Tribunal Supremo de Puerto Rico
Junta de Planificación de Puerto Rico v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.
2005 TSPR 117
Poder Judicial de Puerto Rico
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Junta de Planificación de Puerto Rico v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.
CC-2004-0946
26 de agosto de 2005 · Derecho Administrativo: Distinción del concepto “partes” en procesos de reglamentación y adjudicativo; conflicto entre ley habilitadora y reglamentación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta de Planificación de
Puerto Rico
Peticionaria
Certiorari
v.
2005 TSPR 117
Frente Unido Pro Defensa del
Valle de Lajas, Asociación de
Agricultores de P.R., Colegio
de Agrónomos de P.R.
165 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-946
Fecha: 26 de agosto de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Juez Ponente:
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Elbia I. Vázquez Dávila
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Fco. Rodríguez Bonilla
Materia: Impugnación de Reglamentación y Mapas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta
de
Planificación
Puerto Rico
de
Peticionaria
v.
CC-2004-946
Frente Unido Pro Defensa del
Valle de Lajas, Asociación de
Agricultores de P.R., Colegio
de Agrónomos de P.R.
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.
Mediante
el
recurso
ante
nos,
la
Junta
de
Planificación de Puerto Rico solicita de esta Curia
la
revocación
Tribunal
de
de
una
sentencia
dictada
el
junio
Apelaciones
25
de
por
de
el
2004,
según modificada por Resolución de 26 de agosto de
2004, en la que declaró inválida la aplicación del
Reglamento
de
Zonificación
Especial
para
las
Reservas Agrícolas de Puerto Rico sobre la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas. Asimismo, la Junta de
Planificación
septiembre
mediante
la
recurre
de
2004
cual
de
la
emitida
Resolución
por
se declaró no ha
del
ese
lugar
1
de
Tribunal,
a
una
3
CC-2004-946
solicitud
de reconsideración
por falta de jurisdicción.
Examinado el recurso ante nos, concedimos
a la parte
aquí recurrida un término de veinte (20) días para mostrar
causa
por
la
cual
no
debíamos
revocar
al
Tribunal
de
Apelaciones, por haber actuado sin jurisdicción. Habiendo
comparecido
ésta,
estamos
en
posición
de
resolver
los
asuntos traídos ante nuestra consideración. Confirmamos al
foro recurrido. Veamos.
I
La Junta de Planificación de Puerto Rico, en adelante
la Junta, es una entidad creada por ley, cuyo objetivo
principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de
Puerto Rico. La Asamblea Legislativa le confirió amplios
poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y
distritos, y así establecer las normas que guiarán su uso y
desarrollo.1
La Ley Orgánica de la Junta de Planificación,
Ley Núm. 75, de 24 de junio de 1975, según enmendada,2 en
su
artículo
adoptar,
16,
entre
le
confirió
otros,
un
a
ésta
reglamento
la
de
facultad
para
zonificación
mediante el cual se guíe y controle el uso y desarrollo de
los
terrenos
de
las
áreas
urbanas
y
rurales
de
Puerto
Rico.3 Asimismo, la Junta, en virtud del artículo 11 de
dicha ley, tiene la facultad de adoptar y aprobar los mapas
1
Asoc. Res. Park Side, Inc. v. Junta de Planificación, 147
D.P.R. 277 (1998).
2
23 L.P.R.A. sec. 62 et seq.
3
23 L.P.R.A. sec. 62o.
4
CC-2004-946
de zonificación, las enmiendas a éstos y los reglamentos
que le autorice promulgar cualquier otra ley con un fin
especial.4
La
Asamblea
Legislativa,
en
reconocimiento
de
la
importancia del sector agrícola como actividad necesaria
para
producir
alimentos,
generar
empleos,
conservar
el
ambiente, y con el fin de promover el uso de los terrenos
agrícolas de alta productividad, aprobó las leyes Núm. 277
de 20 de agosto de 19995, Núm. 142 de 4 de agosto de 20006
y Núm. 184 de 17 de agosto de 20027, con el propósito de
proteger
los
comprendidos
terrenos
dentro
de
de
alto
rendimiento
agrícola
los
valles
de
Coloso
Lajas,
y
Guanajibo.
Mediante
la
aprobación
de
dichas
leyes,
se
le
encomendó a la Junta, en coordinación con el Departamento
de Agricultura de Puerto Rico, llevar a
necesarios
de
las
fincas
cabo los estudios
comprendidas
dentro
de
los
denominados valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, para el
ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y
adopción de una resolución de zonificación especial, a los
fines de reservar y destinar las fincas de los referidos
valles a la producción y desarrollo agrícola.
4
23 L.P.R.A. sec. 62j(4) y (5).
5
23 L.P.R.A. sec. 7030 et seq.
6
5 L.P.R.A. sec. 1731 et seq.
7
5 L.P.R.A. sec. 1751 et seq.
5
CC-2004-946
En cumplimiento con las leyes antes citadas y como
parte de la preparación de un reglamento de zonificación
especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico, la
Junta celebró vistas públicas, los días 15 y 19 de febrero
de
2002.
Se
discutió
correspondientes
a
las
lo
relacionado
reservas
a
agrícolas
los
de
mapas
Lajas
y
Coloso. En una segunda vista pública, celebrada los días 12
y
13
de
febrero
de
2003,
se
presentó
nuevamente
la
delimitación de las reservas agrícolas de Lajas y Coloso
modificadas,
se
incluyó
Guanajibo
el
propuesto
y
la
delimitación
Reglamento
del
de
Valle
de
Zonificación
Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico.8 Alega
la Junta que las audiencias públicas se celebraron en los
municipios de San Juan, Mayagüez, Lajas, Aguada y Sabana
Grande, según fueron señaladas.9
El
5
de
diciembre
de
2003,
la
Junta,
mediante
Resolución, adoptó el Reglamento de Zonificación Especial
para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Reglamento de
Planificación
Núm.
28,
Planificación
Núm.
28.10
en
adelante
el
Reglamento
de
Mapas
de
Delimitación
y
Los
Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de los
8
Apéndice del Recurso de Certiorari ante nos (en adelante
“Apéndice”), pág. 27.
9
10
Petición de Certiorari, pág. 6.
Resolución
JP-RP-2003,
Reglamento
de
Zonificación
Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Núm.
28, Junta de Planificación de Puerto Rico, 13 de febrero de
2004. Véase además, Apéndice, págs. 27-29.
6
CC-2004-946
valles
de
Lajas,
Coloso
y
Guanajibo
se
hicieron
formar
parte integral del Reglamento.11
El 23 de enero de 2004, mediante la Orden Ejecutiva
OE-2004-08, la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila
M. Calderón, aprobó el Reglamento de Planificación Núm. 28,
supra, y los Mapas de Delimitación y Zonificación Especial
para las Reservas Agrícolas de los valles de Lajas, Coloso
y
Guanajibo.
Dicho
Reglamento
entró
en
vigor
el
7
de
febrero de 2004.12
Así las cosas, el 8 de marzo de 2004, el Frente Unido
Pro
Defensa
del
Valle
de
Lajas,
la
Asociación
de
Agricultores de Puerto Rico, el Colegio de Agrónomos de
Puerto Rico y Louis G. Meyer, en adelante el Frente Unido,
instaron
oportunamente
un
recurso
de
revisión
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaron
la
aprobación
del
referido
reglamento
en
cuanto
a
la
delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.
Alegaron que la Junta erró al excluir de los límites de la
Reserva Agrícola del Valle de Lajas terrenos con acceso a
riego y alta productividad agrícola, en contravención a lo
11
12
Íd.
Conforme al Artículo 28 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio
de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 63 y a la
sección 2.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2128(a)(1), los
reglamentos adoptados por la Junta de Planificación y
aprobados por el Gobernador, entrarían en vigor a los
quince (15) días de su aprobación.
7
CC-2004-946
dispuesto en el artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de
agosto de 1999, supra.13
Por su parte, la Junta adujo que el motivo de la
exclusión de los terrenos en controversia se debió a que
los mismos fueron afectados por desarrollos no agrícolas y
a que su condición natural no exhibía las características
propias de suelos de alta productividad agrícola. Además,
añadió,
que
debido
a
que
crecimiento
natural
y
futuro
tomando
consideración
en
estos
que
terrenos
del
representan
Municipio
este
de
Municipio
Lajas
el
y
necesita
espacio para su desarrollo y crecimiento urbano, decidieron
excluir tales terrenos colindantes con el área urbana y
construida, de la delimitación de la Reserva.14
El 25 de junio de 2004, el Tribunal de Apelaciones
dictó
Sentencia,
archivada
en
autos
copia
de
su
notificación a las partes el 9 de julio de 2004, mediante
la cual revocó la Resolución recurrida y declaró inválido
el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra. Determinó
que la actuación de la Junta de excluir terrenos con acceso
a riego de la Reserva Agrícola del Valle de lajas, es
contraria al mandato legislativo establecido en el artículo
2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, supra, por lo
que actuó de manera arbitraria y caprichosa.15
13
Apéndice, pág. 44.
14
Íd., págs. 4-5.
15
Íd., pág. 13.
8
CC-2004-946
Oportunamente, el 28 de julio de 2004, el Frente Unido
presentó
moción
sentencia
se
de
reconsideración
limitara
en
su
solicitando
aplicación
a
que
la
la
Reserva
Agrícola del Valle de Lajas y a los mapas que delimitan el
área comprendida en ella.16
El 26 de agosto de 2004, el Tribunal de Apelaciones
emitió
resolución,
archivada
en
autos
copia
de
su
notificación el 13 de septiembre de 2004, declarando con
lugar la moción de reconsideración presentada por el Frente
Unido. En dicha resolución se modificó la Sentencia del 25
de
junio
declarar
de
2004,
limitando
inválida
la
el
alcance
aplicación
del
de
la
misma
Reglamento
a
de
Planificación Núm. 28, supra, sobre la Reserva Agrícola del
Valle de Lajas, sin alcanzar ni invalidar la aplicación del
referido reglamento a las otras reservas agrícolas.17
El 26 de agosto de 2004, la Junta presentó “Solicitud
de Dispensa para Unirnos a la Moción de Reconsideración de
la
Parte
entre
Recurrente
ellos
uno
y
para
Hacer
Jurisdiccional”
otros
y
Planteamientos,
una
“Moción
de
Desestimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración
y en Apoyo a Otro de la Parte Recurrente.”18
En ellas, la Junta alegó, en síntesis, que debido a un
error de oficina en el manejo de la correspondencia, no
16
Íd., págs. 200-202.
17
Entiéndase que tal dictamen no se extendería a las
Reservas Agrícolas de los Valles de Coloso y Guanajibo.
18
Apéndice, págs. 203-215.
9
CC-2004-946
tuvo
oportunidad
reconsideración
de
del
reaccionar
Frente
a
Unido
la
moción
dentro
del
de
término
dispuesto por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.19
Por
lo
cual,
desconociendo
de
su
presentación,
acudió
prematuramente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante
recurso de certiorari.20 Indicó, además, que la exclusión de
los terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del
Valle
de
Lajas
se
llevó
a
cabo
por
insistencia
del
municipio de Lajas, al éste entender que los terrenos no
tenían
valor
pueblo
y
agrícola
por
la
por
estar
tendencia
localizados
natural
de
cerca
del
crecimiento
poblacional en esa dirección.21 Finalmente, la Junta señaló
que el recurso de revisión administrativo se le notificó
únicamente
a
ella
y
no
al
municipio
de
Lajas,
parte
interesada, indispensable y directamente afectada por la
determinación
a
tomarse,
por
lo
que
se
actuó
en
contravención a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, supra, y en la jurisprudencia dictada por
este
Tribunal.
Concluyó
que
cualquier
sentencia
que
se
dicte sin la inclusión del municipio de Lajas como parte,
adolece de nulidad por falta de jurisdicción.22
19
In re Aprobación Reglamento TCA, res. 21 de julio de
2004, 162 D.P.R. ___ (2004), 2004 T.S.P.R. 121.
20
Apéndice, págs. 203-205. Este recurso recibió el número
CC-2004-729 y se ordenó el archivo del mismo por
desistimiento, mediante Resolución de 27 de septiembre de
2004.
21
Íd., pág. 206.
22
Íd., págs. 206-215.
10
CC-2004-946
El 1 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones
emitió una Resolución, en la que determinó lo siguiente:
A la moción de desestimación y de
reconsideración
de
la
Junta
de
Planificación, no ha lugar. Véase la Regla
84(A) de nuestro Reglamento de 20 de julio
de 2004, 2004 J.T.S. 112.23
Inconforme
con
la
resolución
del
foro
intermedio
apelativo, el 13 de octubre de 2004, la Junta acudió ante
nos mediante el presente recurso de Certiorari. Señaló como
errores los siguientes:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
declararse sin jurisdicción para entender y
resolver en los méritos los planteamientos
de la aquí Peticionaria contenidos en su
escrito ante dicho foro titulado: Moción de
Desestimación por Falta de Jurisdicción, de
Reconsideración y en Apoyo a Otra de la
Parte Recurrente.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que la exclusión de terrenos con acceso a
riego de la Reserva Agrícola del Valle de
Lajas es contrario al mandato legislativo
establecido en el Artículo 2 de la Ley Núm.
277 del 20 de agosto de 1999, según
enmendada, 23 L.P.R.A., sec. 7031.
Contando con la comparecencia de ambas partes, estamos
en posición de resolver.
II
La Regla 47 de Procedimiento Civil24 establece, en lo
pertinente, lo siguiente:
23
Íd., pág. 22.
24
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47.
11
CC-2004-946
La parte adversamente afectada por una
resolución final o sentencia del Tribunal de
Circuito de Apelaciones podrá, dentro del
término improrrogable de quince (15) días
desde la fecha del archivo en los autos de
una
copia
de
la
notificación
de
la
resolución o sentencia, presentar una moción
de reconsideración. El término para apelar o
recurrir al Tribunal Supremo comenzará a
contarse de nuevo a partir del archivo en
autos de copia de la notificación de la
resolución o sentencia del Tribunal de
Circuito
de
Apelaciones
resolviendo
definitivamente
la
moción
de
reconsideración. (Énfasis Suplido)
La
Regla
establece
que
53.1
(h)25
una
oportuna
de
dicho
cuerpo
moción
de
reglamentario
reconsideración
presentada ante el Tribunal de Apelaciones, interrumpe el
transcurso
del
término
para
presentar
ante
el
Tribunal
Supremo una solicitud de certiorari.
En ocasiones anteriores, este Tribunal ha expresado
que
el
término
de
quince
días
(15)
para
presentar
una
moción de reconsideración es uno jurisdiccional.26
La sección 2 del Artículo V de la Constitución de
Puerto Rico27 y el artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura
de 2003, según enmendada,28 facultan al Tribunal Supremo de
Puerto Rico a aprobar las reglas internas que regirán los
procedimientos
25
y
la
organización
del
Tribunal
de
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(h).
26
Reyes v. E.L.A., et al., res. 7 de diciembre de 2001, 155
D.P.R.___(2001), 2001 T.S.P.R. 168; Vega Maldonado v.
Alicea Huacuz, 145 D.P.R. 236, 240 (1998); Barletta v.
Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690, 692 (1972).
27
Artículo
L.P.R.A.
28
V,
Sección
4 L.P.R.A. sec. 24w.
2,
Constitución
del
E.L.A.,
1
12
CC-2004-946
Apelaciones. El 20 de julio de 2004 aprobamos el Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, supra. Este Reglamento entró
en vigor inmediatamente después de su aprobación y el mismo
es aplicable a todos los procedimientos pendientes ante el
Tribunal de Apelaciones.29
El
Reglamento
establece
presentados
las
reglas
ante
específicamente
del
el
Tribunal
de
Apelaciones,
aplicar
a
todos
a
Tribunal
aplicables
al
de
los
recursos
Apelaciones
proceso
de
supra,
y
revisión
las
de
decisiones administrativas. En cuanto a las mociones de
reconsideración, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra, dispone lo siguiente:
(A) Cualquier moción de reconsideración
sobre cualquier asunto civil o criminal,
deberá ser presentada dentro del plazo
improrrogable de quince (15) días contados a
partir del archivo en autos de copia de la
notificación de la resolución o sentencia
del Tribunal de Apelaciones.
La presentación oportuna de una moción de
reconsideración paralizará los términos para
apelar o recurrir ante el Tribunal Supremo.
El término para apelar o recurrir al
Tribunal Supremo comenzará a contarse de
nuevo a partir del archivo en autos de copia
de la notificación de la resolución o
sentencia del Tribunal de Apelaciones que
resuelva
definitivamente
moción
de
reconsideración.
(B) La moción de reconsideración discutirá
solo los asuntos específicos respecto de los
cuales la parte promovente considere que el
Tribunal erró en la determinación de hecho o
en la aplicación del derecho.
29
In re Aprobación Reglamento TCA, supra, R. 89.
13
CC-2004-946
Dentro
de
diez
(10)
días
desde
la
presentación de la moción o en el término
que
determine
el
Tribunal,
la
parte
promovida podrá presentar su oposición,
luego
de
lo
cual
la
moción
de
reconsideración
quedará
sometida
para
adjudicación. El Tribunal podrá resolver una
moción
de
reconsideración
en
cualquier
momento.(...)(Énfasis suplido)
También es norma conocida en nuestro ordenamiento que
las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y
deben ser resueltas con preferencia.30 Todo tribunal tiene
el
deber
ministerial
de,
jurisdicción
o
motu
rigurosamente
tal
asunto
una
vez
examinar
proprio,
pues
cuestionada
éste
incide
y
su
evaluar
directamente
sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.31 Por
ser éste un planteamiento de naturaleza privilegiada, puede
hacerse en cualquier etapa del procedimiento,32 entiéndase
ante el foro primario o en etapa apelativa. No obstante, el
hecho
de
que
pueda
presentarse
en
cualquier
etapa
no
significa que no deban utilizarse los mecanismos procesales
adecuados con sus respectivos términos de presentación. Si
se va a levantar alguna cuestión jurisdiccional ante el
Tribunal
de
reconsideración,
Apelaciones,
ésta
debe
mediante
hacerse
una
dentro
moción
del
de
término
jurisdiccional de quince (15) días dispuesto por ley. Si es
30
Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., res. 3 de
enero de 2003, 158 D.P.R.___ (2003); 2003 T.S.P.R. 1.
31
Íd; Souffront et al. v. A.A.A., res. 21 de abril de 2005,
164 D.P.R.___ (2005); 2005 T.S.P.R. 49.
32
Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).
14
CC-2004-946
presentada tardíamente, la misma no podrá ser atendida por
ese foro.
En el caso ante nos, el Tribunal de Apelaciones, en su
Resolución del 1 de septiembre de 2004, declaró no ha lugar
la moción de desestimación y de reconsideración presentada
por la Junta. Sostuvo su dictamen en lo dispuesto en la
Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra, la cual establece que toda moción de reconsideración
debe ser presentada en un plazo improrrogable de quince
(15) días, contados a partir del archivo en autos de copia
de
la
notificación
de
la
resolución
o
sentencia
del
Tribunal de Apelaciones.
De los autos surge que la sentencia del Tribunal de
Apelaciones se dictó el 25 de junio de 2004, archivada en
autos copia de su notificación a las partes el 9 de julio
de 2004. De conformidad con lo expuesto en la disposición
citada,
cualquier
presentada
dentro
moción
de
del
reconsideración
término
debía
ser
jurisdiccional
e
improrrogable de quince (15) días, el cual vencía el sábado
24
de
julio,
que
se
extendió
hasta
el
laborable, miércoles 28 de julio de 2004.33
próximo
día
No fue hasta
el 26 de agosto de 2004, pasado el plazo improrrogable de
quince (15) días, que la Junta presentó ante el Tribunal de
Apelaciones
su
solicitud
de
dispensa
para
unirse
a
la
moción de reconsideración del Frente Unido y la moción de
desestimación y de reconsideración.
33
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.1.
15
CC-2004-946
A la luz de lo anterior, concluimos que la moción
instada por la Junta fue presentada tardíamente. Aunque en
su moción la Junta alegó un problema de jurisdicción, no
deja de ser una moción de reconsideración que debía ser
presentada
dentro
del
término
jurisdiccional
correspondiente para poder ser atendida por el Tribunal de
Apelaciones.
La moción de reconsideración presentada oportunamente
por
el
Tribunal
Frente
Unido
de
el
28
de
Apelaciones,
julio
de
2004,
interrumpió
el
ante
el
término
jurisdiccional para que cualquiera de las partes acudiera
en alzada al Tribunal Supremo. No obstante, no paralizó el
término
para
que
reconsideración.
Si
la
la
Junta
presentara
su
moción
de
Junta
interesaba
que
fuera
el
Tribunal de Apelaciones quien resolviera el planteamiento
de jurisdicción, tenía que plantearlo en su alegato ante
tal foro, o presentar una moción de reconsideración en el
término jurisdiccional de quince días (15). En vista de que
no cumplió con el término jurisdiccional para presentar su
moción de reconsideración, actuó correctamente el Tribunal
de Apelaciones al declararla no ha lugar por presentación
tardía.
No obstante, la Junta acudió oportunamente ante nos e
impugnó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Alega
que la sentencia dictada por dicho foro fue emitida sin
autoridad y facultad para hacerlo. Tal como mencionamos al
exponer la doctrina sobre falta de jurisdicción, esta Curia
16
CC-2004-946
puede auscultar ese asunto por ser una materia privilegiada
que
puede
ser
examinada
en
cualquier
etapa
del
procedimiento, incluso en esta etapa final.
Veamos, pues, los méritos del planteamiento de falta
de jurisdicción alegado por la Junta ante el Tribunal de
Apelaciones, asunto que no fue atendido por ese Tribunal,
por los motivos previamente indicados.
III
A.
Definiciones: Distinción proceso de reglamentación y
adjudicación.
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en
adelante L.P.A.U., Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
según
enmendada34,
establece
las
características
y
requisitos que las agencias administrativas deben cumplir
en los procesos de reglamentación y de adjudicación. La
exposición de motivos de dicha ley lee, en lo pertinente,
como sigue:
La medida sistematiza y crea un cuerpo
uniforme de reglas mínimas que toda agencia
deberá
observar
al
formular
reglas
y
reglamentos que definan los derechos y
deberes legales de una clase particular de
personas. Contiene, además, otro cuerpo de
normas
distintas
para
gobernar
las
determinaciones de una agencia en procesos
adjudicativos
al
emitir
una
orden
o
resolución que define los derechos y deberes
legales de personas específicas.35
34
3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.
35
Exposición de Motivos de la L.P.A.U., supra.
17
CC-2004-946
Los
procesos
diferentes.
El
adjudicativos
proceso
de
y
de
reglamentación
adjudicación
es
uno
son
cuasi-
judicial y de reglamentación es uno cuasi-legislativo.
Es importante, precisar cuáles son las definiciones
provistas por la L.P.A.U., supra, referente a los términos
o
frases
utilizados
administrativos.
reglamentación
Ese
como
en
los
estatuto
aquél
diferentes
define
sujeto
a
procesos
el
concepto
de
un
procedimiento
mediante el cual una agencia formula, adopta, enmienda o
regla o reglamento.36 Además, define regla o
deroga una
reglamento de la forma siguiente:
...cualquier norma o conjunto de normas de
una agencia que sea de aplicación general
que ejecute o interprete la política pública
o la ley, o que regule los requisitos de los
procedimientos o prácticas de una agencia.
El término incluye la enmienda, revocación o
suspensión de una regla existente. (...)37
(Énfasis suplido)
La L.P.A.U., supra, dispone sobre el proceso que debe
cumplir
una
reglamento
y
agencia
el
administrativa
alcance
de
la
para
aprobar
participación
ciudadanía durante la conducción del mismo.
de
un
la
Establece el
mínimo de participación ciudadana que la adopción de un
reglamento puede tener. En su sección 2127, dispone cómo y
en cuanto tiempo un reglamento puede ser impugnado de su
faz.
Dicha
disposición
siguiente:
36
3 L.P.R.A. sec. 2102(m).
37
3 L.P.R.A. sec. 2102(l).
estatutaria
lee
de
la
forma
18
CC-2004-946
(a) Una regla o reglamento aprobado después
de la fecha de efectividad de este capítulo
será nulo si no cumpliera sustancialmente
con las disposiciones de este capítulo.
(b)
Cualquier
acción
para
impugnar
la
validez de su faz de una regla o reglamento
por el incumplimiento de las disposiciones
de este capítulo deberá iniciarse en el
Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro
de los treinta (30) días siguientes a la
fecha
de
vigencia
de
dicha
regla
o
reglamento. La competencia sobre la acción
corresponderá al Circuito de la región
judicial donde está ubicado el domicilio del
recurrente.
(c) La acción que se inicie para impugnar el
procedimiento seguido al adoptar las reglas
o reglamentos de que se trate no paralizará
la vigencia de los mismos, a menos que la
ley al amparo de la cual se adopta disponga
expresamente
lo
contrario.
(Énfasis
Suplido)38
Cualquier persona puede impugnar la validez
de una
regla o reglamento aprobado por una agencia administrativa
por el incumplimiento de las disposiciones
dentro
supra,
participado
públicas
del
o
no
término
durante
celebradas,
como
de
la
treinta
de la L.P.A.U.,
(30)
celebración
parte
del
de
días,
las
proceso
haya
vistas
para
su
aprobación.
No tiene que ser afectado por la aplicación de
dicha
o
regla
promover
la
Apelaciones.
reglamento
referida
para
tener
impugnación
la
ante
capacidad
el
Tribunal
para
de
No obstante, cualquier persona afectada por
la aplicación de una regla o reglamento aprobado por una
agencia
38
administrativa
Íd., sec. 2127.
podrá
impugnar
la
validez
19
CC-2004-946
constitucional del mismo, en cualquier momento, ante el
Tribunal de Primera Instancia.39
En
el
primer
durante
el
proceso
error
señalado,
la
de
preparación
Junta
del
alega
que
reglamento
y
delimitación de las reservas agrícolas, participaron los
municipios que tienen comprendidos parte de sus terrenos en
la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Señala la Junta que
“[e]specialmente
alcalde,
tuvo
el
una
municipio
de
Lajas,
participación
activa
a
e
través
de
su
intensa
en
el
proceso, incluyendo su comparecencia a las vistas públicas
celebradas.”40 Alega la Junta que los municipios de Sabana
Grande,
San
Germán,
Cabo
Rojo,
Guánica,
Yauco
y
especialmente Lajas eran partes que tenían derecho a que se
les notificara con copia del recurso de revisión, instado
ante el Tribunal de Apelaciones, y que al no haber sido
notificados
con
copia
del
mismo,
dicho
foro
intermedio
apelativo dictó una sentencia sin jurisdicción para actuar.
Sostuvo
su
planteamiento
en
Lugo
Rodríguez
v.
Junta
de
Planificación.41 No le asiste la razón. Allí establecimos
que los que participan activamente durante un procedimiento
administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones
puedan
verse
agencia,
son
afectados
por
la
acción
o
“parte”,
por
lo
que
necesario
39
es
inacción
de
la
se
les
Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R.
307 (1999).
40
Recurso de Certiorari, pág. 13.
41
150 D.P.R. 29.
20
CC-2004-946
notifique con copia del recurso de revisión instado ante el
Tribunal de Apelaciones. Ese no es el caso ante nos.
El
proceso
de
es
reglamentación
uno
de
aplicación
general y no uno de aplicación particular, en el que se
adjudican derechos u obligaciones de una o más personas
específicas, como sucede en un proceso adjudicativo. En el
proceso
de
adjudica
adopción
una
de
una
controversia
regla
entre
o
una
reglamento
o
más
no
se
personas
específicas, es decir entre partes, sino que se establece
una norma de aplicación general. Así pues, a diferencia de
la adjudicación, en la que la expedición de órdenes de
aplicación particular determina los derechos y obligaciones
de partes específicas, la reglamentación dispone sobre la
promulgación de reglas de aplicación general que encarnan
una política o prescriben una norma legal.42
aplicación
general,
el
proceso
de
Por ser de
formulación
y
de
aprobación de reglamentación conducido por las diferentes
agencias administrativas en nuestra jurisdicción, afecta a
la
comunidad.
Respecto
a
esta
distinción,
en
Luan
Investment Corp. v. Román,43 indicamos lo siguiente:
Los mapas de zonificación y sus enmiendas
representan la forma visual y práctica de
instrumentar los reglamentos de zonificación
y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas
no son actos de naturaleza adjudicativa,
dirigidos a resolver una controversia entre
una o más personas, sino que son actos
42
D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia,
Forum, 2001, pág. 108.
43
125 D.P.R. 533 (1990).
21
CC-2004-946
productos de los instrumentos con los cuales
el Estado ha provisto a la Junta para
reglamentar el uso de la tierra en Puerto
Rico, de manera que se logre un desarrollo
integral y balanceado de nuestra sociedad.44
Surge de lo antes citado, que el caso ante nos, por
ser un proceso para aprobar un reglamento de zonificación y
para delimitar unos mapas de zonificación, es un proceso
cuasi-legislativo y no de naturaleza adjudicativa.
Es
“parte”
proceso
aquél
que
administrativo
participa
adjudicativo
activamente
y
cuyos
en
un
derechos
y
obligaciones pueden verse afectados por la actuación de la
agencia. No obstante, el caso Lugo Rodríguez v. Junta de
Planificación,
en
supra,
el
cual
hicimos
tal
pronunciamiento, se trataba de un proceso adjudicativo, en
el
cual
se
sometió
ante
consulta
de
ubicación
la
que
Junta
de
Planificación
una
proponía
el
desarrollo
un
de
proyecto comercial. Diferente es este caso, pues estamos
ante un proceso de reglamentación, donde no existen partes
como tal ante la agencia y no se hace ninguna determinación
específica sobre sus derechos y obligaciones, sino que se
establecen normas de aplicación general.
La Ley Orgánica de la Junta, Ley Núm. 75, de 24 de
junio de 1975, supra, provee para que antes de adoptar o
enmendar un reglamento, la Junta celebre vistas públicas
luego
de
dar
aviso
al
público,
de
la
fecha,
sitio
y
naturaleza de la celebración de las mismas. La L.P.A.U.,
supra,
44
no
le
requiere
Íd., pág. 547.
a
las
agencias
que
provean
una
22
CC-2004-946
participación ciudadana análoga a la de los procedimientos
adjudicativos.
De
hecho,
las
agencias
administrativas
tienen discreción para citar a vistas públicas y la misma
sólo
será
obligatoria
en
los
casos
en
que
el
estatuto
orgánico de la agencia lo requiera.45 No podemos considerar
como
“parte”
activamente
a
todas
durante
la
las
personas
celebración
por
que
la
participan
Junta
de
las
vistas públicas. Considerar como “parte” a esas personas y
garantizarle
proceso
todos
los
derechos
adjudicativo,
es
que
ello
contrario
implica
al
en
un
ordenamiento
establecido en la L.P.A.U., supra, y a la naturaleza misma
del proceso cuasi-legislativo de reglamentación.
Es en los procesos de adjudicación, ya sea por una
querella ante la agencia o cuando se solicita algún permiso
o autorización que otra parte objeta, donde existen partes
adversas
respecto
a
algún
asunto,
y
por
tanto,
una
controversia ante la agencia. Por el contrario, el proceso
dirigido a la formulación y aprobación de un reglamento que
conducen
las
procedimiento
derechos
y
agencias
en
el
que
obligaciones,
administrativas,
partes
y
en
adversas
el
que
se
no
es
un
dilucidan
sus
adjudica
una
controversia. La regla o reglamento pautado por la agencia
puede ser impugnado
al entrar en vigor, comenzando así el
proceso de revisión judicial de su aprobación.46 Una vez se
presenta
el
recurso
de
45
3 L.P.R.A. sec. 2123.
46
3 L.P.R.A. sec. 2127.
revisión
ante
el
Tribunal
de
23
CC-2004-946
Apelaciones con tal propósito, el que impugna la actuación
administrativa es el recurrente y la agencia pertinente, la
recurrida;
sólo
entonces
es
que
existe
un
proceso
adversativo ante un tribunal, y por lo tanto, “partes” ante
ese foro.
Requerir que se notifique de la presentación de un
recurso
de
Apelaciones
revisión
judicial
a
las
todas
ante
personas
el
Tribunal
de
que
comparecen
y
participan activamente en las vistas públicas celebradas
ante
una
dirigido
agencia
a
la
administrativa,
aprobación
de
durante
determinado
un
proceso
reglamento,
haciendo recomendaciones, reseñando inquietudes o aportando
información, sería trastocar dicho procedimiento y alterar
su naturaleza. Resulta excesivamente oneroso para la parte
que quiera impugnar un reglamento de su faz, el tener que
cumplir
con
tal
requisito.
Formular
una
norma
jurisprudencial para establecer dicho requisito sería crear
mediante fiat judicial una normativa nueva, contraria a la
dispuesta
en
la
L.P.A.U.,
supra,
para
el
proceso
de
reglamentación conducido por las agencias administrativas.
No actuó sin jurisdicción el Tribunal de Apelaciones.
Resolver lo contrario, o sea acceder a la petición de la
Junta de que debía notificarse con copia del recurso de
revisión al municipio de Lajas y a los otros municipios,
sería desnaturalizar el proceso de reglamentación que deben
seguir las agencias administrativas y además, sería girar
24
CC-2004-946
en contra de la propia intención legislativa claramente
establecida en la L.P.A.U., supra.
En conclusión, por no existir “partes” a quienes se
dirija
específicamente
la
acción
de
la
agencia
en
este
caso, no es de aplicación el requisito de notificar con
copia
del
recurso
de
revisión
administrativa
ante
el
Tribunal de Apelaciones a aquellas personas naturales o
jurídicas que hayan participado en las vistas públicas ante
la agencia. La ley señala que es “parte” el promovente, el
promovido, el interventor y aquél designado como tal. Los
referidos municipios no fueron parte promovida, promovente,
o interventora, pues no se trató aquí de un proceso de
adjudicación
ante
reglamentación.
la
agencia,
sino
de
un
proceso
de
Los municipios aludidos no son “parte” a
los efectos de la notificación requerida por la sección 4.2
de la L.P.A.U., supra, y del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra.
Concluimos
que
el
requisito
de
notificación
a
las
partes que se establece en la sección 4.2 de la L.P.A.U.,
supra, a todas luces, se refiere únicamente al proceso de
adjudicación
ante una agencia administrativa y no al de
reglamentación.
IV
La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la
Ley Núm. 277, supra, reconoció expresamente la importancia
agrícola de los terrenos que componen el Valle de Lajas. La
25
CC-2004-946
aprobación de dicha ley obedeció al objetivo de continuar
el desarrollo de la agricultura en esa región, por lo que
se declaró el Valle de Lajas como una reserva agrícola.47
En la Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 277,
supra, la Asamblea Legislativa explica las razones por las
cuales interesa proteger la Reserva Agrícola del Valle de
Lajas. Expresa, en lo que nos atañe, lo siguiente:
A medida que transcurren los años, el
aumento en la población y la demanda por
áreas para desarrollo urbano obligan a las
agencias reguladoras a trabajar en mayor
coordinación para garantizar que las tierras
con potencial agrícola sean preservadas para
dichos
fines
exclusivamente.
Es
de
conocimiento que el Valle de Lajas, por su
topografía llana y de fácil manejo constituye
un
gran
atractivo
para
desarrollos
residenciales,
comerciales,
industriales,
turísticos y recreativos.
Sin embargo, una
planificación adecuada de las actividades
agrícolas en todo el Valle de Lajas y un
eficiente
mantenimiento
y
operación
del
sistema de riego puede volver a convertir
estos terrenos en el granero de Puerto Rico,
ya que son ideales para las siembras de maíz,
arroz, habichuelas y sorgo, entre otras
cosechas.
La preservación de los terrenos del Valle
de
Lajas
para
el
desarrollo
agrícola
requiere del establecimiento de una política
pública
enérgica
que
contribuya
al
cumplimiento de estos propósitos, y conlleva
el
establecimiento
de
una
zonificación
especial y claramente definida.
También es
necesario que se fomente el establecimiento
de nuevas empresas agrícolas que contribuyan
al desarrollo económico de la zona y por
consiguiente, a la creación de empleos en
este
sector
de
la
economía.
Con
la
zonificación agrícola de estos terrenos se
evitará el desarrollo desarticulado de otras
47
Frente Unido v. Secretario de Justicia, 151 D.P.R. 117,
125 (2000).
26
CC-2004-946
empresas o desarrollos no agrícolas y se
garantizará
la
preservación
de
estos
terrenos para generaciones futuras.
La Asamblea Legislativa, en atención a la
necesidad primordial de aprovechar al máximo
estos terrenos de alto rendimiento agrícola
para beneficio del Pueblo de Puerto Rico,
declara los terrenos comprendidos dentro del
Valle de Lajas como una reserva agrícola y
ordena a la Junta de Planificación, en
coordinación
con
el
Departamento
de
Agricultura,
el
establecimiento
de
una
zonificación especial para el ordenamiento
de esos terrenos.(Énfasis suplido.)
Con el propósito de continuar con el desarrollo de la
agricultura
en
la
región
suroeste
de
Puerto
Rico,
la
Asamblea Legislativa declaró el Valle de Lajas como una
reserva
agrícola
y
ordenó
adoptar
una
resolución
de
zonificación especial para reservar y destinar las fincas
comprendidas
dentro
desarrollo agrícola.48
de
dicho
Valle
a
la
producción
y
En el Artículo 2 de la Ley Núm. 277,
supra, se indica lo siguiente:
La Junta de Planificación, en coordinación
con el Departamento de Agricultura, deberá
llevar a cabo todos los estudios necesarios
de
las
fincas
comprendidas
dentro
del
denominado
Valle
de
Lajas,
para
el
ordenamiento de esos terrenos mediante la
promulgación y adopción de una Resolución de
Zonificación
Especial,
a
los
fines
de
reservar y destinar las fincas del referido
Valle a la producción y desarrollo agrícola.
Para este propósito, podrá requerir a todo
ente gubernamental o privado, apoyo pericial
o de campo. En la Zonificación Especial
deben estar incluidas además de las tierras
que actualmente tienen acceso a riego,
aquellas que en el futuro puedan tenerlo y
que se identifiquen como de valor agrícola.
48
Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 277, supra, 23 L.P.R.A.
secs. 7030-7031.
27
CC-2004-946
De
igual
forma,
aquellas
tierras
que
colinden con las identificadas como de valor
agrícola
y
que
sirvan
de
zonas
de
amortiguamiento deberán estar incorporadas
en
la
Zonificación
Especial.(Énfasis
49
suplido)
De forma clara y expresa, el legislador ordenó que los
siguientes terrenos debían ser incluidos en la Zonificación
Especial:
riego;
los
predios
que
aquellos
que
el
en
actualmente
futuro
tienen
puedan
acceso
tenerlo
y
a
se
identifiquen como de valor agrícola; y los que colindan con
los identificados como de valor agrícola y sirvan de zonas
de amortiguamiento.50
En la esfera administrativa, la ley es la fuente legal
o
el
medio
que
le
confiere
el
poder
a
una
agencia
administrativa para velar por el cumplimiento de su ley
habilitadora.51 La ley habilitadora es el mecanismo legal
que
autoriza
y
delega
a
la
agencia
administrativa
los
poderes para que actúe conforme al propósito perseguido en
dicha ley.52 Por lo cual, un reglamento promulgado por una
agencia administrativa no puede estar en conflicto con la
ley habilitadora.53 La función de los tribunales, ante un
recurso de revisión judicial de un reglamento, consiste en
49
23 L.P.R.A. sec. 7031.
50
Frente Unido v. Secretario de Justicia, supra, pág. 125.
51
Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., res. 18 de junio de
2002, 157 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 83.
52
53
Íd.
Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., res. 4 de octubre de
2002, 158 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 133; Franco v.
Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999).
28
CC-2004-946
examinar la validez de una reglamentación de una agencia
administrativa. Tal ejercicio ha de ir dirigido a evaluar:
(1) si la actuación administrativa está autorizada por ley;
(2)
si
se
delegó
reglamentación
poder
promulgada
de
reglamentación;
está
dentro
de
(3)
los
si
la
amplios
poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se
cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de
las
leyes
especiales, y
(5) si
la
reglamentación
es
arbitraria o caprichosa.54
Los tribunales no deben perder de perspectiva que “un
reglamento promulgado para implementar [sic] la ejecución
de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto
con
ésta.”(Énfasis
suplido)55
Si
el
reglamento
está
en
conflicto con la ley habilitadora que permite y promueve su
creación, la disposición reglamentaria tiene que ceder ante
el
mandato
legislativo.56
Un
reglamento
es
nulo
si
claramente está en conflicto o en contra de la ley.57
En
el
caso
ante
nos,
la
Junta,
al
expedir
su
resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.
28, supra, excluyó de la zonificación especial terrenos que
54
Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, res. 5 de febrero
de 2002, 156 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 13; Franco v.
Depto. de Educación, supra, pág. 711; M.& B.S., Inc. v.
Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987).
55
Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra; Pérez v.
Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra; P.S.P. v. Comisión
Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980)
56
Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra.
57
P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra.
29
CC-2004-946
actualmente
tienen
acceso
a
riego.
En
dicha
resolución
expresó lo siguiente:
Se reconoce que al Este del Municipio de
Lajas y al Sur de la Carretera PR-117,
aunque son terrenos servidos por el sistema
de riego, han sido afectados por desarrollos
no agrícolas. Asimismo, el Municipio de
Lajas necesita espacio para su desarrollo y
crecimiento
urbano,
aspecto
que
estaba
contemplado en el propuesto Plan Territorial
de Lajas sometido en el año 1999. Por ello,
en ánimo de atender el interés público de
satisfacer dicho crecimiento, se excluyen de
la delimitación de la Reserva aquellos
terrenos que colindan con el área urbana y
construida y que representan el crecimiento
natural futuro de dicho municipio.58
La Junta expresó que tal exclusión se debió a que
dichos
terrenos
fueron
afectados
por
desarrollos
no
agrícolas y a que la condición natural de los mismos no
exhibía
las
características
propias
de
suelos
de
alta
productividad agrícola.59 También señaló que en vista de que
el Municipio de Lajas necesita espacio para su desarrollo y
crecimiento urbano, se excluyeron de la Reserva aquellos
terrenos que colindan con el área urbana y construida, que
representan
el
crecimiento
natural
futuro
de
dicho
la
Junta
municipio.
Surge
de
la
propia
Ley
277,
supra,
que
llevaría a cabo los estudios necesarios para adoptar el
reglamento
de
zonificación
especial
en
controversia
en
conjunto con el Departamento de Agricultura.60 De la propia
58
Resolución JP-RP-2003, supra.
59
Apéndice, pág. 4.
60
23 L.P.R.A. sec. 7031.
30
CC-2004-946
resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.
28,
supra,
participó
surge
que
activamente
reglamento,
y
el
en
durante
el
la
Departamento
de
proceso
preparación
de
celebración
de
Agricultura
las
del
vistas
públicas. En su ponencia presentada ante la Junta el 12 de
febrero de 2003, expresó que los terrenos al margen este
del Municipio de Lajas muestran condiciones adecuadas para
ser identificados como de alto valor agrícola.61
El Tribunal de Apelaciones entendió que la actuación
de la Junta fue arbitraria y caprichosa, pues el Artículo 2
de la Ley Núm. 277, supra, no provee excepciones respecto a
los terrenos con acceso a riego, por lo que dicha agencia
erró
al
ejercer
una
discreción
que
no
le
confirió
la
Asamblea Legislativa. Determinó lo siguiente:
De la letra del Artículo 2 de la Ley 277,
id., se desprende claramente que el mero
hecho de que las tierras tengan acceso a
riego las incluye dentro de la zonificación
especial. Ello es así independientemente de
que esas tierras posean o no valor agrícola.
Es para aquellas tierras que no poseen
acceso a riego actualmente, pero que en el
futuro puedan tener acceso a riego, que se
requiere “que se identifiquen como de valor
agrícola.” Id.62
En el recurso presentado ante nos, la Junta arguye que
el propósito de la Ley 277, supra, es que se incluyan
dentro de la reserva agrícola los terrenos servidos por
riego
o
que
puedan
61
Apéndice, pág. 136.
62
Íd, págs. 9-10.
servirse,
pero
que
tengan
valor
31
CC-2004-946
agrícola.63 Alega, además, que el Tribunal de Apelaciones
ignoró que los terrenos a incluirse en la reserva tienen
que identificarse como de valor agrícola.
Aplicando la normativa antes expuesta, concluimos que
la
Junta
excedió
sus
facultades
al
excluir
de
la
delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los
terrenos servidos por el sistema de riego descritos en la
resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.
28, supra.
Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la
letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de
cumplir su espíritu.64 De igual manera, ante un lenguaje
claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la
expresión
por
Interpretar
la
excelencia
ley
en
de
la
forma
legislativa.65
intención
contraria
a
la
evidente
intención del legislador, implicaría la usurpación de las
prerrogativas de la rama legislativa.66 Por estos motivos,
los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los
propósitos
perseguidos
por
la
Asamblea
Legislativa
al
aprobar una legislación, de manera que su interpretación
asegure la efectividad de la intención legislativa.67
63
Recurso de Certiorari, pág. 15.
64
Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.
14.
65
Pérez Pérez v. Mun. de Lares,
res. 27 de noviembre de
2001, 155 D.P.R.___(2001); 2001 T.S.P.R. 160.
66
Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996).
67
Pérez Pérez v. Mun. de Lares, supra.
32
CC-2004-946
El mandato legislativo de la Ley Núm. 277, supra, fue
incluir
en
la
zonificación
especial
las
tierras
que
actualmente tienen acceso a riego.68 Además, entendemos, a
diferencia del Tribunal de Apelaciones, que estos terrenos
tienen cierto valor agrícola. No es meramente que tengan
acceso a riego lo que los hace elegibles para ser parte de
la reserva, sino que sean terrenos con valor agrícola, que
tengan acceso a riego. Deben tener valor agrícola para así
promover el propósito que persigue la Ley 277, supra, el
cual consiste en fomentar el desarrollo agrícola del Valle
de Lajas y protegerlo de desarrollos no agrícolas.
No
surge de los autos que los terrenos excluidos carezcan de
valor agrícola. No obstante, la Junta señala que se vieron
afectados
por
desarrollos
necesarios
para
el
no
desarrollo
agrícolas
y
y
crecimiento
que
eran
urbano
del
Municipio de Lajas. Precisamente, una de las razones por la
cual la Asamblea Legislativa le encomendó a la Junta, en
coordinación con el Departamento de Agricultura, garantizar
la protección de las tierras con potencial agrícola, fue
proteger dichas tierras del desarrollo urbano, cuya demanda
aumenta.69
El Departamento de Agricultura, a diferencia de la
Junta, señala que el área excluida tiene un alto valor
agrícola. Por lo tanto, podemos concluir que los terrenos
excluidos sí tienen valor agrícola aunque el mismo haya
68
Frente Unido v. Srio. de Justicia, supra.
69
Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277, supra.
33
CC-2004-946
disminuido por el impacto de desarrollos no agrícolas. La
Ley 277, supra, no establece niveles de valor agrícola a
observar para excluir o incluir terrenos en la reserva;
meramente expresa que si tienen acceso a riego y valor
agrícola, serán incluidos en la reserva.
De
las
disposiciones
legales
relacionadas
con
la
promulgación y adopción de la Zonificación Especial para
las Reservas Agrícolas se desprende que la intención del
legislador fue establecer una política pública enérgica que
contribuya a la preservación de los terrenos del Valle de
Lajas para su desarrollo agrícola. La Asamblea Legislativa,
al declarar los terrenos comprendidos dentro de los valles
de Lajas, Coloso y Guanajibo como reservas agrícolas lo
hizo en atención a la necesidad primordial de aprovechar al
máximo
el
potencial
agrícola
de
dichos
terrenos.70
No
debemos olvidar que las leyes deben ser interpretadas y
aplicadas “sin desvincularlas del problema cuya solución
persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso del
ordenamiento jurídico”.71
En vista del inequívoco mandato legislativo, la Junta
actuó en forma ultra vires,
para
aprobar
Agrícola
sistema
del
de
un
reglamento
Valle
riego
más allá de su poder delegado,
y
excluyendo
de
Lajas
terrenos
con
valor
agrícola.
de
la
servidos
El
Reserva
por
el
Tribunal
de
70
Íd.; Exposición de Motivos, Ley Núm. 142 de 4 de agosto
de 2000 y Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2002, según
enmendadas, supra.
71
Franco v. Depto de Educación, supra, pág 716; J.R.T v.
A.E.E., 133 D.P.R. 1, 10 (1993).
34
CC-2004-946
Apelaciones actuó correctamente al determinar que la Junta
erró al realizar la exclusión de los referidos terrenos en
controversia. Actuó correctamente al decretar como inválido
el Reglamento de Planificación
Núm. 28, supra, aprobado
por esa agencia, en cuanto a su aplicación a la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia recurrida.
EFRAIN E. RIVERA PEREZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta de Planificación de Puerto
Rico
Peticionario
v.
CC-2004-946
Frente Unido Pro Defensa Del
Valle de Lajas, Asociación de
Agricultores de P.R., Colegio de
Agrónomos de P.R.
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se confirma la
sentencia recurrida.
Lo acordó el Tribunal y certifica
Secretaria del Tribunal Supremo.
la
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo