LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Benny Tosado Cortés v. Autoridad de Energía Eléctrica

2005 TSPR 113

Poder Judicial de Puerto Rico

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Benny Tosado Cortés v. Autoridad de Energía Eléctrica

CC-2003-0675

12 de agosto de 2005 · LPAU-Decisión final de agencia en procedimiento disciplinario

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Benny Tosado Cortés

Recurrido

Certiorari

v.

2005 TSPR 113

Autoridad de Energía Eléctrica

165 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2003-675

Fecha: 12 de agosto de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional I, Panel III

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Michael Corona Muñoz

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan R. Ortiz Ramírez

Materia: Formulación de Cargos

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Benny Tosado Cortés

Recurrido

v.

CC-2003-675

Certiorari

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2005.

El

presente

recurso

requiere

que

evaluemos

el

procedimiento disciplinario interno mediante el cual se

ventilan

los

gerenciales

en

cargos

la

presentados

Autoridad

de

contra

los

empleados

Energía

Eléctrica

(en

adelante AEE). En particular, debemos determinar si la

resolución emitida por un oficial examinador como parte

del mencionado procedimiento disciplinario constituye la

decisión final de la referida corporación pública. Veamos.

I

Mientras el Sr. Benny Tosado Cortés (en adelante

señor Tosado Cortés) se desempeñaba como supervisor de la

AEE,

se

le

formularon

cargos

por

CC-2003-675

alegadamente

2

infringir

ciertas

reglas

de

conducta

promulgadas por la mencionada corporación pública. En vista

de ello, la Oficina de Asuntos Laborales de la AEE refirió

el asunto a un Oficial Examinador, quien presidió la vista

administrativa en la cual se dilucidaron los cargos contra

el señor Tosado Cortés. Luego de los trámites pertinentes,

el Oficial Examinador emitió resolución en la cual concluyó

que el señor Tosado Cortés no había violado las Reglas de

Conducta, según se le imputó.1

Insatisfecha, la AEE acudió ante el entonces Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones.

Sin

embargo,

dicho

foro

se

declaró sin jurisdicción para entender en el recurso. Al

interpretar el procedimiento disciplinario llevado a cabo

contra el señor Tosado Cortés junto con las disposiciones

del Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de

Querellas de la AEE,2 concluyó que la resolución emitida por

el

Oficial

Examinador

no

era

la

decisión

final

de

la

agencia, por lo cual no era revisable judicialmente.

Inconforme aún, la AEE presentó ante nos el presente

recurso de certiorari. Aduce, en esencia, que la decisión

emitida por el Oficial Examinador en el caso de autos no

requiere de ningún otro trámite administrativo para hacerla

valer, razón por la cual constituye la decisión final de la

1

Dicha resolución contenía las advertencias legales

pertinentes al derecho de solicitar reconsideración y

revisión judicial, así como los términos para ello.

2

En vigor desde el 12 de febrero de 1990, Reglamento Núm.

4109.

CC-2003-675

AEE.

3

Vista

término

la

al

posición.

petición,

señor

Éste

Tosado

acordamos

Cortés

compareció

y

expedir.

para

que

repitió

Concedimos

presentara

los

su

argumentos

esbozados por la AEE de que la decisión administrativa en

este caso es una final. Contando con la comparecencia de

ambas partes, resolvemos.

II

A

La Ley de la Judicatura de 1994, vigente al momento de

los

hechos,

confería

competencia

al

antiguo

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones para revisar las resoluciones de

cualquier

agencia

administrativa,

establecido

en

Ley

la

de

a

Procedimiento

tenor

con

lo

Administrativo

Uniforme (en adelante LPAU), 3 L.P.R.A. secs. 2101 et seq.3

Por su parte, la LPAU dispone en su sección 4.2 que:

Una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya agotado

todos los remedios provistos por la agencia o por

el

organismo

administrativo

apelativo

correspondiente podrá presentar una solicitud de

revisión

ante

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones, dentro de un término de treinta (30)

días contados a partir de la fecha del archivo en

autos de la copia de la notificación de la orden o

resolución final de la agencia o a partir de la

fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165

de este título...

[....]

Una orden o resolución interlocutoria de una

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en

procesos que se desarrollen por etapas, no serán

revisables

directamente.

La

disposición

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de

3

La Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. secs. 24 et

seq., concede igual competencia al Tribunal de Apelaciones,

con la diferencia de que el recurso de revisión judicial se

acoge como cuestión de derecho.

CC-2003-675

4

un señalamiento de error en el recurso de revisión

de la orden o resolución final de la agencia.

(Énfasis nuestro) 3 L.P.R.A. sec. 2172.

En vista de lo pautado en la referida sección, una

orden

o

resolución

requisitos

para

administrativa

que

ésta

sea

debe

revisable

cumplir

con

dos

judicialmente,

a

saber: (1) que la resolución que se pretenda revisar sea

final y no interlocutoria y (2) que la parte adversamente

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos

por la agencia. Oficina de la Procuradora del Paciente v.

Aseguradora MCS, IPA 603, res. el 22 de septiembre de 2004,

2004 TSPR 153; Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v.

Elías, 144 D.P.R. 483 (1997). Respecto a este asunto, nos

señala

el

Profesor

Demetrio

Fernández

Quiñones

lo

siguiente:

Una vez el organismo administrativo ha rendido su

decisión en el caso y la ‘parte adversamente

afectada’

ha

agotado

todos

los

remedios

administrativos disponibles dentro del organismo,

se puede presentar la solicitud de la revisión

judicial.

[...] Para interponer el recurso, la

decisión administrativa tiene que ser ‘final’ y

además

debe

ser

revisable.

La

decisión

administrativa es final cuando ha decidido todas

las controversias y no deja pendiente ninguna para

ser decidida en el futuro. Es revisable cuando la

parte afectada por ella haya cumplido con todos

los requisitos y haya agotado todos los remedios

administrativos disponibles. Demetrio Fernández

Quiñones,

Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed.,

FORUM, 2001, Sec. 9.3, pág. 533.

La

LPAU,

aunque

no

define

el

concepto

“orden

o

resolución final”, nos ilustra sobre su contenido esencial.

Así, una orden o resolución administrativa final “deberá

incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho”,

CC-2003-675

5

además de las “conclusiones de derecho que fundamentan la

adjudicación”

y

la

disponibilidad

del

recurso

de

reconsideración o revisión según sea el caso. 3 L.P.R.A.

sec. 2164. Igualmente, añade que “[l]a orden o resolución

deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier

otro funcionario autorizado por ley”. Id.

Hemos expresado anteriormente que la orden o resolución

final es aquella que pone fin a todas las controversias

dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial

sobre

las

partes.

Padilla

Falú

v.

Administración

de

Viviendas, res. el 26 de septiembre de 2001, 2001 TSPR 130;

Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, supra.

Además, dicha determinación final debe ser emitida “por la

última

autoridad

decisoria

o

adjudicativa

de

la

agencia

administrativa”. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R.

928, 936 (2000). Ello implica que debe contener la última

posición asumida por el ente autorizado a emitir la decisión

a

nombre

de

la

agencia,

y

no

meras

recomendaciones

formuladas por un oficial examinador. Véase Padilla Falú v.

Administración de Viviendas, supra.

Sobre

esto

último,

resulta

pertinente

destacar

lo

dispuesto en la sección 3.3 de la LPAU, la cual establece en

parte que:

Toda agencia podrá designar oficiales examinadores

para presidir los procedimientos de adjudicación

que se celebren en ella, los cuales no tendrán que

ser

necesariamente

abogados,

particularmente

cuando el procedimiento en cuestión es uno

informal.

CC-2003-675

6

El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad

de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados

de su agencia. A estos funcionarios o empleados se

les

designará

con

el

título

de

jueces

administrativos. 3 L.P.R.A. sec. 2153.

El

objetivo

consideraciones

que

persigue

prácticas.

esta

Resulta

sección

descansa

básicamente

en

imposible

para el jefe de una agencia presidir todas las vistas y

adjudicar

oficina

todas

bajo

su

las

controversias

dirección,

razón

presentadas

por

la

ante

cual

la

necesita

delegar esas funciones. Véase, Fernández Quiñones, supra,

sec. 4.3, pág. 186; B. Schwartz, Administrative Law, 3ra

ed.,

Little,

Brown

&

Co.,

1991,

sec.

6.11,

pág.

324.

Además, el jefe del organismo administrativo —-al igual que

el sistema adjudicativo-- se beneficia de la experiencia,

el conocimiento y la capacidad de aquellas personas a las

cuales se les asignan dichas tareas. Con ello se logra,

igualmente,

que

la

agencia

pueda

manejar

las

querellas

presentadas y, al mismo tiempo, mantener su capacidad para

desarrollar la política pública que inspiró su creación.

Richard J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed.,

Aspen Law & Bussiness, sec. 8.6, pág. 552.

Como se puede apreciar, la sección 3.3 de la LPAU

denomina

dos

procedimiento

tipos

de

agentes

adjudicativo

a

que

nombre

intervienen

de

la

en

el

agencia,

entiéndase, el oficial examinador y el juez administrativo.

Según la redacción de la aludida disposición legal, sólo

este último posee la facultad para adjudicar controversias,

pues

dicha

autoridad

le

es

delegada

por

el

jefe

de

la

CC-2003-675

7

agencia. Esta bifurcación de funciones, igualmente surge de

la sección 3.13(a) de la LPAU, la cual preceptúa, en lo

pertinente,

que

“el

funcionario

que

presida

la

[vista]

preparará un informe para la consideración de la agencia, o

emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la

autoridad para ello”. 3 L.P.R.A. sec. 2163(a).

Ahora bien, al analizar la naturaleza de la decisión

administrativa

no

podemos

considerar,

exclusivamente,

la

denominación que se le ha dado al funcionario o empleado

que la emite dentro del esquema procesal administrativo. Es

decir,

el

título

administrativo,

de

sin

más,

oficial

examinador

no

el

define

o

carácter

juez

de

sus

funciones y, por tanto, del producto de su trabajo. Resulta

imperativo, además, evaluar las facultades que le han sido

delegadas

alcance

y

el

y

las

dependerán

“de

tipo

de

decisión

consecuencias

lo

que

de

disponga

que

éstos

sus

el

emiten.

El

determinaciones

estatuto,

de

la

estructura procesal de la agencia y del poder que se le

reconozca al examinador o juez”. Fernández Quiñones, supra,

sec. 4.4, pág. 190. Como consecuencia de lo anterior, es

menester considerar con detenimiento estos elementos para

determinar si, dado el estado de derecho vigente al momento

del

procedimiento

administrativo,

la

decisión

que

se

pretende revisar judicialmente constituye un informe o una

recomendación que carece de finalidad o, por el contrario,

configura la decisión final de la persona con autoridad

para adjudicar la controversia.

CC-2003-675

Por

aplicable

8

ello,

al

nos

caso

corresponde

de

autos

evaluar

para

el

procedimiento

determinar

sobre

quién

recae la facultad de adjudicar la controversia.

B

La Autoridad de Energía Eléctrica fue creada al amparo

de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941,4 22 L.P.R.A. secs.

191

et

seq.,

instrumentalidad

como

una

gubernamental

corporación

autónoma

del

pública

Estado

e

Libre

Asociado de Puerto Rico. Ésta es controlada por una Junta

de Gobierno que, a su vez, designa a un Director Ejecutivo

en el cual delega los poderes y deberes que estime propios.

Este

Director

tiene

a

su

Ejecutivo,

entre

cargo

supervisión

la

otras

responsabilidades,

general

de

los

funcionarios, empleados y agentes de la AEE. 22 L.P.R.A.

sec. 194.

Como corolario de este poder de supervisión, la AEE

adoptó el Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para

Empleados Unionados y Gerenciales. Éste contiene las pautas

aplicables a la formulación de cargos y a la celebración de

vistas adjudicativas en casos de violaciones a las reglas

de

conducta

pública.

4

promulgadas

Dicho

por

compendio

la

mencionada

agrupa,

Originalmente, dicha entidad fue

Autoridad de la Fuentes Fluviales.

entre

corporación

otros,

denominada

como

los

la

CC-2003-675

9

procedimientos

disciplinarios

aplicables

a

los

empleados

gerenciales.5

A

tenor

con

la

sección

III

del

Procedimiento

Disciplinario de la AEE --la cual es aplicable tanto a

empleados unionados como a empleados gerenciales-- una vez

se le notifica al empleado la formulación de los cargos,

éste

puede

oficial

solicitar

examinador.

una

El

vista

empleado

administrativa

ante

tiene

a

derecho

un

estar

representado por su abogado, si así lo desea. Luego de

culminada

la

vista,

el

oficial

examinador

“somete

su

decisión al Director Ejecutivo para ser puesta en vigor”.6

Sin embargo, “[e]n los casos de separación definitiva, la

decisión separando al empleado es aprobada por el Director

Ejecutivo”.7

En

lo

aplicable

específico,

el

procedimiento

exclusivamente

a

los

disciplinario

empleados

gerenciales

dispone que, una vez el empleado gerencial es notificado de

los cargos formulados en su contra, éste puede solicitar a

la

Subdivisión

celebración

de

de

una

Relaciones

vista

Industriales

administrativa.

de

Esta

la

AEE

la

vista

se

celebra ante un ex-juez del Tribunal General de Justicia de

5

También

contiene

los

procedimientos

disciplinarios

aplicables a los empleados unionados, según se hayan

estipulado en sus respectivos convenios colectivos.

6

Sección III, inciso (4) del Procedimiento Disciplinario de

la AEE. (Énfasis nuestro).

7

Id., inciso (5). (Énfasis nuestro).

CC-2003-675

10

Puerto Rico, quien actúa como Oficial Examinador. Culminada

la vista administrativa:

El Oficial Examinador somete su decisión del

caso al Director Ejecutivo por conducto del Jefe

de la Subdivisión de Relaciones Industriales a

la Oficina de Procedimientos Especiales de la

Subdivisión de Relaciones Industriales para ser

puesta en vigor. Copia de esta decisión es

remitida por el Oficial Examinador al empleado

gerencial y al abogado de la Oficina de

Procedimientos Especiales. En aquellos casos

meritorios, el Director Ejecutivo puede ejercer

clemencia administrativa al poner en vigor la

decisión de dicho Oficial Examinador. Sección

152.2,

Procedimiento

Disciplinario

para

Empleados

Gerenciales,

inciso

M.

(Énfasis

nuestro).

Al evaluar el contenido del referido manual, partimos

de

la

premisa

de

aplicabilidad

al

adopción

parte

por

que

las

partes

de

autos

ni

caso

de

la

AEE.8

no

la

Sin

cuestionan

legitimidad

embargo,

de

su

su

entendemos

meritorio expresarnos sobre esto último para aclarar los

contornos que delimitan la adopción de este tipo de normas

en el campo administrativo.

C

Conforme a la LPAU, las agencias administrativas tienen

que cumplir con ciertos requisitos al momento de formular y

aprobar

sus

resumir

en

reglamentos.

las

reglamentación

Estas

formalidades

se

notificar

público

siguientes:

(1)

que

aprobarse;

ha

de

(2)

al

pueden

proveer

la

una

oportunidad para la participación ciudadana; (3) presentar

la reglamentación ante el Departamento de Estado para su

8

De

hecho,

las

partes

aceptan

procedimiento es el aplicable a la

Tosado Cortés.

que

el

mencionado

situación del señor

CC-2003-675

11

aprobación, y (4) publicar la reglamentación. 3 L.P.R.A.

secs. 2121-2135; Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673

(2000).

Sin embargo, no toda regulación está sujeta a este

procedimiento de aprobación. La LPAU excluye expresamente de

la

definición

de

regla

o

reglamento,

entre

otras,

a

aquellas:

Reglas relacionadas con la administración interna de

la agencia que no afectan directa y sustancialmente

los derechos o los procedimientos o prácticas

disponibles para el público en general. 3 L.P.R.A.

sec. 2102(l)(1).

Es decir, para fines de adopción de reglas y reglamentos,

la propia LPAU reconoce dos (2) clasificaciones generales,

a

saber;

las

reglas

legislativas

y

las

reglas

no

legislativas.

Anteriormente hemos definido “regla legislativa” como

“aquella que crea derechos, impone obligaciones y establece

un patrón de conducta que tiene fuerza de ley”. Asociación

de Maestros de P.R. v. Comisión de Relaciones del Trabajo

del Servicio Público, res. el 31 de marzo de 2003, 2003

TSPR

47.

Por

directamente

definición,

a

los

esta

ciudadanos

regla

en

es

la

general

y

que

impacta

obliga

con

fuerza de ley a la agencia, quien no tiene discreción para

rechazarla.

Id.

adoptarlas

en

mencionados,

Es

por

estricta

dándole

ello

que

las

agencias

observación

de

los

la

ciudadanía

oportunidad

a

deben

requisitos

para

conocerlas y expresar cualquier reparo a ellas antes de su

aprobación

final.

Véase

Asociación

de

Farmacias

de

la

CC-2003-675

12

Comunidad v. Depto. de Salud, res. el 5 de febrero de 2002,

2002 TSPR 13.

Por

varias

otra

parte,

normas

las

reglas

administrativas

no

que,

legislativas

por

el

agrupan

propósito

que

persiguen, no requieren el cumplimiento de las formalidades

establecidas en la LPAU. Ejemplo de ellas son las reglas

interpretativas, las cuales se crean para aclarar la ley,

las reglas o los reglamentos administrados por la agencia,

para

fijar

directrices

y

para

pautar

la

discreción

administrativa. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866

(1993).

Asimismo, existen otras reglas no legislativas que van

dirigidas a la administración interna de la agencia y que,

por no afectar directa y sustancialmente los derechos de

personas ajenas a la operación de la empresa gubernamental,

no

requieren

oportunidad

de

su

notificación

que

ésta

adopción.

Esta

Derecho

Administrativo.

Administrative

doctrina

Procedure

a

la

participe

es

ciudadanía

en

el

ni

la

proceso

de

ampliamente

reconocida

Al

igual

la

Act

(en

que

adelante

APA)

en

el

LPAU,

el

reconoce

que, al aprobarse este tipo de norma, no se requiere su

notificación al público ni que se le brinde oportunidad a

la

ciudadanía

para

presentar

sus

comentarios

sobre

el

particular.9 Igualmente, el Código Modelo de Procedimiento

9

El APA expresamente excluye de las disposiciones relativas

a la notificación y participación de la ciudadanía en el

proceso de adopción de reglas a todo asunto relacionado a

CC-2003-675

13

Administrativo

Estatal

instituye

una

excepción

a

los

requisitos de adopción de reglas y reglamentos cuando se

trata de:

a rule concerning only the internal management of an

agency which does not directly and substantially

affect the procedural or substantive rights or

duties of any segment of the public. Model State

Administrative Procedure Act, sec. 3-116(1) (1981).

La inaplicabilidad de los requisitos de reglamentación

a este tipo de norma constituye un reconocimiento expreso

por parte de la Asamblea Legislativa de la flexibilidad que

necesita la agencia al regular estos asuntos internos. Véase

Stein,

Mitchell

&

Mezines,

Administrative

sec.

Law,

15.02(4), pág. 15-9 (2004). No cabe duda del alto costo

operacional --y de la disminución en la efectividad y en la

eficiencia--

que

implicaría

para

las

agencias

tener

que

formular sus reglamentos o instrucciones internas aplicables

a sus empleados utilizando el proceso de reglamentación como

si se tratara de reglas legislativas. Arthur Earl Bonfield,

State

Administrative

Rule

Making,

sec.

6.17.2,

pág.

400

(1986). Además, serían mínimos los beneficios que podría

obtener el público en general si se les notificara de la

propuesta reglamentación interna de la agencia y se les

brindara la oportunidad de opinar sobre ésta. Id. Incluso,

no nos parece adecuada la intervención de la ciudadanía en

la elaboración de las normas referentes a las relaciones de

la

corporación

pública

con

sus

empleados,

asunto

_______________________

la administración de la agencia y de su personal. 5 USC

sec. 553(a)(2).

CC-2003-675

14

expresamente delegado a su Junta de Gobierno y a su Director

Ejecutivo.

No obstante lo anterior, debe quedar claro que las

reglas de gobierno interno aprobadas por la agencia no deben

impactar

“directa

y

sustancialmente”

los

derechos

de

la

ciudadanía en general. Mientras estas normas estén dirigidas

a las operaciones internas de la agencia, y apliquen a sus

empleados, funcionarios o agentes, podrán ser adoptadas con

la flexibilidad que el Derecho Administrativo les reconoce.

Id.; Stewart v. Smith, 673 F 2d. 485 (D.C. Cir. 1982); U.S.

v. Hayes, 325 F. 2d 307 (4th Cir. 1963). Ahora bien, esta

excepción no aplica en la medida que la norma afecte directa

y sustancialmente derechos de terceras personas ajenas a la

operación de la agencia. Charles Koch, Administrative Law

and Practice, Vol. 1, sec. 3.34, pág. 163 (1985); James

O´Reilly, Administrative Rulemaking, sec. 3.06, págs. 47-48

(1983);

Véase

además

Tunik

v.

Merit

Systems

Protection

Board, 407 F. 3d. 1326 (D.C. Cir. 2005); Joseph v. U.S.

Civil Service Commission, 554 F 2d. 1140 (D.C. Cir. 1977).

En el caso de autos, la AEE adoptó el Manual sobre

Procedimientos

Disciplinarios

para

Empleados

Unionados

y

Gerenciales. Éste contiene ciertas normas que han de regir

los procedimientos disciplinarios de sus empleados desde la

investigación

de

los

hechos

que

podrían

configurar

una

violación a las Reglas de Conducta hasta la celebración de

una

vista

administrativa

para

dilucidar

los

cargos

presentados contra éstos. Sin embargo, dicho procedimiento

CC-2003-675

15

no va dirigido a persona alguna fuera de la AEE, ni impacta

directa y sustancialmente al público en general. Se trata,

pues,

del

ejercicio

legítimo

de

regular

y

controlar

la

conducta de los empleados de la agencia para mantener el

orden y lograr la efectividad necesaria para cumplir con la

encomienda que propulsó la creación de la AEE. En vista de

ello, somos del criterio que la AEE podía reglamentar el

procedimiento

disciplinario

aludido

mediante

el

referido

manual sin que ello se entienda como un subterfugio del

procedimiento

de

reglamentación

pautado

en

la

LPAU.

Cf.

Asociación de Maestros de P.R. v. Comisión de Relaciones del

Trabajo del Servicio Público, supra; Asociación de Farmacias

de la Comunidad v. Depto. de Salud, supra.

Visto

lo

anterior,

evaluemos

los

argumentos

de

las

partes.

III

En el caso de autos, las partes están contestes en que

la

decisión

emitida

por

el

Oficial

Examinador

en

el

procedimiento llevado a cabo contra el señor Tosado Cortés

constituye la decisión final de la agencia. Según éstos, no

quedan

mayores

trámites

ante

la

AEE,

por

lo

que

dicha

decisión resulta ser final. Les asiste la razón. Veamos.

La ley habilitadora de la AEE confirió autoridad al

Director

Ejecutivo

sobre

todo

asunto

concerniente

a

la

supervisión del personal que labora para dicha corporación.

Ello necesariamente conlleva la supervisión y control de

los

empleados

gerenciales.

Sin

embargo,

al

adoptar

el

CC-2003-675

16

Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para Empleados

Unionados

y

Gerenciales

de

la

AEE,

y

conforme

a

las

disposiciones de la LPAU, el Director Ejecutivo encomendó a

otras personas algunas de las facultades que se derivan de

dicho poder.

Según se desprende del referido manual, la facultad

adjudicativa

de

la

agencia

fue

delegada

expresamente

al

Oficial Examinador que preside la vista administrativa en

la cual se dilucidan presuntas violaciones a las Reglas de

Conducta. A tenor con lo establecido en este manual, la

decisión del Oficial Examinador constituye la determinación

final

sobre

los

cargos

formulados

contra

el

empleado

gerencial. Ello es así, toda vez que esta decisión requiere

la aprobación del Director Ejecutivo, únicamente, cuando

impone como sanción la separación definitiva del empleado

de

su

puesto.

Examinador

se

De

otra

forma,

convierte

en

la

el

dictamen

última

del

posición

Oficial

de

la

autoridad decisoria de la agencia, en lo que respecta a

este procedimiento disciplinario.

Como surge claramente del Procedimiento Disciplinario

para

Empleados

Gerenciales,

el

Oficial

Examinador

que

preside la vista emite la decisión del caso que ha de ser

puesta en vigor y no una mera recomendación o un informe

que será utilizado para guiar la discreción del Director

Ejecutivo. Cf. Padilla Falú v. Administración de Viviendas,

supra.

Es

discreción

decir,

al

el

procedimiento

Director

Ejecutivo

aludido

para

no

reservó

alterar

la

CC-2003-675

17

determinación

del

Oficial

Examinador,

salvo

en

aquellos

casos en que la sanción impuesta conlleve la separación

definitiva

del

puesto.

Fuera

de

esta

excepción,

la

intervención del Director Ejecutivo en este procedimiento

disciplinario

se

limita,

exclusivamente,

a

imponer

la

decisión del Oficial Examinador.

De otra parte, el hecho de que el Director Ejecutivo

conserve la facultad de ejercer clemencia administrativa al

poner en vigor la decisión del Oficial Examinador no altera

nuestra conclusión. La clemencia administrativa –-al igual

que

la

clemencia

ejecutiva—-

es

un

acto

de

gracia,

enteramente discrecional, mediante el cual el facultado con

dicho

poder

puede

perdonar

las

faltas

probadas

en

un

proceso y eliminar o reducir la sanción impuesta. Es decir,

la

clemencia

administrativa

no

forma

parte

en

sí

del

procedimiento adjudicativo, ni es un derecho que le asiste

a ninguna de las partes en el mismo.10 Además, el ejercicio

de

esta

facultad

no

incide

en

los

trámites

de

reconsideración y/o revisión judicial, toda vez que éstos

van esencialmente dirigidos a cuestionar los méritos de la

decisión, asunto que quedaría inalterado si se ejerciera la

clemencia administrativa. En vista de ello, la decisión del

Oficial Examinador no estaría sujeta a ser modificada por

10

A modo comparativo y en la esfera de lo penal, en

Reynolds v. Jefe de Penitenciaría, 91 D.P.R. 303, 313

(1964), expresamos que el indulto como acto de clemencia

ejecutiva, no forma parte en sí del proceso penal que

culmina en la convicción de un acusado, ni adviene el

convicto a su disfrute como un derecho concedido por el

ordenamiento jurídico.

CC-2003-675

18

el Director Ejecutivo, sino que este último podría perdonar

las

faltas

cometidas

por

el

empleado

en

determinadas

circunstancias, tomando como base las determinaciones de

hecho y conclusiones de derecho del Oficial Examinador.

Dado

que

el

señor

Tosado

Cortés

fue

sometido

al

procedimiento aludido y el Oficial Examinador de la AEE

adjudicó

la

controversia

gerencial

no

incurrió

Conducta,

se

concluyendo

en

entendió

que

dicho

violaciones

a

las

culminado

el

empleado

Reglas

de

procedimiento

disciplinario, restando únicamente que la parte afectada

solicitara

reconsideración

y/o

revisión

judicial,

de

entenderlo necesario.

A

la

luz

de

lo

anterior,

intermedio

al

interpretar

erró

el

el

referido

foro

apelativo

procedimiento

disciplinario junto con las disposiciones del Reglamento

para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la

AEE, supra, y concluir que el Oficial Examinador no podía

adjudicar la controversia. El procedimiento disciplinario

llevado a cabo contra el señor Tosado Cortés está regulado

por las normas contenidas en el Manual sobre Procedimientos

Disciplinarios para Empleados Unionados y Gerenciales de la

AEE. Estas normas son claras en cuanto a los poderes y

facultades delegadas al Oficial Examinador como parte del

esquema

procesal

adoptado

por

la

agencia

para

atender

problemas de conducta entre sus empleados.11 El carácter

11

Como cuestión de hecho, el procedimiento disciplinario

para empleados gerenciales, incluyendo las facultades

CC-2003-675

especial

19

de

dicho

procedimiento

y

la

claridad

de

sus

disposiciones no justificaban acudir a otro reglamento de

la AEE, aplicable a otros procedimientos adjudicativos de

la agencia, para interpretar el alcance de las funciones

del Oficial Examinador en el caso ante nos. El utilizar

otro reglamento de la AEE para interpretar las facultades

del

Oficial

disciplinario

particular

Examinador

de

autos

adoptado

dentro

desvirtúa

por

dicha

del

la

procedimiento

esencia

corporación

del

esquema

pública

para

atender casos de indisciplina laboral, asunto que amerita

especial consideración por parte del patrono.

Por otro lado, tampoco nos convence el razonamiento

del

foro

apelativo

intermedio

a

los

efectos

de

que

el

Oficial Examinador no es un funcionario o empleado de la

AEE,

por

lo

que

no

se

le

pueden

delegar

facultades

adjudicativas. No cabe duda de la autoridad que posee el

Director

Ejecutivo

para

delegar

esta

función

en

las

personas que entiende poseen la experiencia, conocimiento y

destreza para atender correctamente y con agilidad asuntos

tan

delicados

como

los

relacionados

a

la

conducta

del

personal gerencial de la agencia. En el ejercicio de dicha

facultad, el Director Ejecutivo puede reclutar a un Oficial

Examinador

para

que

ejerza

las

prerrogativas

que

en

el

origen le correspondían a dicho jefe de agencia ejecutar.

_______________________

delegadas al Oficial Examinador, es sustancialmente similar

al procedimiento disciplinario para empleados unionados,

según

éstos

han

sido

estipulados

en

los

convenios

colectivos.

CC-2003-675

En

vista

20

de

Examinador,

ello,

al

somos

del

descargar

criterio

estas

que

el

funciones

Oficial

propiamente

administrativas, funge como un funcionario de la AEE.

En

fin,

erró

el

antiguo

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones al concluir que la determinación del Oficial

Examinador

como

parte

del

procedimiento

disciplinario

aplicable al señor Tosado Cortés no era la decisión final

de la AEE, razón por la cual no tenían jurisdicción para

entender en el recurso de autos.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

resolución emitida por el entonces Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones

para

la

continuación

de

los

procedimientos

de

forma

consistente con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Benny Tosado Cortés

Recurrido

v.

CC-2003-675

Certiorari

Autoridad de Energía Eléctrica

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de

2005.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se revoca la

resolución emitida por el entonces Tribunal

de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el

caso al Tribunal de Apelaciones para la

continuación de los procedimientos de forma

consistente con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri concurre con el resultado sin

opinión escrita. El Juez Asociado señor

Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo