LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Zoraida García Morales y otros vs. Iván Padró Hernández y otros

2005 TSPR 105

Poder Judicial de Puerto Rico

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Zoraida García Morales y otros vs. Iván Padró Hernández y otros

CC-2004-1063

14 de julio de 2005 · Certiorari / Abuso de Discreción

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida García Morales y

otros

Demandantes-recurridos

Certiorari

2005 TSPR 105

164 DPR ____

vs.

Iván Padró Hernández y otros

Demandados-peticionarios

Número del Caso: CC-2004-1063

Fecha: 14 de julio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. José Miranda De Hostos

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Alfredo Fernández Martínez

Lcda. Alina Sandoval Matos

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Joaquín Peña Peña

Materia: Daños y Perjuicios

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TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida García Morales y

otros

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2004-1063

CERTIORARI

Iván Padró Hernández y otros

Demandados-peticionarios

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 14 julio de 2005

Con motivo de una muerte ocasionada por un

accidente, ocurrido entre dos vehículos de motor

en el kilómetro 11.6 de la Carretera Estatal Núm.

22,

el

4

de

octubre

de

1996

Zoraida

García

Morales --por sí y en representación de sus hijos

menores de edad Melannie Jo Ann y John Anthony

Esteves

García--,

Esthefanny

Pauline

Caraballo

García y Helen Peña Esteves 1 radicaron ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón, una demanda de daños y perjuicios contra

Iván R. Padró Hernández, Efraín Benítez Morales,

el Secretario del Departamento de Transportación

1

Los co-demandantes, recurridos, son la esposa,

los hijos, la hija de crianza y la madre del

occiso, respectivamente.

2

CC-2004-1063

y

Obras

Públicas,

la

Autoridad

de

Carreteras

y

Transportación, en adelante la Autoridad de Carreteras,

General

Accident

Insurance

Company

y

la

Compañía

de

Seguros X2.

En la referida demanda se alegó, en síntesis, que el

1ero de mayo de 1996 mientras Iván Esteves Peña transitaba 3

a

velocidad

moderada

en

horas

de

la

mañana

por

la

Carretera Núm. 22 se encontró de súbito --al llegar al

kilómetro

barredora

11.6

4

en

el

propiedad

sector

Cataño--

con

de

Autoridad

de

la

una

máquina

Carreteras;

alegaron que al encontrarse repentinamente los vehículos

se produjo un fatal impacto entre ambos. Se adujo que la

barredora de la Autoridad de Carreteras no tenía señal

alguna --conforme a los requisitos mínimos establecidos

para identificar dicha función-- que advirtiese al público

que

se

estaban

reparación

negligencia

de

de

llevando

la

a

cabo

carretera;

la

Autoridad

labores

alegaron,

de

de

limpieza

además,

Carreteras

y

o

que

esta

de

sus

empleados al no tomar las medidas de seguridad necesarias

--exigidas por las mejores normas de diligencia y la ley--

2

Alguna de estas últimas codemandadas tenía una póliza de

seguros expedida a favor de la Autoridad de Carreteras

para cubrir daños como los que se alegaban en la demanda.

3

Al momento del accidente Esteves Peña conducía un Ford

Van, modelo Econoline, tablilla 361-957, propiedad de

Federal Express, Corp.

4

La barredora de la Autoridad de Carreteras --conducida al

momento de los hechos por Padró Hernández-- era un camión

Ford 1992, modelo 7000, tablilla 461-138.

3

CC-2004-1063

fue lo que provocó el accidente y, en consecuencia, la

muerte de Iván Esteves Peña5.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el

14

de

octubre

de

1999

la

parte

demandante

enmendó

su

demanda 6 y presentó, a su vez, una Moción de Desistimiento

sin Perjuicio en relación con Padró Hernández y Benítez

Morales.

Mediante

sentencia

a

esos

efectos,

el

foro

primario declaró con lugar la referida moción.

Posteriormente, el foro de instancia --a solicitud de

ambas partes 7 -- ordenó la bifurcación del caso. Conforme a

lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia señaló una

vista

únicamente

para

determinar

si

la

Autoridad

de

Carreteras incurrió en negligencia en la gestión de

5

En virtud de lo anterior, los co-demandantes solicitaron

que los codemandados pagaran solidariamente la suma de

$2,400,00.00 como pago, entre otras cosas, de los

sufrimientos experimentados por el occiso a causa del

terrible dolor que sintió luego del accidente y antes de

morir, los ingresos dejados de percibir por el occiso, los

daños sufridos por su madre por la pérdida de su único

hijo, y la falta de afecto y compañía.

6

La demanda se enmendó para sustituir a Helen Peña Esteves

--por haber fallecido-- por sus herederos Melannie Jo Ann

Esteves García y John Anthony Esteves García. El foro

primario concedió la referida solicitud.

7

Las partes acordaron que sería conveniente celebrar

vistas separadas con miras a que el Tribunal de Primera

Instancia

determinara

a

través

de

la

prueba,

la

negligencia si alguna de las partes envueltas en el

accidente con el propósito de mover a una posible

transacción. Luego si fuera necesario, y no se llegara a

un acuerdo, se procedería entonces con otra vista para

desfilar evidencia relacionada con los daños alegados por

la reclamante.

4

CC-2004-1063

limpieza de la autopista que se realizaba con la barredora

el día del accidente objeto del pleito.

Celebradas las correspondientes vistas 8 , y luego de

que las partes sometieran sendos proyectos de sentencia,

el tribunal de instancia emitió un dictamen disponiendo

finalmente del aspecto de negligencia del caso. 9 A esos

efectos,

resolvió

que

--a

la

luz

de

la

evidencia

documental y testifical recibida-- el camión barredora no

estaba equipado con los aditamentos de aviso y seguridad

adecuados y necesarios para llevar a cabo una operación de

limpieza de carriles en una avenida de gran magnitud y

densidad de tránsito, como lo era la Carretera Núm. 22.

Determinó que la Autoridad de Carreteras no tenía señales

efectivas a los fines de alertar a los conductores del

peligro existente en la carretera ya que el reflejo solar

disminuía en gran medida la efectividad del biombo que

tenía colocado. En virtud de lo anterior, concluyó que la

Autoridad de Carreteras fue negligente --debido a su

8

Las vistas sobre negligencia se celebraron los días 23 de

febrero de 2000, 16-24 de octubre de 2000, 22, 24, 25 y 28

de enero de 2002, 22-24 de enero de 2003, 17, 19, 21, 24

de marzo de 2003, 7 y 8 de julio de 2003.

9

El

dictamen

fue

titulado

Relación

del

Caso,

Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y

Sentencia sobre la Negligencia. El mismo fue emitido el 10

de mayo de 2004 y notificado el 14 de junio de 2004. Vale

la pena destacar que el volante de notificación utilizado

fue el reservado para la notificación de sentencias,

mediante el cual se apercibe a las partes el derecho a

instar un recurso de apelación.

5

CC-2004-1063

conducta y omisiones-- y su negligencia fue la única causa

del accidente que ocasionó la muerte de Esteves García.

Insatisfecha

con

tal

determinación,

el

13

de

septiembre de 2004 la Autoridad de Carreteras acudió, vía

recurso

de

apelación,

alegando

como

único

ante

Tribunal

señalamiento

de

de

Apelaciones;

error

que

había

incidido el foro primario en su evaluación de la prueba

presentada en la vista de negligencia al concluir que el

accidente de tránsito objeto del caso, se debió única y

exclusivamente

a

la

negligencia

de

la

Autoridad

de

certiorari

por

Carreteras.10

Acogido

el

recurso

como

uno

de

tratarse de una resolución de naturaleza interlocutoria,

el 30 de septiembre de 2004, el foro apelativo intermedio,

10

Se alegó, específicamente, que el accidente ocurrió

debido, únicamente, a que Esteves conducía ilegalmente y a

exceso de velocidad, se cambió del centro del carril al de

la

izquierda

precipitadamente

y

sin

examinar

las

condiciones del carril hacia el cual se dirigía, lo cual

no reflejó un comportamiento prudente y razonable. Se

alegó, además, que el conducir a exceso de velocidad fue

lo que impidió que Esteves Peña tuviera el pleno dominio

de su vehículo de manera que pudiera reaccionar a tiempo y

evitar el accidente tan pronto se percata de la situación

peligrosa en la cual expuso su seguridad y vida, así como

la de los demás. Se adujo que, debido a ello, no logró

frenar por completo su vehículo para impedir el choque, ni

regresar al carril del centro, ya que había alcanzado el

vehículo que se encontraba al frente suyo en el carril del

centro. En virtud de lo anterior, se indicó que ningún

artefacto de advertencia hubiese sido efectivo para evitar

el accidente. Por último, alegaron que las actuaciones

Esteves no podían ser prevista por la Autoridad de

Carreteras,

y

por

tal

razón

no

podía

imponérsele

responsabilidad ya que únicamente respondía si hubiese

violado el deber de previsibilidad conforme al artículo

1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141.

6

CC-2004-1063

mediante resolución esos efectos y sin discutir el error

planteado,

denegó

determinación

causar

un

en

el

que

auto

de

solicitado.

acogerse

fraccionamiento

el

indebido

Fundamentó

recurso

del

se

su

podría

pleito

y

la

dilación innecesaria para la adjudicación final sobre la

cuantía de los daños. El tribunal apelativo intermedio, a

esos efectos, expresó:

“Tratándose de una resolución interlocutoria, la

cual no puede ser apelada por no ser final y

ejecutable, el peticionario...deberá esperar que

se resuelva el aspecto de la cuantía de daños

para poderla revisar. Nuestra intervención en

esta

etapa

del

proceso,

como

dispone

la

jurisprudencia, sería a destiempo pues de no

probarse los daños por la parte demandante aquí

recurrida, se convertiría en “ilusoria” la

adjudicación de daños, ya sea por transacción o

en los méritos, entonces la sentencia emitida

por el tribunal de instancia será final,

ejecutable y apelable.”

Inconforme con tal determinación, el 15 de noviembre

de 2004, la parte demandada recurrió, oportunamente ante

este

Tribunal

apelativo

haber

--vía

intermedio,

errado

al

certiorari--

imputándole

en

y

síntesis

denegar

el

al

foro

en

lo

pertinente,

recurso

de

certiorari

presentado por el fundamento de que, intervenir en esta

etapa de los procedimientos, dilataría innecesariamente la

resolución final del pleito.

Atendida

veinte

(20)

la

petición

días

a

la

de

parte

certiorari,

le

concedimos

demandante-recurrida

para

mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir

el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la

7

CC-2004-1063

resolución

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Contando con la comparecencia de las partes, y estando en

condiciones

de

resolver

el

recurso,

procedemos

a

así

hacerlo. Revocamos; veamos por qué.

I

Como es sabido, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. III R. 43.1 11 , define el término sentencia

como “cualquier determinación del tribunal que resuelva

finalmente la cuestión litigiosa”. U.S. Fire Insurance Co.

v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000); Román et. al. v. Kmart Corp. et al., 151 D.P.R. 731, 739 (2000); Feliberty

v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999); De

Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 903

(1998).

11

Es decir, es aquella determinación que “pone fin

La Regla 43.1, ante, dispone lo siguiente:

Según se usa en estas reglas, el término

"sentencia" incluye cualquier determinación del

Tribunal de Primera Instancia que resuelva

finalmente la cuestión litigiosa de la cual

pueda apelarse.

El término "sentencia", cuando es dictada por un

tribunal

de

apelación,

se

refiere

a

la

determinación final de ese tribunal en cuanto a

la apelación ante sí o en cuanto al recurso

discrecional en el cual el tribunal de apelación

ha expedido el auto solicitado. La determinación

final del tribunal de apelación cuando éste

deniega discrecionalmente el auto solicitado se

denomina "resolución". La determinación final

del tribunal de apelación cuando éste desestima

por cualquier causa o archiva por desistimiento

un

recurso

de

apelación,

se

denomina

"sentencia".

8

CC-2004-1063

a la controversia existente entre las partes mediante una

adjudicación final”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E.,

ante, a la pág. 967 (2000); Román et. al. v. K-mart Corp.

et

al.,

ante,

a

la

pág.

739;

Rodríguez

v.

Tribunal

Municipal, 74 D.P.R. 656, 664 (1953).

A tono con lo anterior, este Tribunal ha indicado que

"una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el

caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes,

en

forma

tal

que

no

queda

pendiente

ejecución

de

la

sentencia."

nada

Feliberty

más

v.

que

la

Soc.

de

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999) citando a Cardenas

Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987); Camaleglo

v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Cortes Román

v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñónez,

78 D.P.R. 551, 556 (1955); Véanse, además: José Cuevas

Segarra,

Tratado

Publicaciones

de

Derecho

J.T.S.,

San

Procesal

Juan,

P.R.,

Civil,

Tomo

II,

2000,

pág.

680,

Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico,

Derecho Procesal Apelativo, Lexis Nexis, San Juan, P.R.,

2001, pág. 351.

Por otro lado, este Tribunal ha definido el término

resolución

como

aquel

dictamen

que

“pone

fin

a

un

incidente dentro del proceso judicial” U.S. Fire Insurance

Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 967; Román et. al. v. Kmart Corp. et al., ante, a la pág. 739; De Jesús v. Corp.

Azucarera

de

P.R.,

ante,

a

la

pág.

904;

Rodríguez

v.

Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664. Véanse, además:

9

CC-2004-1063

Cuevas

Segarra,

op.cit.,

pág.

682,

Sánchez

Martínez,

op.cit. pág. 351. Dicho de otra manera, la resolución es

aquella

“decisión

en

la

cual

se

adjudica

un

incidente

respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones

de

algún

litigante

reclamación

o

o

en

cuanto

reclamaciones

a

que

algún

se

aspecto

dilucidan

de

la

en

el

proceso, bien sea antes o ya sea después de dictarse la

sentencia.” Hiram Sánchez Martínez, op.cit., a la pág.351.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha indicado,

respecto a la interrelación existente entre una resolución

y una sentencia, que, específicamente, “ninguna de las dos

constituyen

un

término

genérico

dentro

del

cual

pueda

entenderse comprendida la otra”. U.S. Fire Insurance Co.

v.

A.E.E.,

Azucarera

de

ante,

a

P.R.,

la

pág.

ante,

a

967;

la

pág.

De

Jesús

904;

v.

Corp.

Rodríguez

v.

Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664. De este modo,

hemos

reiterado

que

existe

una

“diferencia

conceptual

categórica” entre una sentencia y una resolución. 12 U.S.

Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 967; De

12

Existe además entre ambas una diferencia en la práctica

seguida para la notificación. Cuando se trata de una

resolución, el tribunal notifica a las partes sin

advertirles de su derecho a apelación. Cuando se trata de

una sentencia, el secretario le notifica a las partes

sobre la adjudicación final, su derecho a apelar, y la

fecha exacta del archivo de dicha notificación en los

autos, que es la que determina desde cuando empieza a

correr el termino para apelar. U.S. Fire Insurance Co. v.

A.E.E., ante, a la pág. 967; De Jesús v. Corp. Azucarera

de P.R., ante, a la pág. 904; Rodríguez v. Tribunal

Municipal, ante, a la pág.664

10

CC-2004-1063

Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, a la pág. 904;

Rodríguez v. Tribunal Municipal, ante, a la pág. 664.

En virtud de lo anterior, “no es el nombre lo que

determina

si

tal

dictamen

es

una

resolución

o

es

una

sentencia. Un dictamen judicial puede titularse sentencia

y ser realmente una resolución y viceversa”. Hiram Sánchez

Martínez, op.cit., a la pág. 351-352. A esos efectos, este

Tribunal

ha

señalado

que

“si

un

tribunal

dicta

una

resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a todas las

controversias

entre

las

partes,

se

constituye

en

una

sentencia final de la cual puede interponerse recurso de

apelación”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la

pág. 967; Román et. al. v. K-mart Corp. et al., ante, a la

pág. 739; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, a la

pág. 903. Véanse, además: Cuevas Segarra, op.cit., pág.

679-680, Sánchez Martínez, op.cit., pág. 351-352.

De igual forma, si el tribunal dicta una sentencia

parcial que no cumple con los requisitos de la Regla 43.5

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III, R-43.5 13 , la

sentencia dictada por no ser final no es apelable, sino

13

La referida Regla 43.5 establece el mecanismo procesal

que tienen a su disposición los tribunales cuando en un

pleito de múltiples reclamaciones o múltiples partes se

dicta sentencia para adjudicar menos del total de las

reclamaciones o de los derechos u obligaciones de menos de

la totalidad de las partes. Es decir, esta regla permite

darle finalidad a una sentencia parcial que únicamente

resuelva los derechos de una de las partes en un pleito.

U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., ante, a la pág. 968;

Camaleglo v. Dorado Wings, 118 D.P.R. 20 (1986).

11

CC-2004-1063

que es una resolución que sólo puede ser revisada mediante

recurso de certiorari.

Específicamente, este Tribunal ha aclarado que cuando

un tribunal bifurca una acción de daños y perjuicios, y

fracciona los elementos básicos de negligencia y daños,

aunque disponga del primer aspecto, la negligencia, no se

resuelve de forma definitiva la cuestión litigiosa de la

cual pueda apelarse. Por tal razón, el referido dictamen

es “uno de carácter interlocutorio” que “no es final por

no ser aún ejecutable”. U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E.,

ante, a la pág. 968; Díaz Burgos v. Navieras de P.R., 118

D.P.R. 297, 301-302 (1987). En virtud de lo anterior, el

dictamen relativo al aspecto de negligencia, por no ser

final, no es apelable; es una resolución que sólo puede

ser revisada mediante recurso del certiorari.

II

Por otra parte, el auto de certiorari es el vehículo

procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía

pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior.

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).

Se

trata de un recurso extraordinario en el que se solicita

que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un

error

cometido

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 2001 T.S.P.R. 64, res.

el

2

de

apelación,

mayo

el

de

2001.

tribunal

de

Distinto

a

los

recursos

superior

jerarquía

tiene

de

la

12

CC-2004-1063

facultad

de

expedir

el

auto

de

certiorari

de

manera

discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción del

foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. Véase,

Sánchez Martínez, op.cit., pág. 560.

Específicamente, este Tribunal ha definido discreción

como “poder para decidir en una u otra forma, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción.” Pueblo

v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir,

"[d]discreción

aplicada

al

es,

pues,

discernimiento

una

forma

judicial

de

razonabilidad

para

llegar

a

una

conclusión justiciera.” Pueblo v. Ortega Santiago, ante;

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).

Sin embargo la aludida discreción del foro apelativo

no

es

absoluta

sino

ya

que

como

hemos

indicado

el

mencionado concepto "no significa poder para actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho

porque,

ciertamente,

eso

constituiría

un

abuso

de

discreción 14 ”. Negrón v. Srio. de Justicia, 2001 T.S.P.R.

63,

14

res.

el

20

de

mayo

de

2001..

Pueblo

v.

Ortega

Este Tribunal ha expresado que un tribunal de justicia

incurre en abuso de discreción, entre otras y en lo

pertinente “cuando el juez, en la decisión que emite, no

toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un

hecho material importante que no podía ser pasado por

alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor

a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante

considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e

importantes

y

descartar

los

irrelevantes,

el

juez

livianamente sopesa y calibra los mismos”. Pueblo v.

Ortega Santiago, ante, a las págs. 211-212.

13

CC-2004-1063

Santiago, ante, a la pág. 211; Pueblo v. Sánchez González,

ante, a la pág 200. Esto es así ya que, “el adecuado

ejercicio

de

la

discreción

judicial

esta

inexorable

e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.

Pueblo v. Ortega Santiago, ante, a la pág. 211; Pueblo v.

Sánchez González, ante, a la pág. 200.

En virtud de lo anterior, y con el fin de que el

Tribunal de Apelaciones pueda ejercer de forma sabia y

prudente su facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que le son planteados mediante el

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de ese

Tribunal,

4

L.P.R.A.

Ap.

XXII-A,

R.

40.,

señala

los

criterios que debe tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari. 15 Negrón

v.

Srio.

De

Justicia.

La

referida

Regla

dispone

lo

siguiente:

El

Tribunal

tomará

en

consideración

los

siguientes criterios al determinar la expedición

de un auto de certiorari o de una orden de

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la

decisión

recurrida,

a

diferencia

de

sus

fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la

más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error

15

Vale la pena destacar que ninguno de los antes expuestos

criterios en la Regla 40 es determinante, por sí solo,

para este ejercicio de jurisdicción, y no constituye una

lista exhaustiva. Sánchez Martínez, op.cit., a la pág.

560.

14

CC-2004-1063

craso y manifiesto en la apreciación de

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

la

(D) Si el asunto planteado exige consideración

más detenida a la luz de los autos originales,

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos

mas elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que

presenta el caso es la más propicia para

consideración.

se

su

(F) Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar

causa

no

causa

un

fraccionamiento

indebido del pleito y una dilación indeseable en

la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Vale la pena destacar que la acción de un tribunal de

apelaciones,

denegatoria

de

un

auto

de

certiorari,

no

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada,

pudiendo

ello

ser

correspondiente

Pauneto

recurso

Rivera,

consecuencia,

reproducido

130

la

de

749,

afectada

mediante

el

Borges

v.

755-756

(1992).

En

por

decisión

que

apelación.

D.P.R.

parte

nuevamente

Núñez

la

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia, no queda

privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo

los

planteamientos

resuelva el pleito.

que

entienda

procedentes

una

vez

se

Ibíd.

III

La parte peticionaria alega que incidió el Tribunal

de Apelaciones al denegar la expedición del recurso de

certiorari en el presente caso por el fundamento de que

15

CC-2004-1063

intervenir en esa etapa de los procedimientos dilataría

innecesariamente la resolución final del pleito. Le asiste

la razón; veamos por qué.

En el presente caso se bifurcó el pleito de daños y

perjuicios

para

negligencia

y

que

luego

se

los

adjudicara

daños.

Luego

primeramente

la

de

de

negligencia que se extendió por 19 días,

una

vista

el foro primario

determinó que la negligencia de la Autoridad de Carreteras

fue la única causa del accidente que le ocasionó la muerte

Estévez Peña.

Inconforme

Carreteras

con

tal

determinación,

acudió,

vía

recurso

de

la

Autoridad

apelación,

ante

de

el

Tribunal de Apelaciones. Correctamente dicho foro acogió

el recurso de apelación como recurso de certiorari; esto

en virtud de que, como mencionamos anteriormente, se traa

de la revisión de una resolución interlocutoria.

Inexplicablemente,

sin

embargo,

el

foro

apelativo

intermedio se negó a expedir el auto. No hay duda de que

dicho

dictamen

sentencia

final

no

y

podía

ser

apelado

ejecutable;

sin

por

no

ser

una

embargo

esto

no

significa que dicho foro apelativo intermedio estuviese

incapacitado para revisar dicha resolución mediante auto

de certiorari.

Sorprende

considerara

que

que

el

entrar

foro

en

los

apelativo

méritos

intermedio

del

recurso

equivaldría a un fraccionamiento indebido y a una dilación

innecesaria para la adjudicación final sobre la cuantía de

16

CC-2004-1063

los daños y que expedir el auto en esa etapa del proceso

era incurrir en un acto a destiempo, pues de no probarse

los

daños

por

la

parte

convertiría

en

“ilusoria”

demandante-recurrida,

la

adjudicación

se

sobre

negligencia que hizo el tribunal.

Resulta increíble que el foro apelativo intermedio

concluyera que no debía expedir el auto --en un caso donde

acuden al tribunal una viuda, una madre que perdió a su

único hijo y unos niños que se quedaron sin padre-- debido

a que existe la posibilidad de que la parte demandante no

pueda probar daños. ¿Puede concluirse que la muerte de un

ser humano no le causa daño alguno a su esposa, a sus

hijos y a su madre?

Reconocemos que dicho foro tiene amplia discreción

para

determinar

enfatizamos

que

qué

recurso

expedir.

dicha

discreción

no

es

Sin

embargo

absoluta

e

ilimitada. No hay duda que erró el Tribunal de Apelaciones

al no expedir el auto solicitado ya que, contrario a lo

resuelto, ese era el momento más oportuno para examinar la

determinación que sobre la negligencia hiciera el foro de

instancia. Dicha revisión promueve la economía procesal

debido a que, tal vez, la disposición del recurso haría

innecesaria la ulterior determinación de daños si el foro

apelativo

intermedio

Carreteras

no

fue

entendiera

negligente,

que

o,

la

Autoridad

de

podría

promover,

en

última instancia, que las partes llegaran a un acuerdo

17

CC-2004-1063

transaccional, de confirmarse al foro de instancia sobre

el aspecto de negligencia.

Estamos convencidos, en fin, de que expedir el auto

solicitado en el presente caso no causa un fraccionamiento

indebido del mismo, ni se afecta el desarrollo normal del

litigio

ni

se

demora

contrario.

Conforme

concluir

el

que

foro

a

su

pronta

lo

anterior,

apelativo

solución;

todo

resulta

intermedio

abusó

lo

forzoso

de

su

discreción al resolver de forma contraria a derecho y no

sopesar los factores antes detallados.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida García Morales y

otros

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2004-1063

CERTIORARI

Iván Padró Hernández y otros

Demandados-peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 julio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se expide el auto de

certiorari y se dicta Sentencia revocatoria del

dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

En consecuencia, se devuelve el caso a dicho foro

para la consideración del recurso en sus méritos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Fiol Matta concurre en el

resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado

señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo