LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Roberto Méndez, Bárbara Méndez, et als. vs. Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. et als.

2005 TSPR 101

Poder Judicial de Puerto Rico

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Roberto Méndez, Bárbara Méndez, et als. vs. Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. et als.

CC-2003-0091

11 de julio de 2005 · Procedimiento Civil: Doctrina de Cosa Juzgada / Documentos a incluir en Apéndice

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Méndez, Bárbara

Méndez, et als.

Certiorari

Peticionarios

2005 TSPR 101

vs.

164 DPR ____

Fundación Esposos Luis Méndez

Vaz y María Bagur, Inc. et

als.

Recurridos

Número del Caso: CC-2003-91

Fecha: 11 de julio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional I de San Juan, Panel IV

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rodríguez Muñiz

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Dorta Lucca

Lcdo. Raúl Caballero Meléndez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Roberto Lefranc Morales

Materia: Acción Civil

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Méndez, Bárbara

Méndez, et als.

Peticionarios

vs.

CC-2003-91

CERTIORARI

Fundación Esposos Luis Méndez

Vaz y María Bagur, Inc. et

als.

Recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico 11 de julio de 2005

El

25

de

marzo

de

1985

el

señor

Eduardo

Méndez Bagur, en unión a los licenciados Rafael

Martínez Álvarez, Jr. y Alfredo Martínez Álvarez,

incorporó la Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y

María

Bagur,

Inc.,

en

adelante

el

Museo. 1

De

igual forma, el 4 de septiembre de 1987 incorporó

la

Fundación

Eduardo

Méndez

Bagur,

Inc.,

en

adelante la Fundación, sustituyendo al licenciado

Rafael Martínez Álvarez, Jr. por el licenciado

José A. Fernández Paoli como tercer incorporador.

1

La referida entidad es también conocida como el

Museo Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc.

2

CC-2003-91

Los

artículos

de

incorporación

de

las

referidas

Corporaciones establecen las normas para su organización y

manejo y, también, rigen lo referente al nombramiento de

la junta de directores que habrá de operar las mismas. A

esos

efectos,

los

aludidos

artículos

disponen

que

los

negocios y actividades de la corporación serían manejados

por una Junta de Fideicomisarios 2 , a ser electa por los

incorporadores en la primera reunión, y, luego, por los

miembros de la corporación. De igual forma, establecen que

los

oficiales

de

la

corporación

serían

electos

en

la

primera reunión de fideicomisarios, de entre ellos mismos,

y por un término de un año o hasta que su sucesor fuera

electo.

En lo que respecta específicamente a la remuneración

de los fideicomisarios, los artículos de incorporación de

ambas

entidades

compensación

indican

alguna”

que

por

los

sus

mismos

servicios

“no

recibirían

como

tampoco

“ninguna parte de los beneficios netos de la corporación”

sería distribuida a, o redundaría, en beneficio de ninguno

de éstos ni de los oficiales de la corporación.3

2

El artículo SEXTO de los artículos de incorporación de

ambas entidades dispone que:

...

los

incorporadores

elegirán

tres

(3)

fideicomisarios que serán electos por un término

de tres (3) años cada uno sin impedimento a ser

reelectos por cuantos términos posteriores fuesen

menester.

3

El artículo SEXTO de los artículos de incorporación de

ambas

entidades

dispone

que

los

oficiales

de

la

(Continúa . . .)

3

CC-2003-91

Años más tarde, el 13 de junio de 1990, el señor

Eduardo

Méndez

otorgó

un

testamento

abierto

ante

la

notario Laura A. Dahdah de Surillo. En el mismo nombró

como albacea al licenciado Rafael Martínez Álvarez, Jr. En

cuanto a la disposición de sus bienes, nombró como su

única

heredera

universal

a

la

Fundación

Eduardo

Méndez

Bagur4. Dispuso que del beneficio neto anual que produjeran

los bienes de esta Fundación --luego de hacer las reservas

necesarias para gastos de conservación y/o de emergencia-se

le

entregaría

($20,000.00)

mensualmente

dólares

al

Museo

la

suma

para

sus

de

veinte

mil

reparaciones

y

mantenimiento. 5 Dispuso, además, que una vez pagada esta

suma

de

dinero,

distribuido

entre

el

sus

ingreso

neto

parientes

restante

debía

colaterales,

ser

mientras

vivieran, en unas proporciones determinadas6.

__________________________

corporación consistirán de

Secretario, y c) un Tesorero.

a)

un

Presidente,

b)

un

4

Dicha fundación operaría en Puerto Rico para fines

religiosos,

caritativos,

científicos,

literarios,

incluyendo las artes, y para que invirtiera los bienes

heredados en forma productiva, y con el ingreso llevara a

cabo los objetivos para los cuales se había organizado.

5

El Museo se creó para establecer, operar y mantener un

museo comunal en una propiedad del finado localizada en la

calle Cuevillas en Miramar.

6

A esos efectos dispuso el testador que las proporciones

serían las siguientes:

a) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte

iguales entre los hijos de su hermano, Roberto

Méndez Bagur, nombrados, Roberto, Bárbara, Ramón,

Carmen

Milagros,

Muzo,

Lino,

Donato,

Zula,

(Continúa . . .)

4

CC-2003-91

Eduardo Méndez Bagur falleció el 13 de septiembre de

1992. Al momento de su muerte estaba soltero y no tenía

descendientes, ni ascendientes; solamente le sobrevivieron

parientes colaterales, los cuales habían sido nombrados

legatarios en su testamento.

Así las cosas, el 27 de agosto de 1993, los antes

mencionados parientes colaterales del señor Eduardo Méndez

Bagur presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Juan 7 ,

San

contra

ambas

corporaciones y el licenciado Rafael Martínez Álvarez, Jr.

como

albacea,

contador

partidor

y

administrador

del

caudal, según designado por el señor Méndez Bagur. En la

referida

acción

se

impugnó

la

validez

del

testamento

__________________________

Alicia, Ivette, Carlos, Roberta, Gladys, Jorge,

Luis y Juan Méndez.

b) Una cuarta (1/4) parte a Rosa María García Méndez.

c) Una octava (1/8) parte a su hermana María Luisa

Méndez Bagur, y de haber ésta fallecido, a

distribuirse en parte iguales entre las hijas de

ésta nombradas, Bernice García Méndez y Rosa

García Méndez.

d) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte

iguales entre los hijos de su hermana fallecida,

Monserrate Méndez Bagur, a saber: Luis González

Méndez y Milagros González Méndez.

e) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte

iguales entre los hijos de su hermano fallecido,

Bienvenido

Méndez

Bagur,

nombrados:

Luis

y

Maricusa Méndez.

f) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte

iguales entre los hijos de Francisco Méndez

Bagur,nombrados: María Gerardina Méndez Isern,

Ana Iris Méndez Isern, Aliceia Mercedes Isern,

Zita Teresa Méndez Isern y Luis Eduardo Méndez

Isern.

7

g)

Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur

Incorporado y otros, Civil número KAC93-1225 (803).

5

CC-2003-91

otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur 8 , y se solicitó

del

Tribunal

que

ordenara

intestada

del

finado.

detuvieran

los

traspasos,

la

apertura

Además,

se

ventas

y

de

la

sucesión

solicitó

que

se

arrendamientos

de

propiedades del testador a favor de las entidades creadas.

Se

solicitó,

llevaba

a

además,

cabo

tanto

que

el

se

detuvieran

albacea,

como

los

actos

que

la

Junta

de

Directores de ambas fundaciones y que se le ordenara al

albacea y a las fundaciones permitir la participación de

los demandantes, o una representación de los mismos, en la

toma

de

decisiones

sobre

la

administración

del

caudal

relicto.

Luego de varios incidentes y trámites procesales, y a

solicitud de la parte demandada, el 31 de agosto de 1994

el foro primario dictó sentencia sumaria 9 , validando el

8

En la referida demanda se alegó, además, que al otorgarse

el testamento existía una relación entre la notario y los

testigos que impedía que los mismos comparecieran a dicho

otorgamiento, lo cual invalidaba el testamento. Se alegó,

además, que la fundación designada en el testamento como

heredera universal era una mortis causa a crearse luego

del otorgamiento del testamento abierto y con fines

pecuniarios. Se indicó que aunque en el testamento no se

expresaba que fuera la voluntad del testador crear un

fideicomiso así se autoproclamaba la Fundación, lo cual

violaba las disposiciones del Código Civil.

Esto en

virtud de que no se puede constituir un fideicomiso a

nombre de una persona que no existe a menos que fuera a

nombre de hijos futuros del fideicomitente o uno sin fines

pecuniarios.

9

El foro primario estimó que las controversias que

suscitaban las alegaciones de las partes se circunscribían

a determinar si:

(Continúa . . .)

6

CC-2003-91

testamento otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur. 10 El

referido foro determinó, además, que el testador le había

negado

a

“los

decisiones

demandantes

respecto

a

participar

la

en

la

administración

toma

del

de

caudal

relicto.”

Por

había

último,

sido

fideicomiso

la

el

tribunal

intención

tácito,

sin

de

del

fines

instancia

resolvió

que

testador

establecer

un

de

y

lucro

por

tiempo

indeterminado. De esta forma, dispuso que:

“...El mandato del testador, Don Eduardo

Méndez

Bagur,

a

tenor

con

el

cual

se

transmitieron sus bienes a la Fundación, para

que ésta dispusiera de ellos conforme lo ordenó

__________________________

a) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna

prohibición que impedía al Notario otorgar la

escritura de testamento abierto?

b) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna

prohibición que impedía comparecer como testigos

a las personas que así lo hicieron?

c) ¿Contiene el testamento abierto otorgado por Don

Eduardo Méndez Bagur algún defecto legal que

amerite se anule el mismo?

10

d)

El foro primario determinó, además, que al otorgarse el

testamento no existía ningún impedimento por parte de los

testigos para comparecer como tales, ni de la notario para

otorgar dicho testamento. A esos efectos, resolvió que no

surgía de las alegaciones de la demanda que existiera una

relación directa entre la notario autorizante y los

testigos del testamento por ella autorizado. Ninguno de

los testigos ni era empleado de ella, ni era socio de

ella, ni pariente de ella dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad. Dichos testigos eran

empleados

de

una

entidad

corporativa

separada

e

independiente del bufete. Determinó, además, que el

testador no tuvo la intención de crear una nueva

corporación en su testamento de 1990, sino que su

verdadera voluntad fue que la corporación inscrita en 1987

bajo el nombre de Fundación Méndez Bagur, Inc., pudiera

operar tal y como lo había concebido adquiriendo la

universalidad de sus bienes y que dispusiera del ingreso

de éstos, conforme se especificaba en el testamento.

7

CC-2003-91

en su testamento, convierte al testador en

fideicomitente, y la Fundación Eduardo Méndez

Bagur en fiduciaria, según dispone el artículo

834 del Código Civil 31 L.P.R.A. § 2541. Los

demandantes-legatarios, son los beneficiarios o

fideicomisarios del mandato que lleva a cabo la

Fundación.”

Luego de emitida la sentencia 11 --la cual advino final

y firme-- el 1 de abril de 1995 los licenciados Rafael

Martínez,

Jr.,

Fernández

Alfredo

Paoli

Martínez

Álvarez

y

se

autonombraron

--quienes

José

A.

fideicomisarios de la Fundación-- convocaron una reunión a

los

fines

de

considerar

certificado

de

sustituir

cualquier

“fideicomisario”

la

posibilidad

incorporación

por

la

de

la

referencia

a

de

de

enmendar

Fundación

“fiduciario”.

el

para

la

palabra

Ello

bajo

el

entendido de que “por error u omisión en la redacción del

Certificado

de

Incorporación

se

utilizó

la

palabra

incorrecta”. Luego de varios trámites procesales, el 18 de

abril

de

1995 12

--en

una

reunión

a

esos

efectos--

se

aprobaron unánimemente las aludidas enmiendas y se revisó

el reglamento para conformarlo con las mismas.13

11

En el entre tanto, el 18 de noviembre de 1994 el Albacea

Testamentario, Rafael Martínez Álvarez, Jr. radicó una

petición Ex-parte sobre Cuentas Finales de la Sucesión en

el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Civil número KAC94 1747(902).

12

Mismo día en que se aprobaron las cuentas finales del

albacea.

13

De igual forma se aprobaron las aludidas enmiendas al

Certificado de Incorporación del Museo y a su reglamento.

8

CC-2003-91

En virtud de lo anterior, el 26 de abril de 1995

Rafael

Álvarez

Alfredo

y

Martínez

José

Departamento

Álvarez,

Fernández

de

Estado

Jr.,

Paoli,

un

Alfredo

presentaron

Certificado

Martínez

ante

de

el

Enmienda

aprobando las referidas enmiendas y cambios al Certificado

de Incorporación de la Fundación.

Inconformes con tal proceder, el 30 de agosto de 1995

los

legatarios

presentaron

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, una segunda demanda,

esta vez contra el Museo, el licenciado José A. Fernández

Paoli 14 , el Lcdo. Alfredo Martínez Álvarez 15 , Juan Pérez 16 ,

el Lcdo. Rafael Martínez Álvarez, Jr. 17 y Martinal Real

State Corp 18 . Luego de iniciado el pleito, la referida

demanda fue enmendada para incluir a la señora Rosa María

García Méndez como codemandada debido a que ésta había

expresado su deseo e intención de no formar parte en el

pleito como demandante.

Los demandantes legatarios alegaron, en síntesis, que

como

eran

ellos

los

fideicomisarios

de

la

Fundación,

14

Por alegadamente ser Secretario, director u oficial del

Museo.

15

16

Como incorporador, director u oficial del Museo.

Como director u oficial, que al

momento

presentación de la demanda se desconocía su nombre.

de

la

17

Junto con el Lcdo. Fernández Paoli, el Lcdo. Alfredo

Martínez Álvarez como incorporadores, administradores u

oficiales de la Fundación.

18

Alegadamente la administradora de la totalidad o parte

de las propiedades de la Fundación Eduardo Méndez Bagur.

9

CC-2003-91

tenían derecho a administrar la Fundación y el Museo; esto

en

virtud

de

que

en

los

artículos

de

incorporación

originales se estableció que una Junta de Fideicomisarios

sería la que administraría dichas corporaciones. Alegaron,

además, que ellos -–los legatarios demandantes-- se habían

reunido y de forma unánime habían elegido a la Junta de

Fideicomisarios. 19 En virtud de lo anterior, solicitaron la

entrega inmediata de toda la documentación existente en

cuanto

a

los

bienes

de

la

Sucesión

de

Eduardo

Méndez

Bagur, el Museo, el reconocimiento y validación de los

nombramientos de la junta de fideicomisarios, y una orden

judicial para la entrega de la dirección y manejo de las

entidades.

Posteriormente, la parte demandada presentó ante el

foro

primario

una

moción

de

desestimación,

en

la

cual

expuso que la parte demandante pretendía dilucidar en ese

pleito lo ya resuelto o que se pudo haber resuelto en el

pleito anterior. En vista de ello, solicitó se desestimara

la acción por el fundamento de cosa juzgada. Luego que la

parte

demandante

moción,

el

resolución

presentara

foro

a

esos

primario

efectos.

su

oposición

denegó

la

Concluyó

a

la

misma

que

no

aludida

mediante

estaban

presentes todos los requisitos para la aplicación de la

doctrina de cosa juzgada.

19

A saber eligieron a Alicia Méndez Bagur como presidente,

a Miguel Luis González Méndez como Vicepresidente y a Luis

Méndez Torres como tesorero.

10

CC-2003-91

Así

las

demandante

cosas,

el

23

de

mayo

presentó

una

solicitud

de

de

1997,

la

sentencia

parte

sumaria

ante el foro primario, la cual fue denegada. El tribunal

de instancia determinó que existía controversia --según lo

establecido

en

los

artículos

de

incorporación

y

lo

dispuesto en el testamento abierto-- sobre si había un

error en la redacción de los artículos de incorporación de

la Fundación al expresarse que los negocios y actividades

de ésta se manejarían por una junta de fideicomisarios, en

lugar de fiduciarios.

Finalmente, se señaló la vista en su fondo del caso;

desfilada la prueba de la parte demandante, y luego de

escuchar los argumentos de las partes, el foro primario en

corte

abierta

presentada

por

acogió

la

parte

una

moción

demandada,

de

a

desestimación

tenor

con

las

disposiciones de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2. 20 Conforme a lo anterior,

20

La referida Regla dispone en su inciso (c):

(c) Después que el demandante haya terminado la

presentación de su prueba, el demandado, sin

renunciar al derecho de ofrecer prueba en el

caso de que la moción sea declarada sin lugar,

podrá solicitar la desestimación, fundándose en

que bajo los hechos hasta ese momento probados y

la ley, el demandante no tiene derecho a la

concesión de remedio alguno. El tribunal podrá

entonces

determinar

los

hechos

y

dictar

sentencia contra el demandante, o podrá negarse

a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya

sido presentada. A menos que el tribunal en su

orden de desestimación lo disponga de otro modo,

una desestimación bajo esta Regla 39.2 y

cualquier otra desestimación, excepto la que se

(Continúa . . .)

11

CC-2003-91

emitió

sentencia

en

la

que

resolvió

que

no

eran

“los

demandantes las personas designadas por el testador para

dirigir y administrar la Fundación”. Indicó el foro de

instancia

que

en

los

artículos

de

incorporación

se

estableció que “(e)l número de miembros de esta asociación

estará

limitado

a

los

tres

“fideicomisarios

aquí

mencionados”. Señaló que en los artículos de incorporación

sólo se llamaba por nombre y apellido a tres personas;

siendo

éstos

licenciados

el

finado

Alfredo

Eduardo

Martínez

Méndez

Álvarez

y

Bagur

Rafael

y

los

Martínez

Álvarez, Jr.

En virtud de lo anterior, concluyó el referido foro

que en los artículos de incorporación se catalogó, por

error, como “fideicomisarios” a las tres personas antes

mencionadas, ya que según lo dispuesto por el Artículo 834

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

§

2541,

la

persona

que

dispone de los bienes conforme a las instrucciones del

fideicomitente es llamado fiduciario.

Inconforme con tal determinación la parte demandante

acudió,

vía

recurso

de

apelación,

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. Alegó, en síntesis, que la decisión del foro

primario violentaba la decisión del juez en el primer caso

e interpretaba el testamento del finado diferente a lo que

interpretó éste en el primer caso, decisión que constituye

__________________________

hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por

haber omitido acumular una parte indispensable,

tienen el efecto de una adjudicación en los

méritos.

12

CC-2003-91

cosa juzgada y también constituye un cambio a la última

voluntad del testador.21

La parte demandada presentó su oposición al recurso

de

apelación.

Alegó,

entre

otras

cosas,

que

la

parte

demandante había incumplido con el Reglamento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones debido a que había incluido en

el apéndice copia de prueba ofrecida pero no admitida por

el foro primario.

Mediante

sentencia

a

esos

efectos,

el

30

de

septiembre de 2002, el Tribunal de Apelaciones revocó la

determinación

del

foro

primario.

Al

fundamentar

su

conclusión, el foro apelativo expresó que el Tribunal de

Instancia actuó sin jurisdicción, al alterar lo dispuesto

en el caso Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo

Méndez Bagur Incorporado y otros, civil número KAC93-1225

21

La parte demandada presentó ante el foro apelativo

intermedio una moción de desestimación. En la misma expuso

que la parte demandante no cumplió con la ley y el

reglamento del aludido foro apelativo al no incluir

documentos esenciales en el apéndice del recurso de

apelación, razón por la cual el tribunal carecía de

jurisdicción. La referida moción fue denegada por el foro

apelativo intermedio bajo el fundamento de que los

documentos omitidos no eran esenciales para resolver el

recurso ante su consideración.

Así las cosas, la parte demandada presentó ante el

foro

apelativo

intermedio

una

segunda

moción

de

desestimación alegando que la parte demandante había

incumplido con las disposiciones de la Regla 19 y 20 del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, toda

vez que la parte demandante no había preparado y sometido

un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral

pertinente al recurso. El tribunal apelativo denegó la

aludida moción y emitió una orden dirigida a la parte

demandante para que presentara un proyecto de exposición

narrativa de la prueba oral pertinente a su recurso de

apelación.

13

CC-2003-91

(803), lo cual, según expresó, era cosa juzgada y la ley

del caso entre las partes.

Oportunamente, la parte demandada presentó ante el

foro apelativo intermedio una moción de reconsideración.

Denegada la misma por el referido foro y aún insatisfecho

con la referida determinación, la parte demandada recurrió

--vía certiorari-- ante este Tribunal el 12 de febrero de

2003. Alegó como señalamientos de error que:

...La

sentencia

del

Tribunal

Apelativo

es

contraria a derecho, y en particular a lo

resuelto por este tribunal en el caso Dávila v.

Agrait, 116 D.P.R. 549 (1985).

...Erró el Tribunal Apelativo al resolver que la

sentencia del Tribunal de Primera Instancia

alteró una sentencia anterior de un litigio

entre las partes.

...Los artículos de Incorporación

tienen un error en su redacción.

originales

...El Tribunal Apelativo permitió que la parte

demandante sometiera con su apelación evidencia

que no es parte de los autos del caso.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia

de todas las partes, y estando en condición de resolver el

mismo, procedemos a así hacerlo.

I

Como

es

sabido,

en

nuestro

ordenamiento

rige

la

doctrina de cosa juzgada 22 , cuya base estatutaria es el

22

Cosa juzgada es “lo ya resuelto por fallo firme de un

Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su

irrevocabilidad." J.M. Manresa, Comentarios al Código

(Continúa . . .)

14

CC-2003-91

Artículo 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3343. 23 Dicha

doctrina tiene el propósito de dar la debida dignidad a

las

actuaciones

de

los

tribunales.

Pagán

Hernández

v.

U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R.

220,

225

(1961).

A

través

de

a

los

dictámenes

judiciales

resoluciones

contenidas

en

“impartirle

finalidad

manera

las

que

la

misma,

se

los

logra

de

mismos

concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio”.

Parilla v. Rodríguez y otros, res. el 12 de noviembre de

2004, 2004 T.S.P.R. 173; Worlwide Food Dis., Inc. v. Colón

__________________________

Civil Español, Ed. Reus, T. VIII, Vol. 2, 6ta. ed. rev.,

Madrid, España, 1967, pág. 278

23

El referido artículo, en lo aquí pertinente, establece

que:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es

verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en

juicio de revisión.

Para que la presunción de cosa juzgada surta

efecto en otro juicio, es necesario que entre el

caso resuelto por la sentencia y aquél en que

ésta sea invocada, concurra la más perfecta

identidad entre las cosas, las causas, las

personas de los litigantes y la calidad con que

lo fueron.

En las cuestiones relativas al estado civil de

las personas y en las de validez o nulidad de

las disposiciones testamentarias, la presunción

de cosa juzgada es eficaz contra terceros,

aunque no hubiesen litigado.

Se entiende que hay identidad de personas

siempre que los litigantes del segundo pleito

sean causahabientes de los que contendieron en

el pleito anterior, o estén unidos a ellos por

vínculos de solidaridad o por los que establece

la indivisibilidad de las prestaciones entre los

que tienen derecho a exigirlas u obligación de

satisfacerlas.

15

CC-2003-91

et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Pagán Hernández v. U.P.R.,

ante.

En virtud de lo anterior, este Tribunal ha reconocido

que la aludida doctrina es una valiosa y necesaria para el

buen funcionamiento de nuestro sistema judicial y para el

tráfico jurídico. Parilla v. Rodríguez y otros, ante. A

través

de

la

importantes

misma

para

se

protegen

”intereses

nuestro

sistema

de

procesales

administración

de

justicia”. Ibíd. A tales efectos, se protege el interés

del Estado en ponerle fin a los litigios y el de los

ciudadanos de no ser sometidos en múltiples ocasiones a

los rigores de un proceso judicial. Parilla v. Rodríguez y

otros, ante; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., res.

el 4 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 31; Pagán Hernández

v. U.P.R.; ante, a la pág. 732 (1978); Pérez v. Bauzá,

ante.

Para que pueda aplicarse la doctrina de cosa juzgada

tiene

que

concurrir

entre

el

caso

resuelto

por

la

aquél

que

ésta

sea

invocada,

la

más

causas,

las

sentencia

y

perfecta

identidad

en

entre

las

cosas,

las

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Art. 1204 del Código Civil, supra; Worldwide Food Dis.,

Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Rodríguez

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Lausell

Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa

juzgada es "que la sentencia dictada en un pleito anterior

16

CC-2003-91

impide que se litiguen en un pleito posterior entre las

mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas,

las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad

en la acción anterior". Mun. de San Juan v. Bosque Real,

S.E., res. el 4 de marzo de 2003, 2003 T.S.P.R. 31; Banco

de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730, 739 (1992)

citando a Pagán Hernández v. U.P.R., ante, a las págs.

732-733; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940,

950 (1972).

Este Tribunal ha señalado que dicha doctrina “no es

absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el

saludable principio de que debe dispensarse justicia en

cada caso”. Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E., ante;

Pagán Hernández v. U.P.R., ante, a la pág. 737; Pérez v.

Bauzá, ante a la pág. 226. Conforme con lo anteriormente

expresado, hemos indicado que la aludida doctrina no debe

ser aplicada de forma rígida ni automática. Parilla v.

Rodríguez y otros, ante; Banco de la Vivienda v. Carlo

Ortiz, ante a la pág. 739. Esto es, los tribunales deberán

abstenerse

de

aplicar

la

misma

cuando

derrotan

se

“desvirtúan

los

fines

produce

plantean

o

resultados

consideraciones

al

de

hacerlo

la

absurdos

o

de

público”.

interés

se

justicia,

cuando

se

Meléndez

Soberal v. García Marrero, 2002 T.S.P.R. 127, res el. 12

de

septiembre

U.P.R.,

ante,

de

a

2002,

la

pág.

citando

736;

a

Pagán

Millán

v.

Hernández

Caribe

v.

Motors

17

CC-2003-91

Corp., ante, a la pág. 509; Feliciano Ruiz v. Alfonso

Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968); P.R.T.C. v.

Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 194 (1992).

No

indicado

obstante

lo

que

se

“no

anteriormente

favorece

el

expresado,

reconocimiento

hemos

y

la

aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa

juzgada ante el riesgo de que se afecte el carácter de

finalidad de las controversias adjudicadas”. Parilla v.

Rodríguez y otros, ante; Ramos González v. Félix Medina,

121 D.P.R. 312, 339 (1988). De esta forma, evitamos se

propicie

la

"relitigación

masiva

de

las

controversias

judiciales resueltas". Ibid.

Por

otro

lado,

este

Tribunal

ha

reconocido

la

aplicación en nuestro ordenamiento de la figura jurídica

del impedimento colateral por sentencia, como vertiente o

modalidad de la antes mencionada doctrina de cosa juzgada.

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452,

464 (1996);

A & P Gen. Contractor v. Asoc. Caná, 110

D.P.R. 753, 762 (1981).

Hemos

sentencia

expresado

opera

que

el

impedimento

"cuando

un

hecho

colateral

esencial

para

por

el

pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina

mediante

sentencia

válida

y

final

...

[y]

tal

determinación es concluyente en un segundo pleito entre

las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción

18

CC-2003-91

distintas". 24 Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882

(1999); citando a A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná,

110 D.P.R. 753, 762 (1981).

La

aludida

figura

jurídica

persigue

los

mismos

propósitos que la doctrina de cosa juzgada; a saber, se

protege

a

defenderse

los

o

litigantes

probar

sus

contra

lo

reclamaciones

que

representa

en

repetidas

ocasiones tratándose de la misma controversia; promover la

economía

judicial

y

administrativa

evitar

decisiones

innecesarios

y

Morales

E.L.A,

v.

res.

el

28

al

evitar

litigios

inconsistentes.

de

mayo

de

Suárez

2004,

2004

T.S.P.R. 84; Rodríguez Rodríguez v. Colberg, 131 D.P.R.

212, 219 (1992); A & P Gen. Contractor v. Asoc. Caná, 110

D.P.R. 753, 762 (1981).

No obstante lo anterior, la doctrina de impedimento

colateral “se distingue de la cosa juzgada debido a que no

es necesario que se dé el requisito de identidad de causas

necesario para aplicar la segunda”. Rodríguez Rodríguez v.

Colberg, 131 D.P.R. 212, 219 (1992); Pereira v. Hernández,

83 D.P.R. 160 (1961).

24

Existen dos modalidades del impedimento colateral por

sentencia; a saber la ofensiva y la defensiva. En la

primera, un demandante le impide al demandado litigar otra

vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a

otra parte. En cambio, la segunda modalidad surge cuando

un demandado impide a un demandante que litigue otra vez

asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra

parte. Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 890

(1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, ante, pág.

758.

19

CC-2003-91

II

Los

foro

codemandados

apelativo

peticionarios

intermedio

al

aducen

resolver

que

que

erró

el

la

sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de

febrero de 2001 alteró la sentencia emitida en el caso

Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur

Incorporado y otros, civil número KAC93-1225 (803). A esos

efectos, argumentan que en la sentencia del 20 de febrero

de 2001 lo único que se resolvió fue que existía un error

en

los

cual,

artículos

a

su

de

incorporación

entender,

no

cambió

de

la

Fundación,

el

fallo

del

lo

pleito

anterior ya que en el mismo lo que se resolvió fue la

validez del testamento y la validez de la creación de un

fideicomiso tácito. Les asiste la razón; veamos por qué.

Según surge del expediente, en el primer pleito los

legatarios demandantes, entre otras cosas, impugnaron la

validez

del

testamento

otorgado

por

el

señor

Eduardo

Méndez Bagur y, además, solicitaron participación en la

administración de los bienes del caudal del finado.

Luego

de

los

trámites

de

rigor,

el

foro

primario

determinó, mediante la sentencia del 31 de agosto de 1994

--la cual es final, firme e inapelable-- que el testamento

otorgado por el señor Eduardo Méndez Bagur era válido y, a

su vez, que la voluntad del testador había sido crear un

fideicomiso tácito. Conforme a lo anterior, resolvió que

el

testador

era

el

fideicomitente,

la

Fundación

la

20

CC-2003-91

fiduciaria

y

los

demandantes

los

beneficiarios

o

fideicomisarios del referido fideicomiso.

Posteriormente,

presentaron

--según

los

pleito,

en

interpretación

de

un

nuevo

su

legatarios

el

demandantes

cual

los

alegaron

que

artículos

de

incorporación de la Fundación y el Museo-- eran ellos las

personas

indicadas

para

administrar

ambas

entidades.

A

esos efectos,

solicitaron que el foro primario emitiera

una

obligar

orden

para

a

los

demandados

a

permitirles

formar parte de la junta de directores de ambas entidades.

Surge

de

relacionado

lo

con

anterior

el

que

primer

este

caso

pleito--

--aunque

trata

sobre

está

una

controversia distinta. Es una causa de acción separada en

la

cual

la

controversia

evidencia

es

necesaria

diferente

a

la

para

dilucidar

examinada

en

el

la

primer

pleito. Es decir, en este segundo pleito lo que está en

controversia

es

la

interpretación

de

los

documentos

corporativos del Museo y de la Fundación y en el primer

pleito lo que se examinó e interpretó fue la validez del

testamento del señor Eduardo Méndez Bagur.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que dichos

pleitos versan sobre controversias distintas y separadas.

En el primer pleito se solicitó la participación de los

demandantes como legatarios en la toma de decisiones que

realizaba

el

Lcdo.

Rafael

Martínez

Álvarez,

Jr.

como

albacea, contador partidor y administrador. En el presente

caso lo que se solicita es que se pongan en vigor los

21

CC-2003-91

artículos de incorporación y reglamentos de la Fundación y

el Museo donde supuestamente son los fideicomisarios las

personas designadas para administrar.

En

virtud

de

lo

anterior,

que

resolvemos

el

foro

primario tenía jurisdicción para atender la controversia

planteada debido a que a través de la solución de la misma

no se alteró en forma alguna la determinación del Tribunal

de Instancia en el pleito anterior. En vista de ello, es

forzoso concluir que erró el Tribunal de Apelaciones al

resolver

que

aplicaba

la

doctrina

de

cosa

juzgada

al

presente caso.

III

Como

tercer

señalamiento

de

síntesis,

incidió

señalan

los

Tribunal

de

la

determinación

del

peticionarios,

en

Apelaciones

al

negarse

Tribunal

Primera

Instancia

de

que

los

artículos

de

de

Fundación

tenían

un

error

su

de

incorporación

la

a

que

error,

validar

el

en

redacción. Les asiste la razón.

En el primer pleito el foro primario estableció que

fue

la

voluntad

del

testador

que

los

legatarios

demandantes, ahora recurridos, fueran los fideicomisarios

o beneficiarios de la Fundación. Es decir, que había sido

la voluntad del señor Eduardo Méndez Bagur garantizar que

sus parientes colaterales se beneficiaran del ingreso neto

de la Fundación.

22

CC-2003-91

De igual forma, el foro primario resolvió que había

sido la voluntad del testador negarle a los legatarios

demandantes participar en la toma de decisiones respecto a

la administración del caudal relicto, lo cual, a su vez,

constituyen los bienes de la Fundación ya que la misma fue

la heredera universal de los bienes del testador.

Por otro lado, en lo que respecta a la Fundación, el

foro primario determinó que había sido la voluntad del

testador que la misma fuera la fiduciaria de los bienes

fideicomitidos.

Conforme a las antes mencionadas determinaciones del

foro

primario

en

el

caso

Roberto

Méndez

y

otros

v.

Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, civil

número KAC93-1225 (803), el Tribunal del Primera Instancia

en el caso ante nos determinó que existía un error en los

artículos

de

incorporación.

Es

correcta

dicha

determinación.

En los artículos de incorporación de ambas entidades

--los cuales fueron redactados estando en vida el testador

y

los

cuales

él

firmó--

se

establece

que

las

mismas

estarían regidas por una junta de fideicomisarios, la cual

llevaría a cabo todos los negocios y actividades de las

corporaciones. De igual forma, en los referidos artículos

se establece categóricamente que los fideicomisarios no

pueden

recibir

compensación

alguna

por

sus

servicios

y

tampoco pueden recibir ninguna parte de los beneficios de

la corporación.

23

CC-2003-91

Teniendo

conocimiento

de

lo

establecido

en

los

referidos artículos de incorporación, años más tarde el

señor Eduardo Méndez Bagur otorgó su testamento, en el

cual nombró a sus parientes beneficiarios de los ingresos

que produjera la Fundación. De esta forma, los designó

fideicomisarios

del

fideicomiso

a

crearse

pero

sin

designarlos con ese nombre en su testamento.

Surge de lo anterior, que si concluyéramos, al igual

que erróneamente determinó el foro apelativo intermedio,

que no existe un error en la redacción de los artículos de

incorporación

de

la

Fundación,

entonces

estaríamos

violentando inevitablemente la voluntad del testador y lo

resuelto en el primer caso.25

Ello

así,

ya

que,

inevitablemente,

no

se

podría

cumplir la voluntad del testador ya que sus legatarios no

podrían a la misma vez ser administradores de la Fundación

25

Debemos señalar que Este Tribunal ha reiterado que

“nuestro ordenamiento sucesorio está cimentado en dar

cumplimiento a la voluntad del testador en la disposición

de sus bienes en lo que no sea contrario a la ley”. Moreda

v. Rosselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000); Fernández Franco

v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154, 159 (1986); Torres

Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 462 (1987). En reiteradas

ocasiones este Tribunal ha expresado que la voluntad del

testador “es la ley de la Sucesión" y es la que debe

prevalecer a fin de que se produzcan en su día los efectos

queridos por el testador dentro del marco permitido por

ley. Moreda v. Rosselli, ante, a la pág. 480 (2000),

citando a Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R.

154 (1986); Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 D.P.R.

702 (1983); Viuda de Sambolín v. Registrador, 94 D.P.R.

320 (1967).

24

CC-2003-91

y

recibir

un

beneficio

económico

porque

los

aludidos

artículos de incorporación expresamente lo prohíben.

Debemos destacar que fortalece la determinación de

que existe un error en los artículos de incorporación de

la Fundación el hecho de que, aunque el Museo no es un

fideicomiso

ni

los

legatarios

demandantes

son

fideicomisarios del mismo, sus artículos de incorporación,

también, contienen las mismas disposiciones con respecto a

que

una

Junta

de

Fideicomisarios

sería

la

que

administraría dicha entidad.

En virtud de lo anterior, con el propósito de dar

cumplimiento a la voluntad inequívoca del señor Eduardo

Méndez

Bagur,

concluimos

que

efectivamente

por

error

u

omisión en la redacción del Certificado de Incorporación

se utilizó equivocadamente el término incorrecto. Por tal

razón,

fue

correcta

peticionarios

cualquier

al

la

enmienda

referido

referencia

en

hecha

por

los

Certificado

para

sustituir

el

a

mismo

la

aquí

palabra

“fideicomisario” por la palabra “fiduciario” e, igualmente

correcta la determinación del foro de instancia a esos

efectos.26

26

Cabe destacar que el Código Civil establece que el

fideicomisario es la persona que se beneficia del

fideicomiso. En cambio, el fiduciario es la persona

llamada para administrar los bienes fideicomitidos, es la

persona de la ejecución del fideicomiso conforme a la

voluntad del que la persona que lo creó. Artículo 834 y

862 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2541 y § 2569.

25

CC-2003-91

IV

Los peticionarios señalan, como primer señalamiento

de error, que la sentencia del Tribunal Apelativo

contraria

a

derecho,

y

en

particular

es

a lo resuelto

por este Tribunal en el caso Dávila v. Agrait, 116 D.P.R.

549 (1985). Ello en virtud de que, según su interpretación

del

antes

jurídico

no

mencionado

permite

caso,

que

nuestro

ordenamiento

la figura del fideicomisario 27

se confunda con la del fiduciario. Conforme a lo anterior,

aducen

que

los

administradores

legatarios

de

la

demandantes

Fundación

por

no

pueden

ser

ser

éstos

los

beneficiarios de la misma.

Por su parte, alegan los mencionados legatarios que,

contrario a lo que indican los peticionarios, en el caso

Dávila v. Agrait, ante, no se prohibió expresamente que se

confundiera

la

figura

del

fideicomisario

y

la

27

del

El Artículo 834, 31 L.P.R.A. § 2541, del Código Civil

dispone que:

El fideicomiso es un mandato irrevocable a

virtud del cual se trasmiten determinados bienes

a una persona, llamada fiduciario, para que

disponga de ellos conforme lo ordene la que los

trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de

este

mismo

o

de

un

tercero

llamado

fideicomisario.

El fideicomiso con fines no pecuniarios es

una relación fiduciaria respecto a bienes, que

surge como resultado de la declaración del

propósito de crearlo, e impone a la persona en

posesión de los bienes deberes en equidad de

explotar los mismos para un fin no pecuniario.

Dávila v. Agrait, ante a la pág. 560.

26

CC-2003-91

fiduciario. Sostienen que en nuestro ordenamiento no se

excluye la posibilidad de que pueda existir un fideicomiso

en el cual concurra más de un fiduciario que, a su vez,

sea

fideicomisario,

fideicomisarios

siempre

sea

mayor

y

al

cuando

número

el

de

número

de

fiduciarios.

Conforme a lo anterior, alegan que en este caso como son

varios fideicomisarios, ellos pueden administrar, en vista

de

que

no

todos

ocuparían

cargos

en

la

Junta

de

Fideicomisarios al mismo tiempo.

Aunque en nuestro ordenamiento no se ha resuelto la

posibilidad

de

fideicomisario

y

que

se

confundan

fiduciario 28 ,

por

las

lo

figuras

antes

de

expresado

resulta innecesario para la disposición de este caso el

hacer esta determinación. Ello en virtud de que en este

caso el foro primario claramente determinó que había sido

la voluntad del testador negarles a los fideicomisarios la

capacidad de administrar los bienes de su caudal, y por

ende los bienes de la Fundación.

28

En Dávila v. Agrait, ante, a la pág. 559 y 568,

respectivamente, se indicó que “La disposición relativa a

que el fiduciario pueda también confundirse en el

fideicomisario, siempre que el fiduciario no sea único

beneficiario, no fue incluida en nuestra ley”. Sin

embargo, más adelante se indicó que “... las modalidades o

variantes de que el fideicomitente pueda constituir el

fideicomiso en favor de sí mismo; que un fiduciario pueda

ser también beneficiario; o de que el fideicomitente se

transforme en fiduciario, no alteran ni la esencia ni la

existencia de las tres figuras que entran en el trust. Las

tres figuras están siempre presentes en la operación. Lo

que pasa es que consumada ésta, una de ellas puede

desaparecer o dos de ellas pueden concurrir en una misma

persona”. (citas omitidas).

27

CC-2003-91

V

Analizamos

resulta

por

último,

determinante

y

para

aun

cuando

el

el

presente

asunto

no

caso,

el

señalamiento de los peticionarios a los efectos de que

erró

el

Tribunal

legatarios

de

Apelaciones

al

permitir

que

los

demandantes

incluyeran

en

el

apéndice

del

recurso radicado ante dicho foro apelativo evidencia que

no fue admitida por el tribunal de instancia.

Como es sabido, en “una sentencia se adjudican las

controversias

habidas

en

un

pleito

y

se

definen

los

derechos de las partes involucradas”. Falcón v. Maldonado,

138 D.P.R. 983, 989 (1995); Cárdenas Maxán v. Rodríguez,

119

D.P.R.

642,

656

(1987).

Una

vez

se

dicta

una

sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil y, en este

punto, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones rigen lo

referente a las formalidades y procedimientos que se deben

cumplir para presentar un recurso de apelación.

Específicamente,

disponen

que

presentado

un

ante

las

recurso

el

Reglas

de

Tribunal

de

Procedimiento

apelación

de

tiene

Apelaciones

Civil

que

ser

dentro

del

término jurisdiccional de treinta (30) días, contado el

mismo

a

partir

notificación

del

de

archivo

la

en

autos

sentencia.

de

Regla

copia

de

53.1(c)

la

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Regla 13(A) del

Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones,

4

L.P.R.A. Ap. XXII-A. El referido recurso tiene que estar

acompañado

como

--requisito

jurisdiccional--

por

un

28

CC-2003-91

apéndice.

Véase:

Cruz

Castro

v.

Ortiz

Montalvo,

2001

T.S.P.R. 59, res. el 27 de abril de 2002,; Véase, además,

Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico,

Derecho Procesal Apelativo, LexisNexis, San Juan, P.R.,

2001, págs. 315-316.

Este

Tribunal

ha

señalado

que

el

apéndice

es

“la

recopilación documental (copia literal), de los escritos

acumulados durante el trámite en el Tribunal de Primera

Instancia,

esto

es

copia

sustitutiva

de

los

autos

originales 29 ”. Pellot Ferrer v. Avon Mirabella, Inc., 2003

T.S.P.R. 131, res. el 7 de agosto de 2003; Román et als.

v.

Román

et

als.,

2002

T.S.P.R.

127,

res.

el

24

de

septiembre de 2002; Codesi, Inc. v. Mun. De Canóvanas, 150

D.P.R. 586, 588-589 (2000). Con respecto a su importancia,

reiteradamente hemos expresado, “que mediante el mismo el

Tribunal de Circuito oportunamente adjudica la apelación”.

Pellot

Ferrer

Inc.v.

Mun.

v.

De

Avon

Mirabella,

Canóvanas,

ante.

Inc.,

ante;

Codesi,

Véase,

además,

Hiram

Sánchez Martínez, op.cit., pág. 314.

Conforme a lo anterior, hemos señalado que la omisión

de presentar el apéndice del recurso, o la presentación

incompleta del mismo dentro del término de treinta (30)

29

Dicho de otro modo, el apéndice es “la compilación

ordenada de las copias legibles de los documentos de que

se compone el expediente original del caso ante el

tribunal

apelado

o

recurrido

o

ante

la

agencia

administrativa recurrida.” Hiram Sánchez Martínez, ante, a

la pág. 313.

29

CC-2003-91

días, conlleva la desestimación del recurso. Cruz Castro

v. Ortiz Montalvo, ante; Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192

(2000); Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 315.

El Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones

enumeraba cuáles son los documentos que deben formar parte

del apéndice. 30 Regla 16(D)(2) del Reglamento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, Regla

34(E)(2)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A y 74(B) del Reglamento

del Tribunal de Circuito de Apelaciones 4 L.P.R.A. Ap.

XXII-A. A esos efectos, además de señalar específicamente

una

lista

de

documentos

que

deberían

incluirse

en

el

apéndice, disponía que el mismo sólo contendrá copia de

documentos que formen parte del expediente original del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Rafael

Hernández

Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil,

Michie,

Juan,

P.R.,

1997,

pág.

Martínez,

op.cit.,

pág.

363.

apéndice

de

30

San

un

recurso

366.

Hiram

Sánchez

Dicho

a

la

inversa,

apelativo

no

deberá

“el

contener

Vale la pena destacar, que el recurso de certiorari que

hoy nos ocupa fue presentado el 12 de febrero de 2003;

esto es, antes de que entrara en vigor tanto la Ley Núm.

201 de 22 de agosto de 2003, mejor conocida como la Ley de

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2003, el Reglamento Transitorio para el Tribunal de

Apelaciones,

como

el

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones. En vista de lo anterior, precisa que

limitemos nuestros pronunciamientos a lo dispuesto en la

Ley de la Judicatura de 1994, el Reglamento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones de 1996 y su jurisprudencia

interpretativa.

30

CC-2003-91

documento alguno que no hubiese formado parte de los autos

originales”. Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 332.

En

virtud

de

las

disposiciones

estatutarias

anteriormente mencionadas este Tribunal ha sido enfático

al señalar que “es una práctica indeseable”, “que debe

descontinuarse”, incluir en el apéndice documentos que no

estuvieron ante la consideración del foro primario ya que

“se

coloca

al

tribunal

de

instancia

en

una

señalada

desventaja.” Belmonte v. Mercado Reverón, 95 D.P.R. 257,

263-264 (1967).

No obstante lo anteriormente expuesto, el referido

Reglamento

proveía

un

mecanismo

mediante

el

cual

las

partes pueden elevar al Tribunal de Apelaciones la prueba

que fue ofrecida pero no admitida en el foro primario. Las

Reglas del Tribunal de Circuito de Apelaciones 16 (D)(2),

34 (E)(2) y 74(c) del Reglamento del Tribunal de Circuito

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A indicaban que la

parte apelante o peticionaria tendrá el derecho de elevar,

en un apéndice separado 31 , copia del legajo de la prueba

ofrecida y no admitida cuando el planteamiento ante el

31

“Lo que es necesario entender es que, si no se hace

ofrecimiento de prueba ni se solicita que la misma sea

marcada como prueba ofrecida y no admitida, la parte no

tendrá derecho a preparar el apéndice suplementario a que

se refiere la regla 74(C) y el tribunal apelativo no

estará obligado a resolver el error planteado al respecto.

La realidad es que tal omisión impide que el foro

apelativo esté en condición de determinar si la exclusión

de esa prueba fue un factor decisivo o sustancial al

emitirse el dictamen apelado o recurrido.” Hiram Sánchez

Martínez, op. cit. a la pág. 343-344.

31

CC-2003-91

Tribunal

de

de

Apelaciones

se

refiera

a

un

error

sustancial en la exclusión de la prueba específica de que

se trate.”

Hiram Sánchez Martínez, op.cit., pág. 343;

Véase, además, Rafael Hernández Colón, op.cit., pág. 363

n.365.

VI

La parte peticionaria alega que erró el Tribunal de

Apelaciones al permitir que la parte demandante sometiera

con su apelación evidencia que no era parte de los autos

del caso. Le asiste la razón.

Surge de la sentencia emitida por el foro primario el

20 de febrero de 2001 que la parte demandante en este caso

ofreció en evidencia durante la vista del caso una serie

de documentos. A saber:(1) el testamento del señor Eduardo

Méndez

Bagur,

(2)

la

sentencia

dictada

por

el

juez

Wilfredo Alicea López en el pleito Roberto Méndez y otros

v.

Fundación

Eduardo

Méndez

Bagur

Incorporado

y

otros,

civil número KAC93-1225 (803) de la Sala Superior de San

Juan con fecha de 31 de agosto de 1994; (3) el certificado

de

incorporación

reglamentos

de

la

de

la

Fundación;

Fundación

y

sus

(4)

las

enmiendas;

reglas

y

(5)

las

minutas de la junta de directores de la Fundación;(6) los

informes financieros de la Fundación; y (8) el documento

en el cual se anuncia la sustitución como director del

Lcdo. Paoli.

32

CC-2003-91

El foro primario --luego de que la parte demandada

admitiera

admitió

la

en

autenticidad

evidencia

el

de

los

mismos--

testamento,

la

únicamente

sentencia,

los

artículo de incorporación y las minutas de la junta de

fiduciarios del 1ro y 18 de abril de 1995.

Aunque la parte demandante presentó un testigo para

autenticar el informe financiero, el foro primario --luego

de

la

objeción

prueba

ofrecida

documental

de

no

la

parte

pero

no

admitida.

admitida

debido

fue

demandada--

lo

La

a

marcó

otra

que

como

prueba

la

parte

demandante no presentó prueba testifical para autenticar

los mimos.

De la lectura del apéndice presentado por la parte

demandante

ante

el

foro

apelativo

intermedio

surge

claramente que la parte demandante incluyó en su apéndice

una

serie

de

documentos

que

no

fueron

admitidos

como

evidencia por el foro primario. A esos efectos, añadieron

las minutas de la junta de fiduciarios de la Fundación del

1 de diciembre de 1992 y del 5 de enero de 1995, los

estados

financieros

de

los

años

1992

al

2000,

cartas

dirigidas al albacea, a los directores u oficiales, y a

los abogados de ambas fundaciones, y un documento en el

cual se anunciaba la sustitución como director del Lcdo.

Paoli.

Resulta

claro

que

la

apéndice

incorrectamente

en

su

ofrecida

no

admitida

pero

parte

demandante

documentación

por

el

foro

incluyó

que

fue

primario.

33

CC-2003-91

Ciertamente, como mencionamos anteriormente, es práctica

indeseable

recurso

de

el

incluir

documentos

en

que

estuvieron

apelación

no

el

apéndice

ante

del

la

consideración del foro primario. No hay duda de que las

reglas

son

claras

al

señalar

que

el

apéndice

sólo

contendrá copia de aquellos documentos que formaron parte

del expediente y que en caso de que la parte considere que

dicho

foro

cometió

error

al

dejar

fuera

una

evidencia

presentada pero no admitida, tal error ha de ser planteado

ante el foro apelativo y la prueba no admitida se incluirá

en un apéndice separado. Más aún, hemos señalado que las

reglas concernientes a los recursos a presentarse ante los

tribunales apelativos "deben observarse rigurosamente" y

no puede quedar "al arbitrio de los abogados decidir qué

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo...".

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998) citando

a

Matos

v.

Metropolitan

Marble

Corp.,

104

D.P.R.

122

(1975).

Surge de lo anterior que incidió el foro apelativo al

admitir que la parte demandante adjuntara a su apéndice

evidencia que no fue considerada por el foro primario. No

obstante, concluimos que aunque fue cometido el referido

señalamiento de error, como una lectura de la sentencia

del Tribunal de Apelaciones no se puede decir con certeza

si dicho foro tomó, o no,

en consideración la referida

prueba para la determinación del caso, el error cometido

no tiene mayor importancia.

34

CC-2003-91

VII

En méritos de lo antes expuesto, procede revocar el

dictamen

emitido

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

confirmar la determinación del foro primario.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Méndez, Bárbara

Méndez, et als.

Peticionarios

vs.

CC-2003-91

CERTIORARI

Fundación Esposos Luis Méndez

Vaz y María Bagur, Inc. et

als.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico 11 de julio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia

revocatoria del dictamen emitido por el Tribunal

de Apelaciones y se confirma la determinación del

tribunal de instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los

Jueces Asociados señor Fuster Berlingeri y señor

Rivera Pérez concurren en el resultado sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo