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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carmelo Rodríguez Feliciano

2005 TSPR 130

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carmelo Rodríguez Feliciano

CP-1997-0007

14 de septiembre de 2005 · Cánones 8, 15 y 29: Conducta del Abogado con respecto a la parte contraria

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 130

165 DPR ____

Carmelo Rodríguez Feliciano

Número del Caso: CP-1997-7

Fecha: 14 de septiembre de 2005

Abogados del Querellado:

Lcdo. Vicente Ortiz Colón

Lcdo. Marco Rosado Conde

Lcdo. Héctor Alejandro Lugo Quiñones

Lcdo. Manuel Rodríguez Orellana

Oficina del Procurador General:

Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-1997-7

Carmelo Rodríguez Feliciano

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.

El

licenciado

Carmelo

Rodríguez

Feliciano

fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25

de enero de 1985 y al ejercicio del notariado el

18 de marzo de ese mismo año.

Fue presentada

contra el referido abogado el 14 de mayo de 1994

una queja por la señora Myrna Y. López Peña,

abogada de profesión.

La

señora

Myrna

Y.

López

Peña

contrajo

nupcias con el señor Elías Arguello García en

dos

ocasiones.

La

y

primera

la

vez

el

25

de

segunda

el

11

de

diciembre

de

1975

septiembre

de

1979.

durante su

primer matrimonio, quien nació el 28

Concibieron

una

hija

CP-1997-7

2

de junio de 1976, fecha en

que

de

Tribunal

divorcio por

el

fue dictada la

de

Primera Instancia

que disolvió el primer vínculo matrimonial.

de

1980

fue

dictada

sentencia

por

sentencia

el

El 27 de junio

mismo

tribunal,

disolviendo el segundo vínculo matrimonial.

El 18 de agosto de 1992 las partes estipularon la suma de

cuatrocientos

cincuenta

dólares

($450)

por

concepto

de

pensión alimenticia provisional para su única hija menor de

edad, de nombre Ana Haydeé Arguello López.

Se estipuló,

además, que para el mes de mayo de cada año el señor Arguello

García proveería espejuelos o lentes de contacto a su hija,

según fuere necesario.

hacer

gestiones,

a

El señor Arguello se comprometió a

partir

proporcionarle a su hija

de

junio

de

1993,

para

un plan médico, y a depositar la

suma de cincuenta dólares ($50) adicionales a la pensión para

aportar

al

plan

médico

que

pagaba

la

señora

López,

retroactivo al 1 de julio de 1992.

El 21 de abril de 1992 la licenciada López Peña reclamó

al

señor

Arguello

García

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia la pensión vencida de la hija menor de edad de

ambos y no pagada, durante el periodo comprendido entre el 15

de noviembre de 1976 y el 11 de septiembre de 1979, tiempo

entre

el

primer

y

segundo

matrimonio

y

en

el

mantuvieron el status de solteros por divorcio.

que

ambos

El Tribunal

de Primera Instancia dictaminó el 22 de junio de 1993 que

existía una deuda por concepto de pensiones alimenticias no

satisfechas por el señor Arguello García ascendente a la suma

CP-1997-7

3

de diez mil diez dólares ($10,010), más intereses legales

sobre dicha suma.

Le concedió un término al señor Arguello

García para someter un plan de pago que le permitiera poner

al día lo adeudado.

El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista para el

1

de

febrero

de

1993

para

dilucidar

una

petición

de

la

licenciada López Peña a los efectos de que la deuda del señor

Arguello García por concepto de pensión alimenticia no pagada

fuere

satisfecha

por

la

sociedad

legal

de

gananciales

compuesta por el señor Arguello García y su nueva esposa

señora

Isaura

Santiago

matrimonio

el

23

compareció

el

licenciado

informó

tribunal

al

de

Colón,

diciembre

que

quienes

de

Carmelo

habían

1981.

Rodríguez

representaba

a

la

A

contraído

esa

vista

Feliciano

señora

e

Isaura

Santiago Colón. Planteó que su cliente y el señor Arguello

García se

habían divorciado por mutuo consentimiento el 15

de enero de 1993.

Surge de la petición de divorcio de los

esposos Arguello-Santiago, presentada el 12 de enero de 1993,

en la que la señora Santiago Colón compareció por derecho

propio y el señor Arguello García estuvo representado por el

licenciado Rodríguez Feliciano, que todos

los bienes muebles

e inmuebles adquiridos, durante el referido matrimonio fueron

traspasados por el señor Arguello García a la señora Santiago

Colón.

En consideración

a que el señor Arguello García se

encontraba desempleado la señora Santiago Colón le permitió

continuar residiendo

en la planta baja de la residencia en

la que habían habitado juntos, por un período de tres (3)

CP-1997-7

4

meses, a partir de la fecha del divorcio.

El señor Arguello

García se comprometió a pagar una pensión alimenticia de

seiscientos dólares ($600) mensuales para beneficio de los

tres

(3)

hijos

menores

de

edad

concebidos

durante

ese

matrimonio.

En

el

desglose

de

deudas

gananciales

expuesto

referida petición de divorcio no se hizo mención

del

señor

Arguello

García

por

la

suma

de

en

la

de la deuda

diez

mil

diez

dólares ($10,010), por concepto de pensión alimenticia de su

hija Ana Haydeé Arguello López, previamente determinada su

existencia por el Tribunal de Primera Instancia.

La licenciada López Peña, por sí y en representación de

su

hija

menor

de

edad,

solicitó

intervenir

en

el

procedimiento de divorcio entre el señor Arguello García y la

señora Santiago Colón.

El licenciado Rodríguez Feliciano, en

representación de la señora Santiago Colón, se opuso por

escrito a tal solicitud.

En dicho escrito el licenciado

Rodríguez Feliciano le imputó a la licenciada López Peña el

tratar de

pleitos

involucrar a su cliente, señora Santiago Colón, en

frívolos

causarle malestar.

licenciada

López

e

insustanciales

declarada

Instancia.

no

el

propósito

de

Arguyó falta de legitimación activa de la

Peña

y

su

referido proceso de divorcio.

fue

con

ha

lugar

hija

para

intervenir

en

el

La solicitud de intervención

por

el

Tribunal

de

Primera

Alegó que al momento de la presentación de la

referida petición de divorcio por mutuo consentimiento, la

pensión de la hija de la licenciada López Peña y el señor

CP-1997-7

5

Arguello García estaba al día.

Desde ese momento se inició

un patrón de conducta por parte del licenciado Rodríguez

Feliciano que fomentó la animosidad entre las partes en lugar

de propiciar la paz entre ellas, la solución del problema y

la controversia entre las partes.

El 10 de agosto de 1993, el Tribunal de Primera Instancia

aceptó la renuncia

del licenciado Andrés Montañéz

Coss como

abogado del señor

Arguello García, quien lo había

estado

representando en las controversias

ante ese tribunal con la

licenciada

de

López

Peña

y

la

hija

ambos,

y

el

17

de

septiembre de 1993, el licenciado Rodríguez Feliciano asumió

su

representación

legal

en

esos

procedimientos.

Posteriormente, el licenciado Rodríguez Feliciano expuso la

precaria situación económica en la que su cliente, el señor

Arguello García se encontraba y solicitó que se le permitiera

pagar la deuda de diez mil diez dólares ($10,010), más los

intereses devengados, mediante un plan de pago.

En esta

ocasión aceptó la existencia de tal deuda.

Se incoaron varios pleitos por la licenciada López Peña y

su hija Ana M. Arguello López contra el señor Arguello García

y la señora Santiago Colón.

de

daños

y

perjuicios

licenciada López Peña

Estos últimos

mediante

incoaron acción

reconvención

contra

la

y su hija por haber presentado una

acción en su contra frívola y sin causa, como parte de un

patrón de conducta de hostigamiento, de molestar y hacerle la

vida imposible a los demandados.

procedimientos,

el

querellado

Durante el curso de esos

hizo

referencia

a

conducta

CP-1997-7

6

hostil, y a un patrón de hostigamiento de la querellante,

quien es abogada, contra sus clientes.

Realizó, por escrito,

varias expresiones contra la querellante y su hija que ésta

entendió

como

lesivas

a

su

persona

y

violatorias

a

los

Cánones de Ética Profesional.

El Procurador General después de investigar la queja y

rendir

un

informe

a

este

Tribunal

sobre

sus

hallazgos

presentó querella en nuestra Secretaría, el 14 de julio de

1997 contra el licenciado Carmelo Rodríguez Feliciano. Le

formuló los cargos siguientes:

PRIMER CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el

Canon 8 de Ética Profesional el cual dispone

que el abogado no debe permitir que sus

clientes, en el trámite de los asuntos que

crean la relación de abogado-cliente, incurran

en conducta que sería impropia del abogado si

él llevase a cabo personalmente, y conforme

fuera interpretado dicho Canon por este

Ilustre Foro en el caso de Quiñones v. Jiménez

Conde, 117 D.P.R. (1986).

SEGUNDO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violentó

las disposiciones del criterio general de los

deberes del abogado para con los tribunales a

los efectos de que la buena marcha del proceso

judicial del país es responsabilidad ineludible

de todo miembro de la profesión legal y que le

corresponde

a

todo

abogado

procurar

que

prevalezca

siempre

en

los

tribunales

un

ambiente de decoro y solemnidad laborando por

mejorar la calidad de la justicia que en éstos

se imparte.

TERCER CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano incurrió en

conducta violatoria

al Canon 9 de Ética

Profesional el cual obliga a todo abogado

a

observar para con los tribunales una conducta

CP-1997-7

7

que se caracteriza por el mayor respeto,

desalentando y evitando ataques injustificados

contra los jueces

contra el buen

orden en la

administración de la justicia, y conforme fuera

interpretado dicho

Canon 9 en los casos de

Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985) y

Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

CUARTO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó

el Canon 15 de Ética Profesional el cual

establece

que

un

abogado

no

debe

actuar

inspirado

por

la

animosidad

ni

por

los

prejuicios de su cliente ni debe permitir que

este dirija el caso ni que se convierta en el

dueño de la conciencia del abogado, conforme

fuera interpretado dicho Canon en el caso de

Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

QUINTO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el

Canon 29 de Ética Profesional, el cual señala

que cualquier rencor que exista entre los

clientes no debe afectar la conducta de los

abogados entre sí, ni las relaciones hacia el

litigante contrario.

SEXTO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las

disposiciones de la Regla 9 de Procedimiento

Civil de 1979, así como las disposiciones del

Canon 17 de Ética Profesional, respecto a que la

firma de un abogado en una alegación en un caso

equivale a certificar que ha leído la alegación

y que de acuerdo

con su mejor conocimiento,

información y creencia esta bien fundada.

SÉPTIMO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó el

Canon 17 de Ética Profesional, en cuanto

requiere de todo abogado el que se niegue a

representar a un cliente en un caso civil cuando

estuviere convencido de que se pretende por

medio

del mismo molestar o perjudicar a la

parte contraria, haciéndole víctima de opresión

o daño.

CP-1997-7

8

OCTAVO CARGO

EL Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las

disposiciones del Canon 18 de Ética Profesional

el cual dispone que el principio de diligencia

establecido en dicho canon; no significa que el

abogado pueda realizar cualquier acto que sea

conveniente con el propósito de salir triunfante

en las causas del cliente, ni violar las leyes

del país o cometer engaños.

NOVENO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó el

Canon 26 de Ética Profesional, el cual prohíbe a

un abogado aconsejar transacciones o actos en

contra de la ley, entablar pleitos viciosos e

instigar falsas defensas, y que el abogado no

puede justificar dichos actos con el pretexto

de que al actuar sí, lo hizo siguiendo las

instrucciones de su cliente, ya que el abogado

debe obedecer siempre su propia conciencia y no

la de su cliente.

DECIMO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, incurrió

en violación al Canon 35 de Ética Profesional,

el que dispone que no es sincero ni honrado el

utilizar medios que sean inconsistentes con la

verdad ni se debe inducir al juzgador a error

utilizando artificios o una falsa relación de

los hechos o el derecho.

UNDECIMO CARGO

El Lcdo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó las

disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional

que requiere de todo abogado que se esfuerce al

máximo de su capacidad en la exaltación del

honor y dignidad de su profesión, aunque el así

hacerlo

conlleve

sacrificios

personales,

evitando

hasta

la

apariencia

de

conducta

profesional impropia.

El 18 de septiembre de 1997, el querellado presentó un

escrito

titulado

Desestimación”.

en

la

querella

“Contestación

a

Querella

y

Solicitud

de

Arguyó que los once (11) cargos formulados

por

el

Procurador

General

no

estaban

CP-1997-7

9

sostenidos por un señalamiento de hechos constitutivos de las

violaciones éticas alegadas.

Sostiene que los cargos así

formulados

ética

no

imputan

falta

alguna

del

querellado.

Alegó que la formulación de los cargos por el Procurador

General son inconstitucionales porque el proceso utilizado de

presentación y notificación de la querella es violatorio a su

derecho constitucional a un debido proceso de ley.

Afirmó

que la querella no imputa hechos constitutivos de violaciones

a

los

Cánones

de

Ética

Profesional

que

justifiquen

la

imposición al querellado de alguna sanción disciplinaria.

El

9

de

octubre

de

1997

declaramos

no

ha

lugar

la

solicitud de desestimación de la querella presentada por el

querellado.

formato

Expresamos que aunque la querella no contiene el

clásico,

incluye

una

relación

pendientes.

Admitimos

la

contestación

presentada.

Nombramos

al

licenciado

de

a

Pierre

los

la

hechos

querella

Vivoni

como

Comisionado Especial para recibir y escuchar la prueba a

ofrecerse por las partes.

El Comisionado Especial señaló

conferencia con antelación al juicio para el 10 de diciembre

de 1997.

No pudo celebrarse en esa fecha la conferencia con

antelación al juicio porque los abogados no habían podido

reunirse previamente debido a que la abogada asignada al caso

en la Oficina del Procurador General había estado enferma.

Las partes acordaron que el Procurador General enmendaría la

querella y luego procederían a reunirse.

El

19

de

febrero

de

1998

el

querellado

solicitó

nuevamente la desestimación de la querella por no aducir

CP-1997-7

10

hechos que

justifiquen la imposición de medida disciplinaria

alguna en su contra.

Arguyó que la querella presentada por

el Procurador General es una inmeritoria e injustificada.

Sostuvo su pedimento, además, en la continua

y reiterada

conducta de la Oficina del Procurador General en atrasar e

impedir los trámites de los procedimientos, y por el alegado

incumplimiento de esa oficina con las órdenes del tribunal.

El 28 de abril de 1998, el Procurador General presentó

una querella enmendada, alegadamente a los únicos efectos de

relacionar las

previamente

Procurador

actuaciones del querellado con los cargos

formulados

General

en

la

sostiene

querella

que

las

original.

violaciones

El

éticas

alegadas originalmente no se refieren a un sólo acto que

pueda ser fácilmente señalado, sino más bien a un patrón de

conducta profesional

que en lugar de propiciar la solución

de las controversias judiciales entre las partes, fomentó e

incrementó la animosidad y hostilidad entre ellas y promovió

la dilación de los procedimientos en detrimento de la buena

marcha del proceso judicial y del derecho de una menor de

edad a recibir pensión alimentaria

de su padre.

Arguyó que

tal conducta está reñida con los Cánones de Ética Profesional

a tenor

con lo resuelto por este Tribunal

en Quiñones v.

Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

Después

disciplinario

de

hasta

estar

que

paralizado

concluyeron

el

procedimiento

varios

procedimientos

judiciales pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia y

el

Tribunal

Apelativo,

el

querellado

presentó

el

27

de

CP-1997-7

11

noviembre de 2000 una moción de desestimación de la querella.

Fundamenta su petitorio en el reiterado incumplimiento del

Procurador General a las órdenes de este Tribunal y a que no

había

mediado

formulados

una

contra

adecuada

el

notificación

querellado.

de

los

cargos

Informó

que

había

renunciado a la representación del señor Arguello García en

los casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia.

No

obstante,

ordenamos

la

continuación

del

procedimiento

disciplinario.

El 8 de mayo de 2001 emitimos resolución sustituyendo al

licenciado Pierre Vivoni con el licenciado Ramón Negrón Soto

como Comisionado Especial.

I

Celebrada

vista

rindió su informe.

evidenciaria,

el

Comisionado

Especial

Concluyó que le mereció credibilidad el

testimonio vertido por el licenciado Rodríguez Feliciano a

los efectos que las cláusulas y condiciones estipuladas en la

petición

de

redactadas

divorcio

por

el

por

matrimonio

consentimiento

Arguello

–

mutuo

Santiago

fueron

sin

su

intervención, independientemente que el mismo se redactó en

su

oficina.

petición

de

El

testigo

divorcio

en

declaró

momentos

que

ambos

firmaron

la

distintos.

Añadió

que

consideró el hecho que el señor Arguello García se quedara

residiendo en los bajos de la estructura de vivienda en donde

habían habitado juntos hasta ese momento, como un arreglo

amistoso.

Posteriormente se enteró que la pareja se había

CP-1997-7

12

reconciliado y que el señor Arguello García nunca se mudó de

la propiedad.

Sobre la aparente posición contradictoria del querellado,

en cuanto a la deuda por concepto de pensión alimentaria del

señor

Arguello

($10,010),

García

el

por

la

Comisionado

suma

diez

Especial

mil

diez

concluyó

dólares

que

la

aseveración original del querellado a los efectos que había

sido

satisfecha,

no

puede

tomarse

como

una

alegación

contraria a su conocimiento porque él no había participado en

los casos donde el asunto de la pensión y la deuda contraída

se había ventilado.

Le impartió gran peso al hecho que tan

pronto el querellado intervino en calidad de abogado en esos

casos como representante legal del señor Arguello García,

reconoció la deuda y presentó un plan de pago para satisfacer

la misma.

Solicitó, además, la rebaja de la pensión y se

opuso a las distintas mociones de desacato presentadas por la

señora López Peña.

El

Comisionado

Especial

expresa

no

tener

duda

de

que

ambas partes exhibieron en sus escritos, presentados como

parte

de

los

procedimientos

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, estilos de redacción que reflejan su animosidad.

Concluyó,

a

base

de

los

escritos

presentados

por

el

querellado ante el Tribunal de Primera Instancia, que éste

tenía una opinión formada sobre la licenciada López Peña, a

los

efectos

que

mantenía

un

patrón

de

hostigamiento

y

persecución contra sus clientes.

Tal animosidad se agravó

durante el mes de febrero de 1994.

Principalmente de parte

CP-1997-7

13

del señor Arguello García hacia ella, por algunas preguntas

del Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones que éste le

cursó, a través del querellado, a la licenciada López Peña y

de algunas contestaciones del señor Arguello García a el

interrogatorio que le había cursado la licenciada López Peña,

a través

El

de su abogado.

querellado

notificó

a

la

licenciada

López

Peña

un

Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones fechado el 15 de

agosto de 1994, en el cual le formuló una serie de preguntas

y

requerimientos

de

admisión

que

contenían

una

serie

de

aseveraciones que ésta consideró impertinentes al asunto en

controversia y altamente indecorosas, impropias y ofensivas.

Las preguntas y los requerimientos de admisiones aludidos

contienen hechos relacionados con el alegado hostigamiento de

la licenciada López Peña al señor Arguello García.

preguntas y requerimientos parten de unas premisas.

Tales

Primero,

que la licenciada López Peña estuvo en alguna ocasión en las

oficinas

donde

trabajaba

el

señor

Arguello

García.

Allí

ocurrieron unos incidentes que produjeron una resolución del

Tribunal de Primera Instancia en uno de los casos donde se le

ordenó

a

la

licenciada

López

Peña

que

se

abstuviera

de

intervenir en forma directa o indirecta con el señor Arguello

García en su vida personal o profesional y con sus patronos

presentes o pasados.

Segundo, una carta que la licenciada

López Peña le escribió a la señora María José Zamora, madre

de otros tres (3) hijos menores de edad del señor Arguello

García que residían en Nicaragua.

Las referidas preguntas y

CP-1997-7

14

requerimientos partían de la premisa que en esa carta ella le

expresó a la señora Zamora de la vida feliz que disfrutó

con

el señor Arguello García cuando estaban casados y de sus

preferencias sexuales durante la existencia de esa relación.

La licenciada López Peña aceptó la existencia de esa carta.

No obstante, se molestó porque entendió que su contenido no

tenía pertinencia alguna con la controversia sobre la pensión

alimenticia, sino que pretendía cuestionar sus preferencias

sexuales.

Concluyó

el

Comisionado

Especial,

al

evaluar

el

testimonio de las partes, que el querellado hizo referencia a

la carta con el propósito de establecer la alegada conducta

obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su

cliente.

El querellado cursó, además, un requerimiento de

admisiones

a

la

licenciada

referencia

a aspectos relacionados con su vida y conducta

cuando era estudiante.

López

Peña

en

el

que

hizo

El Comisionado Especial entendió que

el mismo no era pertinente a la controversia y sí producto de

un

relato

del

señor

Arguello

García

a

su

abogado,

el

querellado, y que éste entendió, incorrectamente, que podía

utilizar con el propósito de establecer la alegada conducta

obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su

cliente.

Concluyó que, ante esa conducta del querellado, era

natural que la licenciada López Peña se molestara.

El Comisionado Especial determinó que, como parte de la

contestación

fecha

del

22

bajo

de

juramento

febrero

de

del

señor

1994

a

Arguello

un

García

de

Interrogatorio

y

CP-1997-7

15

Requerimiento de admisiones que le cursara la señora López

Peña

en

el

caso

KDI

84-389

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, se hicieron aseveraciones ofensivas y lesivas a la

dignidad de la señora López Peña, abogada de profesión, del

Tribunal

de

Primera

Instancia

y

de

los

jueces

que

intervinieron en los casos entre ellos, al afirmar que su

encarcelamiento fue motivado por la influencia que ella tenía

con

altos

funcionarios

imputaciones

surgen

de

del

las

gobierno.

Las

contestaciones

39

aludidas

y

42

del

López

Peña

referido escrito que leen de la forma siguiente:

39. No tuve ninguna participación ni defensa

en el caso RF-76-1441. Myrna Y. López usando

su influencia en el gobierno y sabiendo que

yo no residía en Puerto Rico, consiguió del

tribunal la Sentencia a su favor.

Para 17

años más tarde y después de 17 años continuos

pleitos hacer su reclamación con el único

propósito de aprovecharse de la situación con

el uso de su influencia en el gobierno.

42. Se niega.

Una vez el tribunal decidió

que esa deuda a pesar de las circunstancias

envueltas existía, determinó que propusiera

un plan de pago que me permitiera ponerme al

día.

En ese proceso Myrna López consiguió

con su influencia con altos funcionarios de

gobierno

que

otro

Juez

interviniera

y

ordenara

fuera

puesto

en

prisión;

envileciendo a su propia hija y nietos.

Fue

en

ese

momento

cuando

la

licenciada

decidió presentar una queja contra el licenciado Rodríguez

Feliciano ante este Tribunal.

El

querellado

justificó

las

aseveraciones

anteriores

alegando que el señor Arguello García subscribió las mismas e

insistió en contestar de esa forma y manera, por lo que su

contenido

era

de

su

única

y

entera

responsabilidad.

No

CP-1997-7

16

obstante, el contenido de las mismas fue discutido por el

querellado

con

su

cliente.

Declaró

ante

el

Comisionado

Especial que él no creyó lo que afirmaba su cliente sobre las

influencias de la licenciada López Peña ni estaba de acuerdo

sobre sus expresiones lesivas dirigidas a los jueces, ya que

tenía una buena opinión de la conducta personal y oficial de

esos

funcionarios.

Testificó

que

en

consideración

a

la

libertad de expresión del señor Arguello García, de que esas

aseveraciones eran de su entera responsabilidad y debido a

que

éste

insistió

en

contestar

en

esa

forma,

se

transcribieron y él las envió al abogado de la otra parte.

No obstante, puntualizó que si en el futuro se encontrara con

una situación como esa, de tanta animosidad entre las partes,

renunciaría

a la representación de su cliente.

El querellado presentó el 28 de diciembre de 1993 ante el

entonces Tribunal Superior, en el caso KDI 76-1441 (702), un

escrito

titulado

“Moción

proponiendo

plan

de

pagos

para

saldar deuda de 1976 a 1979 reclamada el 21 de abril de 1992”

en la cual expresó lo siguiente:

Le adelantamos al Honorable Tribunal que en

el caso K DI84-3898 estamos solicitando una

rebaja en el pago de pensión debido a que el

compareciente no tiene recursos para pagar

dicha pensión ya que como consecuencia del

hostigamiento de la peticionaria el señor

Arguello se divorció conforme al caso K

DI93-0021 del 2 de marzo de 1993, Tribunal

Superior, Sala de San Juan, donde el

compareciente se obligó a pagar una pensión

alimenticia para sus tres hijos menores de

edad en la cantidad de $600.00 mensuales.

(Énfasis suplido).

CP-1997-7

17

En su memorando de derecho del 28 de febrero de 1995, en

el

caso

KAC

2004-68,

sobre

fraude

de

acreedores,

el

querellado como abogado del señor Arguello García y la señora

Santiago Colón, expresó lo siguiente.

Es triste ver como una ciudadana ha estado

por

los

últimos

diecisiete

años

(aproximadamente) hostigando, persiguiendo,

amenazando, al demandado y utilizando al

Honorable

Tribunal

para

lograr

esos

objetivos.

Ya es hora que este Honorable

Tribunal le haga justicia al demandado.

Hasta cuando la demandante va a continuar

haciendo

los

mismos

planteamientos

en

diferentes

salas.

Le

recordamos

al

Honorable Tribunal que la demandante es

abogada, aunque no ejerce la profesión

por

ser Directora de Personal del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos.

Aún cuando en el pleito incoado por la licenciada López

Peña y su hija se alegó que la presentación de una petición

de divorcio por mutuo consentimiento por el señor Arguello

García y la señora Santiago Colón constituía y pretendía un

fraude de acreedores, en el que el querellado representaba

una parte, éste asumió la representación legal de la señora

Santiago

Colón

cuando

el

referido

pleito

había

sido

calificado como colusorio por un funcionario del Tribunal de

Primera Instancia al evaluar la prueba.

El querellado, sobre

este asunto, expresó que no consideró que existiera conflicto

de interés de su parte en tales asuntos.

Así lo entendió

también el Procurador General.

Cuando el querellado solicitó del Tribunal de Primera

Instancia el 4 de diciembre de 1998 que lo relevara como

abogado del señor Arguello García en los casos KDI 76-1441 y

KDI 84-3898, expuso como razón para ello que él se había

CP-1997-7

18

“...afectado por la manera injusta en que se le ha fijado una

pensión

de

$500.00

para

(sic)

pariente

adulta

cuando

el

ingreso no controvertido del Sr. Elías Arguello García (sic)

de $700.00”.

El Comisionado Especial consideró

que el querellado pudo

incurrir en prácticas que están en conflicto con varios de

los

Cánones

de

Ética

Profesional

a

que

hace

alusión

el

Procurador General. Puntualizó los Cánones 8,9,15 y 29 por

haber actuado el querellado inspirado por la animosidad y

prejuicio de su cliente y permitir que hasta cierto punto

dirigiera su posición en el trámite de los procedimientos.

Varios de los escritos presentados por el querellado ante

el Tribunal de Primera Instancia fomentaron e incrementaron

la animosidad entre las partes, que llegó al extremo de que

Ana Haydeé Arguello López no tenía ninguna comunicación con

su padre.

II

Corresponde al Comisionado Especial, designado por este

Tribunal, atender una querella presentada contra un abogado,

recibir la prueba, así como evaluar y dirimir la evidencia

conflictiva.

Tal funcionario ocupa el papel del juzgador de

primera instancia y, por lo tanto, está en mejor

para aquilatar la prueba testifical. 1

posición

Sus determinaciones de

hechos, basadas en la prueba testifical merecen nuestra mayor

1

In re: González Ortiz, res. 2 de junio de 2004, 162 D.P.R.

___ (2004), 2004 T.S.P.R. 86, 2004 J.T.S. 90; In re: Morales

Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

CP-1997-7

19

deferencia. 2 Cuando esas determinaciones están sostenidas por

la prueba obrante en nuestro expediente, no intervendremos

con

las

mismas,

ausente

de

una

demostración

de

pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación.3

No hemos encontrado nada en el expediente que nos anime

a intervenir con las determinaciones de hechos formulados por

el Comisionado Especial.

presentada y admitida.

Están apoyadas en la evidencia

La presunción sobre su corrección no

ha sido rebatida.

III

Constituye conducta antiética de un abogado el permitir

que su cliente, en el trámite de los asuntos que se realicen

dentro

de

la

relación

de

abogado

y

cliente,

incurra

en

conducta que sería impropia del abogado de llevarla a cabo

personalmente.

conducta

De persistir un cliente en incurrir en tal

impropia,

relaciones

al

abogado

profesionales

con

tiene

él.

que

Tal

terminar

normativa

sus

tiene

particular aplicación a las relaciones con los tribunales,

funcionarios

judiciales,

los

otras partes litigantes. 4

jurados,

los

testigos

y

las

El abogado debe tratar a las

2

In re: González Ortiz, supra; In re: Soto López, 135 D.P.R.

642 (1994).

3

In re: González Ortiz, supra; In re: Soto Colón, res. 9 de

noviembre de 2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 166,

2001 J.T.S. 166; In re: Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364

(1993); In re: Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840

(1993); In re: Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

4

Canon 8 de Ética Profesional,

4 L.P.R.A. Ap. IX.

CP-1997-7

partes

20

adversas con respeto y consideración.

inspirado

por

la

animosidad

ni

por

los

No debe actuar

prejuicios

de

su

cliente, ni debe permitir que éste dirija el caso ni que se

convierta en el dueño de su conciencia.

Es impropio el

utilizar los procedimientos legales en forma irrazonable o

con

el

fin

de

hostigar

una

parte

contraria. 5

Son

los

clientes de los abogados los litigantes ante los tribunales,

no ellos.

Cualquier rencor que exista entre sus clientes no

debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las

relaciones hacia la parte adversa.6

Concluimos

que

el

querellado

desarrolló

un

estado

de

animosidad contra la parte contraria, licenciada López Peña,

por entender que ésta mantenía un patrón de hostigamiento y

persecución contra sus clientes, el señor Arguello García y

señora

Santiago

Colón.

Permitió

que

su

cliente,

señor

Arguello García incurriera en conducta, durante el trámite

judicial,

que

personalmente.

parte

le

impropia

de

llevarla

a

cabo

No le dispensó respeto y consideración a la

contraria.

animosidad

era

entre

Su

las

conducta

partes,

fomentó

en

vez

de

e

incrementó

la

ir

a

dirigida

propiciar la solución del problema y la controversia entre

ellos.

su

El querellado

cliente,

dirigiera

el

actuó inspirado por la animosidad de

señor

Arguello

caso

y

se

García

convirtiera

y

permitió

en

el

que

dueño

conciencia.

5

Canon 15 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

6

Canon 29 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

éste

de

su

CP-1997-7

21

Es intolerable y reñida con la conducta ética mínima que

tienen que observar los abogados en el trámite de reclamación

y

cobro

de

pensiones

alimenticias

de

menores

de

edad

el

fomentar la animosidad de las partes en lugar de propiciar la

solución del problema entre ellos.

El abogado puede ser

fogoso y vehemente en la defensa de los intereses de su

cliente, pero no puede, por imperativo ético, promover o

fomentar la hostilidad y la animosidad de sus clientes contra

la

parte

contraria.

Los

Cánones

de

Ética

Profesional

establecen y delimitan una frontera entre la diligencia y

responsabilidad que le debe todo abogado a los clientes y los

casos que le han sido encomendados, frente a las pasiones,

rencillas y rencores que puedan motivar a su cliente.

Los

abogados

las

no

puedan

convertirse

e

instrumentos

pasiones, rencillas y rencores de sus clientes.

del

Tribunal

Apelaciones

de

Primera

Instancia

deben

velar

porque

los

y

del

de

Los jueces

Tribunal

Cánones

de

de

Ética

Profesional sean observados por los abogados, e informar al

Tribunal Supremo cualquier violación de los mismos.7

Concluimos que el querellado violó los Cánones 8,15 y 29

de Ética Profesional.

A base de la evidencia presentada,

admitida

por

y

dirimida

el

Comisionado

Especial,

no

encontramos que el querellado haya incurrido en las demás

faltas éticas imputadas.

7

In re: Montañez Miranda, res. 18 de junio de 2002, 157

D.P.R.___ (2002), 2002 T.S.P.R. 122, 2002 J.T.S. 123; In re:

Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re: Veléz Cardona,

148 D.P.R. 505 (1999); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1

(1986).

CP-1997-7

22

IV

Para determinar la sanción disciplinaria aplicable a un

abogado querellado podemos tomar en cuenta factores como la

reputación del abogado en su comunidad, el previo historial

de éste, si es su primera falta, la aceptación de la misma y

su

sincero

aislada

y

arrepentimiento,

cualesquiera

si

otras

se

trata

de

una

consideraciones,

conducta

ya

bien

atenuantes o agravantes que medien, a tenor con los hechos.8

El

abogado

expediente.

querellado

no

tiene

otra

Esta es su primera falta ética.

queja

en

su

Su historial no

presenta otra conducta similar a la del presente caso.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos

apercibimos

al

querellado de su deber y obligación de cumplir cabalmente en

el futuro con los Cánones de Ética Profesional.

8

In re: Montalvo Guzmán, res. 20 de mayo de 2005, 164

D.P.R.___ (2005), 2005 T.S.P.R. 82, 2005 J.T.S. 87; In re:

Quiñones Ayala, res. 30 de junio de 2005, 165 D.P.R.___(2005),

2005 T.S.P.R. 99, 2005 J.T.S. 104; In re: Avilés, Tosado, res.

5 de septiembre de 2002, 157 D.P.R.___ (2002), 2002 T.S.P.R.

124, 2002 J.T.S. 130; In re: Sepúlveda Girón, res. 24 de

octubre de 2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 153, 2001

J.T.S. 156; In re: Tejada Rivera, res. 24 de septiembre de

2001, 155 D.P.R.___ (2001), 2001 T.S.P.R. 136, 2001 J.T.S. 138;

In re: Guadalupe, Colón, res. 19 de septiembre de 2001, 155

D.P.R.__ (2001), 2001 T.S.P.R. 128, 2001 J.T.S. 131; In re:

Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-1997-7

Carmelo Rodríguez Feliciano

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, apercibimos al querellado

de su deber y obligación de cumplir cabalmente en

el futuro con los Cánones de Ética Profesional.

Lo acordó el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo