LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gladys García Rubiera, Domingo A. Corpor á n Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado y otros vs. Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, Puerto Rican American Ins. y otros

2005 TSPR 103

Poder Judicial de Puerto Rico

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Gladys García Rubiera, Domingo A. Corpor á n Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado y otros vs. Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, Puerto Rican American Ins. y otros

CC-2004-0518

12 de julio de 2005 · Regla 20 del Procedimiento Civil- Certificación de Pleito de Clase

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys García Rubiera,

Domingo A. Corporan Suárez,

Adalberto Rodríguez, Lourdes

Matos, José R. Maldonado y

otros

Certiorari

2005 TSPR 103

164 DPR ____

Peticionarios

vs.

Asociación de Suscripción

Conjunta de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio,

Puerto Rican American Ins.

y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-518

Fecha: 12 de julio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Juez Ponente:

Hon. Antonio J. Negroni Cintrón

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Antonio J. Amadeo Murga

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Arturo J. García Solá

Lcdo. Mario Arroyo Dávila

Lcdo. Roberto C. Quiñones Rivera

Lcda. Luz Nereida Carrero

Lcda. Nannette Berrios Haddock

Lcdo. Pedro R. Cintrón Rivera

Lcda. Isabel López Rivera

Lcdo. Carlos Martínez Texidor

Lcdo. José A. Iguina de la Rosa

Lcda. Magaly Rodríguez de Vázquez

Lcdo. Javier A. Agreló Pérez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales

Procuradora General Auxiliar

Materia: Inconstitucionalidad de Ley

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys García Rubiera,

Domingo A. Corporan Suárez,

Adalberto Rodríguez, Lourdes

Matos, José R. Maldonado y

otros

Peticionarios

vs.

CC-2004-518

CERTIORARI

Asociación de Suscripción

Conjunta de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio,

Puerto Rican American Ins.

y otros

Recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2005

El

presente

caso

tiene

su

génesis

en

una

demanda en cobro de dinero, intereses y honorarios

presentada,

por

varios

demandantes 1 ,

contra

la

Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de

Responsabilidad

Asociación”.

En

Obligatorio 2 ,

dicha

demanda

en

adelante

se

alegó,

“la

en

síntesis, que durante los años 1997 al 2000 los

1

Gladys García Rubiera; Domingo A. Corporan

Suárez; Adalberto Rodríguez; Lourdes Matos; José R.

Maldonado; José Pérez Caníbal; Manuel Molina

Godinez; David Castro; Adalberto Avilés; Jorge

Plard; Laura Plard Ocasio; Ginova Toro Morales; y

Noemí Valentín Marrero.

2

Figuran como codemandadas, Puerto Rican American

Ins. Co.; Universal Ins. Co.; Preferred Risk Ins.

Co.; National Ins. Co., Cooperativa de Seguros

Múltiples; American Internacional Ins. Co.; Royal &

Sun Alliance Ins. Co.;

Caribbean Alliance Ins.

Co.; All State Ins. Co.; y X, Y, Z, Companies.

2

CC-2004-518

demandantes pagaron las primas de una póliza de seguro, bajo

alguna aseguradora privada, conocida como póliza del seguro

tradicional

pagaron

de

responsabilidad

también

primas

del

Obligatorio creado por la

1997,

26

L.P.R.A.

y

que,

Seguro

de

de

igual

forma,

Responsabilidad

Ley Núm. 94 de 20 de agosto de

secs.

8052

et

seq.,

según

enmendada,

conocida como Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio.

Los demandantes alegaron que, en virtud de la Ley Núm. 94,

ante,

y

del

Reglamento

para

la

instrumentación

de

dicho

estatuto, las compañías aseguradoras codemandadas tenían la

obligación

de

devolver

las

primas

pagadas

en

exceso

en

concepto del Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Por tal

razón, solicitaron el reembolso de la suma de dinero que

representa los pagos realizados por éstos para obtener una

póliza del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

Los demandantes radicaron la referida acción como un

pleito

de

clase

a

favor

de

todos

los

consumidores

que,

alegadamente, han sido privados ilegalmente del reembolso de

las

cantidades

pagadas

por

la

prima

del

de

noviembre

Seguro

de

2001

los

Responsabilidad Obligatorio.

Conforme

a

ello,

el

20

de

demandantes le solicitaron al foro primario que la acción

fuese certificada como un pleito de clase.

solicitud

se

alegó

que

el

pleito

se

En la referida

había

instado

en

representación de más de doscientas mil personas (200,000) a

quienes la Asociación no les había devuelto o reembolsado

las primas pagadas por concepto del seguro obligatorio, a

3

CC-2004-518

pesar de que éstas habían cumplido con el requisito de tener

una póliza tradicional. Se indicó que en el presente caso se

cumplían los requisitos para que la acción se certificara

como un pleito de clase; a saber, que las cuestiones de

hecho y de derecho eran comunes a los miembros de la clase,

que estas predominaban sobre las cuestiones que afectaban

solamente a los miembros individuales y que el remedio de la

acción de clase era superior a otros medios disponibles para

la adjudicación eficiente de la controversia. En virtud de

lo anterior,

solicitaron que el tribunal señalara una vista

para determinar si procedía o no la acción como un pleito de

clase.

Posteriormente, la Asociación se opuso a la referida

solicitud3 sosteniendo que no procedía la certificación de la

acción como un pleito de clase ya que la parte promovente no

había presentado argumentos suficientes que demostraran la

procedencia de su reclamo. Conforme lo anterior, alegó que

la parte que solicita la certificación de un pleito de clase

no puede descansar en meras alegaciones, sino que tiene que

demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos

por la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Sostuvo que la parte demandante no había establecido, ni si

quiera

preliminarmente,

necesarios

para

la

que

cumplía

certificación

con

los

solicitada

requisitos

ni

había

A dicha oposición se unieron las codemandadas Seguros

Triple-S Inc., Caribbean Alliance Insurance Co. y Royal &

Sunalliance Insurance Company of Puerto Rico.

3

4

CC-2004-518

expuesto

fundamentos

suficientes

que

sustentasen

la

procedencia de la acción como un pleito de clase.

Así las cosas, el 19 de marzo de 2002, sin celebrar la

vista

solicitada,

Superior

de

San

el

Tribunal

Juan,

de

emitió

Primera

Instancia,

resolución

Sala

denegando

la

certificación del pleito como uno de clase. Expresó que para

determinar si el pleito era uno de clase, le correspondía a

los

promoventes

requisitos

demostrar

expuestos

en

que

la

la

acción

Regla

20.1

cumplía

de

con

los

Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El

foro

primario

señaló

que

resultaba

impráctico

conceder la certificación en el presente caso ya que ello

conllevaría la necesidad de demostrar que cada miembro de la

clase pagó ambos seguros y que no recibió un reembolso de la

Asociación

a

su

nombre,

un

cheque

del

Secretario

de

Hacienda, o un crédito de su seguro privado. Determinó que,

de obtenerse una sentencia favorable de índole general, y

llegado el momento de ejecutar la sentencia, los miembros

representados ausentes de la clase tendrían que ratificar

con prueba individual su derecho a beneficiarse del pleito

de clase. Por último, determinó que el certificar el pleito

como uno de clase no propendía a la eficiencia procesal.

Inconformes

acudieron

--vía

con

tal

determinación,

certiorari--

ante

los

el

demandantes

Tribunal

de

Apelaciones. El 30 de abril de 2004, el referido foro emitió

resolución

denegando

la

expedición

del

auto

solicitado

y

confirmando, de este modo, la resolución del foro primario.

5

CC-2004-518

Fundamentó

su

determinación,

entre

otras

razones,

en

el

hecho de que, al promover la certificación como un pleito de

clase,

los

peticionarios

habían

presentado

una

escueta

moción de dos (2) páginas en la cual no expusieron hechos o

datos adicionales ni anunciaron prueba que demostrase que su

solicitud

cumplía

con

los

requisitos

pertinentes

que

justificaran que el pleito se certificara como uno de clase.

Conforme

lo

desprovista

anterior,

de

los

resolvió,

hechos,

que

datos,

estando

evidencia

u

la

moción

oferta

de

prueba que demostrara, prima facie, que los peticionarios

cumplían

con

los

requisitos

mínimos

que

justificaran

la

certificación del pleito como uno de clase, el Tribunal de

Primera

Instancia

no

había

abusado

de

su

discreción

al

denegar ambas, la certificación de pleito de clase y la

celebración de la vista solicitada para estos efectos.

Aún

inconforme,

la

parte

demandante

recurrió

--vía

certiorari-- ante este Tribunal. Alegó que procede revocar

la resolución emitida por el tribunal apelativo intermedio

debido a que dicho foro judicial incidió al:

… resolver denegar la expedición del auto

solicitado concluyendo que el Tribunal de Primera

Instancia Sala Superior de San Juan actuó

correctamente al denegar la certificación de

clase, bajo el fundamento de que los demandantes

no demostraron prima facie que cumplían con los

requisitos mínimos para la certificación de un

pleito de clase y;

… resolver que no abusó de su discreción el

Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de

San Juan al negarse a señalar, previa a su

resolución de que no procedía la certificación de

un pleito de clase, una vista evidenciaria a esos

fines, según solicitaran los recurrentes.

6

CC-2004-518

El 27 de agosto de 2004, mediante Resolución a tales

efectos 4 ,

le

concedimos

término

a

la

parte

demandada

recurrida para mostrar causa por la cual este Tribunal no

debía

expedir

el

auto

solicitado,

dictar

Sentencia

revocatoria de la resolución emitida en el presente caso por

el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al tribunal de

instancia

para

la

demandada

recurrida

celebración

ha

de

comparecido

una

en

vista.

La

cumplimiento

parte

de

la

mencionada Resolución.

Contando con la comparecencia de ambas partes y estando

en posición de resolver el recurso radicado, procedemos a

así hacerlo.

I

A

Como es sabido, la acción de clase es un procedimiento

que

permite

personas

hechos

la

con

o

representación

reclamaciones

cuestiones

de

de

típicas

derecho

un

nutrido

basadas

de

en

manera

grupo

los

de

mismos

que,

la

adjudicación tenga la extensión y la profundidad necesaria

para

resolver

las

controversias

presentadas.

Noriega

v.

Gobernador, 122 D.P.R. 650, 684 (1988); Cuadrado Carrión v.

Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 445-446 (1988).

4

Sala Especial de Verano integrada por los Jueces Asociados

señor Rebollo López, señor Corrada del Río, señor Rivera

Pérez y señora Fiol Matta.

7

CC-2004-518

Este Tribunal ha señalado que la figura del pleito de

clase

adelanta

los

objetivos

siguientes:

(1)

fomenta

la

economía judicial en la medida que disminuye el número de

casos

que

deben

resolver

los

tribunales

al

permitirles

adjudicar de una vez todas las cuestiones comunes a varios

litigios, evitando la posibilidad de reclamaciones múltiples

y repetitivas; (2) permite hacer justicia a personas que de

otra manera no la obtendrían, especialmente cuando las sumas

individuales en controversia no son cuantiosas y, por lo

tanto, las personas agraviadas no se sienten motivadas a

litigar,

y

(3)

protege

a

las

partes

de

sentencias

inconsistentes. Rivera Castillo v. Municipio de San Juan,

130

D.P.R.

683,

691

(1992);

Cuadrado

Carrión

v.

Romero

Barceló, 120 D.P.R. 434, 446 (1988).

Las acciones o pleitos de clases están regulados por la

Regla 20 de Procedimiento Civil, ante. La Regla 20.1, 32

L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:

Uno o más miembros de una clase podrán demandar o

ser demandados como representantes de todos los

miembros de la clase solamente si

(1)

la

clase

fuere

tan

numerosa

que

la

acumulación de

todos los miembros resultare impracticable;

(2) existieren cuestiones de hecho o de derecho

común a la clase;

(3)

las

reclamaciones

o

defensas

de

los

representantes

fueren

típicas

de

las

reclamaciones o defensas de la clase; y

(4) los representantes protegerían los intereses

de la clase de manera justa y adecuada.

Sin necesidad de entrar a analizar cada uno de estos

requisitos, los cuales ya han sido ampliamente discutidos

8

CC-2004-518

por

nuestra

jurisprudencia 5 ,

reiteramos

que,

previo

a

certificar una acción como un pleito de clase, el tribunal

debe cerciorarse que se cumplen con los referidos criterios

de

numerosidad,

“Ausente

comunidad,

cualquiera

de

estas

tipicidad,

y

adecuacidad.

condiciones

no

procede

la

certificación.” Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, a

la pág. 458.

Para que proceda la certificación como pleito de clase,

sin embargo, no basta con el cumplimiento de los cuatro

requisitos de la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante,

sino que, además, es necesario que se satisfaga, al menos,

uno de los requisitos adicionales establecidos por la Regla

20.2

de

Procedimiento

Civil,

32

L.P.R.A.

Ap.

III.

Estos

requisitos adicionales son los siguientes:

(a) la tramitación de pleitos separados por o en

contra de miembros individuales de la clase

crearía un riesgo de

(1) adjudicaciones inconsistentes o variadas

con respecto a miembros individuales de la clase,

que

establecerían

normas

de

conducta

incompatibles para la parte que se opone a la

clase, o

(2) adjudicaciones con respecto a miembros

individuales de la clase, que para todos los

fines prácticos dispondrían de los intereses de

los otros miembros que no sean partes en las

adjudicaciones

o,

empeorarían,

o

impedirían

sustancialmente su habilidad para proteger sus

intereses; o

(b) la parte que se opone a la clase ha actuado o

ha rehusado actuar por razones aplicables a la

clase en general, en forma tal que resulte

apropiado conceder finalmente un remedio mediante

interdicto

o

sentencia

declaratoria

A estos efectos véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló,

ante.

5

9

CC-2004-518

correspondiente

general; o

con

respecto

a

la

clase

en

(c) el tribunal determina que las cuestiones de

hechos o de derecho comunes a los miembros de la

clase predominan sobre cualesquiera cuestiones

que afecten solamente a miembros individuales, y

que el pleito de clase es superior a otros

métodos disponibles para la justa y eficiente

adjudicación de la controversia. Los asuntos

pertinentes para las determinaciones incluyen:

(1) el interés de los miembros de la clase

en controlar individualmente la tramitación o

defensa de pleitos separados;

(2) la naturaleza y alcance de cualquier

litigio relativo a la controversia ya comenzado

por o en contra de miembros de la clase;

(3) la deseabilidad de concentrar o no el

trámite

de

las

reclamaciones

en

el

foro

específico;

(4)

las

dificultades

que

probablemente

surgirían en la tramitación de un pleito de

clase.

Hemos expresado que la determinación de si un pleito

puede

tramitarse

como

uno

de

acción

de

clase

no

puede

descansar en la mera especulación y que el peso de la prueba

recae en el promovente de la certificación. Véase: Cuadrado

Carrión v. Romero Barceló, ante. De este modo, corresponde

al promovente demostrar el cumplimiento de cada uno de los

requisitos establecidos por la Regla 20.1 y, en adición, al

menos uno de los requisitos de la Regla 20.2.

En

cuanto

a

la

determinación

de

si

un

pleito

se

tramitará como una acción de clase, la Regla 20.3 de las de

Procedimiento

Civil,

dispone

que,

tan

pronto

como

sea

factible, luego de la radicación de un pleito traído como

pleito de clase, el tribunal determinará, mediante orden, si

se mantendrá como tal. Una orden bajo este inciso podrá ser

10

CC-2004-518

condicional y podrá ser alterada o enmendada antes de la

decisión en los méritos.

B

El texto de nuestra Regla 20 de Procedimiento Civil,

ante,

corresponde

Procedimiento

sustancialmente

Civil

Federal,

al

28

de

la

U.S.C.

Regla

23

de

Debido

a

la

correlación entre la regla federal y la nuestra, en términos

de su desarrollo y su contenido, hemos expresado que la

jurisprudencia

interpretativa

de

ésta

resulta

altamente

persuasiva. Véase: Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante.

Al

interpretar

Federal,

el

expresado,

la

Tribunal

que

el

Regla

23

de

Procedimiento

Supremo

de

los

Estados

tribunal

debe

conducir

Civil

Unidos

un

ha

“análisis

riguroso” previo a la certificación de un pleito de clase.

Aun cuando el tribunal de instancia tiene amplia discreción,

para determinar si concede o no esta certificación, dicho

ejercicio

discrecional

debe

realizarse

luego

de

examinar

detenidamente el cumplimiento de los requisitos de la Regla

23. General Tel. Co. v. Falcon, 457 U.S. 147 (1982); Gulf

Oil Co. v. Bernard, 452 U.S. 89 (1981).

El

requisito

de

realizar

un

“análisis

riguroso”

significa que un pleito de clase no se mantiene por la mera

alegación del promovente a los efectos de que se cumplen con

los requisitos de la Regla 23, sino que es el tribunal quien

tiene la obligación de determinar si, en efecto, se cumple

con los mismos. Aunque la celebración de una vista a estos

11

CC-2004-518

efectos no es mandatoria, para que el tribunal se encuentre

en posición óptima de cerciorarse de que se satisfacen los

requisitos

establecidos

por

la

referida

Regla,

la

celebración de la misma es conveniente. En General Tel. Co.

v. Falcon, ante, el Tribunal Supremo federal --al revocar la

determinación

de

un

tribunal

apelativo

en

la

cual

se

confirmaba la certificación de un pleito de clase realizada

por un foro primario sin, previamente, haberse celebrado una

vista-- expresó que, en algunas instancias, será necesario

que el tribunal “rebusque” más allá de las alegaciones antes

de resolver el asunto de la certificación.

Por otro lado, en Weathers v. Peters Realty Corp., 499

F.2d 1197 (6th Cir. 1974) se expresó que, en algunos casos,

será

necesario

darle

a

las

partes

la

oportunidad

de

presentar evidencia referente al asunto de la certificación.

En este caso se reafirmó que la mera repetición del lenguaje

de la Regla 23 no era suficiente sino que se necesitaban

unas alegaciones fácticas que indicaran que cada uno de los

requisitos

de

la

regla

se

cumplía.

Lo

anterior

puede

desprenderse de las alegaciones de la demanda si contiene

los datos suficientes para que se satisfagan los requisitos

de la Regla 23, pero, de ordinario, la determinación de si

procede o no que se certifique el pleito de clase requiere

más información de la que se provee en la demanda.

Por esta razón, resulta aconsejable y conveniente

que

se le brinde a las partes la oportunidad de presentar --en

una

vista--

evidencia

a

favor,

o

en

contra,

del

12

CC-2004-518

mantenimiento de la acción como un pleito de clase. Esto es,

la vista es en beneficio de ambas partes. La determinación

que sobre ello haga el tribunal, natural y forzosamente, es

una discrecional.

II

“Discreción, naturalmente, significa tener poder para

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno

o varios cursos de acción”. Pueblo v. Ortega Santiago 125

D.P.R. 203, 211 (1990). Sin embargo, el adecuado ejercicio

de la discreción está “inexorable e indefectiblemente atado

al concepto de la razonabilidad”. Íbid.

Anteriormente hemos señalado las varias maneras en que

se

puede

manifestar

un

abuso

de

discreción.

Sobre

este

aspecto, hemos expresado que un tribunal de justicia incurre

en abuso de discreción, entre otras y en lo pertinente,

“cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta

e

ignora,

sin

fundamento

para

ello,

un

hecho

material

importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el

contrario

para

el

ello,

juez,

le

sin

concede

justificación

gran

peso

y

y

fundamento

valor

a

un

alguno

hecho

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente

en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar

los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los

mismos”. Véase: Pueblo v. Ortega Santiago, ante a las págs.

211-212. (Énfasis nuestro).

13

CC-2004-518

Por otro lado, y como reiteradamente hemos expresado,

en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias

sentenciador

discrecionales

cuando

este

procesales

último

del

haya

tribunal

incurrido

en

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000)

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986);

Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera

v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).

III

En el presente caso, en consecuencia, nos corresponde

resolver si constituyó un abuso de discreción por parte del

Tribunal de Instancia el denegar la certificación del pleito

de

clase

sin

oportunidad

a

celebrar

los

una

vista

demandantes

de

en

la

que

presentar

se

le

diera

evidencia

que

demostrase el cumplimiento de los criterios requeridos por

la Regla 20 de Procedimiento Civil y que tuviera el efecto

de

poner

al

tribunal

en

posición

óptima

de

hacer

la

determinación de si, en efecto, estos se cumplen o no.

Como ya indicáramos --y según correctamente expresara

el tribunal de instancia-- el promovente de la certificación

de una acción como pleito de clase tiene el peso de la

prueba

de

demostrar

que

se

cumplen

con

los

requisitos

establecidos por la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante,

lo

cual

significa

que

éste

tendrá

que

demostrar

--a

14

CC-2004-518

satisfacción del tribunal-- que se cumplen con cada uno de

los requisitos establecidos por la Regla 20.1 y con al menos

uno de los requisitos adicionales dispuestos por la Regla

20.2.

Ello no releva al tribunal de su deber de realizar un

análisis riguroso previo a certificar, o no, el pleito como

uno de clase. Esto conlleva la obligación de cerciorarse de

que,

efectivamente,

se

cumplen

con

los

mencionados

requisitos, sin los cuales, no podrá concederse la referida

certificación. Somos del criterio que, precisamente, para

estos efectos fue que se solicitó la vista evidenciaria en

el presente caso. Erró el foro de instancia al denegar la

misma.

En la resolución que emitiese el Tribunal de Instancia,

éste

expresó,

como

único

fundamento

certificación,

que

resultaba

para

impráctico

denegar

la

conceder

la

certificación en el presente caso ya que, de obtenerse una

sentencia favorable de índole general, y llegado el momento

de

ejecutar

ausentes

de

la

la

sentencia,

clase

individual

su

derecho

fundamento

--de

que

determinar

quiénes

contra

las

de

tendrían

a

miembros

que

representados

ratificar

con

prueba

pleito.

Este

beneficiarse

del

muy

para

el

de

una

sentencia

en

derrota,

por

sí

la

sería

se

los

difícil

beneficiarían

demandadas--

no

tribunal

solo,

posibilidad de que el presente pleito pueda ser certificado

como uno de clase. Recordemos que, tal y como señaláramos

anteriormente, uno de los propósitos principales del pleito

de

clase

es,

precisamente,

acumular

un

gran

número

de

15

CC-2004-518

personas que tengan cuestiones de hecho o de derecho comunes

de modo que, mediante una sola sentencia, se resuelvan estas

cuestiones para ese número de personas.

Se desprende de la resolución emitida que el Tribunal

de Instancia no explicó o expuso las razones por las cuales

no se cumplían con los requisitos del pleito de clase ni las

razones para denegar la vista solicitada. Reiteramos que la

decisión de celebrar una vista evidenciaria es un asunto

discrecional.

Ello

efectos

ser

debe

no

una

obstante,

la

fundamentada;

denegatoria

de

lo

a

esos

contrario,

no

podría un tribunal apelativo revisar dicha determinación en

forma responsable.

De la solicitud de certificación se desprende que los

peticionarios alegaron que la clase era numerosa, que las

cuestiones de hecho y de derecho eran comunes a toda la

clase, y que las cuestiones comunes prevalecían sobre las

individuales.

haber

Ante

celebrado

estas

vista

ya

alegaciones,

que

podía

el

tribunal

proceder

la

debió

referida

solicitud si se le daba a la parte promovente la oportunidad

de presentar evidencia a estos efectos.

Somos del criterio, en consecuencia, que constituyó un

abuso de discreción la determinación del foro de instancia

de denegar la certificación sin el beneficio de la vista ya

que

surge

de

la

solicitud

la

probabilidad

de

que

se

cumplieran los requisitos de la Regla 20 de Procedimiento

Civil, ante.

16

CC-2004-518

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gladys García Rubiera,

Domingo A. Corporan Suárez,

Adalberto Rodríguez, Lourdes

Matos, José R. Maldonado y

otros

Peticionarios

vs.

CC-2004-518

CERTIORARI

Asociación de Suscripción

Conjunta de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio,

Puerto Rican American Ins.

y otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 12 de julio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de

la

Resolución

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso

al tribunal de instancia para la continuación de

procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo