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Tribunal Supremo de Puerto Rico

IN RE: LOURDES RODRIGUEZ VILLALBA

2004 TSPR 23

Poder Judicial de Puerto Rico

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IN RE: LOURDES RODRIGUEZ VILLALBA

AB-2002-0137

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Queja

In re:

2004 TSPR 23

Lourdes Rodríguez Villalba

160 DPR ____

Número del Caso: AB-2002-137

Fecha: 12 de diciembre de 2003

Oficina del Procuradora General:

Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Querellada:

Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión de la abogada advino final y firme el día

11 de febrero de 2004.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lourdes Rodríguez Villalba

AB-2002-137

Los abogados son una parte esencial

en el proceso de impartir justicia.

Como parte de dicho proceso, tienen

la

ineludible

encomienda

de

desempeñar su ministerio con la mayor

competencia,

responsabilidad

e

1

integridad.

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2003.

En

el

recurso

de

autos

nos

corresponde

evaluar la conducta de la Lcda. Lourdes Rodríguez

Villalba,

a

la

luz

de

los

Cánones

de

Profesional,

4

L.P.R.A.

Ap.

IX.

esencia,

En

Ética

corresponde pasar juicio sobre el desempeño de

dicha abogada en el trámite de un caso que fue

desestimado por su incumplimiento con las órdenes

del Tribunal.

1

In re Córdova González, 151 D.P.R. 260 (1994).

AB-2002-137

2

I

El

21

de

mayo

del

año

en

curso,

el

Sr.

Antonio

Martínez Batista presentó ante esta Curia una comunicación

jurada adjunta a una copia de la sentencia en rebeldía

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Carolina, contra la abogada de epígrafe en el caso de

Martínez

Batista

v.

Villalba.2

Rodríguez

Mediante

dicha

sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, declaró con

lugar una demanda sobre daños y perjuicios por impericia

profesional

instada

contra

la

licenciada

Rodríguez

Villalba, y le condenó a satisfacer la suma de cincuenta y

cuatro mil quinientos dólares ($54,500), más el pago de las

costas,

gastos

e

intereses

a

partir

de

la

fecha

de

la

presentación de la demanda.3

La referida sentencia tiene su génesis en un pleito en

el

que

la

licenciada

representante

legal

Rodríguez

del

señor

Villalba

Martínez

fungió

como

la

Batista.

De

los

autos ante nos se desprende que el querellante de marras

contrató

los

servicios

profesionales

de

la

licenciada

Rodríguez Villalba a los fines de que lo representara en un

pleito civil de desahucio en el cual el querellante era

parte demandada. En síntesis, en dicho caso se alegó que el

señor Martínez Batista no había ejercitado una acción de

2

Civil Núm. FDP01-0245.

De esa cantidad, $36,500.00 correspondían a la inversión

hacha por el demandante en una propiedad, $15,000.00 por

los daños y perjuicios, y $3,000.00 en concepto de

honorarios de abogado.

3

AB-2002-137

3

opción de compraventa dentro del término acordado, y que

ostentaba en precario la posesión de la propiedad. En dicho

caso el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a

favor del señor Martínez Batista.

La licenciada Rodríguez Villalba presentó entonces, en

representación del señor Martínez Batista, una demanda por

incumplimiento

de

propiedad

cuestión.

en

desestimación

por

contrato

contra

Esta

los

acción

incumplimiento

con

dueños

culminó

órdenes

de

la

con

una

judiciales.

Aunque del expediente de autos no surge con claridad, se

desprende que dicho caso se instó nuevamente, y que por

inacción de la licenciada Rodríguez Villalba, el mismo se

desestimó en una segunda ocasión. Además, la abogada de

epígrafe no notificó a su cliente de las sentencias en su

contra,

sino

que

éste

se

enteró

de

dichas

decisiones

adversas cuando compareció al tribunal y solicitó ver los

expedientes.

A

raíz

de

los

hechos

antes

reseñados,

el

señor

Martínez Batista presentó una demanda en daños y perjuicios

por impericia profesional contra la licenciada Rodríguez

Villalba. Dicha acción fue declarada con lugar, y culminó,

según

reseñáramos,

querellada

cantidad

a

de

($54,500),

con

una

resarcirle

cincuenta

más

las

sentencia

al

señor

y

cuatro

costas

e

que

condenó

Martínez

mil

a

la

Batista

la

quinientos

intereses

dólares

correspondientes.

AB-2002-137

4

Esta es la sentencia que el señor Martínez Batista trajo

ante nuestra consideración al presentar su queja.

Luego

de

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

declarara con lugar la demanda por impericia profesional,

la

licenciada

Rodríguez

Villalba

reconsideración

que

fue

Consecuentemente,

la

licenciada

presentó

una

declarada

le

moción

sin

de

lugar.

satisfizo

al

señor

Martínez Batista la cantidad ordenada por el Tribunal de

Primera

Instancia.

En

vista

de

ello,

el

señor

Martínez

Batista acudió ante nos y expresó su interés en dar por

desistida la queja contra la licenciada Rodríguez Batista.

Por su parte, la licenciada Rodríguez Villalba aceptó

que la desestimación de la demanda se debió a que no actuó

con completa diligencia para culminar el trámite procesal

en

un

caso

múltiples

que

tenía

personas

que

cierta

complejidad

componen

la

debido

sucesión

del

a

las

señor

Figueroa Morales.4 Reconoce y acepta que cometió el error de

no

emplazar

consecuencia

a

la

totalidad

incumplió

con

de

los

herederos

órdenes

y

judiciales

en

que

culminaron en la desestimación del pleito.

Señaló,

caso

en

confrontó

que

no

obstante,

que

durante

al

señor

representaba

ciertos

problemas

familiares

el

desarrollo

del

Martínez

Batista,

que

requerían

le

estar viajando constantemente a los Estados Unidos. Indicó

además que, para esa fecha estaba mudando sus oficinas, lo

4

Una de las partes de dicho pleito.

AB-2002-137

que

5

también

fue

un

factor

que

influyó

en

que

no

se

atendiese con la debida diligencia el caso del querellado.

Sin

embargo,

situaciones

la

licenciada

personales

que

reconoció

no

que

debieron

ésas

fueron

influir

en

su

gestión como abogada y en el deber de diligencia que se le

impone

a

todo

profesional

de

abogado

un

al

asumir

cliente.

Además,

la

representación

afirmó

que

estaba

“profundamente arrepentida por las incomodidades, disgustos

y

molestias

que

su

conducta

ocasionó

al

señor

Martínez

Batista”. Finalmente, expuso que “la experiencia ha sido

aleccionadora y ha servido de profunda reflexión”, y que no

volverá a repetirse.5

Concluido dicho caso y a tenor con la Regla 14(d)

del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A,

le referimos al Procurador General copia del expediente de

la

queja

investigación

General

de

e

referencia

informe.

recomendó

que,

para

su

correspondiente

En

dicho

informe

en

vista

de

el

que

Procurador

los

daños

ocasionados al querellante fueron debidamente resarcidos y

que

no

existe

interés

público

ulterior

que

amerite

continuar con un proceso disciplinario, se archive la queja

contra la licenciada Rodríguez Villalba. Ello, a pesar de

que

concluyó

en

su

informe

que

la

licenciada

Rodríguez

Villalba violó las disposiciones de los cánones 18 y 19 de

nuestro Código de Ética Profesional.

Contestación a queja de la licenciada Rodríguez Villalba,

página 4.

5

AB-2002-137

6

Luego de contar con el beneficio de las comparecencias

de las partes, resolvemos sin ulteriores procedimientos.

II

En

abogado

innumerables

que

competencia

ocasiones

acepta

y

un

hemos

resuelto

luego

no

caso

y

que

exige

diligencia

el

que

un

demuestra

la

ejercicio

de

la

abogacía, violenta las disposiciones del Código de Ética

Profesional,

supra.

In

re

Verdejo

Roque,

145

D.P.R.

83

(1998); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In re

Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).

Con relación a esto, el Canon 12 del Código de Ética

Profesional,

supra,

dispone,

en

lo

pertinente,

lo

siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus

compañeros, las partes y testigos el ser

puntual en su asistencia y conciso y exacto

en el trámite y presentación de las causas.

Ello

implica

el

desplegar

todas

las

diligencias necesarias para asegurar que no

se

causen

indebidas

dilaciones

en

su

tramitación y solución.

Recientemente reiteramos que "[e]sta obligación ha de

cumplirla el abogado a través de todas las etapas de un

litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del

tribunal".

In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113, 118

(1996), citando a

Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior,

103

846

D.P.R.

844,

(1975),

y

a

Acevedo

Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).

v.

Compañía

AB-2002-137

Por

7

su

parte,

el

Canon

18

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, recoge, en esencia, el deber de todo

abogado de atender los intereses de su cliente desplegando

la

mayor

diligencia

y

cuidado.

Dicho

canon,

en

lo

de

un

pertinente, dispone así:

Será impropio de un abogado asumir una

representación

profesional

cuando

está

consciente de que no puede rendir una labor

idónea competente y que no puede prepararse

adecuadamente sin que ello apareje gastos o

demoras irrazonables a su cliente o a la

administración de la justicia.

Es deber del abogado defender los intereses

del cliente diligentemente, desplegando en

cada caso su más profundo saber y habilidad y

actuando en aquella forma que la profesión

jurídica

en

general

estima

adecuada

y

responsable.

Hemos

interpretado

que,

la

incomparecencia

abogado a los señalamientos de vista ante el tribunal, su

incumplimiento con las órdenes emitidas por dicho tribunal,

y

su

falta

de

diligencia

constituyen

un

patrón

en

de

la

tramitación

conducta

del

caso,

irresponsable

en

violación a este canon. In re Grau Díaz, 2001 TSPR 70.

Irrespectivamente de las razones y motivaciones que pueda

tener un abogado para llevar o no un caso, una vez asume la

representación de un cliente ante el tribunal, tiene la

responsabilidad indelegable de llevar a cabo esa gestión

profesional

con

el

competencia posible.

Siverio

Orta,

117

más

alto

grado

de

diligencia

y

In re Pagán Hernández, supra; In re

D.P.R.

14,

19

(1986);

Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994), entre otros.

In

re

Padilla

AB-2002-137

8

De otra parte, el canon 19 del referido código dispone

que el abogado debe mantener a su cliente informado de todo

asunto importante que surja en el desarrollo del caso que

le ha sido encomendado. Este deber ético profesional de

mantener informado a su representado de las incidencias del

caso, incluye la notificación de la desestimación de la

acción instada.

Véase, In re Padilla Pérez, supra.

En resumen, en In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308

(1998), decretamos que los abogados que, en el ejercicio de

sus

funciones,

actúan

con

desidia,

despreocupación,

inacción, displicencia, no mantienen al cliente informado

del desarrollo del caso y permiten que la acción de éste

sea

desestimada

por

no

desplegar

toda

su

habilidad

y

capacidad en beneficio de su representado, incurren en una

seria

violación

de

la

ética

profesional,

que

podría

conllevar la suspensión del ejercicio de la abogacía.

A la luz de la normativa antes expuesta resolvemos.

III

En el caso de autos, es evidente que la licenciada

Rodríguez Villalba desatendió negligentemente la encomienda

de

su

cliente.

El

incumplimiento

con

las

órdenes

del

tribunal, y la desidia desplegada en la tramitación de la

acción encomendada acarrearon, en dos ocasiones distintas,

la desestimación del pleito. Más aún, la referida abogada

nunca

notificó

a

su

cliente

de

las

sentencias

adversas

dictadas en su contra. Así quedó plenamente evidenciado en

AB-2002-137

9

la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso

de impericia profesional contra dicha abogada.

No obstante, en vista de que la licenciada Rodríguez

Villalba indemnizó al querellante por los daños sufridos a

causa

de

su

Procurador

negligencia,

General

nos

tanto

el

querellante

solicitaron

el

como

el

archivo

y

sobreseimiento de la queja en su contra. No podemos avalar

dicho requerimiento.

Recientemente

establecimos

que

independientemente

de

que el querellado haya indemnizado a su cliente por los

daños causados, ello no lo exime de la violación ética

incurrida.

Véase,

In

re

Verdejo

Roque,

La

supra.

responsabilidad civil que surge del incumplimiento de las

obligaciones de un abogado para con su cliente, es separada

e independiente del proceso disciplinario por infracción al

Código Profesional de Ética. Véase, In re Verdejo Roque,

supra. Si bien es cierto que el resarcimiento al cliente

como

resultado

puede

ser

un

de

una

acción

atenuante,

por

ello

impericia

no

profesional

precluye

nuestra

jurisdicción disciplinaria. Véase, In re Pagán Ayala, 117

D.P.R.

180

(1986);

In

re

Verdejo

Roque,

supra;

In

re

Laborde Freyre, res. el 12 de julio de 1999, 99 TSPR 124.

Por último, cabe señalar que en su escrito ante nos la

licenciada

Rodríguez

Villalba

señaló

que

desde

que

fue

admitida al ejercicio de la abogacía nunca ha presentado

problemas disciplinarios, ni se ha puesto en entredicho su

AB-2002-137

10

conducta profesional. (Énfasis nuestro). No obstante, del

expediente

personal

de

la

licenciada

Rodríguez

Villalba

claramente surge que, el 14 de marzo de 1985 fue suspendida

por

tres

(3)

meses

del

ejercicio

de

la

notaría,

precisamente por incumplir las órdenes de este Tribunal.

En el caso de autos, el resarcimiento de la licenciada

Rodríguez Villalba a su cliente por los daños sufridos, no

es motivo suficiente para librarla de nuestra sanción. Su

conducta en el caso de autos es inexcusable y amerita una

suspensión temporera del ejercicio de la abogacía.

Por las razones antes expuestas, y a la luz de los

Cánones

12,

18

y

19

de

Ética

Profesional,

supra,

se

suspende a la licenciada Rodríguez Villalba del ejercicio

de la abogacía por un período de un (1) mes.

En atención a lo anterior, se ordena a la querellada

de

epígrafe

inhabilidad

notificar

de

a

seguir

todos

sus

clientes

representándolos

e

de

su

informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos del país. Deberá además, certificar ante

nos,

dentro

del

término

de

treinta

(30)

cumplimiento con estos deberes.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

días,

su

AB-2002-137

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lourdes Rodríguez Villalba

AB-2002-137

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2003.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte integral de la presente, se suspende a la

licenciada Rodríguez Villalba del ejercicio de la

abogacía por un período de un (1) mes.

En atención a lo anterior, se ordena a la

querellada de epígrafe notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

de

seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos

del

país.

Deberá

además,

certificar ante nos, dentro del término de

treinta (30) días, su cumplimiento con estos

deberes.

Así lo pronunció, manda el Tribunal

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Patricia Otón Olivieri

Secretaria del Tribunal Supremo

y