Tribunal Supremo de Puerto Rico
Miguel Morán Ríos, et al v. Oscar Marti Bardisona, et al
2005 TSPR 110
Poder Judicial de Puerto Rico
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Miguel Morán Ríos, et al v. Oscar Marti Bardisona, et al
CC-2004-0780
5 de agosto de 2005 · Derecho apelativo: Requisitos formales jurisdiccionales de la apelación civil
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Morán Rios, et al.
Demandantes-Recurridos
Certiorari
v.
2005 TSPR 110
Oscar Marti Bardisona, et al.
165 DPR ____
Demandados-Peticionarios
Número del Caso: CC-2004-780
Fecha: 5 de agosto de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Roberto Vélez Baez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge L. Suarez Montes
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Morán Rios, et al.
Demandantes-Recurridos
v.
CC-2004-780
Oscar Marti Bardisona, et al.
Demandados-Peticionarios
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2005
Nos corresponde resolver en esta ocasión si
procede
revocar
la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal de Apelaciones por carecer ese tribunal
de jurisdicción para dilucidar los méritos de la
apelación
presentada,
por
cuanto
el
recurso
instado incumplía con los requisitos exigidos por
el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y las
Reglas
de
contenido
Procedimiento
de
un
escrito
Civil
de
que
regulan
apelación.
el
Por
entender que el foro apelativo asumió jurisdicción
impropiamente, revocamos su determinación.
CC-2004-780
2
I
Los hechos del caso de autos son sencillos y sobre los
mismos no hay controversia alguna.
El 19 de agosto de 1997 los demandantes, el señor
Miguel Morán Ríos, la señora Iris Trinidad Vélez, por sí y
en representación de la menor Janis Morán Trinidad (los
demandantes
o
los
esposos
Morán-Trinidad),
instaron
una
demanda en daños y perjuicios contra el señor Oscar Martí
Bardisona, su esposa y la sociedad legal de gananciales
(los
demandados
reclamaron
por
o
los
unos
esposos
daños
Martí).
Los
alegadamente
demandantes
sufridos
como
resultado de un accidente automovilístico que involucraba a
los demandados.
El caso de autos ha proseguido un trámite azaroso en
el fallido intento de la parte demandante de diligenciar
los emplazamientos a los esposos Martí.
Baste señalar que
seis
demanda,
años
después
de
presentarse
la
aun
los
demandados no han sido emplazados correctamente.
La demanda en este caso se instó en agosto de 1997.
Once meses más tarde, los demandantes solicitaron que los
esposos Martí fuesen emplazados mediante edicto.
hizo
y
posteriormente
se
les
anotó
la
Así se
rebeldía.
Los
demandados y su compañía de seguros acudieron al tribunal
de
instancia
tribunal,
y,
sin
impugnaron
anotación de rebeldía.
someterse
el
a
la
emplazamiento
jurisdicción
por
edicto
del
y
la
Eventualmente ese planteamiento fue
dilucidado ante el Tribunal de Apelaciones quien anuló los
CC-2004-780
3
emplazamientos por edicto y dejó sin efecto la anotación de
rebeldía ordenando que se emplazara nuevamente.
Devuelto
el
caso
procuraron
diligenciar
demandados.
Todos
Eventualmente,
el
a
instancia,
los
los
demandantes
emplazamientos
intentos
tribunal
los
de
fueron
instancia
de
los
infructuosos.
les
concedió
un
término final de treinta (30) días para diligenciar los
mismos.
seis
Advirtió en su orden que habían transcurrido ya
años
desde
que
se
presentó
la
demanda
sin
que
se
hubiese adquirido jurisdicción sobre los esposos Martí, por
lo
que
su
orden
era
final
e
improrrogable
y
su
incumplimiento acarrearía la desestimación de la demanda.
Esta determinación fue notificada tanto a la representación
legal de la parte demandante como a los esposos MoránTrinidad.
Los demandantes incumplieron y el foro primario
desestimó la demanda.
La sentencia fue dictada el 18 de
noviembre de 2003 y archivada en autos el 8 de diciembre de
2003.
Inconforme con esa determinación, el 19 de diciembre
de 2003, dentro del término jurisdiccional para apelar, la
parte
demandante
acudió
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
mediante un escrito que tituló en su carátula “Apelación
solicitud
término”.
El
cuerpo
del
consta de cinco (5) acápites, a saber:
se
invoca
la
jurisdicción
del
escrito
presentado
el primero, donde
tribunal;
el
segundo,
describe la sentencia apelada; el tercero contiene una muy
sucinta relación de los hechos del caso.
acápite se identificó como error lo siguiente:
En el cuarto
“Erro (sic)
CC-2004-780
4
Instancia al decretar la desestimación de la demanda sin
celebrar
una
vista
en
sus
méritos,
para
determinar
la
responsabilidad de la aseguradora, en las circunstancias de
este caso, estando bajo la jurisdicción del Tribunal.”
quinto
acápite
apelar.”
se
tituló
“solicitud
de
término
El
para
El texto completo informa lo siguiente:
El
abogado
que
suscribe
tiene
previamente
programado pasar fuera de Puerto Rico el periodo
navideño,
junto
a
sus
hijas
y
nietos
en
Washington y Boston, y no regresamos hasta pasado
los Reyes, por lo que le será imposible preparar
el recurso de Apelación dentro del término
jurisdiccional
exponiendo
en
detalle
los
fundamentos
a
los
errores
cometidos
por
Instancia.
Ante esta situación con el mayor de
los respetos solicitamos de este Hon. Tribunal
nos permita, el término de treinta días para
apelar ha (sic) partir del 15 de enero de 2004.
(Énfasis nuestro.)
El escrito presentado obvió por completo la discusión del
error señalado en el mismo.
Luego de esta sección solo
aparece la súplica, firma del abogado y, la certificación
de notificación a las partes.
El 3 de marzo de 2004, fuera del plazo para apelar,
los
demandantes
apelación”.
del
error
presentaron
un
“escrito
suplementario
a
En este documento, hay un intento de discusión
señalado,
que
como
vimos,
no
se
hizo
en
la
apelación presentada dentro del término jurisdiccional para
apelar.
Ahora bien, cabe destacar, que en este documento
los demandantes modificaron el error originalmente señalado
y cuestionaron, por primera vez en alzada, que no se les
CC-2004-780
5
concediera
una
prórroga
para
diligenciar
los
emplazamientos.1
La
parte
Apelaciones
demandada
entendiera
se
opuso
en
la
a
que
el
“apelación”
Tribunal
de
presentada
y
solicitó del foro apelativo que desestimara la misma por
falta
de
jurisdicción.
Apuntó
en
su
escrito
que
el
demandante había presentado una solicitud de prórroga no
una apelación.
Indicó también que el apéndice del recurso
estaba incompleto por lo que no cumplía con las exigencias
del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el Reglamento).
El 28 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelaciones
dictó
sentencia
imponiéndole
al
revocando
al
tribunal
abogado
del
demandante
económica de $500.00.
discutió
el
asunto
de
instancia
una
e
sanción
Como cuestión de umbral, el tribunal
sobre
su
jurisdicción.
Sobre
este
particular el foro apelativo enmarcó su discusión en la Ley
de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A.
secs. 24 et seq., donde se promueve el mayor acceso de la
ciudadanía a los procesos judiciales “eliminando obstáculos
y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los
1
El
error señalado ahora lee de la siguiente manera:
“Erro
(sic)
Instancia
al
decretar
la
desestimación de la demanda sin celebrar una
vista
en
sus
méritos,
para
determinar
la
responsabilidad
de
la
aseguradora
en
las
circunstancia de este caso, estando bajo la
jurisdicción del Tribunal.
Así también al no
ampliar el término para emplazar al demandado y
emitir la orden solicitada requiriendo el acceso
para diligenciar el emplazamiento.”
(Énfasis
nuestro.)
CC-2004-780
6
ciudadanos con reclamos válidos.”
Núm. 201, 4 L.P.R.A. sec. 24 u.
Art. 4.002 de la Ley
Así pues concluyó:
[A]un cuando es sucinto y sencillo [el escrito de
apelación]
en
su
exposición,
unido
a
los
documentos provistos en su apéndice, es lo
necesariamente particular para que este Tribunal
pueda comprender el error planteado por los
apelantes y proceda con la revisión conforme a
derecho.
Aunque dicho escrito no representa la
calidad y laboriosidad que debe caracterizar todo
recurso
apelativo,
esto
no
significa,
que
carecemos de jurisdicción en el caso. Es nuestro
deber entender en todo escrito de apelación
presentado dentro del término jurisdiccional,
independientemente de que, éste no sea el más
idóneo. (Énfasis nuestro.)
Inconforme con esta determinación la parte demandada,
ahora peticionaria, acudió ante nosotros señalando que erró
el foro apelativo al asumir jurisdicción en el caso de
epígrafe.
Acordamos revisar y contando con la comparecencia de
las partes pasamos a resolver.
II
Todo abogado tiene la obligación y el deber de cumplir
a
cabalidad
dispuestos
y
en
con
las
rigurosidad,
leyes
y
los
con
los
reglamentos
requisitos
respecto
el
perfeccionamiento de los recursos apelativos presentados.
Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975);
Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).
deben
“demostrar
tramitación
de
celo,
todos
los
cuidado
asuntos
y
Los abogados
diligencia
judiciales.”
en
la
Pellot
Ferrer v. Avon Mirabella, Inc., res 7 de agosto de 2003,
___ D.P.R. ___, 2003 JTS 132.
No puede quedar al arbitrio
de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias
CC-2004-780
7
deben acatarse y cuáles no.
partes,
o
el
Matos, ante, pág. 125.
foro
apelativo,
no
el
cumplimiento
del
injustificadamente
tribunal de apelaciones]”.
pueden
Las
“soslayar
reglamento
de[l
Arriaga, ante, pág. 130.
Por otro lado, en reiteradas ocasiones hemos indicado
que
los
tribunales
deben
ser
celosos
guardianes
de
su
jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para
asumir jurisdicción allí donde no la hay.
de
109
Planificación,
además,
Pellot,
D.P.R.
ante;
839,
Carattini
Martínez v. Jta.
842
(1969).
Véase
v.
Collazo
Systems
Análisis, Inc., res. 3 de enero de 2003, 158 D.P.R. ___,
2003 JTS 4; Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121
D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R.
712, 716 (1953).
La sentencia dictada por un tribunal sin
jurisdicción
nula
es
por
lo
cual
carece
de
eficacia.
Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).
Las
cuestiones
tribunal,
por
ser
relativas
a
la
privilegiadas,
preferencia a cualesquiera otras.
jurisdicción
deben
de
un
resolverse
con
Autoridad sobre Hogares
v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950).
Cuando el Tribunal
de Apelaciones asuma jurisdicción en un recurso cuando no
la tenga es nuestro deber así
recurso.
declararlo y desestimar el
Arriaga, ante; Dalmau v. Quiñónez, 78 D.P.R. 551
(1950); Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225,
249 (1952).
La Regla 52 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A.
Ap.
III
R.
52,
establece
el
marco
legal
referencia para tramitar los recursos de apelación,
de
CC-2004-780
certiorari y certificación.
A esos efectos, la Regla 52.1
ordena que el procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones
para
atender
y
disponer
de
un
recurso
de
apelación
se
tramitará “de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas, y
con las reglas que adopte el Tribunal Supremo.”
El término jurisdiccional para presentar una apelación
es de treinta (30) días contados a partir del archivo en
autos
de
la
copia
de
la
notificación
de
la
sentencia.
Regla 53.1 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil.
Rivera
v.
89
A.F.F.,
D.P.R.
414,
419
(1963);
López
González
Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 56 (1989);
Filiberto v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999).
Precisamente, por ser jurisdiccional el término no admite
prórroga.
De
otra
Tribunal
de
parte,
la
Regla
Apelaciones
a
53.1
(l)(1)(2)
solicitud
de
faculta
parte
o
al
motu
proprio, a desestimar un recurso de apelación instado por
falta de jurisdicción o, por no haber sido perfeccionado de
acuerdo con la ley y con el reglamento aplicable.
En
cuanto
53.2(a)(7)
de
al
las
contenido
de
Reglas
Procedimiento
de
la
apelación,
la
Regla
Civil,
indica
específicamente que contendrá “señalamientos y discusión de
los errores que a juicio del apelante cometió el tribunal
apelado.”
propia
(Énfasis nuestro.)
regla
reconoce
que
Ello así toda vez que la
“[e]l
escrito
constituirá el alegato del apelante.
de
apelación
No se considerará
ningún señalamiento de error omitido o no discutido en el
escrito de apelación.”
(Énfasis nuestro.)
Regla 53.2(b)
CC-2004-780
de
las
9
Reglas
nuestro
de
Procedimiento
ordenamiento
procesal
Civil.
Por
lo
apelativo
exige
tanto,
que
la
apelación presentada contenga una discusión de los errores
que se le imputan al foro primario, pues no se habrá de
admitir
alegato
o
memorando
de
autoridades
con
posterioridad a la presentación del escrito de apelación.
Hace claro también la regla que el señalamiento de error
omitido o no discutido, se tendrá por no puesto por lo que
no se considerará por el foro apelativo intermedio.
Este
Reglamento
mismo
del
principio
Tribunal
lo
de
recoge
la
Apelaciones,
Regla
regla
16
del
ésta
que
describe el contenido del escrito de apelación en casos
civiles.
El
inciso
C
de
dicha
regla
describe
específicamente el contenido del cuerpo de la apelación.
La Regla 16(C), en sus incisos (e) y (f), exige que el
escrito presentado contenga lo siguiente:
“(e) Un señalamiento breve y conciso de los
errores que a juicio de la parte apelante cometió
el Tribunal de Primera Instancia.
(f) Una discusión de los errores señalados,
incluyendo
las
disposiciones
de
ley
y
la
jurisprudencia aplicables.”
Por otro lado, la Regla 16(C)(2), claramente indica
lo
siguiente:
El escrito de apelación será el alegato de la
parte apelante.
No se permitirá la presentación
de un alegato memorando de autoridades por
separado.
La argumentación y los fundamentos de
derecho deberán incluirse en el cuerpo del
escrito de apelación. (Énfasis nuestro.)
La normativa antes reseñada, de forma clara y precisa,
ordena que el escrito de apelación civil presentado ante el
CC-2004-780
Tribunal
10
de
Apelaciones
señale,
discuta
y
fundamente
el
error o los errores que se le imputan al foro de instancia.
De lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar
el señalamiento de error planteado.
obligación
de
poner
en
posición
aquilatar
y
justipreciar
mediante
un
señalamiento
el
El apelante tiene la
al
error
de
foro
apelativo
anotado.
error
y
de
Solamente
una
discusión
fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes de
derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar
en posición de atender los reclamos que se le plantean.
Aceptar
poco
menos
de
eso
convierte
la
apelación
presentada en “un breve y lacónico anuncio de la ‘intención
de apelar’.”
Srio del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113
D.P.R. 204, 207-208 (1982).
craso
incumplimiento
recurso
se
con
Además, y más importante, el
estos
perfeccione
requisitos
adecuadamente
impide
que
privando
el
de
jurisdicción al foro apelativo.
Como se observa, la Regla 53.2(b) de las Reglas de
Procedimiento
Civil
y
la
Regla
16(C)(2)
del
Reglamento,
establecen que el escrito de apelación hará las veces del
alegato del apelante.
Ya en el pasado habíamos expresado,
que el alegato es un instrumento fundamental en la práctica
apelativa
no
apelativo
las
solo
porque
normas
de
trae
a
la
atención
derecho
y
la
del
foro
jurisprudencia
aplicable sino, además, porque sirve “para discutir a fondo
los errores alegados y para exponer de forma adecuada los
fundamentos de la apelación.”
In re Santiago Torres, 144
CC-2004-780
11
D.P.R. 496, 499 (1997); Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123
D.P.R. 467, 469 (1989).
La
apelación
presupone
una
en
nuestro
notificación
perfeccionamiento.
tribunales
Ahí reside su importancia.
actúan
Se
con
sistema
un
no
es
automática,
diligenciamiento
presume
además
corrección
por
que
lo
que
Prieto
103
Maysonet,
D.P.R.
102,
107
su
nuestros
compete
apelante la obligación de demostrar lo contrario.
v.
y
al
Pueblo
(1974);
Pérez
Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo
v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607, 628 (1966).
tiene
por
lo
tanto,
la
obligación
de
El apelante
perfeccionar
su
recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal
de
Apelaciones,
para
así
colocar
al
foro
apelativo
posición de poder revisar al tribunal de instancia.
en
Si no
se perfecciona un recurso dentro del término jurisdiccional
provisto
para
ello,
el
foro
apelativo
no
adquiere
jurisdicción para entender en el recurso presentado.
Procede
entonces
que
apliquemos
reseñada a los hechos de este caso.
la
normativa
aquí
Veamos.
III
Aun bajo la óptica más liberal y flexible posible, no
cabe concluir que los esposos Morán-Trinidad presentaron un
verdadero
escrito
Apelaciones.
prórroga.
Lo
de
apelación
que
se
ante
presentó
fue
el
Tribunal
una
moción
de
de
Prórroga que estuvo revestida de una fina patina
con visos de apelación.
Soslayar esa realidad y concluir
que en efecto se presentó una apelación ante el Tribunal de
Apelaciones, es desvirtuar los procesos apelativos, y hacer
CC-2004-780
12
caso omiso de los dictámenes de este Tribunal, la propia
Ley de la Judicatura de 2003, y las reglas y reglamentos
correspondientes.
A todas luces la apelación presentada
era claramente improcedente y su efecto práctico no es otro
que sobrecargar innecesariamente al tribunal, en perjuicio
de la eficiente administración de la justicia.
El
documento
presentado
inicialmente
no
contenía
discusión alguna de la controversia planteada en el mismo.
Hay que destacar además que en ese documento se señaló como
error exclusivamente como indicamos ya, la desestimación de
la demanda contra la compañía aseguradora.
hasta
marzo
de
2004,
cuando
se
suplementaria”,
que
se
también
se
concediera
que
no
enmendó
presentó
una
el
para
un
diligenciar los emplazamientos.
No es sino
error
término
“apelación
impugnar
adicional
para
Esta última controversia
fue el asunto que resolvió el foro apelativo primario, a
pesar que este asunto nunca estuvo ante su consideración
dentro del plazo jurisdiccional para apelar.
La práctica apelativa requiere y ordena que se cumplan
con los requisitos procesales que establecen las Reglas de
Procedimiento
Apelaciones;
Civil
lo
que
y
el
Reglamento
no
ocurrió
en
del
este
Tribunal
caso.
de
Estos
requisitos le imparten certeza y orden al proceso ante un
foro apelativo; a la vez que facilitan la revisión del foro
primario.
de
los
No puede quedar al arbitrio de los litigantes, o
distintos
determinar
Hace
ya
paneles
qué
requisitos
muchas
décadas
del
Tribunal
procesales
conminamos
a
de
Apelaciones,
se
deben
cumplir.
la
clase
togada
a
CC-2004-780
13
cumplir con su obligación de tramitar correctamente
los recursos apelativos.
D.P.R.
333,
334
(1925)
Así en Bonilla v. Echeandía, 34
dijimos:
“cada
vez
se
hace
más
necesario que los abogados presenten sus casos cumpliendo
con
las
reglas
de
la
corte
ideadas
para
la
más
justa,
clara, rápida y fácil resolución de los asuntos.”
Si bien la Ley de la Judicatura de 2003 tuvo como uno
de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa
a la ciudadanía, flexibilizando los procesos apelativos,
ello no supuso dar al traste con los requisitos mínimos
exigidos
para
atender
ordenadamente
los
recursos
presentan ante el foro apelativo intermedio.
pretendió
eliminar
los
permitiendo
que
pudiera
se
términos
que
se
Mucho menos
jurisdiccionales,
solicitar
prórroga
para
presentar un recurso de apelación cuyo término para acudir
en alzada sabemos es de naturaleza jurisdiccional.
Actuar
en contravención de ello, es no apurar adecuadamente cuál
fue el verdadero alcance de la Ley de la Judicatura de
2003.
Este
apelativo
caso
no
trata,
intermedio,
de
como
una
parece
concluir
apelación
el
deficiente
foro
en
su
redacción y discusión de las controversias planteadas; o,
donde los planteamientos esgrimidos para revocar al foro
primario no se analizan con la rigurosidad debida.
Todo lo
contrario, en este caso no hubo el más mínimo esfuerzo de
discutir
el
error
señalado.
Se
trata
entonces
de
un
recurso que meramente anuncia una intención de apelar.
Es
por eso entonces que se solicitó la prórroga, la cual se
CC-2004-780
14
basa, sorprendentemente, en que el abogado va a tomar sus
vacaciones navideñas y no tiene tiempo para dedicárselo al
escrito.
Eso no es otra cosa que no tener tiempo para
dedicárselo a los asuntos de su cliente.
Un
insostenible.
tribunal
validar tal pretención.
así
como
no
puede
Tal postura es
con
sus
acciones,
Al atender el recurso presentado,
posteriormente
el
“alegato
suplementario”
y
resolver el caso en los méritos revocando al foro primario,
el
foro
apelativo
jurisdiccional
para
de
facto
apelar
una
prorrogó
decisión
el
del
término
Tribunal
de
Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones.
La exigencia de que el escrito de apelación contenga
un señalamiento de error y una discusión del mismo no es un
mero preciosismo inconsecuente.
Es en la discusión del
error donde se enmarca la actuación alegadamente errónea
del foro primario cuya revocación se ha solicitado, a la
luz de los hechos y del derecho aplicable.
Es lo que se ha
denominado “el corazón” de la apelación o “la artillería
pesada.”
F.
Coffin,
On
Appeal,
Courts,
Lawyering,
and
Judging, W.W. Norton & Company, New York, 1994, capt. 6.
No
podemos
derecho
olvidar
que
el
derecho,
particularmente
o práctica apelativa, es rogado.
el
Pueblo v. Prieto
Maysonet, ante, pág. 107.
Resolvemos por lo tanto que el Tribunal de Apelaciones
carecía
de
jurisdicción
para
atender
en
presentada por los demandantes en este caso.
en
contrario
fue
claramente
la
apelación
Su actuación
errónea.
CC-2004-780
15
No podemos concluir sin expresarnos sobre la conducta
del Lcdo. Roberto Vélez Báez durante el trámite apelativo
en este caso.
Invariablemente hemos exigido “celo, cuidado
y diligencia” en la tramitación de asuntos judiciales.
Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976); Acevedo v.
re:
Cía. Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).
luz
In
de
nuestros
pronunciamientos
anteriores
A la
respecto
la
obligación de todo abogado, bajo los Cánones 18 y 19 de
Ética
Profesional,
4
L.P.R.A.
Ap.
IX,
C.
18,
19,
de
salvaguardar el derecho de un cliente de apelar un fallo
adverso, referimos la conducta del Lcdo. Vélez Báez a la
Oficina
del
Procurador
informe.
Véase,
General
In re:
para
investigación
e
Santiago Torres, 144 D.P.R. 496
(1997); In re:
Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987);
In
re:
116
Rosario,
D.P.R.
462
(1985);
Colón
Prieto
v.
anteceden
se
revoca
la
Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).
Por
los
sentencia
fundamentos
dictada
por
el
que
Tribunal
de
Apelaciones
y
se
ordena la desestimación de la demanda instada en este caso,
tal
y
como
Instancia.
Báez
a
la
lo
había
dispuesto
el
Tribunal
de
Primera
Se refiere la conducta del Lcdo. Roberto Vélez
Oficina
del
Procurador
investigación e informe correspondiente.
Se dictará sentencia de conformidad.
General
para
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Morán Rios, et al
Demandantes-Recurridos
v.
CC-2004-780
Oscar Marti Bardisona, et al
Demandados-Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, los cuales se incorporan
íntegramente a la presente, se revoca la Sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones y se ordena
la desestimación de la demanda instada en este caso,
tal y como lo había dispuesto el Tribunal de Primera
Instancia. Se refiere la conducta del Lcdo. Roberto
Vélez Báez a la Oficina del Procurador General para la
investigación e Informe correspondiente.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López concurre con el resultado sin
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo