LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José Meléndez Figueroa

2005 TSPR 177

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José Meléndez Figueroa

CP-2003-0007

15 de noviembre de 2005 · Conducta Profesional: Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por violación a los Cánones 25, 35 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 177

José Meléndez Figueroa

166 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-7

Fecha: 15 de noviembre de 2005

Oficina del Procurador General:

.

Lcda. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Querellado:

Lcdo. Pedro Colton Fontán

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 22 de noviembre de 2005

fecha en que se le notificó al abogado de suspensión

inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2003-7

José Meléndez Figueroa

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2005.

El

licenciado

José

Meléndez

Figueroa

fue

admitido el 28 de mayo de 1976 a la práctica de

la abogacía en Puerto Rico.

El 16 de diciembre

de 1976, fue autorizado a ejercer la notaria.

La señora Norma E. Morales Lugo contrató el

9 de enero de 1992 al licenciado José Meléndez

Figueroa para los trámites relacionados con la

petición

de

declaratoria

de

herederos

de

su

fenecido esposo, señor William Muñoz Pagán, ante

el Tribunal de Primera Instancia y la eventual

inscripción de la Resolución correspondiente en

el Registro de la Propiedad.

La señora Morales

expidió tres cheques a favor del querellado, por

las sumas de $1,500, $950 y $75 respectivamente.

2

CP-2003-7

La

petición

de

declaratoria

de

herederos

nunca

querellado

al

Tribunal

de

presentada

por

Instancia.

Luego de varios años de espera, el trabajo

encomendado

al

Morales

solicitó

le

expediente

para

el

fue

querellado

al

no

fue

querellado

contratar

otro

realizado.

que

le

abogado.

Primera

La

señora

devolviera

el

Al

el

recibir

reclamo de la devolución del expediente, el querellado optó

por presentar una demanda contra la quejosa en cobro de

dinero ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de

San

Juan.

Alegó

que

la

señora

Morales

le

adeudaba

$5,000 por concepto de un préstamo que él le otorgó el 7 de

mayo

de

1994.

Presentó

como

evidencia,

un

documento

alegadamente firmado por la señora Morales, del cual surge

un acuse de recibo de su parte por dicha suma de dinero.

Presentó además, otro documento pretendiendo demostrar la

existencia de un préstamo anterior por la suma de $3,000,

otorgado por él a la señora Morales.

El querellado alegó

que los cheques de $1,500 y el de $950 que emitiera la

señora

Morales

honorarios

préstamo

de

de

a

su

abogado

$3,000,

nombre,

no

era

sino

como

pago

que

fue

saldado

mediante otros pagos en efectivo.

para

el

pago

de

parcial

de

ese

en

su

totalidad

El préstamo de $5,000,

alegó el querellado, no había sido satisfecho por la señora

Morales.

Los dos (2) referidos documentos presentados por

el querellado, como prueba de que la señora Morales recibió

de él ambas sumas de dinero en concepto de préstamo, son

copias.

Alegadamente fueron firmados los originales por

ella.

El querellado alegó ante el Tribunal de Primera

3

CP-2003-7

Instancia,

en

su

demanda

originales

de

esos

de

documentos

cobro

de

fueron

dinero,

que

los

sustraídos

por

la

señora Morales al inspeccionar su expediente en la oficina

de él cuando fue a buscarlo, con el propósito de contratar

otro abogado.

Pons,

quien

realizar

La señora Morales y el señor Jaime Ramírez

la

la

acompañó

a

inspección

la

del

oficina

del

expediente,

querellado

a

negaron

la

existencia de los referidos documentos y su sustracción.

Procedieron

a

dejar

el

expediente

en

la

oficina

del

querellado hasta que él estuviera presente.

La señora Morales contestó la demanda presentada por el

querellado

en

su

contra

y

reconvino

reclamando

daños

y

perjuicios por sufrimientos y angustias mentales causadas

por el querellado.

El pleito trabado fue transigido; el

aquí querellado desistió de su demanda en cobro de dinero y

se obligó a pagar la suma de $15,000 por concepto de los

daños y perjuicios reclamados por la señora Morales en su

reconvención.

señora

El querellado le hizo un pago de $3,000 a la

Morales

remanente.

por

tal

concepto

y

no

satisfizo

el

Alegó que la señora Morales le había condonado

tal deuda porque lo único que ella interesaba era quitarle

su

título

de

abogado.

Ella

negó

bajo

juramento

esa

alegación.

La señora Morales al presentar su queja, ante nos, alegó

que la conducta del querellado le causó daños económicos y

emocionales innecesarios, ocultando la verdad, presentando

documentos falsos y creando una acción de cobro de dinero

fraudulenta.

4

CP-2003-7

El 13 de julio de 2002, el Procurador General presentó su

informe en torno a la conducta del querellado, en virtud

del cual le ordenamos la presentación de querella, la cual

fue

formulada

el

12

de

marzo

de

2003.

Se

formularon,

contra el querellado, los cargos siguientes:

CARGO 1

El Lic. José Meléndez Figueroa violó los

principios establecidos por el Criterio General que

regula

los

deberes

del

abogado

para

con

los

tribunales, específicamente aquellas disposiciones

que obligan a todo abogado a velar por la buena

marcha del proceso judicial del país y la calidad de

la justicia que en éstos se imparte.

CARGO 2

El Lic. José Meléndez Figuroa [sic] violentó las

disposiciones del Canon 18 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, el cual, entre otras cosas, obliga a

todo

abogado

a

no

asumir

una

representación

profesional cuando está consciente de que no pude

rendir una labor idónea competente y que no pueda

prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos

o demoras irrazonables a su cliente o a la

administración de la justicia.

CARGO 3

El Lic. José Meléndez Figueroa violentó el Canon

25 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual,

entre otras cosas, obliga a todo abogado a evitar

controversias con sus clientes con respecto a la

compensación recibida por éstos.

CARGO 4

El Lic. José Meléndez Figueroa violentó el Canon

35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35, el

cual entre otras cosas, obliga a todo abogado a que

su conducta tanto ante los tribunales, para con sus

representados y en las relaciones con sus compañeros

sea sincera y honrada.

CARGO 5

El Lic. José Meléndez Figueroa violentó el Canon

38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, el

cual, entre otras cosas, obliga a todo abogado a

5

CP-2003-7

esforzarse

al

máximo

de

su

capacidad,

en

la

exaltación del honor y dignidad de su profesión y a

evitar hasta la apariencia de conducta profesional

impropia.

El 11 de abril de 2003, designamos al licenciado Eli

B. Arroyo como Comisionado Especial.

El 14 de mayo de 2004

concedimos

la

Comisionado

solicitada

por

inhibición

el

como

licenciado

Arroyo

y

Especial

designamos

sustitución al licenciado José Alberto Morales.

en

su

Después de

evaluar los escritos de las partes y la prueba presentada,

el Comisionado Especial rindió su informe, con fecha del 15

de marzo de 2005, formulando sus determinaciones de hechos

al dirimir los conflictos de prueba.

Examinado y evaluado

dicho informe y la réplica presentada por el querellado,

así como todos los documentos del expediente, atendemos y

resolvemos este asunto.

I

El criterio general de los deberes del abogado para sus

clientes reside en que la relación de abogado y cliente

debe fundamentarse en la absoluta confianza.

Sujeto a las

exigencias que surgen de las obligaciones del abogado para

con la sociedad, las leyes y los tribunales, todo miembro

del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional

caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad

y la más completa honradez. El abogado debe poner todo su

empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión profesional

y no debe dejar de cumplir con su deber por temor a perder

6

CP-2003-7

el

favor

judicial

o

por

miedo

a

perder

la

estimación

popular.1

El

Canon

impropio

18

de

de

un

Ética

Profesional

abogado

asumir

dispone

una

que

será

representación

profesional cuando está consciente de que no puede rendir

una

labor

idónea

adecuadamente

irrazonables

justicia.

cliente

sin

a

su

competente

y

que

apareje

ello

cliente

o

a

que

la

no

puede

gastos

prepararse

o

administración

demoras

de

la

Es deber del abogado defender los intereses del

diligentemente,

desplegando

en

cada

caso

su

más

profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que

la

profesión

jurídica

en

general

estima

adecuada

y

responsable.2

Reiteradamente, hemos expresado que todo miembro de la

profesión legal tiene el deber de defender los intereses de

sus clientes con un trato profesional caracterizado por la

mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la

más completa honradez.3

El Comisionado Especial concluyó que el querellado fue

contratado para presentar una petición de declaración de

herederos y llevar a cabo el trámite dirigido a la emisión

_________________________

1

Parte III Deberes del Abogado para con sus clientes,

Artículo

18,

criterio

general,

Cánones

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A., Ap. IX.

2

3

Íd, C. 18.

In re Martínez Miranda, res. 18 de septiembre de 2003, 160

D.P.R.___ (2003), 2003 J.T.S. 146, pág. 140; In re Grau

Díaz, res. 1 de mayo de 2001, 154 D.P.R. ___(2001), 2001

J.T.S 70, págs. 1253-1254; In re Aguila López, res. 27 de

septiembre de 2000, 152 D.P.R. ___(2000), 2000 J.T.S. 178,

págs. 381-382.

7

CP-2003-7

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

de

la

resolución

correspondiente, incluyendo su inscripción en el Registro

de la Propiedad.

Determinó que el querellado no cumplió

tal encomienda con responsabilidad y efectividad, pues la

petición de declaración de herederos nunca fue presentada

formalmente al Tribunal de Primera Instancia.

Concluyó,

además,

que

la

firma

que

aparecía

en

los

documentos presentados por el querellado, para evidenciar

que

él

le

había

otorgado

unos

préstamos,

a

la

señora

Morales no eran confiables.

Sostenido sobre esos documentos, el querellado presentó

una

demanda

de

cobro

de

dinero

contra

su

cliente

por

concepto de un alegado préstamo, cuando ésta le reclamaba

le devolviera los honorarios de abogado por ella pagados,

por

él

no

haber

realizado

la

labor

correspondiente.

Determinó que el querellado no actuó con lealtad y honradez

con su cliente.

No hay duda que la conducta del querellado

quebrantó la relación de fiducia que debe existir en la

relación de cada abogado con su cliente.

El Canon 35 de Ética Profesional prescribe el deber de

sinceridad

y

tribunales,

sus

compañeros

de

honradez

de

clientes

profesión.

y

los

abogados

en

sus

No

es

para

con

los

relaciones

con

los

honrado

el

sincero

ni

utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad, ni

se debe inducir al juzgador a error, utilizando artificios

o una falsa relación de los hechos.4

_________________________

4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 35.

4

8

CP-2003-7

Todo abogado tiene la ineludible obligación de ajustarse

a

la

fidelidad

profesional

de

como

los

en

hechos,

sus

tanto

gestiones

en

su

gestión

personales.

Hemos

señalado que el deber de sinceridad y honradez que impone

la referida norma ética, cobija aquellas actuaciones de un

abogado en las que, actuando como ciudadano común, pretende

realizar actos o negocios de trascendencia jurídica.

La

verdad es un atributo inseparable del ser abogado y, sin la

misma,

no

podría

existencia. 5

la

profesión

jurídica

justificar

su

El abogado que promueve una prueba falsa ante

un tribunal, falta gravemente al deber y obligación del

Canon 35, supra, de actuar con integridad ante los foros

judiciales. 6

Dicha normativa le impone a los abogados el

deber de observar una conducta no sólo en la tramitación de

los

pleitos,

sino

también

en

toda

faceta

en

que

se

desempeñen.7

Hemos rechazado y condenado la participación consciente

de un abogado, ya fuere como funcionario o parte, en el

asesoramiento,

simulado.

redacción

u

otorgamiento

de

un

documento

Lo simulado, sinónimo de falso y fingido, en

_________________________

5

In

re

Sepúlveda

Girón,

res.

24

de

2001,___D.P.R.___, 2001 J.T.S. 156, pág. 385.

6

In re Currás Ortiz, 141 D.P.R. 399 (1996).

7

In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685 (1999).

octubre

de

9

CP-2003-7

esencia es contrario a la verdad, virtud que constituye el

ideal

más

alto

al

cual

debemos

aspirar

en

nuestra

comunidad, que se rige al amparo del imperio de la ley.8

El Comisionado Especial concluyó que el querellado mintió

sobre el alegado préstamo de cinco mil dólares ($5000); que

falsificó o permitió que se falsificaran documentos para

comprobar la existencia del mismo; que presentó una demanda

de cobro de dinero contra una cliente suya basada en hechos

falsos.

Determinó,

que

ante

la

falsedad

de

las

aseveraciones formuladas por el querellado en su demanda de

cobro

de

dinero,

transacción

terminó

obligándose

a

suscribiendo

compensar

a

un

su

contrato

cliente,

de

aquí

quejosa, por los daños causados.

El

Canon

25

controversias

de

de

Ética

los

profesional

abogados

con

dispone

sus

que

las

clientes,

con

respecto a la compensación por su trabajo, deben evitarse

por el abogado en todo lo que sea compatible con el respeto

a

si

mismo

y

con

el

derecho

que

tenga

a

recibir

una

compensación razonable por los servicios prestados.9

El querellado entabló una controversia con su cliente

sobre la devolución de unos honorarios de abogado por no

haber realizado la labor que se comprometió a realizar.

Para evitar devolver los honorarios de abogados recibidos

presentó una demanda de cobro de dinero contra su cliente,

_________________________

8

In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339

(1987); In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1875).

9

4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 25.

10

CP-2003-7

sostenidas

las

alegaciones

en

una

evidencia

documental

falsa.

El Canon 38 de Ética Profesional dispone que el abogado

deberá

esforzarse,

al

máximo

de

su

capacidad,

en

la

exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque al

así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta profesional impropia.10

La apariencia de conducta impropia puede resultar muy

perniciosa

al

instituciones

clientes

respeto

de

la

ciudadanía

por

sus

justicia

y

por

la

que

los

apariencia

de

de

depositan

en

sus

abogados.

confianza

La

conducta impropia o conflicto de intereses puede tener un

efecto tan dañino sobre la imagen, confianza y respeto al

público

por

ética.

No

su

gobierno,

obstante,

la

como

la

apariencia

verdadera

de

impropiedad

conducta

impropia

tiene que sostenerse sobre la fuerte impresión que se da al

público de la violación efectiva de alguno de los Cánones

de

Ética

Profesional.

Ciertamente

la

conducta

del

querellado constituye, en la realidad y en apariencia, una

impropia conforme al Canon 38, supra. El comportamiento del

querellado atentó contra la relación de fiducia idónea de

toda

relación

abogado

cliente.

Perjudicó,

además,

el

respeto y la confianza del pueblo en nuestro sistema de

gobierno.

El querellado no veló por la buena marcha del

_________________________

Íd., C. 38.

10

11

CP-2003-7

proceso judicial y la calidad de la justicia que se imparte

en Puerto Rico.11

Concluimos

violatoria

de

que

el

querellado

las

normas

éticas,

incurrió

en

imputada

en

conducta

todos

los

cargos formulados por el Procurador General.

II

Por los fundamentos antes expuestos, se le impone al

querellado,

como

sanción

disciplinaria,

la

suspensión

indefinida e inmediata de la profesión de abogado y la

notaría.

Le imponemos a éste el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

informar

oportunamente

de

su

de

seguir

suspensión

representándolos

indefinida

a

e

los

foros judiciales y administrativos del País. Deberá, además,

certificarnos

dentro

del

término

de

treinta

(30)

días

a

partir de su notificación, el cumplimiento de estos deberes,

notificando también al Procurador General.

Notifíquese personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

_________________________

In re Sepúlveda de Girón, supra.

11

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2003-7

José Meléndez Figueroa

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se le impone al

querellado,

como

sanción

disciplinaria,

la

suspensión indefinida e inmediata de la profesión

de abogado y la notaría.

Le imponemos a éste el deber de notificar a

todos sus clientes de su inhabilidad de seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión indefinida a los foros judiciales y

administrativos de Puerto Rico. Deberá, además,

certificarnos dentro del término de treinta (30)

días a partir de su notificación, el cumplimiento

de

estos

deberes,

notificando

también

al

Procurador General.

De no haberse incautado la totalidad de la

obra notarial del señor José Meléndez Figueroa,

el Alguacil General de este Tribunal procederá a

incautar la misma

y entregarla a la Oficina de

la Directora de Inspección de Notaría, incluyendo

su sello notarial.

CP-2003-7

1

3

Notifíquese personalmente al querellado con copia de la

Opinión que antecede y de esta Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina.

Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina