Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Carmelo Rodríguez Feliciano
2005 TSPR 130
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Carmelo Rodríguez Feliciano
CP-1997-0007
14 de septiembre de 2005 · Cánones 8, 15 y 29: Conducta del Abogado con respecto a la parte contraria
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 130
165 DPR ____
Carmelo Rodríguez Feliciano
Número del Caso: CP-1997-7
Fecha: 14 de septiembre de 2005
Abogados del Querellado:
Lcdo. Vicente Ortiz Colón
Lcdo. Marco Rosado Conde
Lcdo. Héctor Alejandro Lugo Quiñones
Lcdo. Manuel Rodríguez Orellana
Oficina del Procurador General:
Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
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que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-1997-7
Carmelo Rodríguez Feliciano
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.
El
licenciado
Carmelo
Rodríguez
Feliciano
fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25
de enero de 1985 y al ejercicio del notariado el
18 de marzo de ese mismo año.
Fue presentada
contra el referido abogado el 14 de mayo de 1994
una queja por la señora Myrna Y. López Peña,
abogada de profesión.
La
señora
Myrna
Y.
López
Peña
contrajo
nupcias con el señor Elías Arguello García en
dos
ocasiones.
La
y
primera
la
vez
el
25
de
segunda
el
11
de
diciembre
de
1975
septiembre
de
1979.
durante su
primer matrimonio, quien nació el 28
Concibieron
una
hija
CP-1997-7
2
de junio de 1976, fecha en
que
de
Tribunal
divorcio por
el
fue dictada la
de
Primera Instancia
que disolvió el primer vínculo matrimonial.
de
1980
fue
dictada
sentencia
por
sentencia
el
El 27 de junio
mismo
tribunal,
disolviendo el segundo vínculo matrimonial.
El 18 de agosto de 1992 las partes estipularon la suma de
cuatrocientos
cincuenta
dólares
($450)
por
concepto
de
pensión alimenticia provisional para su única hija menor de
edad, de nombre Ana Haydeé Arguello López.
Se estipuló,
además, que para el mes de mayo de cada año el señor Arguello
García proveería espejuelos o lentes de contacto a su hija,
según fuere necesario.
hacer
gestiones,
a
El señor Arguello se comprometió a
partir
proporcionarle a su hija
de
junio
de
1993,
para
un plan médico, y a depositar la
suma de cincuenta dólares ($50) adicionales a la pensión para
aportar
al
plan
médico
que
pagaba
la
señora
López,
retroactivo al 1 de julio de 1992.
El 21 de abril de 1992 la licenciada López Peña reclamó
al
señor
Arguello
García
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia la pensión vencida de la hija menor de edad de
ambos y no pagada, durante el periodo comprendido entre el 15
de noviembre de 1976 y el 11 de septiembre de 1979, tiempo
entre
el
primer
y
segundo
matrimonio
y
en
el
mantuvieron el status de solteros por divorcio.
que
ambos
El Tribunal
de Primera Instancia dictaminó el 22 de junio de 1993 que
existía una deuda por concepto de pensiones alimenticias no
satisfechas por el señor Arguello García ascendente a la suma
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3
de diez mil diez dólares ($10,010), más intereses legales
sobre dicha suma.
Le concedió un término al señor Arguello
García para someter un plan de pago que le permitiera poner
al día lo adeudado.
El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista para el
1
de
febrero
de
1993
para
dilucidar
una
petición
de
la
licenciada López Peña a los efectos de que la deuda del señor
Arguello García por concepto de pensión alimenticia no pagada
fuere
satisfecha
por
la
sociedad
legal
de
gananciales
compuesta por el señor Arguello García y su nueva esposa
señora
Isaura
Santiago
matrimonio
el
23
compareció
el
licenciado
informó
tribunal
al
de
Colón,
diciembre
que
quienes
de
Carmelo
habían
1981.
Rodríguez
representaba
a
la
A
contraído
esa
vista
Feliciano
señora
e
Isaura
Santiago Colón. Planteó que su cliente y el señor Arguello
García se
habían divorciado por mutuo consentimiento el 15
de enero de 1993.
Surge de la petición de divorcio de los
esposos Arguello-Santiago, presentada el 12 de enero de 1993,
en la que la señora Santiago Colón compareció por derecho
propio y el señor Arguello García estuvo representado por el
licenciado Rodríguez Feliciano, que todos
los bienes muebles
e inmuebles adquiridos, durante el referido matrimonio fueron
traspasados por el señor Arguello García a la señora Santiago
Colón.
En consideración
a que el señor Arguello García se
encontraba desempleado la señora Santiago Colón le permitió
continuar residiendo
en la planta baja de la residencia en
la que habían habitado juntos, por un período de tres (3)
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4
meses, a partir de la fecha del divorcio.
El señor Arguello
García se comprometió a pagar una pensión alimenticia de
seiscientos dólares ($600) mensuales para beneficio de los
tres
(3)
hijos
menores
de
edad
concebidos
durante
ese
matrimonio.
En
el
desglose
de
deudas
gananciales
expuesto
referida petición de divorcio no se hizo mención
del
señor
Arguello
García
por
la
suma
de
en
la
de la deuda
diez
mil
diez
dólares ($10,010), por concepto de pensión alimenticia de su
hija Ana Haydeé Arguello López, previamente determinada su
existencia por el Tribunal de Primera Instancia.
La licenciada López Peña, por sí y en representación de
su
hija
menor
de
edad,
solicitó
intervenir
en
el
procedimiento de divorcio entre el señor Arguello García y la
señora Santiago Colón.
El licenciado Rodríguez Feliciano, en
representación de la señora Santiago Colón, se opuso por
escrito a tal solicitud.
En dicho escrito el licenciado
Rodríguez Feliciano le imputó a la licenciada López Peña el
tratar de
pleitos
involucrar a su cliente, señora Santiago Colón, en
frívolos
causarle malestar.
licenciada
López
e
insustanciales
declarada
Instancia.
no
el
propósito
de
Arguyó falta de legitimación activa de la
Peña
y
su
referido proceso de divorcio.
fue
con
ha
lugar
hija
para
intervenir
en
el
La solicitud de intervención
por
el
Tribunal
de
Primera
Alegó que al momento de la presentación de la
referida petición de divorcio por mutuo consentimiento, la
pensión de la hija de la licenciada López Peña y el señor
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5
Arguello García estaba al día.
Desde ese momento se inició
un patrón de conducta por parte del licenciado Rodríguez
Feliciano que fomentó la animosidad entre las partes en lugar
de propiciar la paz entre ellas, la solución del problema y
la controversia entre las partes.
El 10 de agosto de 1993, el Tribunal de Primera Instancia
aceptó la renuncia
del licenciado Andrés Montañéz
Coss como
abogado del señor
Arguello García, quien lo había
estado
representando en las controversias
ante ese tribunal con la
licenciada
de
López
Peña
y
la
hija
ambos,
y
el
17
de
septiembre de 1993, el licenciado Rodríguez Feliciano asumió
su
representación
legal
en
esos
procedimientos.
Posteriormente, el licenciado Rodríguez Feliciano expuso la
precaria situación económica en la que su cliente, el señor
Arguello García se encontraba y solicitó que se le permitiera
pagar la deuda de diez mil diez dólares ($10,010), más los
intereses devengados, mediante un plan de pago.
En esta
ocasión aceptó la existencia de tal deuda.
Se incoaron varios pleitos por la licenciada López Peña y
su hija Ana M. Arguello López contra el señor Arguello García
y la señora Santiago Colón.
de
daños
y
perjuicios
licenciada López Peña
Estos últimos
mediante
incoaron acción
reconvención
contra
la
y su hija por haber presentado una
acción en su contra frívola y sin causa, como parte de un
patrón de conducta de hostigamiento, de molestar y hacerle la
vida imposible a los demandados.
procedimientos,
el
querellado
Durante el curso de esos
hizo
referencia
a
conducta
CP-1997-7
6
hostil, y a un patrón de hostigamiento de la querellante,
quien es abogada, contra sus clientes.
Realizó, por escrito,
varias expresiones contra la querellante y su hija que ésta
entendió
como
lesivas
a
su
persona
y
violatorias
a
los
Cánones de Ética Profesional.
El Procurador General después de investigar la queja y
rendir
un
informe
a
este
Tribunal
sobre
sus
hallazgos
presentó querella en nuestra Secretaría, el 14 de julio de
1997 contra el licenciado Carmelo Rodríguez Feliciano. Le
formuló los cargos siguientes:
PRIMER CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el
Canon 8 de Ética Profesional el cual dispone
que el abogado no debe permitir que sus
clientes, en el trámite de los asuntos que
crean la relación de abogado-cliente, incurran
en conducta que sería impropia del abogado si
él llevase a cabo personalmente, y conforme
fuera interpretado dicho Canon por este
Ilustre Foro en el caso de Quiñones v. Jiménez
Conde, 117 D.P.R. (1986).
SEGUNDO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violentó
las disposiciones del criterio general de los
deberes del abogado para con los tribunales a
los efectos de que la buena marcha del proceso
judicial del país es responsabilidad ineludible
de todo miembro de la profesión legal y que le
corresponde
a
todo
abogado
procurar
que
prevalezca
siempre
en
los
tribunales
un
ambiente de decoro y solemnidad laborando por
mejorar la calidad de la justicia que en éstos
se imparte.
TERCER CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano incurrió en
conducta violatoria
al Canon 9 de Ética
Profesional el cual obliga a todo abogado
a
observar para con los tribunales una conducta
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7
que se caracteriza por el mayor respeto,
desalentando y evitando ataques injustificados
contra los jueces
contra el buen
orden en la
administración de la justicia, y conforme fuera
interpretado dicho
Canon 9 en los casos de
Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985) y
Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).
CUARTO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó
el Canon 15 de Ética Profesional el cual
establece
que
un
abogado
no
debe
actuar
inspirado
por
la
animosidad
ni
por
los
prejuicios de su cliente ni debe permitir que
este dirija el caso ni que se convierta en el
dueño de la conciencia del abogado, conforme
fuera interpretado dicho Canon en el caso de
Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).
QUINTO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el
Canon 29 de Ética Profesional, el cual señala
que cualquier rencor que exista entre los
clientes no debe afectar la conducta de los
abogados entre sí, ni las relaciones hacia el
litigante contrario.
SEXTO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las
disposiciones de la Regla 9 de Procedimiento
Civil de 1979, así como las disposiciones del
Canon 17 de Ética Profesional, respecto a que la
firma de un abogado en una alegación en un caso
equivale a certificar que ha leído la alegación
y que de acuerdo
con su mejor conocimiento,
información y creencia esta bien fundada.
SÉPTIMO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó el
Canon 17 de Ética Profesional, en cuanto
requiere de todo abogado el que se niegue a
representar a un cliente en un caso civil cuando
estuviere convencido de que se pretende por
medio
del mismo molestar o perjudicar a la
parte contraria, haciéndole víctima de opresión
o daño.
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8
OCTAVO CARGO
EL Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las
disposiciones del Canon 18 de Ética Profesional
el cual dispone que el principio de diligencia
establecido en dicho canon; no significa que el
abogado pueda realizar cualquier acto que sea
conveniente con el propósito de salir triunfante
en las causas del cliente, ni violar las leyes
del país o cometer engaños.
NOVENO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó el
Canon 26 de Ética Profesional, el cual prohíbe a
un abogado aconsejar transacciones o actos en
contra de la ley, entablar pleitos viciosos e
instigar falsas defensas, y que el abogado no
puede justificar dichos actos con el pretexto
de que al actuar sí, lo hizo siguiendo las
instrucciones de su cliente, ya que el abogado
debe obedecer siempre su propia conciencia y no
la de su cliente.
DECIMO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, incurrió
en violación al Canon 35 de Ética Profesional,
el que dispone que no es sincero ni honrado el
utilizar medios que sean inconsistentes con la
verdad ni se debe inducir al juzgador a error
utilizando artificios o una falsa relación de
los hechos o el derecho.
UNDECIMO CARGO
El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó las
disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional
que requiere de todo abogado que se esfuerce al
máximo de su capacidad en la exaltación del
honor y dignidad de su profesión, aunque el así
hacerlo
conlleve
sacrificios
personales,
evitando
hasta
la
apariencia
de
conducta
profesional impropia.
El 18 de septiembre de 1997, el querellado presentó un
escrito
titulado
Desestimación”.
en
la
querella
“Contestación
a
Querella
y
Solicitud
de
Arguyó que los once (11) cargos formulados
por
el
Procurador
General
no
estaban
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9
sostenidos por un señalamiento de hechos constitutivos de las
violaciones éticas alegadas.
Sostiene que los cargos así
formulados
ética
no
imputan
falta
alguna
del
querellado.
Alegó que la formulación de los cargos por el Procurador
General son inconstitucionales porque el proceso utilizado de
presentación y notificación de la querella es violatorio a su
derecho constitucional a un debido proceso de ley.
Afirmó
que la querella no imputa hechos constitutivos de violaciones
a
los
Cánones
de
Ética
Profesional
que
justifiquen
la
imposición al querellado de alguna sanción disciplinaria.
El
9
de
octubre
de
1997
declaramos
no
ha
lugar
la
solicitud de desestimación de la querella presentada por el
querellado.
formato
Expresamos que aunque la querella no contiene el
clásico,
incluye
una
relación
pendientes.
Admitimos
la
contestación
presentada.
Nombramos
al
licenciado
de
a
Pierre
los
la
hechos
querella
Vivoni
como
Comisionado Especial para recibir y escuchar la prueba a
ofrecerse por las partes.
El Comisionado Especial señaló
conferencia con antelación al juicio para el 10 de diciembre
de 1997.
No pudo celebrarse en esa fecha la conferencia con
antelación al juicio porque los abogados no habían podido
reunirse previamente debido a que la abogada asignada al caso
en la Oficina del Procurador General había estado enferma.
Las partes acordaron que el Procurador General enmendaría la
querella y luego procederían a reunirse.
El
19
de
febrero
de
1998
el
querellado
solicitó
nuevamente la desestimación de la querella por no aducir
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10
hechos que
justifiquen la imposición de medida disciplinaria
alguna en su contra.
Arguyó que la querella presentada por
el Procurador General es una inmeritoria e injustificada.
Sostuvo su pedimento, además, en la continua
y reiterada
conducta de la Oficina del Procurador General en atrasar e
impedir los trámites de los procedimientos, y por el alegado
incumplimiento de esa oficina con las órdenes del tribunal.
El 28 de abril de 1998, el Procurador General presentó
una querella enmendada, alegadamente a los únicos efectos de
relacionar las
previamente
Procurador
actuaciones del querellado con los cargos
formulados
General
en
la
sostiene
querella
que
las
original.
violaciones
El
éticas
alegadas originalmente no se refieren a un sólo acto que
pueda ser fácilmente señalado, sino más bien a un patrón de
conducta profesional
que en lugar de propiciar la solución
de las controversias judiciales entre las partes, fomentó e
incrementó la animosidad y hostilidad entre ellas y promovió
la dilación de los procedimientos en detrimento de la buena
marcha del proceso judicial y del derecho de una menor de
edad a recibir pensión alimentaria
de su padre.
Arguyó que
tal conducta está reñida con los Cánones de Ética Profesional
a tenor
con lo resuelto por este Tribunal
en Quiñones v.
Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).
Después
disciplinario
de
hasta
estar
que
paralizado
concluyeron
el
procedimiento
varios
procedimientos
judiciales pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia y
el
Tribunal
Apelativo,
el
querellado
presentó
el
27
de
CP-1997-7
11
noviembre de 2000 una moción de desestimación de la querella.
Fundamenta su petitorio en el reiterado incumplimiento del
Procurador General a las órdenes de este Tribunal y a que no
había
mediado
formulados
una
contra
adecuada
el
notificación
querellado.
de
los
cargos
Informó
que
había
renunciado a la representación del señor Arguello García en
los casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia.
No
obstante,
ordenamos
la
continuación
del
procedimiento
disciplinario.
El 8 de mayo de 2001 emitimos resolución sustituyendo al
licenciado Pierre Vivoni con el licenciado Ramón Negrón Soto
como Comisionado Especial.
I
Celebrada
vista
rindió su informe.
evidenciaria,
el
Comisionado
Especial
Concluyó que le mereció credibilidad el
testimonio vertido por el licenciado Rodríguez Feliciano a
los efectos que las cláusulas y condiciones estipuladas en la
petición
de
redactadas
divorcio
por
el
por
matrimonio
consentimiento
Arguello
–
mutuo
Santiago
fueron
sin
su
intervención, independientemente que el mismo se redactó en
su
oficina.
petición
de
El
testigo
divorcio
en
declaró
momentos
que
ambos
firmaron
la
distintos.
Añadió
que
consideró el hecho que el señor Arguello García se quedara
residiendo en los bajos de la estructura de vivienda en donde
habían habitado juntos hasta ese momento, como un arreglo
amistoso.
Posteriormente se enteró que la pareja se había
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12
reconciliado y que el señor Arguello García nunca se mudó de
la propiedad.
Sobre la aparente posición contradictoria del querellado,
en cuanto a la deuda por concepto de pensión alimentaria del
señor
Arguello
($10,010),
García
el
por
la
Comisionado
suma
diez
Especial
mil
diez
concluyó
dólares
que
la
aseveración original del querellado a los efectos que había
sido
satisfecha,
no
puede
tomarse
como
una
alegación
contraria a su conocimiento porque él no había participado en
los casos donde el asunto de la pensión y la deuda contraída
se había ventilado.
Le impartió gran peso al hecho que tan
pronto el querellado intervino en calidad de abogado en esos
casos como representante legal del señor Arguello García,
reconoció la deuda y presentó un plan de pago para satisfacer
la misma.
Solicitó, además, la rebaja de la pensión y se
opuso a las distintas mociones de desacato presentadas por la
señora López Peña.
El
Comisionado
Especial
expresa
no
tener
duda
de
que
ambas partes exhibieron en sus escritos, presentados como
parte
de
los
procedimientos
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, estilos de redacción que reflejan su animosidad.
Concluyó,
a
base
de
los
escritos
presentados
por
el
querellado ante el Tribunal de Primera Instancia, que éste
tenía una opinión formada sobre la licenciada López Peña, a
los
efectos
que
mantenía
un
patrón
de
hostigamiento
y
persecución contra sus clientes.
Tal animosidad se agravó
durante el mes de febrero de 1994.
Principalmente de parte
CP-1997-7
13
del señor Arguello García hacia ella, por algunas preguntas
del Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones que éste le
cursó, a través del querellado, a la licenciada López Peña y
de algunas contestaciones del señor Arguello García a el
interrogatorio que le había cursado la licenciada López Peña,
a través
El
de su abogado.
querellado
notificó
a
la
licenciada
López
Peña
un
Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones fechado el 15 de
agosto de 1994, en el cual le formuló una serie de preguntas
y
requerimientos
de
admisión
que
contenían
una
serie
de
aseveraciones que ésta consideró impertinentes al asunto en
controversia y altamente indecorosas, impropias y ofensivas.
Las preguntas y los requerimientos de admisiones aludidos
contienen hechos relacionados con el alegado hostigamiento de
la licenciada López Peña al señor Arguello García.
preguntas y requerimientos parten de unas premisas.
Tales
Primero,
que la licenciada López Peña estuvo en alguna ocasión en las
oficinas
donde
trabajaba
el
señor
Arguello
García.
Allí
ocurrieron unos incidentes que produjeron una resolución del
Tribunal de Primera Instancia en uno de los casos donde se le
ordenó
a
la
licenciada
López
Peña
que
se
abstuviera
de
intervenir en forma directa o indirecta con el señor Arguello
García en su vida personal o profesional y con sus patronos
presentes o pasados.
Segundo, una carta que la licenciada
López Peña le escribió a la señora María José Zamora, madre
de otros tres (3) hijos menores de edad del señor Arguello
García que residían en Nicaragua.
Las referidas preguntas y
CP-1997-7
14
requerimientos partían de la premisa que en esa carta ella le
expresó a la señora Zamora de la vida feliz que disfrutó
con
el señor Arguello García cuando estaban casados y de sus
preferencias sexuales durante la existencia de esa relación.
La licenciada López Peña aceptó la existencia de esa carta.
No obstante, se molestó porque entendió que su contenido no
tenía pertinencia alguna con la controversia sobre la pensión
alimenticia, sino que pretendía cuestionar sus preferencias
sexuales.
Concluyó
el
Comisionado
Especial,
al
evaluar
el
testimonio de las partes, que el querellado hizo referencia a
la carta con el propósito de establecer la alegada conducta
obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su
cliente.
El querellado cursó, además, un requerimiento de
admisiones
a
la
licenciada
referencia
a aspectos relacionados con su vida y conducta
cuando era estudiante.
López
Peña
en
el
que
hizo
El Comisionado Especial entendió que
el mismo no era pertinente a la controversia y sí producto de
un
relato
del
señor
Arguello
García
a
su
abogado,
el
querellado, y que éste entendió, incorrectamente, que podía
utilizar con el propósito de establecer la alegada conducta
obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su
cliente.
Concluyó que, ante esa conducta del querellado, era
natural que la licenciada López Peña se molestara.
El Comisionado Especial determinó que, como parte de la
contestación
fecha
del
22
bajo
de
juramento
febrero
de
del
señor
1994
a
Arguello
un
García
de
Interrogatorio
y
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15
Requerimiento de admisiones que le cursara la señora López
Peña
en
el
caso
KDI
84-389
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, se hicieron aseveraciones ofensivas y lesivas a la
dignidad de la señora López Peña, abogada de profesión, del
Tribunal
de
Primera
Instancia
y
de
los
jueces
que
intervinieron en los casos entre ellos, al afirmar que su
encarcelamiento fue motivado por la influencia que ella tenía
con
altos
funcionarios
imputaciones
surgen
de
del
las
gobierno.
Las
contestaciones
39
aludidas
y
42
del
López
Peña
referido escrito que leen de la forma siguiente:
39. No tuve ninguna participación ni defensa
en el caso RF-76-1441. Myrna Y. López usando
su influencia en el gobierno y sabiendo que
yo no residía en Puerto Rico, consiguió del
tribunal la Sentencia a su favor.
Para 17
años más tarde y después de 17 años continuos
pleitos hacer su reclamación con el único
propósito de aprovecharse de la situación con
el uso de su influencia en el gobierno.
42. Se niega.
Una vez el tribunal decidió
que esa deuda a pesar de las circunstancias
envueltas existía, determinó que propusiera
un plan de pago que me permitiera ponerme al
día.
En ese proceso Myrna López consiguió
con su influencia con altos funcionarios de
gobierno
que
otro
Juez
interviniera
y
ordenara
fuera
puesto
en
prisión;
envileciendo a su propia hija y nietos.
Fue
en
ese
momento
cuando
la
licenciada
decidió presentar una queja contra el licenciado Rodríguez
Feliciano ante este Tribunal.
El
querellado
justificó
las
aseveraciones
anteriores
alegando que el señor Arguello García subscribió las mismas e
insistió en contestar de esa forma y manera, por lo que su
contenido
era
de
su
única
y
entera
responsabilidad.
No
CP-1997-7
16
obstante, el contenido de las mismas fue discutido por el
querellado
con
su
cliente.
Declaró
ante
el
Comisionado
Especial que él no creyó lo que afirmaba su cliente sobre las
influencias de la licenciada López Peña ni estaba de acuerdo
sobre sus expresiones lesivas dirigidas a los jueces, ya que
tenía una buena opinión de la conducta personal y oficial de
esos
funcionarios.
Testificó
que
en
consideración
a
la
libertad de expresión del señor Arguello García, de que esas
aseveraciones eran de su entera responsabilidad y debido a
que
éste
insistió
en
contestar
en
esa
forma,
se
transcribieron y él las envió al abogado de la otra parte.
No obstante, puntualizó que si en el futuro se encontrara con
una situación como esa, de tanta animosidad entre las partes,
renunciaría
a la representación de su cliente.
El querellado presentó el 28 de diciembre de 1993 ante el
entonces Tribunal Superior, en el caso KDI 76-1441 (702), un
escrito
titulado
“Moción
proponiendo
plan
de
pagos
para
saldar deuda de 1976 a 1979 reclamada el 21 de abril de 1992”
en la cual expresó lo siguiente:
Le adelantamos al Honorable Tribunal que en
el caso K DI84-3898 estamos solicitando una
rebaja en el pago de pensión debido a que el
compareciente no tiene recursos para pagar
dicha pensión ya que como consecuencia del
hostigamiento de la peticionaria el señor
Arguello se divorció conforme al caso K
DI93-0021 del 2 de marzo de 1993, Tribunal
Superior, Sala de San Juan, donde el
compareciente se obligó a pagar una pensión
alimenticia para sus tres hijos menores de
edad en la cantidad de $600.00 mensuales.
(Énfasis suplido).
CP-1997-7
17
En su memorando de derecho del 28 de febrero de 1995, en
el
caso
KAC
2004-68,
sobre
fraude
de
acreedores,
el
querellado como abogado del señor Arguello García y la señora
Santiago Colón, expresó lo siguiente.
Es triste ver como una ciudadana ha estado
por
los
últimos
diecisiete
años
(aproximadamente) hostigando, persiguiendo,
amenazando, al demandado y utilizando al
Honorable
Tribunal
para
lograr
esos
objetivos.
Ya es hora que este Honorable
Tribunal le haga justicia al demandado.
Hasta cuando la demandante va a continuar
haciendo
los
mismos
planteamientos
en
diferentes
salas.
Le
recordamos
al
Honorable Tribunal que la demandante es
abogada, aunque no ejerce la profesión
por
ser Directora de Personal del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos.
Aún cuando en el pleito incoado por la licenciada López
Peña y su hija se alegó que la presentación de una petición
de divorcio por mutuo consentimiento por el señor Arguello
García y la señora Santiago Colón constituía y pretendía un
fraude de acreedores, en el que el querellado representaba
una parte, éste asumió la representación legal de la señora
Santiago
Colón
cuando
el
referido
pleito
había
sido
calificado como colusorio por un funcionario del Tribunal de
Primera Instancia al evaluar la prueba.
El querellado, sobre
este asunto, expresó que no consideró que existiera conflicto
de interés de su parte en tales asuntos.
Así lo entendió
también el Procurador General.
Cuando el querellado solicitó del Tribunal de Primera
Instancia el 4 de diciembre de 1998 que lo relevara como
abogado del señor Arguello García en los casos KDI 76-1441 y
KDI 84-3898, expuso como razón para ello que él se había
CP-1997-7
18
“...afectado por la manera injusta en que se le ha fijado una
pensión
de
$500.00
para
(sic)
pariente
adulta
cuando
el
ingreso no controvertido del Sr. Elías Arguello García (sic)
de $700.00”.
El Comisionado Especial consideró
que el querellado pudo
incurrir en prácticas que están en conflicto con varios de
los
Cánones
de
Ética
Profesional
a
que
hace
alusión
el
Procurador General. Puntualizó los Cánones 8,9,15 y 29 por
haber actuado el querellado inspirado por la animosidad y
prejuicio de su cliente y permitir que hasta cierto punto
dirigiera su posición en el trámite de los procedimientos.
Varios de los escritos presentados por el querellado ante
el Tribunal de Primera Instancia fomentaron e incrementaron
la animosidad entre las partes, que llegó al extremo de que
Ana Haydeé Arguello López no tenía ninguna comunicación con
su padre.
II
Corresponde al Comisionado Especial, designado por este
Tribunal, atender una querella presentada contra un abogado,
recibir la prueba, así como evaluar y dirimir la evidencia
conflictiva.
Tal funcionario ocupa el papel del juzgador de
primera instancia y, por lo tanto, está en mejor
para aquilatar la prueba testifical. 1
posición
Sus determinaciones de
hechos, basadas en la prueba testifical merecen nuestra mayor
1
In re: González Ortiz, res. 2 de junio de 2004, 162 D.P.R.
___ (2004), 2004 T.S.P.R. 86, 2004 J.T.S. 90; In re: Morales
Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).
CP-1997-7
19
deferencia. 2 Cuando esas determinaciones están sostenidas por
la prueba obrante en nuestro expediente, no intervendremos
con
las
mismas,
ausente
de
una
demostración
de
pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación.3
No hemos encontrado nada en el expediente que nos anime
a intervenir con las determinaciones de hechos formulados por
el Comisionado Especial.
presentada y admitida.
Están apoyadas en la evidencia
La presunción sobre su corrección no
ha sido rebatida.
III
Constituye conducta antiética de un abogado el permitir
que su cliente, en el trámite de los asuntos que se realicen
dentro
de
la
relación
de
abogado
y
cliente,
incurra
en
conducta que sería impropia del abogado de llevarla a cabo
personalmente.
conducta
De persistir un cliente en incurrir en tal
impropia,
relaciones
al
abogado
profesionales
con
tiene
él.
que
Tal
terminar
normativa
sus
tiene
particular aplicación a las relaciones con los tribunales,
funcionarios
judiciales,
los
otras partes litigantes. 4
jurados,
los
testigos
y
las
El abogado debe tratar a las
2
In re: González Ortiz, supra; In re: Soto López, 135 D.P.R.
642 (1994).
3
In re: González Ortiz, supra; In re: Soto Colón, res. 9 de
noviembre de 2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 166,
2001 J.T.S. 166; In re: Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364
(1993); In re: Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840
(1993); In re: Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).
4
Canon 8 de Ética Profesional,
4 L.P.R.A. Ap. IX.
CP-1997-7
partes
20
adversas con respeto y consideración.
inspirado
por
la
animosidad
ni
por
los
No debe actuar
prejuicios
de
su
cliente, ni debe permitir que éste dirija el caso ni que se
convierta en el dueño de su conciencia.
Es impropio el
utilizar los procedimientos legales en forma irrazonable o
con
el
fin
de
hostigar
una
parte
contraria. 5
Son
los
clientes de los abogados los litigantes ante los tribunales,
no ellos.
Cualquier rencor que exista entre sus clientes no
debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las
relaciones hacia la parte adversa.6
Concluimos
que
el
querellado
desarrolló
un
estado
de
animosidad contra la parte contraria, licenciada López Peña,
por entender que ésta mantenía un patrón de hostigamiento y
persecución contra sus clientes, el señor Arguello García y
señora
Santiago
Colón.
Permitió
que
su
cliente,
señor
Arguello García incurriera en conducta, durante el trámite
judicial,
que
personalmente.
parte
le
impropia
de
llevarla
a
cabo
No le dispensó respeto y consideración a la
contraria.
animosidad
era
entre
Su
las
conducta
partes,
fomentó
en
vez
de
e
incrementó
la
ir
a
dirigida
propiciar la solución del problema y la controversia entre
ellos.
su
El querellado
cliente,
dirigiera
el
actuó inspirado por la animosidad de
señor
Arguello
caso
y
se
García
convirtiera
y
permitió
en
el
que
dueño
conciencia.
5
Canon 15 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
6
Canon 29 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
éste
de
su
CP-1997-7
21
Es intolerable y reñida con la conducta ética mínima que
tienen que observar los abogados en el trámite de reclamación
y
cobro
de
pensiones
alimenticias
de
menores
de
edad
el
fomentar la animosidad de las partes en lugar de propiciar la
solución del problema entre ellos.
El abogado puede ser
fogoso y vehemente en la defensa de los intereses de su
cliente, pero no puede, por imperativo ético, promover o
fomentar la hostilidad y la animosidad de sus clientes contra
la
parte
contraria.
Los
Cánones
de
Ética
Profesional
establecen y delimitan una frontera entre la diligencia y
responsabilidad que le debe todo abogado a los clientes y los
casos que le han sido encomendados, frente a las pasiones,
rencillas y rencores que puedan motivar a su cliente.
Los
abogados
las
no
puedan
convertirse
e
instrumentos
pasiones, rencillas y rencores de sus clientes.
del
Tribunal
Apelaciones
de
Primera
Instancia
deben
velar
porque
los
y
del
de
Los jueces
Tribunal
Cánones
de
de
Ética
Profesional sean observados por los abogados, e informar al
Tribunal Supremo cualquier violación de los mismos.7
Concluimos que el querellado violó los Cánones 8,15 y 29
de Ética Profesional.
A base de la evidencia presentada,
admitida
por
y
dirimida
el
Comisionado
Especial,
no
encontramos que el querellado haya incurrido en las demás
faltas éticas imputadas.
7
In re: Montañez Miranda, res. 18 de junio de 2002, 157
D.P.R.___ (2002), 2002 T.S.P.R. 122, 2002 J.T.S. 123; In re:
Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re: Veléz Cardona,
148 D.P.R. 505 (1999); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1
(1986).
CP-1997-7
22
IV
Para determinar la sanción disciplinaria aplicable a un
abogado querellado podemos tomar en cuenta factores como la
reputación del abogado en su comunidad, el previo historial
de éste, si es su primera falta, la aceptación de la misma y
su
sincero
aislada
y
arrepentimiento,
cualesquiera
si
otras
se
trata
de
una
consideraciones,
conducta
ya
bien
atenuantes o agravantes que medien, a tenor con los hechos.8
El
abogado
expediente.
querellado
no
tiene
otra
Esta es su primera falta ética.
queja
en
su
Su historial no
presenta otra conducta similar a la del presente caso.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos
apercibimos
al
querellado de su deber y obligación de cumplir cabalmente en
el futuro con los Cánones de Ética Profesional.
8
In re: Montalvo Guzmán, res. 20 de mayo de 2005, 164
D.P.R.___ (2005), 2005 T.S.P.R. 82, 2005 J.T.S. 87; In re:
Quiñones Ayala, res. 30 de junio de 2005, 165 D.P.R.___(2005),
2005 T.S.P.R. 99, 2005 J.T.S. 104; In re: Avilés, Tosado, res.
5 de septiembre de 2002, 157 D.P.R.___ (2002), 2002 T.S.P.R.
124, 2002 J.T.S. 130; In re: Sepúlveda Girón, res. 24 de
octubre de 2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 153, 2001
J.T.S. 156; In re: Tejada Rivera, res. 24 de septiembre de
2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 136, 2001 J.T.S. 138;
In re: Guadalupe, Colón, res. 19 de septiembre de 2001, 155
D.P.R.__ (2001), 2001 T.S.P.R. 128, 2001 J.T.S. 131; In re:
Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-1997-7
Carmelo Rodríguez Feliciano
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, apercibimos al querellado
de su deber y obligación de cumplir cabalmente en
el futuro con los Cánones de Ética Profesional.
Lo acordó el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo