Tribunal Supremo de Puerto Rico
Roberto Méndez, Bárbara Méndez, et als. vs. Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. et als.
2005 TSPR 101
Poder Judicial de Puerto Rico
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Roberto Méndez, Bárbara Méndez, et als. vs. Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. et als.
CC-2003-0091
11 de julio de 2005 · Procedimiento Civil: Doctrina de Cosa Juzgada / Documentos a incluir en Apéndice
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Méndez, Bárbara
Méndez, et als.
Certiorari
Peticionarios
2005 TSPR 101
vs.
164 DPR ____
Fundación Esposos Luis Méndez
Vaz y María Bagur, Inc. et
als.
Recurridos
Número del Caso: CC-2003-91
Fecha: 11 de julio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional I de San Juan, Panel IV
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rodríguez Muñiz
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José Dorta Lucca
Lcdo. Raúl Caballero Meléndez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Roberto Lefranc Morales
Materia: Acción Civil
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Méndez, Bárbara
Méndez, et als.
Peticionarios
vs.
CC-2003-91
CERTIORARI
Fundación Esposos Luis Méndez
Vaz y María Bagur, Inc. et
als.
Recurridos
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO REBOLLO
LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico 11 de julio de 2005
El
25
de
marzo
de
1985
el
señor
Eduardo
Méndez Bagur, en unión a los licenciados Rafael
Martínez Álvarez, Jr. y Alfredo Martínez Álvarez,
incorporó la Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y
María
Bagur,
Inc.,
en
adelante
el
Museo. 1
De
igual forma, el 4 de septiembre de 1987 incorporó
la
Fundación
Eduardo
Méndez
Bagur,
Inc.,
en
adelante la Fundación, sustituyendo al licenciado
Rafael Martínez Álvarez, Jr. por el licenciado
José A. Fernández Paoli como tercer incorporador.
1
La referida entidad es también conocida como el
Museo Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc.
2
CC-2003-91
Los
artículos
de
incorporación
de
las
referidas
Corporaciones establecen las normas para su organización y
manejo y, también, rigen lo referente al nombramiento de
la junta de directores que habrá de operar las mismas. A
esos
efectos,
los
aludidos
artículos
disponen
que
los
negocios y actividades de la corporación serían manejados
por una Junta de Fideicomisarios 2 , a ser electa por los
incorporadores en la primera reunión, y, luego, por los
miembros de la corporación. De igual forma, establecen que
los
oficiales
de
la
corporación
serían
electos
en
la
primera reunión de fideicomisarios, de entre ellos mismos,
y por un término de un año o hasta que su sucesor fuera
electo.
En lo que respecta específicamente a la remuneración
de los fideicomisarios, los artículos de incorporación de
ambas
entidades
compensación
indican
alguna”
que
por
los
sus
mismos
servicios
“no
recibirían
como
tampoco
“ninguna parte de los beneficios netos de la corporación”
sería distribuida a, o redundaría, en beneficio de ninguno
de éstos ni de los oficiales de la corporación.3
2
El artículo SEXTO de los artículos de incorporación de
ambas entidades dispone que:
...
los
incorporadores
elegirán
tres
(3)
fideicomisarios que serán electos por un término
de tres (3) años cada uno sin impedimento a ser
reelectos por cuantos términos posteriores fuesen
menester.
3
El artículo SEXTO de los artículos de incorporación de
ambas
entidades
dispone
que
los
oficiales
de
la
(Continúa . . .)
3
CC-2003-91
Años más tarde, el 13 de junio de 1990, el señor
Eduardo
Méndez
otorgó
un
testamento
abierto
ante
la
notario Laura A. Dahdah de Surillo. En el mismo nombró
como albacea al licenciado Rafael Martínez Álvarez, Jr. En
cuanto a la disposición de sus bienes, nombró como su
única
heredera
universal
a
la
Fundación
Eduardo
Méndez
Bagur4. Dispuso que del beneficio neto anual que produjeran
los bienes de esta Fundación --luego de hacer las reservas
necesarias para gastos de conservación y/o de emergencia-se
le
entregaría
($20,000.00)
mensualmente
dólares
al
Museo
la
suma
para
sus
de
veinte
mil
reparaciones
y
mantenimiento. 5 Dispuso, además, que una vez pagada esta
suma
de
dinero,
distribuido
entre
el
sus
ingreso
neto
parientes
restante
debía
colaterales,
ser
mientras
vivieran, en unas proporciones determinadas6.
__________________________
corporación consistirán de
Secretario, y c) un Tesorero.
a)
un
Presidente,
b)
un
4
Dicha fundación operaría en Puerto Rico para fines
religiosos,
caritativos,
científicos,
literarios,
incluyendo las artes, y para que invirtiera los bienes
heredados en forma productiva, y con el ingreso llevara a
cabo los objetivos para los cuales se había organizado.
5
El Museo se creó para establecer, operar y mantener un
museo comunal en una propiedad del finado localizada en la
calle Cuevillas en Miramar.
6
A esos efectos dispuso el testador que las proporciones
serían las siguientes:
a) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte
iguales entre los hijos de su hermano, Roberto
Méndez Bagur, nombrados, Roberto, Bárbara, Ramón,
Carmen
Milagros,
Muzo,
Lino,
Donato,
Zula,
(Continúa . . .)
4
CC-2003-91
Eduardo Méndez Bagur falleció el 13 de septiembre de
1992. Al momento de su muerte estaba soltero y no tenía
descendientes, ni ascendientes; solamente le sobrevivieron
parientes colaterales, los cuales habían sido nombrados
legatarios en su testamento.
Así las cosas, el 27 de agosto de 1993, los antes
mencionados parientes colaterales del señor Eduardo Méndez
Bagur presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
Juan 7 ,
San
contra
ambas
corporaciones y el licenciado Rafael Martínez Álvarez, Jr.
como
albacea,
contador
partidor
y
administrador
del
caudal, según designado por el señor Méndez Bagur. En la
referida
acción
se
impugnó
la
validez
del
testamento
__________________________
Alicia, Ivette, Carlos, Roberta, Gladys, Jorge,
Luis y Juan Méndez.
b) Una cuarta (1/4) parte a Rosa María García Méndez.
c) Una octava (1/8) parte a su hermana María Luisa
Méndez Bagur, y de haber ésta fallecido, a
distribuirse en parte iguales entre las hijas de
ésta nombradas, Bernice García Méndez y Rosa
García Méndez.
d) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte
iguales entre los hijos de su hermana fallecida,
Monserrate Méndez Bagur, a saber: Luis González
Méndez y Milagros González Méndez.
e) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte
iguales entre los hijos de su hermano fallecido,
Bienvenido
Méndez
Bagur,
nombrados:
Luis
y
Maricusa Méndez.
f) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte
iguales entre los hijos de Francisco Méndez
Bagur,nombrados: María Gerardina Méndez Isern,
Ana Iris Méndez Isern, Aliceia Mercedes Isern,
Zita Teresa Méndez Isern y Luis Eduardo Méndez
Isern.
7
g)
Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur
Incorporado y otros, Civil número KAC93-1225 (803).
5
CC-2003-91
otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur 8 , y se solicitó
del
Tribunal
que
ordenara
intestada
del
finado.
detuvieran
los
traspasos,
la
apertura
Además,
se
ventas
y
de
la
sucesión
solicitó
que
se
arrendamientos
de
propiedades del testador a favor de las entidades creadas.
Se
solicitó,
llevaba
a
además,
cabo
tanto
que
el
se
detuvieran
albacea,
como
los
actos
que
la
Junta
de
Directores de ambas fundaciones y que se le ordenara al
albacea y a las fundaciones permitir la participación de
los demandantes, o una representación de los mismos, en la
toma
de
decisiones
sobre
la
administración
del
caudal
relicto.
Luego de varios incidentes y trámites procesales, y a
solicitud de la parte demandada, el 31 de agosto de 1994
el foro primario dictó sentencia sumaria 9 , validando el
8
En la referida demanda se alegó, además, que al otorgarse
el testamento existía una relación entre la notario y los
testigos que impedía que los mismos comparecieran a dicho
otorgamiento, lo cual invalidaba el testamento. Se alegó,
además, que la fundación designada en el testamento como
heredera universal era una mortis causa a crearse luego
del otorgamiento del testamento abierto y con fines
pecuniarios. Se indicó que aunque en el testamento no se
expresaba que fuera la voluntad del testador crear un
fideicomiso así se autoproclamaba la Fundación, lo cual
violaba las disposiciones del Código Civil.
Esto en
virtud de que no se puede constituir un fideicomiso a
nombre de una persona que no existe a menos que fuera a
nombre de hijos futuros del fideicomitente o uno sin fines
pecuniarios.
9
El foro primario estimó que las controversias que
suscitaban las alegaciones de las partes se circunscribían
a determinar si:
(Continúa . . .)
6
CC-2003-91
testamento otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur. 10 El
referido foro determinó, además, que el testador le había
negado
a
“los
decisiones
demandantes
respecto
a
participar
la
en
la
administración
toma
del
de
caudal
relicto.”
Por
había
último,
sido
fideicomiso
la
el
tribunal
intención
tácito,
sin
de
del
fines
instancia
resolvió
que
testador
establecer
un
de
y
lucro
por
tiempo
indeterminado. De esta forma, dispuso que:
“...El mandato del testador, Don Eduardo
Méndez
Bagur,
a
tenor
con
el
cual
se
transmitieron sus bienes a la Fundación, para
que ésta dispusiera de ellos conforme lo ordenó
__________________________
a) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna
prohibición que impedía al Notario otorgar la
escritura de testamento abierto?
b) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna
prohibición que impedía comparecer como testigos
a las personas que así lo hicieron?
c) ¿Contiene el testamento abierto otorgado por Don
Eduardo Méndez Bagur algún defecto legal que
amerite se anule el mismo?
10
d)
El foro primario determinó, además, que al otorgarse el
testamento no existía ningún impedimento por parte de los
testigos para comparecer como tales, ni de la notario para
otorgar dicho testamento. A esos efectos, resolvió que no
surgía de las alegaciones de la demanda que existiera una
relación directa entre la notario autorizante y los
testigos del testamento por ella autorizado. Ninguno de
los testigos ni era empleado de ella, ni era socio de
ella, ni pariente de ella dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad. Dichos testigos eran
empleados
de
una
entidad
corporativa
separada
e
independiente del bufete. Determinó, además, que el
testador no tuvo la intención de crear una nueva
corporación en su testamento de 1990, sino que su
verdadera voluntad fue que la corporación inscrita en 1987
bajo el nombre de Fundación Méndez Bagur, Inc., pudiera
operar tal y como lo había concebido adquiriendo la
universalidad de sus bienes y que dispusiera del ingreso
de éstos, conforme se especificaba en el testamento.
7
CC-2003-91
en su testamento, convierte al testador en
fideicomitente, y la Fundación Eduardo Méndez
Bagur en fiduciaria, según dispone el artículo
834 del Código Civil 31 L.P.R.A. § 2541. Los
demandantes-legatarios, son los beneficiarios o
fideicomisarios del mandato que lleva a cabo la
Fundación.”
Luego de emitida la sentencia 11 --la cual advino final
y firme-- el 1 de abril de 1995 los licenciados Rafael
Martínez,
Jr.,
Fernández
Alfredo
Paoli
Martínez
Álvarez
y
se
autonombraron
--quienes
José
A.
fideicomisarios de la Fundación-- convocaron una reunión a
los
fines
de
considerar
certificado
de
sustituir
cualquier
“fideicomisario”
la
posibilidad
incorporación
por
la
de
la
referencia
a
de
de
enmendar
Fundación
“fiduciario”.
el
para
la
palabra
Ello
bajo
el
entendido de que “por error u omisión en la redacción del
Certificado
de
Incorporación
se
utilizó
la
palabra
incorrecta”. Luego de varios trámites procesales, el 18 de
abril
de
1995 12
--en
una
reunión
a
esos
efectos--
se
aprobaron unánimemente las aludidas enmiendas y se revisó
el reglamento para conformarlo con las mismas.13
11
En el entre tanto, el 18 de noviembre de 1994 el Albacea
Testamentario, Rafael Martínez Álvarez, Jr. radicó una
petición Ex-parte sobre Cuentas Finales de la Sucesión en
el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Civil número KAC94 1747(902).
12
Mismo día en que se aprobaron las cuentas finales del
albacea.
13
De igual forma se aprobaron las aludidas enmiendas al
Certificado de Incorporación del Museo y a su reglamento.
8
CC-2003-91
En virtud de lo anterior, el 26 de abril de 1995
Rafael
Álvarez
Alfredo
y
Martínez
José
Departamento
Álvarez,
Fernández
de
Estado
Jr.,
Paoli,
un
Alfredo
presentaron
Certificado
Martínez
ante
de
el
Enmienda
aprobando las referidas enmiendas y cambios al Certificado
de Incorporación de la Fundación.
Inconformes con tal proceder, el 30 de agosto de 1995
los
legatarios
presentaron
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, una segunda demanda,
esta vez contra el Museo, el licenciado José A. Fernández
Paoli 14 , el Lcdo. Alfredo Martínez Álvarez 15 , Juan Pérez 16 ,
el Lcdo. Rafael Martínez Álvarez, Jr. 17 y Martinal Real
State Corp 18 . Luego de iniciado el pleito, la referida
demanda fue enmendada para incluir a la señora Rosa María
García Méndez como codemandada debido a que ésta había
expresado su deseo e intención de no formar parte en el
pleito como demandante.
Los demandantes legatarios alegaron, en síntesis, que
como
eran
ellos
los
fideicomisarios
de
la
Fundación,
14
Por alegadamente ser Secretario, director u oficial del
Museo.
15
16
Como incorporador, director u oficial del Museo.
Como director u oficial, que al
momento
presentación de la demanda se desconocía su nombre.
de
la
17
Junto con el Lcdo. Fernández Paoli, el Lcdo. Alfredo
Martínez Álvarez como incorporadores, administradores u
oficiales de la Fundación.
18
Alegadamente la administradora de la totalidad o parte
de las propiedades de la Fundación Eduardo Méndez Bagur.
9
CC-2003-91
tenían derecho a administrar la Fundación y el Museo; esto
en
virtud
de
que
en
los
artículos
de
incorporación
originales se estableció que una Junta de Fideicomisarios
sería la que administraría dichas corporaciones. Alegaron,
además, que ellos -–los legatarios demandantes-- se habían
reunido y de forma unánime habían elegido a la Junta de
Fideicomisarios. 19 En virtud de lo anterior, solicitaron la
entrega inmediata de toda la documentación existente en
cuanto
a
los
bienes
de
la
Sucesión
de
Eduardo
Méndez
Bagur, el Museo, el reconocimiento y validación de los
nombramientos de la junta de fideicomisarios, y una orden
judicial para la entrega de la dirección y manejo de las
entidades.
Posteriormente, la parte demandada presentó ante el
foro
primario
una
moción
de
desestimación,
en
la
cual
expuso que la parte demandante pretendía dilucidar en ese
pleito lo ya resuelto o que se pudo haber resuelto en el
pleito anterior. En vista de ello, solicitó se desestimara
la acción por el fundamento de cosa juzgada. Luego que la
parte
demandante
moción,
el
resolución
presentara
foro
a
esos
primario
efectos.
su
oposición
denegó
la
Concluyó
a
la
misma
que
no
aludida
mediante
estaban
presentes todos los requisitos para la aplicación de la
doctrina de cosa juzgada.
19
A saber eligieron a Alicia Méndez Bagur como presidente,
a Miguel Luis González Méndez como Vicepresidente y a Luis
Méndez Torres como tesorero.
10
CC-2003-91
Así
las
demandante
cosas,
el
23
de
mayo
presentó
una
solicitud
de
de
1997,
la
sentencia
parte
sumaria
ante el foro primario, la cual fue denegada. El tribunal
de instancia determinó que existía controversia --según lo
establecido
en
los
artículos
de
incorporación
y
lo
dispuesto en el testamento abierto-- sobre si había un
error en la redacción de los artículos de incorporación de
la Fundación al expresarse que los negocios y actividades
de ésta se manejarían por una junta de fideicomisarios, en
lugar de fiduciarios.
Finalmente, se señaló la vista en su fondo del caso;
desfilada la prueba de la parte demandante, y luego de
escuchar los argumentos de las partes, el foro primario en
corte
abierta
presentada
por
acogió
la
parte
una
moción
demandada,
de
a
desestimación
tenor
con
las
disposiciones de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2. 20 Conforme a lo anterior,
20
La referida Regla dispone en su inciso (c):
(c) Después que el demandante haya terminado la
presentación de su prueba, el demandado, sin
renunciar al derecho de ofrecer prueba en el
caso de que la moción sea declarada sin lugar,
podrá solicitar la desestimación, fundándose en
que bajo los hechos hasta ese momento probados y
la ley, el demandante no tiene derecho a la
concesión de remedio alguno. El tribunal podrá
entonces
determinar
los
hechos
y
dictar
sentencia contra el demandante, o podrá negarse
a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya
sido presentada. A menos que el tribunal en su
orden de desestimación lo disponga de otro modo,
una desestimación bajo esta Regla 39.2 y
cualquier otra desestimación, excepto la que se
(Continúa . . .)
11
CC-2003-91
emitió
sentencia
en
la
que
resolvió
que
no
eran
“los
demandantes las personas designadas por el testador para
dirigir y administrar la Fundación”. Indicó el foro de
instancia
que
en
los
artículos
de
incorporación
se
estableció que “(e)l número de miembros de esta asociación
estará
limitado
a
los
tres
“fideicomisarios
aquí
mencionados”. Señaló que en los artículos de incorporación
sólo se llamaba por nombre y apellido a tres personas;
siendo
éstos
licenciados
el
finado
Alfredo
Eduardo
Martínez
Méndez
Álvarez
y
Bagur
Rafael
y
los
Martínez
Álvarez, Jr.
En virtud de lo anterior, concluyó el referido foro
que en los artículos de incorporación se catalogó, por
error, como “fideicomisarios” a las tres personas antes
mencionadas, ya que según lo dispuesto por el Artículo 834
del
Código
Civil,
31
L.P.R.A.
§
2541,
la
persona
que
dispone de los bienes conforme a las instrucciones del
fideicomitente es llamado fiduciario.
Inconforme con tal determinación la parte demandante
acudió,
vía
recurso
de
apelación,
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. Alegó, en síntesis, que la decisión del foro
primario violentaba la decisión del juez en el primer caso
e interpretaba el testamento del finado diferente a lo que
interpretó éste en el primer caso, decisión que constituye
__________________________
hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por
haber omitido acumular una parte indispensable,
tienen el efecto de una adjudicación en los
méritos.
12
CC-2003-91
cosa juzgada y también constituye un cambio a la última
voluntad del testador.21
La parte demandada presentó su oposición al recurso
de
apelación.
Alegó,
entre
otras
cosas,
que
la
parte
demandante había incumplido con el Reglamento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones debido a que había incluido en
el apéndice copia de prueba ofrecida pero no admitida por
el foro primario.
Mediante
sentencia
a
esos
efectos,
el
30
de
septiembre de 2002, el Tribunal de Apelaciones revocó la
determinación
del
foro
primario.
Al
fundamentar
su
conclusión, el foro apelativo expresó que el Tribunal de
Instancia actuó sin jurisdicción, al alterar lo dispuesto
en el caso Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo
Méndez Bagur Incorporado y otros, civil número KAC93-1225
21
La parte demandada presentó ante el foro apelativo
intermedio una moción de desestimación. En la misma expuso
que la parte demandante no cumplió con la ley y el
reglamento del aludido foro apelativo al no incluir
documentos esenciales en el apéndice del recurso de
apelación, razón por la cual el tribunal carecía de
jurisdicción. La referida moción fue denegada por el foro
apelativo intermedio bajo el fundamento de que los
documentos omitidos no eran esenciales para resolver el
recurso ante su consideración.
Así las cosas, la parte demandada presentó ante el
foro
apelativo
intermedio
una
segunda
moción
de
desestimación alegando que la parte demandante había
incumplido con las disposiciones de la Regla 19 y 20 del
Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, toda
vez que la parte demandante no había preparado y sometido
un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral
pertinente al recurso. El tribunal apelativo denegó la
aludida moción y emitió una orden dirigida a la parte
demandante para que presentara un proyecto de exposición
narrativa de la prueba oral pertinente a su recurso de
apelación.
13
CC-2003-91
(803), lo cual, según expresó, era cosa juzgada y la ley
del caso entre las partes.
Oportunamente, la parte demandada presentó ante el
foro apelativo intermedio una moción de reconsideración.
Denegada la misma por el referido foro y aún insatisfecho
con la referida determinación, la parte demandada recurrió
--vía certiorari-- ante este Tribunal el 12 de febrero de
2003. Alegó como señalamientos de error que:
...La
sentencia
del
Tribunal
Apelativo
es
contraria a derecho, y en particular a lo
resuelto por este tribunal en el caso Dávila v.
Agrait, 116 D.P.R. 549 (1985).
...Erró el Tribunal Apelativo al resolver que la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia
alteró una sentencia anterior de un litigio
entre las partes.
...Los artículos de Incorporación
tienen un error en su redacción.
originales
...El Tribunal Apelativo permitió que la parte
demandante sometiera con su apelación evidencia
que no es parte de los autos del caso.
Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia
de todas las partes, y estando en condición de resolver el
mismo, procedemos a así hacerlo.
I
Como
es
sabido,
en
nuestro
ordenamiento
rige
la
doctrina de cosa juzgada 22 , cuya base estatutaria es el
22
Cosa juzgada es “lo ya resuelto por fallo firme de un
Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su
irrevocabilidad." J.M. Manresa, Comentarios al Código
(Continúa . . .)
14
CC-2003-91
Artículo 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3343. 23 Dicha
doctrina tiene el propósito de dar la debida dignidad a
las
actuaciones
de
los
tribunales.
Pagán
Hernández
v.
U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R.
220,
225
(1961).
A
través
de
a
los
dictámenes
judiciales
resoluciones
contenidas
en
“impartirle
finalidad
manera
las
que
la
misma,
se
los
logra
de
mismos
concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio”.
Parilla v. Rodríguez y otros, res. el 12 de noviembre de
2004, 2004 T.S.P.R. 173; Worlwide Food Dis., Inc. v. Colón
__________________________
Civil Español, Ed. Reus, T. VIII, Vol. 2, 6ta. ed. rev.,
Madrid, España, 1967, pág. 278
23
El referido artículo, en lo aquí pertinente, establece
que:
Contra la presunción de que la cosa juzgada es
verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en
juicio de revisión.
Para que la presunción de cosa juzgada surta
efecto en otro juicio, es necesario que entre el
caso resuelto por la sentencia y aquél en que
ésta sea invocada, concurra la más perfecta
identidad entre las cosas, las causas, las
personas de los litigantes y la calidad con que
lo fueron.
En las cuestiones relativas al estado civil de
las personas y en las de validez o nulidad de
las disposiciones testamentarias, la presunción
de cosa juzgada es eficaz contra terceros,
aunque no hubiesen litigado.
Se entiende que hay identidad de personas
siempre que los litigantes del segundo pleito
sean causahabientes de los que contendieron en
el pleito anterior, o estén unidos a ellos por
vínculos de solidaridad o por los que establece
la indivisibilidad de las prestaciones entre los
que tienen derecho a exigirlas u obligación de
satisfacerlas.
15
CC-2003-91
et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Pagán Hernández v. U.P.R.,
ante.
En virtud de lo anterior, este Tribunal ha reconocido
que la aludida doctrina es una valiosa y necesaria para el
buen funcionamiento de nuestro sistema judicial y para el
tráfico jurídico. Parilla v. Rodríguez y otros, ante. A
través
de
la
importantes
misma
para
se
protegen
”intereses
nuestro
sistema
de
procesales
administración
de
justicia”. Ibíd. A tales efectos, se protege el interés
del Estado en ponerle fin a los litigios y el de los
ciudadanos de no ser sometidos en múltiples ocasiones a
los rigores de un proceso judicial. Parilla v. Rodríguez y
otros, ante; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., res.
el 4 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 31; Pagán Hernández
v. U.P.R.; ante, a la pág. 732 (1978); Pérez v. Bauzá,
ante.
Para que pueda aplicarse la doctrina de cosa juzgada
tiene
que
concurrir
entre
el
caso
resuelto
por
la
aquél
que
ésta
sea
invocada,
la
más
causas,
las
sentencia
y
perfecta
identidad
en
entre
las
cosas,
las
personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
Art. 1204 del Código Civil, supra; Worldwide Food Dis.,
Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Rodríguez
Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Lausell
Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).
El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa
juzgada es "que la sentencia dictada en un pleito anterior
16
CC-2003-91
impide que se litiguen en un pleito posterior entre las
mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas,
las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que
pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad
en la acción anterior". Mun. de San Juan v. Bosque Real,
S.E., res. el 4 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 31; Banco
de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730, 739 (1992)
citando a Pagán Hernández v. U.P.R., ante, a las págs.
732-733; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940,
950 (1972).
Este Tribunal ha señalado que dicha doctrina “no es
absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el
saludable principio de que debe dispensarse justicia en
cada caso”. Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E., ante;
Pagán Hernández v. U.P.R., ante, a la pág. 737; Pérez v.
Bauzá, ante a la pág. 226. Conforme con lo anteriormente
expresado, hemos indicado que la aludida doctrina no debe
ser aplicada de forma rígida ni automática. Parilla v.
Rodríguez y otros, ante; Banco de la Vivienda v. Carlo
Ortiz, ante a la pág. 739. Esto es, los tribunales deberán
abstenerse
de
aplicar
la
misma
cuando
derrotan
se
“desvirtúan
los
fines
produce
plantean
o
resultados
consideraciones
al
de
hacerlo
la
absurdos
o
de
público”.
interés
se
justicia,
cuando
se
Meléndez
Soberal v. García Marrero, 2002 T.S.P.R. 127, res el. 12
de
septiembre
U.P.R.,
ante,
de
a
2002,
la
pág.
citando
736;
a
Pagán
Millán
v.
Hernández
Caribe
v.
Motors
17
CC-2003-91
Corp., ante, a la pág. 509; Feliciano Ruiz v. Alfonso
Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968); P.R.T.C. v.
Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 194 (1992).
No
indicado
obstante
lo
que
se
“no
anteriormente
favorece
el
expresado,
reconocimiento
hemos
y
la
aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa
juzgada ante el riesgo de que se afecte el carácter de
finalidad de las controversias adjudicadas”. Parilla v.
Rodríguez y otros, ante; Ramos González v. Félix Medina,
121 D.P.R. 312, 339 (1988). De esta forma, evitamos se
propicie
la
"relitigación
masiva
de
las
controversias
judiciales resueltas". Ibid.
Por
otro
lado,
este
Tribunal
ha
reconocido
la
aplicación en nuestro ordenamiento de la figura jurídica
del impedimento colateral por sentencia, como vertiente o
modalidad de la antes mencionada doctrina de cosa juzgada.
Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452,
464 (1996);
A & P Gen. Contractor v. Asoc. Caná, 110
D.P.R. 753, 762 (1981).
Hemos
sentencia
expresado
opera
que
el
impedimento
"cuando
un
hecho
colateral
esencial
para
por
el
pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina
mediante
sentencia
válida
y
final
...
[y]
tal
determinación es concluyente en un segundo pleito entre
las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción
18
CC-2003-91
distintas". 24 Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882
(1999); citando a A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná,
110 D.P.R. 753, 762 (1981).
La
aludida
figura
jurídica
persigue
los
mismos
propósitos que la doctrina de cosa juzgada; a saber, se
protege
a
defenderse
los
o
litigantes
probar
sus
contra
lo
reclamaciones
que
representa
en
repetidas
ocasiones tratándose de la misma controversia; promover la
economía
judicial
y
administrativa
evitar
decisiones
innecesarios
y
Morales
E.L.A,
v.
res.
el
28
al
evitar
litigios
inconsistentes.
de
mayo
de
Suárez
2004,
2004
T.S.P.R. 84; Rodríguez Rodríguez v. Colberg, 131 D.P.R.
212, 219 (1992); A & P Gen. Contractor v. Asoc. Caná, 110
D.P.R. 753, 762 (1981).
No obstante lo anterior, la doctrina de impedimento
colateral “se distingue de la cosa juzgada debido a que no
es necesario que se dé el requisito de identidad de causas
necesario para aplicar la segunda”. Rodríguez Rodríguez v.
Colberg, 131 D.P.R. 212, 219 (1992); Pereira v. Hernández,
83 D.P.R. 160 (1961).
24
Existen dos modalidades del impedimento colateral por
sentencia; a saber la ofensiva y la defensiva. En la
primera, un demandante le impide al demandado litigar otra
vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a
otra parte. En cambio, la segunda modalidad surge cuando
un demandado impide a un demandante que litigue otra vez
asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra
parte. Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 890
(1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, ante, pág.
758.
19
CC-2003-91
II
Los
foro
codemandados
apelativo
peticionarios
intermedio
al
aducen
resolver
que
que
erró
el
la
sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de
febrero de 2001 alteró la sentencia emitida en el caso
Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur
Incorporado y otros, civil número KAC93-1225 (803). A esos
efectos, argumentan que en la sentencia del 20 de febrero
de 2001 lo único que se resolvió fue que existía un error
en
los
cual,
artículos
a
su
de
incorporación
entender,
no
cambió
de
la
Fundación,
el
fallo
del
lo
pleito
anterior ya que en el mismo lo que se resolvió fue la
validez del testamento y la validez de la creación de un
fideicomiso tácito. Les asiste la razón; veamos por qué.
Según surge del expediente, en el primer pleito los
legatarios demandantes, entre otras cosas, impugnaron la
validez
del
testamento
otorgado
por
el
señor
Eduardo
Méndez Bagur y, además, solicitaron participación en la
administración de los bienes del caudal del finado.
Luego
de
los
trámites
de
rigor,
el
foro
primario
determinó, mediante la sentencia del 31 de agosto de 1994
--la cual es final, firme e inapelable-- que el testamento
otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur era válido y, a
su vez, que la voluntad del testador había sido crear un
fideicomiso tácito. Conforme a lo anterior, resolvió que
el
testador
era
el
fideicomitente,
la
Fundación
la
20
CC-2003-91
fiduciaria
y
los
demandantes
los
beneficiarios
o
fideicomisarios del referido fideicomiso.
Posteriormente,
presentaron
--según
los
pleito,
en
interpretación
de
un
nuevo
su
legatarios
el
demandantes
cual
los
alegaron
que
artículos
de
incorporación de la Fundación y el Museo-- eran ellos las
personas
indicadas
para
administrar
ambas
entidades.
A
esos efectos,
solicitaron que el foro primario emitiera
una
obligar
orden
para
a
los
demandados
a
permitirles
formar parte de la junta de directores de ambas entidades.
Surge
de
relacionado
lo
con
anterior
el
que
primer
este
caso
pleito--
--aunque
trata
sobre
está
una
controversia distinta. Es una causa de acción separada en
la
cual
la
controversia
evidencia
es
necesaria
diferente
a
la
para
dilucidar
examinada
en
el
la
primer
pleito. Es decir, en este segundo pleito lo que está en
controversia
es
la
interpretación
de
los
documentos
corporativos del Museo y de la Fundación y en el primer
pleito lo que se examinó e interpretó fue la validez del
testamento del señor Eduardo Méndez Bagur.
Conforme a lo anterior, podemos concluir que dichos
pleitos versan sobre controversias distintas y separadas.
En el primer pleito se solicitó la participación de los
demandantes como legatarios en la toma de decisiones que
realizaba
el
Lcdo.
Rafael
Martínez
Álvarez,
Jr.
como
albacea, contador partidor y administrador. En el presente
caso lo que se solicita es que se pongan en vigor los
21
CC-2003-91
artículos de incorporación y reglamentos de la Fundación y
el Museo donde supuestamente son los fideicomisarios las
personas designadas para administrar.
En
virtud
de
lo
anterior,
que
resolvemos
el
foro
primario tenía jurisdicción para atender la controversia
planteada debido a que a través de la solución de la misma
no se alteró en forma alguna la determinación del Tribunal
de Instancia en el pleito anterior. En vista de ello, es
forzoso concluir que erró el Tribunal de Apelaciones al
resolver
que
aplicaba
la
doctrina
de
cosa
juzgada
al
presente caso.
III
Como
tercer
señalamiento
de
síntesis,
incidió
señalan
los
Tribunal
de
la
determinación
del
peticionarios,
en
Apelaciones
al
negarse
Tribunal
Primera
Instancia
de
que
los
artículos
de
de
Fundación
tenían
un
error
su
de
incorporación
la
a
que
error,
validar
el
en
redacción. Les asiste la razón.
En el primer pleito el foro primario estableció que
fue
la
voluntad
del
testador
que
los
legatarios
demandantes, ahora recurridos, fueran los fideicomisarios
o beneficiarios de la Fundación. Es decir, que había sido
la voluntad del señor Eduardo Méndez Bagur garantizar que
sus parientes colaterales se beneficiaran del ingreso neto
de la Fundación.
22
CC-2003-91
De igual forma, el foro primario resolvió que había
sido la voluntad del testador negarle a los legatarios
demandantes participar en la toma de decisiones respecto a
la administración del caudal relicto, lo cual, a su vez,
constituyen los bienes de la Fundación ya que la misma fue
la heredera universal de los bienes del testador.
Por otro lado, en lo que respecta a la Fundación, el
foro primario determinó que había sido la voluntad del
testador que la misma fuera la fiduciaria de los bienes
fideicomitidos.
Conforme a las antes mencionadas determinaciones del
foro
primario
en
el
caso
Roberto
Méndez
y
otros
v.
Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, civil
número KAC93-1225 (803), el Tribunal del Primera Instancia
en el caso ante nos determinó que existía un error en los
artículos
de
incorporación.
Es
correcta
dicha
determinación.
En los artículos de incorporación de ambas entidades
--los cuales fueron redactados estando en vida el testador
y
los
cuales
él
firmó--
se
establece
que
las
mismas
estarían regidas por una junta de fideicomisarios, la cual
llevaría a cabo todos los negocios y actividades de las
corporaciones. De igual forma, en los referidos artículos
se establece categóricamente que los fideicomisarios no
pueden
recibir
compensación
alguna
por
sus
servicios
y
tampoco pueden recibir ninguna parte de los beneficios de
la corporación.
23
CC-2003-91
Teniendo
conocimiento
de
lo
establecido
en
los
referidos artículos de incorporación, años más tarde el
señor Eduardo Méndez Bagur otorgó su testamento, en el
cual nombró a sus parientes beneficiarios de los ingresos
que produjera la Fundación. De esta forma, los designó
fideicomisarios
del
fideicomiso
a
crearse
pero
sin
designarlos con ese nombre en su testamento.
Surge de lo anterior, que si concluyéramos, al igual
que erróneamente determinó el foro apelativo intermedio,
que no existe un error en la redacción de los artículos de
incorporación
de
la
Fundación,
entonces
estaríamos
violentando inevitablemente la voluntad del testador y lo
resuelto en el primer caso.25
Ello
así,
ya
que,
inevitablemente,
no
se
podría
cumplir la voluntad del testador ya que sus legatarios no
podrían a la misma vez ser administradores de la Fundación
25
Debemos señalar que Este Tribunal ha reiterado que
“nuestro ordenamiento sucesorio está cimentado en dar
cumplimiento a la voluntad del testador en la disposición
de sus bienes en lo que no sea contrario a la ley”. Moreda
v. Rosselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000); Fernández Franco
v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154, 159 (1986); Torres
Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 462 (1987). En reiteradas
ocasiones este Tribunal ha expresado que la voluntad del
testador “es la ley de la Sucesión" y es la que debe
prevalecer a fin de que se produzcan en su día los efectos
queridos por el testador dentro del marco permitido por
ley. Moreda v. Rosselli, ante, a la pág. 480 (2000),
citando a Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R.
154 (1986); Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 D.P.R.
702 (1983); Viuda de Sambolín v. Registrador, 94 D.P.R.
320 (1967).
24
CC-2003-91
y
recibir
un
beneficio
económico
porque
los
aludidos
artículos de incorporación expresamente lo prohíben.
Debemos destacar que fortalece la determinación de
que existe un error en los artículos de incorporación de
la Fundación el hecho de que, aunque el Museo no es un
fideicomiso
ni
los
legatarios
demandantes
son
fideicomisarios del mismo, sus artículos de incorporación,
también, contienen las mismas disposiciones con respecto a
que
una
Junta
de
Fideicomisarios
sería
la
que
administraría dicha entidad.
En virtud de lo anterior, con el propósito de dar
cumplimiento a la voluntad inequívoca del señor Eduardo
Méndez
Bagur,
concluimos
que
efectivamente
por
error
u
omisión en la redacción del Certificado de Incorporación
se utilizó equivocadamente el término incorrecto. Por tal
razón,
fue
correcta
peticionarios
cualquier
al
la
enmienda
referido
referencia
en
hecha
por
los
Certificado
para
sustituir
el
a
mismo
la
aquí
palabra
“fideicomisario” por la palabra “fiduciario” e, igualmente
correcta la determinación del foro de instancia a esos
efectos.26
26
Cabe destacar que el Código Civil establece que el
fideicomisario es la persona que se beneficia del
fideicomiso. En cambio, el fiduciario es la persona
llamada para administrar los bienes fideicomitidos, es la
persona de la ejecución del fideicomiso conforme a la
voluntad del que la persona que lo creó. Artículo 834 y
862 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2541 y § 2569.
25
CC-2003-91
IV
Los peticionarios señalan, como primer señalamiento
de error, que la sentencia del Tribunal Apelativo
contraria
a
derecho,
y
en
particular
es
a lo resuelto
por este Tribunal en el caso Dávila v. Agrait, 116 D.P.R.
549 (1985). Ello en virtud de que, según su interpretación
del
antes
jurídico
no
mencionado
permite
caso,
que
nuestro
ordenamiento
la figura del fideicomisario 27
se confunda con la del fiduciario. Conforme a lo anterior,
aducen
que
los
administradores
legatarios
de
la
demandantes
Fundación
por
no
pueden
ser
ser
éstos
los
beneficiarios de la misma.
Por su parte, alegan los mencionados legatarios que,
contrario a lo que indican los peticionarios, en el caso
Dávila v. Agrait, ante, no se prohibió expresamente que se
confundiera
la
figura
del
fideicomisario
y
la
27
del
El Artículo 834, 31 L.P.R.A. § 2541, del Código Civil
dispone que:
El fideicomiso es un mandato irrevocable a
virtud del cual se trasmiten determinados bienes
a una persona, llamada fiduciario, para que
disponga de ellos conforme lo ordene la que los
trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de
este
mismo
o
de
un
tercero
llamado
fideicomisario.
El fideicomiso con fines no pecuniarios es
una relación fiduciaria respecto a bienes, que
surge como resultado de la declaración del
propósito de crearlo, e impone a la persona en
posesión de los bienes deberes en equidad de
explotar los mismos para un fin no pecuniario.
Dávila v. Agrait, ante a la pág. 560.
26
CC-2003-91
fiduciario. Sostienen que en nuestro ordenamiento no se
excluye la posibilidad de que pueda existir un fideicomiso
en el cual concurra más de un fiduciario que, a su vez,
sea
fideicomisario,
fideicomisarios
siempre
sea
mayor
y
al
cuando
número
el
de
número
de
fiduciarios.
Conforme a lo anterior, alegan que en este caso como son
varios fideicomisarios, ellos pueden administrar, en vista
de
que
no
todos
ocuparían
cargos
en
la
Junta
de
Fideicomisarios al mismo tiempo.
Aunque en nuestro ordenamiento no se ha resuelto la
posibilidad
de
fideicomisario
y
que
se
confundan
fiduciario 28 ,
por
las
lo
figuras
antes
de
expresado
resulta innecesario para la disposición de este caso el
hacer esta determinación. Ello en virtud de que en este
caso el foro primario claramente determinó que había sido
la voluntad del testador negarles a los fideicomisarios la
capacidad de administrar los bienes de su caudal, y por
ende los bienes de la Fundación.
28
En Dávila v. Agrait, ante, a la pág. 559 y 568,
respectivamente, se indicó que “La disposición relativa a
que el fiduciario pueda también confundirse en el
fideicomisario, siempre que el fiduciario no sea único
beneficiario, no fue incluida en nuestra ley”. Sin
embargo, más adelante se indicó que “... las modalidades o
variantes de que el fideicomitente pueda constituir el
fideicomiso en favor de sí mismo; que un fiduciario pueda
ser también beneficiario; o de que el fideicomitente se
transforme en fiduciario, no alteran ni la esencia ni la
existencia de las tres figuras que entran en el trust. Las
tres figuras están siempre presentes en la operación. Lo
que pasa es que consumada ésta, una de ellas puede
desaparecer o dos de ellas pueden concurrir en una misma
persona”. (citas omitidas).
27
CC-2003-91
V
Analizamos
resulta
por
último,
determinante
y
para
aun
cuando
el
el
presente
asunto
no
caso,
el
señalamiento de los peticionarios a los efectos de que
erró
el
Tribunal
legatarios
de
Apelaciones
al
permitir
que
los
demandantes
incluyeran
en
el
apéndice
del
recurso radicado ante dicho foro apelativo evidencia que
no fue admitida por el tribunal de instancia.
Como es sabido, en “una sentencia se adjudican las
controversias
habidas
en
un
pleito
y
se
definen
los
derechos de las partes involucradas”. Falcón v. Maldonado,
138 D.P.R. 983, 989 (1995); Cárdenas Maxán v. Rodríguez,
119
D.P.R.
642,
656
(1987).
Una
vez
se
dicta
una
sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil y, en este
punto, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones rigen lo
referente a las formalidades y procedimientos que se deben
cumplir para presentar un recurso de apelación.
Específicamente,
disponen
que
presentado
un
ante
las
recurso
el
Reglas
de
Tribunal
de
Procedimiento
apelación
de
tiene
Apelaciones
Civil
que
ser
dentro
del
término jurisdiccional de treinta (30) días, contado el
mismo
a
partir
notificación
del
de
archivo
la
en
autos
sentencia.
de
Regla
copia
de
53.1(c)
la
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Regla 13(A) del
Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones,
4
L.P.R.A. Ap. XXII-A. El referido recurso tiene que estar
acompañado
como
--requisito
jurisdiccional--
por
un
28
CC-2003-91
apéndice.
Véase:
Cruz
Castro
v.
Ortiz
Montalvo,
2001
T.S.P.R. 59, res. el 27 de abril de 2002,; Véase, además,
Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico,
Derecho Procesal Apelativo, LexisNexis, San Juan, P.R.,
2001, págs. 315-316.
Este
Tribunal
ha
señalado
que
el
apéndice
es
“la
recopilación documental (copia literal), de los escritos
acumulados durante el trámite en el Tribunal de Primera
Instancia,
esto
es
copia
sustitutiva
de
los
autos
originales 29 ”. Pellot Ferrer v. Avon Mirabella, Inc., 2003
T.S.P.R. 131, res. el 7 de agosto de 2003; Román et als.
v.
Román
et
als.,
2002
T.S.P.R.
127,
res.
el
24
de
septiembre de 2002; Codesi, Inc. v. Mun. De Canóvanas, 150
D.P.R. 586, 588-589 (2000). Con respecto a su importancia,
reiteradamente hemos expresado, “que mediante el mismo el
Tribunal de Circuito oportunamente adjudica la apelación”.
Pellot
Ferrer
Inc.v.
Mun.
v.
De
Avon
Mirabella,
Canóvanas,
ante.
Inc.,
ante;
Codesi,
Véase,
además,
Hiram
Sánchez Martínez, op.cit., pág. 314.
Conforme a lo anterior, hemos señalado que la omisión
de presentar el apéndice del recurso, o la presentación
incompleta del mismo dentro del término de treinta (30)
29
Dicho de otro modo, el apéndice es “la compilación
ordenada de las copias legibles de los documentos de que
se compone el expediente original del caso ante el
tribunal
apelado
o
recurrido
o
ante
la
agencia
administrativa recurrida.” Hiram Sánchez Martínez, ante, a
la pág. 313.
29
CC-2003-91
días, conlleva la desestimación del recurso. Cruz Castro
v. Ortiz Montalvo, ante; Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192
(2000); Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 315.
El Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones
enumeraba cuáles son los documentos que deben formar parte
del apéndice. 30 Regla 16(D)(2) del Reglamento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, Regla
34(E)(2)
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A y 74(B) del Reglamento
del Tribunal de Circuito de Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap.
XXII-A. A esos efectos, además de señalar específicamente
una
lista
de
documentos
que
deberían
incluirse
en
el
apéndice, disponía que el mismo sólo contendrá copia de
documentos que formen parte del expediente original del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Rafael
Hernández
Colón,
Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil,
Michie,
Juan,
P.R.,
1997,
pág.
Martínez,
op.cit.,
pág.
363.
apéndice
de
30
San
un
recurso
366.
Hiram
Sánchez
Dicho
a
la
inversa,
apelativo
no
deberá
“el
contener
Vale la pena destacar, que el recurso de certiorari que
hoy nos ocupa fue presentado el 12 de febrero de 2003;
esto es, antes de que entrara en vigor tanto la Ley Núm.
201 de 22 de agosto de 2003, mejor conocida como la Ley de
la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
2003, el Reglamento Transitorio para el Tribunal de
Apelaciones,
como
el
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones. En vista de lo anterior, precisa que
limitemos nuestros pronunciamientos a lo dispuesto en la
Ley de la Judicatura de 1994, el Reglamento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones de 1996 y su jurisprudencia
interpretativa.
30
CC-2003-91
documento alguno que no hubiese formado parte de los autos
originales”. Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 332.
En
virtud
de
las
disposiciones
estatutarias
anteriormente mencionadas este Tribunal ha sido enfático
al señalar que “es una práctica indeseable”, “que debe
descontinuarse”, incluir en el apéndice documentos que no
estuvieron ante la consideración del foro primario ya que
“se
coloca
al
tribunal
de
instancia
en
una
señalada
desventaja.” Belmonte v. Mercado Reverón, 95 D.P.R. 257,
263-264 (1967).
No obstante lo anteriormente expuesto, el referido
Reglamento
proveía
un
mecanismo
mediante
el
cual
las
partes pueden elevar al Tribunal de Apelaciones la prueba
que fue ofrecida pero no admitida en el foro primario. Las
Reglas del Tribunal de Circuito de Apelaciones 16 (D)(2),
34 (E)(2) y 74(c) del Reglamento del Tribunal de Circuito
de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A indicaban que la
parte apelante o peticionaria tendrá el derecho de elevar,
en un apéndice separado 31 , copia del legajo de la prueba
ofrecida y no admitida cuando el planteamiento ante el
31
“Lo que es necesario entender es que, si no se hace
ofrecimiento de prueba ni se solicita que la misma sea
marcada como prueba ofrecida y no admitida, la parte no
tendrá derecho a preparar el apéndice suplementario a que
se refiere la regla 74(C) y el tribunal apelativo no
estará obligado a resolver el error planteado al respecto.
La realidad es que tal omisión impide que el foro
apelativo esté en condición de determinar si la exclusión
de esa prueba fue un factor decisivo o sustancial al
emitirse el dictamen apelado o recurrido.” Hiram Sánchez
Martínez, op. cit. a la pág. 343-344.
31
CC-2003-91
Tribunal
de
de
Apelaciones
se
refiera
a
un
error
sustancial en la exclusión de la prueba específica de que
se trate.”
Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 343;
Véase, además, Rafael Hernández Colón, op.cit., pág. 363
n.365.
VI
La parte peticionaria alega que erró el Tribunal de
Apelaciones al permitir que la parte demandante sometiera
con su apelación evidencia que no era parte de los autos
del caso. Le asiste la razón.
Surge de la sentencia emitida por el foro primario el
20 de febrero de 2001 que la parte demandante en este caso
ofreció en evidencia durante la vista del caso una serie
de documentos. A saber:(1) el testamento del señor Eduardo
Méndez
Bagur,
(2)
la
sentencia
dictada
por
el
juez
Wilfredo Alicea López en el pleito Roberto Méndez y otros
v.
Fundación
Eduardo
Méndez
Bagur
Incorporado
y
otros,
civil número KAC93-1225 (803) de la Sala Superior de San
Juan con fecha de 31 de agosto de 1994; (3) el certificado
de
incorporación
reglamentos
de
la
de
la
Fundación;
Fundación
y
sus
(4)
las
enmiendas;
reglas
y
(5)
las
minutas de la junta de directores de la Fundación;(6) los
informes financieros de la Fundación; y (8) el documento
en el cual se anuncia la sustitución como director del
Lcdo. Paoli.
32
CC-2003-91
El foro primario --luego de que la parte demandada
admitiera
admitió
la
en
autenticidad
evidencia
el
de
los
mismos--
testamento,
la
únicamente
sentencia,
los
artículo de incorporación y las minutas de la junta de
fiduciarios del 1ro y 18 de abril de 1995.
Aunque la parte demandante presentó un testigo para
autenticar el informe financiero, el foro primario --luego
de
la
objeción
prueba
ofrecida
documental
de
no
la
parte
pero
no
admitida.
admitida
debido
fue
demandada--
lo
La
a
marcó
otra
que
como
prueba
la
parte
demandante no presentó prueba testifical para autenticar
los mimos.
De la lectura del apéndice presentado por la parte
demandante
ante
el
foro
apelativo
intermedio
surge
claramente que la parte demandante incluyó en su apéndice
una
serie
de
documentos
que
no
fueron
admitidos
como
evidencia por el foro primario. A esos efectos, añadieron
las minutas de la junta de fiduciarios de la Fundación del
1 de diciembre de 1992 y del 5 de enero de 1995, los
estados
financieros
de
los
años
1992
al
2000,
cartas
dirigidas al albacea, a los directores u oficiales, y a
los abogados de ambas fundaciones, y un documento en el
cual se anunciaba la sustitución como director del Lcdo.
Paoli.
Resulta
claro
que
la
apéndice
incorrectamente
en
su
ofrecida
no
admitida
pero
parte
demandante
documentación
por
el
foro
incluyó
que
fue
primario.
33
CC-2003-91
Ciertamente, como mencionamos anteriormente, es práctica
indeseable
recurso
de
el
incluir
documentos
en
que
estuvieron
apelación
no
el
apéndice
ante
del
la
consideración del foro primario. No hay duda de que las
reglas
son
claras
al
señalar
que
el
apéndice
sólo
contendrá copia de aquellos documentos que formaron parte
del expediente y que en caso de que la parte considere que
dicho
foro
cometió
error
al
dejar
fuera
una
evidencia
presentada pero no admitida, tal error ha de ser planteado
ante el foro apelativo y la prueba no admitida se incluirá
en un apéndice separado. Más aún, hemos señalado que las
reglas concernientes a los recursos a presentarse ante los
tribunales apelativos "deben observarse rigurosamente" y
no puede quedar "al arbitrio de los abogados decidir qué
disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo...".
Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998) citando
a
Matos
v.
Metropolitan
Marble
Corp.,
104
D.P.R.
122
(1975).
Surge de lo anterior que incidió el foro apelativo al
admitir que la parte demandante adjuntara a su apéndice
evidencia que no fue considerada por el foro primario. No
obstante, concluimos que aunque fue cometido el referido
señalamiento de error, como una lectura de la sentencia
del Tribunal de Apelaciones no se puede decir con certeza
si dicho foro tomó, o no,
en consideración la referida
prueba para la determinación del caso, el error cometido
no tiene mayor importancia.
34
CC-2003-91
VII
En méritos de lo antes expuesto, procede revocar el
dictamen
emitido
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
confirmar la determinación del foro primario.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Roberto Méndez, Bárbara
Méndez, et als.
Peticionarios
vs.
CC-2003-91
CERTIORARI
Fundación Esposos Luis Méndez
Vaz y María Bagur, Inc. et
als.
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico 11 de julio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se dicta Sentencia
revocatoria del dictamen emitido por el Tribunal
de Apelaciones y se confirma la determinación del
tribunal de instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor
Rivera Pérez concurren en el resultado sin
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo