LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Junta de Planificación de Puerto Rico v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.

2005 TSPR 117

Poder Judicial de Puerto Rico

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Junta de Planificación de Puerto Rico v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.

CC-2004-0946

26 de agosto de 2005 · Derecho Administrativo: Distinción del concepto “partes” en procesos de reglamentación y adjudicativo; conflicto entre ley habilitadora y reglamentación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta de Planificación de

Puerto Rico

Peticionaria

Certiorari

v.

2005 TSPR 117

Frente Unido Pro Defensa del

Valle de Lajas, Asociación de

Agricultores de P.R., Colegio

de Agrónomos de P.R.

165 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-946

Fecha: 26 de agosto de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce

Juez Ponente:

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Elbia I. Vázquez Dávila

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Fco. Rodríguez Bonilla

Materia: Impugnación de Reglamentación y Mapas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta

de

Planificación

Puerto Rico

de

Peticionaria

v.

CC-2004-946

Frente Unido Pro Defensa del

Valle de Lajas, Asociación de

Agricultores de P.R., Colegio

de Agrónomos de P.R.

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.

Mediante

el

recurso

ante

nos,

la

Junta

de

Planificación de Puerto Rico solicita de esta Curia

la

revocación

Tribunal

de

de

una

sentencia

dictada

el

junio

Apelaciones

25

de

por

de

el

2004,

según modificada por Resolución de 26 de agosto de

2004, en la que declaró inválida la aplicación del

Reglamento

de

Zonificación

Especial

para

las

Reservas Agrícolas de Puerto Rico sobre la Reserva

Agrícola del Valle de Lajas. Asimismo, la Junta de

Planificación

septiembre

mediante

la

recurre

de

2004

cual

de

la

emitida

Resolución

por

se declaró no ha

del

ese

lugar

1

de

Tribunal,

a

una

3

CC-2004-946

solicitud

de reconsideración

por falta de jurisdicción.

Examinado el recurso ante nos, concedimos

a la parte

aquí recurrida un término de veinte (20) días para mostrar

causa

por

la

cual

no

debíamos

revocar

al

Tribunal

de

Apelaciones, por haber actuado sin jurisdicción. Habiendo

comparecido

ésta,

estamos

en

posición

de

resolver

los

asuntos traídos ante nuestra consideración. Confirmamos al

foro recurrido. Veamos.

I

La Junta de Planificación de Puerto Rico, en adelante

la Junta, es una entidad creada por ley, cuyo objetivo

principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de

Puerto Rico. La Asamblea Legislativa le confirió amplios

poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y

distritos, y así establecer las normas que guiarán su uso y

desarrollo.1

La Ley Orgánica de la Junta de Planificación,

Ley Núm. 75, de 24 de junio de 1975, según enmendada,2 en

su

artículo

adoptar,

16,

entre

le

confirió

otros,

un

a

ésta

reglamento

la

de

facultad

para

zonificación

mediante el cual se guíe y controle el uso y desarrollo de

los

terrenos

de

las

áreas

urbanas

y

rurales

de

Puerto

Rico.3 Asimismo, la Junta, en virtud del artículo 11 de

dicha ley, tiene la facultad de adoptar y aprobar los mapas

1

Asoc. Res. Park Side, Inc. v. Junta de Planificación, 147

D.P.R. 277 (1998).

2

23 L.P.R.A. sec. 62 et seq.

3

23 L.P.R.A. sec. 62o.

4

CC-2004-946

de zonificación, las enmiendas a éstos y los reglamentos

que le autorice promulgar cualquier otra ley con un fin

especial.4

La

Asamblea

Legislativa,

en

reconocimiento

de

la

importancia del sector agrícola como actividad necesaria

para

producir

alimentos,

generar

empleos,

conservar

el

ambiente, y con el fin de promover el uso de los terrenos

agrícolas de alta productividad, aprobó las leyes Núm. 277

de 20 de agosto de 19995, Núm. 142 de 4 de agosto de 20006

y Núm. 184 de 17 de agosto de 20027, con el propósito de

proteger

los

comprendidos

terrenos

dentro

de

de

alto

rendimiento

agrícola

los

valles

de

Coloso

Lajas,

y

Guanajibo.

Mediante

la

aprobación

de

dichas

leyes,

se

le

encomendó a la Junta, en coordinación con el Departamento

de Agricultura de Puerto Rico, llevar a

necesarios

de

las

fincas

cabo los estudios

comprendidas

dentro

de

los

denominados valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, para el

ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y

adopción de una resolución de zonificación especial, a los

fines de reservar y destinar las fincas de los referidos

valles a la producción y desarrollo agrícola.

4

23 L.P.R.A. sec. 62j(4) y (5).

5

23 L.P.R.A. sec. 7030 et seq.

6

5 L.P.R.A. sec. 1731 et seq.

7

5 L.P.R.A. sec. 1751 et seq.

5

CC-2004-946

En cumplimiento con las leyes antes citadas y como

parte de la preparación de un reglamento de zonificación

especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico, la

Junta celebró vistas públicas, los días 15 y 19 de febrero

de

2002.

Se

discutió

correspondientes

a

las

lo

relacionado

reservas

a

agrícolas

los

de

mapas

Lajas

y

Coloso. En una segunda vista pública, celebrada los días 12

y

13

de

febrero

de

2003,

se

presentó

nuevamente

la

delimitación de las reservas agrícolas de Lajas y Coloso

modificadas,

se

incluyó

Guanajibo

el

propuesto

y

la

delimitación

Reglamento

del

de

Valle

de

Zonificación

Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico.8 Alega

la Junta que las audiencias públicas se celebraron en los

municipios de San Juan, Mayagüez, Lajas, Aguada y Sabana

Grande, según fueron señaladas.9

El

5

de

diciembre

de

2003,

la

Junta,

mediante

Resolución, adoptó el Reglamento de Zonificación Especial

para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Reglamento de

Planificación

Núm.

28,

Planificación

Núm.

28.10

en

adelante

el

Reglamento

de

Mapas

de

Delimitación

y

Los

Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de los

8

Apéndice del Recurso de Certiorari ante nos (en adelante

“Apéndice”), pág. 27.

9

10

Petición de Certiorari, pág. 6.

Resolución

JP-RP-2003,

Reglamento

de

Zonificación

Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Núm.

28, Junta de Planificación de Puerto Rico, 13 de febrero de

2004. Véase además, Apéndice, págs. 27-29.

6

CC-2004-946

valles

de

Lajas,

Coloso

y

Guanajibo

se

hicieron

formar

parte integral del Reglamento.11

El 23 de enero de 2004, mediante la Orden Ejecutiva

OE-2004-08, la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila

M. Calderón, aprobó el Reglamento de Planificación Núm. 28,

supra, y los Mapas de Delimitación y Zonificación Especial

para las Reservas Agrícolas de los valles de Lajas, Coloso

y

Guanajibo.

Dicho

Reglamento

entró

en

vigor

el

7

de

febrero de 2004.12

Así las cosas, el 8 de marzo de 2004, el Frente Unido

Pro

Defensa

del

Valle

de

Lajas,

la

Asociación

de

Agricultores de Puerto Rico, el Colegio de Agrónomos de

Puerto Rico y Louis G. Meyer, en adelante el Frente Unido,

instaron

oportunamente

un

recurso

de

revisión

administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaron

la

aprobación

del

referido

reglamento

en

cuanto

a

la

delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.

Alegaron que la Junta erró al excluir de los límites de la

Reserva Agrícola del Valle de Lajas terrenos con acceso a

riego y alta productividad agrícola, en contravención a lo

11

12

Íd.

Conforme al Artículo 28 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio

de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 63 y a la

sección 2.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de

1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2128(a)(1), los

reglamentos adoptados por la Junta de Planificación y

aprobados por el Gobernador, entrarían en vigor a los

quince (15) días de su aprobación.

7

CC-2004-946

dispuesto en el artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de

agosto de 1999, supra.13

Por su parte, la Junta adujo que el motivo de la

exclusión de los terrenos en controversia se debió a que

los mismos fueron afectados por desarrollos no agrícolas y

a que su condición natural no exhibía las características

propias de suelos de alta productividad agrícola. Además,

añadió,

que

debido

a

que

crecimiento

natural

y

futuro

tomando

consideración

en

estos

que

terrenos

del

representan

Municipio

este

de

Municipio

Lajas

el

y

necesita

espacio para su desarrollo y crecimiento urbano, decidieron

excluir tales terrenos colindantes con el área urbana y

construida, de la delimitación de la Reserva.14

El 25 de junio de 2004, el Tribunal de Apelaciones

dictó

Sentencia,

archivada

en

autos

copia

de

su

notificación a las partes el 9 de julio de 2004, mediante

la cual revocó la Resolución recurrida y declaró inválido

el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra. Determinó

que la actuación de la Junta de excluir terrenos con acceso

a riego de la Reserva Agrícola del Valle de lajas, es

contraria al mandato legislativo establecido en el artículo

2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, supra, por lo

que actuó de manera arbitraria y caprichosa.15

13

Apéndice, pág. 44.

14

Íd., págs. 4-5.

15

Íd., pág. 13.

8

CC-2004-946

Oportunamente, el 28 de julio de 2004, el Frente Unido

presentó

moción

sentencia

se

de

reconsideración

limitara

en

su

solicitando

aplicación

a

que

la

la

Reserva

Agrícola del Valle de Lajas y a los mapas que delimitan el

área comprendida en ella.16

El 26 de agosto de 2004, el Tribunal de Apelaciones

emitió

resolución,

archivada

en

autos

copia

de

su

notificación el 13 de septiembre de 2004, declarando con

lugar la moción de reconsideración presentada por el Frente

Unido. En dicha resolución se modificó la Sentencia del 25

de

junio

declarar

de

2004,

limitando

inválida

la

el

alcance

aplicación

del

de

la

misma

Reglamento

a

de

Planificación Núm. 28, supra, sobre la Reserva Agrícola del

Valle de Lajas, sin alcanzar ni invalidar la aplicación del

referido reglamento a las otras reservas agrícolas.17

El 26 de agosto de 2004, la Junta presentó “Solicitud

de Dispensa para Unirnos a la Moción de Reconsideración de

la

Parte

entre

Recurrente

ellos

uno

y

para

Hacer

Jurisdiccional”

otros

y

Planteamientos,

una

“Moción

de

Desestimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración

y en Apoyo a Otro de la Parte Recurrente.”18

En ellas, la Junta alegó, en síntesis, que debido a un

error de oficina en el manejo de la correspondencia, no

16

Íd., págs. 200-202.

17

Entiéndase que tal dictamen no se extendería a las

Reservas Agrícolas de los Valles de Coloso y Guanajibo.

18

Apéndice, págs. 203-215.

9

CC-2004-946

tuvo

oportunidad

reconsideración

de

del

reaccionar

Frente

a

Unido

la

moción

dentro

del

de

término

dispuesto por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.19

Por

lo

cual,

desconociendo

de

su

presentación,

acudió

prematuramente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante

recurso de certiorari.20 Indicó, además, que la exclusión de

los terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del

Valle

de

Lajas

se

llevó

a

cabo

por

insistencia

del

municipio de Lajas, al éste entender que los terrenos no

tenían

valor

pueblo

y

agrícola

por

la

por

estar

tendencia

localizados

natural

de

cerca

del

crecimiento

poblacional en esa dirección.21 Finalmente, la Junta señaló

que el recurso de revisión administrativo se le notificó

únicamente

a

ella

y

no

al

municipio

de

Lajas,

parte

interesada, indispensable y directamente afectada por la

determinación

a

tomarse,

por

lo

que

se

actuó

en

contravención a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, supra, y en la jurisprudencia dictada por

este

Tribunal.

Concluyó

que

cualquier

sentencia

que

se

dicte sin la inclusión del municipio de Lajas como parte,

adolece de nulidad por falta de jurisdicción.22

19

In re Aprobación Reglamento TCA, res. 21 de julio de

2004, 162 D.P.R. ___ (2004), 2004 T.S.P.R. 121.

20

Apéndice, págs. 203-205. Este recurso recibió el número

CC-2004-729 y se ordenó el archivo del mismo por

desistimiento, mediante Resolución de 27 de septiembre de

2004.

21

Íd., pág. 206.

22

Íd., págs. 206-215.

10

CC-2004-946

El 1 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones

emitió una Resolución, en la que determinó lo siguiente:

A la moción de desestimación y de

reconsideración

de

la

Junta

de

Planificación, no ha lugar. Véase la Regla

84(A) de nuestro Reglamento de 20 de julio

de 2004, 2004 J.T.S. 112.23

Inconforme

con

la

resolución

del

foro

intermedio

apelativo, el 13 de octubre de 2004, la Junta acudió ante

nos mediante el presente recurso de Certiorari. Señaló como

errores los siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

declararse sin jurisdicción para entender y

resolver en los méritos los planteamientos

de la aquí Peticionaria contenidos en su

escrito ante dicho foro titulado: Moción de

Desestimación por Falta de Jurisdicción, de

Reconsideración y en Apoyo a Otra de la

Parte Recurrente.

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que la exclusión de terrenos con acceso a

riego de la Reserva Agrícola del Valle de

Lajas es contrario al mandato legislativo

establecido en el Artículo 2 de la Ley Núm.

277 del 20 de agosto de 1999, según

enmendada, 23 L.P.R.A., sec. 7031.

Contando con la comparecencia de ambas partes, estamos

en posición de resolver.

II

La Regla 47 de Procedimiento Civil24 establece, en lo

pertinente, lo siguiente:

23

Íd., pág. 22.

24

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47.

11

CC-2004-946

La parte adversamente afectada por una

resolución final o sentencia del Tribunal de

Circuito de Apelaciones podrá, dentro del

término improrrogable de quince (15) días

desde la fecha del archivo en los autos de

una

copia

de

la

notificación

de

la

resolución o sentencia, presentar una moción

de reconsideración. El término para apelar o

recurrir al Tribunal Supremo comenzará a

contarse de nuevo a partir del archivo en

autos de copia de la notificación de la

resolución o sentencia del Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones

resolviendo

definitivamente

la

moción

de

reconsideración. (Énfasis Suplido)

La

Regla

establece

que

53.1

(h)25

una

oportuna

de

dicho

cuerpo

moción

de

reglamentario

reconsideración

presentada ante el Tribunal de Apelaciones, interrumpe el

transcurso

del

término

para

presentar

ante

el

Tribunal

Supremo una solicitud de certiorari.

En ocasiones anteriores, este Tribunal ha expresado

que

el

término

de

quince

días

(15)

para

presentar

una

moción de reconsideración es uno jurisdiccional.26

La sección 2 del Artículo V de la Constitución de

Puerto Rico27 y el artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura

de 2003, según enmendada,28 facultan al Tribunal Supremo de

Puerto Rico a aprobar las reglas internas que regirán los

procedimientos

25

y

la

organización

del

Tribunal

de

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(h).

26

Reyes v. E.L.A., et al., res. 7 de diciembre de 2001, 155

D.P.R.___(2001), 2001 T.S.P.R. 168; Vega Maldonado v.

Alicea Huacuz, 145 D.P.R. 236, 240 (1998); Barletta v.

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690, 692 (1972).

27

Artículo

L.P.R.A.

28

V,

Sección

4 L.P.R.A. sec. 24w.

2,

Constitución

del

E.L.A.,

1

12

CC-2004-946

Apelaciones. El 20 de julio de 2004 aprobamos el Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra. Este Reglamento entró

en vigor inmediatamente después de su aprobación y el mismo

es aplicable a todos los procedimientos pendientes ante el

Tribunal de Apelaciones.29

El

Reglamento

establece

presentados

las

reglas

ante

específicamente

del

el

Tribunal

de

Apelaciones,

aplicar

a

todos

a

Tribunal

aplicables

al

de

los

recursos

Apelaciones

proceso

de

supra,

y

revisión

las

de

decisiones administrativas. En cuanto a las mociones de

reconsideración, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, dispone lo siguiente:

(A) Cualquier moción de reconsideración

sobre cualquier asunto civil o criminal,

deberá ser presentada dentro del plazo

improrrogable de quince (15) días contados a

partir del archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución o sentencia

del Tribunal de Apelaciones.

La presentación oportuna de una moción de

reconsideración paralizará los términos para

apelar o recurrir ante el Tribunal Supremo.

El término para apelar o recurrir al

Tribunal Supremo comenzará a contarse de

nuevo a partir del archivo en autos de copia

de la notificación de la resolución o

sentencia del Tribunal de Apelaciones que

resuelva

definitivamente

moción

de

reconsideración.

(B) La moción de reconsideración discutirá

solo los asuntos específicos respecto de los

cuales la parte promovente considere que el

Tribunal erró en la determinación de hecho o

en la aplicación del derecho.

29

In re Aprobación Reglamento TCA, supra, R. 89.

13

CC-2004-946

Dentro

de

diez

(10)

días

desde

la

presentación de la moción o en el término

que

determine

el

Tribunal,

la

parte

promovida podrá presentar su oposición,

luego

de

lo

cual

la

moción

de

reconsideración

quedará

sometida

para

adjudicación. El Tribunal podrá resolver una

moción

de

reconsideración

en

cualquier

momento.(...)(Énfasis suplido)

También es norma conocida en nuestro ordenamiento que

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y

deben ser resueltas con preferencia.30 Todo tribunal tiene

el

deber

ministerial

de,

jurisdicción

o

motu

rigurosamente

tal

asunto

una

vez

examinar

proprio,

pues

cuestionada

éste

incide

y

su

evaluar

directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.31 Por

ser éste un planteamiento de naturaleza privilegiada, puede

hacerse en cualquier etapa del procedimiento,32 entiéndase

ante el foro primario o en etapa apelativa. No obstante, el

hecho

de

que

pueda

presentarse

en

cualquier

etapa

no

significa que no deban utilizarse los mecanismos procesales

adecuados con sus respectivos términos de presentación. Si

se va a levantar alguna cuestión jurisdiccional ante el

Tribunal

de

reconsideración,

Apelaciones,

ésta

debe

mediante

hacerse

una

dentro

moción

del

de

término

jurisdiccional de quince (15) días dispuesto por ley. Si es

30

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., res. 3 de

enero de 2003, 158 D.P.R.___ (2003); 2003 T.S.P.R. 1.

31

Íd; Souffront et al. v. A.A.A., res. 21 de abril de 2005,

164 D.P.R.___ (2005); 2005 T.S.P.R. 49.

32

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).

14

CC-2004-946

presentada tardíamente, la misma no podrá ser atendida por

ese foro.

En el caso ante nos, el Tribunal de Apelaciones, en su

Resolución del 1 de septiembre de 2004, declaró no ha lugar

la moción de desestimación y de reconsideración presentada

por la Junta. Sostuvo su dictamen en lo dispuesto en la

Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, la cual establece que toda moción de reconsideración

debe ser presentada en un plazo improrrogable de quince

(15) días, contados a partir del archivo en autos de copia

de

la

notificación

de

la

resolución

o

sentencia

del

Tribunal de Apelaciones.

De los autos surge que la sentencia del Tribunal de

Apelaciones se dictó el 25 de junio de 2004, archivada en

autos copia de su notificación a las partes el 9 de julio

de 2004. De conformidad con lo expuesto en la disposición

citada,

cualquier

presentada

dentro

moción

de

del

reconsideración

término

debía

ser

jurisdiccional

e

improrrogable de quince (15) días, el cual vencía el sábado

24

de

julio,

que

se

extendió

hasta

el

laborable, miércoles 28 de julio de 2004.33

próximo

día

No fue hasta

el 26 de agosto de 2004, pasado el plazo improrrogable de

quince (15) días, que la Junta presentó ante el Tribunal de

Apelaciones

su

solicitud

de

dispensa

para

unirse

a

la

moción de reconsideración del Frente Unido y la moción de

desestimación y de reconsideración.

33

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.1.

15

CC-2004-946

A la luz de lo anterior, concluimos que la moción

instada por la Junta fue presentada tardíamente. Aunque en

su moción la Junta alegó un problema de jurisdicción, no

deja de ser una moción de reconsideración que debía ser

presentada

dentro

del

término

jurisdiccional

correspondiente para poder ser atendida por el Tribunal de

Apelaciones.

La moción de reconsideración presentada oportunamente

por

el

Tribunal

Frente

Unido

de

el

28

de

Apelaciones,

julio

de

2004,

interrumpió

el

ante

el

término

jurisdiccional para que cualquiera de las partes acudiera

en alzada al Tribunal Supremo. No obstante, no paralizó el

término

para

que

reconsideración.

Si

la

la

Junta

presentara

su

moción

de

Junta

interesaba

que

fuera

el

Tribunal de Apelaciones quien resolviera el planteamiento

de jurisdicción, tenía que plantearlo en su alegato ante

tal foro, o presentar una moción de reconsideración en el

término jurisdiccional de quince días (15). En vista de que

no cumplió con el término jurisdiccional para presentar su

moción de reconsideración, actuó correctamente el Tribunal

de Apelaciones al declararla no ha lugar por presentación

tardía.

No obstante, la Junta acudió oportunamente ante nos e

impugnó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Alega

que la sentencia dictada por dicho foro fue emitida sin

autoridad y facultad para hacerlo. Tal como mencionamos al

exponer la doctrina sobre falta de jurisdicción, esta Curia

16

CC-2004-946

puede auscultar ese asunto por ser una materia privilegiada

que

puede

ser

examinada

en

cualquier

etapa

del

procedimiento, incluso en esta etapa final.

Veamos, pues, los méritos del planteamiento de falta

de jurisdicción alegado por la Junta ante el Tribunal de

Apelaciones, asunto que no fue atendido por ese Tribunal,

por los motivos previamente indicados.

III

A.

Definiciones: Distinción proceso de reglamentación y

adjudicación.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en

adelante L.P.A.U., Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,

según

enmendada34,

establece

las

características

y

requisitos que las agencias administrativas deben cumplir

en los procesos de reglamentación y de adjudicación. La

exposición de motivos de dicha ley lee, en lo pertinente,

como sigue:

La medida sistematiza y crea un cuerpo

uniforme de reglas mínimas que toda agencia

deberá

observar

al

formular

reglas

y

reglamentos que definan los derechos y

deberes legales de una clase particular de

personas. Contiene, además, otro cuerpo de

normas

distintas

para

gobernar

las

determinaciones de una agencia en procesos

adjudicativos

al

emitir

una

orden

o

resolución que define los derechos y deberes

legales de personas específicas.35

34

3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

35

Exposición de Motivos de la L.P.A.U., supra.

17

CC-2004-946

Los

procesos

diferentes.

El

adjudicativos

proceso

de

y

de

reglamentación

adjudicación

es

uno

son

cuasi-

judicial y de reglamentación es uno cuasi-legislativo.

Es importante, precisar cuáles son las definiciones

provistas por la L.P.A.U., supra, referente a los términos

o

frases

utilizados

administrativos.

reglamentación

Ese

como

en

los

estatuto

aquél

diferentes

define

sujeto

a

procesos

el

concepto

de

un

procedimiento

mediante el cual una agencia formula, adopta, enmienda o

regla o reglamento.36 Además, define regla o

deroga una

reglamento de la forma siguiente:

...cualquier norma o conjunto de normas de

una agencia que sea de aplicación general

que ejecute o interprete la política pública

o la ley, o que regule los requisitos de los

procedimientos o prácticas de una agencia.

El término incluye la enmienda, revocación o

suspensión de una regla existente. (...)37

(Énfasis suplido)

La L.P.A.U., supra, dispone sobre el proceso que debe

cumplir

una

reglamento

y

agencia

el

administrativa

alcance

de

la

para

aprobar

participación

ciudadanía durante la conducción del mismo.

de

un

la

Establece el

mínimo de participación ciudadana que la adopción de un

reglamento puede tener. En su sección 2127, dispone cómo y

en cuanto tiempo un reglamento puede ser impugnado de su

faz.

Dicha

disposición

siguiente:

36

3 L.P.R.A. sec. 2102(m).

37

3 L.P.R.A. sec. 2102(l).

estatutaria

lee

de

la

forma

18

CC-2004-946

(a) Una regla o reglamento aprobado después

de la fecha de efectividad de este capítulo

será nulo si no cumpliera sustancialmente

con las disposiciones de este capítulo.

(b)

Cualquier

acción

para

impugnar

la

validez de su faz de una regla o reglamento

por el incumplimiento de las disposiciones

de este capítulo deberá iniciarse en el

Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro

de los treinta (30) días siguientes a la

fecha

de

vigencia

de

dicha

regla

o

reglamento. La competencia sobre la acción

corresponderá al Circuito de la región

judicial donde está ubicado el domicilio del

recurrente.

(c) La acción que se inicie para impugnar el

procedimiento seguido al adoptar las reglas

o reglamentos de que se trate no paralizará

la vigencia de los mismos, a menos que la

ley al amparo de la cual se adopta disponga

expresamente

lo

contrario.

(Énfasis

Suplido)38

Cualquier persona puede impugnar la validez

de una

regla o reglamento aprobado por una agencia administrativa

por el incumplimiento de las disposiciones

dentro

supra,

participado

públicas

del

o

no

término

durante

celebradas,

como

de

la

treinta

de la L.P.A.U.,

(30)

celebración

parte

del

de

días,

las

proceso

haya

vistas

para

su

aprobación.

No tiene que ser afectado por la aplicación de

dicha

o

regla

promover

la

Apelaciones.

reglamento

referida

para

tener

impugnación

la

ante

capacidad

el

Tribunal

para

de

No obstante, cualquier persona afectada por

la aplicación de una regla o reglamento aprobado por una

agencia

38

administrativa

Íd., sec. 2127.

podrá

impugnar

la

validez

19

CC-2004-946

constitucional del mismo, en cualquier momento, ante el

Tribunal de Primera Instancia.39

En

el

primer

durante

el

proceso

error

señalado,

la

de

preparación

Junta

del

alega

que

reglamento

y

delimitación de las reservas agrícolas, participaron los

municipios que tienen comprendidos parte de sus terrenos en

la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Señala la Junta que

“[e]specialmente

alcalde,

tuvo

el

una

municipio

de

Lajas,

participación

activa

a

e

través

de

su

intensa

en

el

proceso, incluyendo su comparecencia a las vistas públicas

celebradas.”40 Alega la Junta que los municipios de Sabana

Grande,

San

Germán,

Cabo

Rojo,

Guánica,

Yauco

y

especialmente Lajas eran partes que tenían derecho a que se

les notificara con copia del recurso de revisión, instado

ante el Tribunal de Apelaciones, y que al no haber sido

notificados

con

copia

del

mismo,

dicho

foro

intermedio

apelativo dictó una sentencia sin jurisdicción para actuar.

Sostuvo

su

planteamiento

en

Lugo

Rodríguez

v.

Junta

de

Planificación.41 No le asiste la razón. Allí establecimos

que los que participan activamente durante un procedimiento

administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones

puedan

verse

agencia,

son

afectados

por

la

acción

o

“parte”,

por

lo

que

necesario

39

es

inacción

de

la

se

les

Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R.

307 (1999).

40

Recurso de Certiorari, pág. 13.

41

150 D.P.R. 29.

20

CC-2004-946

notifique con copia del recurso de revisión instado ante el

Tribunal de Apelaciones. Ese no es el caso ante nos.

El

proceso

de

es

reglamentación

uno

de

aplicación

general y no uno de aplicación particular, en el que se

adjudican derechos u obligaciones de una o más personas

específicas, como sucede en un proceso adjudicativo. En el

proceso

de

adjudica

adopción

una

de

una

controversia

regla

entre

o

una

reglamento

o

más

no

se

personas

específicas, es decir entre partes, sino que se establece

una norma de aplicación general. Así pues, a diferencia de

la adjudicación, en la que la expedición de órdenes de

aplicación particular determina los derechos y obligaciones

de partes específicas, la reglamentación dispone sobre la

promulgación de reglas de aplicación general que encarnan

una política o prescriben una norma legal.42

aplicación

general,

el

proceso

de

Por ser de

formulación

y

de

aprobación de reglamentación conducido por las diferentes

agencias administrativas en nuestra jurisdicción, afecta a

la

comunidad.

Respecto

a

esta

distinción,

en

Luan

Investment Corp. v. Román,43 indicamos lo siguiente:

Los mapas de zonificación y sus enmiendas

representan la forma visual y práctica de

instrumentar los reglamentos de zonificación

y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas

no son actos de naturaleza adjudicativa,

dirigidos a resolver una controversia entre

una o más personas, sino que son actos

42

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia,

Forum, 2001, pág. 108.

43

125 D.P.R. 533 (1990).

21

CC-2004-946

productos de los instrumentos con los cuales

el Estado ha provisto a la Junta para

reglamentar el uso de la tierra en Puerto

Rico, de manera que se logre un desarrollo

integral y balanceado de nuestra sociedad.44

Surge de lo antes citado, que el caso ante nos, por

ser un proceso para aprobar un reglamento de zonificación y

para delimitar unos mapas de zonificación, es un proceso

cuasi-legislativo y no de naturaleza adjudicativa.

Es

“parte”

proceso

aquél

que

administrativo

participa

adjudicativo

activamente

y

cuyos

en

un

derechos

y

obligaciones pueden verse afectados por la actuación de la

agencia. No obstante, el caso Lugo Rodríguez v. Junta de

Planificación,

en

supra,

el

cual

hicimos

tal

pronunciamiento, se trataba de un proceso adjudicativo, en

el

cual

se

sometió

ante

consulta

de

ubicación

la

que

Junta

de

Planificación

una

proponía

el

desarrollo

un

de

proyecto comercial. Diferente es este caso, pues estamos

ante un proceso de reglamentación, donde no existen partes

como tal ante la agencia y no se hace ninguna determinación

específica sobre sus derechos y obligaciones, sino que se

establecen normas de aplicación general.

La Ley Orgánica de la Junta, Ley Núm. 75, de 24 de

junio de 1975, supra, provee para que antes de adoptar o

enmendar un reglamento, la Junta celebre vistas públicas

luego

de

dar

aviso

al

público,

de

la

fecha,

sitio

y

naturaleza de la celebración de las mismas. La L.P.A.U.,

supra,

44

no

le

requiere

Íd., pág. 547.

a

las

agencias

que

provean

una

22

CC-2004-946

participación ciudadana análoga a la de los procedimientos

adjudicativos.

De

hecho,

las

agencias

administrativas

tienen discreción para citar a vistas públicas y la misma

sólo

será

obligatoria

en

los

casos

en

que

el

estatuto

orgánico de la agencia lo requiera.45 No podemos considerar

como

“parte”

activamente

a

todas

durante

la

las

personas

celebración

por

que

la

participan

Junta

de

las

vistas públicas. Considerar como “parte” a esas personas y

garantizarle

proceso

todos

los

derechos

adjudicativo,

es

que

ello

contrario

implica

al

en

un

ordenamiento

establecido en la L.P.A.U., supra, y a la naturaleza misma

del proceso cuasi-legislativo de reglamentación.

Es en los procesos de adjudicación, ya sea por una

querella ante la agencia o cuando se solicita algún permiso

o autorización que otra parte objeta, donde existen partes

adversas

respecto

a

algún

asunto,

y

por

tanto,

una

controversia ante la agencia. Por el contrario, el proceso

dirigido a la formulación y aprobación de un reglamento que

conducen

las

procedimiento

derechos

y

agencias

en

el

que

obligaciones,

administrativas,

partes

y

en

adversas

el

que

se

no

es

un

dilucidan

sus

adjudica

una

controversia. La regla o reglamento pautado por la agencia

puede ser impugnado

al entrar en vigor, comenzando así el

proceso de revisión judicial de su aprobación.46 Una vez se

presenta

el

recurso

de

45

3 L.P.R.A. sec. 2123.

46

3 L.P.R.A. sec. 2127.

revisión

ante

el

Tribunal

de

23

CC-2004-946

Apelaciones con tal propósito, el que impugna la actuación

administrativa es el recurrente y la agencia pertinente, la

recurrida;

sólo

entonces

es

que

existe

un

proceso

adversativo ante un tribunal, y por lo tanto, “partes” ante

ese foro.

Requerir que se notifique de la presentación de un

recurso

de

Apelaciones

revisión

judicial

a

las

todas

ante

personas

el

Tribunal

de

que

comparecen

y

participan activamente en las vistas públicas celebradas

ante

una

dirigido

agencia

a

la

administrativa,

aprobación

de

durante

determinado

un

proceso

reglamento,

haciendo recomendaciones, reseñando inquietudes o aportando

información, sería trastocar dicho procedimiento y alterar

su naturaleza. Resulta excesivamente oneroso para la parte

que quiera impugnar un reglamento de su faz, el tener que

cumplir

con

tal

requisito.

Formular

una

norma

jurisprudencial para establecer dicho requisito sería crear

mediante fiat judicial una normativa nueva, contraria a la

dispuesta

en

la

L.P.A.U.,

supra,

para

el

proceso

de

reglamentación conducido por las agencias administrativas.

No actuó sin jurisdicción el Tribunal de Apelaciones.

Resolver lo contrario, o sea acceder a la petición de la

Junta de que debía notificarse con copia del recurso de

revisión al municipio de Lajas y a los otros municipios,

sería desnaturalizar el proceso de reglamentación que deben

seguir las agencias administrativas y además, sería girar

24

CC-2004-946

en contra de la propia intención legislativa claramente

establecida en la L.P.A.U., supra.

En conclusión, por no existir “partes” a quienes se

dirija

específicamente

la

acción

de

la

agencia

en

este

caso, no es de aplicación el requisito de notificar con

copia

del

recurso

de

revisión

administrativa

ante

el

Tribunal de Apelaciones a aquellas personas naturales o

jurídicas que hayan participado en las vistas públicas ante

la agencia. La ley señala que es “parte” el promovente, el

promovido, el interventor y aquél designado como tal. Los

referidos municipios no fueron parte promovida, promovente,

o interventora, pues no se trató aquí de un proceso de

adjudicación

ante

reglamentación.

la

agencia,

sino

de

un

proceso

de

Los municipios aludidos no son “parte” a

los efectos de la notificación requerida por la sección 4.2

de la L.P.A.U., supra, y del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

Concluimos

que

el

requisito

de

notificación

a

las

partes que se establece en la sección 4.2 de la L.P.A.U.,

supra, a todas luces, se refiere únicamente al proceso de

adjudicación

ante una agencia administrativa y no al de

reglamentación.

IV

La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la

Ley Núm. 277, supra, reconoció expresamente la importancia

agrícola de los terrenos que componen el Valle de Lajas. La

25

CC-2004-946

aprobación de dicha ley obedeció al objetivo de continuar

el desarrollo de la agricultura en esa región, por lo que

se declaró el Valle de Lajas como una reserva agrícola.47

En la Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 277,

supra, la Asamblea Legislativa explica las razones por las

cuales interesa proteger la Reserva Agrícola del Valle de

Lajas. Expresa, en lo que nos atañe, lo siguiente:

A medida que transcurren los años, el

aumento en la población y la demanda por

áreas para desarrollo urbano obligan a las

agencias reguladoras a trabajar en mayor

coordinación para garantizar que las tierras

con potencial agrícola sean preservadas para

dichos

fines

exclusivamente.

Es

de

conocimiento que el Valle de Lajas, por su

topografía llana y de fácil manejo constituye

un

gran

atractivo

para

desarrollos

residenciales,

comerciales,

industriales,

turísticos y recreativos.

Sin embargo, una

planificación adecuada de las actividades

agrícolas en todo el Valle de Lajas y un

eficiente

mantenimiento

y

operación

del

sistema de riego puede volver a convertir

estos terrenos en el granero de Puerto Rico,

ya que son ideales para las siembras de maíz,

arroz, habichuelas y sorgo, entre otras

cosechas.

La preservación de los terrenos del Valle

de

Lajas

para

el

desarrollo

agrícola

requiere del establecimiento de una política

pública

enérgica

que

contribuya

al

cumplimiento de estos propósitos, y conlleva

el

establecimiento

de

una

zonificación

especial y claramente definida.

También es

necesario que se fomente el establecimiento

de nuevas empresas agrícolas que contribuyan

al desarrollo económico de la zona y por

consiguiente, a la creación de empleos en

este

sector

de

la

economía.

Con

la

zonificación agrícola de estos terrenos se

evitará el desarrollo desarticulado de otras

47

Frente Unido v. Secretario de Justicia, 151 D.P.R. 117,

125 (2000).

26

CC-2004-946

empresas o desarrollos no agrícolas y se

garantizará

la

preservación

de

estos

terrenos para generaciones futuras.

La Asamblea Legislativa, en atención a la

necesidad primordial de aprovechar al máximo

estos terrenos de alto rendimiento agrícola

para beneficio del Pueblo de Puerto Rico,

declara los terrenos comprendidos dentro del

Valle de Lajas como una reserva agrícola y

ordena a la Junta de Planificación, en

coordinación

con

el

Departamento

de

Agricultura,

el

establecimiento

de

una

zonificación especial para el ordenamiento

de esos terrenos.(Énfasis suplido.)

Con el propósito de continuar con el desarrollo de la

agricultura

en

la

región

suroeste

de

Puerto

Rico,

la

Asamblea Legislativa declaró el Valle de Lajas como una

reserva

agrícola

y

ordenó

adoptar

una

resolución

de

zonificación especial para reservar y destinar las fincas

comprendidas

dentro

desarrollo agrícola.48

de

dicho

Valle

a

la

producción

y

En el Artículo 2 de la Ley Núm. 277,

supra, se indica lo siguiente:

La Junta de Planificación, en coordinación

con el Departamento de Agricultura, deberá

llevar a cabo todos los estudios necesarios

de

las

fincas

comprendidas

dentro

del

denominado

Valle

de

Lajas,

para

el

ordenamiento de esos terrenos mediante la

promulgación y adopción de una Resolución de

Zonificación

Especial,

a

los

fines

de

reservar y destinar las fincas del referido

Valle a la producción y desarrollo agrícola.

Para este propósito, podrá requerir a todo

ente gubernamental o privado, apoyo pericial

o de campo. En la Zonificación Especial

deben estar incluidas además de las tierras

que actualmente tienen acceso a riego,

aquellas que en el futuro puedan tenerlo y

que se identifiquen como de valor agrícola.

48

Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 277, supra, 23 L.P.R.A.

secs. 7030-7031.

27

CC-2004-946

De

igual

forma,

aquellas

tierras

que

colinden con las identificadas como de valor

agrícola

y

que

sirvan

de

zonas

de

amortiguamiento deberán estar incorporadas

en

la

Zonificación

Especial.(Énfasis

49

suplido)

De forma clara y expresa, el legislador ordenó que los

siguientes terrenos debían ser incluidos en la Zonificación

Especial:

riego;

los

predios

que

aquellos

que

el

en

actualmente

futuro

tienen

puedan

acceso

tenerlo

y

a

se

identifiquen como de valor agrícola; y los que colindan con

los identificados como de valor agrícola y sirvan de zonas

de amortiguamiento.50

En la esfera administrativa, la ley es la fuente legal

o

el

medio

que

le

confiere

el

poder

a

una

agencia

administrativa para velar por el cumplimiento de su ley

habilitadora.51 La ley habilitadora es el mecanismo legal

que

autoriza

y

delega

a

la

agencia

administrativa

los

poderes para que actúe conforme al propósito perseguido en

dicha ley.52 Por lo cual, un reglamento promulgado por una

agencia administrativa no puede estar en conflicto con la

ley habilitadora.53 La función de los tribunales, ante un

recurso de revisión judicial de un reglamento, consiste en

49

23 L.P.R.A. sec. 7031.

50

Frente Unido v. Secretario de Justicia, supra, pág. 125.

51

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., res. 18 de junio de

2002, 157 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 83.

52

53

Íd.

Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., res. 4 de octubre de

2002, 158 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 133; Franco v.

Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999).

28

CC-2004-946

examinar la validez de una reglamentación de una agencia

administrativa. Tal ejercicio ha de ir dirigido a evaluar:

(1) si la actuación administrativa está autorizada por ley;

(2)

si

se

delegó

reglamentación

poder

promulgada

de

reglamentación;

está

dentro

de

(3)

los

si

la

amplios

poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se

cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de

las

leyes

especiales, y

(5) si

la

reglamentación

es

arbitraria o caprichosa.54

Los tribunales no deben perder de perspectiva que “un

reglamento promulgado para implementar [sic] la ejecución

de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto

con

ésta.”(Énfasis

suplido)55

Si

el

reglamento

está

en

conflicto con la ley habilitadora que permite y promueve su

creación, la disposición reglamentaria tiene que ceder ante

el

mandato

legislativo.56

Un

reglamento

es

nulo

si

claramente está en conflicto o en contra de la ley.57

En

el

caso

ante

nos,

la

Junta,

al

expedir

su

resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.

28, supra, excluyó de la zonificación especial terrenos que

54

Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, res. 5 de febrero

de 2002, 156 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 13; Franco v.

Depto. de Educación, supra, pág. 711; M.& B.S., Inc. v.

Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987).

55

Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra; Pérez v.

Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra; P.S.P. v. Comisión

Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980)

56

Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra.

57

P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra.

29

CC-2004-946

actualmente

tienen

acceso

a

riego.

En

dicha

resolución

expresó lo siguiente:

Se reconoce que al Este del Municipio de

Lajas y al Sur de la Carretera PR-117,

aunque son terrenos servidos por el sistema

de riego, han sido afectados por desarrollos

no agrícolas. Asimismo, el Municipio de

Lajas necesita espacio para su desarrollo y

crecimiento

urbano,

aspecto

que

estaba

contemplado en el propuesto Plan Territorial

de Lajas sometido en el año 1999. Por ello,

en ánimo de atender el interés público de

satisfacer dicho crecimiento, se excluyen de

la delimitación de la Reserva aquellos

terrenos que colindan con el área urbana y

construida y que representan el crecimiento

natural futuro de dicho municipio.58

La Junta expresó que tal exclusión se debió a que

dichos

terrenos

fueron

afectados

por

desarrollos

no

agrícolas y a que la condición natural de los mismos no

exhibía

las

características

propias

de

suelos

de

alta

productividad agrícola.59 También señaló que en vista de que

el Municipio de Lajas necesita espacio para su desarrollo y

crecimiento urbano, se excluyeron de la Reserva aquellos

terrenos que colindan con el área urbana y construida, que

representan

el

crecimiento

natural

futuro

de

dicho

la

Junta

municipio.

Surge

de

la

propia

Ley

277,

supra,

que

llevaría a cabo los estudios necesarios para adoptar el

reglamento

de

zonificación

especial

en

controversia

en

conjunto con el Departamento de Agricultura.60 De la propia

58

Resolución JP-RP-2003, supra.

59

Apéndice, pág. 4.

60

23 L.P.R.A. sec. 7031.

30

CC-2004-946

resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.

28,

supra,

participó

surge

que

activamente

reglamento,

y

el

en

durante

el

la

Departamento

de

proceso

preparación

de

celebración

de

Agricultura

las

del

vistas

públicas. En su ponencia presentada ante la Junta el 12 de

febrero de 2003, expresó que los terrenos al margen este

del Municipio de Lajas muestran condiciones adecuadas para

ser identificados como de alto valor agrícola.61

El Tribunal de Apelaciones entendió que la actuación

de la Junta fue arbitraria y caprichosa, pues el Artículo 2

de la Ley Núm. 277, supra, no provee excepciones respecto a

los terrenos con acceso a riego, por lo que dicha agencia

erró

al

ejercer

una

discreción

que

no

le

confirió

la

Asamblea Legislativa. Determinó lo siguiente:

De la letra del Artículo 2 de la Ley 277,

id., se desprende claramente que el mero

hecho de que las tierras tengan acceso a

riego las incluye dentro de la zonificación

especial. Ello es así independientemente de

que esas tierras posean o no valor agrícola.

Es para aquellas tierras que no poseen

acceso a riego actualmente, pero que en el

futuro puedan tener acceso a riego, que se

requiere “que se identifiquen como de valor

agrícola.” Id.62

En el recurso presentado ante nos, la Junta arguye que

el propósito de la Ley 277, supra, es que se incluyan

dentro de la reserva agrícola los terrenos servidos por

riego

o

que

puedan

61

Apéndice, pág. 136.

62

Íd, págs. 9-10.

servirse,

pero

que

tengan

valor

31

CC-2004-946

agrícola.63 Alega, además, que el Tribunal de Apelaciones

ignoró que los terrenos a incluirse en la reserva tienen

que identificarse como de valor agrícola.

Aplicando la normativa antes expuesta, concluimos que

la

Junta

excedió

sus

facultades

al

excluir

de

la

delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los

terrenos servidos por el sistema de riego descritos en la

resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.

28, supra.

Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la

letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de

cumplir su espíritu.64 De igual manera, ante un lenguaje

claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la

expresión

por

Interpretar

la

excelencia

ley

en

de

la

forma

legislativa.65

intención

contraria

a

la

evidente

intención del legislador, implicaría la usurpación de las

prerrogativas de la rama legislativa.66 Por estos motivos,

los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los

propósitos

perseguidos

por

la

Asamblea

Legislativa

al

aprobar una legislación, de manera que su interpretación

asegure la efectividad de la intención legislativa.67

63

Recurso de Certiorari, pág. 15.

64

Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

14.

65

Pérez Pérez v. Mun. de Lares,

res. 27 de noviembre de

2001, 155 D.P.R.___(2001); 2001 T.S.P.R. 160.

66

Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996).

67

Pérez Pérez v. Mun. de Lares, supra.

32

CC-2004-946

El mandato legislativo de la Ley Núm. 277, supra, fue

incluir

en

la

zonificación

especial

las

tierras

que

actualmente tienen acceso a riego.68 Además, entendemos, a

diferencia del Tribunal de Apelaciones, que estos terrenos

tienen cierto valor agrícola. No es meramente que tengan

acceso a riego lo que los hace elegibles para ser parte de

la reserva, sino que sean terrenos con valor agrícola, que

tengan acceso a riego. Deben tener valor agrícola para así

promover el propósito que persigue la Ley 277, supra, el

cual consiste en fomentar el desarrollo agrícola del Valle

de Lajas y protegerlo de desarrollos no agrícolas.

No

surge de los autos que los terrenos excluidos carezcan de

valor agrícola. No obstante, la Junta señala que se vieron

afectados

por

desarrollos

necesarios

para

el

no

desarrollo

agrícolas

y

y

crecimiento

que

eran

urbano

del

Municipio de Lajas. Precisamente, una de las razones por la

cual la Asamblea Legislativa le encomendó a la Junta, en

coordinación con el Departamento de Agricultura, garantizar

la protección de las tierras con potencial agrícola, fue

proteger dichas tierras del desarrollo urbano, cuya demanda

aumenta.69

El Departamento de Agricultura, a diferencia de la

Junta, señala que el área excluida tiene un alto valor

agrícola. Por lo tanto, podemos concluir que los terrenos

excluidos sí tienen valor agrícola aunque el mismo haya

68

Frente Unido v. Srio. de Justicia, supra.

69

Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277, supra.

33

CC-2004-946

disminuido por el impacto de desarrollos no agrícolas. La

Ley 277, supra, no establece niveles de valor agrícola a

observar para excluir o incluir terrenos en la reserva;

meramente expresa que si tienen acceso a riego y valor

agrícola, serán incluidos en la reserva.

De

las

disposiciones

legales

relacionadas

con

la

promulgación y adopción de la Zonificación Especial para

las Reservas Agrícolas se desprende que la intención del

legislador fue establecer una política pública enérgica que

contribuya a la preservación de los terrenos del Valle de

Lajas para su desarrollo agrícola. La Asamblea Legislativa,

al declarar los terrenos comprendidos dentro de los valles

de Lajas, Coloso y Guanajibo como reservas agrícolas lo

hizo en atención a la necesidad primordial de aprovechar al

máximo

el

potencial

agrícola

de

dichos

terrenos.70

No

debemos olvidar que las leyes deben ser interpretadas y

aplicadas “sin desvincularlas del problema cuya solución

persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso del

ordenamiento jurídico”.71

En vista del inequívoco mandato legislativo, la Junta

actuó en forma ultra vires,

para

aprobar

Agrícola

sistema

del

de

un

reglamento

Valle

riego

más allá de su poder delegado,

y

excluyendo

de

Lajas

terrenos

con

valor

agrícola.

de

la

servidos

El

Reserva

por

el

Tribunal

de

70

Íd.; Exposición de Motivos, Ley Núm. 142 de 4 de agosto

de 2000 y Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2002, según

enmendadas, supra.

71

Franco v. Depto de Educación, supra, pág 716; J.R.T v.

A.E.E., 133 D.P.R. 1, 10 (1993).

34

CC-2004-946

Apelaciones actuó correctamente al determinar que la Junta

erró al realizar la exclusión de los referidos terrenos en

controversia. Actuó correctamente al decretar como inválido

el Reglamento de Planificación

Núm. 28, supra, aprobado

por esa agencia, en cuanto a su aplicación a la Reserva

Agrícola del Valle de Lajas.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

sentencia recurrida.

EFRAIN E. RIVERA PEREZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Junta de Planificación de Puerto

Rico

Peticionario

v.

CC-2004-946

Frente Unido Pro Defensa Del

Valle de Lajas, Asociación de

Agricultores de P.R., Colegio de

Agrónomos de P.R.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se confirma la

sentencia recurrida.

Lo acordó el Tribunal y certifica

Secretaria del Tribunal Supremo.

la

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo