Tribunal Supremo de Puerto Rico
Diosdada Polanco López v. Cacique Motors, Firstbank Puerto Rico Departamento de Asuntos del Consumidor
2005 TSPR 96
Poder Judicial de Puerto Rico
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Diosdada Polanco López v. Cacique Motors, Firstbank Puerto Rico Departamento de Asuntos del Consumidor
CC-2002-0894
30 de junio de 2005 · Contratos-Resolución de Contrato de Vehículo de Motor
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Diosdada Polanco López
Querellante
Certiorari
v.
2005 TSPR 96
Cacique Motors,
Firstbank Puerto Rico
Recurrida
164 DPR ____
Departamento de Asuntos
del Consumidor
Peticionario
Número del Caso: CC-2002-894
Fecha: 30 de junio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional de San Juan-Panel IV
Juez Ponente:
Hon. Charles Cordero Peña
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. Maisonet Trinidad
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Antonio Rodas Viñas
Materia: Vicios Ocultos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Diosdada Polanco López
Querellante
v.
CC-2002-894
Cacique Motors,
Firstbank Puerto Rico
Recurrida
Departamento de Asuntos
Del Consumidor
Peticionario
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005
El
Departamento
de
Asuntos
del
Consumidor
(D.A.Co.) nos solicita que revisemos una sentencia
del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se dejó
sin efecto una decisión de la agencia que ordenó la
resolución
de
un
contrato
vehículo de motor usado.
de
compraventa
de
un
Debemos determinar si, tal
y como resolvió el tribunal a quo, para que proceda
la
resolución
del
contrato
corresponde
a
la
parte
compradora demostrar que el vehículo adolecía de los
defectos al momento de la compraventa; o si basta con
el estándar de prueba establecido por este tribunal
para
los
vehículos
nuevos,
que
sólo
exige
que
el
comprador demuestre que al momento de la compraventa
CC-2002-894
el
2
vehículo
funcionaba
normalmente.
Resolvemos
que
el
estándar jurídico para resolver un contrato de compraventa
de vehículos de motor nuevos es igualmente aplicable a los
vehículos usados, por cuanto procede revocar la sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
y
confirmar
la
resolución del D.A.Co.
I.
La señora Diosdada Polanco López compró un vehículo de
motor usado a Cacique Motors (en adelante ‘Cacique’) el 22
de agosto de 2001.
El precio de venta del vehículo fue de
$7,500 del cual se pagó un pronto de $2,500 y se financió
el monto restante a través de Firstbank de Puerto Rico.
momento
65,851
de
la
millas,
compraventa
el
vehículo
había
por
el
vendedor
le
lo
que
Al
recorrido
otorgó
a
la
compradora un (1) mes de garantía o mil (1,000) millas, lo
primero que ocurriera; conforme requiere el Reglamento de
Vehículos
de
Motor
del
Departamento
de
Consumidor (en adelante ‘el Reglamento’). 1
Asuntos
del
Artículo 24,
Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.
Alegadamente, para el mes de septiembre de 2001 la
señora Polanco notó fallas en la transmisión del vehículo,
y procedió a comunicarlas al vendedor para que las mismas
fueran reparadas.
1
El concesionario, por su parte, negó
El Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor
provee en su Artículo 24 sobre el término y naturaleza de
la garantía en los vehículos de motor usados, de acuerdo al
millaje recorrido al momento de la compraventa.
CC-2002-894
3
responsabilidad. 2
En el mes de diciembre de 2001, a pesar
de haberse corroborado el defecto mediante una prueba de
carretera,
Cacique
le
notificó
a
la
compradora
que
no
asumiría los costos de reparación por haberse vencido ya el
término de garantía.
El vendedor se ofreció a reparar el
vehículo
compradora
sólo
si
la
asumía
los
costos.
El
vehículo fue llevado al Garaje Rubén donde permaneció por
varios
meses
con
la
transmisión
desmontada
dado
que
la
señora Polanco no podía pagar la reparación.
Finalmente la
compradora
desmontar
pagó
$300
por
la
labor
de
la
transmisión y se llevó el vehículo a su casa sin reparar,
utilizando una grúa.
Así las cosas, en enero del 2002 la señora Polanco
presentó querella ante el D.A.Co. en la cual solicitó la
resolución
del
contrato.
El
D.A.Co.
inspeccionó
el
vehículo y llevó a cabo vista administrativa.
En mayo del
2002
decretó
el
D.A.Co.
emitió
una
de
resolución
del
contrato
determinó
que
la
vehículo
de
orden
que
la
que
compraventa.
querellante
conocer
en
no
éste
En
habría
adolecía
síntesis
adquirido
de
la
el
defectos
mecánicos; que el defecto hacía el vehículo impropio para
su uso; y que, según las disposiciones del Código Civil
sobre
2
saneamiento
por
vicios
ocultos
en
la
compraventa,
Del expediente no surge la fecha específica en la que se
notó el fallo mecánico ni la fecha en la que se le reclamó
a Cacique por los defectos del vehículo.
Según señala
Cacique la señora Polanco primero les notificó los defectos
en noviembre del 2001, ya vencida la garantía pactada.
Este hecho no fue refutado por la querellante.
CC-2002-894
4
Artículos 1373 al 1388, 31 L.P.R.A. secs. 3841 a la 3856,
procedía la resolución del contrato de compraventa.
al
concesionario
pronto
y
las
a
recoger
el
mensualidades
vehículo,
pagadas;
y
Ordenó
reembolsar
el
relevar
la
a
querellante del contrato de financiamiento con Firstbank.
Inconforme
Cacique
con
solicitó
Apelaciones.
la
oportuna
determinación
administrativa,
revisión
el
ante
Tribunal
de
Adujo que había errado el D.A.Co. al ignorar
su propio Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor y
al no reconocer el acuerdo de garantía pactada entre las
partes.
El foro intermedio revocó al D.A.Co. por entender
que
determinación
la
caprichosa,
toda
vez
administrativa
que
el
defecto
fue
en
arbitraria
la
y
transmisión
surgió luego del mes de la compraventa; que la agencia no
hizo determinaciones sobre las millas corridas al momento
de identificarse el desperfecto; y que ante los hechos que
obran en el expediente era improcedente determinar que los
defectos
del
compraventa.
vehículo
El
fueron
Tribunal
de
preexistentes
Apelaciones
indicó
a
la
en
su
sentencia también que en los casos de vehículos de motor
con vicios ocultos, le corresponde “al comprador demostrar
que el vehículo que compró tenía el vicio oculto desde
antes de la compraventa y que la parte querellada tuvo
oportunidad de corregir el defecto pero no lo corrigió o no
pudo corregirlo.”
De
la
determinación
acudió
ante
nosotros.
del
Nos
foro
señaló
apelativo
que,
el
D.A.Co.
contrario
a
la
CC-2002-894
5
apreciación del Tribunal de Apelaciones, no corresponde al
comprador el peso de probar que el vehículo tenía el vicio
antes
de
comprador
la
compraventa,
pruebe
normalmente.
que
sino
el
que
vehículo
basta
con
comprado
que
el
funcionaba
Expedimos el recurso de certiorari y con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes pasamos a
resolver.
II.
Mediante la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos
del
Consumidor,
Ley
Núm.
5
de
23
de
abril
de
1973,
3
L.P.R.A. sec. 341, se creó el D.A.Co. con el propósito
principal de vindicar, proteger e implementar los derechos
de los consumidores.
Posteriormente,
en
Artículo 3, 3 L.P.R.A. sec. 341b.
virtud
de
la
Ley
de
Garantías
de
Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979,
10 L.P.R.A. sec. 2051 et. seq., se promulgó el Reglamento
Núm.
4797
de
Garantías
de
Vehículos
de
Motor
(‘el
Reglamento’), como mecanismo para proteger adecuadamente a
los
consumidores
de
Puerto
Rico
en
la
adquisición
de
vehículos de motor; asegurarles que estos vehículos sirvan
los propósitos para los cuales fueron adquiridos; y que
reúnan
las
condiciones
necesarias
para
garantizar
comprador la protección de vida y propiedad.
al
Artículo 2,
Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.
El
Reglamento
también
procuró
prevenir
ilícitas en las ventas de vehículos de motor.
las
prácticas
Íbid.
CC-2002-894
6
Este Reglamento es aplicable a toda persona --natural
o jurídica-- que se dedique a la venta de vehículos de
motor
nuevos
o
usados
en
Puerto
Rico.
Artículo
3,
Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.
El
mismo
se
debe
interpretar
liberalmente
a
favor
del
consumidor.
Artículo 4, Reglamento Núm. 4797 de Garantías
de
de
Vehículos
Motor.
Es
evidente
que
el
Reglamento
abarca tanto los vehículos de motor nuevos como los usados.
En efecto, una lectura del mismo claramente lo refleja.
Este tiene disposiciones específicas dirigidas a cada uno
de ellos.
En lo que nos ocupa, los vehículos de motor usados, el
Artículo 24.1 del Reglamento dispone que “[t]odo vendedor
de vehículos de motor usados, concederá garantía, en piezas
y mano de obra. Si el comprador desea dicha garantía, la
misma será por escrito y conforme a lo establecido en este
Reglamento. Esta garantía será a base del millaje recorrido
y según la siguiente escala: . . . c) Más de 50,000 millas
hasta 100,000 millas --un (1) mes o mil (1,000) millas, lo
que ocurra primero”.
En su próximo inciso el referido
artículo provee como excepción, que la disposición anterior
no será aplicable cuando el vendedor y el comprador hayan
llegado
a
un
acuerdo
mediante
el
cual
el
consumidor
renuncie de forma consciente, informada y por escrito de su
derecho
a
la
correspondiente
garantía.
Artículo
24.2
Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.
En lo que respecta a los defectos del vehículo, si el
CC-2002-894
7
comprador así lo desea, el D.A.Co. tiene la potestad de
decretar
la
resolución
del
contrato
o,
reducir
proporcionalmente su precio de venta --de acuerdo a las
disposiciones del Código Civil-- en aquellos casos en que
el
vendedor
defectos
tuvo
más
determinará
no
caso
razonable’.
oportunidad
razonable
quiso
a
o
no
pudo
caso
lo
que
Artículo
27.3,
para
reparar
repararlos.
constituye
Reglamento
los
D.A.Co.
‘oportunidad
Núm.
4797
de
Garantías de Vehículos de Motor.
Por
otro
lado,
en
su
Artículo
35,
el
Reglamento
preceptúa que nada de lo dispuesto en el mismo limita el
derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le
reconozcan las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción o
vicios ocultos, y la acción redhibitoria que reconoce el
Código Civil para los contratos de compraventa de bienes
muebles.
En consecuencia, las determinaciones del D.A.Co.
relacionadas a estos asuntos deben ser cónsonas con los
artículos
del
saneamiento
en
Código
la
Civil
sobre
compraventa.
las
Domínguez
acciones
de
Talavera
v.
Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 (1999).
Nuestro Código Civil dispone que todo vendedor está
obligado a la entrega y saneamiento de la cosa vendida.
Artículo
1350,
saneamiento,
31
que
L.P.R.A.
sec.
3801.
complementa
el
deber
Este
de
la
deber
de
entrega,
garantiza al comprador que el vendedor responderá de la
posesión legal y pacífica de la cosa comprada y de los
CC-2002-894
8
vicios o defectos ocultos que tuviere.
L.P.R.A. sec. 3831.
Artículo 1363, 31
El comprador adquiere la cosa para
utilizarla según mejor lo estime.
Esta finalidad se vería
malograda si entregado el objeto, su adquirente se viera
privado de la cosa o simplemente no pudiera aplicarla a los
usos a los que había intencionado.
I. Sierra Gil de la
Cuesta, Comentario del Código Civil,
Tomo 7, Editorial
Bosch, España, 2000, a la pág. 391.
En el derecho de contratos se conoce este deber de
garantía
como
saneamiento
por
evicción
--perturbación
jurídica del derecho adquirido--, o saneamiento por vicios
ocultos --perturbación económica de la posesión de la cosa.
Domínguez
Talavera
v.
Caguas
Expressway
Motors,
supra;
Ferrer Delgado v. General Motors. Corp., 100 D.P.R. 246
(1971).
El
saneamiento
por
vicios
ocultos
contempla
situaciones en las que posterior a la entrega se evidencian
en
la
cosa
defectos
intrínsecos
que
exceden
las
imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un
producto determinado.
D.A.Co. v. Marcelino Mercury, 105
D.P.R. 80 (1976).
De acuerdo a la doctrina, para que proceda una acción
de
saneamiento
por
vicios
siguientes requisitos:
ocultos
han
de
coincidir
los
que la cosa adolezca de un vicio
oculto, que no sea conocido por el adquirente al momento de
la compraventa; que el vicio sea de tal gravedad que haga
la
cosa
impropia
para
el
uso
a
la
que
se
destina
o
disminuya notablemente su valor de manera que el comprador
CC-2002-894
9
no habría adquirido la cosa de haberlo conocido; el defecto
debe
ser
preexistente
ejercitarse
dentro
a
del
la
venta;
y
la
acción
plazo
legal
de
seis
(6)
debe
meses
contados desde la entrega de la cosa vendida. Artículos
1373 y 1379 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841 y
3847.
Véanse
Expressway
supra;
también
Motors,
Pérez
Domínguez
supra;
Vélez
v.
v.
D.A.Co.
VPH
Talavera
Motors
v.
Marcelino
Corp.,
res.
Caguas
Mercury,
el
noviembre de 2000, 152 D.P.R.___, 2000 T.S.P.R. 165.
3
de
Hemos
resuelto que dicho plazo comienza a transcurrir no desde la
fecha de perfección del contrato, sino desde el momento en
que cesan las gestiones de inteligencia entre las partes.
Ferrer Delgado v. General Motors. Corp., supra; Casa Jaime
Corp. v. Castro, 89 D.P.R. 702 (1963).
En casos de saneamiento por vicios ocultos el Código
dispone que el comprador puede optar entre desistir del
contrato,
abonándose
los
gastos
pagados;
o
reducir
el
precio en una cantidad proporcional, a juicio de peritos.
Artículo 1375, 31 L.P.R.A. sec. 3843.
La primera opción,
denominada acción redhibitoria, representa la restitución
in
integrum
ya
que
coloca
a
las
partes
en
la
misma
condición en la que se hallaban antes de la compraventa.
La segunda, conocida como acción quanti minoris, conlleva
la
restitución
del
precio
percibido
en
proporción
a
la
pérdida de valor en la cosa, a consecuencia del defecto.
Q.M. Scaevola, Código Civil, Tomo XXIII, Reus S.A., Madrid,
1970, págs. 196-197.
Por último, dispone el Código que en
CC-2002-894
10
caso que el vendedor conociera del defecto oculto y no lo
comunicara al comprador, el último tendrá derecho también a
reclamar en concepto de daños y perjuicios.
Artículo 1375,
supra.
En cuanto a la magnitud del defecto que da lugar a una
acción redhibitoria, hemos interpretado que no se requiere
que éste imposibilite el uso de la cosa, sino que basta con
que
merme
notablemente
Mercury, supra.
su
D.A.Co.
valor.
v.
Marcelino
Además, como antes mencionamos, el defecto
ha de ser oculto al momento de la compraventa.
Esta es una
cualidad relativa, ya que no se trata de que el defecto
quede oculto en sentido literal, sino que lo sea para el
comprador
atendiendo
sus
características
individuales.
Esto significa que no será responsable el vendedor por los
vicios
ocultos
cuando
el
comprador
sea
un
perito
que
debiera fácilmente conocer los defectos por razón de su
ocupación u oficio.
J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al
Código Civil Español, Tomo 10, Vol. 1, Reus S.A., Madrid,
1969, pág. 338.
La determinación sobre la magnitud del defecto es una
cuestión de hecho, por cuanto el foro de instancia está en
mejor posición para hacer esta apreciación que los foros
apelativos.
Sólo
se
justifica
la
intervención
con
la
determinación del juzgador ante ausencia de prueba o error
manifiesto en su apreciación.
Domínguez Talavera v. Caguas
Expressway Motors, supra; García Viera v. Ciudad Chevrolet,
Inc., 110 D.P.R. 158 (1980); D.A.Co. v. Marcelino Mercury,
CC-2002-894
11
supra.
En ocasiones anteriores habíamos tenido la oportunidad
de evaluar acciones por vicios ocultos cuando el objeto de
la compraventa es un vehículo de motor.
Véanse entre otros
Berríos v. Courtesy Motors of Puerto Rico, 91 D.P.R. 441
Ferrer
(1964);
Delgado
v.
General
Motors
Corp.,
supra;
García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., supra; Domínguez
Talavera
casos
v.
Caguas
hemos
determinar
los
un
cuantiminoso.
supra.
resuelto,
si
constituyen
Expressway
el
defectos
vicio
García
Motors,
paso
de
que
oculto,
Viera
v.
supra.
En
estos
inicial
consiste
adolece
el
sea
automóvil
redhibitorio
Ciudad
en
Chevrolet,
o
Inc.,
En Ferrer Delgado v. General Motors Corp., supra,
reconocimos que por lo general, el comprador de un vehículo
de motor no es un perito en mecánica automotriz.
Siendo
así, requerirle al comprador, lego en materia de mecánica,
que pruebe exactamente qué piezas son las defectuosas sería
imponerle una carga de prueba injusta.
Allí resolvimos que
ante
perito
esta
situación,
el
comprador
no
sólo
viene
obligado a demostrar que al momento de la compraventa el
automóvil
quiso
o
funcionaba
no
pudo
normalmente,
corregir
el
y
que
defecto,
a
el
vendedor
pesar
de
no
haber
tenido la oportunidad de hacerlo.
El concesionario recurrido nos invita a distinguir la
jurisprudencia existente del caso que nos ocupa basado en
el hecho que en cada uno de los casos citados el objeto de
la compraventa fue un vehículo de motor nuevo y no usado.
CC-2002-894
No
12
encontramos
fundamento
legal
alguno
que
sostenga
esa
contención; como tampoco aduce alguno el concesionario.
Ni
el Código Civil ni el Reglamento de Garantías de Vehículos
de Motor apoyan esa distinción.
Analizada la doctrina,
resalta con meridiana claridad que no es la naturaleza del
bien,
sino
la
naturaleza
del
considerado
en
una
redhibitoria.
acción
defecto
lo
que
debe
Incluso,
ser
surge
claramente del Reglamento que el mismo aplica tanto a los
vehículos nuevos como a los usados.
Exigir un estándar de
prueba más oneroso al comprador de un vehículo usado, que
el que se le exige al comprador de un vehículo nuevo, en
nada
aporta
al
propósito
del
Reglamento
de
proteger
adecuadamente a los consumidores y prevenir las prácticas
ilícitas
en
la
compraventa
de
vehículos
de
motor.
En
consecuencia, reiteramos que el comprador de un vehículo de
motor --sea éste nuevo o usado-- al reclamar por vicios
ocultos sólo vendrá obligado a demostrar que el automóvil
funcionaba normalmente al momento de la compra, y que el
vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de
haber tenido la oportunidad de hacerlo.
III.
A
la
luz
del
anterior
trasfondo
jurídico
procede
analizar si en el presente caso se cumplen los requisitos
para
que
proceda
una
acción
redhibitoria.
Según
las
determinaciones de hechos del D.A.Co., fue alrededor de un
mes posterior a la compraventa que la señora Polanco notó
los defectos mecánicos en la transmisión.
No hay nada en
CC-2002-894
13
el récord que indique que la compradora fuera una experta
mecánica que hubiese detectado el defecto con facilidad.
Tampoco
surge
del
expediente
que
Cacique
defecto y hubiera actuado de mala fe.
conociera
del
Por otro lado, la
compradora
probó
a
satisfacción
del
D.A.Co.
que
el
automóvil
funcionaba
normalmente
al
momento
de
la
compraventa.
Por ende, razonablemente podemos concluir que
el defecto mecánico constituyó un vicio oculto desconocido
tanto para el vendedor como para la compradora.
El defecto fue de naturaleza tal que imposibilitó el
uso
del
vehículo
intencionado,
al
para
el
cual
punto
que
el
la
compradora
automóvil
tuvo
lo
había
que
ser
transportado en grúa a la residencia de la peticionaria.
Según determinó el D.A.Co., al momento de presentarse la
querella, el vehículo llevaba más de cinco (5) meses sin
que se pudiera utilizar.
La agencia determinó también, que
la señora Polanco no habría comprado el automóvil de haber
conocido que adolecía del defecto.
De otro lado, no cabe
duda que la compradora instó su querella dentro del plazo
dispuesto
por
ley.
Por
último,
el
vendedor
tuvo
oportunidad razonable de corregir el defecto, más en todo
momento se negó a hacerlo, alegando que la garantía había
vencido.
Ante
la
evidencia
que
obra
en
el
expediente,
entendemos que el D.A.Co. actuó dentro de sus prerrogativas
administrativas.
Reiteradamente
hemos
resuelto
que
decisiones de los organismos administrativos merecen la
las
CC-2002-894
mayor
14
deferencia
judicial.
Utilizando
razonabilidad,
los
tribunales
interferir
estas
determinaciones
con
un
criterio
apelativos
cuando
de
no
deben
las
mismas
están sostenidas por evidencia sustancial que obre en el
expediente.
Otero Mercado v. Toyota de P.R., res. el 3 de
febrero
2005,
de
163
D.P.R.
___,
2005
T.S.P.R.
8;
Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 (1995).
Las
determinaciones de hechos de las agencias administrativas
tienen a su favor una presunción de corrección que no debe
ser
descartada
a
menos
que
suficiente para derrotarlas.
P.R., supra.
no
se
presente
evidencia
Otero Mercado v. Toyota de
Por tratarse de un caso de vicios ocultos,
independientemente de la garantía de servicio pactada entre
las
partes,
D.A.Co.
podía,
conforme
Reglamento,
ordenar
la
resolución
compraventa.
Además, nada hay en el récord que nos permita
concluir
la
que
señora
Polanco
al
Artículo
del
tuviera
la
27
del
contrato
de
intención
de
renunciar a la acción redhibitoria que le asiste bajo el
Código Civil y que el Reglamento le reconoce.
Erró el foro
apelativo
determinación
intermedio
en
intervenir
con
la
administrativa y al no prestarle la debida deferencia a las
determinaciones del D.A.Co.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
procede
la
revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la
reinstalación de la resolución del D.A.Co.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Diosdada Polanco López
Querellante
v.
CC-2002-894
Cacique Motors,
Firstbank Puerto Rico
Recurrida
Departamento de Asuntos
Del Consumidor
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, los cuales
se incorporan integramente a la presente, se
revoca la sentencia dictada por el Tribunal
de Apelaciones y se reinstala la resolución
emitida por el D.A.Co.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo