Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re : Rafael Quiñones Ayala
2005 TSPR 99
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re : Rafael Quiñones Ayala
AB-2004-0253
30 de junio de 2005 · Conducta Profesional- Canon 38
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
2005 TSPR 99
164 DPR ____
Rafael Quiñones Ayala
Número del Caso: AB-2004-253
Fecha: 30 de junio de 2005
Abogados del Peticionario:
Lcda. Margarita Carrillo Iturrino
Lcdo. Mario A. Rodríguez Torres
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Oficina de Ética Gubernamental:
Sr. Hiram R. Morales Lugo
Director Ejecutivo
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se
hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Rafael Quiñones Ayala
AB-2004-253
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a
30 de junio de 2005.
I
El
9
de
diciembre
de
2003,
el
Área
de
Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la
Oficina de Ética Gubernamental (en adelante “O.E.G.”)
presentó
una
Quiñones
imputándole
querella
Ayala
contra
(en
el
adelante
infracciones
a
los
licenciado
“el
Rafael
querellado”)
Artículos
3.2(c)
y
3.4(d) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 1 ,
según
1
enmendada, conocida
El Art.
siguiente:
3.2(c)
de
la
como
la
Ley
de
Ética
referida
ley
dispone
[N]ingún funcionario o empleado público
utilizará los deberes y facultades de su
cargo ni la propiedad o fondos públicos para
obtener, directa o indirectamente para él,
lo
AB-2004-253
2
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así
como
a
los
incisos
2,
3
y
4
del
Artículo
13(c)
del
Reglamento de Ética Gubernamental.2
En síntesis, la O.E.G. alegó que durante los meses de
junio,
julio
y
agosto
de
2003 3 ,
el
querellado,
quien
para algún miembro de su unidad familiar, ni para
cualquier
otra
persona,
negocio
o
entidad,
ventajas, beneficios o privilegios que no estén
permitidos por ley. 3 L.P.R.A. sec. 1822(c).
Por su parte, el
establece lo siguiente:
Art.
3.4(d)
del
citado
estatuto
[N]ingún funcionario o empleado público a jornada
completa
podrá,
durante
horas
laborables,
representar, asesorar o servir como perito a
personas o entidades privadas en litigios, vistas,
audiencias públicas o cualquier asunto ante
tribunales
de
justicia,
organismos
cuasi
judiciales y agencias administrativas. 3 L.P.R.A.
sec. 1824(d)
2
En lo aquí pertinente, el Art. 13(c) del Reglamento de
Ética
Gubernamental,
relativo
a
las
actividades
incompatibles con el empleo, preceptúa lo siguiente:
[N]ingún funcionario o empleado público aceptará
otro empleo, ni se dedicará a cualquier actividad
comercial, profesional o de otra naturaleza, en
las siguientes circunstancias: . . . .
2) Cuando interfiera o razonablemente se
pueda
esperar
que
influya
en
el
desempeño de sus funciones oficiales.
3) Cuando le impida prestar una jornada
completa de trabajo a la agencia.
4) Cuando traiga descrédito a la agencia
o al Gobierno. Reglamento Núm. 4827 de
la
Oficina
de
Ética
Gubernamental,
aprobado el 23 de noviembre de 1992.
3
Específicamente durante los días 24 de junio, 15 de julio
y 1 de agosto de 2003, fechas en las que éste compareció
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en
representación del señor Carlos Rodríguez Rivera en asuntos
de naturaleza penal.
AB-2004-253
3
entonces ocupaba un puesto de abogado a jornada completa en
la
División
Legal
de
la
Administración
de
Derecho
al
Trabajo (en adelante “A.D.T.”), representó durante horas
laborables a un ciudadano particular ante los tribunales
del
país
en
asuntos
no
relacionados
con
sus
deberes
oficiales como servidor público, anteponiendo de esta forma
los intereses de su representado a los del Estado. Sostuvo,
además, que el querellado certificó en las hojas oficiales
de
asistencia
de
la
A.D.T.
que
durante
las
fechas
en
controversia había estado ocupado en asuntos inherentes a
su
cargo,
cuando
en
realidad
ejercía
la
profesión
de
abogado en su carácter privado. Finalmente, planteó que el
licenciado
Quiñones
Ayala
cobró
salarios
y
recibió
beneficios indebidamente por servicios que, si bien eran su
responsabilidad, nunca rindió.
El 18 de diciembre de 2003, la O.E.G. presentó una
querella enmendada en la que reiteró sus alegaciones contra
el querellado y le atribuyó, además, una violación a los
incisos 1, 3, 4 y 6 del Artículo 6(A) del Reglamento de
Ética Gubernamental.4 Luego de varios incidentes procesales,
4
En lo pertinente, la
preceptúa lo siguiente:
citada
disposición
reglamentaria
Todo servidor público deberá:
(A) Evitar tomar cualquier acción, esté o
no específicamente prohibida por este
Reglamento, que pueda resultar en o crear
la apariencia de:
1) Usar las facultades de su
cargo, propiedad o fondos públicos
para un fin privado. . . . .
AB-2004-253
4
el 13 de febrero de 2004, el licenciado Quiñones Ayala
presentó su contestación a la querella enmendada.
Durante la fase de descubrimiento de prueba, las partes
lograron un “Acuerdo de Transacción” en virtud del cual el
querellado
admitió
haber
cometido
las
infracciones
imputadas en la querella, obligándose a pagar una multa
administrativa de dos mil ochocientos dólares ($2800). 5 El
referido acuerdo fue presentado ante la O.E.G. el 17 de
junio de 2004 y, al día siguiente, la Oficial Examinadora
designada suscribió una orden mediante la cual refirió el
expediente
Ejecutivo
del
de
la
caso
a
O.E.G.,
la
consideración
recomendando
del
Director
favorablemente
el
acuerdo transaccional sometido.
Tras varios incidentes procesales, el 29 de septiembre
de
2004,
el
licenciado
Hiram
3)
Impedir
o
eficiencia
y
gubernamental.
R.
Morales
Lugo,
Director
entorpecer
la
la
economía
4)
Perder
su
completa
independencia o imparcialidad. . . . .
6)
Afectar
adversamente
la
confianza
del
público
en
la
integridad y honestidad de las
instituciones
gubernamentales.
Reglamento Núm. 4827, supra.
5
Ambas partes acordaron que, en vista de la difícil
situación económica que atravesaba el licenciado Quiñones
Ayala, éste habría de hacer un pago parcial inicial, al
momento de suscribir el acuerdo, de mil cuatrocientos
dólares ($1,400). El balance pendiente de la multa sería
satisfecho en dos plazos adicionales de setecientos dólares
($700) cada uno, a ser consignados en la Secretaría de la
O.E.G. los días 18 de julio y 18 de agosto de 2004,
respectivamente.
AB-2004-253
5
Ejecutivo de la O.E.G., dictó una resolución 6 aprobando el
“Acuerdo
de
Transacción”
presentado
por
las
partes
y
aceptando, además, la suma de dos mil ochocientos dólares
($2800) consignada por el querellado en pago de la sanción
administrativa impuesta. De igual forma, el Director de la
O.E.G. nos refirió el asunto para que determináramos las
posibles violaciones del querellado a la ética profesional.
II
El 4 de noviembre de 2004, la O.E.G., por conducto de
su
Director
Ejecutivo,
presentó
ante
nos
una
queja
juramentada7 contra el licenciado Quiñones Ayala imputándole
una violación al Canon 38 de Ética Profesional8, a la luz de
nuestros pronunciamientos en In re Silvagnoli Collazo 9 . La
queja
está
investigados
fundada
y
en
los
adjudicados
mismos
por
la
hechos
previamente
O.E.G.
mediante
su
resolución de 29 de septiembre de 2004.
El licenciado Quiñones Ayala presentó su contestación a
la queja de epígrafe el 27 de enero de 2005. Arguyó que al
realizar las gestiones a favor del señor Rodríguez Rivera
6
El archivo en autos de una copia de la notificación de
dicha resolución a las partes se efectuó el 30 de septiembre
de 2004.
7
Junto a la referida queja juramentada, el Director
Ejecutivo de la O.E.G. acompañó una copia certificada del
expediente del caso Oficina de Ética Gubernamental v. Rafael
Quiñones Ayala, núm. 04-51, según obra en la Secretaría de
la referida agencia gubernamental.
8
Referente a la preservación del honor y dignidad de la
profesión de la abogacía, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38
9
154 D.P.R. ___, 2001 T.S.P.R. 106.
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6
ante
el
Tribunal
ánimo
de
lucro
de
Primera
personal,
ni
Instancia
había
no
había
recibido
mediado
compensación
alguna por éstas, puesto que el representado era su amigo y
vecino.
Destacó
que
había
invertido
menos
de
nueve
(9)
horas laborables en dichas gestiones; sin embargo, admitió
haber incurrido en un error de juicio al así proceder.
En
cuanto
a
las
hojas
refiere,
manifestó
que
no
defraudar
al
erario
oficiales
había
público
al
tenido
de
la
asistencia
se
intención
de
cumplimentarlas.
En
ese
sentido, señaló que las hojas de asistencia en controversia
habían sido completadas “en bloque” y que, al llenarlas,
solamente cotejó el calendario de trabajo preparado en su
oficina, olvidando anotar las gestiones que había efectuado
en beneficio de su amigo durante las mañanas del 24 de
junio y 15 de julio y en la tarde del 1 de agosto de 2003.
Sostuvo que, de haberlas recordado, las habría consignado
en sus hojas de asistencia y, además, hubiera efectuado las
correspondientes deducciones a las horas trabajadas en las
referidas fechas.
De otra parte, y contrario al criterio expresado por la
O.E.G. en su queja, el licenciado Quiñones Ayala arguyó que
el caso de In re Silvagnoli Collazo, supra, es distinguible
de la situación fáctica ante nos. Sostuvo, además, que al
evaluar la queja instada en su contra debíamos tomar en
consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:
(i)
que
éste
admitió
haber
cometido
las
infracciones
imputadas en la querella presentada por la O.E.G.; (ii) que
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7
satisfizo en su totalidad la multa administrativa que se le
impuso a raíz de dichas infracciones; (iii) que, por los
mismos hechos, fue sancionado administrativamente por la
A.D.T. al ordenarse su suspensión de empleo y sueldo por un
término de quince (15) días; (iv) que su patrono, además,
le
descontó
tres
(3)
días
de
su
licencia
regular
por
vacaciones, a pesar de que las gestiones realizadas a favor
del señor Rodríguez Rivera no excedieron de nueve (9) horas
laborables; y (v) que acató el dictamen de su patrono y,
luego
de
cumplida
la
sanción
administrativa,
decidió
renunciar a su empleo en la A.D.T.10
Por
último,
el
licenciado
Quiñones
Ayala
manifestó
estar “real y sinceramente” arrepentido de las actuaciones
por
las
que
ahora
se
le
pretende
sancionar
disciplinariamente, las cuales “acepta y repudia”.
El 29 de marzo de 2005, el Procurador General presentó
su Informe. Indicó que, a la luz de los hechos aquí no
controvertidos y de lo resuelto por esta Curia en In re
Silvagnoli Collazo, supra, existe base para imputarle al
querellado “una posible violación” al Canon 38 del Código
de Ética Profesional, supra.
Con
fecha
de
24
de
mayo
de
2005,
emitimos
una
resolución 11 concediéndole al licenciado Quiñones Ayala un
término de veinte (20) días para expresarse respecto al
10
El querellado renunció a su puesto en la A.D.T. el 21 de
marzo de 2004, con efectividad al día 15 de abril del mismo
año.
11
Notificada a las partes el 25 de mayo de 2005.
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Informe
8
sometido
por
la
Oficina
del
Procurador
General.
Éste compareció, en cumplimiento con nuestro requerimiento,
el 2 de junio de 2005. Se reiteró en sus planteamientos
anteriores, aceptando haber incurrido en una violación al
Canon 38, supra, y manifestando su sincero arrepentimiento
por ello. Igualmente, suplicó nuestra lenidad al castigarle
por la falta cometida.
III
La práctica de la abogacía está revestida de un alto
interés público que requiere de una estricta observancia y
reglamentación. 12 Distinto quizás a otras profesiones, dicha
práctica conlleva una seria y delicada función ciudadana
pues la misma representa servicio, ética y ejemplo.13
En
dignidad
cuanto
de
la
a
los
deberes
profesión
y
de
de
exaltar
evitar
la
el
honor
y
la
apariencia
de
conducta impropia se refiere, el Canon 38 del Código de
Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad
de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia. . . . .
Por razón de la confianza en él depositada como
miembro de la ilustre profesión legal, todo
abogado, tanto en su vida privada como en el
desempeño de su profesión, debe conducirse en
forma digna y honorable.
12
Véase In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R.
5; In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984).
13
Véase In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. ___, 2004
T.S.P.R. 164; In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. ___, 2004
T.S.P.R. 73; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R.
599, 613 (1993).
AB-2004-253
9
En repetidas ocasiones, este Tribunal ha advertido que
por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de
la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso
sentido de responsabilidad que impone la función social que
ejercen.14
De
todo
igual
abogado
forma,
habrá
reiteradamente
de
hemos
desempeñarse
con
enfatizado
dignidad
y
que
alto
sentido del honor, aunque ello implique ciertos sacrificios
personales. 15 Además, deberá conducirse en forma digna y
honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de
su profesión.16
IV
En la queja juramentada presentada ante nos, la O.E.G.
le imputa al licenciado Quiñones Ayala una infracción al
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, a tenor con
nuestros
pronunciamientos
en
In
re
Silvagnoli
Collazo,
supra. Por su parte, el querellado admite haber incurrido en
la
falta
imputada,
pero
sostiene
que
el
citado
caso
es
“distinguible” de la situación fáctica que hoy nos ocupa.
En In re Silvagnoli Collazo, supra, resolvimos, entre
otras
cosas,
que
viola
el
deber
de
conducirse
digna
y
14
Véase In re Cuyar Fernández, supra; In re Cintrón Colón,
supra; In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Ortiz Brunet,
152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313,
319 (1974).
15
Véase In re Silvagnoli Collazo,
Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993).
16
supra;
In
re
Colón
Véase In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Irizarry
Vega, González Rucci, 151 D.P.R. 916 (2000).
AB-2004-253
10
honorablemente
y
de
evitar
la
apariencia
de
conducta
profesional impropia, aquel abogado que devenga ingresos de
un municipio por servicios legales no prestados.
Como parte de su acuerdo con la O.E.G. para transigir
la querella administrativa 17 en su contra, el licenciado
Quiñones
Ayala
imputadas
y,
A.D.T.
por
admitió
con
haber
cometido
haber
devengado
ello,
servicios
no
prestados;
las
faltas
ingresos
lo
que
allí
de
la
implica,
invariablemente, el cobro indebido de fondos públicos. De
igual forma, en su comparecencia ante nos, el licenciado
Quiñones
Ayala
acepta
haber
incurrido
en
conducta
violatoria del Canon 38 del Código de Ética Profesional,
supra. El precepto al que hacemos referencia le imponía al
querellado el deber de preservar, en todo momento, el honor
y la dignidad de su profesión y de evitar la apariencia de
conducta profesional inadecuada.18
Las
gestiones
del
licenciado
Quiñones
Ayala,
independientemente de que fueran en beneficio de su amigo y
vecino,
y
que
laborables
contrarias
sólo
consumieran
relativamente
a
comprometida
los
corto,
postulados
profesión
y
un
éticos
lesionan
término
fueron
que
la
de
horas
patentemente
gobiernan
dignidad
de
esta
su
ministerio.
17
18
Caso núm. 04-51.
Véase Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; In
re Silvagnoli Collazo, supra.
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11
Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de
imponerse
a
un
abogado
que
haya
incurrido
en
conducta
antiética, podemos tomar en cuenta los siguientes factores:
(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el
historial
previo
de
éste;
(iii)
si
ésta
constituye
su
primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada;
(iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento;
(v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de
lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al
cliente; y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien
atenuantes
o
agravantes,
que
medien
a
tenor
con
los
bien
el
hechos.19
En
el
presente
caso
reconocemos
que
si
licenciado Quiñones Ayala incurrió en conducta constitutiva
de violación al Canon 38, supra, no es menos cierto que, al
así proceder, éste invirtió una cantidad reducida de horas
laborables,
nueve
(9)
específicamente,
para
atender
los
asuntos legales de un ciudadano particular. Por ende, no
estamos frente a un abogado que haya practicado activa y
copiosamente
la
abogacía
en
horas
laborables,
tal
como
ocurrió en In re Silvagnoli Collazo, supra. 20 Además, es de
rigor subrayar que el querellado no recibió compensación
19
Véase In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. ___, 2005
T.S.P.R. 82; In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. ___, 2003
T.S.P.R. 14; In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-11
(2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).
20
El abogado que allí sancionamos dedicó 226.25 horas
laborables, de su empleo como asesor del Municipio de Ponce,
para
atender
casos
privados,
obteniendo
remuneración
económica sin prestar servicio alguno a su patrono.
AB-2004-253
económica
12
de
parte
del
señor
Rodríguez
Rivera
por
las
consideración
que
el
gestiones que realizara en su defensa.
También
debemos
tomar
en
licenciado Quiñones Ayala alcanzó un acuerdo transaccional
con
la
O.E.G.,
aceptando
su
responsabilidad
por
las
infracciones imputadas, y que satisfizo en su totalidad la
multa administrativa que le impusieran. Asimismo, éste fue
objeto de una sanción administrativa de parte de su antiguo
patrono,
la
cual
acató
cabalmente.
Por
último,
el
querellado, además de aceptar haber incurrido en conducta
profesional impropia, ha mostrado, en varias ocasiones, un
genuino arrepentimiento por sus actuaciones y las repudia.
V
En virtud de los fundamentos que preceden, concluimos
que,
con
su
infringió
el
conducta,
Canon
38
el
de
licenciado
Ética
Quiñones
Profesional,
Ayala
supra,
al
atender la práctica privada de la abogacía durante horas
laborables, en vez de cumplir con los deberes oficiales de
su puesto en la División Legal de la A.D.T. Sin embargo, su
actuación no reviste la gravedad de lo sucedido en In re
Silvagnoli Collazo, supra, y en vista de las circunstancias
atenuantes
aquí
presentes,
limitamos
la
sanción
disciplinaria a una censura enérgica. No obstante, se le
apercibe al querellado que en el futuro deberá dar fiel
cumplimiento a los Cánones de Ética Profesional que rigen
la profesión de la abogacía o, de lo contrario, será objeto
de sanciones disciplinarias más severas.
AB-2004-253
Se
dictará
personalmente.
13
sentencia
de
conformidad.
Notifíquese
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
AB-2004-253
Rafael Quiñones Ayala
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de
2005
A
tenor
con
los
fundamentos
expuestos en la Opinión Per Curiam que
antecede, la cual se hace formar parte
íntegra
de
la
presente,
se
dicta
Sentencia
en
la
que
se
censura
enérgicamente
al
licenciado
Rafael
Quiñones Ayala por la conducta impropia
desplegada. Se le apercibe que en el
futuro deberá dar fiel cumplimiento a los
Cánones de Ética Profesional que rigen la
profesión de la abogacía o, de lo
contrario,
será
objeto
de
sanciones
disciplinarias más severas.
Notifíquese
personalmente
al
licenciado Quiñones Ayala con copia de la
Opinión que antecede y de esta Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Asociado
señor
Rebollo
López
no
intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo