Tribunal Supremo de Puerto Rico
Gonzalo Rivera Colón v. David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros
2005 TSPR 116
Poder Judicial de Puerto Rico
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Gonzalo Rivera Colón v. David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros
CC-2004-0694
26 de agosto de 2005 · Derecho Ambiental: Causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil por daños ambientales
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gonzalo Rivera Colón
Peticionario
Certiorari
v.
2005 TSPR 116
David Díaz Arocho,
Gloria Otero Córdova y
La Sociedad Legal de
Gananciales por ambos
Compuesta, y otros
165 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2004-694
Fecha: 26 de agosto de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo
Juez Ponente:
Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Frankie Jiménez Santoni
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Juan Carlos Puig Hernández
Lcdo. Osvaldo Puig Hernández
Lcda. Ernestina Martínez Guevara
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gonzalo Rivera Colón
Peticionario
v.
David Díaz Arocho,
Gloria Otero Córdova y
la Sociedad Legal de
Gananciales por ambos
Compuesta, y otros
CC-2004-0694
Recurrido
Opinión del Tribunal
Rodríguez Rodríguez
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005
Tenemos la ocasión para determinar si, probada
la negligencia y el nexo causal con el daño, puede el
titular
de
una
finca
afectada
en
sus
recursos
naturales reclamar compensación en daños y perjuicios
al amparo del Artículo 1802 del Código Civil.
De ser
así, nos corresponde resolver cómo se caracteriza el
daño
a
los
recursos
ambientales
procedimiento
adecuado
para
y
cuál
cuantificar
el
es
el
mismo.
Examinemos detenidamente los hechos que dan lugar a
este recurso.
I
El peticionario Gonzalo Rivera Colón, agricultor
de profesión, es propietario de una finca localizada
CC-2004-0694
2
en el Barrio Hato Viejo del Municipio de Ciales.
Esta
propiedad, de aproximadamente ciento treinta y ocho cuerdas
(138.0479)
de
cabida,
colinda
inmuebles
pertenecientes
a
por
los
el
noreste
recurridos,
Arocho y su esposa Gloria Otero Córdova.
con
David
dos
Díaz
La colindancia
entre ambas propiedades está constituida por una elevación
de
aproximadamente
verticales,
trescientos
formados
por
un
(300)
farallón
pies
natural
lineales
o
frontón
calizo que se extiende a lo largo del Río Manatí, entre los
municipios de Ciales y Manatí.
La finca del peticionario
se ubica en la parte inferior de dicha elevación, mientras
que las propiedades de los recurridos se ubican en la parte
superior.
El peticionario adquirió la referida propiedad con el
propósito
de
desarrollar
áreas
de
recreación
pasiva
y
activa; el cultivo de frutos menores, y la cría y pastoreo
de ganado (agricultura general); y el desarrollo de bosques
(ecoturismo).
Con este ánimo, el señor Rivera edificó en
un área de su propiedad un complejo, al que denominó Área
Recreativa
de
salones
de
actividades
Rivera
obtenía
facilidades.
Ciales,
consistente
y
ingresos
en
varias
áreas
recreativas.
por
el
alquiler
piscinas,
El
de
señor
dichas
En otra parte de la finca se localiza un área
de bosque de alrededor de treinta (30) cuerdas con caminos
y veredas para fines ecoturísticos.
Durante
realizaron
los
en
sus
años
1990
terrenos
a
1994,
movimiento
los
de
recurridos
material
de
CC-2004-0694
3
corteza terrestre, en virtud de un permiso otorgado por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”).
Ante una querella presentada en el DRNA en el año 1992, un
oficial
examinador
determinó
que
los
recurridos
habían
violado la operación del permiso al no tomar las medidas de
seguridad necesarias para protección de la ciudadanía y así
evitar el depósito de material y sedimentación en las áreas
bajas
y
desagües
naturales.
Ya
que
no
surgió
del
expediente que se hubiera solicitado al DRNA autorización
para el uso de explosivos, el oficial examinador concluyó
que el querellado quebrantó una prohibición expresa en el
permiso
en
cuanto
al
uso
de
fulminantes. 1
Además,
el
oficial examinador precisó que algunas de las actividades
de movimiento de corteza terrestre se efectuaron vencido el
permiso del DRNA.
Mientras tanto, el DRNA emitió una orden contra el
señor Díaz Arocho mediante la cual ordenaron se llevara a
cabo trabajos preliminares de restauración en la propiedad
del
señor
Díaz
Arocho,
específicamente
en
el
borde
farallón y al pie del farallón en su parte baja.
del
Para
proceder con las labores de restauración se le ordenó al
señor
Díaz
Arocho
obtener
del
señor
Rivera
permiso
de
acceso a su propiedad para remover el material objeto del
deslizamiento.
El señor Rivera se negó a autorizar la
entrada a su finca por entender que el daño sería mayor.
1
Informe del Oficial Examinador, Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 49.
CC-2004-0694
4
Finalmente, el 15 de febrero de 1996 el Secretario del DRNA
acogió el informe del oficial examinador y ordenó a los
recurridos el pago de multas administrativas, ascendentes a
cinco mil dólares ($5,000).2
Así
las
cosas,
el
14
de
agosto
de
1996,
el
señor
Rivera presentó demanda en daños y perjuicios contra el
señor
Díaz
Arocho,
su
esposa
y
gananciales, y varias aseguradoras.
sociedad
legal
de
Adujo en la demanda
que la utilización de equipo pesado y explosivos en el
proceso
de
devastadoras
extracción
en
su
de
terreno
propiedad,
al
tuvo
consecuencias
ocasionar
grandes
desplomes de la pared de farallón que marca la colindancia.
Estimó que los daños sufridos incluían la destrucción y
completa inutilización de un área de bosque de alrededor de
diez (10) cuerdas, incluyendo caminos y veredas; pérdida de
hábitat de aves y otras especies de animales; destrucción
de
árboles;
superficiales
alteración
y
del
flujo
subterráneas
natural
incluyendo
de
las
aguas
manantiales;
alteración y destrucción de cuevas y cavernas en la pared
del
farallón;
interrupción
e
inutilización
del
área
del
bosque; interrupción del uso del área recreativa; y daño
ecológico general. 3
En consecuencia se reclamó un millón
cuatrocientos mil dólares ($1,400,000) en concepto de daños
a la propiedad, daños morales y angustias mentales sufridas
2
Resolución del Departamento de Recursos Naturales
Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 35.
3
Apéndice 1.d. Demanda Civil Núm. CDP1996-0235.
y
CC-2004-0694
5
por el señor Rivera al ver destrozada parte de su propiedad
y ver paralizados sus proyectos.4
Luego de varios incidentes procesales se celebró vista
en los méritos en la que testificaron el señor Rivera, el
perito
Carlos
Arocho. 5
Conde
Costas,
y
el
demandado
señor
Díaz
Mediante su testimonio el señor Rivera describió
en detalle su propiedad y todas las actividades cívicas
allí celebradas previo a los derrumbes. 6
Testificó sobre
los trabajos de extracción en las propiedades vecinas y
4
Según surge de la demanda el desglose de los daños
reclamados es el siguiente:
“23.
El Demandante como consecuencia directa de la
culpa o negligencia de los Codemandados, ha sufrido
los siguientes daños:
a)Daños a la Propiedad del Demandante:
destrucción y completa inutilización (sic)
de un área de bosque de alrededor de 10,
cuerdas incluyendo caminos y veredas ……………………$200,000
pérdida de hábitat de aves y otras
especies de animales, incluyendo árboles ……….$100,000
la alteración del flujo natural de agua
superficial, subterránea y manantiales ……………$100,000
alteración y destrucción de cuevas y
cavernas en la pared del farallón ………………………….$100,000
interrupción e inutilización del área
del bosque ……………………………………………………………………………………$200,000
interrupción del uso del área recreativa ………$400,000
daño ecológico y escénico general ……………………………$200,000
b)Daño a la persona del Demandante
daños morales, sufrimientos y angustias
mentales………………………………………………………………………………………………$200,000”
5
Las partes estipularon la exposición narrativa de la
prueba testifical.
Véase Apéndice del Certiorari, pág.
413.
6
En su testimonio mencionó distintos grupos cívicos que,
además del público en general que visitaba el bosque,
rentaban los recursos de la propiedad, como por ejemplo
“Boys Scouts of America”, grupos religiosos, usuarios de
kayaks, y deportistas entre otros.
CC-2004-0694
como
6
éstos
afectaron
el
disfrute
de
su
propiedad,
causándole daños físicos, económicos y angustias mentales.7
Además
demandante
del
testimonio
presentó
como
del
señor
perito
al
Rivera,
señor
la
Conde
parte
Costas,
director ejecutivo de Tierra Linda, Inc., corporación sin
fines de lucro dedicada a estudios ecológicos y a promover
la educación ambiental y el ecoturismo.
El señor Conde
testificó que en el año 1996 Tierra Linda, Inc. realizó un
reconocimiento y evaluación ecológica del área impactada
por el derrumbe en la parte del farallón localizada en la
propiedad del demandante, que incluyó el área del bosque
que ubica en la base de dicho farallón, dentro de la finca
del señor Rivera.
técnico
y
detallado
Para el análisis se utilizó personal
especializado,
de
la
quienes
geología,
hicieron
hidrología,
un
estudio
fisiografía,
geoestética, flora y fauna del lugar; y de cómo estas áreas
quedaron
adversamente
propiedad colindante.
afectadas
por
el
derrumbe
en
la
Se preparó un informe escrito que
pormenorizó todos los hallazgos del mencionado estudio.8
El
perito
el
manifestó
la
importancia
ecológica
y
enfatizó
valor geoestético del área, la que identificó como refugio
7
Surge de la Estipulación de la Exposición Narrativa de la
Prueba Testifical que no se hizo inventario de los árboles
afectados, tasación de la propiedad, estudio de daños
económicos, ni se presentó prueba documental de pérdida de
ingresos.
8
El informe titulado, Reconocimiento y Evaluación de Área
Impactada por Derrumbe, Finca Rivera Colón, Barrio Hato
Viejo, Ciales, Puerto Rico, fue admitido en su totalidad en
evidencia por el Tribunal de Primera Instancia.
Véase
Apéndice a la pág. 67.
CC-2004-0694
7
de vida silvestre.
Concluyó que el daño causado al paisaje
cársico puede considerarse como permanente y que el área de
bosque
impactado
para recuperarse.
tardaría
alrededor
de
quince
(15)
años
La parte demandada no presentó prueba
pericial para refutar la del demandante.
Así las cosas, el 31 de julio de 2003 el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia en la que declaró sin
lugar la demanda y ordenó el archivo y sobreseimiento del
caso.
Sostuvo el tribunal sentenciador que el demandante
no había presentado prueba suficiente para cuantificar los
daños, por cuanto le era imposible conceder indemnización
descansando en estimados verbales, en ausencia de prueba
objetiva para sustentarlos.
En apelación, el Tribunal de
Apelaciones confirmó el dictamen bajo el mismo fundamento
del tribunal de instancia; a saber, que a pesar de probarse
la negligencia de los demandados y la existencia de los
daños, no se probó su valor.
Como resultado, rehusó fijar
compensación “sobre bases especulativas y arbitrarias”.
No conforme con la determinación del foro intermedio,
el señor Rivera nos solicitó que revisemos la sentencia
dictada a los efectos de concederle una indemnización justa
y
razonable
tribunal
por
los
sentenciador.
daños
En
probados
su
a
satisfacción
escrito
presentó
siguientes señalamientos de error:
1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la determinación del Tribunal de Primera
Instancia al no conceder cuantía monetaria
en carácter indemnizatorio, no obstante
haberse
probado
los
siguientes
daños
del
los
CC-2004-0694
8
alegados: daños ambientales, geoestéticos o
escénicos y angustias mentales sufridas por
el peticionario.
2. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir
que era necesaria prueba objetiva para
valorar el importe de los daños ambientales,
geoestéticos o escénicos y las angustias
mentales sufridas, reclamadas y probadas por
el peticionario.
3. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la determinación del Tribunal de Primera
Instancia al interpretar que el peticionario
no aportó prueba sobre el importe de pérdida
de ingresos.
Expedimos
el
auto
solicitado
y
contando
con
la
procedemos
a
comparecencia de las partes, resolvemos.
II
Por
estar
íntimamente
relacionados,
discutir los señalamientos de error en conjunto.
El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 5141, consagra la obligación de reparar daños
causados mediando culpa o negligencia. 9
referido
artículo
responsabilidad
hemos
señalado
extracontractual
que
Al interpretar el
para
deben
que
surja
concurrir
la
los
siguientes tres elementos: un daño, una acción u omisión
negligente o culposa y, la correspondiente relación causal
entre ambos.
9
Toro Aponte v. E.L.A. 142 D.P.R. 464 (1997);
El Artículo 1802 dispone:
El que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar
el
daño
causado.
La
imprudencia
concurrente
del
perjudicado
no
exime
de
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la
indemnización. 31 L.P.R.A. sec. 5141.
CC-2004-0694
9
Ramírez v. ELA, 140 D.P.R. 385 (1996) y otros casos allí
citados.
La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado
que consiste en no anticipar y prever las consecuencias
racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una
persona prudente y razonable habría previsto en las mismas
circunstancias.
Aponte
Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Toro
v.
E.L.A.,
supra.
correcta,
aunque
no
Existe
prescrita
un
en
deber
los
de
conducta
códigos,
que
constituye el presupuesto mínimo sobreentendido en el orden
social.
Son los tribunales los que habrán de determinar en
qué consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las
circunstancias de cada caso.
Ramos v. Carlo, supra.
El concepto culpa del Artículo 1802 es infinitamente
abarcador, tanto como lo suele ser la conducta humana, por
cuanto ésta se analiza con amplitud de criterio.
Toro
Aponte v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,
137 D.P.R. 1 (1994); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R.
305 (1970).
adoptado
Conforme a nuestra tradición civilista, hemos
como
medida
del
deber
de
cuidado
el
estándar
objetivo del buen padre de familia; que corresponde a la
persona
prudente
anglosajón.
emplearía
un
y
razonable
en
el
derecho
común
Bajo ese estándar, se exige la diligencia que
ser
humano
promedio,
frente
a
las
mismas
circunstancias, para prever el daño y tomar medidas para
evitar ese resultado dañoso.
Valle Izquierdo v. E.L.A.,
CC-2004-0694
10
res. el 14 de mayo de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R.
64.
El elemento de la previsibilidad está intrínsicamente
relacionado al de la causalidad.
En nuestra jurisdicción
rige la doctrina de la causalidad adecuada para determinar
si, de hecho, existe algún tipo de relación entre el daño
causado y el acto culposo o negligente.
Conforme a esta
doctrina,
condición
se
considera
causa
ordinariamente
produciría
el
general;
cuando
ese
aquella
daño
daño
según
aparece
razonable y ordinaria del acto.
la
que
experiencia
como
consecuencia
Toro Aponte v. E.L.A.,
supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Torres
Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969).
causal
-–elemento
imprescindible
en
una
La relación
reclamación
en
daños y perjuicios—- es un elemento del acto ilícito que
vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.
III
Con
el
anterior
responsabilidad
trasfondo
extracontractual,
doctrinal
pasemos
a
sobre
la
analizar
si
procede su aplicación en el marco de derecho ambiental.
La
protección
preocupación
mundial
de
por
económicas.
del
medio
importancia
sus
ambiente
representa
trascendental
implicaciones
humanas,
en
el
una
ámbito
sociales
y
Es política pública de los estados proteger el
disfrute de un medio ambiente que fomente el desarrollo de
la
persona
y
una
mejor
calidad
de
vida.
C.J.
Lorente
Aznar, Empresa, Derecho y Medio Ambiente, Editorial Bosch,
CC-2004-0694
11
Barcelona, España, 1996, pág. 18.
El medio ambiente, como
concepto, no se circunscribe a los recursos naturales y
organismos vivos; sino que abarca otra serie de aspectos
culturales,
históricos,
y
arqueológicos,
entre
otros.
es
más
amplias,
Íbid.
La
normativa
complejas
y
ambiental
diversas
áreas
una
de
de
las
Derecho,
ya
que
tiene
implicaciones de naturaleza administrativa, penal o civil.
Por
la
multiplicidad
de
vertientes
que
abarca,
en
las
últimas décadas se han aprobado normas constitucionales y
legislado un sinnúmero de estatutos y disposiciones a nivel
internacional en aras de proteger el ambiente.10
En nuestro ordenamiento la protección de los recursos
naturales ostenta rango constitucional. Los constituyentes,
preocupados
por
la
conservación
de
nuestros
consideraron
necesario
recoger
expresamente
ineludible
de
proteger
el
medio
ambiente,
derecho
todo
humano
al
10
de
ser
goce
y
recursos,
el
así
disfrute
deber
como
el
de
los
A manera de ejemplo, en la doctrina angloamericana
existen varios estatutos federales que reconocen la
facultad de valorar el daño ecológico y ordenar a la parte
actora a indemnizarlo.
Son los más importantes el
“Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act” (CERCLA), 42 U.S.C. sec. 9607(a); el “Clean
Water Act” (CWA), 33 U.S.C. sec. 1321(f)(4)-(5); y el “Oil
Pollution Act” (OPA), 33 U.S.C. sec. 2702(a). Cada una de
estas piezas legislativas lleva apareada reglamentación que
conceptúa diferentes y complejos modelos de cuantificación
para identificar y estimar los daños ambientales y así
determinar la compensación adecuada.
Esta reglamentación
se conoce como “National Resources Damage Assessment”
(NRDA) y en términos generales está diseñada con el
propósito principal de reestablecer los recursos naturales
a su condición natural de no haber ocurrido el daño.
CC-2004-0694
12
recursos naturales.
4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente 2622 (1952).
A tales efectos, el Artículo VI
de la Constitución del Estado Libre Asociado en su sección
19 preceptúa que “[s]erá política pública del Estado Libre
Asociado
la
más
eficaz
conservación
de
sus
recursos
naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento
de los mismos para el beneficio general de la comunidad.”
Esta cláusula categórica e incondicionada no deja lugar a
dudas que en nuestra jurisdicción salvaguardar el ambiente
es política pública de carácter ineludible.
Este mandato
dual impone el deber de lograr la más eficaz conservación
de
los
recursos
desarrollo
para
naturales
el
a
la
beneficio
de
vez
la
que
promueve
ciudadanía
su
general.
Véase Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Calidad
Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998); Colón Cortés v. Pesquera,
150 D.P.R. 724 (2000).
Para implantar adecuadamente este mandato, durante las
últimas décadas se han legislado una serie de mecanismos
tutelares.
En el año 1970 se aprobó la Ley sobre Política
Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 8 de junio de 1970, 12
L.P.R.A.
sec.
1121
et
seq.,
con
el
fin
primordial
de
brindar contenido procesal y sustantivo a la disposición
constitucional, y en cuya virtud surgió la Junta de Calidad
Ambiental. Posteriormente, se aprobó importante legislación
ambiental 11 y se formó un complejo esquema agencial para
11
Entre estas leyes se encuentran, además de la Ley de
Política
Pública
Ambiental,
la
Ley
Orgánica
del
CC-2004-0694
13
reglamentar lo relacionado a la protección de los recursos
naturales y el disfrute del medio ambiente. 12
Véase Colón
Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992).
Siendo la temática del derecho ambiental tan diversa,
los
planteamientos
relacionados
al
medio
ambiente
evalúan de acuerdo a la naturaleza de la reclamación.
se
Ante
reclamaciones civiles, en la doctrina angloamericana, la
litigación
ambiental
circunscribe
propiedad.
a
privada
sobre
reclamaciones
daños
basadas
en
ambientales
se
el
de
derecho
En estas situaciones se reclama por daño físico
a recursos ambientales como árboles, cosechas o animales de
los que sea posible probar un derecho propietario.
pocas
las
ocasiones
en
que
una
parte
Son muy
afectada
puede
acreditar interés propietario en recursos naturales como el
aire,
agua,
silvestre,
para
fundamentar un reclamo en daños por estos recursos.
C.B.
Anderson,
especies
Damage
to
marinas
Natural
o
vida
Resources
and
the
Costs
of
Restoration, 72 Tul. L. Rev. 417, 419 (1997).13
_________________________
Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de
junio de 1972; la Ley de Bosques, Ley Núm. 133 de 1ro de
julio de 1975; la Ley para Reglamentar la Extracción de
Corteza Terrestre, Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968; la
Ley de Cuevas y Cavernas, Ley Núm. 111 de 12 de julio de
1985; la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley
Núm. 241 de 15 de agosto de 1999; entre otras leyes
especiales.
12
Además de la legislación local, la legislación federal
también es de aplicación a Puerto Rico. Como resultado, es
tan abundante la legislación ambiental existente que el
estudio de esta rama del derecho es uno sumamente complejo.
13
No obstante, como discutiremos más adelante, cuando el
daño recae sobre recursos naturales existentes en la
propiedad del perjudicado, se contempla la indemnización
por daños por la interferencia con el disfrute de la
CC-2004-0694
En
la
14
jurisdicción
norteamericana,
acreditado
el
interés propietario, las reclamaciones por daños ecológicos
pueden basarse en varias teorías de derecho común, entre
ellas estorbo (“nuisance”) 14 , trasgresión (“trespass”) 15 ,
responsabilidad
absoluta 16 ,
o
negligencia.
Cuando
el
reclamo es por negligencia, es determinante establecer los
elementos para probar una relación causal entre la conducta
del demandado y el daño experimentado; conforme al estándar
de
cuidado
de
Payonk,
619
Meridian
Irrig.
la
P.2d
persona
razonable.
135
(Idaho
Dist.,
548
1980);
P.2d
80
Véase
Alegría
Brizendi
(Idaho
v.
v.
Nampa-
1976).
El
_________________________
propiedad (daños morales).
Véase Alonso v. Hills, 214
P.2d.50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals v. Parker, 200
So.2d 220 (Fla.App. 1967).
14
Las reclamaciones por “nuisance” se fundan en la
interferencia irrazonable con el uso y disfrute de la
propiedad y constituyen la causa más común en demandas
privadas de carácter civil por daños con implicaciones
ambientales.
Véase Patz v. Farmegg Products, Inc., 196
N.W.2d 557 (Iowa 1972); Mel Foster Co. Properties v. AMOCO,
427 N.W.2d 171 (Iowa 1988); Frank v. Environmental Sanitation
Management, Inc., 687 S.W.2d 876 (Mo. 1985).
15
Una acción por trasgresión consiste en un reclamo ante una
invasión ilegal intencional a la propiedad. Véase Curry Coal
Co. v. M.C. Arnoni Co., 266 A.2d 678 (Pa. 1970); Regan v.
Cherry Corp., 706 F.Supp. 145 (D.R.I. 1989).
16
En
estas
situaciones
se
impone
responsabilidad
independientemente de la conducta del actor, de acuerdo a los
elementos proscritos en el Restatement (Second) of Torts,
secciones 519 y ss.
Este tipo de reclamación en la
litigación ambiental se limita a daños tóxicos o que
involucren sustancias radioactivas.
Véase Crawford v.
National Lead Co., 784 F.Supp. 439 (S.D.Ohio 1989);
Department of Environmental Protection v. Ventron Corp., 468
A.2d 150 (N.J. 1983); Branch v. Western Petroleum, 657 P.2d
267 (Utah 1982).
CC-2004-0694
15
elemento de causalidad se prueba bajo los mismos criterios
tradicionales que gobiernan las reclamaciones torticeras.17
De igual modo en España, la materia de responsabilidad
civil medioambiental alcanza su aplicación práctica bajo el
precepto
general
del
Artículo
1902
del
Código
Civil
de
España, el cual corresponde a nuestro Artículo 1802.
La
interpretación de la doctrina y la jurisprudencia española
para este tipo de planteamientos se inspira en gran parte
en el principio de la culpa de dicho artículo.
más
recientes
preceptos
procedente
culpa. 18
de
se
la
la
distingue
cierta
responsabilidad
indemnización
En épocas
influencia
absoluta,
que
independientemente
de
los
considera
de
la
No obstante esta reciente tendencia, en la gran
mayoría de los casos en que se invoca la protección del
medio ambiente en la esfera del derecho sustantivo privado,
se requiere la ocurrencia de responsabilidad que emane de
forma más o menos directa de la voluntad del actor.
Santos
Briz,
La
responsabilidad
civil,
temas
J.
actuales,
Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 2001, págs. 8898.
17
Resulta necesario probar los siguientes elementos para que
prospere la acción: un deber legal existente de ajustarse a
cierto estándar de conducta; que el actor falló en
conformarse a ese estándar; un nexo causal entre la conducta
negligente y el daño; y un daño a los intereses del
reclamante.
O’Neal v. Department of the Army, 852 F.Supp.
327 (M.D.Pa. 1994); Jacques v. First Nat’l Bank, 515 A.2d 756
(Md. 1986).
18
Cabe destacar que estos supuestos de responsabilidad
absoluta –-en los que sólo se excluye responsabilidad por
circunstancias de fuerza mayor-- se dan ante reclamos
particulares al amparo del Artículo 1908, nuestro Artículo
1808, 31 L.P.R.A. sec. 5147.
CC-2004-0694
En
16
nuestra
jurisdicción,
ya
anteriormente
habíamos
expresado que nuestro Artículo 1802 constituye una norma
general para reparar todo tipo de daño ilícito, “incluso
cuando
la
actuación
culposa
contraviene
garantizados por la Constitución.”
D.P.R. 599, 611 (1987).
intereses
Bonilla v. Chardón, 118
Por tanto, conforme a la discusión
que antecede, resolvemos que en nuestra jurisdicción una
acción civil al amparo del Artículo 1802 es un mecanismo
adecuado para que una persona privada reclame por daños
cuando
éstos
ocurren
a
los
recursos
medioambientales
existentes en su propiedad como consecuencia de un acto
negligente de otro, independientemente de los mecanismos
provistos en la legislación especial.19
A estos efectos, definimos el daño ambiental, al que
denominamos indistintamente como daño ecológico, como aquel
daño
“sufrido[s]
consecuencia
de
por
el
accidentes
medio
ambiente
humanos,
más
voluntarios, afecta[n] el equilibrio natural.”
que,
como
o
menos
J. Santos
Briz, La responsabilidad civil, supra, pág. 107. (Para la
19
Es importante aclarar que existen mecanismos alternos en
virtud de legislación especial que provee expresamente al
ciudadano una causa de acción civil. A manera de ejemplo,
el Artículo 19 de la Ley sobre Política Pública Ambiental
dispone que:
Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar
acciones en daños y perjuicios en los tribunales
de justicia contra cualquier otra persona natural
o jurídica basada en daños que sufran por
violaciones a las secs. 1121 a 1140a de este
título.
Esta acción civil será independiente y
diferente de los procesos administrativos que se
sigan en la Junta. 12 L.P.R.A. sec. 1139.
CC-2004-0694
17
definición de “medio ambiente” véase discusión supra, a la
pág. 11.)
En este tipo de acción será indispensable probar
los elementos necesarios para establecer la responsabilidad
extracontractual, específicamente: una acción negligente u
omisión
del
supuesto
responsable,
un
daño
ecológico
o
deterioro causado a los recursos ambientales existentes en
la propiedad privada, y una relación de causalidad entre
ambos.
La
responsabilidad
civil
resultante
no
será
objetiva sino que dependerá de que se pruebe la negligencia
del demandado.
IV
A.
Habida cuenta que la responsabilidad civil conlleva
precisamente el deber de resarcir a la parte perjudicada
por el daño causado, procede determinar cómo se caracteriza
el daño ambiental, para así poder valuar la indemnización
adecuada
para
la
parte
afectada.
En
este
análisis
no
podemos perder de vista que, al ser un estatuto reparador,
el
Artículo
1802
lograr su propósito.
debe
interpretarse
liberalmente
para
Véase Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R.
408 (1998); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., 134 D.P.R.
486 (1993).
Como
ya
indicamos,
uno
de
los
elementos
responsabilidad extracontractual es un daño causado.
Díez-Picazo
define
el
daño
como
“el
menoscabo
de
la
Luis
que
a
consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre
una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su
CC-2004-0694
18
propiedad o en su patrimonio”.
L. Díez-Picazo, Derecho de
Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, España, 1999, a la
pág. 307.
Según bien refleja la anterior definición, al
igual que el concepto de “culpa”, el concepto de “daño”
resulta ser sumamente abarcador, por la variedad de matices
que
abarca.
J.
Santos
Briz,
La
responsabilidad
civil,
supra, pág. 146.
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia
de dos tipos de daños.
576 (1999).
–-también
Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R.
Por un lado se encuentran los daños especiales
conocidos
como
daños
físicos,
patrimoniales,
pecuniarios o económicos--, que son toda aquella pérdida
que
recae
sobre
valoración
bienes
económica
objetivos.
por
impactar
patrimonio del perjudicado.
Daños,
Editorial
Revista
Estos
daños
admiten
directamente
el
J. Santos Briz, Derecho de
de
Derecho
Privado,
Madrid,
España, 1963, pág. 120.
De otro lado, existen los llamados daños morales que
son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la
dignidad, la estima social o la salud física o psíquica del
perjudicado.
Es decir, son los daños que lesionan “los
derechos de la personalidad o extra patrimoniales.”
Ángel
Yagüez,
La
Responsabilidad
Civil,
R. De
Universidad
de
Deusto, Bilbao, España, 1988, pág. 224.
En igual sentido,
M.
Daño
Carneiro,
Método
de
Valuación
del
Moral,
Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 61 (“El daño
moral
es
de
naturaleza
extrapatrimonial,
emocional
y
CC-2004-0694
simbólica.
la
19
Se exterioriza por el sufrimiento, el dolor y
humillación.”);
A.
Borrell
Macias,
Responsabilidades
Derivadas de la Culpa Extracontractual Civil, Ed. Bosch,
Barcelona, España, 1955, 2da ed., pág. 211.
El daño moral
lesiona los bienes no económicos de la persona pero, a
pesar
de
no
indirectamente
perturbación
recaer
directamente
podrían
repercutir
anímica
en
su
sobre
en
el
éste,
patrimonio,
causando
titular.
Cintrón
heterogénea
no
una
Adorno
v.
Gómez, supra.
Por
su
naturaleza
clasificados
con
identifica
entre
carácter
estos
pueden
exhaustivo.
daños,
los
La
daños
ser
doctrina
propiamente
morales, --que no afectan de modo alguno el patrimonio-- y
los
daños
morales
impropios,
llamados
también
daños
patrimoniales indirectos --que trascienden a valores del
patrimonio.
120-122.
hablarse
Santos Briz, Derecho de Daños, supra, págs.
Además,
también
nos
de
comenta
daños
Santos
morales
Briz
que
derivados
“[p]uede
de
daños
patrimoniales, así por ejemplo el dolor moral que produce
la pérdida de una joya familiar; de daños morales derivados
de dolores físicos o de enfermedades físicas o mentales, y
de daños morales concomitantes con daños patrimoniales o a
la
inversa.
Todos
ellos
tienen
de
común
producir
perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación,
pérdida
de
la
satisfacción
derivan de motivos distintos.”
de
vivir,
etcétera),
Íbid, pág. 122.
pero
CC-2004-0694
20
En Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449 (1995),
afirmamos que “[e]l medio ambiente natural y la naturaleza
no
sólo
sirven
utilizarlos
el
propósito
su
subsistencia
para
de
que
el
hombre
material,
sino
pueda
para
su
recreación y uso del tiempo libre, para la contemplación de
su belleza y majestuosidad, para sentirse orgulloso de su
patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un
desarrollo
integral
autorrealización
Rodríguez,
de
como
supra,
la
ser
págs.
personalidad
humano.”
462-463.
Paoli
De
y
su
Méndez
v.
acuerdo
a
la
apreciación que hiciéramos en Paoli, resolvemos que el daño
ambiental, cuando tiene la naturaleza de daño a un paisaje
con valor ecológico que afecta la propiedad del reclamante,
debe caracterizarse como un daño moral.
Ahora bien, en la medida en que el daño ambiental
afecte el patrimonio del perjudicado, deberá considerarse
el mismo como daño especial.
En consecuencia, concluimos
que este tipo de daño ambiental tiene la naturaleza de daño
moral
concomitente
esta
distinción
con
tiene
daño
patrimonial.
efectos
prácticos
Como
al
veremos,
momento
de
valuar la compensación, según discutimos a continuación.
B.
i.
La doctrina civilista admite dos posibilidades para
reparar un daño: la reparación in natura o reintegración
específica,
indemnización
siendo
ésta
la
solución
ideal;
monetaria,
la
alternativa
o
la
cuando
el
CC-2004-0694
21
restablecimiento al estado natural no es posible.
De Ángel
Yagüez,
tribunal
op.
cit.,
determinar
la
pág.
forma
321.
en
Le
corresponde
que
procede
al
la
reparación
considerando las características particulares de cada caso.
Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).
también
H.M.
Brau
extracontractuales
del
en
Toro,
Puerto
Daños
Rico,
Véase
y
perjuicios
Segunda
Edición,
Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, págs. 430431.
Cabe señalar que hemos reconocido que la estricta
aplicación de la norma de reparación in natura resulta de
difícil --y en ocasiones imposible-- aplicación, 20 lo que
generalmente
alternativa
lleva
de
la
menos compleja.
Conforme
reintegración
a
los
indemnización
ser
a
lo
anterior,
resulta
resarcido
expresado
sobre
tribunales
al
optar
dinero,
la
cuando
imperativo
por
que
la
resulta
angustiosa
estimar
y
no
es
asignar
posible
una
la
cuantía
Debemos apuntar que el daño
íntegramente.
Cancel v. A.E.E., supra.
20
en
a
Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra.
económica al daño sufrido.
debe
tribunales
valorar
Previamente
función
los
que
daños.
nos
hemos
tienen
los
Rodríguez
Conceder cuantías insuficientes
El
tratadista
Ricardo
De
Ángel
Yagüez,
en
La
Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto, Bilbao,
España, 1988, pág. 321, nos indica:
La reparación en forma específica consiste en la
remoción de la causa del daño y en la realización
de la actividad necesaria para reponer las cosas
o bienes dañados en su estado primitivo.
Puede
ocurrir, desde luego, que una y otra finalidad
sean imposible o que resulten ya inútiles o
insatisfactorias, o que requieran la intervención
insustituible e inalcanzable de un tercero.
CC-2004-0694
en
concepto
22
de
daños
tiene
el
efecto
de
aminorar
la
responsabilidad
civil
a
que
debe
estar
sujeta
el
la
causante del daño; mientras que conceder daños exagerados
conlleva un elemento punitivo, no reconocido por nuestro
ordenamiento.
Por
tanto,
al
adjudicar
la
cuantía,
el
tribunal debe procurar alcanzar una razonable proporción
entre el daño causado y la indemnización otorgada.
Nieves
Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151 D.P.R. 150 (2000).
Ante reclamaciones de daños físicos a la propiedad es
necesario que el demandante provea al tribunal los datos
necesarios para poder cuantificar el daño reclamado y así
fijar
la
indemnización
correspondiente.
Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946).
reclamar
daños
requiere
que
afectadas
patrimonio.
especiales,
se
para
detalle
así
nuestro
el
toda
de
las
jurídico
partidas
consecuencia
32 L.P.R.A. Ap. III R.7.4. 21
v.
En efecto, al
ordenamiento
concepto
cuantificar
Sánchez
al
Sin embargo,
hemos reiterado que, aún ante daños especiales,
el derecho
a ser compensado no se derrota por el carácter especulativo
de
la
reclamación.
Sociedad
de
Gananciales
v.
F.W.
Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997); Odriozola v. S.
Cosmetic Dist. Corp.,
116 D.P.R. 485 (1985).
Aun presente
cierto grado de incertidumbre, el tribunal podrá, conforme
a los hechos particulares del caso, la prueba presentada y
los
21
criterios
establecidos,
determinar
una
cuantía
La Regla 7.4 de Procedimiento Civil dispone que “[c]uando
se reclamen daños especiales, se detallará el concepto de
las distintas partidas”.
CC-2004-0694
23
razonable
para
indemnizar
al
perjudicado
por
los
daños
sufridos.
Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 700
(1999); Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978).
Por otro lado, la determinación o cuantificación de
daños morales, tarea que ha sido descrita como uno de los
“desafíos más delicados que plantea hoy la tarea judicial”,
no debe descansar en datos materiales y prueba puramente
objetiva. R. Pizarro, El Daño Moral, Ed. Hammurabi, Buenos
Aires, Argentina, 2004, 2da ed., pág. 436.
Es un ejercicio
que tolera cierto grado de especulación ya que descansa, a
mayor
grado
subjetivos
que
como
los
lo
daños
son
la
especiales,
discreción,
en
el
elementos
sentido
de
justicia y la conciencia humana del juzgador de los hechos.
Rodríguez Báez v. Nationwide Ins. Co., res. el 18 de abril
de
2002,
156
D.P.R.
___,
2002
T.S.P.R.
52;
Urrutia
v.
A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).
Ahora bien, al valuar y mensurar los daños el juzgador
debe
hacerlo
en
estricta
correlación
con
la
prueba
presentada, procurando mantener un sentido remediador sin
aproximarse al elemento punitivo.
v. F.W. Woolworth, supra.
93,
103
(1957),
reclamación
por
Sociedad de Gananciales
En Hernández Fournier, 80 D.P.R.
dispusimos
que
para
daño
“es
imprescindible
moral
que
proceda
una
probar
sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría
una pena pasajera como base de la acción.”
Por cuanto
hemos reiterado que el reclamante debe proveer evidencia
que
sustente
que
realmente
quedó
afectado
en
su
salud,
CC-2004-0694
24
bienestar y felicidad.
Véase Ramos Rivera v. E.L.A., 90
D.P.R. 828 (1964); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972);
Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998).
El daño moral no se puede convertir en una fuente de
lucro
indebido
para
el
damnificado
y
en
motivo
de
expoliación para el dañador, lo que ocurre “cuando este
último es obligado a reparar daños morales, inexistentes,
que
no
guardan
relación
causal
adecuada
con
el
hecho
generador, o lo que es más frecuente, cuando se encubre
bajo el ropaje de daño moral a daños patrimoniales que no
han sido probados en juicio.”
Pizarro, op. cit., pág. 432.
ii.
La complejidad inherente a la cuantificación de daños
en una reclamación al amparo del Artículo 1802 es patente
cuando se reclaman daños ecológicos a recursos naturales
existentes
en
una
propiedad
privada.
Estudiosos
del
derecho ambiental en España destacan que ocurrido el daño
ambiental se hace normalmente imposible la reparación in
natura.
civil
Siendo así, la jurisprudencia española en materia
de
daño
ambiental
tiende
hacia
el
resarcimiento
directo de daños a la propiedad o a la salud.
No obstante,
por las cualidades inherentes a los recursos naturales, no
está claramente definido qué elementos son compensables y
cuáles son los métodos de valoración apropiados.
ocurre
en
el
campo
penal
o
administrativo
tendencia es hacia la reparación.
M. Cuiñas
Distinto
donde
la
Rodríguez,
Acerca de la tutela del ambiente en el derecho español, en
CC-2004-0694
25
Daños – medio ambiente, salud, familia, derechos humanos,
Editores
Rubizal-Culzoni,
Buenos
Aires,
Argentina,
2000,
pág. 144.
Igualmente, en los Estados Unidos la legislación de
carácter
administrativo
(“restoration”)
cuyo
naturales
la
a
Restauración
busca
objetivo
condición
es
el
término
es
la
restauración
devolver
los
recursos
original
(“baseline”).
colectivo
utilizado
22
para
referirse a los costos asociados a toda actividad dirigida
a
rehabilitar,
reemplazar
o
adquirir
funcional al recurso ecológico afectado.
el
equivalente
Véase S. Master,
Natural Resource Damage Assessment, 2000 Natural Resources
Env´t, 114, 118; Anderson v. Salling Concrete Corp., 411
N.E.2d
728
reclamo
torticero,
calcular
(Ind.
el
1980).
Pero,
cuando
no
hay
una
fórmula
sino
que
los
daño
se
trata
de
determinada
tribunales
un
para
varían
considerablemente sobre la manera de determinar su valor y
el tipo de prueba necesaria para adjudicarlos.
Cada caso
se examina de forma independiente y de acuerdo a sus hechos
particulares.
Casinos v. Union Oil Co., 14 Cal. App. 4th
1770 (Cal. App. 1993); Givens v. Markall, 124 P.2d 839
(Cal. App. 1942) (“There is no fixed rule with respect to
the measure of damages for injuries to, or destruction of
property in every case.
upon
the
character
of
The amount to be awarded depends
the
property
and
the
nature
and
extent of the injury, and the mode and amount of proof must
22
CERCLA sec. 9607(f)(1).
CC-2004-0694
be
adapted
26
to
the
facts
of
each
case.”)
En
el
sano
ejercicio de su discreción, el tribunal debe permitir a un
propietario recobrar indemnización no sólo por la pérdida
de uso de la propiedad, sino además por otras lesiones como
alteraciones
al
estado
anímico
y
enfermedades
físicas.
Board of County Comm’rs v. Slovek, 723 P.2d 1309 (Col.
1993).
Para llevar a cabo esta función los tribunales en la
jurisdicción norteamericana han esbozado diferentes modelos
de cuantificación de daños.
El mecanismo de restauración,
utilizado generalmente en la esfera administrativa, tiene
cabida en reclamos civiles cuando los daños son de carácter
temporero
y
de
naturaleza
propiedad
a
su
estado
tal
que
original.
permitan
En
regresar
estos
casos
la
la
compensación consiste en el costo de la reparación.
Horsch
v. Terminix Int’l Co. 865 P.2d 1044 (Kan. App. 1993).
Otro
modelo consiste en indemnizar de acuerdo a la disminución
en
valor
(“diminution
in
value
rule”),
que
se
calcula
comparando la diferencia en el valor de la propiedad justo
antes y justo después del daño.
McAlister v. Atlantic
Richfield Co., 662 P.2d 1203 (Kan. 1983); Bayley Products,
Inc.
v.
American
Plastic
(Mich. App. 1971).
Products
Co.,
186
N.W.2d
813
Este segundo modelo se utiliza por lo
general cuando el daño a la propiedad es permanente, pero
no la destruye en su totalidad.
sobre
propiedad
caracterizarse
como
inmueble
no
permanente.
Sin embargo, un reclamo
necesariamente
Para
que
se
puede
considere
CC-2004-0694
27
permanente no es necesario que el daño dure para siempre;
es
suficiente
propietario.
1977).
que
sea
una
pérdida
irreparable
para
el
Hudson v. Peavey Oil Co., 566 P.2d. 175 (Or.
También,
por
disminución
en
valor
recurrente,
como
lo
lo
general
cuando
sería
se
el
la
usa
daño
el
es
contaminación
modelo
de
continuo
o
industrial.
Razzano v. Kent, 177 P.2d 612 (Cal. App. 1947).
En
ocasiones
híbrida
--que
los
tribunales
utilizan
una
contempla
tanto
costo
razonable
el
reparación como la regla de disminución en valor.
teoría
de
En este
caso el cálculo de la merma en valor se hace luego de la
reparación, compensándose así bajo ambos modelos.
Para que
proceda este modelo híbrido es necesario que el demandante
pruebe que las medidas remediales no lograron devolver la
propiedad a su anterior valor en el mercado.
Véase Wiese-
GMC, Inc. v. Wells, 626 N.E.2d 595 (Ind. App. 1993); TerraProducts, Inc. v. Kraft General Foods, Inc., 653 N.E.2d 89
(Ind. App. 1995).
Ahora bien, cabe la posibilidad que el valor en el
mercado de la propiedad no haya experimentado una reducción
luego
del
daño.
Ante
esta
situación,
los
tribunales
reconocen que muchas áreas de considerable valor ecológico
tienen muy poco o ningún valor comercial, de manera que una
aplicación
literal
del
modelo
de
disminución
dejaría al reclamante carente de remedio.
en
estos
modelos
casos
cuantificar
comerciales
basados
la
en
valor
valor
Es improcedente
compensación
el
en
en
utilizando
el
mercado.
CC-2004-0694
28
Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 628 F.2d
652, 674 n. 21 (1st Cir. 1980).
itself
been
limited
in
cases
(“The diminution rule has
where
the
property
has
a
special value to the injured party that is not reflected in
its market value.”)
Un tercer modelo de cuantificación de daños consiste
en calcular el valor de la pérdida de uso de la propiedad.
Este método generalmente usa como base el valor rentable de
la propiedad --valor que hubiera podido rentarse a no ser
por
el
daño
condiciones
de
mencionadas.
1952).
una
ambiental.
valor
Este
modelo
comercial,
con
está
las
supeditado
a
desventajas
ya
Spaulding. v. Cameron, 239 P.2d 625 (Cal.
Otro método, denominado costo de reemplazo, provee
alternativa
viable
cuando
resulta
razonable
obtener
sustitución para los elementos afectados, y así compensar
la pérdida.
posible
Este mecanismo resulta apropiado cuando es
reemplazar
especies.
especies
la
fauna
o
vegetación
con
nuevas
El mismo se utiliza para restaurar bosques o
de
animales
que
no
se
entienda
que
puedan
regenerarse naturalmente en un término razonable de tiempo.
Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra,
pág. 677.
Como mencionamos, la cuantificación del daño depende
en gran medida de la naturaleza de la propiedad destruida o
lesionada.
Ocasionalmente
la
pérdida
afecta
elementos
adheridos al suelo, que pueden valorarse independientemente
del terreno.
En estos casos, procede cuantificar estos
CC-2004-0694
29
elementos por separado.
El tribunal determinará, en su
sana discreción, si procede indemnizar por los elementos
individuales, por el valor del terreno o una combinación de
ambas.
Restatement (Second) of Torts sec. 929(2)(1977);
Wilson v. Brand S. Corp., 621 P.2d 748 (Wash. 1980).
Si se
trata de arbustos, árboles frutales, setos o pozos, resulta
poco
práctico
cuantificarlos
por
separado,
análisis limitarse a otros modelos.
y
debe
el
Restatement (Second)
of Torts sec. 929(2) Comment f (1977).
Un último método de cuantificación de daño ambiental
contempla
indemnización
por
daños
morales
que
directa o indirectamente del daño ecológico.
resulten
Alonso v.
Hills, 214 P.2d 50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals, Inc.
v. Parker, 200 So.2d 220 (Fla.App. 1967).
Cabe destacar que los mecanismos antes descritos no
constituyen un listado exhaustivo.
Pueden existir otros
métodos razonables y científicamente adecuados para estimar
daños ambientales cuando la completa restauración no sea
posible.
Commonwealth
of
Puerto
Rico
v.
SS
Zoe
Colocotroni, supra, n. 24.
De lo anterior se desprende la miríada de métodos que
se han identificado en la doctrina para valuar y mensurar
el daño ambiental que ocasiona un menoscabo o una lesión a
la propiedad de un reclamante.
medir
el
daño
dependerá
de
Cuál es el apropiado para
la
naturaleza,
carácter del daño o lesión sufrida.
extensión
y
En otras palabras, esa
determinación se tomará caso a caso; y, la prueba necesaria
CC-2004-0694
30
para establecer los daños dependerá de los hechos del caso.
Lo que si está claro en la normativa es que en un caso de
esta naturaleza cabe una reclamación tanto por los daños
especiales como por los morales.
Resolvemos por lo tanto, que en una acción civil por
daño ambiental al amparo del Artículo 1802 en la que se
reclaman daños a la propiedad, o a los recursos naturales
de
ésta,
el
tribunal
tiene
a
su
disposición
varios
mecanismos para cuantificar el daño de manera que se logre
una compensación adecuada.
El objetivo principal deberá
ser devolver la propiedad al estado existente antes del
daño.
la
Somos conscientes sin embargo que, por lo general,
restauración
del
área
afectada
resultará
físicamente
imposible o desproporcionadamente onerosa; en cuyo caso, no
es
factible
utilizar
el
mecanismo
de
la
restauración.
Cuando ello ocurra, se deberá acudir a otros modelos de
valuación de daños como los previamente discutidos.
Los tribunales tienen gran discreción para escoger el
modelo a utilizarse, determinación que dependerá en gran
medida, de la naturaleza del daño ambiental reclamado --sea
éste moral, patrimonial o una combinación de ambos-- y las
características de la propiedad.
modelo
a
adoptarse,
la
Independientemente del
valoración
del
daño
debe
ser
razonable, proporcionada al daño ambiental sufrido y a los
valores ecológicos perjudicados.
Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra.
Commonwealth of Puerto
Evidentemente, quien
reclame el daño tiene que probarlo y, como hemos indicado
CC-2004-0694
31
en otro contexto, el estimado que haga el demandante del
daño y la evidencia que presente a esos fines, no requiere
precisión matemática.
Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R.
294,
Probados
321
(1990).
responsabilidad
los
extracontractual,
elementos
de
hecho
exista
el
que
la
cierto nivel de especulación en la prueba no debe ser óbice
para proveer al reclamante un remedio adecuado.
Cuando el daño a resarcir sea moral, es menester que
quien lo reclame especifique en qué consiste el mismo y
cómo le ha afectado.
Necesariamente entonces, el tribunal
deberá sopesar entre otros, los siguientes aspectos: 1) La
personalidad
del
sensibilidad,
afectado.
damnificado
visto
Esto
desde
es
y
la
su
particular
perspectiva
extremadamente
grado
del
importante,
de
interés
pues
los
daños morales nacen de la lesión sufrida en el componente
psíquico-emocional
del
perjudicado.
2)
Los
intereses
lesionados. 3) La naturaleza de la lesión sufrida.
4) El
efecto del transcurso del tiempo sobre la lesión, bien como
factor coadyudante para agravar o mitigar el daño moral
acaecido.
5)
En casos apropiados, la divulgación pública
que haya tenido el hecho dañoso.
6)
Y, las circunstancias
que
el
daño,
rodearon
el
acto
que
causó
y
los
medios
empleados
la
intencionalidad
del
causar el daño.
Pizarro, op. cit., pág. 430; Carneiro, op.
cit., págs. 61-106.
agente
incluyendo
para
Hay que señalar que el daño moral, es
en esencia, la modificación disvaliosa en la subjetividad
del
damnificado
derivada
de
la
lesión
a
un
interés
no
CC-2004-0694
32
patrimonial que se traduce en un modo de estar diferente y
anímicamente perjudicial al que se tenía antes del hecho.
V
Analicemos los hechos particulares del caso a la luz
del derecho antes expuesto.
Según concluyó el Tribunal de Primera Instancia en sus
determinaciones
de
hechos
“[e]n
el
1990
el
Señor
Díaz
empezó a sacar material de la corteza terrestre en una de
sus
propiedades
y
tiró
material
a
la
propiedad
del
demandante causando que se tapara el Río Manatí, destrozó
parte del bosque; afectó como tres cuerdas en el 90; afectó
el farallón; se dañaron los caminos; destruyó parte de las
facilidades del área recreativa, cayeron muchísimas piedras
en la propiedad de Rivera, algunas aves no volvieron; se
taparon las cuevas en el farallón; es un desastre que no se
puede
calcular;
cuerdas.” 23
en
el
1994
(Énfasis nuestro.)
Apelaciones
reiteró
determinaciones
de
que
hechos
se
afectaron
seis
Por su parte el Tribunal de
conforme
del
como
tribunal
la
sentencia
y
de
instancia
los
daños alegados en la demanda fueron debidamente probados.
Sin embargo, entendió el foro a quo que de la totalidad del
expediente no surgía “algo que permita conceder alguno de
los daños específicos reclamados.”
Luego
de
estudiar
detenidamente
el
expediente
del
caso, la evidencia presentada y la exposición narrativa de
23
Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Arecibo, 31 de julio de 2003, Apéndice del
Certiorari a la pág. 410.
CC-2004-0694
la
33
prueba,
coincidimos
plenamente
con
el
tribunal
sentenciador únicamente en que los actos de los recurridos
constituyeron
un
medioambientales
desastre
de
la
incalculable
propiedad
del
a
los
señor
recursos
Rivera.
No
compartimos, como no comprendemos, la determinación de los
foros inferiores de no adjudicar los daños y desestimar la
demanda
bajo
sustentase
el
los
fundamento
mismos.
de
Dicha
ausencia
de
prueba
que
conclusión
es
claramente
insostenible y errónea.
No albergamos duda en nuestra mente, a base del récord
de este caso, que los daños morales sufridos por la parte
demandante
como
resultado
del
daño
ecológico
que
las
acciones negligentes del demandado causaron en la propiedad
del
señor
Rivera,
incomprensible
que
quedaron
ninguno
plenamente
de
los
dos
probados.
foros
si
Es
quiera
hubiese hecho referencia a los mismos.
Los daños morales
en
Solo
resta
los
tribunales
este
mismos;
caso
fueron
función
plenamente
probados.
para
la
capacitados.
cual
Recalcamos,
el
valuar
los
están
elemento
de
subjetividad es inmanente a la propia naturaleza del daño
moral;
no
por
ello,
sin
embargo,
el
mismo
se
torna
imposible de cuantificar.
Por otro lado y respecto los daños especiales, debemos
consignar que lo cierto es que la prueba presentada no fue
la más idónea y descansó principalmente en el testimonio
del demandante. Además, el desglose de los daños en la
demanda tiene claros visos de hiper-valuación.
Ahora bien,
CC-2004-0694
34
el testimonio del demandante, creído como fue, ofrece base
suficiente
para
poder
cuantificar,
con
cierto
grado
de
objetividad, el monto de algunos de los daños especiales
reclamados. 24
El Tribunal de Primera Instancia impuso la
onerosa carga al peticionario de probar la cuantía de sus
daños especiales con certeza matemática, criterio que ha
sido expresamente rechazado por esta Curia.
Habida cuenta
que estamos ante daños ambientales que ocurrieron hace más
de diez (10) años, este es un caso claro en el que la
reparación
in
Tampoco
viable
es
disminución
natura
en
no
es
computar
valor,
ya
una
alternativa
el
daño
bajo
que
según
el
el
factible.
modelo
de
testimonio
del
peticionario, la propiedad ha experimentado un incremento
en su valor en el mercado, que no refleja el valor de los
recursos ecológicos.
Estimamos que con la prueba que obra
en el expediente puede razonablemente calcularse la cuantía
del daño utilizando una combinación del valor de pérdida de
uso
y
costo
utilizarse
de
como
reemplazo.
base
los
Para
estimados
este
cómputo
brindados
deben
por
el
peticionario en su testimonio así como la prueba pericial.
Por
los
fundamentos
anteriormente
expuestos
se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
proceda a determinar la compensación adecuada en proporción
24
Conforme lo antes expresado, el Tribunal de Primera
Instancia deberá reevaluar su determinación de no conceder
partida por el daño especial de pérdida de ingreso; al
igual que por los demás daños físicos sufridos en la
propiedad del demandante, según éstos surgen del informe
pericial.
CC-2004-0694
al
daño
35
sufrido,
de
conformidad
expuestos en esta Opinión.
con
los
principios
En la determinación final de la
compensación a conceder, el tribunal de instancia deberá
considerar
si
el
peticionario,
finca
demandado
a
su
trabajos
de
restauración
al
negarle
que
éste
llevase
que
fueron
para
acceso
al
a
cabo
los
ordenados
por
el
Departamento de Recursos Naturales, incurrió en negligencia
comparada.
deberá
De
proceder
compensación
el
concluir
a
en
la
reducir
porcentaje
afirmativa,
del
monto
el
tribunal
total
de
la
correspondiente
a
su
negligencia.
Se dictará la sentencia correspondiente.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gonzalo Rivera Colón
Peticionario
v.
David Díaz Arocho,
Gloria Otero Córdova y
la Sociedad Legal de
Gananciales por ambos
Compuesta, y otros
CC-2004-0694
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión
que
antecede,
los
cuales
se
incorporan íntegramente a la presente, se
devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia
para
que
continúen
los
procedimientos acorde con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri
disiente con opinión escrita.
Los Jueces
Asociados señor Rebollo López y señor Rivera
Pérez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gonzalo Rivera Colón
Demandante-Peticionario
vs.
David Díaz Arocho, Gloria Otero
Córdova y Otros
Demandados-Recurridos
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CC-2004-694
vs.
*
*
Royal and Sunalliance Ins. Co.
*
Certiorari
Codemandada y Tercera
*
Demandante
*
*
vs.
*
*
Drillex S.E. y su Aseguradora
*
General Accident Insurance Co.
*
Tercera-Demandada
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER
BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.
En el caso de autos, tanto el foro de instancia como el
foro apelativo se negaron a indemnizar al demandante por los
daños
que
sufrió,
por
la
sencilla
razón
de
que
éste
no
presentó evidencia alguna sobre el valor concreto de tales
daños. Dichos foros concluyeron ambos que el demandante, en
efecto,
sufrió
daños.
Sus
dictámenes
rehusando
conceder
alguna compensación al demandante no se basaron en que la
propiedad del demandante no hubiese sido perjudicada por los
actos negligentes del demandado. Se basaron más bien en el
hecho
de
que
el
demandante
no
aportó
ninguna
prueba
permitiese al tribunal valorizar los daños en cuestión.
que
CC-2004-694
2
El siguiente pasaje de la sentencia del Tribunal de
Apelaciones indica claramente el fundamento de su decisión en
el caso de autos:
“... no encontramos en los autos algo que
permita conceder alguno de los daños específicos
reclamados, pues aunque probada su existencia, no
se probó su valor.
En efecto, en el expediente encontramos
afirmaciones
sobre
el
uso
no
autorizado
de
explosivos y remoción de terreno por parte de los
apelados, así como del desprendimiento de terreno
sobre la propiedad del apelante y la descripción de
los cambios en el flora, fauna y geoestética del
paisaje; los que se atribuyen como posible efecto
de la perturbación ocasionada por los derrumbes. No
obstante, no surge de la prueba, aun tampoco del
informe del perito del apelante, elementos que nos
permitan determinar el impacto causado a la
propiedad o datos de clase alguna que nos permitan
hacer un cómputo de la suma que debió recibir el
apelante.
Tampoco
encontramos
evidencia
que
sostenga la cuantía del importe reclamado en
concepto de pérdida de ingresos, ya que no se
aportó evidencia del beneficio económico percibido
antes de los derrumbes; así como nada encontramos
sobre los daños que se reclama sufrieron las
estructuras existentes en la finca, lo cual pudo
haber sido suplido mediante tasaciones o estudios
donde se valorizaran los daños específicos causados
a la estructura o su depreciación. En consideración
a lo anterior, no podemos fijar el menoscabo
causado a los ingresos o propiedades del apelante,
ya que actuaríamos necesariamente sobre bases
especulativas y arbitrarias si fijáramos una
compensación sin evaluar esos elementos...
En el caso ante nuestra consideración, el
apelante no aportó prueba sobre el importe de los
daños
sufridos,
por
lo
que
nos
encontramos
impedidos de variar la determinación del TPI de no
conceder a éstos una cuantía monetaria en carácter
indemnizatorio.” (Énfasis suplido)
Frente
procedía
a
esta
confirmar
nuestro sistema de
situación
los
de
dictámenes
derecho
es
uno
carencia
a
quo.
evidenciaria,
Como
se
sabe,
de carácter adversativo
CC-2004-694
3
y de naturaleza rogada. Prevalece, en general, el principio
elemental de que le toca al reclamante en un pleito el peso
de la prueba con respecto a sus alegaciones. El demandante
tiene la obligación de poner al juzgador en condiciones de
determinar los daños y perjuicios que ha sufrido. Matos v.
Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 D.P.R. 567 (1987); Cotto v.
C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985); Asoc. Auténtica Empl.
v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981); Vaquería
Garrochales Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978). Veáse,
además, Cuevas Segarra, La Responsabilidad Civil y El Daño
Extracontractual en P.R., Cap. VI.
Reiteradamente
hemos
reconocido
la
dificultad
que
presenta en ocasiones la tarea de aquilatar daños y por ende,
la latitud discrecional que tiene el juzgador de los hechos
para realizar esa difícil tarea. Pero en todo caso, dicha
tarea se tiene que realizar sobre la base de la prueba sobre
el
particular
aportada
en
el
juicio.
Veáse,
Riley
v.
Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Meléndez v.
Lebrón Rodríguez, 111 D.P.R. 45 (1981); Canales Velázquez v.
Rosario Quilés, 107 D.P.R. 757 (1978); Moa v. E.L.A., 100
D.P.R. 573 (1972); Concepción Guzmán v. AFF, 92 D.P.R. 488
(1965);
Baralt
v.
Baéz,
presenta
prueba
alguna
78
D.P.R.
sobre
uno
123
de
Si
no
se
elementos
de
la
(1955).
los
acción, como sucedió aquí con respecto al valor de los daños
sufridos, no procede la reclamación.
La mayoría en su opinión, en lugar de reiterar esta
conocida normativa, opta por otro curso de acción. En lugar
CC-2004-694
4
de confirmar la correcta decisión de los foros a quo, se
dedica más bien a crear una controvertible 25 acción privada
por daños a recursos medioambientales al amparo del Art. 1802
del Código Civil; y a proclamar aun más controversialmente 26
25
En vista de que la Sec. 19 del Art. VI de nuestra
Constitución dispone que será política pública en el país el
aprovechamiento de los recursos naturales “para el beneficio
general de la comunidad”, cabe preguntarse si procede en
Puerto Rico una acción torticera para beneficio de una
persona particular por daños a recursos naturales. ¿Dónde
queda entonces la reparación del interés público? Véase,
Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 724 (1974).
La mayoría del Tribunal no examina esta esencial cuestión.
Tampoco examina la cuestión correlativa de si tal acción
privada procede independientemente del recurso natural en
cuestión. Así pues, ¿procede tal acción privada cuando la
pérdida no es de un recurso “escénico”, como el que resalta
la mayoría aquí, sino de otros recursos naturales de mayor
valor propiamente ecológico que trascienden una finca en
particular, como cuando se trata del hábitat de determinada
fauna o flora que se extiende por una región que abarca
numerosas fincas particulares; o un manantial que nace y
fluye por varios lugares? ¿Qué sucede cuando se trata de un
recurso natural que sólo tiene una presencia pasajera en la
finca privada, como aves migratorias o tortugas que vienen a
anidar allí?
26
A parte del hecho de que el uso por la mayoría aquí de
la figura del “daño moral” no tiene precedente alguno en
nuestra
jurisprudencia,
si
acaso
lo
contrario,
cabe
preguntarse si ese “daño moral” es uno genérico que sufrimos
todas las personas en el país cuando se afecta un recurso
natural que es parte de nuestro patrimonio común, o si se
trata como parece creer la mayoría de un daño que sufrió sólo
el demandante. En tal caso, ¿qué prueba existía aquí de que
éste en efecto experimentó subjetivamente tal daño, más allá
del pesar natural que siente cualquiera por el menoscabo de
una propiedad valiosa, que reiteradamente hemos resuelto que
no es indemnizable? Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 88
D.P.R. 179 (1963); Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111 (1943); Díaz
v. Cancel, 61 D.P.R. (1943). ¿Cómo sabemos que el reclamante
aquí tenía una sensibilidad ambiental especial como para
sufrir un daño moral particular por la acción menoscabante de
un recurso natural?
Por otro lado, no queda claro tampoco porqué un daño
ambiental, que por su naturaleza propia es de ordinario y
deba
resarcirse
medularmente
un
daño
material,
primordialmente como un daño moral.
CC-2004-694
que
se
trata
5
de
una
acción
para
resarcir
un
daño
moral
sufrido por el dueño de la finca deteriorada, que consiste en
esencia en:
“...
la
modificación
disvaliosa
en
la
subjetividad del damnificado derivada de la
lesión a un interés no patrimonial que se traduce
en un modo de estar diferente y anímicamente
perjudicial al que se tenía antes del hecho.”
La mayoría del Tribunal entiende que con tales pautas, el
foro de instancia puede calcular la cuantía del daño sufrido
por el demandante. En efecto, la mayoría instruye al foro de
instancia a utilizar para ello una combinación del método de
valor de pérdida de uso y del método de costo de reemplazo.
Se ordena la utilización de tales medios para calcular el
monto de los daños en el caso de autos, a pesar de que estos
métodos no corresponden de modo alguno al singular daño moral
que se ha de resarcir.
Yo, por mi parte, estimo que en el caso de autos no se
presentó prueba que le permita al tribunal a quo llevar a
cabo una evaluación razonable de los daños probados. Los
equívocos pronunciamientos de la mayoría del Tribunal en su
opinión hacen aun más difícil realizar tal evaluación.
Tampoco entiendo porqué la mayoría, si desea darle una
inusitada segunda ocasión al demandante para presentar ahora
su prueba sobre el valor de los daños sufridos, no lo hace
pautando precisamente el tipo y medios de prueba que serían
procedentes
para
lograr
la
cotización
singulares daños presentes en este caso.
debida
de
los
CC-2004-694
6
En lugar de seguir algunos de los cursos decisorios
referidos, la mayoría del Tribunal opta por idear una nueva
causa de acción en nuestro derecho sobre la responsabilidad
extracontractual, sin
ofrecer a la vez una justificación
suficiente para ello aquí, ni presentar una conceptualización
clara y coherente de tal causa de acción. Este proceder es
particularmente sorprendente en vista de que la mayoría del
Tribunal
reconoce
en
su
propia
opinión
que
en
otras
jurisdicciones daños como los que aquí nos conciernen se
dilucidan mediante reclamaciones basadas en el derecho de
propiedad. Esa realidad ha debido servir de precaución a la
mayoría en cuanto a aventurarse a abrir brechas rudimentarias
en casos como el de autos.
Es por todo lo anterior que no estoy conforme con la
opinión mayoritaria y por ello, disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO