Canon 28 es evitar que los abogados
de una parte hagan acercamientos inapropiados y
antiéticos a personas debidamente representadas
para obtener ventaja. También tiene por finalidad
prevenir que los abogados induzcan a error a
personas que carecen de representación legal. De
esa manera se salvaguarda tanto el derecho de los
litigantes
a
obtener
representación
legal
adecuada como el privilegio abogado-cliente. In
re Andréu Rivera, res. el 20 de diciembre de
1999, 99 TSPR 188.
Por
otro
lado,
y
en
cuanto
a
la
alegación
de
la
abogada querellada en torno a que actuó de buena fe, en In
re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997), indicamos que “la
prohibición
contenida
en
el
Canon
28
aplica
independientemente del nivel de educación de las partes y
la intención del abogado que intenta el contacto con la
parte”. (énfasis suplido).
En vista de lo anteriormente señalado, es obvio que la
conclusión del Procurador General, a los efectos de que la
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AB-2003-83
Lcda.
Chiques
Velázquez
infringió
el
Canon
28,
es
una
correcta en derecho.
III
La Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4
L.P.R.A. Ap. XXIV, R. 5, establece que:
La práctica de la profesión de abogado puede
ser en algunas ocasiones incompatible con la
práctica de la notaría.
El notario autorizante de un documento
público está impedido de actuar posteriormente
como abogado de una de las partes otorgantes para
exigir
en
un
litigio
contencioso
las
contraprestaciones
a
que
se
haya
obligado
cualquier otra parte en el documento otorgado por
él.
El notario está impedido de representar como
abogado a un cliente en la litigación contenciosa
y, a la vez, servir de notario en el mismo caso
por
el
posible
conflicto
de
intereses
o
incompatibilidades que puedan dimanar del mismo.
Es
un
hecho
incontrovertido
Velázquez,
siendo
la
que
representante
la
legal
Lcda.
del
Chiques
Sr.
Pérez
Rivera en el pleito de división de gananciales, autorizó
como
notario
una
escritura
de
compraventa
de
un
bien
inmueble perteneciente a la extinta sociedad de gananciales
del Sr. Pérez Rivera. Reiteradamente hemos sostenido que es
impropio
que
un
abogado
combine
funciones
de
notario
y
abogado en relación con un mismo asunto. In re Carreras
Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984); Pagán v.
Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750 (1983); In re Cruz Tolinche,
114 D.P.R. 205 (1983).
6
AB-2003-83
Por otro lado, es de notar que el Canon 38 de Ética
Profesional, ante, establece, en lo pertinente, que:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de
su capacidad, en la exaltación del honor y
dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo
conlleve sacrificios personales y debe evitar
hasta la apariencia de conducta profesional
impropia.
No
debe
haber
duda,
en
consecuencia,
que
la
Lcda.
Chiques Velázquez, al impropiamente otorgar la escritura de
compraventa
en
controversia,
violentó
no
sólo
las
disposiciones de la Regla 5 del Reglamento Notarial, ante,
y
nuestras
decisiones
al
respecto
sino,
además,
las
disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional, ante.
IV
No
obstante
lo
anteriormente
expresado,
somos
del
criterio que la sanción disciplinaria a imponerse en el
presente caso debe ser la de censurar a la Lcda. Chiques
Velázquez. Se trata de una primera falta, cometida por un
miembro de la profesión con un récord limpio y que goza de
buena reputación en la comunidad donde labora. Véase: In re
Soto Cardona, ante; In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Carmen I. Chiques Velázquez
AB-2003-83
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2004
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia
censurando a la Lcda. Chiques Velázquez, ya que
se trata de una primera falta, cometida por un
miembro de la profesión con un récord limpio y
que goza de buena reputación en la comunidad
donde labora. Véase: In re Soto Cardona, ante; In
re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).
Así lo pronunció, manda el Tribunal
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
y
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo