Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Gómez Miranda
2005 TSPR 185
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Gómez Miranda
CC-2004-0706
Procedimiento Criminal-Reglas 247 y 64: Circustancias en que la solicitud de archivo del M inisterio Público no impide nuevo proceso por los mismos hechos.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2005 TSPR 185
Pablo A. Gómez Miranda
166 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2004-706
Fecha: 8 de diciembre de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Juez Ponente:
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Oficina del Procurador General:
Lcda. Eva S. Soto Castelló
Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Salvador J. Antonetti Sttutts
Procurador General
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Alberto Negrón Negrón
Lcdo. Victor M. Marrero Torres
Materia: Infr. Art. 95 C.P.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2004-706
Certiorari
Pablo A. Gómez Miranda
Recurrido
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 2005.
Nos corresponde determinar si, a la luz
de las circunstancias excepcionales que dieron
lugar a la controversia que nos concierne, el
Ministerio
Público
tiene
autoridad
para
solicitar el archivo de una acusación sin que
ello sea un impedimento para un nuevo proceso.
I
En abril de 2003 el Tribunal de Primera
Instancia
determinó
causa
probable
para
arresto contra el Sr. Pablo A. Gómez Miranda
(en adelante, Gómez Miranda) por el delito de
agresión agravada en su modalidad menos grave.
CC-2004-706
2
Art. 95 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4032.
Posteriormente,
Rico
distinto
al
un
miembro
de
que
llevó
a
la
cabo
Policía
la
de
Puerto
investigación
original, reexaminó el caso. Dicha investigación reveló que
Gómez Miranda es profesor en la Escuela Walter Mck. Jones
de Villalba y que la víctima era su alumno. En vista de lo
anterior,
contra
el
Ministerio
Público
presentó
una
denuncia
Gómez Miranda por el delito grave de “negligencia
institucional” tipificado en el Art. 53 de la Ley Núm. 342
de 1999, 8 L.P.R.A. sec. 443 (r), mejor conocida como la
“Ley
para
el
Amparo
a
Menores
en
el
Siglo
XXI”. 1
No
obstante, una vez presentada la denuncia correspondiente,
el
foro
de
instancia
determinó
causa
para
arresto
por
agresión agravada en su modalidad grave 2 en lugar de por el
delito de negligencia institucional.
Llegado el día en que debía celebrarse el juicio en su
fondo del primer caso, el cual era por delito menos grave,
el Ministerio Público solicitó el archivo del mismo para
continuar con la acción penal iniciada en el segundo caso,
el cual era por delito grave. Mientras esto ocurría, la
defensa permaneció en silencio a pesar de que conocía que
1
Como parte de dicha investigación, el niño perjudicado
declaró, en síntesis, que su maestro,
Gómez Miranda, le
pegó en la espalda porque él se sentó en el piso. Señaló,
además, que se sentó “porque estaba cansado”. Por último,
el niño declaró que luego de pegarle Gómez Miranda le dijo
“y ahora díselo a tus padres”.
2
La determinación de causa en el foro de instancia se
fundamentó en el inciso (d) del Artículo 95 del Código
Penal de 1974 el cual preceptúa, en lo pertinente, que el
delito de agresión agravada se considerará grave “cuando se
cometiere...por un adulto en un niño menor de doce (12)
años”.
CC-2004-706
3
ya estaban pendientes cargos por un delito mayor contra
Gómez Miranda. El Tribunal de Primera Instancia accedió a
lo solicitado por el Ministerio Público en vista de que
“se radicó un caso grave”. Por ende, ordenó el archivo del
primer caso al amparo de la Regla 247 (a) de Procedimiento
Criminal,
bajo
el
entendido
de
que
ello
no
impedía
la
continuación del proceso por delito grave instado en el
segundo caso contra
Así
las
Gómez Miranda.
cosas,
acusación contra
en
el
segundo
caso
se
presentó
Gómez Miranda por el delito de agresión
agravada en su modalidad grave. Oportunamente, la defensa
solicitó la desestimación de la acusación al amparo de la
Regla 247 (d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.
II, R. 247 (d). Alegó, en síntesis, que la desestimación de
la denuncia presentada en contra de Gómez Miranda en el
primer caso impide la continuación de los procedimientos en
el segundo. Ello en virtud de que los hechos imputados en
ambos casos son los mismos. El foro de instancia acogió los
argumentos
de
la
defensa
y
ordenó
el
archivo
y
sobreseimiento de la acusación por agresión agravada en su
modalidad
grave
bajo
la
Regla
el
Ministerio
247
(d)
de
Procedimiento
Criminal.
Inconforme,
Público
acudió
mediante
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la
revocación
de
la
determinación
del
foro
de
instancia.
Argumentó que en situaciones como las del caso de autos lo
que
procede
es
que
el
Ministerio
Público
solicite
el
CC-2004-706
4
archivo de la acción original e inicie otra por los mismos
hechos.
El
foro
apelativo
denegó
expedir
el
auto
solicitado.
Aún inconforme, el Ministerio Público acudió ante nos
mediante
una
revoquemos
petición
tanto
la
de
certiorari
determinación
solicitando
del
Tribunal
que
de
Apelaciones como la del foro de instancia. Expedimos el
auto solicitado. Luego de examinar las comparecencias de
las partes, procedemos a resolver.
II
A.
Para
expresarnos
sobre
la
controversia
que
nos
concierne, es necesario aclarar el significado de la Regla
247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 247.3
Dicha Regla contiene cuatro incisos. El primero regula
lo concerniente a la manera en que el Ministerio Público
puede
solicitar
el
sobreseimiento
de
una
acusación.
El
segundo, por su parte, dispone el proceso mediante el cual
un tribunal puede decretar el archivo de una acusación o
denuncia. El tercero se refiere a las normas que regulan el
archivo de unos cargos contra un acusado para que éste
pueda servir como testigo del Pueblo o de la defensa. El
último
3
apartado
regula
el
efecto
que
tiene
el
La Regla 247 de Procedimiento Criminal regula la forma en
que el Ministerio Público puede solicitar el archivo de una
acusación, el trámite que debe seguir el Tribunal para
archivarla, y el efecto que debe tener el sobreseimiento
del proceso.
CC-2004-706
5
sobreseimiento con relación a la posibilidad de comenzar un
nuevo proceso por los mismos hechos.
En cuanto a este último inciso, hemos expresado que el
archivo
de
una
denuncia
o
acusación
bajo
la
Regla
247
impide un nuevo proceso por los mismos hechos. Pueblo v.
Monge
Sánchez,
establecer
122
dicha
D.P.R.
normativa,
590,
nos
(1988).
Al
reescribir
la
593-594
negamos
a
Regla 247 con el propósito de acoger la tesis avalada por
el Ministerio Público en ese caso de que el inciso (d) de
la Regla no necesariamente impide un nuevo proceso por los
mismos hechos.4 Id.
Conforme a los términos expresos de la misma, la Regla
247
puede
ser
invocada
tanto
a
petición
del
Ministerio
Público como por el tribunal motu proprio. Además, hemos
resuelto que una solicitud del acusado de que se archive
con
impedimento
para
un
nuevo
proceso
al
amparo
de
la
referida regla “es susceptible de ser incorporada en el
ánimo y conciencia del juez, y finalmente proyectarse como
una de instancia propia independientemente del interlocutor
originario
del
pedido.”
Id.
Véase
también
a
Ernesto
L.
Chiesa, supra, en la pág. 274.
4
La teoría del Ministerio Público en ese caso era que el
apartado (d) de la regla debía interpretarse de forma tal
que impida un nuevo proceso sólo cuando el archivo se
ordenase al amparo de la Regla 247 (c). Dicha posición
encuentra apoyo en varios escritos del Profesor Ernesto L.
Chiesa. Véase a Ernesto L. Chiesa Aponte, Efecto de la
Desestimación de la Denuncia o Acusación: Impedimento o no
para un nuevo proceso, 54 Rev. Jur. U.P.R. 495 (1985), y
Ernesto L. Chiesa Aponte, III Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y los Estados Unidos 264-267 (Forum, 1993).
No obstante, como acabamos de señalar, en Monge
Sánchez, explícitamente rechazamos adoptar dicha postura.
CC-2004-706
6
B.
Por otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Criminal
permite
solicitar
denuncia
por
cualesquiera
esbozados.
En
dicha
apropiado
para
la
desestimación,
la
desestimación
Regla
de
se
los
una
los
tanto
de
requisitos
acusación
fundamentos
regula
presentación
como
de
la
que
el
allí
momento
solicitud
debe
o
tener
de
la
moción, y el efecto que tiene que se declare con lugar la
petición.
De otra forma, conforme a lo preceptuado en la Regla
67 de Procedimiento Criminal, una desestimación al amparo
de la Regla 64 usualmente no impide un nuevo proceso por
los mismos hechos. Pueblo v. Carrión Rivera, 2003 T.S.P.R.
98,
res.
el
desestimación
6
de
abril
ordenada
de
bajo
2004.
esta
No
regla
obstante,
impide
un
una
nuevo
proceso en dos instancias, a saber: (1) cuando el defecto u
objeción en que se fundamenta la petición de desestimación
es
insubsanable,
y
(2)
cuando,
tratándose
de
un
delito
menos grave, la moción es declarada con lugar por alguno de
los fundamentos establecidos en la Regla 64(n).
Como
norma
general,
el
mecanismo
de
desestimación
provisto por la Regla 64 sólo está disponible a petición de
la defensa. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63
(1967).
No
pueden
surgir
excepción,
obstante,
se
como
explicaremos
circunstancias
le
debe
a
continuación,
en
las
que,
a
manera
permitir
al
Ministerio
de
Público
CC-2004-706
solicitar
7
la
desestimación
de
la
acusación
mediante
la
referida regla.
C.
En Pueblo v. Monge Sánchez, supra, y en Pueblo v.
Echevarría Rodríguez, 128 D.P.R. 752, (1991), tuvimos la
oportunidad de analizar con detenimiento la interrelación
entre las Reglas 64 y 247 de Procedimiento Criminal. En
ambos
casos
reconocimos
que
la
aplicación
ciega
y
automatizada de los mecanismos de desestimación y archivo
de acusación establecidos en dichas reglas pueden dar lugar
a injusticias.
En
vista
de
lo
anterior,
en
Monge
Sánchez,
supra,
señalamos que un tribunal tiene facultad para ordenar el
sobreseimiento de un caso con impedimento para un nuevo
proceso al amparo de la Regla 247 aún cuando la solicitud
de desestimación fue solicitada por la defensa al amparo de
la Regla 64.
Véase también a Ernesto L. Chiesa Aponte,
supra, en la pág. 272.
Por
avalamos
otro
lado,
en
Echevarría
la
práctica
de
que
en
Rodríguez,
casos
en
supra,
que
sea
patentemente injusto sobreseer la acusación bajo la Regla
247, el Ministerio Público puede, a manera de excepción y
en pro de la justicia, solicitar la desestimación del caso
sin impedimento para un nuevo proceso. Por ello, a petición
del
fiscal,
el
juez
puede
incorporar
a
su
ánimo
y
conciencia que la desestimación solicitada procede conforme
a la Regla 64, a pesar de que, como norma general, esta
CC-2004-706
8
regla sólo puede ser invocada por la defensa.
Véase a
Ernesto L. Chiesa, supra, en la pág. 274.
Debemos recalcar, no obstante, que la interpretación
que en Echevarría Rodríguez, supra, hicimos de la Regla 64
debe entenderse a la luz de los hechos excepcionales que
dieron lugar a dicha controversia. Por esto, nos parece que
un tribunal solo tiene autoridad para acoger una petición
del
Ministerio
Público
de
archivar
una
acusación
sin
perjuicio cuando las particulares circunstancias del caso
reflejan que decretar el archivo con impedimento para un
nuevo proceso resultaría en una gran injusticia.5
A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la
situación que tenemos ante nos.
III
El Ministerio Público alega que, en situaciones como
la
del
caso
de
autos,
lo
procedente
es
que
el
Estado
solicite el archivo de la acción original, sin impedimento
5
Lo potencialmente injusto de la Regla 247 quedó ilustrado
por los hechos fácticos y procesales que dieron lugar al
caso de Pueblo v. Echevarría, supra. Allí señalamos que
declarar el sobreseimiento de la acusación en el referido
caso bajo la Regla 247 hubiese sido “en pro de una
injusticia” pues el asesinato de Vigoreaux hubiese quedado
impune.
Por ello, el foro de instancia accedió a la petición
del fiscal de archivar la acusación sin impedimento para un
nuevo proceso al amparo de la Regla 64 ya que “cualquier
otra interpretación daría al traste con el principio
enunciativo de que tanto las leyes como las Reglas y las
normas jurídicas deberán interpretarse razonablemente,
asegurando que tal interpretación no lleve a resultados
absurdos, de modo que aseguren la tramitación más justa y
económica de todo procedimiento.” Id., en las págs. 786-787
(Op. Concurrente).
CC-2004-706
9
para un nuevo proceso, e inicie otra por los mismos hechos.
Le asiste la razón.
Aquí el Ministerio Público solicitó la desestimación
por
el
delito
menos
grave
en
vista
de
que
la
reinvestigación del caso culminó en la radicación de cargos
por
delito
grave
por
los
mismos
hechos.
El
foro
de
instancia accedió y ordenó el archivo bajo la Regla 247(a).
De entrada, debemos reconocer que el foro de instancia
no
tenía
perjuicio
facultad
en
para
nuevo
un
ley
para
proceso
ordenar
al
el
amparo
archivo
de
la
sin
Regla
247(a). Como hemos señalado, conforme a lo resuelto por
nosotros
en
Monge
Sánchez,
supra,
todo
sobreseimiento
decretado bajo dicha regla es con impedimento para un nuevo
proceso.
A pesar de lo anterior, resulta claro que cuando el
tribunal accedió originalmente a la solicitud del Estado de
archivar la denuncia, el entendido tácito era que ello se
hacía sin perjuicio de continuar la acción por el delito
grave. Esto se desprende del hecho que el foro de instancia
hizo constar en su minuta que “[e]l ministerio público,
luego de hablar con los padres del perjudicado, solicita el
archivo del caso ya que se radicó un caso grave. Se ordena
el archivo del caso por la R. 247(a)”.
En virtud de lo antes expuesto, nos parece que el
tribunal
no
estaba
impedido
de
ordenar
el
archivo
del
primer proceso de la manera en que lo hizo, es decir, sin
perjuicio. Ello porque, como ya hemos señalado, el tribunal
CC-2004-706
a
puede,
10
modo
de
excepción,
acoger
una
solicitud
del
Ministerio Público de archivar una acusación sin perjuicio
cuando las circunstancias del caso claramente revelan que
sería injusto ordenar el archivo con impedimento para un
nuevo proceso.
En
cuanto
a
la
controversia
que
nos
las
ocupa,
actuaciones de la defensa ante el curioso tracto procesal
de
este
pleito
nos
convencen
de
que
sería
injusto
considerar que el archivo decretado en el primer proceso
impedía
la
continuación
segundo.
Nótese
Miranda
en
que
ningún
la
de
los
procedimientos
representación
momento
objetó
a
legal
que
en
de
el
el
Gómez
Ministerio
Público solicitara el sobreseimiento del proceso por delito
menos grave con el fin de continuar con el caso por delito
grave. Del mismo modo, la defensa tampoco objetó en el
momento en que el tribunal accedió al pedido del Ministerio
Público
precisamente
porque
se
había
radicado
un
caso
grave. De otra forma, no es hasta cinco meses después de
presentado el pliego acusatorio por el delito grave que la
defensa presentó la moción de desestimación bajo la Regla
247.
Bajo tales circunstancias, es forzoso concluir que la
defensa
tácitamente
archivara
ello,
sin
impedimento
entendemos
planteamiento
accedió
que
que
Gómez
pudo
a
que
el
para
uno
nuevo.
Miranda
haber
tenido
primer
se
virtud
de
En
renunció
en
proceso
a
contra
cualquier
de
dicho
proceder en el momento en que optó por no objetar el curso
CC-2004-706
de
acción
11
tomado
por
el
foro
de
instancia.
Por
ende,
consideramos que la defensa no podía sostener en el segundo
proceso que el efecto del desistimiento de la fiscalía en
el primer caso fue impedir un nuevo procedimiento por los
mismos hechos cuando cinco meses antes consintió a que se
archivara,
sin
perjuicio,
la
acusación
radicada
en
su
contra.6
Por tales razones, somos del criterio de que erraron
tanto el foro de apelaciones como el foro de instancia al
ordenar el sobreseimiento de la acción por delito grave
contra
Gómez Miranda. Ello porque el tribunal a cargo del
primer proceso ordenó el archivo de la acusación bajo el
entendido
claro
de
procedimiento contra
que
dicha
actuación
no
impedía
otro
Gómez Miranda por los mismos hechos.7
IV
Por
los
fundamentos
anteriormente
revocan
las
determinaciones
tanto
del
expresados,
se
Tribunal
de
6
Resulta claro que la defensa utilizó astutamente la
referida estrategia con el obvio propósito de crear un
obstáculo para impedir el encauzamiento criminal por los
hechos delictivos que se le imputaron al señor Gómez
Miranda.
No podemos avalar dicha actuación. Debemos recordarle
tanto a la defensa como a la fiscalía que “los tribunales
de justicia no existen para dilucidar competencias ni
batallas de talento entre abogados y fiscales, sino que su
propósito cardinal es el descubrimiento de la verdad”. En
atención a lo anterior, en los procesos judiciales “el que
triunfe debe ser aquél a quien le asista la razón; y no el
que pretenda o resulte ser el más listo o el más astuto.”
Pueblo v. Santiago Pérez, 2003 T.S.P.R. 161.
7
En vista de que dicho tribunal no tenía autoridad para
archivar sin impedimento para un nuevo proceso al amparo de
la Regla 247, su dictamen debió acogerse como un decreto de
desestimación sin perjuicio al amparo de la Regla 64.
CC-2004-706
12
Apelaciones como del Tribunal de Primera Instancia, y se
devuelve el caso al foro de instancia para la continuación
del
procedimiento
por
delito
grave
instado
contra
Miranda.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
Gómez
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2004-706
Certiorari
Pablo A. Gómez Miranda
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se revocan las
determinaciones
tanto
del
Tribunal
de
Apelaciones como del Tribunal de Primera
Instancia, y se devuelve el caso al foro de
instancia
para
la
continuación
del
procedimiento por delito grave instado contra
Gómez Miranda.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri
y Rivera Pérez concurren con el resultado sin
opiniones escritas.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo