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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Walter Colón Rivera

2005 TSPR 107

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Walter Colón Rivera

TS-000010878

30 de junio de 2005 · Faltas a la fe Pública Notarial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

2005 TSPR 107

In re:

165 DPR ____

Walter Colón Rivera

Número del Caso: TS-10878

Fecha: 30 de junio de 2005

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Carmen H. Carlos

Directora

Abogado del Querellado:

Lcdo. Pedro Malavet Vega

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el

28 de julio de 2005.)

día

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-10878

Walter Colón Rivera

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.

El 18 de junio de 2004 la Oficina de Inspección de

Notarias presentó ante este Tribunal un Informe sobre

el estado de la notaría del Lcdo. Walter Colón Rivera.

Tras

varios

trámites

para

subsanar

las

deficiencias

señaladas, el 24 de mayo de 2005 la Oficina sometió

moción

en

cumplimiento

de

orden,

en

torno

a

la

comparecencia del Lcdo. Colón Rivera de 23 de julio de

2004, en la cual éste se expresó sobre las deficiencias

señaladas e informó de las gestiones realizadas para

corregirlas.

El

licenciado

Colón

Rivera

compareció

nuevamente el 5 de junio de 2005, reaccionando a la

moción de la Oficina. Esta vez compareció representado

por

abogado.

TS-10878

3

La Oficina señala que de las cuatro deficiencias que el

licenciado

Colón

insubsanables.

Rivera

Respecto

no

a

ha

logrado

otra,

discrepa

subsanar,

del

dos

son

criterio

del

licenciado Colón Rivera, quien opina que no se configura defecto

alguno.

La consideración del expediente y las alegaciones de la

Oficina,

junto

Rivera,

nos

a

las

llevan

a

comparecencias

ordenar

su

del

Lcdo.

suspensión

notarial por un término de tres (3) meses.

de

Walter

la

Colón

práctica

Decretamos esta

medida de carácter temporero movidos por el convencimiento de que

no hubo en el ánimo del notario intención de subvertir su función

y que, según explica en su última comparecencia, “en el proceso

aprendió y aclaró todas sus dudas sobre la conducta a seguir y

... reorientó su práctica... hasta el punto de que sus protocolos

posteriores al año en que surgieron los problemas, han cumplido

bien y fielmente con las normas notariales y han sido debidamente

aprobados por la Oficina de Inspección de Notarías.”

I.

La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio

de 1987, 4 LPRA sec.

dual.

Et seq., le impone al notario una función

Por un lado, sirve como agente instrumental del documento

notarial, por el otro, es un profesional del Derecho con el deber

de asesorar y aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón

Ramery, 133 DPR 555 (1993).

TS-10878

El

4

abogado

notario

representa

la

fe

pública.

Es

el

testigo por excelencia que da forma al convenio entre las partes.

Como tal, tiene el deber afirmativo de dar fe expresa “de su

conocimiento personal de los otorgantes o, en su defecto, de

haberse asegurado de su identidad” por los medios establecidos en

la ley.

Además, deberá dar fe de la capacidad legal de los

comparecientes para otorgar el acto o contrato de que se trate.

Artículo 15, Ley Notarial, 4 LPRA 2033 (e).

Como parte de su función el notario tiene el deber de

asesorar y advertir sobre los aspectos legales del instrumento

que ante él se otorgan y que éste autoriza.

El notario no es un

simple observador de un negocio que ante él se otorga. Su función

no se limita a cerciorarse de la identidad de las partes y de la

autenticidad

de

sus

fincas.

El

notario

ostenta

una

función

pública que “trasciende la de un autómata legalizador de firmas y

penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se

concreta.”

La

In re Colón Ramery, supra.

labor

notarial

debe

ser

ejercida

con

sumo

esmero,

cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la Ley

Notarial y los Cánones de Ética Profesional.

In re Pizarro

Colón, res. el 25 de mayo de 2000, 2000 TSPR 106; In re Vera

Vélez, res. el 5 de abril de 1999, 99 TSPR 46.

Dentro

de

estos

parámetros

sucedido en este caso.

II.

normativos,

examinemos

lo

TS-10878

5

De los informes que constan en autos se desprende que en

la escritura sobre Testamento Abierto del 3 de julio de 1997, el

notario no dio fe de conocer al testador y no pudo corregir esta

deficiencia, toda vez que al momento de la inspección el testador

ya había fallecido.

explica que:

En su más reciente comparecencia, el notario

“...tal hecho no había producido daño alguno. Los

herederos tramitaron la correspondiente declaratoria de herederos

y se dividieron la única propiedad existente....

Dicho error no

se ha vuelto a cometer y el notario tiene perfectamente clara la

necesidad de hacer constar dicho conocimiento en los documentos

testamentarios.”

Por

Compraventa,

otra

del

parte,

en

14

noviembre

de

la

escritura

de

2001

número

45

sobre

(folio

201),

el

compareciente Lalo José Martínez Cardona enajenó un bien inmueble

perteneciente a los menores de edad José Martínez Rojas y José

Enrique

Martínez

Rojas,

por

la

suma

de

$30,000,

sin

obtener

autorización judicial previa. Tampoco se justificó la capacidad

representativa para comparecer en nombre de los menores. En su

comparecencia, el notario informó que gestionó y obtuvo en el

caso Núm. BEX 2003-0032 una Resolución del Tribunal de Primera

Instancia, fechada 4 de marzo de 2004, que impartió su aprobación

a la venta de los bienes y “ratific[ó] en todas sus partes” la

Escritura Núm. 45 de 14 de noviembre de 2001. Indica que luego

autorizó la Escritura Núm. 25 de 7 de julio de 2004, sobre

Ratificación, en la cual comparecieron los padres de los menores

para ratificar la transacción, anexándole a ésta la Resolución

mencionada.

TS-10878

El

6

notario

hace

hincapié

en

que

a

la

fecha

de

la

escritura original, el menor de los jóvenes envueltos en esta

situación

“iniciaba estudios universitarios.”

Además, informa

que los menores, dos de ellos actualmente mayores de edad y el

menor

de

ellos

de

20

años,

“declararon

en

la

vista

de

autorización judicial y fueron representados por una procuradora

de

menores.

Así

lo

dice

expresamente

la

Resolución

del

Juez

Superior Rubén Darío Bonilla del 4 de marzo de 2004, ya enviada a

la Hon. Directora y a este Honorable Tribunal.” En la Resolución

indicada se informa lo siguiente:

1)

La residencia de los menores se vendió porque estaba

deteriorada y no habían recursos económicos para

repararla.

2)

El dinero producto de esta venta fue utilizado para

la reparación de otra residencia propiedad de los

padres de los menores de edad, ubicada en la Calle

Betances #10 de Coamo, Puerto Rico.

3)

Mediante escritura de Donación #43 con fecha de 23

de septiembre de 2003 ante el notario Walter Colón

Rivera el Sr. Lalo José Martínez Cardona dona su

parte ganancial de dicha residencia a sus hijos Lalo

José Martínez Rojas, José Enrique Martínez Rojas e

Irmaris Martínez Rojas.

4)

Se presentó un documento de tasación de dicha

residencia preparado por el tasador Humberto Martín

Martínez, licencia #749, en la cual la propiedad

donada tasa la cantidad de $55,000.00.

5)

Los jóvenes Lalo José y José Enrique están de

acuerdo que se le haya incluido a su hermana Irmaris

en dicha donación.

6)

Los

solares

en

los

que

se

encuentran

ambas

propiedades, tanto la vendida propiedad de los

menores como la donada que pertenecía a Lalo José

Martínez Cardona, pertenecen al Municipio de Coamo,

por lo que no se vislumbran problemas ante el

Registro.

TS-10878

7

En su decisión, el Tribunal de Primera Instancia señala

que:

“Ponderada

la

prueba

y

contando

con

la

aprobación

y

consentimiento de la Procuradora de la Familia, este Tribunal

encuentra

que

la

venta

de

la

propiedad

perteneciente

a

los

menores de edad se hizo en el mejor bienestar de los mismos y en

vista de que ellos no fueron afectados imparte su aprobación y

ratifica en todas sus partes la escritura de compraventa #45 del

14 de noviembre de 2001 ante el Notario Walter Colón Rivera.”

La Oficina de Inspección de Notarías sostiene que según

nuestro ordenamiento y la jurisprudencia que lo interpreta, la

escritura original otorgada en ausencia de autorización judicial

es insubsanable.

Por su parte, el notario argumenta que los

casos citados por la Directora de la Oficina son distinguibles

del de autos.

Aduce que en el caso F. Zayas, S. en C. V. Torres,

51 DPR 796 (1937) la intención de defraudar a los menores era

evidente, contrario a lo sucedido en el caso de los menores

Martínez Rojas.

Asimismo entiende que In re López Olmedo, 125

DPR 265 (1990), por tratarse de una sentencia, no constituye

precedente,

como

tampoco

lo

son

las

distintas

opiniones

concurrentes y disidentes allí emitidas, en las que se basa el

Informe de la Oficina.

No tenemos que resolver esta controversia, sobre la cual,

según resalta una de las opiniones concurrentes en In re López

Olmedo, supra, en la pág. 293, “no hay unanimidad de criterios en

este Foro apelativo”, para resolver en torno a la conducta del

notario

al

autorizar

la

escritura

original

de

compraventa.

Coincidimos con la Oficina de Inspección de Notarias en cuanto a

TS-10878

8

que la compraventa de los bienes en este caso requería obtener

autorización

judicial

previa,

para

que

el

notario

pudiera

autorizar el negocio. Al no hacerlo así, el notario incumplió con

un precepto fundamental en el ejercicio de su función: “dar fe y

autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos [...]

que ante él se realicen.” Artículo 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA

2002.

Véase In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287 (1999).1

III.

Por último, la Oficina de Inspección de Notarías trajo a

nuestra atención el asiento 1844 del Registro de Testimonios del

notario, sobre juramentación de traspaso y título de vehículo de

1

El Código

establece:

Civil,

en

su

artículo

1211,

31

LPRA

§3376,

Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar

por éste debidamente autorizado o sin que tenga por

la ley su representación legal.

El contrato celebrado a nombre de otro por quien no

tenga su autorización o representación legal será

nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo

nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra

parte contratante.

El artículo 158 del Código Civil, 31 LPRA §616, establece:

El ejercicio de la patria potestad no autoriza a

ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes

inmuebles de clase alguna, o mueble cuyo valor exceda

de dos mil dólares, pertenecientes al hijo y que

estén bajo la administración de ambos o de cualquiera

de ellos, sin previa autorización de la Sala del

Tribunal de Primera Instancia en que los bienes

radiquen, previa comprobación de la necesidad o

utilidad de la enajenación o del gravamen y de

acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a

procedimientos legales especiales.

TS-10878

motor.

9

En éste, el notario anota que Ángel Caraballo firma por

José Burgos Avilés para traspasar el vehículo a Elizabeth Rosa

Vélez. Aduce la Oficina que:

Desde

el

punto

de

vista

notarial,

es

imprescindible, en este tipo de declaraciones

juradas la comparecencia personal y el conocimiento

de los firmantes. Por tal motivo, que alguien firme

por quien aún figura como titular del vehículo sin

que se haga constar la documentación que evidencie

su capacidad resulta, a nuestro entender, contrario

a la garantía de legitimidad y confianza pública

que la intervención notarial brinda en tales casos.

Tal garantía requiere “que los

notarios observen

escrupulosamente

el

mandato

de

ley

sobre

comparecencia y conocimiento de los otorgantes,

particularmente en instancias de traspasos de

licencias de motor.”

In re Florentino Machargo

Barreras, Opinión Per Curiam del 16 de marzo de

2004.

Aunque

manera

se

acepta

salva

en

que

el

“este

tipo

de

práctica

Registro

de

Vehículos

de

de

alguna

Motor

del

Departamento de Obras Públicas”, la Oficina insiste en que “en

cuanto a la responsabilidad del notario y la mejor práctica

notarial no es suficiente dar fe del conocimiento personal de

un firmante, sino también de la capacidad o carácter en que

firma.”

Respecto a esto, el notario explica lo siguiente:

El señor Ángel Caraballo acostumbraba adquirir

vehículos reposeídos por instituciones bancarias,

obtenía de las mismas los documentos necesarios de

traspaso y luego vendía los mismos. En la fecha

indicada, el propietario verdadero, que era Ángel

Caraballo, suscribe un documento de traspaso de

título a favor de Elizabeth Rosa Vélez.

En la

notificación contenida en el Índice Notarial se

hace constar que quien firma es el señor Ángel

Caraballo, según obra en el anejo II de la Moción

de la Hon. Directora. En la indicada comparecencia

de la Hon. Directora, parece implicarse que el

vendedor firmante no tenía autoridad para hacerlo.

Esto es un error. Se trata de una práctica legal,

TS-10878

10

común y corriente del tráfico de automóviles, toda

vez que las entidades que embargan el vehículo no

pagado no siempre pueden conseguir que los dueños

anteriores comparezcan para la firma del traspaso.

El notario se aseguró completamente de que el

compareciente era el propietario real y estaba

autorizado por el banco para realizar el traspaso.”

(Énfasis nuestro)

Hemos constatado que en su primer informe, del 15 de

junio

de

2004,

la

Oficina

reconoce

que

“Caraballo

tenía

autorización escrita y era dueño para todos los efectos de esos

vehículos, de acuerdo a declaraciones juradas en la que el

propietario deudor le cedía sus derechos al banco y el banco

mediante

declaraciones

Caraballo.

En

todos

juradas

y

cada

cedía

uno

de

sus

derechos

al

los

testimonios

señor

se

le

requería esa documentación y entonces se procedía a firmar por

el que aparecía en la licencia que no era el dueño.” (Énfasis

nuestro).

calce,

Además, en ese informe se establece, en una nota al

que

“el

notario

acompañó

copia

de

documentos

acareditativos de la cesión de derechos al señor Caraballo.”

(Énfasis nuestro).

Podemos estar de acuerdo en que el notario debió hacer

constar

lo

anterior

con

mayor

claridad

en

el

documento

notarizado y en la notificación mediante el índice, pero nos

parece

evidente

que

no

hacerlo

fue

más

bien

un

error

de

expresión y no un acto impropio o ilegal.

Considerado

todo

lo

anterior,

se

dictará

sentencia

mediante la cual se suspenderá al Lcdo. Walter Colón Rivera del

ejercicio de la notaría por el término de tres (3) meses y

hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

Se ordena a la

TS-10878

Oficina

11

del

Alguacil

que

incaute

su

obra

notarial

para

el

trámite de rigor correspondiente por la Directora de Inspección

de Notarías.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

TS-10878

12

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-10878

Walter Colón Rivera

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se dicta Sentencia y se

suspende al Lcdo. Walter Colón Rivera del ejercicio de

la notaría por el término tres (3) meses, contados

desde la notificación de la presente.

Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute la

obra notarial del licenciado Colón Rivera para que sea

remitida y examinada y oportunamente objeto de un

Informe por parte de la Oficina de Inspección de

Notarías.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo