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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re : Rafael Quiñones Ayala

2005 TSPR 99

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re : Rafael Quiñones Ayala

AB-2004-0253

30 de junio de 2005 · Conducta Profesional- Canon 38

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2005 TSPR 99

164 DPR ____

Rafael Quiñones Ayala

Número del Caso: AB-2004-253

Fecha: 30 de junio de 2005

Abogados del Peticionario:

Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Lcdo. Mario A. Rodríguez Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Oficina de Ética Gubernamental:

Sr. Hiram R. Morales Lugo

Director Ejecutivo

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Rafael Quiñones Ayala

AB-2004-253

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a

30 de junio de 2005.

I

El

9

de

diciembre

de

2003,

el

Área

de

Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la

Oficina de Ética Gubernamental (en adelante “O.E.G.”)

presentó

una

Quiñones

imputándole

querella

Ayala

contra

(en

el

adelante

infracciones

a

los

licenciado

“el

Rafael

querellado”)

Artículos

3.2(c)

y

3.4(d) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 1 ,

según

1

enmendada, conocida

El Art.

siguiente:

3.2(c)

de

la

como

la

Ley

de

Ética

referida

ley

dispone

[N]ingún funcionario o empleado público

utilizará los deberes y facultades de su

cargo ni la propiedad o fondos públicos para

obtener, directa o indirectamente para él,

lo

AB-2004-253

2

Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así

como

a

los

incisos

2,

3

y

4

del

Artículo

13(c)

del

Reglamento de Ética Gubernamental.2

En síntesis, la O.E.G. alegó que durante los meses de

junio,

julio

y

agosto

de

2003 3 ,

el

querellado,

quien

para algún miembro de su unidad familiar, ni para

cualquier

otra

persona,

negocio

o

entidad,

ventajas, beneficios o privilegios que no estén

permitidos por ley. 3 L.P.R.A. sec. 1822(c).

Por su parte, el

establece lo siguiente:

Art.

3.4(d)

del

citado

estatuto

[N]ingún funcionario o empleado público a jornada

completa

podrá,

durante

horas

laborables,

representar, asesorar o servir como perito a

personas o entidades privadas en litigios, vistas,

audiencias públicas o cualquier asunto ante

tribunales

de

justicia,

organismos

cuasi

judiciales y agencias administrativas. 3 L.P.R.A.

sec. 1824(d)

2

En lo aquí pertinente, el Art. 13(c) del Reglamento de

Ética

Gubernamental,

relativo

a

las

actividades

incompatibles con el empleo, preceptúa lo siguiente:

[N]ingún funcionario o empleado público aceptará

otro empleo, ni se dedicará a cualquier actividad

comercial, profesional o de otra naturaleza, en

las siguientes circunstancias: . . . .

2) Cuando interfiera o razonablemente se

pueda

esperar

que

influya

en

el

desempeño de sus funciones oficiales.

3) Cuando le impida prestar una jornada

completa de trabajo a la agencia.

4) Cuando traiga descrédito a la agencia

o al Gobierno. Reglamento Núm. 4827 de

la

Oficina

de

Ética

Gubernamental,

aprobado el 23 de noviembre de 1992.

3

Específicamente durante los días 24 de junio, 15 de julio

y 1 de agosto de 2003, fechas en las que éste compareció

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en

representación del señor Carlos Rodríguez Rivera en asuntos

de naturaleza penal.

AB-2004-253

3

entonces ocupaba un puesto de abogado a jornada completa en

la

División

Legal

de

la

Administración

de

Derecho

al

Trabajo (en adelante “A.D.T.”), representó durante horas

laborables a un ciudadano particular ante los tribunales

del

país

en

asuntos

no

relacionados

con

sus

deberes

oficiales como servidor público, anteponiendo de esta forma

los intereses de su representado a los del Estado. Sostuvo,

además, que el querellado certificó en las hojas oficiales

de

asistencia

de

la

A.D.T.

que

durante

las

fechas

en

controversia había estado ocupado en asuntos inherentes a

su

cargo,

cuando

en

realidad

ejercía

la

profesión

de

abogado en su carácter privado. Finalmente, planteó que el

licenciado

Quiñones

Ayala

cobró

salarios

y

recibió

beneficios indebidamente por servicios que, si bien eran su

responsabilidad, nunca rindió.

El 18 de diciembre de 2003, la O.E.G. presentó una

querella enmendada en la que reiteró sus alegaciones contra

el querellado y le atribuyó, además, una violación a los

incisos 1, 3, 4 y 6 del Artículo 6(A) del Reglamento de

Ética Gubernamental.4 Luego de varios incidentes procesales,

4

En lo pertinente, la

preceptúa lo siguiente:

citada

disposición

reglamentaria

Todo servidor público deberá:

(A) Evitar tomar cualquier acción, esté o

no específicamente prohibida por este

Reglamento, que pueda resultar en o crear

la apariencia de:

1) Usar las facultades de su

cargo, propiedad o fondos públicos

para un fin privado. . . . .

AB-2004-253

4

el 13 de febrero de 2004, el licenciado Quiñones Ayala

presentó su contestación a la querella enmendada.

Durante la fase de descubrimiento de prueba, las partes

lograron un “Acuerdo de Transacción” en virtud del cual el

querellado

admitió

haber

cometido

las

infracciones

imputadas en la querella, obligándose a pagar una multa

administrativa de dos mil ochocientos dólares ($2800). 5 El

referido acuerdo fue presentado ante la O.E.G. el 17 de

junio de 2004 y, al día siguiente, la Oficial Examinadora

designada suscribió una orden mediante la cual refirió el

expediente

Ejecutivo

del

de

la

caso

a

O.E.G.,

la

consideración

recomendando

del

Director

favorablemente

el

acuerdo transaccional sometido.

Tras varios incidentes procesales, el 29 de septiembre

de

2004,

el

licenciado

Hiram

3)

Impedir

o

eficiencia

y

gubernamental.

R.

Morales

Lugo,

Director

entorpecer

la

la

economía

4)

Perder

su

completa

independencia o imparcialidad. . . . .

6)

Afectar

adversamente

la

confianza

del

público

en

la

integridad y honestidad de las

instituciones

gubernamentales.

Reglamento Núm. 4827, supra.

5

Ambas partes acordaron que, en vista de la difícil

situación económica que atravesaba el licenciado Quiñones

Ayala, éste habría de hacer un pago parcial inicial, al

momento de suscribir el acuerdo, de mil cuatrocientos

dólares ($1,400). El balance pendiente de la multa sería

satisfecho en dos plazos adicionales de setecientos dólares

($700) cada uno, a ser consignados en la Secretaría de la

O.E.G. los días 18 de julio y 18 de agosto de 2004,

respectivamente.

AB-2004-253

5

Ejecutivo de la O.E.G., dictó una resolución 6 aprobando el

“Acuerdo

de

Transacción”

presentado

por

las

partes

y

aceptando, además, la suma de dos mil ochocientos dólares

($2800) consignada por el querellado en pago de la sanción

administrativa impuesta. De igual forma, el Director de la

O.E.G. nos refirió el asunto para que determináramos las

posibles violaciones del querellado a la ética profesional.

II

El 4 de noviembre de 2004, la O.E.G., por conducto de

su

Director

Ejecutivo,

presentó

ante

nos

una

queja

juramentada7 contra el licenciado Quiñones Ayala imputándole

una violación al Canon 38 de Ética Profesional8, a la luz de

nuestros pronunciamientos en In re Silvagnoli Collazo 9 . La

queja

está

investigados

fundada

y

en

los

adjudicados

mismos

por

la

hechos

previamente

O.E.G.

mediante

su

resolución de 29 de septiembre de 2004.

El licenciado Quiñones Ayala presentó su contestación a

la queja de epígrafe el 27 de enero de 2005. Arguyó que al

realizar las gestiones a favor del señor Rodríguez Rivera

6

El archivo en autos de una copia de la notificación de

dicha resolución a las partes se efectuó el 30 de septiembre

de 2004.

7

Junto a la referida queja juramentada, el Director

Ejecutivo de la O.E.G. acompañó una copia certificada del

expediente del caso Oficina de Ética Gubernamental v. Rafael

Quiñones Ayala, núm. 04-51, según obra en la Secretaría de

la referida agencia gubernamental.

8

Referente a la preservación del honor y dignidad de la

profesión de la abogacía, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38

9

154 D.P.R. ___, 2001 T.S.P.R. 106.

AB-2004-253

6

ante

el

Tribunal

ánimo

de

lucro

de

Primera

personal,

ni

Instancia

había

no

había

recibido

mediado

compensación

alguna por éstas, puesto que el representado era su amigo y

vecino.

Destacó

que

había

invertido

menos

de

nueve

(9)

horas laborables en dichas gestiones; sin embargo, admitió

haber incurrido en un error de juicio al así proceder.

En

cuanto

a

las

hojas

refiere,

manifestó

que

no

defraudar

al

erario

oficiales

había

público

al

tenido

de

la

asistencia

se

intención

de

cumplimentarlas.

En

ese

sentido, señaló que las hojas de asistencia en controversia

habían sido completadas “en bloque” y que, al llenarlas,

solamente cotejó el calendario de trabajo preparado en su

oficina, olvidando anotar las gestiones que había efectuado

en beneficio de su amigo durante las mañanas del 24 de

junio y 15 de julio y en la tarde del 1 de agosto de 2003.

Sostuvo que, de haberlas recordado, las habría consignado

en sus hojas de asistencia y, además, hubiera efectuado las

correspondientes deducciones a las horas trabajadas en las

referidas fechas.

De otra parte, y contrario al criterio expresado por la

O.E.G. en su queja, el licenciado Quiñones Ayala arguyó que

el caso de In re Silvagnoli Collazo, supra, es distinguible

de la situación fáctica ante nos. Sostuvo, además, que al

evaluar la queja instada en su contra debíamos tomar en

consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:

(i)

que

éste

admitió

haber

cometido

las

infracciones

imputadas en la querella presentada por la O.E.G.; (ii) que

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7

satisfizo en su totalidad la multa administrativa que se le

impuso a raíz de dichas infracciones; (iii) que, por los

mismos hechos, fue sancionado administrativamente por la

A.D.T. al ordenarse su suspensión de empleo y sueldo por un

término de quince (15) días; (iv) que su patrono, además,

le

descontó

tres

(3)

días

de

su

licencia

regular

por

vacaciones, a pesar de que las gestiones realizadas a favor

del señor Rodríguez Rivera no excedieron de nueve (9) horas

laborables; y (v) que acató el dictamen de su patrono y,

luego

de

cumplida

la

sanción

administrativa,

decidió

renunciar a su empleo en la A.D.T.10

Por

último,

el

licenciado

Quiñones

Ayala

manifestó

estar “real y sinceramente” arrepentido de las actuaciones

por

las

que

ahora

se

le

pretende

sancionar

disciplinariamente, las cuales “acepta y repudia”.

El 29 de marzo de 2005, el Procurador General presentó

su Informe. Indicó que, a la luz de los hechos aquí no

controvertidos y de lo resuelto por esta Curia en In re

Silvagnoli Collazo, supra, existe base para imputarle al

querellado “una posible violación” al Canon 38 del Código

de Ética Profesional, supra.

Con

fecha

de

24

de

mayo

de

2005,

emitimos

una

resolución 11 concediéndole al licenciado Quiñones Ayala un

término de veinte (20) días para expresarse respecto al

10

El querellado renunció a su puesto en la A.D.T. el 21 de

marzo de 2004, con efectividad al día 15 de abril del mismo

año.

11

Notificada a las partes el 25 de mayo de 2005.

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Informe

8

sometido

por

la

Oficina

del

Procurador

General.

Éste compareció, en cumplimiento con nuestro requerimiento,

el 2 de junio de 2005. Se reiteró en sus planteamientos

anteriores, aceptando haber incurrido en una violación al

Canon 38, supra, y manifestando su sincero arrepentimiento

por ello. Igualmente, suplicó nuestra lenidad al castigarle

por la falta cometida.

III

La práctica de la abogacía está revestida de un alto

interés público que requiere de una estricta observancia y

reglamentación. 12 Distinto quizás a otras profesiones, dicha

práctica conlleva una seria y delicada función ciudadana

pues la misma representa servicio, ética y ejemplo.13

En

dignidad

cuanto

de

la

a

los

deberes

profesión

y

de

de

exaltar

evitar

la

el

honor

y

la

apariencia

de

conducta impropia se refiere, el Canon 38 del Código de

Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia. . . . .

Por razón de la confianza en él depositada como

miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

desempeño de su profesión, debe conducirse en

forma digna y honorable.

12

Véase In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R.

5; In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984).

13

Véase In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. ___, 2004

T.S.P.R. 164; In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. ___, 2004

T.S.P.R. 73; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R.

599, 613 (1993).

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9

En repetidas ocasiones, este Tribunal ha advertido que

por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de

la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso

sentido de responsabilidad que impone la función social que

ejercen.14

De

todo

igual

abogado

forma,

habrá

reiteradamente

de

hemos

desempeñarse

con

enfatizado

dignidad

y

que

alto

sentido del honor, aunque ello implique ciertos sacrificios

personales. 15 Además, deberá conducirse en forma digna y

honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de

su profesión.16

IV

En la queja juramentada presentada ante nos, la O.E.G.

le imputa al licenciado Quiñones Ayala una infracción al

Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, a tenor con

nuestros

pronunciamientos

en

In

re

Silvagnoli

Collazo,

supra. Por su parte, el querellado admite haber incurrido en

la

falta

imputada,

pero

sostiene

que

el

citado

caso

es

“distinguible” de la situación fáctica que hoy nos ocupa.

En In re Silvagnoli Collazo, supra, resolvimos, entre

otras

cosas,

que

viola

el

deber

de

conducirse

digna

y

14

Véase In re Cuyar Fernández, supra; In re Cintrón Colón,

supra; In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Ortiz Brunet,

152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313,

319 (1974).

15

Véase In re Silvagnoli Collazo,

Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993).

16

supra;

In

re

Colón

Véase In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Irizarry

Vega, González Rucci, 151 D.P.R. 916 (2000).

AB-2004-253

10

honorablemente

y

de

evitar

la

apariencia

de

conducta

profesional impropia, aquel abogado que devenga ingresos de

un municipio por servicios legales no prestados.

Como parte de su acuerdo con la O.E.G. para transigir

la querella administrativa 17 en su contra, el licenciado

Quiñones

Ayala

imputadas

y,

A.D.T.

por

admitió

con

haber

cometido

haber

devengado

ello,

servicios

no

prestados;

las

faltas

ingresos

lo

que

allí

de

la

implica,

invariablemente, el cobro indebido de fondos públicos. De

igual forma, en su comparecencia ante nos, el licenciado

Quiñones

Ayala

acepta

haber

incurrido

en

conducta

violatoria del Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra. El precepto al que hacemos referencia le imponía al

querellado el deber de preservar, en todo momento, el honor

y la dignidad de su profesión y de evitar la apariencia de

conducta profesional inadecuada.18

Las

gestiones

del

licenciado

Quiñones

Ayala,

independientemente de que fueran en beneficio de su amigo y

vecino,

y

que

laborables

contrarias

sólo

consumieran

relativamente

a

comprometida

los

corto,

postulados

profesión

y

un

éticos

lesionan

término

fueron

que

la

de

horas

patentemente

gobiernan

dignidad

de

esta

su

ministerio.

17

18

Caso núm. 04-51.

Véase Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; In

re Silvagnoli Collazo, supra.

AB-2004-253

11

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de

imponerse

a

un

abogado

que

haya

incurrido

en

conducta

antiética, podemos tomar en cuenta los siguientes factores:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el

historial

previo

de

éste;

(iii)

si

ésta

constituye

su

primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada;

(iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento;

(v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de

lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al

cliente; y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien

atenuantes

o

agravantes,

que

medien

a

tenor

con

los

bien

el

hechos.19

En

el

presente

caso

reconocemos

que

si

licenciado Quiñones Ayala incurrió en conducta constitutiva

de violación al Canon 38, supra, no es menos cierto que, al

así proceder, éste invirtió una cantidad reducida de horas

laborables,

nueve

(9)

específicamente,

para

atender

los

asuntos legales de un ciudadano particular. Por ende, no

estamos frente a un abogado que haya practicado activa y

copiosamente

la

abogacía

en

horas

laborables,

tal

como

ocurrió en In re Silvagnoli Collazo, supra. 20 Además, es de

rigor subrayar que el querellado no recibió compensación

19

Véase In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. ___, 2005

T.S.P.R. 82; In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. ___, 2003

T.S.P.R. 14; In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-11

(2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).

20

El abogado que allí sancionamos dedicó 226.25 horas

laborables, de su empleo como asesor del Municipio de Ponce,

para

atender

casos

privados,

obteniendo

remuneración

económica sin prestar servicio alguno a su patrono.

AB-2004-253

económica

12

de

parte

del

señor

Rodríguez

Rivera

por

las

consideración

que

el

gestiones que realizara en su defensa.

También

debemos

tomar

en

licenciado Quiñones Ayala alcanzó un acuerdo transaccional

con

la

O.E.G.,

aceptando

su

responsabilidad

por

las

infracciones imputadas, y que satisfizo en su totalidad la

multa administrativa que le impusieran. Asimismo, éste fue

objeto de una sanción administrativa de parte de su antiguo

patrono,

la

cual

acató

cabalmente.

Por

último,

el

querellado, además de aceptar haber incurrido en conducta

profesional impropia, ha mostrado, en varias ocasiones, un

genuino arrepentimiento por sus actuaciones y las repudia.

V

En virtud de los fundamentos que preceden, concluimos

que,

con

su

infringió

el

conducta,

Canon

38

el

de

licenciado

Ética

Quiñones

Profesional,

Ayala

supra,

al

atender la práctica privada de la abogacía durante horas

laborables, en vez de cumplir con los deberes oficiales de

su puesto en la División Legal de la A.D.T. Sin embargo, su

actuación no reviste la gravedad de lo sucedido en In re

Silvagnoli Collazo, supra, y en vista de las circunstancias

atenuantes

aquí

presentes,

limitamos

la

sanción

disciplinaria a una censura enérgica. No obstante, se le

apercibe al querellado que en el futuro deberá dar fiel

cumplimiento a los Cánones de Ética Profesional que rigen

la profesión de la abogacía o, de lo contrario, será objeto

de sanciones disciplinarias más severas.

AB-2004-253

Se

dictará

personalmente.

13

sentencia

de

conformidad.

Notifíquese

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

AB-2004-253

Rafael Quiñones Ayala

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de

2005

A

tenor

con

los

fundamentos

expuestos en la Opinión Per Curiam que

antecede, la cual se hace formar parte

íntegra

de

la

presente,

se

dicta

Sentencia

en

la

que

se

censura

enérgicamente

al

licenciado

Rafael

Quiñones Ayala por la conducta impropia

desplegada. Se le apercibe que en el

futuro deberá dar fiel cumplimiento a los

Cánones de Ética Profesional que rigen la

profesión de la abogacía o, de lo

contrario,

será

objeto

de

sanciones

disciplinarias más severas.

Notifíquese

personalmente

al

licenciado Quiñones Ayala con copia de la

Opinión que antecede y de esta Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado

señor

Rebollo

López

no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo