LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Teodoro López Rivera por sí y junto a Norma I. Pagán Núñez, et als. vs. Estado Libre Asociado

2005 TSPR 102

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Teodoro López Rivera por sí y junto a Norma I. Pagán Núñez, et als. vs. Estado Libre Asociado

CC-2003-0436

11 de julio de 2005 · Familia: Prohibición de adoptar personas casadas/Constitucio-nalidad de la Ley de Adopción

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Teodoro López Rivera por sí

y junto a Norma I. Pagán

Núñez, et als.

Certiorari

2005 TSPR 102

Demandantes-peticionarios

164 DPR ____

vs.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

Demandado-recurrido

Número del Caso: CC-2003-436

Fecha: 11 de julio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional V de Ponce y Aibonito

Juez Ponente:

Hon. Nestor S. Aponte Hernández

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Carlos G. Barreto Ríos

Oficina del Procurador General:

Lcda. Vannessa Ramírez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Inconstitucionalidad de Ley

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Teodoro López Rivera por sí

y junto a Norma I. Pagán

Núñez, et als.

Demandantes-peticionarios

CC-2003-436

CERTIORARI

vs.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

Demandado-recurrido

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

En San Juan, Puerto Rico a 11 de julio de 2005

El 23 de noviembre de 1999, Teodoro López

Rivera y los hermanos Stanley y Lennin Ocasio

Pagán, presentaron ante el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce, una petición

ex-parte de adopción 1 y de cambio de apellido.

Estos dos últimos son hijos, ambos mayores de

edad, de un primer matrimonio de Norma Ileana

Pagán

Núñez,

referida

1

esposa

petición

de

de

López

Rivera.

adopción,

López

En

la

Rivera

Ex-parte Teodoro López Rivera y otros, Civil

Núm.

JEX99-0170(406).

En

esta

también

comparecieron como partes Norma Ileana Pagán

Núñez por sí y en representación de sus hijas

menores de edad, Noraine y Norashely López Pagán;

y Maria Eugenia Gratacós Loyola en representación

de su hijo menor de edad, Lennin Michael Ocasio

Gratacós.

2

CC-2003-436

solicitó adoptar a los hermanos Stanley y Lennin Ocasio

Pagán, quien al momento de presentarse esta petición había

contraído matrimonio con Maria Eugenia Gratacós Loyola.

Por su parte, los hermanos Ocasio Pagán solicitaron del

Tribunal que, de autorizarse la adopción, se les cambiara

el apellido a López Pagán.2

Así las cosas, la Procuradora Especial de Relaciones

de Familia presentó su posición mediante escrito a esos

efectos; alegó que el Artículo 132 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sección 533, según enmendado por la Ley Núm. 8 de

19 de enero de 1995, conocida como la Ley de Adopción,

prohíbe la misma cuando la persona que va a ser adoptada

es casada, razón por lo cual Lennin no podía ser adoptado.

En cuanto a Stanley, señaló la referida funcionaria, que

aun cuando éste era mayor de edad, al no estar casado,

procedía evaluar si vivía con el adoptante, López Rivera,

desde antes de cumplir los dieciocho (18) años de edad, y

si dicha situación existía aun a la fecha de la petición.

Los

peticionarios

inconstitucionalidad

del

replicaron;

mencionado

plantearon

Artículo

132

la

del

Código Civil, el cual prohíbe que personas mayores de edad

y personas casadas, o que hubieren estado casadas, puedan

ser

adoptadas.

constituye

2

una

Alegaron,

además,

clasificación

que

dicha

sospechosa

por

disposición

razón

de

El matrimonio de Ocasio Pagán y Gratacós Loyola

procreó un hijo de nombre de Lennin Michael Ocasio

Gratacós. En la petición de adopción también se solicitó

el cambio de apellido de éste a López Gratacós.

3

CC-2003-436

status civil. Por lo cual, sostuvieron que ésta debía ser

analizada utilizando el criterio de “escrutinio estricto”.

El foro primario --luego de realizar un estudio de

las alegaciones de los peticionarios y de la Procuradora

Especial de Relaciones de Familia-- decidió abstenerse de

considerar el planteamiento de inconstitucionalidad tras

determinar que procedía la aplicación de la doctrina de

autolimitación

judicial,

la

cual

establece

que

los

tribunales no deben adjudicar cuestiones constitucionales

a no ser que ello sea imprescindible.3

En cuanto al peticionario Stanley Ocasio Pagán, el

foro de instancia determinó que éste, por no estar casado,

podría

cualificar

excepción

para

contenida

en

adopción

el

si

inciso

se

(2)

cumplía

del

con

la

referido

Artículo, esto es, si se demostraba que éste residía en el

hogar de López Rivera desde antes de cumplir los 18 años

de edad y que esta situación subsistía al momento en que

se presentó su solicitud de adopción y cambio de apellido.4

3

Acorde con lo expresado, dictó “sentencia parcial”,

denegando la solicitud de los peticionarios sobre decreto

de inconstitucionalidad del Art. 132 del Código Civil,

ante.

4

Mediante sentencia dictada el 6 de junio de 2000, el

Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la petición

de adopción de Stanley ya que era de aplicación la

excepción contenida en el Artículo 132 inciso (2) y ordenó

la inscripción de la adopción en el Registro Demográfico y

que en esta apareciera el nombre de este último como

Stanley López Pagán, hijo de Norma Ileana Pagán Nuñez y

Teodoro López Rivera. Esta sentencia advino final y firme.

4

CC-2003-436

En cuanto a Lennin Ocasio Pagán, el referido foro

determinó que la misma no procedía ya que éste era un

hombre

casado;

señaló

que,

por

disposición

expresa

del

Artículo 132 del Código Civil, ante, éste no podía ser

adoptado por el peticionario Teodoro López Rivera. Por tal

razón denegó, además, el cambio de apellido de éste y de

su hijo, Lennin Michael Ocasio Gratacós.

Insatisfechos

con

esta

determinación,

los

peticionarios acudieron --vía recurso de apelación-- ante

el Tribunal de Apelaciones. El

referido

foro apelativo,

acogiendo el recurso como uno de certiorari por tratarse

de

un

procedimiento

ex

parte,

dictó

sentencia

desestimatoria del mismo por haberse presentado fuera del

término jurisdiccional de

treinta (30) días.

Así las cosas, Teodoro López Rivera, y los hermanos

Stanley y Lennin Ocasio Pagán presentaron demanda contra

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, iniciando,

de este modo, un nuevo procedimiento judicial.5 En la misma

alegaron,

Civil,

en

ante,

síntesis,

era

que

el

Artículo

inconstitucional

por

132

del

violar

la

Código

igual

protección de las leyes en cuanto creaba una clasificación

sospechosa

por

razón

de

status

civil.

Por

otro

lado,

alegaron que el denegar la adopción por el hecho de que

5

Realmente, Stanley Ocasio Pagán, esto es, Stanley López

Pagán --ya que su petición de adopción fue decretada

mediante sentencia a esos efectos, la cual advino final y

firme-- no tiene legitimación (“standing”) para radicar

esta demanda.

5

CC-2003-436

una

persona

estuviese

casada

intimidad

por

constituir

derechos

personalísimos.

restringen

el

matrimonio,

divorcio

una

violaba

a

o

derecho

a

la

del

Estado

en

las

leyes

que

relacionadas

al

intromisión

Arguyeron,

derecho

el

que

decidir,

relaciones

familiares,

estaban

sujetas al criterio de “escrutinio estricto”.

El Secretario de Justicia de Puerto Rico solicitó la

desestimación

sentencia

de

la

demanda

desestimatoria,

Apelaciones

tenía

el

radicada,

dictada

efecto

de

alegando

que

la

Tribunal

de

por

el

cosa

juzgada

en

su

modalidad de impedimento colateral por sentencia. En la

alternativa,

alegó

que

Tribunal

Primera

Instancia,

de

adopción,

el

abstención.

En

tribunal

cuanto

conforme

debía

a

los

en

lo

resuelto

el

seguir

méritos

por

el

caso

original

de

la

doctrina

de

de

la

impugnación

constitucional por violar la igual protección de las leyes

alegó que la clasificación entre adoptandos, casados y no

casados, no guardaba relación con el discrimen “por origen

y condición social” y que, por tanto, procedía analizar la

razonabilidad de la clasificación, no bajo el escrutinio

estricto,

sino

bajo

el

“escrutinio

tradicional

de

nexo

racional”.

Los

demandantes

solicitada,

se

reiterarando

opusieron

su

a

la

posición

desestimación

sobre

la

inconstitucionalidad del Artículo 132, ante, señalando que

el fundamento para no conceder la adopción constituía una

intromisión del Estado en derechos personalísimos, por lo

6

CC-2003-436

que

el

estatuto

impugnado

debía

ser

analizado

bajo

el

escrutinio estricto. Sostuvieron, que si la decisión de

contraer

matrimonio

está

protegida

constitucionalmente

bajo el derecho a la intimidad, la decisión de adoptar a

aquellos que se han ganado un sitial como hijos y como

padres no puede estar menos protegida.

El foro primario, aun cuando reconoció que, bajo la

doctrina de abstención judicial, los tribunales no deben

entrar a determinar la validez constitucional de una ley

si

en

el

caso

constitucionales

a

existen

base

de

otros

los

planteamientos

cuales

se

pueda

no

dictar

sentencia, determinó que ésta no era la situación en el

caso que tenía ante su consideración y que, por tanto, el

planteamiento

constitucional

debía

ser

atendido

y

resuelto.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió, mediante

resolución a esos efectos, que habiéndose reconocido en la

esfera federal que el matrimonio constituye una expresión

del derecho a la intimidad, no tenía duda que ello debía

reconocerse, además, en relación con el derecho que tiene

un individuo para adoptar como su hijo(a) a una persona,

crear o ampliar su núcleo familiar y establecer lazos de

amor, convivencia y dirección; determinó, en consecuencia,

que el derecho a adoptar está protegido por el derecho

fundamental a la intimidad. Dicho foro concluyó que el

Artículo

132

fundamental,

del

por

Código

lo

que

Civil

debe

violenta

aplicarse

un

un

derecho

escrutinio

7

CC-2003-436

estricto e imponerse al Estado el deber de probar cual es

el interés público apremiante que justifique la limitación

a ese derecho.

Inconforme

General

acudió,

Apelaciones.

con

esta

vía

certiorari,

ante

el

Tribunal

de

en

que

el

Tribunal

de

Alegó,

determinación,

síntesis,

el

Procurador

Primera Instancia incidió al determinar que el Artículo

132

del

Código

Civil

violaba

tanto

el

derecho

a

la

intimidad

como la igual protección de las leyes y al

determinar

que

escrutinio

estricto.

éste

debía

Reiteró,

ser

analizado

además,

su

mediante

posición

en

cuanto al planteamiento de cosa juzgada en su modalidad de

impedimento colateral por sentencia.

El foro apelativo intermedio determinó que en el caso

ante sí no era de aplicación la doctrina de cosa juzgada

ya que en el caso original de adopción, el foro primario

decidió

abstenerse

de

considerar

el

inconstitucionalidad

y

que,

tanto,

por

planteamiento

no

había

de

una

determinación final en cuanto a este aspecto. Por otro

lado,

y

acogiendo

los

planteamientos

del

Procurador

General, determinó que la prohibición de adoptar personas

casadas no representaba una intromisión indebida en los

derechos

personales

de

las

partes

y

que

tratándose

la

adopción de un privilegio concedido por ley -- y no un

derecho fundamental-- como determinó el foro primario, le

correspondía al Estado establecer todas las medidas que

garantizaran la protección y bienestar de los menores. Por

8

CC-2003-436

consiguiente, determinó que la clasificación hecha por el

Estado en cuanto a casados y no casados para efectos de

quiénes

pueden

ser

adoptados

no

constituye

una

clasificación sospechosa y que el derecho de adopción no

está protegido por el derecho fundamental a la intimidad.

Por consiguiente, dictó sentencia revocando la resolución

recurrida

y

le

ordenó

al

foro

primario

evaluar

la

clasificación impugnada bajo el escrutinio tradicional de

nexo racional.

Inconformes,

los

demandantes

ante

este

Tribunal,

certiorari,

recurrieron,

imputándole

al

vía

foro

apelativo intermedio haber errado al:

...

imponer

la

utilización

del

escrutinio

tradicional

de

nexo

racional

cuando

la

prohibición

establecida en la Ley violenta

derechos

fundamentales

adquiridos

bajo

el

Artículo II, secciones 1 y 8 de la Carta de

Derechos de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

...

imponer

la

utilización

del

escrutinio

tradicional de nexo racional cuando existe y

debido a la prohibición establecida en la Ley una

crasa

violación

a

derechos

fundamentales

adquiridos bajo el Artículo II, sección 7 de la

Carta de Derechos de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de todas las partes, y estando en posición de resolver el

recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

9

CC-2003-436

I

A. El derecho a la intimidad

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1,

ed. 1999, pág. 257, dispone que:

“La dignidad del ser humano es inviolable.

Todos los hombres son iguales ante la Ley. No

podrá establecerse discrimen alguno por motivo de

raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición

social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto

las leyes como el sistema de instrucción pública

encarnarán estos principios de esencial igualdad

humana.”

Por su parte, la Sección 8 del Artículo II de la

Constitución, dispone que:

“Toda persona tiene derecho a protección de

ley contra ataques abusivos a su honra, a su

reputación y a su vida privada y familiar.”

En

Puerto

Rico,

el

derecho

a

la

intimidad

y

la

protección a la dignidad del ser humano tienen un origen

constitucional explícito. Rexach v. Ramírez Vélez, res. el

15 de junio de 2004, 2004 T.S.P.R. 97.

Nuestra

jurisprudencia,

ciertamente,

ha

considerado

que el derecho a la intimidad goza de enorme valor en

nuestro ordenamiento constitucional. Pérez Vda. De Muñiz

v. Criado Amunategui, res. el 19 de junio de 2000, 2000

T.S.P.R. 92. A tono con lo anterior, hemos reconocido que

los

ciudadanos

tienen

un

derecho

fundamental

a

la

intimidad. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R.

10

CC-2003-436

35

(1986);

Figueroa

Ferrer

v.

E.L.A.,

107

D.P.R.

250

(1978).

Los

derechos

intimidad,

los

a

la

cuales

dignidad,

integridad

han

reconocidos

sido

personal

bajo

e

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, son

derechos constitucionales fundamentales que gozan de la

más alta jerarquía y constituyen una crucial dimensión en

los derechos humanos. Su protección es necesaria para que

se

pueda

lograr

una

adecuada

paz

social

o

colectiva.

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., ante.

La disposición constitucional del derecho fundamental

a

la

intimidad

impone

al

Estado

una

función

dual:

abstenerse de actuar en una forma que viole el ámbito de

autonomía

e

intimidad

individual

y

actuar

de

forma

positiva en beneficio del individuo. Soc. de Gananciales

v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998).

Así pues, hemos reconocido que el derecho a la vida

privada

y

familiar,

protegido

por

el

Artículo

II,

Secciones 1 y 8 de nuestra Constitución, ante, opera ex

propio

vigore,

privadas

al

y

puede

eximirlas

hacerse

del

valer

requisito

de

entre

personas

acción

estatal.

Este derecho constitucional impone al Estado, y a toda

persona, el deber de no inmiscuirse en la vida privada o

familiar

de

los

demás

seres

humanos.

Colón

v.

Romero

Barceló, 112 D.P.R. 573 (1978). En general puede afirmarse

que están protegidos dos intereses fundamentales: uno es

el interés individual de evitar la divulgación de asuntos

11

CC-2003-436

personales,

decisiones

y

el

otro

importantes

es

el

interés

de

independientemente.

poder

tomar

Véase:

Arroyo

v. Rattan Specialties,Inc., ante, pág. 75.

A

tono

con

lo

anterior,

tanto

en

la

jurisdicción

federal como en la nuestra, se ha reconocido como parte

del derecho a la intimidad, la facultad de las personas

para tomar ciertas decisiones sin que el Estado intervenga

con

ellas.

establece

La

que

jurisprudencia

este

derecho

de

se

ambas

jurisdicciones

lesiona,

entre

otras

instancias, cuando se limita la facultad de un individuo

de

tomar

ciertas

decisiones

personales,

familiares

o

íntimas. Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980);

Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante; Griswold v. Connecticut,

381 U.S. 479 (1965); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438

(1972); Carey v. Population Services International, 431

U.S. 678 (1977).

Al aplicar el debido proceso de ley a las relaciones

familiares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha

interpretado

que

dentro

Decimocuarta

Enmienda

del

está

concepto

incluida

la

"libertad"

de

la

libertad

de

los

ciudadanos de tomar ciertas decisiones personales en el

ámbito de la vida privada familiar. Lassiter v. Department

of

Social

Nebraska,

Servs.,

262

452

U.S.

U.S.

390,

18,

399-400

38

(1981);

(1923);

Meyer

v.

Skinner

v.

Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942).

La jurisprudencia federal ha reconocido, de manera

explícita,

que

el

derecho

fundamental

a

la

intimidad,

12

CC-2003-436

protegido

bajo

la

cláusula

de

debido

proceso

de

ley,

envuelve una serie de decisiones que un individuo puede

tomar sin que el Estado pueda interferir en estas de forma

injustificada. Entre éstas se encuentran las decisiones

personales relacionadas al matrimonio, la procreación, el

uso

de

crianza

contraceptivos,

las

y

de

educación

relaciones

los

hijos.

familiares,

Si

un

y

la

estatuto

interfiere con alguna de estas decisiones –-protegidas por

el derecho fundamental a la intimidad-- estará sujeto al

escrutinio estricto y sólo podrá sostenerse si el estatuto

está dirigido específicamente para adelantar un interés

estatal

apremiante.

Carey

v.

Population

International, ante. A estos efectos

de

los

Estados

circunstancias

Unidos

que

ha

cualquier legislación que

el Tribunal Supremo

expresado

envuelvan

Services

que,

derechos

en

aquellas

fundamentales,

limite los mismos sólo podrá

ser justificada por un interés estatal apremiante y que la

legislación debe restringirse únicamente a proteger ese

interés. Griswold v. Connecticut, ante.

Lo anterior no significa, sin embargo, que el Estado

no pueda interferir en la vida privada y familiar de la

persona bajo ninguna circunstancia. Lo que significa es

que, cuando se trate de derechos fundamentales, el Estado

tiene que limitar esta interferencia al mínimo, de modo

que ésta no se convierta en una limitación irrazonable en

la facultad de un individuo de tomar decisiones personales

o

una

intromisión

injustificada

en

ámbitos

privados

13

CC-2003-436

protegidos.

Habiendo

intimidad

es

gubernamentales

reconocido

uno

que

que

el

fundamental,

afecten

ese

derecho

las

derecho

a

la

actuaciones

sustancialmente

estarán sujetas al escrutinio estricto. Cuando el Estado

intervenga

en

estos

ámbitos

protegidos

tendrá

que

demostrar que existe un interés apremiante que justifique

la

intromisión

o

limitación

y

que

dicha

limitación

es

necesaria para alcanzar dicho interés.

En nuestro ordenamiento las relaciones familiares han

sido examinadas en el contexto del derecho a la intimidad.

Rexach

v.

Ramírez

Vélez,

señalado

que

en

alrededor

de

los

Estado

de

reducir

ha

sensitivas

la

ante.

sociedad

derechos

urdimbres

a

A

esos

democrática

fundamentales

un

efectos,

mínimo

emocionales

su

del

hemos

organizada

hombre,

el

intervención

con

como

lo

son

las

relaciones de familia. La intromisión en la vida privada

sólo

ha

de

tolerarse

cuando

así

lo

requieran

factores

superantes de salud y seguridad públicas o el derecho a la

vida y a la felicidad del ser humano afectado. García

Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 324 (1975).

B. La igual protección de las leyes

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece que:

“Se reconoce como derecho fundamental del

ser humano el derecho a la vida, a la libertad y

al disfrute de la propiedad. No existirá la pena

de muerte. Ninguna persona será privada de su

libertad o propiedad sin debido proceso de ley,

ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la

14

CC-2003-436

igual protección de las leyes. No se aprobarán

leyes

que

menoscaben

las

obligaciones

contractuales. Las leyes determinarán un mínimo

de

propiedad

y

pertenencias

no

sujetas

a

embargo”.

La

igual

principio

protección

cardinal

de

de

las

"trato

similarmente

situadas".

puede

clasificaciones

hacer

cualesquiera

Esto

propósitos

realizarlas

tiene

que

leyes

se

similar

significa

para

que

entre

las

legítimos.

Sin

observar

esa

funda

el

en

el

personas

gobierno

personas

para

embargo,

al

básica.

R.

norma

Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y

Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II,

págs.

1081-1082;

Pérez

Román

v.

Proc.

Esp.

Rel.

Fam.,

ante.

El fundamento de este precepto surge de la concepción

básica de que para gobernar una sociedad tan compleja y

variada,

en

la

cual

existen

distintos

intereses

individuales y grupales, y diversas relaciones sociales,

es

necesario

establecer

clasificaciones.

“En

otras

palabras, es imposible gobernar cualquier sociedad y en

especial

una

sociedad

moderna

sin

instituir

personas,

sin

construir

clasificaciones

entre

desigualdades

favorezcan

que

a

algunos

y

perjudiquen

a

otros.” Serrano Geyls, op. cit. pág. 1081.

El principio constitucional de la igual protección de

las leyes no exige que se dé un trato igual a todos los

ciudadanos

siempre.

Pueblo

v.

Matías

Castro,

90

D.P.R.

15

CC-2003-436

528, 531 (1964); Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696

(1986). El Estado puede hacer clasificaciones entre las

personas sin infringir dicho principio siempre y cuando la

clasificación sea razonable y con miras a la consecución o

protección

de

un

interés

público

legítimo.

Zachry

International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277

(1975).

Hemos señalado que no toda discriminación viola el

precepto de igualdad ante la ley, ya que las normas que

nutren este principio no exigen un trato igual para todos

los ciudadanos, aunque sí prohíben un tratamiento desigual

injustificado. Ibid. Por consiguiente, según expresa el

profesor Serrano Geyls, el problema central que plantea la

aplicación de la igual protección de las leyes es el de

diseñar

normas

que

permitan

al

gobierno

establecer

clasificaciones pero que a la vez protejan a las personas

contra desigualdades indebidas o irrazonables u odiosas

(invidious). Serrano Geyls, op. cit pág. 1081.

Bajo

la

igual

protección

de

tribunal

en

Puerto

Rico

enfrenta

se

las

leyes

a

un

cuando

un

análisis

constitucional sobre la razonabilidad de una clasificación

legislativa,

dicho

foro

deberá

usar

uno

de

los

dos

criterios o escrutinios establecidos jurisprudencialmente

para

ese

fin,

a

saber:

el

escrutinio

estricto

o

el

escrutinio tradicional mínimo o de nexo racional. Véase:

Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1983); León

Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

16

CC-2003-436

La doctrina prevaleciente en Puerto Rico sobre igual

protección de las leyes le reconoce al Estado una amplia

latitud

en

lo

clasificaciones

económicas.

referente

relativas

Hemos

resuelto

al

establecimiento

a

cuestiones

que

en

de

sociales

relación

con

y

estas

cuestiones el escrutinio a utilizarse por los tribunales

al examinar las leyes que establecen clasificaciones en

estos

campos

lo

es

el

de

nexo

racional

o

tradicional

mínimo. Vélez v. Srio. de Justicia, ante. Al amparo de

dicho escrutinio las clasificaciones establecidas por el

legislador no se declararán inválidas a menos que sean

claramente arbitrarias y no exista un interés legítimo del

Estado

en

la

establecerse

clasificación

un

nexo

cuestionada

racional

entre

o

que

no

pueda

la

clasificación

impugnada y el interés estatal. Véase: León Rosario v.

Torres, ante.

Bajo el escrutinio racional, la ley impugnada goza de

una presunción de constitucionalidad. Esto coloca el peso

de rebatir la misma en la persona que impugna la validez

de

la

legislación.

Zachry

International

v.

Tribunal

Superior, ante, pág. 277.

Para que se justifique la utilización del escrutinio

riguroso o estricto, el tribunal tiene que identificar si

la clasificación hecha afecta algún derecho fundamental de

la persona o si establece alguna clasificación sospechosa

que no guarde relación con la habilidad o aptitud de las

personas

afectadas

por

la

clasificación.

Zachry

17

CC-2003-436

International v. Tribunal Superior, ante, a las págs. 276277.

Si

se

identifican

esas

clasificaciones,

la

legislación se presume inconstitucional y le corresponde

al Estado probar la existencia de un interés apremiante

que las justifique.

II

La

adopción

es

un

acto

jurídico

solemne,

el

cual

supone la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de

una persona con su parentela biológica y la consecuente

filiación de ésta con aquel o aquellos que han expresado

la

voluntad

de

que

legalmente

sea

su

hijo.

Virella

Archilla v. Procurador Especial de Relaciones de Familia,

res. el 7 de agosto de 2001, 2001 T.S.P.R. 114; Feliciano

Suárez,

Ex

parte,

117

D.P.R.

402

(1986).

Bajo

esta

institución, se equipara la relación filiatoria adoptiva

con

aquella

deberes

y

que

se

produce

obligaciones

naturalmente,

jurídicas

y

con

iguales

sociales.

Zapata

Saavedra v. Zapata Martínez, res. el 20 de febrero de

2002, 2002 T.S.P.R. 24.

En Puerto Rico la adopción, como acto jurídico, está

rigurosamente

reglamentada

por

el

Código

Civil

en

su

dimensión sustantiva, y el Código de Enjuiciamiento Civil

en

su

dimensión

procesal,

hoy

Ley

de

Procedimientos

Legales Especiales. Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R.

402 (1986), Virilla Archilla v. Proc. Esp. Rel. Fam., ante.

18

CC-2003-436

En su dimensión procesal, la Ley Núm. 9 de 19 de

enero de 1995, 32 L.P.R.A. secs. 2699, et seq., enmendó

las disposiciones de la Ley de Procedimientos Especiales

en materia de adopción. Según su exposición de motivos,

dicha Ley se aprobó para superar los “serios escollos y

dilaciones

innecesarias”

que

caracterizaban

el

procedimiento de adopción anterior a esta legislación. La

misma declara que, "[e]s un derecho inalienable de los

niños el poder vivir y crecer dentro del seno de un hogar

feliz y al calor de sus padres". Expresa, además, que ante

los

diversos

bienestar

de

dirigida

a

males

los

sociales

menores,

prestar

que

atentan

contra

el

va

la

intención

legislativa

particular

atención

a

los

menores

maltratados, abandonados y desamparados, para que mediante

los mecanismos de adopción éstos puedan formar parte de

hogares estables, donde a su vez encuentren la felicidad,

el

amor,

la

protección

y

el

desarrollo

físico,

psicológico, mental y moral.

Mediante

Asamblea

la

aprobación

Legislativa

de

pretendió

esta

ampliar

legislación,

la

y

la

facilitar

utilización del mecanismo de adopción de forma tal que

pudiera

ser

utilizado

más

ampliamente,

y

de

forma

más

rápida, por personas que desearan acoger como padres en el

seno de su hogar a menores e incapacitados en estado de

desamparo y abandono.

Al expresarnos sobre el propósito que persigue la

institución jurídica de la adopción hemos expresado que la

19

CC-2003-436

misma

cumple

importancia

varios

para

principalmente,

fines

nuestra

el

sociales

sociedad

propósito

de

de

fundamental

contemporánea,

darle

a

los

pero,

niños

sin

padres la oportunidad de criarse en un hogar donde los

puedan atender debidamente, y facilitar a los padres sin

hijos

la

continuidad

oportunidad

de

su

de

tenerlos

familia.

y

M.J.C.A.

asegurar

v.

así

la

J.L.E.M.,

124

D.P.R. 910, 916 y 922 (1989); Feliciano Suárez, Ex parte,

ante, a la pág. 409.

Ello, en atención a la problemática social que aqueja

a nuestra sociedad de niños abandonados o maltratados. El

propósito de la adopción debe ser alcanzado sin que de

ninguna manera se sacrifique el propósito primordial de

dicha institución, el bienestar del menor. Véase: Zapata

Saavedra v. Zapata Martínez, ante. Esto es, la adopción

debe servir el propósito de proteger al menor. Véase: Ex

Parte, J.A.A., ante.

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 8 de 19 de enero

de 1995, la Asamblea Legislativa enmendó el Capítulo V,

Título VI, del Libro Primero del Código Civil, que regula

los aspectos sustantivos de la adopción en Puerto Rico. En

su exposición de motivos dispone que “para implantar la

nueva

política

pública

protección

de

los

protección

se

adopta

indispensable

en

materia

menores,

enmendar

esta

el

para

nueva

Código

de

adopción

cuyo

y

de

beneficio

y

política,

Civil

en

se

hace

aquello

que

incida sobre la institución de la adopción, ...”.

20

CC-2003-436

A

estos

referida

efectos

pieza

la

exposición

legislativa

expresa

de

motivos

que

es

de

la

imperativo

flexibilizar la institución de la adopción para que ésta

pueda ser ampliamente utilizada por personas que desean

adoptar menores de edad.

Dispone que los niños de Puerto

Rico merecen tener la oportunidad de que sus vidas se

desarrollen al calor de un hogar, sintiendo el amor de

unos padres. Expresa, además, que la institución de la

familia es el pilar principal de nuestra sociedad, y que

por tanto, hay que brindarle a esos niños la oportunidad

de formar parte de un seno familiar.

De este modo, vemos que el propósito principal de las

enmiendas a las disposiciones del Código Civil y de la Ley

de Procedimientos Especiales en materia de adopción fue

"flexibilizarlas", pero en relación con menores de edad.

Por esta razón, la exposición de motivos de la referida

Ley expresa que se adoptó "una de las legislaciones más

avanzadas y liberales de todos los países occidentales en

materia

de

adopción

siendo

su

espíritu

claramente

autóctono, ajustado a la realidad de la vida actual de la

sociedad

puertorriqueña,

y

protector

de

bienestar

y

conveniencia del adoptando". Ambas legislaciones tuvieron

idéntico

propósito:

utilizar

el

mecanismo

de

adopción

para brindarle hogares a menores que así lo necesitaran.

Es menester señalar que según las Leyes Núm. 85 y 86

de 15 de junio de 1953, leyes que regulaban la adopción

anterior a la aprobación de las Leyes Núm. 8 y 9 de 1995

21

CC-2003-436

vigentes, dicha institución fue considerada como una de

carácter esencialmente social dirigida primordialmente a

dar padres a niños que no los tuvieren, o cuyos padres no

los quisieren, o no los pudieren atender debidamente. Ex

parte, J.A.A. ante, a la pág. 558.

Por otro lado, hemos expresado que siendo nuestra ley

de adopción una creación autóctona, se impone la necesidad

de

siempre

buscar

la

intención

legislativa,

para

poder

evaluar la determinación de autorizar o no autorizar una

adopción conforme a los principios generales que inspiran

la ley. Ex parte, J.A.A., 104 D.P.R. 551, 556 (1976).

En

virtud

de

lo

antes

expuesto,

analizamos

el

Artículo 132 del Código Civil según enmendado por la Ley

Núm.

8

de

19

constitucionalidad

de

enero

de

1995,

se

impugna

en

el

ante,

presente

y

cuya

caso.

mismo dispone, en lo aquí pertinente, que:

Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no podrán

serlo. (31 L.P.R.A. sec. 533)

(1) Podrán ser adoptados los menores de edad no

emancipados y los menores de edad emancipados por

decreto judicial o por concesión de padre, madre

o padres con patria potestad.

(2) No podrán ser adoptados:

Las personas que hayan cumplido la mayoría de

edad a la fecha de un decreto de adopción aún

cuando fueren menores de edad al presentarse la

petición de adopción no podrán ser adoptados. No

obstante, podrá ser adoptado un menor de edad

emancipado que no hubiese contraído matrimonio o

una persona mayor de edad siempre y cuando medie

algunas de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando el adoptante [sic] hubiere residido en

el hogar de los adoptantes desde antes de haber

El

22

CC-2003-436

cumplido la edad de dieciocho (18) años, y dicha

situación hubiere continuado existiendo a la

fecha de la presentación de la petición de

adopción.

(b) Cuando el adoptado sea un menor emancipado

que nunca hubiere contraído matrimonio.

(3) Las personas casadas o que hubieren estado

casadas, aunque sean menores de edad.

(...)

La adopción decretada en

dispuesto en esta sección

suplido y citas omitidas).

El

artículo

de

ley

contravención a lo

será nula. (énfasis

antes

transcrito

reserva

la

adopción para menores de edad no emancipados y menores de

edad emancipados siempre y cuando los mismos no hubiesen

contraído matrimonio. El mismo excluye expresamente, como

posibles

adoptandos,

a

aquellas

contraído

matrimonio

o

que

menores

edad.

Como

de

personas

estén

vemos,

que

casadas,

el

mismo

hubiesen

aunque

sean

establece

una

prohibición absoluta en cuanto a las personas que estén

casadas o que hubieren estado casadas ya que las mismas,

bajo ninguna circunstancia, podrán ser adoptadas.

Por

otro

lado,

la

referida

disposición

de

ley

dispone, como regla general, que las personas mayores de

edad tampoco podrán ser adoptadas. Esta disposición tiene

como única excepción lo expresado en el Inciso (2) del

mismo, el cual establece que una persona mayor de edad

podrá

ser

residido

adoptada

con

el

si

se

adoptante

demuestra

desde

que

antes

de

ésta

hubiese

cumplir

los

23

CC-2003-436

dieciocho (18) años de edad y si esta situación subsiste

al momento de solicitarse la adopción.

Respecto a la interpretación del conjunto de normas

sustantivas y procesales de la adopción, reiteradamente

hemos

señalado

liberalmente

que,

a

las

favor

mismas

del

deben

ser

adoptando.

interpretadas

Sin

embargo,

enfáticamente hemos advertido que “la liberalidad en la

interpretación

no

puede

conducirnos

a

violentar

la

intención legislativa, ni a consagrar absurdos.” Véase:

Virella Archilla v. Procurador Especial de Relaciones de

Familia, ante; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, ante.

Con

este

planteamientos

trasfondo

en

mente,

constitucionales

atendemos

hechos

por

los

los

peticionarios en cuanto a cuál es el escrutinio aplicable

al momento de examinar la constitucionalidad del Artículo

132 del Código Civil, ante. Los peticionarios argumentan

que la prohibición de adoptar personas casadas viola el

derecho fundamental a la intimidad al infringir el derecho

que tiene una persona de adoptar como hijo a quien así se

estima. Asimismo, alegan que para efectos de la adopción,

la distinción entre personas casadas y no casadas implica

un

trato

desigual

injustificado

y

una

clasificación

sospechosa que violenta la doctrina constitucional de la

igual protección de las leyes.

III

A los fines de resolver cuál es el escrutinio que

debe

utilizarse

para

analizar

la

controversia

ante

nos

24

CC-2003-436

–-si

el

estricto

o

el

tradicional

mínimo

de

nexo

racional-- corresponde que resolvamos si la decisión de

adoptar

a

alguien

como

hijo

constituye

un

derecho

fundamental cobijado bajo el derecho a la intimidad, y, si

el Artículo 132 del Código Civil, ante, en cuanto prohíbe

que las personas casadas o que hubieren estado casadas

puedan

ser

adoptadas,

establece

una

clasificación

arbitraria o caprichosa que viole la igual protección de

las leyes.

Tal y como señaláramos anteriormente, el derecho a la

intimidad

reconoce

ciertos

ámbitos

de

la

vida

privada

familiar de los ciudadanos en los cuales el Estado no debe

inmiscuirse

o

cuya

insustancial.

Dentro

intromisión

de

la

debe

protección

al

ser

leve

derecho

a

e

la

intimidad, se encuentra la facultad del individuo de tomar

ciertas decisiones con respecto a su vida íntima privada o

familiar. En reconocimiento de la autonomía individual, el

Estado debe abstenerse de aprobar legislación que lesione

la facultad y el interés de las personas de poder tomar

estas decisiones independientemente. Entre las decisiones

protegidas por el derecho a la intimidad se encuentran el

derecho a contraer matrimonio, de procrear, y de decidir

con respecto a la crianza y educación de los hijos. Estos

derechos también han sido reconocidos como fundamentales.

Cuando

se

trata

de

decisiones

o

derechos

protegidos

y

reconocidos por el derecho fundamental a la intimidad, el

25

CC-2003-436

Estado

no

puede

aprobar

legislación

que

interfiera

sustancialmente y de forma irrazonable con estos.

En

nuestra

jurisdicción

“[i]ndudablemente

en

Puerto

hemos

Rico

los

expresado

padres

y

que

madres

tienen un derecho fundamental a criar, cuidar y custodiar

a

sus

hijos,

protegido

tanto

Estado

Libre

Asociado

de

Constitución

derechos

de

pueden

los

Estados

ceder

por

la

Constitución

Puerto

Rico

como

Unidos.

No

obstante,

estos

apremiantes

del

ante

intereses

por

del

la

Estado en lograr el bienestar de los menores”. Rexach v.

Vélez, ante.

En el presente caso, el foro primario determinó que

bajo el derecho fundamental a la intimidad, el derecho de

una persona de adoptar como hijo a quien así se quiere

debe

gozar

de

fundamentales

la

misma

como

por

protección

ejemplo,

el

que

otros

derecho

a

derechos

contraer

matrimonio. Por tal razón, determinó que la legislación

impugnada

debía

ser

analizada

utilizando

el

escrutinio

estricto.

En aras de analizar esta determinación, y a falta de

pronunciamientos previos nuestros sobre el asunto 6 , de

forma ilustrativa, señalamos lo resuelto en

6

Lindley v.

Es menester señalar que en los casos anteriores en

materia de adopción, no abordamos si en efecto, la

decisión de adoptar es un derecho protegido por el derecho

fundamental a la intimidad; esto es, si el derecho de

adoptar

es

fundamental

y

que,

por

tanto,

merezca

protección constitucional teniendo como resultado que el

Estado no pueda interferir o limitarlo irrazonablemente.

26

CC-2003-436

Sullivan, (C.A.7 Ill.) 889 F2d 124, (1989). En este caso,

los allí apelantes alegaron que el derecho de una pareja a

adoptar era un derecho constitucional fundamental. En este

caso se abordó el tema de si la protección constitucional

a la intimidad protegía el derecho a adoptar. Se expresó

que el procedimiento de adopción es una figura creada por

las leyes estatales y que los derechos de los padres y sus

expectativas

en

torno

a

la

adopción

históricamente

gobernadas

por

el

ejercicio

Así,

determinaron

relacionados

contrario,

con

los

que

la

han

legislativo.

todos

los

deberes

adopción

son

estatutarios.

derechos

a

contraer

sido

y

derechos

matrimonio

Por

el

y

la

a

procreación no nacen de las leyes que promulgue el Estado,

sino que se encuentran arraigados en los derechos humanos

intrínsecos. Los derechos de adopción de una pareja tienen

que ser reconciliados con el interés estatal en velar por

el bienestar del menor, al ser éste su interés primordial.

En conclusión, el tribunal apelativo federal dispuso en

este

caso

que

siendo

el

procedimiento

de

adopción

uno

condicionado a una serie de variables sobre las cuales el

Estado

tiene

privilegio

completo

estatutario

control,

la

que

derecho.

un

adopción

Por

es

tal

más

un

razón

determinó que no existe un derecho fundamental a adoptar

que deba ser protegido bajo el derecho a la intimidad.7

7

Esta determinación ha sido sostenida por otros

tribunales apelativos estatales. Véanse, por ejemplo,

Buckner v. Family Services of Cent. Florida, Inc., (Fla.

App. 5 Dist) 876 So.2d 1285, (2004); Lofton v. Kearney,

27

CC-2003-436

Por otro lado, en Pérez Vega v. Procurador Especial

de Relaciones de Familia, ante, expresamos que debido al

interés apremiante del Estado en garantizar el bienestar

del

menor,

la

adopción

es

meticulosamente

regulada

por

materia,

tanto

en

su

cuando

el

propósito

una

la

aspecto

institución

legislación

sustantivo

civil

sobre

la

como

en

lo

la

Ley

de

procesal.

Aun

principal

de

Adopción es flexibilizar y expeditar el procedimiento de

adopción, ello no implica un menoscabo en la intervención

del

Estado;

por

el

contrario,

la

Asamblea

Legislativa

reconoce como principio rector la intervención intensa del

Estado para asegurar, en la medida en que sea posible, el

bienestar

y

conveniencia

del

menor.

Zapata

Saavedra

v.

Zapata Martínez, ante.8

_______________________________

(S.D.

Fla.)157

F.Supp.2d

1372,(2001).

Sin

embargo,

sostenemos que sólo tomamos estos casos por su efecto

persuasivo, sin que de ninguna manera controlen nuestra

decisión en el presente caso.

8

A modo de ejemplo, señalamos, que en el aspecto

procesal, el Artículo 3 de la Ley Núm. 9, 32 L.P.R.A. sec.

2699(b) dispone que el peticionario deberá presentar una

petición de adopción, bajo juramento, en la Sala del

Tribunal de Primera Instancia correspondiente al lugar de

residencia del adoptando. La sección (1) de este mismo

Artículo dispone que la adopción se efectuará mediante

autorización judicial. Por su parte, el Artículo 11 de la

referida Ley, 32 L.P.R.A. sec. 2699(j) dispone que el

tribunal emitirá el decreto autorizando la adopción en

todo caso en que concluya que la adopción solicitada

conviene al bienestar del adoptando y a sus mejores

intereses.

En síntesis, las disposiciones sustantivas, disponen

los requisitos para ser adoptante, la imposibilidad para

serlo, quiénes pueden ser adoptados y las personas

28

CC-2003-436

La adopción es una institución creada y estrictamente

regulada

por

el

Estado.

Por

tal

razón,

el

Estado,

en

consecución de los fines para los cuales la creó puede

legítimamente

imponer

cuanto

requisitos

a

los

condiciones

de

la

y

restricciones

adopción

sin

que

en

estas

constituyan una limitación irrazonable o injustificada en

la

facultad

afecten

su

de

un

vida

individuo

privada

o

de

tomar

familiar,

y

decisiones

sin

que

que

estas

restricciones afecten un derecho fundamental. Teniendo el

Estado la facultad de autorizar o no una adopción, y el

interés apremiante en garantizar el bienestar del menor,

es a éste a quien le corresponde establecer todas las

medidas

que

garanticen

su

protección.

Conforme

a

ello,

resolvemos que la adopción no es un derecho fundamental

protegido por el derecho a la intimidad.

Siendo ello así, esto es, no enfrentándonos a una

situación

en

que

el

Estado

interviene,

de

manera

irrazonable, en ciertos ámbitos de la vida privada que se

encuentren

protegidos

fundamentales,

o

resolvemos

que

que

constituyan

el

criterio

derechos

que

debe

utilizarse en el presente caso, en el cual no se afecta un

derecho fundamental, es el de analizar la legislación en

controversia

bajo

el

escrutinio

tradicional

de

nexo

racional.

_______________________________

llamadas a consentir en la adopción. Zapata Saavedra v.

Zapata Martínez, ante.

29

CC-2003-436

Según

leyes

señaláramos

que

anteriormente,

establecen

en

cuanto

clasificaciones

a

las

relativas

a

cuestiones sociales o económicas, el escrutinio que deberá

utilizarse por los tribunales al examinarlas lo es el de

nexo

racional

o

tradicional

mínimo.

Para

aplicar

el

escrutinio estricto al presente caso, bajo el análisis de

la

igual

determinar

protección

que

la

de

las

leyes,

clasificación

entre

tendríamos

casados

que

y

no

casados, para efectos de decretar quiénes no pueden ser

adoptados, es una arbitraria o caprichosa. De resultar que

la

clasificación

escrutinio

que

no

es

deberá

arbitraria

utilizarse

ni

caprichosa,

será

el

son

arbitrarias

el

tradicional

mínimo o de nexo racional.

Anteriormente

expresamos

que

o

caprichosas aquellas clasificaciones hechas por el Estado

que establecen distinciones irrazonables con respecto a

personas igualmente situadas o que constituyan un trato

desigual injustificado.

Todas las clasificaciones tangentes con la dignidad

del ser humano y con el principio de la igualdad ante la

ley

están

encuentran

sujetas

en

a

esta

un

meticuloso

categoría

examen

las

judicial.

Se

clasificaciones

o

discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condición social, ideas políticas o religiosas y

nacionalidad.

Estas

clasificaciones

se

consideran

30

CC-2003-436

inherentemente sospechosas.9 Existe un discrimen arbitrario

o

irracional

cuando

establece

entre

irrelevante

al

la

las

diferencia

personas

propósito

que

que

la

o

grupos

se

pretende

clasificación

es

totalmente

alcanzar

con

ella. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., ante.

En el presente caso, los peticionarios alegan que la

prohibición de adoptar a personas casadas constituye una

clasificación sospechosa por razón de condición social. No

les asiste la razón.

En el caso de Pérez Vega v. Procurador Especial de

Relaciones

de

Familia,

expresarnos

acerca

de

ante,

la

tuvimos

expresión

la

oportunidad

“origen

o

de

condición

social”. Expresamos allí que esta expresión se refiere a

discrímenes

económicos

y

sociales

y

no

a

distinciones

razonables que puedan surgir por el estado civil de las

personas.

En

éste,

resolvimos

que

el

Artículo

131

del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 532, que sólo permite la

adopción

conjunta

cuando

los

adoptantes

estén

casados

entre sí, no violaba la igual protección de las leyes ni

infringía

contraer

sustancialmente

matrimonio.

Según

en

el

derecho

resolvimos

en

fundamental

ese

caso,

a

una

clasificación hecha por razón de status civil no es una

clasificación sospechosa que viole la igual protección de

las leyes.

9

Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., ante, a la pág. 577.;

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., ante; Pérez Vega v. Proc.

Gen. Rel. Fam., ante.

31

CC-2003-436

El

Estado

constitucionales

adecuada

y

puede,

--y

con

dentro

el

eficientemente

sus

de

propósito

los

marcos

de

descargar

funciones--

establecer

distinciones razonables entre las personas. La garantía de

la

igual

repetimos,

protección

es

el

de

trato

las

leyes

desigual

lo

que

prohíbe,

injustificado.

Una

clasificación constituye una distinción razonable si el

Estado tiene un interés legítimo en realizarla. Para esto,

se debe examinar el propósito de la clasificación.

Retornando al análisis de la Ley de Adopción, vemos

que el propósito principal del legislador en adoptar una

de las legislaciones “más avanzadas y liberales en materia

de adopción” fue precisamente el proporcionar hogares a

menores de edad necesitados de los mismos y facilitar y

flexibilizar el procedimiento de adopción en beneficio de

los mismos. La Ley de Adopción es una legislación pensada

para y en beneficio de los menores. Queda claro que el

legislador, al aprobarla, no pretendió que su propósito

principal fuera facilitar la adopción para el beneficio de

mayores de edad o de personas casadas ya que entendió que

éstas personas en particular no necesitan la protección,

las guías y el amor paternal en la misma medida en que la

necesitan los menores de edad.

Por tal razón, la regla general es que la adopción de

mayores de edad no está permitida y se reconoce sólo como

excepción en la instancia ya mencionada. Por otro lado, la

prohibición de adoptar a personas casadas o que hubieran

32

CC-2003-436

estado casadas es absoluta, entendiendo el legislador que

la legislación que facilita la adopción en beneficio de

los menores de edad no debe cobijarlos.

La

estado

exclusión

casadas

de

personas

casadas

o

que

hubieren

como

posibles

adoptandos

tiene

un

fin

legítimo. La referida Ley es ilustrativa de que el Estado

no tiene un interés apremiante en proteger a los mayores

de edad o personas casadas o que hubieran estado casadas,

ya

que

entiende

que

estas

personas

establecido sus propios hogares o que

ya

han

formado

y

no se encuentran en

la situación de vulnerabilidad en que sí se encuentra un

menor de edad.

El

propósito

de

esta

exclusión

es

precisamente

mantener la Ley de Adopción como mecanismo de auxilio,

ayuda

y

protección

a

los

menores

de

edad.

Por

consiguiente, la clasificación hecha por el Estado está

relacionada con el propósito que se pretende alcanzar y

existe un interés legítimo en realizarla. En este sentido

deberá estar sujeta a un escrutinio tradicional mínimo o

de nexo racional.

Establecido que bajo la igual protección de las leyes

la clasificación no es sospechosa, y que bajo el derecho a

la intimidad la prohibición de adoptar personas casadas no

constituye

una

violación

a

un

derecho

fundamental,

resolvemos que la razonabilidad del Artículo 132 de la Ley

de Adopción debe analizarse bajo el escrutinio tradicional

o de nexo racional.

33

CC-2003-436

Conforme lo antes expresado, en el presente caso el

escrutinio a utilizarse para el análisis del Artículo 132

de la Ley de Adopción es el tradicional mínimo o de nexo

racional. Habiendo establecido que la referida disposición

estatutaria

tiene

un

fin

legítimo,

inevitablemente

resolvemos que la misma es constitucional.

IV

Por los fundamentos antes expuestos procede confirmar

la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal

de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Teodoro López Rivera por sí

y junto a Norma I. Pagán

Núñez, et als.

Demandantes-peticionarios

CC-2003-436

CERTIORARI

vs.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

Demandado-recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 11 de julio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia

confirmatoria de la emitida por el Tribunal de

Apelaciones en el presente caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en

el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo