Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Walter Colón Rivera
2005 TSPR 107
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Walter Colón Rivera
TS-000010878
30 de junio de 2005 · Faltas a la fe Pública Notarial
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
2005 TSPR 107
In re:
165 DPR ____
Walter Colón Rivera
Número del Caso: TS-10878
Fecha: 30 de junio de 2005
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Abogado del Querellado:
Lcdo. Pedro Malavet Vega
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el
28 de julio de 2005.)
día
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-10878
Walter Colón Rivera
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
El 18 de junio de 2004 la Oficina de Inspección de
Notarias presentó ante este Tribunal un Informe sobre
el estado de la notaría del Lcdo. Walter Colón Rivera.
Tras
varios
trámites
para
subsanar
las
deficiencias
señaladas, el 24 de mayo de 2005 la Oficina sometió
moción
en
cumplimiento
de
orden,
en
torno
a
la
comparecencia del Lcdo. Colón Rivera de 23 de julio de
2004, en la cual éste se expresó sobre las deficiencias
señaladas e informó de las gestiones realizadas para
corregirlas.
El
licenciado
Colón
Rivera
compareció
nuevamente el 5 de junio de 2005, reaccionando a la
moción de la Oficina. Esta vez compareció representado
por
abogado.
TS-10878
3
La Oficina señala que de las cuatro deficiencias que el
licenciado
Colón
insubsanables.
Rivera
Respecto
no
a
ha
logrado
otra,
discrepa
subsanar,
del
dos
son
criterio
del
licenciado Colón Rivera, quien opina que no se configura defecto
alguno.
La consideración del expediente y las alegaciones de la
Oficina,
junto
Rivera,
nos
a
las
llevan
a
comparecencias
ordenar
su
del
Lcdo.
suspensión
notarial por un término de tres (3) meses.
de
Walter
la
Colón
práctica
Decretamos esta
medida de carácter temporero movidos por el convencimiento de que
no hubo en el ánimo del notario intención de subvertir su función
y que, según explica en su última comparecencia, “en el proceso
aprendió y aclaró todas sus dudas sobre la conducta a seguir y
... reorientó su práctica... hasta el punto de que sus protocolos
posteriores al año en que surgieron los problemas, han cumplido
bien y fielmente con las normas notariales y han sido debidamente
aprobados por la Oficina de Inspección de Notarías.”
I.
La Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio
de 1987, 4 LPRA sec.
dual.
Et seq., le impone al notario una función
Por un lado, sirve como agente instrumental del documento
notarial, por el otro, es un profesional del Derecho con el deber
de asesorar y aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón
Ramery, 133 DPR 555 (1993).
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El
4
abogado
notario
representa
la
fe
pública.
Es
el
testigo por excelencia que da forma al convenio entre las partes.
Como tal, tiene el deber afirmativo de dar fe expresa “de su
conocimiento personal de los otorgantes o, en su defecto, de
haberse asegurado de su identidad” por los medios establecidos en
la ley.
Además, deberá dar fe de la capacidad legal de los
comparecientes para otorgar el acto o contrato de que se trate.
Artículo 15, Ley Notarial, 4 LPRA 2033 (e).
Como parte de su función el notario tiene el deber de
asesorar y advertir sobre los aspectos legales del instrumento
que ante él se otorgan y que éste autoriza.
El notario no es un
simple observador de un negocio que ante él se otorga. Su función
no se limita a cerciorarse de la identidad de las partes y de la
autenticidad
de
sus
fincas.
El
notario
ostenta
una
función
pública que “trasciende la de un autómata legalizador de firmas y
penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se
concreta.”
La
In re Colón Ramery, supra.
labor
notarial
debe
ser
ejercida
con
sumo
esmero,
cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la Ley
Notarial y los Cánones de Ética Profesional.
In re Pizarro
Colón, res. el 25 de mayo de 2000, 2000 TSPR 106; In re Vera
Vélez, res. el 5 de abril de 1999, 99 TSPR 46.
Dentro
de
estos
parámetros
sucedido en este caso.
II.
normativos,
examinemos
lo
TS-10878
5
De los informes que constan en autos se desprende que en
la escritura sobre Testamento Abierto del 3 de julio de 1997, el
notario no dio fe de conocer al testador y no pudo corregir esta
deficiencia, toda vez que al momento de la inspección el testador
ya había fallecido.
explica que:
En su más reciente comparecencia, el notario
“...tal hecho no había producido daño alguno. Los
herederos tramitaron la correspondiente declaratoria de herederos
y se dividieron la única propiedad existente....
Dicho error no
se ha vuelto a cometer y el notario tiene perfectamente clara la
necesidad de hacer constar dicho conocimiento en los documentos
testamentarios.”
Por
Compraventa,
otra
del
parte,
en
14
noviembre
de
la
escritura
de
2001
número
45
sobre
(folio
201),
el
compareciente Lalo José Martínez Cardona enajenó un bien inmueble
perteneciente a los menores de edad José Martínez Rojas y José
Enrique
Martínez
Rojas,
por
la
suma
de
$30,000,
sin
obtener
autorización judicial previa. Tampoco se justificó la capacidad
representativa para comparecer en nombre de los menores. En su
comparecencia, el notario informó que gestionó y obtuvo en el
caso Núm. BEX 2003-0032 una Resolución del Tribunal de Primera
Instancia, fechada 4 de marzo de 2004, que impartió su aprobación
a la venta de los bienes y “ratific[ó] en todas sus partes” la
Escritura Núm. 45 de 14 de noviembre de 2001. Indica que luego
autorizó la Escritura Núm. 25 de 7 de julio de 2004, sobre
Ratificación, en la cual comparecieron los padres de los menores
para ratificar la transacción, anexándole a ésta la Resolución
mencionada.
TS-10878
El
6
notario
hace
hincapié
en
que
a
la
fecha
de
la
escritura original, el menor de los jóvenes envueltos en esta
situación
“iniciaba estudios universitarios.”
Además, informa
que los menores, dos de ellos actualmente mayores de edad y el
menor
de
ellos
de
20
años,
“declararon
en
la
vista
de
autorización judicial y fueron representados por una procuradora
de
menores.
Así
lo
dice
expresamente
la
Resolución
del
Juez
Superior Rubén Darío Bonilla del 4 de marzo de 2004, ya enviada a
la Hon. Directora y a este Honorable Tribunal.” En la Resolución
indicada se informa lo siguiente:
1)
La residencia de los menores se vendió porque estaba
deteriorada y no habían recursos económicos para
repararla.
2)
El dinero producto de esta venta fue utilizado para
la reparación de otra residencia propiedad de los
padres de los menores de edad, ubicada en la Calle
Betances #10 de Coamo, Puerto Rico.
3)
Mediante escritura de Donación #43 con fecha de 23
de septiembre de 2003 ante el notario Walter Colón
Rivera el Sr. Lalo José Martínez Cardona dona su
parte ganancial de dicha residencia a sus hijos Lalo
José Martínez Rojas, José Enrique Martínez Rojas e
Irmaris Martínez Rojas.
4)
Se presentó un documento de tasación de dicha
residencia preparado por el tasador Humberto Martín
Martínez, licencia #749, en la cual la propiedad
donada tasa la cantidad de $55,000.00.
5)
Los jóvenes Lalo José y José Enrique están de
acuerdo que se le haya incluido a su hermana Irmaris
en dicha donación.
6)
Los
solares
en
los
que
se
encuentran
ambas
propiedades, tanto la vendida propiedad de los
menores como la donada que pertenecía a Lalo José
Martínez Cardona, pertenecen al Municipio de Coamo,
por lo que no se vislumbran problemas ante el
Registro.
TS-10878
7
En su decisión, el Tribunal de Primera Instancia señala
que:
“Ponderada
la
prueba
y
contando
con
la
aprobación
y
consentimiento de la Procuradora de la Familia, este Tribunal
encuentra
que
la
venta
de
la
propiedad
perteneciente
a
los
menores de edad se hizo en el mejor bienestar de los mismos y en
vista de que ellos no fueron afectados imparte su aprobación y
ratifica en todas sus partes la escritura de compraventa #45 del
14 de noviembre de 2001 ante el Notario Walter Colón Rivera.”
La Oficina de Inspección de Notarías sostiene que según
nuestro ordenamiento y la jurisprudencia que lo interpreta, la
escritura original otorgada en ausencia de autorización judicial
es insubsanable.
Por su parte, el notario argumenta que los
casos citados por la Directora de la Oficina son distinguibles
del de autos.
Aduce que en el caso F. Zayas, S. en C. V. Torres,
51 DPR 796 (1937) la intención de defraudar a los menores era
evidente, contrario a lo sucedido en el caso de los menores
Martínez Rojas.
Asimismo entiende que In re López Olmedo, 125
DPR 265 (1990), por tratarse de una sentencia, no constituye
precedente,
como
tampoco
lo
son
las
distintas
opiniones
concurrentes y disidentes allí emitidas, en las que se basa el
Informe de la Oficina.
No tenemos que resolver esta controversia, sobre la cual,
según resalta una de las opiniones concurrentes en In re López
Olmedo, supra, en la pág. 293, “no hay unanimidad de criterios en
este Foro apelativo”, para resolver en torno a la conducta del
notario
al
autorizar
la
escritura
original
de
compraventa.
Coincidimos con la Oficina de Inspección de Notarias en cuanto a
TS-10878
8
que la compraventa de los bienes en este caso requería obtener
autorización
judicial
previa,
para
que
el
notario
pudiera
autorizar el negocio. Al no hacerlo así, el notario incumplió con
un precepto fundamental en el ejercicio de su función: “dar fe y
autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos [...]
que ante él se realicen.” Artículo 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA
2002.
Véase In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287 (1999).1
III.
Por último, la Oficina de Inspección de Notarías trajo a
nuestra atención el asiento 1844 del Registro de Testimonios del
notario, sobre juramentación de traspaso y título de vehículo de
1
El Código
establece:
Civil,
en
su
artículo
1211,
31
LPRA
§3376,
Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar
por éste debidamente autorizado o sin que tenga por
la ley su representación legal.
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no
tenga su autorización o representación legal será
nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo
nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra
parte contratante.
El artículo 158 del Código Civil, 31 LPRA §616, establece:
El ejercicio de la patria potestad no autoriza a
ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes
inmuebles de clase alguna, o mueble cuyo valor exceda
de dos mil dólares, pertenecientes al hijo y que
estén bajo la administración de ambos o de cualquiera
de ellos, sin previa autorización de la Sala del
Tribunal de Primera Instancia en que los bienes
radiquen, previa comprobación de la necesidad o
utilidad de la enajenación o del gravamen y de
acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a
procedimientos legales especiales.
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motor.
9
En éste, el notario anota que Ángel Caraballo firma por
José Burgos Avilés para traspasar el vehículo a Elizabeth Rosa
Vélez. Aduce la Oficina que:
Desde
el
punto
de
vista
notarial,
es
imprescindible, en este tipo de declaraciones
juradas la comparecencia personal y el conocimiento
de los firmantes. Por tal motivo, que alguien firme
por quien aún figura como titular del vehículo sin
que se haga constar la documentación que evidencie
su capacidad resulta, a nuestro entender, contrario
a la garantía de legitimidad y confianza pública
que la intervención notarial brinda en tales casos.
Tal garantía requiere “que los
notarios observen
escrupulosamente
el
mandato
de
ley
sobre
comparecencia y conocimiento de los otorgantes,
particularmente en instancias de traspasos de
licencias de motor.”
In re Florentino Machargo
Barreras, Opinión Per Curiam del 16 de marzo de
2004.
Aunque
manera
se
acepta
salva
en
que
el
“este
tipo
de
práctica
Registro
de
Vehículos
de
de
alguna
Motor
del
Departamento de Obras Públicas”, la Oficina insiste en que “en
cuanto a la responsabilidad del notario y la mejor práctica
notarial no es suficiente dar fe del conocimiento personal de
un firmante, sino también de la capacidad o carácter en que
firma.”
Respecto a esto, el notario explica lo siguiente:
El señor Ángel Caraballo acostumbraba adquirir
vehículos reposeídos por instituciones bancarias,
obtenía de las mismas los documentos necesarios de
traspaso y luego vendía los mismos. En la fecha
indicada, el propietario verdadero, que era Ángel
Caraballo, suscribe un documento de traspaso de
título a favor de Elizabeth Rosa Vélez.
En la
notificación contenida en el Índice Notarial se
hace constar que quien firma es el señor Ángel
Caraballo, según obra en el anejo II de la Moción
de la Hon. Directora. En la indicada comparecencia
de la Hon. Directora, parece implicarse que el
vendedor firmante no tenía autoridad para hacerlo.
Esto es un error. Se trata de una práctica legal,
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10
común y corriente del tráfico de automóviles, toda
vez que las entidades que embargan el vehículo no
pagado no siempre pueden conseguir que los dueños
anteriores comparezcan para la firma del traspaso.
El notario se aseguró completamente de que el
compareciente era el propietario real y estaba
autorizado por el banco para realizar el traspaso.”
(Énfasis nuestro)
Hemos constatado que en su primer informe, del 15 de
junio
de
2004,
la
Oficina
reconoce
que
“Caraballo
tenía
autorización escrita y era dueño para todos los efectos de esos
vehículos, de acuerdo a declaraciones juradas en la que el
propietario deudor le cedía sus derechos al banco y el banco
mediante
declaraciones
Caraballo.
En
todos
juradas
y
cada
cedía
uno
de
sus
derechos
al
los
testimonios
señor
se
le
requería esa documentación y entonces se procedía a firmar por
el que aparecía en la licencia que no era el dueño.” (Énfasis
nuestro).
calce,
Además, en ese informe se establece, en una nota al
que
“el
notario
acompañó
copia
de
documentos
acareditativos de la cesión de derechos al señor Caraballo.”
(Énfasis nuestro).
Podemos estar de acuerdo en que el notario debió hacer
constar
lo
anterior
con
mayor
claridad
en
el
documento
notarizado y en la notificación mediante el índice, pero nos
parece
evidente
que
no
hacerlo
fue
más
bien
un
error
de
expresión y no un acto impropio o ilegal.
Considerado
todo
lo
anterior,
se
dictará
sentencia
mediante la cual se suspenderá al Lcdo. Walter Colón Rivera del
ejercicio de la notaría por el término de tres (3) meses y
hasta que otra cosa disponga este Tribunal.
Se ordena a la
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Oficina
11
del
Alguacil
que
incaute
su
obra
notarial
para
el
trámite de rigor correspondiente por la Directora de Inspección
de Notarías.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
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Walter Colón Rivera
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integral de la presente, se dicta Sentencia y se
suspende al Lcdo. Walter Colón Rivera del ejercicio de
la notaría por el término tres (3) meses, contados
desde la notificación de la presente.
Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute la
obra notarial del licenciado Colón Rivera para que sea
remitida y examinada y oportunamente objeto de un
Informe por parte de la Oficina de Inspección de
Notarías.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo