LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gonzalo Rivera Colón v. David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros

2005 TSPR 116

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gonzalo Rivera Colón v. David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, y otros

CC-2004-0694

26 de agosto de 2005 · Derecho Ambiental: Causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil por daños ambientales

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón

Peticionario

Certiorari

v.

2005 TSPR 116

David Díaz Arocho,

Gloria Otero Córdova y

La Sociedad Legal de

Gananciales por ambos

Compuesta, y otros

165 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2004-694

Fecha: 26 de agosto de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Frankie Jiménez Santoni

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan Carlos Puig Hernández

Lcdo. Osvaldo Puig Hernández

Lcda. Ernestina Martínez Guevara

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón

Peticionario

v.

David Díaz Arocho,

Gloria Otero Córdova y

la Sociedad Legal de

Gananciales por ambos

Compuesta, y otros

CC-2004-0694

Recurrido

Opinión del Tribunal

Rodríguez Rodríguez

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005

Tenemos la ocasión para determinar si, probada

la negligencia y el nexo causal con el daño, puede el

titular

de

una

finca

afectada

en

sus

recursos

naturales reclamar compensación en daños y perjuicios

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil.

De ser

así, nos corresponde resolver cómo se caracteriza el

daño

a

los

recursos

ambientales

procedimiento

adecuado

para

y

cuál

cuantificar

el

es

el

mismo.

Examinemos detenidamente los hechos que dan lugar a

este recurso.

I

El peticionario Gonzalo Rivera Colón, agricultor

de profesión, es propietario de una finca localizada

CC-2004-0694

2

en el Barrio Hato Viejo del Municipio de Ciales.

Esta

propiedad, de aproximadamente ciento treinta y ocho cuerdas

(138.0479)

de

cabida,

colinda

inmuebles

pertenecientes

a

por

los

el

noreste

recurridos,

Arocho y su esposa Gloria Otero Córdova.

con

David

dos

Díaz

La colindancia

entre ambas propiedades está constituida por una elevación

de

aproximadamente

verticales,

trescientos

formados

por

un

(300)

farallón

pies

natural

lineales

o

frontón

calizo que se extiende a lo largo del Río Manatí, entre los

municipios de Ciales y Manatí.

La finca del peticionario

se ubica en la parte inferior de dicha elevación, mientras

que las propiedades de los recurridos se ubican en la parte

superior.

El peticionario adquirió la referida propiedad con el

propósito

de

desarrollar

áreas

de

recreación

pasiva

y

activa; el cultivo de frutos menores, y la cría y pastoreo

de ganado (agricultura general); y el desarrollo de bosques

(ecoturismo).

Con este ánimo, el señor Rivera edificó en

un área de su propiedad un complejo, al que denominó Área

Recreativa

de

salones

de

actividades

Rivera

obtenía

facilidades.

Ciales,

consistente

y

ingresos

en

varias

áreas

recreativas.

por

el

alquiler

piscinas,

El

de

señor

dichas

En otra parte de la finca se localiza un área

de bosque de alrededor de treinta (30) cuerdas con caminos

y veredas para fines ecoturísticos.

Durante

realizaron

los

en

sus

años

1990

terrenos

a

1994,

movimiento

los

de

recurridos

material

de

CC-2004-0694

3

corteza terrestre, en virtud de un permiso otorgado por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”).

Ante una querella presentada en el DRNA en el año 1992, un

oficial

examinador

determinó

que

los

recurridos

habían

violado la operación del permiso al no tomar las medidas de

seguridad necesarias para protección de la ciudadanía y así

evitar el depósito de material y sedimentación en las áreas

bajas

y

desagües

naturales.

Ya

que

no

surgió

del

expediente que se hubiera solicitado al DRNA autorización

para el uso de explosivos, el oficial examinador concluyó

que el querellado quebrantó una prohibición expresa en el

permiso

en

cuanto

al

uso

de

fulminantes. 1

Además,

el

oficial examinador precisó que algunas de las actividades

de movimiento de corteza terrestre se efectuaron vencido el

permiso del DRNA.

Mientras tanto, el DRNA emitió una orden contra el

señor Díaz Arocho mediante la cual ordenaron se llevara a

cabo trabajos preliminares de restauración en la propiedad

del

señor

Díaz

Arocho,

específicamente

en

el

borde

farallón y al pie del farallón en su parte baja.

del

Para

proceder con las labores de restauración se le ordenó al

señor

Díaz

Arocho

obtener

del

señor

Rivera

permiso

de

acceso a su propiedad para remover el material objeto del

deslizamiento.

El señor Rivera se negó a autorizar la

entrada a su finca por entender que el daño sería mayor.

1

Informe del Oficial Examinador, Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 49.

CC-2004-0694

4

Finalmente, el 15 de febrero de 1996 el Secretario del DRNA

acogió el informe del oficial examinador y ordenó a los

recurridos el pago de multas administrativas, ascendentes a

cinco mil dólares ($5,000).2

Así

las

cosas,

el

14

de

agosto

de

1996,

el

señor

Rivera presentó demanda en daños y perjuicios contra el

señor

Díaz

Arocho,

su

esposa

y

gananciales, y varias aseguradoras.

sociedad

legal

de

Adujo en la demanda

que la utilización de equipo pesado y explosivos en el

proceso

de

devastadoras

extracción

en

su

de

terreno

propiedad,

al

tuvo

consecuencias

ocasionar

grandes

desplomes de la pared de farallón que marca la colindancia.

Estimó que los daños sufridos incluían la destrucción y

completa inutilización de un área de bosque de alrededor de

diez (10) cuerdas, incluyendo caminos y veredas; pérdida de

hábitat de aves y otras especies de animales; destrucción

de

árboles;

superficiales

alteración

y

del

flujo

subterráneas

natural

incluyendo

de

las

aguas

manantiales;

alteración y destrucción de cuevas y cavernas en la pared

del

farallón;

interrupción

e

inutilización

del

área

del

bosque; interrupción del uso del área recreativa; y daño

ecológico general. 3

En consecuencia se reclamó un millón

cuatrocientos mil dólares ($1,400,000) en concepto de daños

a la propiedad, daños morales y angustias mentales sufridas

2

Resolución del Departamento de Recursos Naturales

Ambientales, Apéndice del Certiorari, pág. 35.

3

Apéndice 1.d. Demanda Civil Núm. CDP1996-0235.

y

CC-2004-0694

5

por el señor Rivera al ver destrozada parte de su propiedad

y ver paralizados sus proyectos.4

Luego de varios incidentes procesales se celebró vista

en los méritos en la que testificaron el señor Rivera, el

perito

Carlos

Arocho. 5

Conde

Costas,

y

el

demandado

señor

Díaz

Mediante su testimonio el señor Rivera describió

en detalle su propiedad y todas las actividades cívicas

allí celebradas previo a los derrumbes. 6

Testificó sobre

los trabajos de extracción en las propiedades vecinas y

4

Según surge de la demanda el desglose de los daños

reclamados es el siguiente:

“23.

El Demandante como consecuencia directa de la

culpa o negligencia de los Codemandados, ha sufrido

los siguientes daños:

a)Daños a la Propiedad del Demandante:

 destrucción y completa inutilización (sic)

de un área de bosque de alrededor de 10,

cuerdas incluyendo caminos y veredas ……………………$200,000

 pérdida de hábitat de aves y otras

especies de animales, incluyendo árboles ……….$100,000

 la alteración del flujo natural de agua

superficial, subterránea y manantiales ……………$100,000

 alteración y destrucción de cuevas y

cavernas en la pared del farallón ………………………….$100,000

 interrupción e inutilización del área

del bosque ……………………………………………………………………………………$200,000

 interrupción del uso del área recreativa ………$400,000

 daño ecológico y escénico general ……………………………$200,000

b)Daño a la persona del Demandante

 daños morales, sufrimientos y angustias

mentales………………………………………………………………………………………………$200,000”

5

Las partes estipularon la exposición narrativa de la

prueba testifical.

Véase Apéndice del Certiorari, pág.

413.

6

En su testimonio mencionó distintos grupos cívicos que,

además del público en general que visitaba el bosque,

rentaban los recursos de la propiedad, como por ejemplo

“Boys Scouts of America”, grupos religiosos, usuarios de

kayaks, y deportistas entre otros.

CC-2004-0694

como

6

éstos

afectaron

el

disfrute

de

su

propiedad,

causándole daños físicos, económicos y angustias mentales.7

Además

demandante

del

testimonio

presentó

como

del

señor

perito

al

Rivera,

señor

la

Conde

parte

Costas,

director ejecutivo de Tierra Linda, Inc., corporación sin

fines de lucro dedicada a estudios ecológicos y a promover

la educación ambiental y el ecoturismo.

El señor Conde

testificó que en el año 1996 Tierra Linda, Inc. realizó un

reconocimiento y evaluación ecológica del área impactada

por el derrumbe en la parte del farallón localizada en la

propiedad del demandante, que incluyó el área del bosque

que ubica en la base de dicho farallón, dentro de la finca

del señor Rivera.

técnico

y

detallado

Para el análisis se utilizó personal

especializado,

de

la

quienes

geología,

hicieron

hidrología,

un

estudio

fisiografía,

geoestética, flora y fauna del lugar; y de cómo estas áreas

quedaron

adversamente

propiedad colindante.

afectadas

por

el

derrumbe

en

la

Se preparó un informe escrito que

pormenorizó todos los hallazgos del mencionado estudio.8

El

perito

el

manifestó

la

importancia

ecológica

y

enfatizó

valor geoestético del área, la que identificó como refugio

7

Surge de la Estipulación de la Exposición Narrativa de la

Prueba Testifical que no se hizo inventario de los árboles

afectados, tasación de la propiedad, estudio de daños

económicos, ni se presentó prueba documental de pérdida de

ingresos.

8

El informe titulado, Reconocimiento y Evaluación de Área

Impactada por Derrumbe, Finca Rivera Colón, Barrio Hato

Viejo, Ciales, Puerto Rico, fue admitido en su totalidad en

evidencia por el Tribunal de Primera Instancia.

Véase

Apéndice a la pág. 67.

CC-2004-0694

7

de vida silvestre.

Concluyó que el daño causado al paisaje

cársico puede considerarse como permanente y que el área de

bosque

impactado

para recuperarse.

tardaría

alrededor

de

quince

(15)

años

La parte demandada no presentó prueba

pericial para refutar la del demandante.

Así las cosas, el 31 de julio de 2003 el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia en la que declaró sin

lugar la demanda y ordenó el archivo y sobreseimiento del

caso.

Sostuvo el tribunal sentenciador que el demandante

no había presentado prueba suficiente para cuantificar los

daños, por cuanto le era imposible conceder indemnización

descansando en estimados verbales, en ausencia de prueba

objetiva para sustentarlos.

En apelación, el Tribunal de

Apelaciones confirmó el dictamen bajo el mismo fundamento

del tribunal de instancia; a saber, que a pesar de probarse

la negligencia de los demandados y la existencia de los

daños, no se probó su valor.

Como resultado, rehusó fijar

compensación “sobre bases especulativas y arbitrarias”.

No conforme con la determinación del foro intermedio,

el señor Rivera nos solicitó que revisemos la sentencia

dictada a los efectos de concederle una indemnización justa

y

razonable

tribunal

por

los

sentenciador.

daños

En

probados

su

a

satisfacción

escrito

presentó

siguientes señalamientos de error:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la determinación del Tribunal de Primera

Instancia al no conceder cuantía monetaria

en carácter indemnizatorio, no obstante

haberse

probado

los

siguientes

daños

del

los

CC-2004-0694

8

alegados: daños ambientales, geoestéticos o

escénicos y angustias mentales sufridas por

el peticionario.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que era necesaria prueba objetiva para

valorar el importe de los daños ambientales,

geoestéticos o escénicos y las angustias

mentales sufridas, reclamadas y probadas por

el peticionario.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la determinación del Tribunal de Primera

Instancia al interpretar que el peticionario

no aportó prueba sobre el importe de pérdida

de ingresos.

Expedimos

el

auto

solicitado

y

contando

con

la

procedemos

a

comparecencia de las partes, resolvemos.

II

Por

estar

íntimamente

relacionados,

discutir los señalamientos de error en conjunto.

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 5141, consagra la obligación de reparar daños

causados mediando culpa o negligencia. 9

referido

artículo

responsabilidad

hemos

señalado

extracontractual

que

Al interpretar el

para

deben

que

surja

concurrir

la

los

siguientes tres elementos: un daño, una acción u omisión

negligente o culposa y, la correspondiente relación causal

entre ambos.

9

Toro Aponte v. E.L.A. 142 D.P.R. 464 (1997);

El Artículo 1802 dispone:

El que por acción u omisión causa daño a otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar

el

daño

causado.

La

imprudencia

concurrente

del

perjudicado

no

exime

de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la

indemnización. 31 L.P.R.A. sec. 5141.

CC-2004-0694

9

Ramírez v. ELA, 140 D.P.R. 385 (1996) y otros casos allí

citados.

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado

que consiste en no anticipar y prever las consecuencias

racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una

persona prudente y razonable habría previsto en las mismas

circunstancias.

Aponte

Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Toro

v.

E.L.A.,

supra.

correcta,

aunque

no

Existe

prescrita

un

en

deber

los

de

conducta

códigos,

que

constituye el presupuesto mínimo sobreentendido en el orden

social.

Son los tribunales los que habrán de determinar en

qué consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las

circunstancias de cada caso.

Ramos v. Carlo, supra.

El concepto culpa del Artículo 1802 es infinitamente

abarcador, tanto como lo suele ser la conducta humana, por

cuanto ésta se analiza con amplitud de criterio.

Toro

Aponte v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,

137 D.P.R. 1 (1994); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R.

305 (1970).

adoptado

Conforme a nuestra tradición civilista, hemos

como

medida

del

deber

de

cuidado

el

estándar

objetivo del buen padre de familia; que corresponde a la

persona

prudente

anglosajón.

emplearía

un

y

razonable

en

el

derecho

común

Bajo ese estándar, se exige la diligencia que

ser

humano

promedio,

frente

a

las

mismas

circunstancias, para prever el daño y tomar medidas para

evitar ese resultado dañoso.

Valle Izquierdo v. E.L.A.,

CC-2004-0694

10

res. el 14 de mayo de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R.

64.

El elemento de la previsibilidad está intrínsicamente

relacionado al de la causalidad.

En nuestra jurisdicción

rige la doctrina de la causalidad adecuada para determinar

si, de hecho, existe algún tipo de relación entre el daño

causado y el acto culposo o negligente.

Conforme a esta

doctrina,

condición

se

considera

causa

ordinariamente

produciría

el

general;

cuando

ese

aquella

daño

daño

según

aparece

razonable y ordinaria del acto.

la

que

experiencia

como

consecuencia

Toro Aponte v. E.L.A.,

supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Torres

Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969).

causal

-–elemento

imprescindible

en

una

La relación

reclamación

en

daños y perjuicios—- es un elemento del acto ilícito que

vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.

III

Con

el

anterior

responsabilidad

trasfondo

extracontractual,

doctrinal

pasemos

a

sobre

la

analizar

si

procede su aplicación en el marco de derecho ambiental.

La

protección

preocupación

mundial

de

por

económicas.

del

medio

importancia

sus

ambiente

representa

trascendental

implicaciones

humanas,

en

el

una

ámbito

sociales

y

Es política pública de los estados proteger el

disfrute de un medio ambiente que fomente el desarrollo de

la

persona

y

una

mejor

calidad

de

vida.

C.J.

Lorente

Aznar, Empresa, Derecho y Medio Ambiente, Editorial Bosch,

CC-2004-0694

11

Barcelona, España, 1996, pág. 18.

El medio ambiente, como

concepto, no se circunscribe a los recursos naturales y

organismos vivos; sino que abarca otra serie de aspectos

culturales,

históricos,

y

arqueológicos,

entre

otros.

es

más

amplias,

Íbid.

La

normativa

complejas

y

ambiental

diversas

áreas

una

de

de

las

Derecho,

ya

que

tiene

implicaciones de naturaleza administrativa, penal o civil.

Por

la

multiplicidad

de

vertientes

que

abarca,

en

las

últimas décadas se han aprobado normas constitucionales y

legislado un sinnúmero de estatutos y disposiciones a nivel

internacional en aras de proteger el ambiente.10

En nuestro ordenamiento la protección de los recursos

naturales ostenta rango constitucional. Los constituyentes,

preocupados

por

la

conservación

de

nuestros

consideraron

necesario

recoger

expresamente

ineludible

de

proteger

el

medio

ambiente,

derecho

todo

humano

al

10

de

ser

goce

y

recursos,

el

así

disfrute

deber

como

el

de

los

A manera de ejemplo, en la doctrina angloamericana

existen varios estatutos federales que reconocen la

facultad de valorar el daño ecológico y ordenar a la parte

actora a indemnizarlo.

Son los más importantes el

“Comprehensive Environmental Response, Compensation, and

Liability Act” (CERCLA), 42 U.S.C. sec. 9607(a); el “Clean

Water Act” (CWA), 33 U.S.C. sec. 1321(f)(4)-(5); y el “Oil

Pollution Act” (OPA), 33 U.S.C. sec. 2702(a). Cada una de

estas piezas legislativas lleva apareada reglamentación que

conceptúa diferentes y complejos modelos de cuantificación

para identificar y estimar los daños ambientales y así

determinar la compensación adecuada.

Esta reglamentación

se conoce como “National Resources Damage Assessment”

(NRDA) y en términos generales está diseñada con el

propósito principal de reestablecer los recursos naturales

a su condición natural de no haber ocurrido el daño.

CC-2004-0694

12

recursos naturales.

4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 2622 (1952).

A tales efectos, el Artículo VI

de la Constitución del Estado Libre Asociado en su sección

19 preceptúa que “[s]erá política pública del Estado Libre

Asociado

la

más

eficaz

conservación

de

sus

recursos

naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento

de los mismos para el beneficio general de la comunidad.”

Esta cláusula categórica e incondicionada no deja lugar a

dudas que en nuestra jurisdicción salvaguardar el ambiente

es política pública de carácter ineludible.

Este mandato

dual impone el deber de lograr la más eficaz conservación

de

los

recursos

desarrollo

para

naturales

el

a

la

beneficio

de

vez

la

que

promueve

ciudadanía

su

general.

Véase Misión Industrial de Puerto Rico v. Junta de Calidad

Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998); Colón Cortés v. Pesquera,

150 D.P.R. 724 (2000).

Para implantar adecuadamente este mandato, durante las

últimas décadas se han legislado una serie de mecanismos

tutelares.

En el año 1970 se aprobó la Ley sobre Política

Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 8 de junio de 1970, 12

L.P.R.A.

sec.

1121

et

seq.,

con

el

fin

primordial

de

brindar contenido procesal y sustantivo a la disposición

constitucional, y en cuya virtud surgió la Junta de Calidad

Ambiental. Posteriormente, se aprobó importante legislación

ambiental 11 y se formó un complejo esquema agencial para

11

Entre estas leyes se encuentran, además de la Ley de

Política

Pública

Ambiental,

la

Ley

Orgánica

del

CC-2004-0694

13

reglamentar lo relacionado a la protección de los recursos

naturales y el disfrute del medio ambiente. 12

Véase Colón

Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992).

Siendo la temática del derecho ambiental tan diversa,

los

planteamientos

relacionados

al

medio

ambiente

evalúan de acuerdo a la naturaleza de la reclamación.

se

Ante

reclamaciones civiles, en la doctrina angloamericana, la

litigación

ambiental

circunscribe

propiedad.

a

privada

sobre

reclamaciones

daños

basadas

en

ambientales

se

el

de

derecho

En estas situaciones se reclama por daño físico

a recursos ambientales como árboles, cosechas o animales de

los que sea posible probar un derecho propietario.

pocas

las

ocasiones

en

que

una

parte

Son muy

afectada

puede

acreditar interés propietario en recursos naturales como el

aire,

agua,

silvestre,

para

fundamentar un reclamo en daños por estos recursos.

C.B.

Anderson,

especies

Damage

to

marinas

Natural

o

vida

Resources

and

the

Costs

of

Restoration, 72 Tul. L. Rev. 417, 419 (1997).13

_________________________

Departamento de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 20 de

junio de 1972; la Ley de Bosques, Ley Núm. 133 de 1ro de

julio de 1975; la Ley para Reglamentar la Extracción de

Corteza Terrestre, Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968; la

Ley de Cuevas y Cavernas, Ley Núm. 111 de 12 de julio de

1985; la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley

Núm. 241 de 15 de agosto de 1999; entre otras leyes

especiales.

12

Además de la legislación local, la legislación federal

también es de aplicación a Puerto Rico. Como resultado, es

tan abundante la legislación ambiental existente que el

estudio de esta rama del derecho es uno sumamente complejo.

13

No obstante, como discutiremos más adelante, cuando el

daño recae sobre recursos naturales existentes en la

propiedad del perjudicado, se contempla la indemnización

por daños por la interferencia con el disfrute de la

CC-2004-0694

En

la

14

jurisdicción

norteamericana,

acreditado

el

interés propietario, las reclamaciones por daños ecológicos

pueden basarse en varias teorías de derecho común, entre

ellas estorbo (“nuisance”) 14 , trasgresión (“trespass”) 15 ,

responsabilidad

absoluta 16 ,

o

negligencia.

Cuando

el

reclamo es por negligencia, es determinante establecer los

elementos para probar una relación causal entre la conducta

del demandado y el daño experimentado; conforme al estándar

de

cuidado

de

Payonk,

619

Meridian

Irrig.

la

P.2d

persona

razonable.

135

(Idaho

Dist.,

548

1980);

P.2d

80

Véase

Alegría

Brizendi

(Idaho

v.

v.

Nampa-

1976).

El

_________________________

propiedad (daños morales).

Véase Alonso v. Hills, 214

P.2d.50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals v. Parker, 200

So.2d 220 (Fla.App. 1967).

14

Las reclamaciones por “nuisance” se fundan en la

interferencia irrazonable con el uso y disfrute de la

propiedad y constituyen la causa más común en demandas

privadas de carácter civil por daños con implicaciones

ambientales.

Véase Patz v. Farmegg Products, Inc., 196

N.W.2d 557 (Iowa 1972); Mel Foster Co. Properties v. AMOCO,

427 N.W.2d 171 (Iowa 1988); Frank v. Environmental Sanitation

Management, Inc., 687 S.W.2d 876 (Mo. 1985).

15

Una acción por trasgresión consiste en un reclamo ante una

invasión ilegal intencional a la propiedad. Véase Curry Coal

Co. v. M.C. Arnoni Co., 266 A.2d 678 (Pa. 1970); Regan v.

Cherry Corp., 706 F.Supp. 145 (D.R.I. 1989).

16

En

estas

situaciones

se

impone

responsabilidad

independientemente de la conducta del actor, de acuerdo a los

elementos proscritos en el Restatement (Second) of Torts,

secciones 519 y ss.

Este tipo de reclamación en la

litigación ambiental se limita a daños tóxicos o que

involucren sustancias radioactivas.

Véase Crawford v.

National Lead Co., 784 F.Supp. 439 (S.D.Ohio 1989);

Department of Environmental Protection v. Ventron Corp., 468

A.2d 150 (N.J. 1983); Branch v. Western Petroleum, 657 P.2d

267 (Utah 1982).

CC-2004-0694

15

elemento de causalidad se prueba bajo los mismos criterios

tradicionales que gobiernan las reclamaciones torticeras.17

De igual modo en España, la materia de responsabilidad

civil medioambiental alcanza su aplicación práctica bajo el

precepto

general

del

Artículo

1902

del

Código

Civil

de

España, el cual corresponde a nuestro Artículo 1802.

La

interpretación de la doctrina y la jurisprudencia española

para este tipo de planteamientos se inspira en gran parte

en el principio de la culpa de dicho artículo.

más

recientes

preceptos

procedente

culpa. 18

de

se

la

la

distingue

cierta

responsabilidad

indemnización

En épocas

influencia

absoluta,

que

independientemente

de

los

considera

de

la

No obstante esta reciente tendencia, en la gran

mayoría de los casos en que se invoca la protección del

medio ambiente en la esfera del derecho sustantivo privado,

se requiere la ocurrencia de responsabilidad que emane de

forma más o menos directa de la voluntad del actor.

Santos

Briz,

La

responsabilidad

civil,

temas

J.

actuales,

Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 2001, págs. 8898.

17

Resulta necesario probar los siguientes elementos para que

prospere la acción: un deber legal existente de ajustarse a

cierto estándar de conducta; que el actor falló en

conformarse a ese estándar; un nexo causal entre la conducta

negligente y el daño; y un daño a los intereses del

reclamante.

O’Neal v. Department of the Army, 852 F.Supp.

327 (M.D.Pa. 1994); Jacques v. First Nat’l Bank, 515 A.2d 756

(Md. 1986).

18

Cabe destacar que estos supuestos de responsabilidad

absoluta –-en los que sólo se excluye responsabilidad por

circunstancias de fuerza mayor-- se dan ante reclamos

particulares al amparo del Artículo 1908, nuestro Artículo

1808, 31 L.P.R.A. sec. 5147.

CC-2004-0694

En

16

nuestra

jurisdicción,

ya

anteriormente

habíamos

expresado que nuestro Artículo 1802 constituye una norma

general para reparar todo tipo de daño ilícito, “incluso

cuando

la

actuación

culposa

contraviene

garantizados por la Constitución.”

D.P.R. 599, 611 (1987).

intereses

Bonilla v. Chardón, 118

Por tanto, conforme a la discusión

que antecede, resolvemos que en nuestra jurisdicción una

acción civil al amparo del Artículo 1802 es un mecanismo

adecuado para que una persona privada reclame por daños

cuando

éstos

ocurren

a

los

recursos

medioambientales

existentes en su propiedad como consecuencia de un acto

negligente de otro, independientemente de los mecanismos

provistos en la legislación especial.19

A estos efectos, definimos el daño ambiental, al que

denominamos indistintamente como daño ecológico, como aquel

daño

“sufrido[s]

consecuencia

de

por

el

accidentes

medio

ambiente

humanos,

más

voluntarios, afecta[n] el equilibrio natural.”

que,

como

o

menos

J. Santos

Briz, La responsabilidad civil, supra, pág. 107. (Para la

19

Es importante aclarar que existen mecanismos alternos en

virtud de legislación especial que provee expresamente al

ciudadano una causa de acción civil. A manera de ejemplo,

el Artículo 19 de la Ley sobre Política Pública Ambiental

dispone que:

Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar

acciones en daños y perjuicios en los tribunales

de justicia contra cualquier otra persona natural

o jurídica basada en daños que sufran por

violaciones a las secs. 1121 a 1140a de este

título.

Esta acción civil será independiente y

diferente de los procesos administrativos que se

sigan en la Junta. 12 L.P.R.A. sec. 1139.

CC-2004-0694

17

definición de “medio ambiente” véase discusión supra, a la

pág. 11.)

En este tipo de acción será indispensable probar

los elementos necesarios para establecer la responsabilidad

extracontractual, específicamente: una acción negligente u

omisión

del

supuesto

responsable,

un

daño

ecológico

o

deterioro causado a los recursos ambientales existentes en

la propiedad privada, y una relación de causalidad entre

ambos.

La

responsabilidad

civil

resultante

no

será

objetiva sino que dependerá de que se pruebe la negligencia

del demandado.

IV

A.

Habida cuenta que la responsabilidad civil conlleva

precisamente el deber de resarcir a la parte perjudicada

por el daño causado, procede determinar cómo se caracteriza

el daño ambiental, para así poder valuar la indemnización

adecuada

para

la

parte

afectada.

En

este

análisis

no

podemos perder de vista que, al ser un estatuto reparador,

el

Artículo

1802

lograr su propósito.

debe

interpretarse

liberalmente

para

Véase Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R.

408 (1998); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., 134 D.P.R.

486 (1993).

Como

ya

indicamos,

uno

de

los

elementos

responsabilidad extracontractual es un daño causado.

Díez-Picazo

define

el

daño

como

“el

menoscabo

de

la

Luis

que

a

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre

una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su

CC-2004-0694

18

propiedad o en su patrimonio”.

L. Díez-Picazo, Derecho de

Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, España, 1999, a la

pág. 307.

Según bien refleja la anterior definición, al

igual que el concepto de “culpa”, el concepto de “daño”

resulta ser sumamente abarcador, por la variedad de matices

que

abarca.

J.

Santos

Briz,

La

responsabilidad

civil,

supra, pág. 146.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia

de dos tipos de daños.

576 (1999).

–-también

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R.

Por un lado se encuentran los daños especiales

conocidos

como

daños

físicos,

patrimoniales,

pecuniarios o económicos--, que son toda aquella pérdida

que

recae

sobre

valoración

bienes

económica

objetivos.

por

impactar

patrimonio del perjudicado.

Daños,

Editorial

Revista

Estos

daños

admiten

directamente

el

J. Santos Briz, Derecho de

de

Derecho

Privado,

Madrid,

España, 1963, pág. 120.

De otro lado, existen los llamados daños morales que

son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica del

perjudicado.

Es decir, son los daños que lesionan “los

derechos de la personalidad o extra patrimoniales.”

Ángel

Yagüez,

La

Responsabilidad

Civil,

R. De

Universidad

de

Deusto, Bilbao, España, 1988, pág. 224.

En igual sentido,

M.

Daño

Carneiro,

Método

de

Valuación

del

Moral,

Ed.

Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 61 (“El daño

moral

es

de

naturaleza

extrapatrimonial,

emocional

y

CC-2004-0694

simbólica.

la

19

Se exterioriza por el sufrimiento, el dolor y

humillación.”);

A.

Borrell

Macias,

Responsabilidades

Derivadas de la Culpa Extracontractual Civil, Ed. Bosch,

Barcelona, España, 1955, 2da ed., pág. 211.

El daño moral

lesiona los bienes no económicos de la persona pero, a

pesar

de

no

indirectamente

perturbación

recaer

directamente

podrían

repercutir

anímica

en

su

sobre

en

el

éste,

patrimonio,

causando

titular.

Cintrón

heterogénea

no

una

Adorno

v.

Gómez, supra.

Por

su

naturaleza

clasificados

con

identifica

entre

carácter

estos

pueden

exhaustivo.

daños,

los

La

daños

ser

doctrina

propiamente

morales, --que no afectan de modo alguno el patrimonio-- y

los

daños

morales

impropios,

llamados

también

daños

patrimoniales indirectos --que trascienden a valores del

patrimonio.

120-122.

hablarse

Santos Briz, Derecho de Daños, supra, págs.

Además,

también

nos

de

comenta

daños

Santos

morales

Briz

que

derivados

“[p]uede

de

daños

patrimoniales, así por ejemplo el dolor moral que produce

la pérdida de una joya familiar; de daños morales derivados

de dolores físicos o de enfermedades físicas o mentales, y

de daños morales concomitantes con daños patrimoniales o a

la

inversa.

Todos

ellos

tienen

de

común

producir

perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación,

pérdida

de

la

satisfacción

derivan de motivos distintos.”

de

vivir,

etcétera),

Íbid, pág. 122.

pero

CC-2004-0694

20

En Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449 (1995),

afirmamos que “[e]l medio ambiente natural y la naturaleza

no

sólo

sirven

utilizarlos

el

propósito

su

subsistencia

para

de

que

el

hombre

material,

sino

pueda

para

su

recreación y uso del tiempo libre, para la contemplación de

su belleza y majestuosidad, para sentirse orgulloso de su

patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un

desarrollo

integral

autorrealización

Rodríguez,

de

como

supra,

la

ser

págs.

personalidad

humano.”

462-463.

Paoli

De

y

su

Méndez

v.

acuerdo

a

la

apreciación que hiciéramos en Paoli, resolvemos que el daño

ambiental, cuando tiene la naturaleza de daño a un paisaje

con valor ecológico que afecta la propiedad del reclamante,

debe caracterizarse como un daño moral.

Ahora bien, en la medida en que el daño ambiental

afecte el patrimonio del perjudicado, deberá considerarse

el mismo como daño especial.

En consecuencia, concluimos

que este tipo de daño ambiental tiene la naturaleza de daño

moral

concomitente

esta

distinción

con

tiene

daño

patrimonial.

efectos

prácticos

Como

al

veremos,

momento

de

valuar la compensación, según discutimos a continuación.

B.

i.

La doctrina civilista admite dos posibilidades para

reparar un daño: la reparación in natura o reintegración

específica,

indemnización

siendo

ésta

la

solución

ideal;

monetaria,

la

alternativa

o

la

cuando

el

CC-2004-0694

21

restablecimiento al estado natural no es posible.

De Ángel

Yagüez,

tribunal

op.

cit.,

determinar

la

pág.

forma

321.

en

Le

corresponde

que

procede

al

la

reparación

considerando las características particulares de cada caso.

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).

también

H.M.

Brau

extracontractuales

del

en

Toro,

Puerto

Daños

Rico,

Véase

y

perjuicios

Segunda

Edición,

Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, págs. 430431.

Cabe señalar que hemos reconocido que la estricta

aplicación de la norma de reparación in natura resulta de

difícil --y en ocasiones imposible-- aplicación, 20 lo que

generalmente

alternativa

lleva

de

la

menos compleja.

Conforme

reintegración

a

los

indemnización

ser

a

lo

anterior,

resulta

resarcido

expresado

sobre

tribunales

al

optar

dinero,

la

cuando

imperativo

por

que

la

resulta

angustiosa

estimar

y

no

es

asignar

posible

una

la

cuantía

Debemos apuntar que el daño

íntegramente.

Cancel v. A.E.E., supra.

20

en

a

Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra.

económica al daño sufrido.

debe

tribunales

valorar

Previamente

función

los

que

daños.

nos

hemos

tienen

los

Rodríguez

Conceder cuantías insuficientes

El

tratadista

Ricardo

De

Ángel

Yagüez,

en

La

Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto, Bilbao,

España, 1988, pág. 321, nos indica:

La reparación en forma específica consiste en la

remoción de la causa del daño y en la realización

de la actividad necesaria para reponer las cosas

o bienes dañados en su estado primitivo.

Puede

ocurrir, desde luego, que una y otra finalidad

sean imposible o que resulten ya inútiles o

insatisfactorias, o que requieran la intervención

insustituible e inalcanzable de un tercero.

CC-2004-0694

en

concepto

22

de

daños

tiene

el

efecto

de

aminorar

la

responsabilidad

civil

a

que

debe

estar

sujeta

el

la

causante del daño; mientras que conceder daños exagerados

conlleva un elemento punitivo, no reconocido por nuestro

ordenamiento.

Por

tanto,

al

adjudicar

la

cuantía,

el

tribunal debe procurar alcanzar una razonable proporción

entre el daño causado y la indemnización otorgada.

Nieves

Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151 D.P.R. 150 (2000).

Ante reclamaciones de daños físicos a la propiedad es

necesario que el demandante provea al tribunal los datos

necesarios para poder cuantificar el daño reclamado y así

fijar

la

indemnización

correspondiente.

Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946).

reclamar

daños

requiere

que

afectadas

patrimonio.

especiales,

se

para

detalle

así

nuestro

el

toda

de

las

jurídico

partidas

consecuencia

32 L.P.R.A. Ap. III R.7.4. 21

v.

En efecto, al

ordenamiento

concepto

cuantificar

Sánchez

al

Sin embargo,

hemos reiterado que, aún ante daños especiales,

el derecho

a ser compensado no se derrota por el carácter especulativo

de

la

reclamación.

Sociedad

de

Gananciales

v.

F.W.

Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997); Odriozola v. S.

Cosmetic Dist. Corp.,

116 D.P.R. 485 (1985).

Aun presente

cierto grado de incertidumbre, el tribunal podrá, conforme

a los hechos particulares del caso, la prueba presentada y

los

21

criterios

establecidos,

determinar

una

cuantía

La Regla 7.4 de Procedimiento Civil dispone que “[c]uando

se reclamen daños especiales, se detallará el concepto de

las distintas partidas”.

CC-2004-0694

23

razonable

para

indemnizar

al

perjudicado

por

los

daños

sufridos.

Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 700

(1999); Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978).

Por otro lado, la determinación o cuantificación de

daños morales, tarea que ha sido descrita como uno de los

“desafíos más delicados que plantea hoy la tarea judicial”,

no debe descansar en datos materiales y prueba puramente

objetiva. R. Pizarro, El Daño Moral, Ed. Hammurabi, Buenos

Aires, Argentina, 2004, 2da ed., pág. 436.

Es un ejercicio

que tolera cierto grado de especulación ya que descansa, a

mayor

grado

subjetivos

que

como

los

lo

daños

son

la

especiales,

discreción,

en

el

elementos

sentido

de

justicia y la conciencia humana del juzgador de los hechos.

Rodríguez Báez v. Nationwide Ins. Co., res. el 18 de abril

de

2002,

156

D.P.R.

___,

2002

T.S.P.R.

52;

Urrutia

v.

A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

Ahora bien, al valuar y mensurar los daños el juzgador

debe

hacerlo

en

estricta

correlación

con

la

prueba

presentada, procurando mantener un sentido remediador sin

aproximarse al elemento punitivo.

v. F.W. Woolworth, supra.

93,

103

(1957),

reclamación

por

Sociedad de Gananciales

En Hernández Fournier, 80 D.P.R.

dispusimos

que

para

daño

“es

imprescindible

moral

que

proceda

una

probar

sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría

una pena pasajera como base de la acción.”

Por cuanto

hemos reiterado que el reclamante debe proveer evidencia

que

sustente

que

realmente

quedó

afectado

en

su

salud,

CC-2004-0694

24

bienestar y felicidad.

Véase Ramos Rivera v. E.L.A., 90

D.P.R. 828 (1964); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972);

Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998).

El daño moral no se puede convertir en una fuente de

lucro

indebido

para

el

damnificado

y

en

motivo

de

expoliación para el dañador, lo que ocurre “cuando este

último es obligado a reparar daños morales, inexistentes,

que

no

guardan

relación

causal

adecuada

con

el

hecho

generador, o lo que es más frecuente, cuando se encubre

bajo el ropaje de daño moral a daños patrimoniales que no

han sido probados en juicio.”

Pizarro, op. cit., pág. 432.

ii.

La complejidad inherente a la cuantificación de daños

en una reclamación al amparo del Artículo 1802 es patente

cuando se reclaman daños ecológicos a recursos naturales

existentes

en

una

propiedad

privada.

Estudiosos

del

derecho ambiental en España destacan que ocurrido el daño

ambiental se hace normalmente imposible la reparación in

natura.

civil

Siendo así, la jurisprudencia española en materia

de

daño

ambiental

tiende

hacia

el

resarcimiento

directo de daños a la propiedad o a la salud.

No obstante,

por las cualidades inherentes a los recursos naturales, no

está claramente definido qué elementos son compensables y

cuáles son los métodos de valoración apropiados.

ocurre

en

el

campo

penal

o

administrativo

tendencia es hacia la reparación.

M. Cuiñas

Distinto

donde

la

Rodríguez,

Acerca de la tutela del ambiente en el derecho español, en

CC-2004-0694

25

Daños – medio ambiente, salud, familia, derechos humanos,

Editores

Rubizal-Culzoni,

Buenos

Aires,

Argentina,

2000,

pág. 144.

Igualmente, en los Estados Unidos la legislación de

carácter

administrativo

(“restoration”)

cuyo

naturales

la

a

Restauración

busca

objetivo

condición

es

el

término

es

la

restauración

devolver

los

recursos

original

(“baseline”).

colectivo

utilizado

22

para

referirse a los costos asociados a toda actividad dirigida

a

rehabilitar,

reemplazar

o

adquirir

funcional al recurso ecológico afectado.

el

equivalente

Véase S. Master,

Natural Resource Damage Assessment, 2000 Natural Resources

Env´t, 114, 118; Anderson v. Salling Concrete Corp., 411

N.E.2d

728

reclamo

torticero,

calcular

(Ind.

el

1980).

Pero,

cuando

no

hay

una

fórmula

sino

que

los

daño

se

trata

de

determinada

tribunales

un

para

varían

considerablemente sobre la manera de determinar su valor y

el tipo de prueba necesaria para adjudicarlos.

Cada caso

se examina de forma independiente y de acuerdo a sus hechos

particulares.

Casinos v. Union Oil Co., 14 Cal. App. 4th

1770 (Cal. App. 1993); Givens v. Markall, 124 P.2d 839

(Cal. App. 1942) (“There is no fixed rule with respect to

the measure of damages for injuries to, or destruction of

property in every case.

upon

the

character

of

The amount to be awarded depends

the

property

and

the

nature

and

extent of the injury, and the mode and amount of proof must

22

CERCLA sec. 9607(f)(1).

CC-2004-0694

be

adapted

26

to

the

facts

of

each

case.”)

En

el

sano

ejercicio de su discreción, el tribunal debe permitir a un

propietario recobrar indemnización no sólo por la pérdida

de uso de la propiedad, sino además por otras lesiones como

alteraciones

al

estado

anímico

y

enfermedades

físicas.

Board of County Comm’rs v. Slovek, 723 P.2d 1309 (Col.

1993).

Para llevar a cabo esta función los tribunales en la

jurisdicción norteamericana han esbozado diferentes modelos

de cuantificación de daños.

El mecanismo de restauración,

utilizado generalmente en la esfera administrativa, tiene

cabida en reclamos civiles cuando los daños son de carácter

temporero

y

de

naturaleza

propiedad

a

su

estado

tal

que

original.

permitan

En

regresar

estos

casos

la

la

compensación consiste en el costo de la reparación.

Horsch

v. Terminix Int’l Co. 865 P.2d 1044 (Kan. App. 1993).

Otro

modelo consiste en indemnizar de acuerdo a la disminución

en

valor

(“diminution

in

value

rule”),

que

se

calcula

comparando la diferencia en el valor de la propiedad justo

antes y justo después del daño.

McAlister v. Atlantic

Richfield Co., 662 P.2d 1203 (Kan. 1983); Bayley Products,

Inc.

v.

American

Plastic

(Mich. App. 1971).

Products

Co.,

186

N.W.2d

813

Este segundo modelo se utiliza por lo

general cuando el daño a la propiedad es permanente, pero

no la destruye en su totalidad.

sobre

propiedad

caracterizarse

como

inmueble

no

permanente.

Sin embargo, un reclamo

necesariamente

Para

que

se

puede

considere

CC-2004-0694

27

permanente no es necesario que el daño dure para siempre;

es

suficiente

propietario.

1977).

que

sea

una

pérdida

irreparable

para

el

Hudson v. Peavey Oil Co., 566 P.2d. 175 (Or.

También,

por

disminución

en

valor

recurrente,

como

lo

lo

general

cuando

sería

se

el

la

usa

daño

el

es

contaminación

modelo

de

continuo

o

industrial.

Razzano v. Kent, 177 P.2d 612 (Cal. App. 1947).

En

ocasiones

híbrida

--que

los

tribunales

utilizan

una

contempla

tanto

costo

razonable

el

reparación como la regla de disminución en valor.

teoría

de

En este

caso el cálculo de la merma en valor se hace luego de la

reparación, compensándose así bajo ambos modelos.

Para que

proceda este modelo híbrido es necesario que el demandante

pruebe que las medidas remediales no lograron devolver la

propiedad a su anterior valor en el mercado.

Véase Wiese-

GMC, Inc. v. Wells, 626 N.E.2d 595 (Ind. App. 1993); TerraProducts, Inc. v. Kraft General Foods, Inc., 653 N.E.2d 89

(Ind. App. 1995).

Ahora bien, cabe la posibilidad que el valor en el

mercado de la propiedad no haya experimentado una reducción

luego

del

daño.

Ante

esta

situación,

los

tribunales

reconocen que muchas áreas de considerable valor ecológico

tienen muy poco o ningún valor comercial, de manera que una

aplicación

literal

del

modelo

de

disminución

dejaría al reclamante carente de remedio.

en

estos

modelos

casos

cuantificar

comerciales

basados

la

en

valor

valor

Es improcedente

compensación

el

en

en

utilizando

el

mercado.

CC-2004-0694

28

Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 628 F.2d

652, 674 n. 21 (1st Cir. 1980).

itself

been

limited

in

cases

(“The diminution rule has

where

the

property

has

a

special value to the injured party that is not reflected in

its market value.”)

Un tercer modelo de cuantificación de daños consiste

en calcular el valor de la pérdida de uso de la propiedad.

Este método generalmente usa como base el valor rentable de

la propiedad --valor que hubiera podido rentarse a no ser

por

el

daño

condiciones

de

mencionadas.

1952).

una

ambiental.

valor

Este

modelo

comercial,

con

está

las

supeditado

a

desventajas

ya

Spaulding. v. Cameron, 239 P.2d 625 (Cal.

Otro método, denominado costo de reemplazo, provee

alternativa

viable

cuando

resulta

razonable

obtener

sustitución para los elementos afectados, y así compensar

la pérdida.

posible

Este mecanismo resulta apropiado cuando es

reemplazar

especies.

especies

la

fauna

o

vegetación

con

nuevas

El mismo se utiliza para restaurar bosques o

de

animales

que

no

se

entienda

que

puedan

regenerarse naturalmente en un término razonable de tiempo.

Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra,

pág. 677.

Como mencionamos, la cuantificación del daño depende

en gran medida de la naturaleza de la propiedad destruida o

lesionada.

Ocasionalmente

la

pérdida

afecta

elementos

adheridos al suelo, que pueden valorarse independientemente

del terreno.

En estos casos, procede cuantificar estos

CC-2004-0694

29

elementos por separado.

El tribunal determinará, en su

sana discreción, si procede indemnizar por los elementos

individuales, por el valor del terreno o una combinación de

ambas.

Restatement (Second) of Torts sec. 929(2)(1977);

Wilson v. Brand S. Corp., 621 P.2d 748 (Wash. 1980).

Si se

trata de arbustos, árboles frutales, setos o pozos, resulta

poco

práctico

cuantificarlos

por

separado,

análisis limitarse a otros modelos.

y

debe

el

Restatement (Second)

of Torts sec. 929(2) Comment f (1977).

Un último método de cuantificación de daño ambiental

contempla

indemnización

por

daños

morales

que

directa o indirectamente del daño ecológico.

resulten

Alonso v.

Hills, 214 P.2d 50 (Cal.App. 1950); Nitram Chemicals, Inc.

v. Parker, 200 So.2d 220 (Fla.App. 1967).

Cabe destacar que los mecanismos antes descritos no

constituyen un listado exhaustivo.

Pueden existir otros

métodos razonables y científicamente adecuados para estimar

daños ambientales cuando la completa restauración no sea

posible.

Commonwealth

of

Puerto

Rico

v.

SS

Zoe

Colocotroni, supra, n. 24.

De lo anterior se desprende la miríada de métodos que

se han identificado en la doctrina para valuar y mensurar

el daño ambiental que ocasiona un menoscabo o una lesión a

la propiedad de un reclamante.

medir

el

daño

dependerá

de

Cuál es el apropiado para

la

naturaleza,

carácter del daño o lesión sufrida.

extensión

y

En otras palabras, esa

determinación se tomará caso a caso; y, la prueba necesaria

CC-2004-0694

30

para establecer los daños dependerá de los hechos del caso.

Lo que si está claro en la normativa es que en un caso de

esta naturaleza cabe una reclamación tanto por los daños

especiales como por los morales.

Resolvemos por lo tanto, que en una acción civil por

daño ambiental al amparo del Artículo 1802 en la que se

reclaman daños a la propiedad, o a los recursos naturales

de

ésta,

el

tribunal

tiene

a

su

disposición

varios

mecanismos para cuantificar el daño de manera que se logre

una compensación adecuada.

El objetivo principal deberá

ser devolver la propiedad al estado existente antes del

daño.

la

Somos conscientes sin embargo que, por lo general,

restauración

del

área

afectada

resultará

físicamente

imposible o desproporcionadamente onerosa; en cuyo caso, no

es

factible

utilizar

el

mecanismo

de

la

restauración.

Cuando ello ocurra, se deberá acudir a otros modelos de

valuación de daños como los previamente discutidos.

Los tribunales tienen gran discreción para escoger el

modelo a utilizarse, determinación que dependerá en gran

medida, de la naturaleza del daño ambiental reclamado --sea

éste moral, patrimonial o una combinación de ambos-- y las

características de la propiedad.

modelo

a

adoptarse,

la

Independientemente del

valoración

del

daño

debe

ser

razonable, proporcionada al daño ambiental sufrido y a los

valores ecológicos perjudicados.

Rico v. SS Zoe Colocotroni, supra.

Commonwealth of Puerto

Evidentemente, quien

reclame el daño tiene que probarlo y, como hemos indicado

CC-2004-0694

31

en otro contexto, el estimado que haga el demandante del

daño y la evidencia que presente a esos fines, no requiere

precisión matemática.

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R.

294,

Probados

321

(1990).

responsabilidad

los

extracontractual,

elementos

de

hecho

exista

el

que

la

cierto nivel de especulación en la prueba no debe ser óbice

para proveer al reclamante un remedio adecuado.

Cuando el daño a resarcir sea moral, es menester que

quien lo reclame especifique en qué consiste el mismo y

cómo le ha afectado.

Necesariamente entonces, el tribunal

deberá sopesar entre otros, los siguientes aspectos: 1) La

personalidad

del

sensibilidad,

afectado.

damnificado

visto

Esto

desde

es

y

la

su

particular

perspectiva

extremadamente

grado

del

importante,

de

interés

pues

los

daños morales nacen de la lesión sufrida en el componente

psíquico-emocional

del

perjudicado.

2)

Los

intereses

lesionados. 3) La naturaleza de la lesión sufrida.

4) El

efecto del transcurso del tiempo sobre la lesión, bien como

factor coadyudante para agravar o mitigar el daño moral

acaecido.

5)

En casos apropiados, la divulgación pública

que haya tenido el hecho dañoso.

6)

Y, las circunstancias

que

el

daño,

rodearon

el

acto

que

causó

y

los

medios

empleados

la

intencionalidad

del

causar el daño.

Pizarro, op. cit., pág. 430; Carneiro, op.

cit., págs. 61-106.

agente

incluyendo

para

Hay que señalar que el daño moral, es

en esencia, la modificación disvaliosa en la subjetividad

del

damnificado

derivada

de

la

lesión

a

un

interés

no

CC-2004-0694

32

patrimonial que se traduce en un modo de estar diferente y

anímicamente perjudicial al que se tenía antes del hecho.

V

Analicemos los hechos particulares del caso a la luz

del derecho antes expuesto.

Según concluyó el Tribunal de Primera Instancia en sus

determinaciones

de

hechos

“[e]n

el

1990

el

Señor

Díaz

empezó a sacar material de la corteza terrestre en una de

sus

propiedades

y

tiró

material

a

la

propiedad

del

demandante causando que se tapara el Río Manatí, destrozó

parte del bosque; afectó como tres cuerdas en el 90; afectó

el farallón; se dañaron los caminos; destruyó parte de las

facilidades del área recreativa, cayeron muchísimas piedras

en la propiedad de Rivera, algunas aves no volvieron; se

taparon las cuevas en el farallón; es un desastre que no se

puede

calcular;

cuerdas.” 23

en

el

1994

(Énfasis nuestro.)

Apelaciones

reiteró

determinaciones

de

que

hechos

se

afectaron

seis

Por su parte el Tribunal de

conforme

del

como

tribunal

la

sentencia

y

de

instancia

los

daños alegados en la demanda fueron debidamente probados.

Sin embargo, entendió el foro a quo que de la totalidad del

expediente no surgía “algo que permita conceder alguno de

los daños específicos reclamados.”

Luego

de

estudiar

detenidamente

el

expediente

del

caso, la evidencia presentada y la exposición narrativa de

23

Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo, 31 de julio de 2003, Apéndice del

Certiorari a la pág. 410.

CC-2004-0694

la

33

prueba,

coincidimos

plenamente

con

el

tribunal

sentenciador únicamente en que los actos de los recurridos

constituyeron

un

medioambientales

desastre

de

la

incalculable

propiedad

del

a

los

señor

recursos

Rivera.

No

compartimos, como no comprendemos, la determinación de los

foros inferiores de no adjudicar los daños y desestimar la

demanda

bajo

sustentase

el

los

fundamento

mismos.

de

Dicha

ausencia

de

prueba

que

conclusión

es

claramente

insostenible y errónea.

No albergamos duda en nuestra mente, a base del récord

de este caso, que los daños morales sufridos por la parte

demandante

como

resultado

del

daño

ecológico

que

las

acciones negligentes del demandado causaron en la propiedad

del

señor

Rivera,

incomprensible

que

quedaron

ninguno

plenamente

de

los

dos

probados.

foros

si

Es

quiera

hubiese hecho referencia a los mismos.

Los daños morales

en

Solo

resta

los

tribunales

este

mismos;

caso

fueron

función

plenamente

probados.

para

la

capacitados.

cual

Recalcamos,

el

valuar

los

están

elemento

de

subjetividad es inmanente a la propia naturaleza del daño

moral;

no

por

ello,

sin

embargo,

el

mismo

se

torna

imposible de cuantificar.

Por otro lado y respecto los daños especiales, debemos

consignar que lo cierto es que la prueba presentada no fue

la más idónea y descansó principalmente en el testimonio

del demandante. Además, el desglose de los daños en la

demanda tiene claros visos de hiper-valuación.

Ahora bien,

CC-2004-0694

34

el testimonio del demandante, creído como fue, ofrece base

suficiente

para

poder

cuantificar,

con

cierto

grado

de

objetividad, el monto de algunos de los daños especiales

reclamados. 24

El Tribunal de Primera Instancia impuso la

onerosa carga al peticionario de probar la cuantía de sus

daños especiales con certeza matemática, criterio que ha

sido expresamente rechazado por esta Curia.

Habida cuenta

que estamos ante daños ambientales que ocurrieron hace más

de diez (10) años, este es un caso claro en el que la

reparación

in

Tampoco

viable

es

disminución

natura

en

no

es

computar

valor,

ya

una

alternativa

el

daño

bajo

que

según

el

el

factible.

modelo

de

testimonio

del

peticionario, la propiedad ha experimentado un incremento

en su valor en el mercado, que no refleja el valor de los

recursos ecológicos.

Estimamos que con la prueba que obra

en el expediente puede razonablemente calcularse la cuantía

del daño utilizando una combinación del valor de pérdida de

uso

y

costo

utilizarse

de

como

reemplazo.

base

los

Para

estimados

este

cómputo

brindados

deben

por

el

peticionario en su testimonio así como la prueba pericial.

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos

se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

proceda a determinar la compensación adecuada en proporción

24

Conforme lo antes expresado, el Tribunal de Primera

Instancia deberá reevaluar su determinación de no conceder

partida por el daño especial de pérdida de ingreso; al

igual que por los demás daños físicos sufridos en la

propiedad del demandante, según éstos surgen del informe

pericial.

CC-2004-0694

al

daño

35

sufrido,

de

conformidad

expuestos en esta Opinión.

con

los

principios

En la determinación final de la

compensación a conceder, el tribunal de instancia deberá

considerar

si

el

peticionario,

finca

demandado

a

su

trabajos

de

restauración

al

negarle

que

éste

llevase

que

fueron

para

acceso

al

a

cabo

los

ordenados

por

el

Departamento de Recursos Naturales, incurrió en negligencia

comparada.

deberá

De

proceder

compensación

el

concluir

a

en

la

reducir

porcentaje

afirmativa,

del

monto

el

tribunal

total

de

la

correspondiente

a

su

negligencia.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón

Peticionario

v.

David Díaz Arocho,

Gloria Otero Córdova y

la Sociedad Legal de

Gananciales por ambos

Compuesta, y otros

CC-2004-0694

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión

que

antecede,

los

cuales

se

incorporan íntegramente a la presente, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia

para

que

continúen

los

procedimientos acorde con lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri

disiente con opinión escrita.

Los Jueces

Asociados señor Rebollo López y señor Rivera

Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gonzalo Rivera Colón

Demandante-Peticionario

vs.

David Díaz Arocho, Gloria Otero

Córdova y Otros

Demandados-Recurridos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CC-2004-694

vs.

*

*

Royal and Sunalliance Ins. Co.

*

Certiorari

Codemandada y Tercera

*

Demandante

*

*

vs.

*

*

Drillex S.E. y su Aseguradora

*

General Accident Insurance Co.

*

Tercera-Demandada

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.

En el caso de autos, tanto el foro de instancia como el

foro apelativo se negaron a indemnizar al demandante por los

daños

que

sufrió,

por

la

sencilla

razón

de

que

éste

no

presentó evidencia alguna sobre el valor concreto de tales

daños. Dichos foros concluyeron ambos que el demandante, en

efecto,

sufrió

daños.

Sus

dictámenes

rehusando

conceder

alguna compensación al demandante no se basaron en que la

propiedad del demandante no hubiese sido perjudicada por los

actos negligentes del demandado. Se basaron más bien en el

hecho

de

que

el

demandante

no

aportó

ninguna

prueba

permitiese al tribunal valorizar los daños en cuestión.

que

CC-2004-694

2

El siguiente pasaje de la sentencia del Tribunal de

Apelaciones indica claramente el fundamento de su decisión en

el caso de autos:

“... no encontramos en los autos algo que

permita conceder alguno de los daños específicos

reclamados, pues aunque probada su existencia, no

se probó su valor.

En efecto, en el expediente encontramos

afirmaciones

sobre

el

uso

no

autorizado

de

explosivos y remoción de terreno por parte de los

apelados, así como del desprendimiento de terreno

sobre la propiedad del apelante y la descripción de

los cambios en el flora, fauna y geoestética del

paisaje; los que se atribuyen como posible efecto

de la perturbación ocasionada por los derrumbes. No

obstante, no surge de la prueba, aun tampoco del

informe del perito del apelante, elementos que nos

permitan determinar el impacto causado a la

propiedad o datos de clase alguna que nos permitan

hacer un cómputo de la suma que debió recibir el

apelante.

Tampoco

encontramos

evidencia

que

sostenga la cuantía del importe reclamado en

concepto de pérdida de ingresos, ya que no se

aportó evidencia del beneficio económico percibido

antes de los derrumbes; así como nada encontramos

sobre los daños que se reclama sufrieron las

estructuras existentes en la finca, lo cual pudo

haber sido suplido mediante tasaciones o estudios

donde se valorizaran los daños específicos causados

a la estructura o su depreciación. En consideración

a lo anterior, no podemos fijar el menoscabo

causado a los ingresos o propiedades del apelante,

ya que actuaríamos necesariamente sobre bases

especulativas y arbitrarias si fijáramos una

compensación sin evaluar esos elementos...

En el caso ante nuestra consideración, el

apelante no aportó prueba sobre el importe de los

daños

sufridos,

por

lo

que

nos

encontramos

impedidos de variar la determinación del TPI de no

conceder a éstos una cuantía monetaria en carácter

indemnizatorio.” (Énfasis suplido)

Frente

procedía

a

esta

confirmar

nuestro sistema de

situación

los

de

dictámenes

derecho

es

uno

carencia

a

quo.

evidenciaria,

Como

se

sabe,

de carácter adversativo

CC-2004-694

3

y de naturaleza rogada. Prevalece, en general, el principio

elemental de que le toca al reclamante en un pleito el peso

de la prueba con respecto a sus alegaciones. El demandante

tiene la obligación de poner al juzgador en condiciones de

determinar los daños y perjuicios que ha sufrido. Matos v.

Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 D.P.R. 567 (1987); Cotto v.

C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985); Asoc. Auténtica Empl.

v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981); Vaquería

Garrochales Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978). Veáse,

además, Cuevas Segarra, La Responsabilidad Civil y El Daño

Extracontractual en P.R., Cap. VI.

Reiteradamente

hemos

reconocido

la

dificultad

que

presenta en ocasiones la tarea de aquilatar daños y por ende,

la latitud discrecional que tiene el juzgador de los hechos

para realizar esa difícil tarea. Pero en todo caso, dicha

tarea se tiene que realizar sobre la base de la prueba sobre

el

particular

aportada

en

el

juicio.

Veáse,

Riley

v.

Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Meléndez v.

Lebrón Rodríguez, 111 D.P.R. 45 (1981); Canales Velázquez v.

Rosario Quilés, 107 D.P.R. 757 (1978); Moa v. E.L.A., 100

D.P.R. 573 (1972); Concepción Guzmán v. AFF, 92 D.P.R. 488

(1965);

Baralt

v.

Baéz,

presenta

prueba

alguna

78

D.P.R.

sobre

uno

123

de

Si

no

se

elementos

de

la

(1955).

los

acción, como sucedió aquí con respecto al valor de los daños

sufridos, no procede la reclamación.

La mayoría en su opinión, en lugar de reiterar esta

conocida normativa, opta por otro curso de acción. En lugar

CC-2004-694

4

de confirmar la correcta decisión de los foros a quo, se

dedica más bien a crear una controvertible 25 acción privada

por daños a recursos medioambientales al amparo del Art. 1802

del Código Civil; y a proclamar aun más controversialmente 26

25

En vista de que la Sec. 19 del Art. VI de nuestra

Constitución dispone que será política pública en el país el

aprovechamiento de los recursos naturales “para el beneficio

general de la comunidad”, cabe preguntarse si procede en

Puerto Rico una acción torticera para beneficio de una

persona particular por daños a recursos naturales. ¿Dónde

queda entonces la reparación del interés público? Véase,

Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 724 (1974).

La mayoría del Tribunal no examina esta esencial cuestión.

Tampoco examina la cuestión correlativa de si tal acción

privada procede independientemente del recurso natural en

cuestión. Así pues, ¿procede tal acción privada cuando la

pérdida no es de un recurso “escénico”, como el que resalta

la mayoría aquí, sino de otros recursos naturales de mayor

valor propiamente ecológico que trascienden una finca en

particular, como cuando se trata del hábitat de determinada

fauna o flora que se extiende por una región que abarca

numerosas fincas particulares; o un manantial que nace y

fluye por varios lugares? ¿Qué sucede cuando se trata de un

recurso natural que sólo tiene una presencia pasajera en la

finca privada, como aves migratorias o tortugas que vienen a

anidar allí?

26

A parte del hecho de que el uso por la mayoría aquí de

la figura del “daño moral” no tiene precedente alguno en

nuestra

jurisprudencia,

si

acaso

lo

contrario,

cabe

preguntarse si ese “daño moral” es uno genérico que sufrimos

todas las personas en el país cuando se afecta un recurso

natural que es parte de nuestro patrimonio común, o si se

trata como parece creer la mayoría de un daño que sufrió sólo

el demandante. En tal caso, ¿qué prueba existía aquí de que

éste en efecto experimentó subjetivamente tal daño, más allá

del pesar natural que siente cualquiera por el menoscabo de

una propiedad valiosa, que reiteradamente hemos resuelto que

no es indemnizable? Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 88

D.P.R. 179 (1963); Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111 (1943); Díaz

v. Cancel, 61 D.P.R. (1943). ¿Cómo sabemos que el reclamante

aquí tenía una sensibilidad ambiental especial como para

sufrir un daño moral particular por la acción menoscabante de

un recurso natural?

Por otro lado, no queda claro tampoco porqué un daño

ambiental, que por su naturaleza propia es de ordinario y

deba

resarcirse

medularmente

un

daño

material,

primordialmente como un daño moral.

CC-2004-694

que

se

trata

5

de

una

acción

para

resarcir

un

daño

moral

sufrido por el dueño de la finca deteriorada, que consiste en

esencia en:

“...

la

modificación

disvaliosa

en

la

subjetividad del damnificado derivada de la

lesión a un interés no patrimonial que se traduce

en un modo de estar diferente y anímicamente

perjudicial al que se tenía antes del hecho.”

La mayoría del Tribunal entiende que con tales pautas, el

foro de instancia puede calcular la cuantía del daño sufrido

por el demandante. En efecto, la mayoría instruye al foro de

instancia a utilizar para ello una combinación del método de

valor de pérdida de uso y del método de costo de reemplazo.

Se ordena la utilización de tales medios para calcular el

monto de los daños en el caso de autos, a pesar de que estos

métodos no corresponden de modo alguno al singular daño moral

que se ha de resarcir.

Yo, por mi parte, estimo que en el caso de autos no se

presentó prueba que le permita al tribunal a quo llevar a

cabo una evaluación razonable de los daños probados. Los

equívocos pronunciamientos de la mayoría del Tribunal en su

opinión hacen aun más difícil realizar tal evaluación.

Tampoco entiendo porqué la mayoría, si desea darle una

inusitada segunda ocasión al demandante para presentar ahora

su prueba sobre el valor de los daños sufridos, no lo hace

pautando precisamente el tipo y medios de prueba que serían

procedentes

para

lograr

la

cotización

singulares daños presentes en este caso.

debida

de

los

CC-2004-694

6

En lugar de seguir algunos de los cursos decisorios

referidos, la mayoría del Tribunal opta por idear una nueva

causa de acción en nuestro derecho sobre la responsabilidad

extracontractual, sin

ofrecer a la vez una justificación

suficiente para ello aquí, ni presentar una conceptualización

clara y coherente de tal causa de acción. Este proceder es

particularmente sorprendente en vista de que la mayoría del

Tribunal

reconoce

en

su

propia

opinión

que

en

otras

jurisdicciones daños como los que aquí nos conciernen se

dilucidan mediante reclamaciones basadas en el derecho de

propiedad. Esa realidad ha debido servir de precaución a la

mayoría en cuanto a aventurarse a abrir brechas rudimentarias

en casos como el de autos.

Es por todo lo anterior que no estoy conforme con la

opinión mayoritaria y por ello, disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO