LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Miguel Morán Ríos, et al v. Oscar Marti Bardisona, et al

2005 TSPR 110

Poder Judicial de Puerto Rico

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Miguel Morán Ríos, et al v. Oscar Marti Bardisona, et al

CC-2004-0780

5 de agosto de 2005 · Derecho apelativo: Requisitos formales jurisdiccionales de la apelación civil

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Morán Rios, et al.

Demandantes-Recurridos

Certiorari

v.

2005 TSPR 110

Oscar Marti Bardisona, et al.

165 DPR ____

Demandados-Peticionarios

Número del Caso: CC-2004-780

Fecha: 5 de agosto de 2005

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Roberto Vélez Baez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge L. Suarez Montes

Materia: Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Morán Rios, et al.

Demandantes-Recurridos

v.

CC-2004-780

Oscar Marti Bardisona, et al.

Demandados-Peticionarios

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2005

Nos corresponde resolver en esta ocasión si

procede

revocar

la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal de Apelaciones por carecer ese tribunal

de jurisdicción para dilucidar los méritos de la

apelación

presentada,

por

cuanto

el

recurso

instado incumplía con los requisitos exigidos por

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y las

Reglas

de

contenido

Procedimiento

de

un

escrito

Civil

de

que

regulan

apelación.

el

Por

entender que el foro apelativo asumió jurisdicción

impropiamente, revocamos su determinación.

CC-2004-780

2

I

Los hechos del caso de autos son sencillos y sobre los

mismos no hay controversia alguna.

El 19 de agosto de 1997 los demandantes, el señor

Miguel Morán Ríos, la señora Iris Trinidad Vélez, por sí y

en representación de la menor Janis Morán Trinidad (los

demandantes

o

los

esposos

Morán-Trinidad),

instaron

una

demanda en daños y perjuicios contra el señor Oscar Martí

Bardisona, su esposa y la sociedad legal de gananciales

(los

demandados

reclamaron

por

o

los

unos

esposos

daños

Martí).

Los

alegadamente

demandantes

sufridos

como

resultado de un accidente automovilístico que involucraba a

los demandados.

El caso de autos ha proseguido un trámite azaroso en

el fallido intento de la parte demandante de diligenciar

los emplazamientos a los esposos Martí.

Baste señalar que

seis

demanda,

años

después

de

presentarse

la

aun

los

demandados no han sido emplazados correctamente.

La demanda en este caso se instó en agosto de 1997.

Once meses más tarde, los demandantes solicitaron que los

esposos Martí fuesen emplazados mediante edicto.

hizo

y

posteriormente

se

les

anotó

la

Así se

rebeldía.

Los

demandados y su compañía de seguros acudieron al tribunal

de

instancia

tribunal,

y,

sin

impugnaron

anotación de rebeldía.

someterse

el

a

la

emplazamiento

jurisdicción

por

edicto

del

y

la

Eventualmente ese planteamiento fue

dilucidado ante el Tribunal de Apelaciones quien anuló los

CC-2004-780

3

emplazamientos por edicto y dejó sin efecto la anotación de

rebeldía ordenando que se emplazara nuevamente.

Devuelto

el

caso

procuraron

diligenciar

demandados.

Todos

Eventualmente,

el

a

instancia,

los

los

demandantes

emplazamientos

intentos

tribunal

los

de

fueron

instancia

de

los

infructuosos.

les

concedió

un

término final de treinta (30) días para diligenciar los

mismos.

seis

Advirtió en su orden que habían transcurrido ya

años

desde

que

se

presentó

la

demanda

sin

que

se

hubiese adquirido jurisdicción sobre los esposos Martí, por

lo

que

su

orden

era

final

e

improrrogable

y

su

incumplimiento acarrearía la desestimación de la demanda.

Esta determinación fue notificada tanto a la representación

legal de la parte demandante como a los esposos MoránTrinidad.

Los demandantes incumplieron y el foro primario

desestimó la demanda.

La sentencia fue dictada el 18 de

noviembre de 2003 y archivada en autos el 8 de diciembre de

2003.

Inconforme con esa determinación, el 19 de diciembre

de 2003, dentro del término jurisdiccional para apelar, la

parte

demandante

acudió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

mediante un escrito que tituló en su carátula “Apelación

solicitud

término”.

El

cuerpo

del

consta de cinco (5) acápites, a saber:

se

invoca

la

jurisdicción

del

escrito

presentado

el primero, donde

tribunal;

el

segundo,

describe la sentencia apelada; el tercero contiene una muy

sucinta relación de los hechos del caso.

acápite se identificó como error lo siguiente:

En el cuarto

“Erro (sic)

CC-2004-780

4

Instancia al decretar la desestimación de la demanda sin

celebrar

una

vista

en

sus

méritos,

para

determinar

la

responsabilidad de la aseguradora, en las circunstancias de

este caso, estando bajo la jurisdicción del Tribunal.”

quinto

acápite

apelar.”

se

tituló

“solicitud

de

término

El

para

El texto completo informa lo siguiente:

El

abogado

que

suscribe

tiene

previamente

programado pasar fuera de Puerto Rico el periodo

navideño,

junto

a

sus

hijas

y

nietos

en

Washington y Boston, y no regresamos hasta pasado

los Reyes, por lo que le será imposible preparar

el recurso de Apelación dentro del término

jurisdiccional

exponiendo

en

detalle

los

fundamentos

a

los

errores

cometidos

por

Instancia.

Ante esta situación con el mayor de

los respetos solicitamos de este Hon. Tribunal

nos permita, el término de treinta días para

apelar ha (sic) partir del 15 de enero de 2004.

(Énfasis nuestro.)

El escrito presentado obvió por completo la discusión del

error señalado en el mismo.

Luego de esta sección solo

aparece la súplica, firma del abogado y, la certificación

de notificación a las partes.

El 3 de marzo de 2004, fuera del plazo para apelar,

los

demandantes

apelación”.

del

error

presentaron

un

“escrito

suplementario

a

En este documento, hay un intento de discusión

señalado,

que

como

vimos,

no

se

hizo

en

la

apelación presentada dentro del término jurisdiccional para

apelar.

Ahora bien, cabe destacar, que en este documento

los demandantes modificaron el error originalmente señalado

y cuestionaron, por primera vez en alzada, que no se les

CC-2004-780

5

concediera

una

prórroga

para

diligenciar

los

emplazamientos.1

La

parte

Apelaciones

demandada

entendiera

se

opuso

en

la

a

que

el

“apelación”

Tribunal

de

presentada

y

solicitó del foro apelativo que desestimara la misma por

falta

de

jurisdicción.

Apuntó

en

su

escrito

que

el

demandante había presentado una solicitud de prórroga no

una apelación.

Indicó también que el apéndice del recurso

estaba incompleto por lo que no cumplía con las exigencias

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el Reglamento).

El 28 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelaciones

dictó

sentencia

imponiéndole

al

revocando

al

tribunal

abogado

del

demandante

económica de $500.00.

discutió

el

asunto

de

instancia

una

e

sanción

Como cuestión de umbral, el tribunal

sobre

su

jurisdicción.

Sobre

este

particular el foro apelativo enmarcó su discusión en la Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A.

secs. 24 et seq., donde se promueve el mayor acceso de la

ciudadanía a los procesos judiciales “eliminando obstáculos

y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los

1

El

error señalado ahora lee de la siguiente manera:

“Erro

(sic)

Instancia

al

decretar

la

desestimación de la demanda sin celebrar una

vista

en

sus

méritos,

para

determinar

la

responsabilidad

de

la

aseguradora

en

las

circunstancia de este caso, estando bajo la

jurisdicción del Tribunal.

Así también al no

ampliar el término para emplazar al demandado y

emitir la orden solicitada requiriendo el acceso

para diligenciar el emplazamiento.”

(Énfasis

nuestro.)

CC-2004-780

6

ciudadanos con reclamos válidos.”

Núm. 201, 4 L.P.R.A. sec. 24 u.

Art. 4.002 de la Ley

Así pues concluyó:

[A]un cuando es sucinto y sencillo [el escrito de

apelación]

en

su

exposición,

unido

a

los

documentos provistos en su apéndice, es lo

necesariamente particular para que este Tribunal

pueda comprender el error planteado por los

apelantes y proceda con la revisión conforme a

derecho.

Aunque dicho escrito no representa la

calidad y laboriosidad que debe caracterizar todo

recurso

apelativo,

esto

no

significa,

que

carecemos de jurisdicción en el caso. Es nuestro

deber entender en todo escrito de apelación

presentado dentro del término jurisdiccional,

independientemente de que, éste no sea el más

idóneo. (Énfasis nuestro.)

Inconforme con esta determinación la parte demandada,

ahora peticionaria, acudió ante nosotros señalando que erró

el foro apelativo al asumir jurisdicción en el caso de

epígrafe.

Acordamos revisar y contando con la comparecencia de

las partes pasamos a resolver.

II

Todo abogado tiene la obligación y el deber de cumplir

a

cabalidad

dispuestos

y

en

con

las

rigurosidad,

leyes

y

los

con

los

reglamentos

requisitos

respecto

el

perfeccionamiento de los recursos apelativos presentados.

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975);

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).

deben

“demostrar

tramitación

de

celo,

todos

los

cuidado

asuntos

y

Los abogados

diligencia

judiciales.”

en

la

Pellot

Ferrer v. Avon Mirabella, Inc., res 7 de agosto de 2003,

___ D.P.R. ___, 2003 JTS 132.

No puede quedar al arbitrio

de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias

CC-2004-780

7

deben acatarse y cuáles no.

partes,

o

el

Matos, ante, pág. 125.

foro

apelativo,

no

el

cumplimiento

del

injustificadamente

tribunal de apelaciones]”.

pueden

Las

“soslayar

reglamento

de[l

Arriaga, ante, pág. 130.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones hemos indicado

que

los

tribunales

deben

ser

celosos

guardianes

de

su

jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para

asumir jurisdicción allí donde no la hay.

de

109

Planificación,

además,

Pellot,

D.P.R.

ante;

839,

Carattini

Martínez v. Jta.

842

(1969).

Véase

v.

Collazo

Systems

Análisis, Inc., res. 3 de enero de 2003, 158 D.P.R. ___,

2003 JTS 4; Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121

D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R.

712, 716 (1953).

La sentencia dictada por un tribunal sin

jurisdicción

nula

es

por

lo

cual

carece

de

eficacia.

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).

Las

cuestiones

tribunal,

por

ser

relativas

a

la

privilegiadas,

preferencia a cualesquiera otras.

jurisdicción

deben

de

un

resolverse

con

Autoridad sobre Hogares

v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950).

Cuando el Tribunal

de Apelaciones asuma jurisdicción en un recurso cuando no

la tenga es nuestro deber así

recurso.

declararlo y desestimar el

Arriaga, ante; Dalmau v. Quiñónez, 78 D.P.R. 551

(1950); Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225,

249 (1952).

La Regla 52 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A.

Ap.

III

R.

52,

establece

el

marco

legal

referencia para tramitar los recursos de apelación,

de

CC-2004-780

certiorari y certificación.

A esos efectos, la Regla 52.1

ordena que el procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones

para

atender

y

disponer

de

un

recurso

de

apelación

se

tramitará “de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas, y

con las reglas que adopte el Tribunal Supremo.”

El término jurisdiccional para presentar una apelación

es de treinta (30) días contados a partir del archivo en

autos

de

la

copia

de

la

notificación

de

la

sentencia.

Regla 53.1 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil.

Rivera

v.

89

A.F.F.,

D.P.R.

414,

419

(1963);

López

González

Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 56 (1989);

Filiberto v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999).

Precisamente, por ser jurisdiccional el término no admite

prórroga.

De

otra

Tribunal

de

parte,

la

Regla

Apelaciones

a

53.1

(l)(1)(2)

solicitud

de

faculta

parte

o

al

motu

proprio, a desestimar un recurso de apelación instado por

falta de jurisdicción o, por no haber sido perfeccionado de

acuerdo con la ley y con el reglamento aplicable.

En

cuanto

53.2(a)(7)

de

al

las

contenido

de

Reglas

Procedimiento

de

la

apelación,

la

Regla

Civil,

indica

específicamente que contendrá “señalamientos y discusión de

los errores que a juicio del apelante cometió el tribunal

apelado.”

propia

(Énfasis nuestro.)

regla

reconoce

que

Ello así toda vez que la

“[e]l

escrito

constituirá el alegato del apelante.

de

apelación

No se considerará

ningún señalamiento de error omitido o no discutido en el

escrito de apelación.”

(Énfasis nuestro.)

Regla 53.2(b)

CC-2004-780

de

las

9

Reglas

nuestro

de

Procedimiento

ordenamiento

procesal

Civil.

Por

lo

apelativo

exige

tanto,

que

la

apelación presentada contenga una discusión de los errores

que se le imputan al foro primario, pues no se habrá de

admitir

alegato

o

memorando

de

autoridades

con

posterioridad a la presentación del escrito de apelación.

Hace claro también la regla que el señalamiento de error

omitido o no discutido, se tendrá por no puesto por lo que

no se considerará por el foro apelativo intermedio.

Este

Reglamento

mismo

del

principio

Tribunal

lo

de

recoge

la

Apelaciones,

Regla

regla

16

del

ésta

que

describe el contenido del escrito de apelación en casos

civiles.

El

inciso

C

de

dicha

regla

describe

específicamente el contenido del cuerpo de la apelación.

La Regla 16(C), en sus incisos (e) y (f), exige que el

escrito presentado contenga lo siguiente:

“(e) Un señalamiento breve y conciso de los

errores que a juicio de la parte apelante cometió

el Tribunal de Primera Instancia.

(f) Una discusión de los errores señalados,

incluyendo

las

disposiciones

de

ley

y

la

jurisprudencia aplicables.”

Por otro lado, la Regla 16(C)(2), claramente indica

lo

siguiente:

El escrito de apelación será el alegato de la

parte apelante.

No se permitirá la presentación

de un alegato memorando de autoridades por

separado.

La argumentación y los fundamentos de

derecho deberán incluirse en el cuerpo del

escrito de apelación. (Énfasis nuestro.)

La normativa antes reseñada, de forma clara y precisa,

ordena que el escrito de apelación civil presentado ante el

CC-2004-780

Tribunal

10

de

Apelaciones

señale,

discuta

y

fundamente

el

error o los errores que se le imputan al foro de instancia.

De lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar

el señalamiento de error planteado.

obligación

de

poner

en

posición

aquilatar

y

justipreciar

mediante

un

señalamiento

el

El apelante tiene la

al

error

de

foro

apelativo

anotado.

error

y

de

Solamente

una

discusión

fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes de

derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar

en posición de atender los reclamos que se le plantean.

Aceptar

poco

menos

de

eso

convierte

la

apelación

presentada en “un breve y lacónico anuncio de la ‘intención

de apelar’.”

Srio del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113

D.P.R. 204, 207-208 (1982).

craso

incumplimiento

recurso

se

con

Además, y más importante, el

estos

perfeccione

requisitos

adecuadamente

impide

que

privando

el

de

jurisdicción al foro apelativo.

Como se observa, la Regla 53.2(b) de las Reglas de

Procedimiento

Civil

y

la

Regla

16(C)(2)

del

Reglamento,

establecen que el escrito de apelación hará las veces del

alegato del apelante.

Ya en el pasado habíamos expresado,

que el alegato es un instrumento fundamental en la práctica

apelativa

no

apelativo

las

solo

porque

normas

de

trae

a

la

atención

derecho

y

la

del

foro

jurisprudencia

aplicable sino, además, porque sirve “para discutir a fondo

los errores alegados y para exponer de forma adecuada los

fundamentos de la apelación.”

In re Santiago Torres, 144

CC-2004-780

11

D.P.R. 496, 499 (1997); Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123

D.P.R. 467, 469 (1989).

La

apelación

presupone

una

en

nuestro

notificación

perfeccionamiento.

tribunales

Ahí reside su importancia.

actúan

Se

con

sistema

un

no

es

automática,

diligenciamiento

presume

además

corrección

por

que

lo

que

Prieto

103

Maysonet,

D.P.R.

102,

107

su

nuestros

compete

apelante la obligación de demostrar lo contrario.

v.

y

al

Pueblo

(1974);

Pérez

Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo

v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607, 628 (1966).

tiene

por

lo

tanto,

la

obligación

de

El apelante

perfeccionar

su

recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal

de

Apelaciones,

para

así

colocar

al

foro

apelativo

posición de poder revisar al tribunal de instancia.

en

Si no

se perfecciona un recurso dentro del término jurisdiccional

provisto

para

ello,

el

foro

apelativo

no

adquiere

jurisdicción para entender en el recurso presentado.

Procede

entonces

que

apliquemos

reseñada a los hechos de este caso.

la

normativa

aquí

Veamos.

III

Aun bajo la óptica más liberal y flexible posible, no

cabe concluir que los esposos Morán-Trinidad presentaron un

verdadero

escrito

Apelaciones.

prórroga.

Lo

de

apelación

que

se

ante

presentó

fue

el

Tribunal

una

moción

de

de

Prórroga que estuvo revestida de una fina patina

con visos de apelación.

Soslayar esa realidad y concluir

que en efecto se presentó una apelación ante el Tribunal de

Apelaciones, es desvirtuar los procesos apelativos, y hacer

CC-2004-780

12

caso omiso de los dictámenes de este Tribunal, la propia

Ley de la Judicatura de 2003, y las reglas y reglamentos

correspondientes.

A todas luces la apelación presentada

era claramente improcedente y su efecto práctico no es otro

que sobrecargar innecesariamente al tribunal, en perjuicio

de la eficiente administración de la justicia.

El

documento

presentado

inicialmente

no

contenía

discusión alguna de la controversia planteada en el mismo.

Hay que destacar además que en ese documento se señaló como

error exclusivamente como indicamos ya, la desestimación de

la demanda contra la compañía aseguradora.

hasta

marzo

de

2004,

cuando

se

suplementaria”,

que

se

también

se

concediera

que

no

enmendó

presentó

una

el

para

un

diligenciar los emplazamientos.

No es sino

error

término

“apelación

impugnar

adicional

para

Esta última controversia

fue el asunto que resolvió el foro apelativo primario, a

pesar que este asunto nunca estuvo ante su consideración

dentro del plazo jurisdiccional para apelar.

La práctica apelativa requiere y ordena que se cumplan

con los requisitos procesales que establecen las Reglas de

Procedimiento

Apelaciones;

Civil

lo

que

y

el

Reglamento

no

ocurrió

en

del

este

Tribunal

caso.

de

Estos

requisitos le imparten certeza y orden al proceso ante un

foro apelativo; a la vez que facilitan la revisión del foro

primario.

de

los

No puede quedar al arbitrio de los litigantes, o

distintos

determinar

Hace

ya

paneles

qué

requisitos

muchas

décadas

del

Tribunal

procesales

conminamos

a

de

Apelaciones,

se

deben

cumplir.

la

clase

togada

a

CC-2004-780

13

cumplir con su obligación de tramitar correctamente

los recursos apelativos.

D.P.R.

333,

334

(1925)

Así en Bonilla v. Echeandía, 34

dijimos:

“cada

vez

se

hace

más

necesario que los abogados presenten sus casos cumpliendo

con

las

reglas

de

la

corte

ideadas

para

la

más

justa,

clara, rápida y fácil resolución de los asuntos.”

Si bien la Ley de la Judicatura de 2003 tuvo como uno

de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa

a la ciudadanía, flexibilizando los procesos apelativos,

ello no supuso dar al traste con los requisitos mínimos

exigidos

para

atender

ordenadamente

los

recursos

presentan ante el foro apelativo intermedio.

pretendió

eliminar

los

permitiendo

que

pudiera

se

términos

que

se

Mucho menos

jurisdiccionales,

solicitar

prórroga

para

presentar un recurso de apelación cuyo término para acudir

en alzada sabemos es de naturaleza jurisdiccional.

Actuar

en contravención de ello, es no apurar adecuadamente cuál

fue el verdadero alcance de la Ley de la Judicatura de

2003.

Este

apelativo

caso

no

trata,

intermedio,

de

como

una

parece

concluir

apelación

el

deficiente

foro

en

su

redacción y discusión de las controversias planteadas; o,

donde los planteamientos esgrimidos para revocar al foro

primario no se analizan con la rigurosidad debida.

Todo lo

contrario, en este caso no hubo el más mínimo esfuerzo de

discutir

el

error

señalado.

Se

trata

entonces

de

un

recurso que meramente anuncia una intención de apelar.

Es

por eso entonces que se solicitó la prórroga, la cual se

CC-2004-780

14

basa, sorprendentemente, en que el abogado va a tomar sus

vacaciones navideñas y no tiene tiempo para dedicárselo al

escrito.

Eso no es otra cosa que no tener tiempo para

dedicárselo a los asuntos de su cliente.

Un

insostenible.

tribunal

validar tal pretención.

así

como

no

puede

Tal postura es

con

sus

acciones,

Al atender el recurso presentado,

posteriormente

el

“alegato

suplementario”

y

resolver el caso en los méritos revocando al foro primario,

el

foro

apelativo

jurisdiccional

para

de

facto

apelar

una

prorrogó

decisión

el

del

término

Tribunal

de

Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones.

La exigencia de que el escrito de apelación contenga

un señalamiento de error y una discusión del mismo no es un

mero preciosismo inconsecuente.

Es en la discusión del

error donde se enmarca la actuación alegadamente errónea

del foro primario cuya revocación se ha solicitado, a la

luz de los hechos y del derecho aplicable.

Es lo que se ha

denominado “el corazón” de la apelación o “la artillería

pesada.”

F.

Coffin,

On

Appeal,

Courts,

Lawyering,

and

Judging, W.W. Norton & Company, New York, 1994, capt. 6.

No

podemos

derecho

olvidar

que

el

derecho,

particularmente

o práctica apelativa, es rogado.

el

Pueblo v. Prieto

Maysonet, ante, pág. 107.

Resolvemos por lo tanto que el Tribunal de Apelaciones

carecía

de

jurisdicción

para

atender

en

presentada por los demandantes en este caso.

en

contrario

fue

claramente

la

apelación

Su actuación

errónea.

CC-2004-780

15

No podemos concluir sin expresarnos sobre la conducta

del Lcdo. Roberto Vélez Báez durante el trámite apelativo

en este caso.

Invariablemente hemos exigido “celo, cuidado

y diligencia” en la tramitación de asuntos judiciales.

Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976); Acevedo v.

re:

Cía. Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).

luz

In

de

nuestros

pronunciamientos

anteriores

A la

respecto

la

obligación de todo abogado, bajo los Cánones 18 y 19 de

Ética

Profesional,

4

L.P.R.A.

Ap.

IX,

C.

18,

19,

de

salvaguardar el derecho de un cliente de apelar un fallo

adverso, referimos la conducta del Lcdo. Vélez Báez a la

Oficina

del

Procurador

informe.

Véase,

General

In re:

para

investigación

e

Santiago Torres, 144 D.P.R. 496

(1997); In re:

Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987);

In

re:

116

Rosario,

D.P.R.

462

(1985);

Colón

Prieto

v.

anteceden

se

revoca

la

Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).

Por

los

sentencia

fundamentos

dictada

por

el

que

Tribunal

de

Apelaciones

y

se

ordena la desestimación de la demanda instada en este caso,

tal

y

como

Instancia.

Báez

a

la

lo

había

dispuesto

el

Tribunal

de

Primera

Se refiere la conducta del Lcdo. Roberto Vélez

Oficina

del

Procurador

investigación e informe correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

General

para

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Morán Rios, et al

Demandantes-Recurridos

v.

CC-2004-780

Oscar Marti Bardisona, et al

Demandados-Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, los cuales se incorporan

íntegramente a la presente, se revoca la Sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones y se ordena

la desestimación de la demanda instada en este caso,

tal y como lo había dispuesto el Tribunal de Primera

Instancia. Se refiere la conducta del Lcdo. Roberto

Vélez Báez a la Oficina del Procurador General para la

investigación e Informe correspondiente.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López concurre con el resultado sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo