Tribunal Supremo de Puerto Rico
Gladys García Rubiera, Domingo A. Corpor á n Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado y otros vs. Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, Puerto Rican American Ins. y otros
2005 TSPR 103
Poder Judicial de Puerto Rico
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Gladys García Rubiera, Domingo A. Corpor á n Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado y otros vs. Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, Puerto Rican American Ins. y otros
CC-2004-0518
12 de julio de 2005 · Regla 20 del Procedimiento Civil- Certificación de Pleito de Clase
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gladys García Rubiera,
Domingo A. Corporan Suárez,
Adalberto Rodríguez, Lourdes
Matos, José R. Maldonado y
otros
Certiorari
2005 TSPR 103
164 DPR ____
Peticionarios
vs.
Asociación de Suscripción
Conjunta de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio,
Puerto Rican American Ins.
y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-518
Fecha: 12 de julio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Juez Ponente:
Hon. Antonio J. Negroni Cintrón
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Antonio J. Amadeo Murga
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Arturo J. García Solá
Lcdo. Mario Arroyo Dávila
Lcdo. Roberto C. Quiñones Rivera
Lcda. Luz Nereida Carrero
Lcda. Nannette Berrios Haddock
Lcdo. Pedro R. Cintrón Rivera
Lcda. Isabel López Rivera
Lcdo. Carlos Martínez Texidor
Lcdo. José A. Iguina de la Rosa
Lcda. Magaly Rodríguez de Vázquez
Lcdo. Javier A. Agreló Pérez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales
Procuradora General Auxiliar
Materia: Inconstitucionalidad de Ley
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gladys García Rubiera,
Domingo A. Corporan Suárez,
Adalberto Rodríguez, Lourdes
Matos, José R. Maldonado y
otros
Peticionarios
vs.
CC-2004-518
CERTIORARI
Asociación de Suscripción
Conjunta de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio,
Puerto Rican American Ins.
y otros
Recurridos
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO
LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2005
El
presente
caso
tiene
su
génesis
en
una
demanda en cobro de dinero, intereses y honorarios
presentada,
por
varios
demandantes 1 ,
contra
la
Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de
Responsabilidad
Asociación”.
En
Obligatorio 2 ,
dicha
demanda
en
adelante
se
alegó,
“la
en
síntesis, que durante los años 1997 al 2000 los
1
Gladys García Rubiera; Domingo A. Corporan
Suárez; Adalberto Rodríguez; Lourdes Matos; José R.
Maldonado; José Pérez Caníbal; Manuel Molina
Godinez; David Castro; Adalberto Avilés; Jorge
Plard; Laura Plard Ocasio; Ginova Toro Morales; y
Noemí Valentín Marrero.
2
Figuran como codemandadas, Puerto Rican American
Ins. Co.; Universal Ins. Co.; Preferred Risk Ins.
Co.; National Ins. Co., Cooperativa de Seguros
Múltiples; American Internacional Ins. Co.; Royal &
Sun Alliance Ins. Co.;
Caribbean Alliance Ins.
Co.; All State Ins. Co.; y X, Y, Z, Companies.
2
CC-2004-518
demandantes pagaron las primas de una póliza de seguro, bajo
alguna aseguradora privada, conocida como póliza del seguro
tradicional
pagaron
de
responsabilidad
también
primas
del
Obligatorio creado por la
1997,
26
L.P.R.A.
y
que,
Seguro
de
de
igual
forma,
Responsabilidad
Ley Núm. 94 de 20 de agosto de
secs.
8052
et
seq.,
según
enmendada,
conocida como Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio.
Los demandantes alegaron que, en virtud de la Ley Núm. 94,
ante,
y
del
Reglamento
para
la
instrumentación
de
dicho
estatuto, las compañías aseguradoras codemandadas tenían la
obligación
de
devolver
las
primas
pagadas
en
exceso
en
concepto del Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Por tal
razón, solicitaron el reembolso de la suma de dinero que
representa los pagos realizados por éstos para obtener una
póliza del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.
Los demandantes radicaron la referida acción como un
pleito
de
clase
a
favor
de
todos
los
consumidores
que,
alegadamente, han sido privados ilegalmente del reembolso de
las
cantidades
pagadas
por
la
prima
del
de
noviembre
Seguro
de
2001
los
Responsabilidad Obligatorio.
Conforme
a
ello,
el
20
de
demandantes le solicitaron al foro primario que la acción
fuese certificada como un pleito de clase.
solicitud
se
alegó
que
el
pleito
se
En la referida
había
instado
en
representación de más de doscientas mil personas (200,000) a
quienes la Asociación no les había devuelto o reembolsado
las primas pagadas por concepto del seguro obligatorio, a
3
CC-2004-518
pesar de que éstas habían cumplido con el requisito de tener
una póliza tradicional. Se indicó que en el presente caso se
cumplían los requisitos para que la acción se certificara
como un pleito de clase; a saber, que las cuestiones de
hecho y de derecho eran comunes a los miembros de la clase,
que estas predominaban sobre las cuestiones que afectaban
solamente a los miembros individuales y que el remedio de la
acción de clase era superior a otros medios disponibles para
la adjudicación eficiente de la controversia. En virtud de
lo anterior,
solicitaron que el tribunal señalara una vista
para determinar si procedía o no la acción como un pleito de
clase.
Posteriormente, la Asociación se opuso a la referida
solicitud3 sosteniendo que no procedía la certificación de la
acción como un pleito de clase ya que la parte promovente no
había presentado argumentos suficientes que demostraran la
procedencia de su reclamo. Conforme lo anterior, alegó que
la parte que solicita la certificación de un pleito de clase
no puede descansar en meras alegaciones, sino que tiene que
demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos
por la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
Sostuvo que la parte demandante no había establecido, ni si
quiera
preliminarmente,
necesarios
para
la
que
cumplía
certificación
con
los
solicitada
requisitos
ni
había
A dicha oposición se unieron las codemandadas Seguros
Triple-S Inc., Caribbean Alliance Insurance Co. y Royal &
Sunalliance Insurance Company of Puerto Rico.
3
4
CC-2004-518
expuesto
fundamentos
suficientes
que
sustentasen
la
procedencia de la acción como un pleito de clase.
Así las cosas, el 19 de marzo de 2002, sin celebrar la
vista
solicitada,
Superior
de
San
el
Tribunal
Juan,
de
emitió
Primera
Instancia,
resolución
Sala
denegando
la
certificación del pleito como uno de clase. Expresó que para
determinar si el pleito era uno de clase, le correspondía a
los
promoventes
requisitos
demostrar
expuestos
en
que
la
la
acción
Regla
20.1
cumplía
de
con
los
Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
El
foro
primario
señaló
que
resultaba
impráctico
conceder la certificación en el presente caso ya que ello
conllevaría la necesidad de demostrar que cada miembro de la
clase pagó ambos seguros y que no recibió un reembolso de la
Asociación
a
su
nombre,
un
cheque
del
Secretario
de
Hacienda, o un crédito de su seguro privado. Determinó que,
de obtenerse una sentencia favorable de índole general, y
llegado el momento de ejecutar la sentencia, los miembros
representados ausentes de la clase tendrían que ratificar
con prueba individual su derecho a beneficiarse del pleito
de clase. Por último, determinó que el certificar el pleito
como uno de clase no propendía a la eficiencia procesal.
Inconformes
acudieron
--vía
con
tal
determinación,
certiorari--
ante
los
el
demandantes
Tribunal
de
Apelaciones. El 30 de abril de 2004, el referido foro emitió
resolución
denegando
la
expedición
del
auto
solicitado
y
confirmando, de este modo, la resolución del foro primario.
5
CC-2004-518
Fundamentó
su
determinación,
entre
otras
razones,
en
el
hecho de que, al promover la certificación como un pleito de
clase,
los
peticionarios
habían
presentado
una
escueta
moción de dos (2) páginas en la cual no expusieron hechos o
datos adicionales ni anunciaron prueba que demostrase que su
solicitud
cumplía
con
los
requisitos
pertinentes
que
justificaran que el pleito se certificara como uno de clase.
Conforme
lo
desprovista
anterior,
de
los
resolvió,
hechos,
que
datos,
estando
evidencia
u
la
moción
oferta
de
prueba que demostrara, prima facie, que los peticionarios
cumplían
con
los
requisitos
mínimos
que
justificaran
la
certificación del pleito como uno de clase, el Tribunal de
Primera
Instancia
no
había
abusado
de
su
discreción
al
denegar ambas, la certificación de pleito de clase y la
celebración de la vista solicitada para estos efectos.
Aún
inconforme,
la
parte
demandante
recurrió
--vía
certiorari-- ante este Tribunal. Alegó que procede revocar
la resolución emitida por el tribunal apelativo intermedio
debido a que dicho foro judicial incidió al:
… resolver denegar la expedición del auto
solicitado concluyendo que el Tribunal de Primera
Instancia Sala Superior de San Juan actuó
correctamente al denegar la certificación de
clase, bajo el fundamento de que los demandantes
no demostraron prima facie que cumplían con los
requisitos mínimos para la certificación de un
pleito de clase y;
… resolver que no abusó de su discreción el
Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de
San Juan al negarse a señalar, previa a su
resolución de que no procedía la certificación de
un pleito de clase, una vista evidenciaria a esos
fines, según solicitaran los recurrentes.
6
CC-2004-518
El 27 de agosto de 2004, mediante Resolución a tales
efectos 4 ,
le
concedimos
término
a
la
parte
demandada
recurrida para mostrar causa por la cual este Tribunal no
debía
expedir
el
auto
solicitado,
dictar
Sentencia
revocatoria de la resolución emitida en el presente caso por
el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al tribunal de
instancia
para
la
demandada
recurrida
celebración
ha
de
comparecido
una
en
vista.
La
cumplimiento
parte
de
la
mencionada Resolución.
Contando con la comparecencia de ambas partes y estando
en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a
así hacerlo.
I
A
Como es sabido, la acción de clase es un procedimiento
que
permite
personas
hechos
la
con
o
representación
reclamaciones
cuestiones
de
de
típicas
derecho
un
nutrido
basadas
de
en
manera
grupo
los
de
mismos
que,
la
adjudicación tenga la extensión y la profundidad necesaria
para
resolver
las
controversias
presentadas.
Noriega
v.
Gobernador, 122 D.P.R. 650, 684 (1988); Cuadrado Carrión v.
Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 445-446 (1988).
4
Sala Especial de Verano integrada por los Jueces Asociados
señor Rebollo López, señor Corrada del Río, señor Rivera
Pérez y señora Fiol Matta.
7
CC-2004-518
Este Tribunal ha señalado que la figura del pleito de
clase
adelanta
los
objetivos
siguientes:
(1)
fomenta
la
economía judicial en la medida que disminuye el número de
casos
que
deben
resolver
los
tribunales
al
permitirles
adjudicar de una vez todas las cuestiones comunes a varios
litigios, evitando la posibilidad de reclamaciones múltiples
y repetitivas; (2) permite hacer justicia a personas que de
otra manera no la obtendrían, especialmente cuando las sumas
individuales en controversia no son cuantiosas y, por lo
tanto, las personas agraviadas no se sienten motivadas a
litigar,
y
(3)
protege
a
las
partes
de
sentencias
inconsistentes. Rivera Castillo v. Municipio de San Juan,
130
D.P.R.
683,
691
(1992);
Cuadrado
Carrión
v.
Romero
Barceló, 120 D.P.R. 434, 446 (1988).
Las acciones o pleitos de clases están regulados por la
Regla 20 de Procedimiento Civil, ante. La Regla 20.1, 32
L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:
Uno o más miembros de una clase podrán demandar o
ser demandados como representantes de todos los
miembros de la clase solamente si
(1)
la
clase
fuere
tan
numerosa
que
la
acumulación de
todos los miembros resultare impracticable;
(2) existieren cuestiones de hecho o de derecho
común a la clase;
(3)
las
reclamaciones
o
defensas
de
los
representantes
fueren
típicas
de
las
reclamaciones o defensas de la clase; y
(4) los representantes protegerían los intereses
de la clase de manera justa y adecuada.
Sin necesidad de entrar a analizar cada uno de estos
requisitos, los cuales ya han sido ampliamente discutidos
8
CC-2004-518
por
nuestra
jurisprudencia 5 ,
reiteramos
que,
previo
a
certificar una acción como un pleito de clase, el tribunal
debe cerciorarse que se cumplen con los referidos criterios
de
numerosidad,
“Ausente
comunidad,
cualquiera
de
estas
tipicidad,
y
adecuacidad.
condiciones
no
procede
la
certificación.” Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, a
la pág. 458.
Para que proceda la certificación como pleito de clase,
sin embargo, no basta con el cumplimiento de los cuatro
requisitos de la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante,
sino que, además, es necesario que se satisfaga, al menos,
uno de los requisitos adicionales establecidos por la Regla
20.2
de
Procedimiento
Civil,
32
L.P.R.A.
Ap.
III.
Estos
requisitos adicionales son los siguientes:
(a) la tramitación de pleitos separados por o en
contra de miembros individuales de la clase
crearía un riesgo de
(1) adjudicaciones inconsistentes o variadas
con respecto a miembros individuales de la clase,
que
establecerían
normas
de
conducta
incompatibles para la parte que se opone a la
clase, o
(2) adjudicaciones con respecto a miembros
individuales de la clase, que para todos los
fines prácticos dispondrían de los intereses de
los otros miembros que no sean partes en las
adjudicaciones
o,
empeorarían,
o
impedirían
sustancialmente su habilidad para proteger sus
intereses; o
(b) la parte que se opone a la clase ha actuado o
ha rehusado actuar por razones aplicables a la
clase en general, en forma tal que resulte
apropiado conceder finalmente un remedio mediante
interdicto
o
sentencia
declaratoria
A estos efectos véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló,
ante.
5
9
CC-2004-518
correspondiente
general; o
con
respecto
a
la
clase
en
(c) el tribunal determina que las cuestiones de
hechos o de derecho comunes a los miembros de la
clase predominan sobre cualesquiera cuestiones
que afecten solamente a miembros individuales, y
que el pleito de clase es superior a otros
métodos disponibles para la justa y eficiente
adjudicación de la controversia. Los asuntos
pertinentes para las determinaciones incluyen:
(1) el interés de los miembros de la clase
en controlar individualmente la tramitación o
defensa de pleitos separados;
(2) la naturaleza y alcance de cualquier
litigio relativo a la controversia ya comenzado
por o en contra de miembros de la clase;
(3) la deseabilidad de concentrar o no el
trámite
de
las
reclamaciones
en
el
foro
específico;
(4)
las
dificultades
que
probablemente
surgirían en la tramitación de un pleito de
clase.
Hemos expresado que la determinación de si un pleito
puede
tramitarse
como
uno
de
acción
de
clase
no
puede
descansar en la mera especulación y que el peso de la prueba
recae en el promovente de la certificación. Véase: Cuadrado
Carrión v. Romero Barceló, ante. De este modo, corresponde
al promovente demostrar el cumplimiento de cada uno de los
requisitos establecidos por la Regla 20.1 y, en adición, al
menos uno de los requisitos de la Regla 20.2.
En
cuanto
a
la
determinación
de
si
un
pleito
se
tramitará como una acción de clase, la Regla 20.3 de las de
Procedimiento
Civil,
dispone
que,
tan
pronto
como
sea
factible, luego de la radicación de un pleito traído como
pleito de clase, el tribunal determinará, mediante orden, si
se mantendrá como tal. Una orden bajo este inciso podrá ser
10
CC-2004-518
condicional y podrá ser alterada o enmendada antes de la
decisión en los méritos.
B
El texto de nuestra Regla 20 de Procedimiento Civil,
ante,
corresponde
Procedimiento
sustancialmente
Civil
Federal,
al
28
de
la
U.S.C.
Regla
23
de
Debido
a
la
correlación entre la regla federal y la nuestra, en términos
de su desarrollo y su contenido, hemos expresado que la
jurisprudencia
interpretativa
de
ésta
resulta
altamente
persuasiva. Véase: Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante.
Al
interpretar
Federal,
el
expresado,
la
Tribunal
que
el
Regla
23
de
Procedimiento
Supremo
de
los
Estados
tribunal
debe
conducir
Civil
Unidos
un
ha
“análisis
riguroso” previo a la certificación de un pleito de clase.
Aun cuando el tribunal de instancia tiene amplia discreción,
para determinar si concede o no esta certificación, dicho
ejercicio
discrecional
debe
realizarse
luego
de
examinar
detenidamente el cumplimiento de los requisitos de la Regla
23. General Tel. Co. v. Falcon, 457 U.S. 147 (1982); Gulf
Oil Co. v. Bernard, 452 U.S. 89 (1981).
El
requisito
de
realizar
un
“análisis
riguroso”
significa que un pleito de clase no se mantiene por la mera
alegación del promovente a los efectos de que se cumplen con
los requisitos de la Regla 23, sino que es el tribunal quien
tiene la obligación de determinar si, en efecto, se cumple
con los mismos. Aunque la celebración de una vista a estos
11
CC-2004-518
efectos no es mandatoria, para que el tribunal se encuentre
en posición óptima de cerciorarse de que se satisfacen los
requisitos
establecidos
por
la
referida
Regla,
la
celebración de la misma es conveniente. En General Tel. Co.
v. Falcon, ante, el Tribunal Supremo federal --al revocar la
determinación
de
un
tribunal
apelativo
en
la
cual
se
confirmaba la certificación de un pleito de clase realizada
por un foro primario sin, previamente, haberse celebrado una
vista-- expresó que, en algunas instancias, será necesario
que el tribunal “rebusque” más allá de las alegaciones antes
de resolver el asunto de la certificación.
Por otro lado, en Weathers v. Peters Realty Corp., 499
F.2d 1197 (6th Cir. 1974) se expresó que, en algunos casos,
será
necesario
darle
a
las
partes
la
oportunidad
de
presentar evidencia referente al asunto de la certificación.
En este caso se reafirmó que la mera repetición del lenguaje
de la Regla 23 no era suficiente sino que se necesitaban
unas alegaciones fácticas que indicaran que cada uno de los
requisitos
de
la
regla
se
cumplía.
Lo
anterior
puede
desprenderse de las alegaciones de la demanda si contiene
los datos suficientes para que se satisfagan los requisitos
de la Regla 23, pero, de ordinario, la determinación de si
procede o no que se certifique el pleito de clase requiere
más información de la que se provee en la demanda.
Por esta razón, resulta aconsejable y conveniente
que
se le brinde a las partes la oportunidad de presentar --en
una
vista--
evidencia
a
favor,
o
en
contra,
del
12
CC-2004-518
mantenimiento de la acción como un pleito de clase. Esto es,
la vista es en beneficio de ambas partes. La determinación
que sobre ello haga el tribunal, natural y forzosamente, es
una discrecional.
II
“Discreción, naturalmente, significa tener poder para
decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno
o varios cursos de acción”. Pueblo v. Ortega Santiago 125
D.P.R. 203, 211 (1990). Sin embargo, el adecuado ejercicio
de la discreción está “inexorable e indefectiblemente atado
al concepto de la razonabilidad”. Íbid.
Anteriormente hemos señalado las varias maneras en que
se
puede
manifestar
un
abuso
de
discreción.
Sobre
este
aspecto, hemos expresado que un tribunal de justicia incurre
en abuso de discreción, entre otras y en lo pertinente,
“cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
e
ignora,
sin
fundamento
para
ello,
un
hecho
material
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
contrario
para
el
ello,
juez,
le
sin
concede
justificación
gran
peso
y
y
fundamento
valor
a
un
alguno
hecho
irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente
en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en
cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar
los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los
mismos”. Véase: Pueblo v. Ortega Santiago, ante a las págs.
211-212. (Énfasis nuestro).
13
CC-2004-518
Por otro lado, y como reiteradamente hemos expresado,
en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un
tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones
interlocutorias
sentenciador
discrecionales
cuando
este
procesales
último
del
haya
tribunal
incurrido
en
arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. Meléndez
Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000)
Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986);
Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera
v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).
III
En el presente caso, en consecuencia, nos corresponde
resolver si constituyó un abuso de discreción por parte del
Tribunal de Instancia el denegar la certificación del pleito
de
clase
sin
oportunidad
a
celebrar
los
una
vista
demandantes
de
en
la
que
presentar
se
le
diera
evidencia
que
demostrase el cumplimiento de los criterios requeridos por
la Regla 20 de Procedimiento Civil y que tuviera el efecto
de
poner
al
tribunal
en
posición
óptima
de
hacer
la
determinación de si, en efecto, estos se cumplen o no.
Como ya indicáramos --y según correctamente expresara
el tribunal de instancia-- el promovente de la certificación
de una acción como pleito de clase tiene el peso de la
prueba
de
demostrar
que
se
cumplen
con
los
requisitos
establecidos por la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante,
lo
cual
significa
que
éste
tendrá
que
demostrar
--a
14
CC-2004-518
satisfacción del tribunal-- que se cumplen con cada uno de
los requisitos establecidos por la Regla 20.1 y con al menos
uno de los requisitos adicionales dispuestos por la Regla
20.2.
Ello no releva al tribunal de su deber de realizar un
análisis riguroso previo a certificar, o no, el pleito como
uno de clase. Esto conlleva la obligación de cerciorarse de
que,
efectivamente,
se
cumplen
con
los
mencionados
requisitos, sin los cuales, no podrá concederse la referida
certificación. Somos del criterio que, precisamente, para
estos efectos fue que se solicitó la vista evidenciaria en
el presente caso. Erró el foro de instancia al denegar la
misma.
En la resolución que emitiese el Tribunal de Instancia,
éste
expresó,
como
único
fundamento
certificación,
que
resultaba
para
impráctico
denegar
la
conceder
la
certificación en el presente caso ya que, de obtenerse una
sentencia favorable de índole general, y llegado el momento
de
ejecutar
ausentes
de
la
la
sentencia,
clase
individual
su
derecho
fundamento
--de
que
determinar
quiénes
contra
las
de
tendrían
a
miembros
que
representados
ratificar
con
prueba
pleito.
Este
beneficiarse
del
muy
para
el
de
una
sentencia
en
derrota,
por
sí
la
sería
se
los
difícil
beneficiarían
demandadas--
no
tribunal
solo,
posibilidad de que el presente pleito pueda ser certificado
como uno de clase. Recordemos que, tal y como señaláramos
anteriormente, uno de los propósitos principales del pleito
de
clase
es,
precisamente,
acumular
un
gran
número
de
15
CC-2004-518
personas que tengan cuestiones de hecho o de derecho comunes
de modo que, mediante una sola sentencia, se resuelvan estas
cuestiones para ese número de personas.
Se desprende de la resolución emitida que el Tribunal
de Instancia no explicó o expuso las razones por las cuales
no se cumplían con los requisitos del pleito de clase ni las
razones para denegar la vista solicitada. Reiteramos que la
decisión de celebrar una vista evidenciaria es un asunto
discrecional.
Ello
efectos
ser
debe
no
una
obstante,
la
fundamentada;
denegatoria
de
lo
a
esos
contrario,
no
podría un tribunal apelativo revisar dicha determinación en
forma responsable.
De la solicitud de certificación se desprende que los
peticionarios alegaron que la clase era numerosa, que las
cuestiones de hecho y de derecho eran comunes a toda la
clase, y que las cuestiones comunes prevalecían sobre las
individuales.
haber
Ante
celebrado
estas
vista
ya
alegaciones,
que
podía
el
tribunal
proceder
la
debió
referida
solicitud si se le daba a la parte promovente la oportunidad
de presentar evidencia a estos efectos.
Somos del criterio, en consecuencia, que constituyó un
abuso de discreción la determinación del foro de instancia
de denegar la certificación sin el beneficio de la vista ya
que
surge
de
la
solicitud
la
probabilidad
de
que
se
cumplieran los requisitos de la Regla 20 de Procedimiento
Civil, ante.
16
CC-2004-518
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gladys García Rubiera,
Domingo A. Corporan Suárez,
Adalberto Rodríguez, Lourdes
Matos, José R. Maldonado y
otros
Peticionarios
vs.
CC-2004-518
CERTIORARI
Asociación de Suscripción
Conjunta de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio,
Puerto Rican American Ins.
y otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de
la
Resolución
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso
al tribunal de instancia para la continuación de
procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo