LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Gómez Miranda

2005 TSPR 185

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo A. Gómez Miranda

CC-2004-0706

Procedimiento Criminal-Reglas 247 y 64: Circustancias en que la solicitud de archivo del M inisterio Público no impide nuevo proceso por los mismos hechos.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2005 TSPR 185

Pablo A. Gómez Miranda

166 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2004-706

Fecha: 8 de diciembre de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce

Juez Ponente:

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Eva S. Soto Castelló

Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Salvador J. Antonetti Sttutts

Procurador General

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Alberto Negrón Negrón

Lcdo. Victor M. Marrero Torres

Materia: Infr. Art. 95 C.P.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2004-706

Certiorari

Pablo A. Gómez Miranda

Recurrido

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 2005.

Nos corresponde determinar si, a la luz

de las circunstancias excepcionales que dieron

lugar a la controversia que nos concierne, el

Ministerio

Público

tiene

autoridad

para

solicitar el archivo de una acusación sin que

ello sea un impedimento para un nuevo proceso.

I

En abril de 2003 el Tribunal de Primera

Instancia

determinó

causa

probable

para

arresto contra el Sr. Pablo A. Gómez Miranda

(en adelante, Gómez Miranda) por el delito de

agresión agravada en su modalidad menos grave.

CC-2004-706

2

Art. 95 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4032.

Posteriormente,

Rico

distinto

al

un

miembro

de

que

llevó

a

la

cabo

Policía

la

de

Puerto

investigación

original, reexaminó el caso. Dicha investigación reveló que

Gómez Miranda es profesor en la Escuela Walter Mck. Jones

de Villalba y que la víctima era su alumno. En vista de lo

anterior,

contra

el

Ministerio

Público

presentó

una

denuncia

Gómez Miranda por el delito grave de “negligencia

institucional” tipificado en el Art. 53 de la Ley Núm. 342

de 1999, 8 L.P.R.A. sec. 443 (r), mejor conocida como la

“Ley

para

el

Amparo

a

Menores

en

el

Siglo

XXI”. 1

No

obstante, una vez presentada la denuncia correspondiente,

el

foro

de

instancia

determinó

causa

para

arresto

por

agresión agravada en su modalidad grave 2 en lugar de por el

delito de negligencia institucional.

Llegado el día en que debía celebrarse el juicio en su

fondo del primer caso, el cual era por delito menos grave,

el Ministerio Público solicitó el archivo del mismo para

continuar con la acción penal iniciada en el segundo caso,

el cual era por delito grave. Mientras esto ocurría, la

defensa permaneció en silencio a pesar de que conocía que

1

Como parte de dicha investigación, el niño perjudicado

declaró, en síntesis, que su maestro,

Gómez Miranda, le

pegó en la espalda porque él se sentó en el piso. Señaló,

además, que se sentó “porque estaba cansado”. Por último,

el niño declaró que luego de pegarle Gómez Miranda le dijo

“y ahora díselo a tus padres”.

2

La determinación de causa en el foro de instancia se

fundamentó en el inciso (d) del Artículo 95 del Código

Penal de 1974 el cual preceptúa, en lo pertinente, que el

delito de agresión agravada se considerará grave “cuando se

cometiere...por un adulto en un niño menor de doce (12)

años”.

CC-2004-706

3

ya estaban pendientes cargos por un delito mayor contra

Gómez Miranda. El Tribunal de Primera Instancia accedió a

lo solicitado por el Ministerio Público en vista de que

“se radicó un caso grave”. Por ende, ordenó el archivo del

primer caso al amparo de la Regla 247 (a) de Procedimiento

Criminal,

bajo

el

entendido

de

que

ello

no

impedía

la

continuación del proceso por delito grave instado en el

segundo caso contra

Así

las

Gómez Miranda.

cosas,

acusación contra

en

el

segundo

caso

se

presentó

Gómez Miranda por el delito de agresión

agravada en su modalidad grave. Oportunamente, la defensa

solicitó la desestimación de la acusación al amparo de la

Regla 247 (d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II, R. 247 (d). Alegó, en síntesis, que la desestimación de

la denuncia presentada en contra de Gómez Miranda en el

primer caso impide la continuación de los procedimientos en

el segundo. Ello en virtud de que los hechos imputados en

ambos casos son los mismos. El foro de instancia acogió los

argumentos

de

la

defensa

y

ordenó

el

archivo

y

sobreseimiento de la acusación por agresión agravada en su

modalidad

grave

bajo

la

Regla

el

Ministerio

247

(d)

de

Procedimiento

Criminal.

Inconforme,

Público

acudió

mediante

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la

revocación

de

la

determinación

del

foro

de

instancia.

Argumentó que en situaciones como las del caso de autos lo

que

procede

es

que

el

Ministerio

Público

solicite

el

CC-2004-706

4

archivo de la acción original e inicie otra por los mismos

hechos.

El

foro

apelativo

denegó

expedir

el

auto

solicitado.

Aún inconforme, el Ministerio Público acudió ante nos

mediante

una

revoquemos

petición

tanto

la

de

certiorari

determinación

solicitando

del

Tribunal

que

de

Apelaciones como la del foro de instancia. Expedimos el

auto solicitado. Luego de examinar las comparecencias de

las partes, procedemos a resolver.

II

A.

Para

expresarnos

sobre

la

controversia

que

nos

concierne, es necesario aclarar el significado de la Regla

247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 247.3

Dicha Regla contiene cuatro incisos. El primero regula

lo concerniente a la manera en que el Ministerio Público

puede

solicitar

el

sobreseimiento

de

una

acusación.

El

segundo, por su parte, dispone el proceso mediante el cual

un tribunal puede decretar el archivo de una acusación o

denuncia. El tercero se refiere a las normas que regulan el

archivo de unos cargos contra un acusado para que éste

pueda servir como testigo del Pueblo o de la defensa. El

último

3

apartado

regula

el

efecto

que

tiene

el

La Regla 247 de Procedimiento Criminal regula la forma en

que el Ministerio Público puede solicitar el archivo de una

acusación, el trámite que debe seguir el Tribunal para

archivarla, y el efecto que debe tener el sobreseimiento

del proceso.

CC-2004-706

5

sobreseimiento con relación a la posibilidad de comenzar un

nuevo proceso por los mismos hechos.

En cuanto a este último inciso, hemos expresado que el

archivo

de

una

denuncia

o

acusación

bajo

la

Regla

247

impide un nuevo proceso por los mismos hechos. Pueblo v.

Monge

Sánchez,

establecer

122

dicha

D.P.R.

normativa,

590,

nos

(1988).

Al

reescribir

la

593-594

negamos

a

Regla 247 con el propósito de acoger la tesis avalada por

el Ministerio Público en ese caso de que el inciso (d) de

la Regla no necesariamente impide un nuevo proceso por los

mismos hechos.4 Id.

Conforme a los términos expresos de la misma, la Regla

247

puede

ser

invocada

tanto

a

petición

del

Ministerio

Público como por el tribunal motu proprio. Además, hemos

resuelto que una solicitud del acusado de que se archive

con

impedimento

para

un

nuevo

proceso

al

amparo

de

la

referida regla “es susceptible de ser incorporada en el

ánimo y conciencia del juez, y finalmente proyectarse como

una de instancia propia independientemente del interlocutor

originario

del

pedido.”

Id.

Véase

también

a

Ernesto

L.

Chiesa, supra, en la pág. 274.

4

La teoría del Ministerio Público en ese caso era que el

apartado (d) de la regla debía interpretarse de forma tal

que impida un nuevo proceso sólo cuando el archivo se

ordenase al amparo de la Regla 247 (c). Dicha posición

encuentra apoyo en varios escritos del Profesor Ernesto L.

Chiesa. Véase a Ernesto L. Chiesa Aponte, Efecto de la

Desestimación de la Denuncia o Acusación: Impedimento o no

para un nuevo proceso, 54 Rev. Jur. U.P.R. 495 (1985), y

Ernesto L. Chiesa Aponte, III Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y los Estados Unidos 264-267 (Forum, 1993).

No obstante, como acabamos de señalar, en Monge

Sánchez, explícitamente rechazamos adoptar dicha postura.

CC-2004-706

6

B.

Por otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Criminal

permite

solicitar

denuncia

por

cualesquiera

esbozados.

En

dicha

apropiado

para

la

desestimación,

la

desestimación

Regla

de

se

los

una

los

tanto

de

requisitos

acusación

fundamentos

regula

presentación

como

de

la

que

el

allí

momento

solicitud

debe

o

tener

de

la

moción, y el efecto que tiene que se declare con lugar la

petición.

De otra forma, conforme a lo preceptuado en la Regla

67 de Procedimiento Criminal, una desestimación al amparo

de la Regla 64 usualmente no impide un nuevo proceso por

los mismos hechos. Pueblo v. Carrión Rivera, 2003 T.S.P.R.

98,

res.

el

desestimación

6

de

abril

ordenada

de

bajo

2004.

esta

No

regla

obstante,

impide

un

una

nuevo

proceso en dos instancias, a saber: (1) cuando el defecto u

objeción en que se fundamenta la petición de desestimación

es

insubsanable,

y

(2)

cuando,

tratándose

de

un

delito

menos grave, la moción es declarada con lugar por alguno de

los fundamentos establecidos en la Regla 64(n).

Como

norma

general,

el

mecanismo

de

desestimación

provisto por la Regla 64 sólo está disponible a petición de

la defensa. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63

(1967).

No

pueden

surgir

excepción,

obstante,

se

como

explicaremos

circunstancias

le

debe

a

continuación,

en

las

que,

a

manera

permitir

al

Ministerio

de

Público

CC-2004-706

solicitar

7

la

desestimación

de

la

acusación

mediante

la

referida regla.

C.

En Pueblo v. Monge Sánchez, supra, y en Pueblo v.

Echevarría Rodríguez, 128 D.P.R. 752, (1991), tuvimos la

oportunidad de analizar con detenimiento la interrelación

entre las Reglas 64 y 247 de Procedimiento Criminal. En

ambos

casos

reconocimos

que

la

aplicación

ciega

y

automatizada de los mecanismos de desestimación y archivo

de acusación establecidos en dichas reglas pueden dar lugar

a injusticias.

En

vista

de

lo

anterior,

en

Monge

Sánchez,

supra,

señalamos que un tribunal tiene facultad para ordenar el

sobreseimiento de un caso con impedimento para un nuevo

proceso al amparo de la Regla 247 aún cuando la solicitud

de desestimación fue solicitada por la defensa al amparo de

la Regla 64.

Véase también a Ernesto L. Chiesa Aponte,

supra, en la pág. 272.

Por

avalamos

otro

lado,

en

Echevarría

la

práctica

de

que

en

Rodríguez,

casos

en

supra,

que

sea

patentemente injusto sobreseer la acusación bajo la Regla

247, el Ministerio Público puede, a manera de excepción y

en pro de la justicia, solicitar la desestimación del caso

sin impedimento para un nuevo proceso. Por ello, a petición

del

fiscal,

el

juez

puede

incorporar

a

su

ánimo

y

conciencia que la desestimación solicitada procede conforme

a la Regla 64, a pesar de que, como norma general, esta

CC-2004-706

8

regla sólo puede ser invocada por la defensa.

Véase a

Ernesto L. Chiesa, supra, en la pág. 274.

Debemos recalcar, no obstante, que la interpretación

que en Echevarría Rodríguez, supra, hicimos de la Regla 64

debe entenderse a la luz de los hechos excepcionales que

dieron lugar a dicha controversia. Por esto, nos parece que

un tribunal solo tiene autoridad para acoger una petición

del

Ministerio

Público

de

archivar

una

acusación

sin

perjuicio cuando las particulares circunstancias del caso

reflejan que decretar el archivo con impedimento para un

nuevo proceso resultaría en una gran injusticia.5

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la

situación que tenemos ante nos.

III

El Ministerio Público alega que, en situaciones como

la

del

caso

de

autos,

lo

procedente

es

que

el

Estado

solicite el archivo de la acción original, sin impedimento

5

Lo potencialmente injusto de la Regla 247 quedó ilustrado

por los hechos fácticos y procesales que dieron lugar al

caso de Pueblo v. Echevarría, supra. Allí señalamos que

declarar el sobreseimiento de la acusación en el referido

caso bajo la Regla 247 hubiese sido “en pro de una

injusticia” pues el asesinato de Vigoreaux hubiese quedado

impune.

Por ello, el foro de instancia accedió a la petición

del fiscal de archivar la acusación sin impedimento para un

nuevo proceso al amparo de la Regla 64 ya que “cualquier

otra interpretación daría al traste con el principio

enunciativo de que tanto las leyes como las Reglas y las

normas jurídicas deberán interpretarse razonablemente,

asegurando que tal interpretación no lleve a resultados

absurdos, de modo que aseguren la tramitación más justa y

económica de todo procedimiento.” Id., en las págs. 786-787

(Op. Concurrente).

CC-2004-706

9

para un nuevo proceso, e inicie otra por los mismos hechos.

Le asiste la razón.

Aquí el Ministerio Público solicitó la desestimación

por

el

delito

menos

grave

en

vista

de

que

la

reinvestigación del caso culminó en la radicación de cargos

por

delito

grave

por

los

mismos

hechos.

El

foro

de

instancia accedió y ordenó el archivo bajo la Regla 247(a).

De entrada, debemos reconocer que el foro de instancia

no

tenía

perjuicio

facultad

en

para

nuevo

un

ley

para

proceso

ordenar

al

el

amparo

archivo

de

la

sin

Regla

247(a). Como hemos señalado, conforme a lo resuelto por

nosotros

en

Monge

Sánchez,

supra,

todo

sobreseimiento

decretado bajo dicha regla es con impedimento para un nuevo

proceso.

A pesar de lo anterior, resulta claro que cuando el

tribunal accedió originalmente a la solicitud del Estado de

archivar la denuncia, el entendido tácito era que ello se

hacía sin perjuicio de continuar la acción por el delito

grave. Esto se desprende del hecho que el foro de instancia

hizo constar en su minuta que “[e]l ministerio público,

luego de hablar con los padres del perjudicado, solicita el

archivo del caso ya que se radicó un caso grave. Se ordena

el archivo del caso por la R. 247(a)”.

En virtud de lo antes expuesto, nos parece que el

tribunal

no

estaba

impedido

de

ordenar

el

archivo

del

primer proceso de la manera en que lo hizo, es decir, sin

perjuicio. Ello porque, como ya hemos señalado, el tribunal

CC-2004-706

a

puede,

10

modo

de

excepción,

acoger

una

solicitud

del

Ministerio Público de archivar una acusación sin perjuicio

cuando las circunstancias del caso claramente revelan que

sería injusto ordenar el archivo con impedimento para un

nuevo proceso.

En

cuanto

a

la

controversia

que

nos

las

ocupa,

actuaciones de la defensa ante el curioso tracto procesal

de

este

pleito

nos

convencen

de

que

sería

injusto

considerar que el archivo decretado en el primer proceso

impedía

la

continuación

segundo.

Nótese

Miranda

en

que

ningún

la

de

los

procedimientos

representación

momento

objetó

a

legal

que

en

de

el

el

Gómez

Ministerio

Público solicitara el sobreseimiento del proceso por delito

menos grave con el fin de continuar con el caso por delito

grave. Del mismo modo, la defensa tampoco objetó en el

momento en que el tribunal accedió al pedido del Ministerio

Público

precisamente

porque

se

había

radicado

un

caso

grave. De otra forma, no es hasta cinco meses después de

presentado el pliego acusatorio por el delito grave que la

defensa presentó la moción de desestimación bajo la Regla

247.

Bajo tales circunstancias, es forzoso concluir que la

defensa

tácitamente

archivara

ello,

sin

impedimento

entendemos

planteamiento

accedió

que

que

Gómez

pudo

a

que

el

para

uno

nuevo.

Miranda

haber

tenido

primer

se

virtud

de

En

renunció

en

proceso

a

contra

cualquier

de

dicho

proceder en el momento en que optó por no objetar el curso

CC-2004-706

de

acción

11

tomado

por

el

foro

de

instancia.

Por

ende,

consideramos que la defensa no podía sostener en el segundo

proceso que el efecto del desistimiento de la fiscalía en

el primer caso fue impedir un nuevo procedimiento por los

mismos hechos cuando cinco meses antes consintió a que se

archivara,

sin

perjuicio,

la

acusación

radicada

en

su

contra.6

Por tales razones, somos del criterio de que erraron

tanto el foro de apelaciones como el foro de instancia al

ordenar el sobreseimiento de la acción por delito grave

contra

Gómez Miranda. Ello porque el tribunal a cargo del

primer proceso ordenó el archivo de la acusación bajo el

entendido

claro

de

procedimiento contra

que

dicha

actuación

no

impedía

otro

Gómez Miranda por los mismos hechos.7

IV

Por

los

fundamentos

anteriormente

revocan

las

determinaciones

tanto

del

expresados,

se

Tribunal

de

6

Resulta claro que la defensa utilizó astutamente la

referida estrategia con el obvio propósito de crear un

obstáculo para impedir el encauzamiento criminal por los

hechos delictivos que se le imputaron al señor Gómez

Miranda.

No podemos avalar dicha actuación. Debemos recordarle

tanto a la defensa como a la fiscalía que “los tribunales

de justicia no existen para dilucidar competencias ni

batallas de talento entre abogados y fiscales, sino que su

propósito cardinal es el descubrimiento de la verdad”. En

atención a lo anterior, en los procesos judiciales “el que

triunfe debe ser aquél a quien le asista la razón; y no el

que pretenda o resulte ser el más listo o el más astuto.”

Pueblo v. Santiago Pérez, 2003 T.S.P.R. 161.

7

En vista de que dicho tribunal no tenía autoridad para

archivar sin impedimento para un nuevo proceso al amparo de

la Regla 247, su dictamen debió acogerse como un decreto de

desestimación sin perjuicio al amparo de la Regla 64.

CC-2004-706

12

Apelaciones como del Tribunal de Primera Instancia, y se

devuelve el caso al foro de instancia para la continuación

del

procedimiento

por

delito

grave

instado

contra

Miranda.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

Gómez

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2004-706

Certiorari

Pablo A. Gómez Miranda

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 8 de diciembre de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se revocan las

determinaciones

tanto

del

Tribunal

de

Apelaciones como del Tribunal de Primera

Instancia, y se devuelve el caso al foro de

instancia

para

la

continuación

del

procedimiento por delito grave instado contra

Gómez Miranda.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Los Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri

y Rivera Pérez concurren con el resultado sin

opiniones escritas.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo