Tribunal Supremo de Puerto Rico
IN RE: LOURDES RODRIGUEZ VILLALBA
2004 TSPR 23
Poder Judicial de Puerto Rico
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IN RE: LOURDES RODRIGUEZ VILLALBA
AB-2002-0137
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Queja
In re:
2004 TSPR 23
Lourdes Rodríguez Villalba
160 DPR ____
Número del Caso: AB-2002-137
Fecha: 12 de diciembre de 2003
Oficina del Procuradora General:
Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Querellada:
Lcda. Margarita Carrillo Iturrino
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión de la abogada advino final y firme el día
11 de febrero de 2004.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lourdes Rodríguez Villalba
AB-2002-137
Los abogados son una parte esencial
en el proceso de impartir justicia.
Como parte de dicho proceso, tienen
la
ineludible
encomienda
de
desempeñar su ministerio con la mayor
competencia,
responsabilidad
e
1
integridad.
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2003.
En
el
recurso
de
autos
nos
corresponde
evaluar la conducta de la Lcda. Lourdes Rodríguez
Villalba,
a
la
luz
de
los
Cánones
de
Profesional,
4
L.P.R.A.
Ap.
IX.
esencia,
En
Ética
corresponde pasar juicio sobre el desempeño de
dicha abogada en el trámite de un caso que fue
desestimado por su incumplimiento con las órdenes
del Tribunal.
1
In re Córdova González, 151 D.P.R. 260 (1994).
AB-2002-137
2
I
El
21
de
mayo
del
año
en
curso,
el
Sr.
Antonio
Martínez Batista presentó ante esta Curia una comunicación
jurada adjunta a una copia de la sentencia en rebeldía
dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Carolina, contra la abogada de epígrafe en el caso de
Martínez
Batista
v.
Villalba.2
Rodríguez
Mediante
dicha
sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, declaró con
lugar una demanda sobre daños y perjuicios por impericia
profesional
instada
contra
la
licenciada
Rodríguez
Villalba, y le condenó a satisfacer la suma de cincuenta y
cuatro mil quinientos dólares ($54,500), más el pago de las
costas,
gastos
e
intereses
a
partir
de
la
fecha
de
la
presentación de la demanda.3
La referida sentencia tiene su génesis en un pleito en
el
que
la
licenciada
representante
legal
Rodríguez
del
señor
Villalba
Martínez
fungió
como
la
Batista.
De
los
autos ante nos se desprende que el querellante de marras
contrató
los
servicios
profesionales
de
la
licenciada
Rodríguez Villalba a los fines de que lo representara en un
pleito civil de desahucio en el cual el querellante era
parte demandada. En síntesis, en dicho caso se alegó que el
señor Martínez Batista no había ejercitado una acción de
2
Civil Núm. FDP01-0245.
De esa cantidad, $36,500.00 correspondían a la inversión
hacha por el demandante en una propiedad, $15,000.00 por
los daños y perjuicios, y $3,000.00 en concepto de
honorarios de abogado.
3
AB-2002-137
3
opción de compraventa dentro del término acordado, y que
ostentaba en precario la posesión de la propiedad. En dicho
caso el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a
favor del señor Martínez Batista.
La licenciada Rodríguez Villalba presentó entonces, en
representación del señor Martínez Batista, una demanda por
incumplimiento
de
propiedad
cuestión.
en
desestimación
por
contrato
contra
Esta
los
acción
incumplimiento
con
dueños
culminó
órdenes
de
la
con
una
judiciales.
Aunque del expediente de autos no surge con claridad, se
desprende que dicho caso se instó nuevamente, y que por
inacción de la licenciada Rodríguez Villalba, el mismo se
desestimó en una segunda ocasión. Además, la abogada de
epígrafe no notificó a su cliente de las sentencias en su
contra,
sino
que
éste
se
enteró
de
dichas
decisiones
adversas cuando compareció al tribunal y solicitó ver los
expedientes.
A
raíz
de
los
hechos
antes
reseñados,
el
señor
Martínez Batista presentó una demanda en daños y perjuicios
por impericia profesional contra la licenciada Rodríguez
Villalba. Dicha acción fue declarada con lugar, y culminó,
según
reseñáramos,
querellada
cantidad
a
de
($54,500),
con
una
resarcirle
cincuenta
más
las
sentencia
al
señor
y
cuatro
costas
e
que
condenó
Martínez
mil
a
la
Batista
la
quinientos
intereses
dólares
correspondientes.
AB-2002-137
4
Esta es la sentencia que el señor Martínez Batista trajo
ante nuestra consideración al presentar su queja.
Luego
de
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
declarara con lugar la demanda por impericia profesional,
la
licenciada
Rodríguez
Villalba
reconsideración
que
fue
Consecuentemente,
la
licenciada
presentó
una
declarada
le
moción
sin
de
lugar.
satisfizo
al
señor
Martínez Batista la cantidad ordenada por el Tribunal de
Primera
Instancia.
En
vista
de
ello,
el
señor
Martínez
Batista acudió ante nos y expresó su interés en dar por
desistida la queja contra la licenciada Rodríguez Batista.
Por su parte, la licenciada Rodríguez Villalba aceptó
que la desestimación de la demanda se debió a que no actuó
con completa diligencia para culminar el trámite procesal
en
un
caso
múltiples
que
tenía
personas
que
cierta
complejidad
componen
la
debido
sucesión
del
a
las
señor
Figueroa Morales.4 Reconoce y acepta que cometió el error de
no
emplazar
consecuencia
a
la
totalidad
incumplió
con
de
los
herederos
órdenes
y
judiciales
en
que
culminaron en la desestimación del pleito.
Señaló,
caso
en
confrontó
que
no
obstante,
que
durante
al
señor
representaba
ciertos
problemas
familiares
el
desarrollo
del
Martínez
Batista,
que
requerían
le
estar viajando constantemente a los Estados Unidos. Indicó
además que, para esa fecha estaba mudando sus oficinas, lo
4
Una de las partes de dicho pleito.
AB-2002-137
que
5
también
fue
un
factor
que
influyó
en
que
no
se
atendiese con la debida diligencia el caso del querellado.
Sin
embargo,
situaciones
la
licenciada
personales
que
reconoció
no
que
debieron
ésas
fueron
influir
en
su
gestión como abogada y en el deber de diligencia que se le
impone
a
todo
profesional
de
abogado
un
al
asumir
cliente.
Además,
la
representación
afirmó
que
estaba
“profundamente arrepentida por las incomodidades, disgustos
y
molestias
que
su
conducta
ocasionó
al
señor
Martínez
Batista”. Finalmente, expuso que “la experiencia ha sido
aleccionadora y ha servido de profunda reflexión”, y que no
volverá a repetirse.5
Concluido dicho caso y a tenor con la Regla 14(d)
del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A,
le referimos al Procurador General copia del expediente de
la
queja
investigación
General
de
e
referencia
informe.
recomendó
que,
para
su
correspondiente
En
dicho
informe
en
vista
de
el
que
Procurador
los
daños
ocasionados al querellante fueron debidamente resarcidos y
que
no
existe
interés
público
ulterior
que
amerite
continuar con un proceso disciplinario, se archive la queja
contra la licenciada Rodríguez Villalba. Ello, a pesar de
que
concluyó
en
su
informe
que
la
licenciada
Rodríguez
Villalba violó las disposiciones de los cánones 18 y 19 de
nuestro Código de Ética Profesional.
Contestación a queja de la licenciada Rodríguez Villalba,
página 4.
5
AB-2002-137
6
Luego de contar con el beneficio de las comparecencias
de las partes, resolvemos sin ulteriores procedimientos.
II
En
abogado
innumerables
que
competencia
ocasiones
acepta
y
un
hemos
resuelto
luego
no
caso
y
que
exige
diligencia
el
que
un
demuestra
la
ejercicio
de
la
abogacía, violenta las disposiciones del Código de Ética
Profesional,
supra.
In
re
Verdejo
Roque,
145
D.P.R.
83
(1998); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In re
Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).
Con relación a esto, el Canon 12 del Código de Ética
Profesional,
supra,
dispone,
en
lo
pertinente,
lo
siguiente:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus
compañeros, las partes y testigos el ser
puntual en su asistencia y conciso y exacto
en el trámite y presentación de las causas.
Ello
implica
el
desplegar
todas
las
diligencias necesarias para asegurar que no
se
causen
indebidas
dilaciones
en
su
tramitación y solución.
Recientemente reiteramos que "[e]sta obligación ha de
cumplirla el abogado a través de todas las etapas de un
litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del
tribunal".
In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113, 118
(1996), citando a
Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior,
103
846
D.P.R.
844,
(1975),
y
a
Acevedo
Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).
v.
Compañía
AB-2002-137
Por
7
su
parte,
el
Canon
18
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, recoge, en esencia, el deber de todo
abogado de atender los intereses de su cliente desplegando
la
mayor
diligencia
y
cuidado.
Dicho
canon,
en
lo
de
un
pertinente, dispone así:
Será impropio de un abogado asumir una
representación
profesional
cuando
está
consciente de que no puede rendir una labor
idónea competente y que no puede prepararse
adecuadamente sin que ello apareje gastos o
demoras irrazonables a su cliente o a la
administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses
del cliente diligentemente, desplegando en
cada caso su más profundo saber y habilidad y
actuando en aquella forma que la profesión
jurídica
en
general
estima
adecuada
y
responsable.
Hemos
interpretado
que,
la
incomparecencia
abogado a los señalamientos de vista ante el tribunal, su
incumplimiento con las órdenes emitidas por dicho tribunal,
y
su
falta
de
diligencia
constituyen
un
patrón
en
de
la
tramitación
conducta
del
caso,
irresponsable
en
violación a este canon. In re Grau Díaz, 2001 TSPR 70.
Irrespectivamente de las razones y motivaciones que pueda
tener un abogado para llevar o no un caso, una vez asume la
representación de un cliente ante el tribunal, tiene la
responsabilidad indelegable de llevar a cabo esa gestión
profesional
con
el
competencia posible.
Siverio
Orta,
117
más
alto
grado
de
diligencia
y
In re Pagán Hernández, supra; In re
D.P.R.
14,
19
(1986);
Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994), entre otros.
In
re
Padilla
AB-2002-137
8
De otra parte, el canon 19 del referido código dispone
que el abogado debe mantener a su cliente informado de todo
asunto importante que surja en el desarrollo del caso que
le ha sido encomendado. Este deber ético profesional de
mantener informado a su representado de las incidencias del
caso, incluye la notificación de la desestimación de la
acción instada.
Véase, In re Padilla Pérez, supra.
En resumen, en In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308
(1998), decretamos que los abogados que, en el ejercicio de
sus
funciones,
actúan
con
desidia,
despreocupación,
inacción, displicencia, no mantienen al cliente informado
del desarrollo del caso y permiten que la acción de éste
sea
desestimada
por
no
desplegar
toda
su
habilidad
y
capacidad en beneficio de su representado, incurren en una
seria
violación
de
la
ética
profesional,
que
podría
conllevar la suspensión del ejercicio de la abogacía.
A la luz de la normativa antes expuesta resolvemos.
III
En el caso de autos, es evidente que la licenciada
Rodríguez Villalba desatendió negligentemente la encomienda
de
su
cliente.
El
incumplimiento
con
las
órdenes
del
tribunal, y la desidia desplegada en la tramitación de la
acción encomendada acarrearon, en dos ocasiones distintas,
la desestimación del pleito. Más aún, la referida abogada
nunca
notificó
a
su
cliente
de
las
sentencias
adversas
dictadas en su contra. Así quedó plenamente evidenciado en
AB-2002-137
9
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso
de impericia profesional contra dicha abogada.
No obstante, en vista de que la licenciada Rodríguez
Villalba indemnizó al querellante por los daños sufridos a
causa
de
su
Procurador
negligencia,
General
nos
tanto
el
querellante
solicitaron
el
como
el
archivo
y
sobreseimiento de la queja en su contra. No podemos avalar
dicho requerimiento.
Recientemente
establecimos
que
independientemente
de
que el querellado haya indemnizado a su cliente por los
daños causados, ello no lo exime de la violación ética
incurrida.
Véase,
In
re
Verdejo
Roque,
La
supra.
responsabilidad civil que surge del incumplimiento de las
obligaciones de un abogado para con su cliente, es separada
e independiente del proceso disciplinario por infracción al
Código Profesional de Ética. Véase, In re Verdejo Roque,
supra. Si bien es cierto que el resarcimiento al cliente
como
resultado
puede
ser
un
de
una
acción
atenuante,
por
ello
impericia
no
profesional
precluye
nuestra
jurisdicción disciplinaria. Véase, In re Pagán Ayala, 117
D.P.R.
180
(1986);
In
re
Verdejo
Roque,
supra;
In
re
Laborde Freyre, res. el 12 de julio de 1999, 99 TSPR 124.
Por último, cabe señalar que en su escrito ante nos la
licenciada
Rodríguez
Villalba
señaló
que
desde
que
fue
admitida al ejercicio de la abogacía nunca ha presentado
problemas disciplinarios, ni se ha puesto en entredicho su
AB-2002-137
10
conducta profesional. (Énfasis nuestro). No obstante, del
expediente
personal
de
la
licenciada
Rodríguez
Villalba
claramente surge que, el 14 de marzo de 1985 fue suspendida
por
tres
(3)
meses
del
ejercicio
de
la
notaría,
precisamente por incumplir las órdenes de este Tribunal.
En el caso de autos, el resarcimiento de la licenciada
Rodríguez Villalba a su cliente por los daños sufridos, no
es motivo suficiente para librarla de nuestra sanción. Su
conducta en el caso de autos es inexcusable y amerita una
suspensión temporera del ejercicio de la abogacía.
Por las razones antes expuestas, y a la luz de los
Cánones
12,
18
y
19
de
Ética
Profesional,
supra,
se
suspende a la licenciada Rodríguez Villalba del ejercicio
de la abogacía por un período de un (1) mes.
En atención a lo anterior, se ordena a la querellada
de
epígrafe
inhabilidad
notificar
de
a
seguir
todos
sus
clientes
representándolos
e
de
su
informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos del país. Deberá además, certificar ante
nos,
dentro
del
término
de
treinta
(30)
cumplimiento con estos deberes.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
días,
su
AB-2002-137
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lourdes Rodríguez Villalba
AB-2002-137
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2003.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte integral de la presente, se suspende a la
licenciada Rodríguez Villalba del ejercicio de la
abogacía por un período de un (1) mes.
En atención a lo anterior, se ordena a la
querellada de epígrafe notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
de
seguir
representándolos e informar oportunamente de su
suspensión
a
los
foros
judiciales
y
administrativos
del
país.
Deberá
además,
certificar ante nos, dentro del término de
treinta (30) días, su cumplimiento con estos
deberes.
Así lo pronunció, manda el Tribunal
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
y