Tribunal Supremo de Puerto Rico
Zoraida García Morales y otros vs. Iván Padró Hernández y otros
2005 TSPR 105
Poder Judicial de Puerto Rico
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Zoraida García Morales y otros vs. Iván Padró Hernández y otros
CC-2004-1063
14 de julio de 2005 · Certiorari / Abuso de Discreción
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida García Morales y
otros
Demandantes-recurridos
Certiorari
2005 TSPR 105
164 DPR ____
vs.
Iván Padró Hernández y otros
Demandados-peticionarios
Número del Caso: CC-2004-1063
Fecha: 14 de julio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. José Miranda De Hostos
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Alfredo Fernández Martínez
Lcda. Alina Sandoval Matos
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Joaquín Peña Peña
Materia: Daños y Perjuicios
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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida García Morales y
otros
Demandantes-recurridos
vs.
CC-2004-1063
CERTIORARI
Iván Padró Hernández y otros
Demandados-peticionarios
OPINIÓN DEL
REBOLLO LÓPEZ
TRIBUNAL
EMITIDA
POR
EL
JUEZ
ASOCIADO
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 14 julio de 2005
Con motivo de una muerte ocasionada por un
accidente, ocurrido entre dos vehículos de motor
en el kilómetro 11.6 de la Carretera Estatal Núm.
22,
el
4
de
octubre
de
1996
Zoraida
García
Morales --por sí y en representación de sus hijos
menores de edad Melannie Jo Ann y John Anthony
Esteves
García--,
Esthefanny
Pauline
Caraballo
García y Helen Peña Esteves 1 radicaron ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón, una demanda de daños y perjuicios contra
Iván R. Padró Hernández, Efraín Benítez Morales,
el Secretario del Departamento de Transportación
1
Los co-demandantes, recurridos, son la esposa,
los hijos, la hija de crianza y la madre del
occiso, respectivamente.
2
CC-2004-1063
y
Obras
Públicas,
la
Autoridad
de
Carreteras
y
Transportación, en adelante la Autoridad de Carreteras,
General
Accident
Insurance
Company
y
la
Compañía
de
Seguros X2.
En la referida demanda se alegó, en síntesis, que el
1ero de mayo de 1996 mientras Iván Esteves Peña transitaba 3
a
velocidad
moderada
en
horas
de
la
mañana
por
la
Carretera Núm. 22 se encontró de súbito --al llegar al
kilómetro
barredora
11.6
4
en
el
propiedad
sector
Cataño--
con
de
Autoridad
de
la
una
máquina
Carreteras;
alegaron que al encontrarse repentinamente los vehículos
se produjo un fatal impacto entre ambos. Se adujo que la
barredora de la Autoridad de Carreteras no tenía señal
alguna --conforme a los requisitos mínimos establecidos
para identificar dicha función-- que advirtiese al público
que
se
estaban
reparación
negligencia
de
de
llevando
la
a
cabo
carretera;
la
Autoridad
labores
alegaron,
de
de
limpieza
además,
Carreteras
y
o
que
esta
de
sus
empleados al no tomar las medidas de seguridad necesarias
--exigidas por las mejores normas de diligencia y la ley--
2
Alguna de estas últimas codemandadas tenía una póliza de
seguros expedida a favor de la Autoridad de Carreteras
para cubrir daños como los que se alegaban en la demanda.
3
Al momento del accidente Esteves Peña conducía un Ford
Van, modelo Econoline, tablilla 361-957, propiedad de
Federal Express, Corp.
4
La barredora de la Autoridad de Carreteras --conducida al
momento de los hechos por Padró Hernández-- era un camión
Ford 1992, modelo 7000, tablilla 461-138.
3
CC-2004-1063
fue lo que provocó el accidente y, en consecuencia, la
muerte de Iván Esteves Peña5.
Luego de varios trámites e incidentes procesales, el
14
de
octubre
de
1999
la
parte
demandante
enmendó
su
demanda 6 y presentó, a su vez, una Moción de Desistimiento
sin Perjuicio en relación con Padró Hernández y Benítez
Morales.
Mediante
sentencia
a
esos
efectos,
el
foro
primario declaró con lugar la referida moción.
Posteriormente, el foro de instancia --a solicitud de
ambas partes 7 -- ordenó la bifurcación del caso. Conforme a
lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia señaló una
vista
únicamente
para
determinar
si
la
Autoridad
de
Carreteras incurrió en negligencia en la gestión de
5
En virtud de lo anterior, los co-demandantes solicitaron
que los codemandados pagaran solidariamente la suma de
$2,400,00.00 como pago, entre otras cosas, de los
sufrimientos experimentados por el occiso a causa del
terrible dolor que sintió luego del accidente y antes de
morir, los ingresos dejados de percibir por el occiso, los
daños sufridos por su madre por la pérdida de su único
hijo, y la falta de afecto y compañía.
6
La demanda se enmendó para sustituir a Helen Peña Esteves
--por haber fallecido-- por sus herederos Melannie Jo Ann
Esteves García y John Anthony Esteves García. El foro
primario concedió la referida solicitud.
7
Las partes acordaron que sería conveniente celebrar
vistas separadas con miras a que el Tribunal de Primera
Instancia
determinara
a
través
de
la
prueba,
la
negligencia si alguna de las partes envueltas en el
accidente con el propósito de mover a una posible
transacción. Luego si fuera necesario, y no se llegara a
un acuerdo, se procedería entonces con otra vista para
desfilar evidencia relacionada con los daños alegados por
la reclamante.
4
CC-2004-1063
limpieza de la autopista que se realizaba con la barredora
el día del accidente objeto del pleito.
Celebradas las correspondientes vistas 8 , y luego de
que las partes sometieran sendos proyectos de sentencia,
el tribunal de instancia emitió un dictamen disponiendo
finalmente del aspecto de negligencia del caso. 9 A esos
efectos,
resolvió
que
--a
la
luz
de
la
evidencia
documental y testifical recibida-- el camión barredora no
estaba equipado con los aditamentos de aviso y seguridad
adecuados y necesarios para llevar a cabo una operación de
limpieza de carriles en una avenida de gran magnitud y
densidad de tránsito, como lo era la Carretera Núm. 22.
Determinó que la Autoridad de Carreteras no tenía señales
efectivas a los fines de alertar a los conductores del
peligro existente en la carretera ya que el reflejo solar
disminuía en gran medida la efectividad del biombo que
tenía colocado. En virtud de lo anterior, concluyó que la
Autoridad de Carreteras fue negligente --debido a su
8
Las vistas sobre negligencia se celebraron los días 23 de
febrero de 2000, 16-24 de octubre de 2000, 22, 24, 25 y 28
de enero de 2002, 22-24 de enero de 2003, 17, 19, 21, 24
de marzo de 2003, 7 y 8 de julio de 2003.
9
El
dictamen
fue
titulado
Relación
del
Caso,
Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y
Sentencia sobre la Negligencia. El mismo fue emitido el 10
de mayo de 2004 y notificado el 14 de junio de 2004. Vale
la pena destacar que el volante de notificación utilizado
fue el reservado para la notificación de sentencias,
mediante el cual se apercibe a las partes el derecho a
instar un recurso de apelación.
5
CC-2004-1063
conducta y omisiones-- y su negligencia fue la única causa
del accidente que ocasionó la muerte de Esteves García.
Insatisfecha
con
tal
determinación,
el
13
de
septiembre de 2004 la Autoridad de Carreteras acudió, vía
recurso
de
apelación,
alegando
como
único
ante
Tribunal
señalamiento
de
de
Apelaciones;
error
que
había
incidido el foro primario en su evaluación de la prueba
presentada en la vista de negligencia al concluir que el
accidente de tránsito objeto del caso, se debió única y
exclusivamente
a
la
negligencia
de
la
Autoridad
de
certiorari
por
Carreteras.10
Acogido
el
recurso
como
uno
de
tratarse de una resolución de naturaleza interlocutoria,
el 30 de septiembre de 2004, el foro apelativo intermedio,
10
Se alegó, específicamente, que el accidente ocurrió
debido, únicamente, a que Esteves conducía ilegalmente y a
exceso de velocidad, se cambió del centro del carril al de
la
izquierda
precipitadamente
y
sin
examinar
las
condiciones del carril hacia el cual se dirigía, lo cual
no reflejó un comportamiento prudente y razonable. Se
alegó, además, que el conducir a exceso de velocidad fue
lo que impidió que Esteves Peña tuviera el pleno dominio
de su vehículo de manera que pudiera reaccionar a tiempo y
evitar el accidente tan pronto se percata de la situación
peligrosa en la cual expuso su seguridad y vida, así como
la de los demás. Se adujo que, debido a ello, no logró
frenar por completo su vehículo para impedir el choque, ni
regresar al carril del centro, ya que había alcanzado el
vehículo que se encontraba al frente suyo en el carril del
centro. En virtud de lo anterior, se indicó que ningún
artefacto de advertencia hubiese sido efectivo para evitar
el accidente. Por último, alegaron que las actuaciones
Esteves no podían ser prevista por la Autoridad de
Carreteras,
y
por
tal
razón
no
podía
imponérsele
responsabilidad ya que únicamente respondía si hubiese
violado el deber de previsibilidad conforme al artículo
1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141.
6
CC-2004-1063
mediante resolución esos efectos y sin discutir el error
planteado,
denegó
determinación
causar
un
en
el
que
auto
de
solicitado.
acogerse
fraccionamiento
el
indebido
Fundamentó
recurso
del
se
su
podría
pleito
y
la
dilación innecesaria para la adjudicación final sobre la
cuantía de los daños. El tribunal apelativo intermedio, a
esos efectos, expresó:
“Tratándose de una resolución interlocutoria, la
cual no puede ser apelada por no ser final y
ejecutable, el peticionario...deberá esperar que
se resuelva el aspecto de la cuantía de daños
para poderla revisar. Nuestra intervención en
esta
etapa
del
proceso,
como
dispone
la
jurisprudencia, sería a destiempo pues de no
probarse los daños por la parte demandante aquí
recurrida, se convertiría en “ilusoria” la
adjudicación de daños, ya sea por transacción o
en los méritos, entonces la sentencia emitida
por el tribunal de instancia será final,
ejecutable y apelable.”
Inconforme con tal determinación, el 15 de noviembre
de 2004, la parte demandada recurrió, oportunamente ante
este
Tribunal
apelativo
haber
--vía
intermedio,
errado
al
certiorari--
imputándole
en
y
síntesis
denegar
el
al
foro
en
lo
pertinente,
recurso
de
certiorari
presentado por el fundamento de que, intervenir en esta
etapa de los procedimientos, dilataría innecesariamente la
resolución final del pleito.
Atendida
veinte
(20)
la
petición
días
a
la
de
parte
certiorari,
le
concedimos
demandante-recurrida
para
mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir
el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la
7
CC-2004-1063
resolución
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Contando con la comparecencia de las partes, y estando en
condiciones
de
resolver
el
recurso,
procedemos
a
así
hacerlo. Revocamos; veamos por qué.
I
Como es sabido, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III R. 43.1 11 , define el término sentencia
como “cualquier determinación del tribunal que resuelva
finalmente la cuestión litigiosa”. U.S. Fire Insurance Co.
v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000); Román et. al. v. Kmart Corp. et al., 151 D.P.R. 731, 739 (2000); Feliberty
v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999); De
Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 903
(1998).
11
Es decir, es aquella determinación que “pone fin
La Regla 43.1, ante, dispone lo siguiente:
Según se usa en estas reglas, el término
"sentencia" incluye cualquier determinación del
Tribunal de Primera Instancia que resuelva
finalmente la cuestión litigiosa de la cual
pueda apelarse.
El término "sentencia", cuando es dictada por un
tribunal
de
apelación,
se
refiere
a
la
determinación final de ese tribunal en cuanto a
la apelación ante sí o en cuanto al recurso
discrecional en el cual el tribunal de apelación
ha expedido el auto solicitado. La determinación
final del tribunal de apelación cuando éste
deniega discrecionalmente el auto solicitado se
denomina "resolución". La determinación final
del tribunal de apelación cuando éste desestima
por cualquier causa o archiva por desistimiento
un
recurso
de
apelación,
se
denomina
"sentencia".
8
CC-2004-1063
a la controversia existente entre las partes mediante una
adjudicación final”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E.,
ante, a la pág. 967 (2000); Román et. al. v. K-mart Corp.
et
al.,
ante,
a
la
pág.
739;
Rodríguez
v.
Tribunal
Municipal, 74 D.P.R. 656, 664 (1953).
A tono con lo anterior, este Tribunal ha indicado que
"una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el
caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes,
en
forma
tal
que
no
queda
pendiente
ejecución
de
la
sentencia."
nada
Feliberty
más
v.
que
la
Soc.
de
Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999) citando a Cardenas
Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987); Camaleglo
v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Cortes Román
v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñónez,
78 D.P.R. 551, 556 (1955); Véanse, además: José Cuevas
Segarra,
Tratado
Publicaciones
de
Derecho
J.T.S.,
San
Procesal
Juan,
P.R.,
Civil,
Tomo
II,
2000,
pág.
680,
Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico,
Derecho Procesal Apelativo, Lexis Nexis, San Juan, P.R.,
2001, pág. 351.
Por otro lado, este Tribunal ha definido el término
resolución
como
aquel
dictamen
que
“pone
fin
a
un
incidente dentro del proceso judicial” U.S. Fire Insurance
Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 967; Román et. al. v. Kmart Corp. et al., ante, a la pág. 739; De Jesús v. Corp.
Azucarera
de
P.R.,
ante,
a
la
pág.
904;
Rodríguez
v.
Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664. Véanse, además:
9
CC-2004-1063
Cuevas
Segarra,
op.cit.,
pág.
682,
Sánchez
Martínez,
op.cit. pág. 351. Dicho de otra manera, la resolución es
aquella
“decisión
en
la
cual
se
adjudica
un
incidente
respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones
de
algún
litigante
reclamación
o
o
en
cuanto
reclamaciones
a
que
algún
se
aspecto
dilucidan
de
la
en
el
proceso, bien sea antes o ya sea después de dictarse la
sentencia.” Hiram Sánchez Martínez, op.cit., a la pág.351.
Conforme a lo anterior, este Tribunal ha indicado,
respecto a la interrelación existente entre una resolución
y una sentencia, que, específicamente, “ninguna de las dos
constituyen
un
término
genérico
dentro
del
cual
pueda
entenderse comprendida la otra”. U.S. Fire Insurance Co.
v.
A.E.E.,
Azucarera
de
ante,
a
P.R.,
la
pág.
ante,
a
967;
la
pág.
De
Jesús
904;
v.
Corp.
Rodríguez
v.
Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664. De este modo,
hemos
reiterado
que
existe
una
“diferencia
conceptual
categórica” entre una sentencia y una resolución. 12 U.S.
Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 967; De
12
Existe además entre ambas una diferencia en la práctica
seguida para la notificación. Cuando se trata de una
resolución, el tribunal notifica a las partes sin
advertirles de su derecho a apelación. Cuando se trata de
una sentencia, el secretario le notifica a las partes
sobre la adjudicación final, su derecho a apelar, y la
fecha exacta del archivo de dicha notificación en los
autos, que es la que determina desde cuando empieza a
correr el termino para apelar. U.S. Fire Insurance Co. v.
A.E.E., ante, a la pág. 967; De Jesús v. Corp. Azucarera
de P.R., ante, a la pág. 904; Rodríguez v. Tribunal
Municipal, ante, a la pág.664
10
CC-2004-1063
Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, a la pág. 904;
Rodríguez v. Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664.
En virtud de lo anterior, “no es el nombre lo que
determina
si
tal
dictamen
es
una
resolución
o
es
una
sentencia. Un dictamen judicial puede titularse sentencia
y ser realmente una resolución y viceversa”. Hiram Sánchez
Martínez, op.cit., a la pág. 351-352. A esos efectos, este
Tribunal
ha
señalado
que
“si
un
tribunal
dicta
una
resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a todas las
controversias
entre
las
partes,
se
constituye
en
una
sentencia final de la cual puede interponerse recurso de
apelación”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la
pág. 967; Román et. al. v. K-mart Corp. et al., ante, a la
pág. 739; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, a la
pág. 903. Véanse, además: Cuevas Segarra, op.cit., pág.
679-680, Sánchez Martínez, op.cit., pág. 351-352.
De igual forma, si el tribunal dicta una sentencia
parcial que no cumple con los requisitos de la Regla 43.5
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III, R-43.5 13 , la
sentencia dictada por no ser final no es apelable, sino
13
La referida Regla 43.5 establece el mecanismo procesal
que tienen a su disposición los tribunales cuando en un
pleito de múltiples reclamaciones o múltiples partes se
dicta sentencia para adjudicar menos del total de las
reclamaciones o de los derechos u obligaciones de menos de
la totalidad de las partes. Es decir, esta regla permite
darle finalidad a una sentencia parcial que únicamente
resuelva los derechos de una de las partes en un pleito.
U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 968;
Camaleglo v. Dorado Wings, 118 D.P.R. 20 (1986).
11
CC-2004-1063
que es una resolución que sólo puede ser revisada mediante
recurso de certiorari.
Específicamente, este Tribunal ha aclarado que cuando
un tribunal bifurca una acción de daños y perjuicios, y
fracciona los elementos básicos de negligencia y daños,
aunque disponga del primer aspecto, la negligencia, no se
resuelve de forma definitiva la cuestión litigiosa de la
cual pueda apelarse. Por tal razón, el referido dictamen
es “uno de carácter interlocutorio” que “no es final por
no ser aún ejecutable”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E.,
ante, a la pág. 968; Díaz Burgos v. Navieras de P.R., 118
D.P.R. 297, 301-302 (1987). En virtud de lo anterior, el
dictamen relativo al aspecto de negligencia, por no ser
final, no es apelable; es una resolución que sólo puede
ser revisada mediante recurso del certiorari.
II
Por otra parte, el auto de certiorari es el vehículo
procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía
pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior.
Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).
Se
trata de un recurso extraordinario en el que se solicita
que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un
error
cometido
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 2001 T.S.P.R. 64, res.
el
2
de
apelación,
mayo
el
de
2001.
tribunal
de
Distinto
a
los
recursos
superior
jerarquía
tiene
de
la
12
CC-2004-1063
facultad
de
expedir
el
auto
de
certiorari
de
manera
discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción del
foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. Véase,
Sánchez Martínez, op.cit., pág. 560.
Específicamente, este Tribunal ha definido discreción
como “poder para decidir en una u otra forma, esto es,
para escoger entre uno o varios cursos de acción.” Pueblo
v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir,
"[d]discreción
aplicada
al
es,
pues,
discernimiento
una
forma
judicial
de
razonabilidad
para
llegar
a
una
conclusión justiciera.” Pueblo v. Ortega Santiago, ante;
Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
Sin embargo la aludida discreción del foro apelativo
no
es
absoluta
sino
ya
que
como
hemos
indicado
el
mencionado concepto "no significa poder para actuar en una
forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho
porque,
ciertamente,
eso
constituiría
un
abuso
de
discreción 14 ”. Negrón v. Srio. de Justicia, 2001 T.S.P.R.
63,
14
res.
el
20
de
mayo
de
2001..
Pueblo
v.
Ortega
Este Tribunal ha expresado que un tribunal de justicia
incurre en abuso de discreción, entre otras y en lo
pertinente “cuando el juez, en la decisión que emite, no
toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un
hecho material importante que no podía ser pasado por
alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor
a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión
exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e
importantes
y
descartar
los
irrelevantes,
el
juez
livianamente sopesa y calibra los mismos”. Pueblo v.
Ortega Santiago, ante, a las págs. 211-212.
13
CC-2004-1063
Santiago, ante, a la pág. 211; Pueblo v. Sánchez González,
ante, a la pág 200. Esto es así ya que, “el adecuado
ejercicio
de
la
discreción
judicial
esta
inexorable
e
indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.
Pueblo v. Ortega Santiago, ante, a la pág. 211; Pueblo v.
Sánchez González, ante, a la pág. 200.
En virtud de lo anterior, y con el fin de que el
Tribunal de Apelaciones pueda ejercer de forma sabia y
prudente su facultad discrecional de entender o no en los
méritos de los asuntos que le son planteados mediante el
recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de ese
Tribunal,
4
L.P.R.A.
Ap.
XXII-A,
R.
40.,
señala
los
criterios que debe tomar en consideración al atender una
solicitud de expedición de un auto de certiorari. 15 Negrón
v.
Srio.
De
Justicia.
La
referida
Regla
dispone
lo
siguiente:
El
Tribunal
tomará
en
consideración
los
siguientes criterios al determinar la expedición
de un auto de certiorari o de una orden de
mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la
decisión
recurrida,
a
diferencia
de
sus
fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la
más indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
15
Vale la pena destacar que ninguno de los antes expuestos
criterios en la Regla 40 es determinante, por sí solo,
para este ejercicio de jurisdicción, y no constituye una
lista exhaustiva. Sánchez Martínez, op.cit., a la pág.
560.
14
CC-2004-1063
craso y manifiesto en la apreciación de
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
la
(D) Si el asunto planteado exige consideración
más detenida a la luz de los autos originales,
los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
mas elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que
presenta el caso es la más propicia para
consideración.
se
su
(F) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar
causa
no
causa
un
fraccionamiento
indebido del pleito y una dilación indeseable en
la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
Vale la pena destacar que la acción de un tribunal de
apelaciones,
denegatoria
de
un
auto
de
certiorari,
no
prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada,
pudiendo
ello
ser
correspondiente
Pauneto
recurso
Rivera,
consecuencia,
reproducido
130
la
de
749,
afectada
mediante
el
Borges
v.
755-756
(1992).
En
por
decisión
que
apelación.
D.P.R.
parte
nuevamente
Núñez
la
finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia, no queda
privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo
los
planteamientos
resuelva el pleito.
que
entienda
procedentes
una
vez
se
Ibíd.
III
La parte peticionaria alega que incidió el Tribunal
de Apelaciones al denegar la expedición del recurso de
certiorari en el presente caso por el fundamento de que
15
CC-2004-1063
intervenir en esa etapa de los procedimientos dilataría
innecesariamente la resolución final del pleito. Le asiste
la razón; veamos por qué.
En el presente caso se bifurcó el pleito de daños y
perjuicios
para
negligencia
y
que
luego
se
los
adjudicara
daños.
Luego
primeramente
la
de
de
negligencia que se extendió por 19 días,
una
vista
el foro primario
determinó que la negligencia de la Autoridad de Carreteras
fue la única causa del accidente que le ocasionó la muerte
Estévez Peña.
Inconforme
Carreteras
con
tal
determinación,
acudió,
vía
recurso
de
la
Autoridad
apelación,
ante
de
el
Tribunal de Apelaciones. Correctamente dicho foro acogió
el recurso de apelación como recurso de certiorari; esto
en virtud de que, como mencionamos anteriormente, se traa
de la revisión de una resolución interlocutoria.
Inexplicablemente,
sin
embargo,
el
foro
apelativo
intermedio se negó a expedir el auto. No hay duda de que
dicho
dictamen
sentencia
final
no
y
podía
ser
apelado
ejecutable;
sin
por
no
ser
una
embargo
esto
no
significa que dicho foro apelativo intermedio estuviese
incapacitado para revisar dicha resolución mediante auto
de certiorari.
Sorprende
considerara
que
que
el
entrar
foro
en
los
apelativo
méritos
intermedio
del
recurso
equivaldría a un fraccionamiento indebido y a una dilación
innecesaria para la adjudicación final sobre la cuantía de
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CC-2004-1063
los daños y que expedir el auto en esa etapa del proceso
era incurrir en un acto a destiempo, pues de no probarse
los
daños
por
la
parte
convertiría
en
“ilusoria”
demandante-recurrida,
la
adjudicación
se
sobre
negligencia que hizo el tribunal.
Resulta increíble que el foro apelativo intermedio
concluyera que no debía expedir el auto --en un caso donde
acuden al tribunal una viuda, una madre que perdió a su
único hijo y unos niños que se quedaron sin padre-- debido
a que existe la posibilidad de que la parte demandante no
pueda probar daños. ¿Puede concluirse que la muerte de un
ser humano no le causa daño alguno a su esposa, a sus
hijos y a su madre?
Reconocemos que dicho foro tiene amplia discreción
para
determinar
enfatizamos
que
qué
recurso
expedir.
dicha
discreción
no
es
Sin
embargo
absoluta
e
ilimitada. No hay duda que erró el Tribunal de Apelaciones
al no expedir el auto solicitado ya que, contrario a lo
resuelto, ese era el momento más oportuno para examinar la
determinación que sobre la negligencia hiciera el foro de
instancia. Dicha revisión promueve la economía procesal
debido a que, tal vez, la disposición del recurso haría
innecesaria la ulterior determinación de daños si el foro
apelativo
intermedio
Carreteras
no
fue
entendiera
negligente,
que
o,
la
Autoridad
de
podría
promover,
en
última instancia, que las partes llegaran a un acuerdo
17
CC-2004-1063
transaccional, de confirmarse al foro de instancia sobre
el aspecto de negligencia.
Estamos convencidos, en fin, de que expedir el auto
solicitado en el presente caso no causa un fraccionamiento
indebido del mismo, ni se afecta el desarrollo normal del
litigio
ni
se
demora
contrario.
Conforme
concluir
el
que
foro
a
su
pronta
lo
anterior,
apelativo
solución;
todo
resulta
intermedio
abusó
lo
forzoso
de
su
discreción al resolver de forma contraria a derecho y no
sopesar los factores antes detallados.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zoraida García Morales y
otros
Demandantes-recurridos
vs.
CC-2004-1063
CERTIORARI
Iván Padró Hernández y otros
Demandados-peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 julio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se expide el auto de
certiorari y se dicta Sentencia revocatoria del
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.
En consecuencia, se devuelve el caso a dicho foro
para la consideración del recurso en sus méritos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Fiol Matta concurre en el
resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado
señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo