LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Diosdada Polanco López v. Cacique Motors, Firstbank Puerto Rico Departamento de Asuntos del Consumidor

2005 TSPR 96

Poder Judicial de Puerto Rico

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Diosdada Polanco López v. Cacique Motors, Firstbank Puerto Rico Departamento de Asuntos del Consumidor

CC-2002-0894

30 de junio de 2005 · Contratos-Resolución de Contrato de Vehículo de Motor

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Diosdada Polanco López

Querellante

Certiorari

v.

2005 TSPR 96

Cacique Motors,

Firstbank Puerto Rico

Recurrida

164 DPR ____

Departamento de Asuntos

del Consumidor

Peticionario

Número del Caso: CC-2002-894

Fecha: 30 de junio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional de San Juan-Panel IV

Juez Ponente:

Hon. Charles Cordero Peña

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José A. Maisonet Trinidad

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Antonio Rodas Viñas

Materia: Vicios Ocultos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Diosdada Polanco López

Querellante

v.

CC-2002-894

Cacique Motors,

Firstbank Puerto Rico

Recurrida

Departamento de Asuntos

Del Consumidor

Peticionario

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005

El

Departamento

de

Asuntos

del

Consumidor

(D.A.Co.) nos solicita que revisemos una sentencia

del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se dejó

sin efecto una decisión de la agencia que ordenó la

resolución

de

un

contrato

vehículo de motor usado.

de

compraventa

de

un

Debemos determinar si, tal

y como resolvió el tribunal a quo, para que proceda

la

resolución

del

contrato

corresponde

a

la

parte

compradora demostrar que el vehículo adolecía de los

defectos al momento de la compraventa; o si basta con

el estándar de prueba establecido por este tribunal

para

los

vehículos

nuevos,

que

sólo

exige

que

el

comprador demuestre que al momento de la compraventa

CC-2002-894

el

2

vehículo

funcionaba

normalmente.

Resolvemos

que

el

estándar jurídico para resolver un contrato de compraventa

de vehículos de motor nuevos es igualmente aplicable a los

vehículos usados, por cuanto procede revocar la sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y

confirmar

la

resolución del D.A.Co.

I.

La señora Diosdada Polanco López compró un vehículo de

motor usado a Cacique Motors (en adelante ‘Cacique’) el 22

de agosto de 2001.

El precio de venta del vehículo fue de

$7,500 del cual se pagó un pronto de $2,500 y se financió

el monto restante a través de Firstbank de Puerto Rico.

momento

65,851

de

la

millas,

compraventa

el

vehículo

había

por

el

vendedor

le

lo

que

Al

recorrido

otorgó

a

la

compradora un (1) mes de garantía o mil (1,000) millas, lo

primero que ocurriera; conforme requiere el Reglamento de

Vehículos

de

Motor

del

Departamento

de

Consumidor (en adelante ‘el Reglamento’). 1

Asuntos

del

Artículo 24,

Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.

Alegadamente, para el mes de septiembre de 2001 la

señora Polanco notó fallas en la transmisión del vehículo,

y procedió a comunicarlas al vendedor para que las mismas

fueran reparadas.

1

El concesionario, por su parte, negó

El Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor

provee en su Artículo 24 sobre el término y naturaleza de

la garantía en los vehículos de motor usados, de acuerdo al

millaje recorrido al momento de la compraventa.

CC-2002-894

3

responsabilidad. 2

En el mes de diciembre de 2001, a pesar

de haberse corroborado el defecto mediante una prueba de

carretera,

Cacique

le

notificó

a

la

compradora

que

no

asumiría los costos de reparación por haberse vencido ya el

término de garantía.

El vendedor se ofreció a reparar el

vehículo

compradora

sólo

si

la

asumía

los

costos.

El

vehículo fue llevado al Garaje Rubén donde permaneció por

varios

meses

con

la

transmisión

desmontada

dado

que

la

señora Polanco no podía pagar la reparación.

Finalmente la

compradora

desmontar

pagó

$300

por

la

labor

de

la

transmisión y se llevó el vehículo a su casa sin reparar,

utilizando una grúa.

Así las cosas, en enero del 2002 la señora Polanco

presentó querella ante el D.A.Co. en la cual solicitó la

resolución

del

contrato.

El

D.A.Co.

inspeccionó

el

vehículo y llevó a cabo vista administrativa.

En mayo del

2002

decretó

el

D.A.Co.

emitió

una

de

resolución

del

contrato

determinó

que

la

vehículo

de

orden

que

la

que

compraventa.

querellante

conocer

en

no

éste

En

habría

adolecía

síntesis

adquirido

de

la

el

defectos

mecánicos; que el defecto hacía el vehículo impropio para

su uso; y que, según las disposiciones del Código Civil

sobre

2

saneamiento

por

vicios

ocultos

en

la

compraventa,

Del expediente no surge la fecha específica en la que se

notó el fallo mecánico ni la fecha en la que se le reclamó

a Cacique por los defectos del vehículo.

Según señala

Cacique la señora Polanco primero les notificó los defectos

en noviembre del 2001, ya vencida la garantía pactada.

Este hecho no fue refutado por la querellante.

CC-2002-894

4

Artículos 1373 al 1388, 31 L.P.R.A. secs. 3841 a la 3856,

procedía la resolución del contrato de compraventa.

al

concesionario

pronto

y

las

a

recoger

el

mensualidades

vehículo,

pagadas;

y

Ordenó

reembolsar

el

relevar

la

a

querellante del contrato de financiamiento con Firstbank.

Inconforme

Cacique

con

solicitó

Apelaciones.

la

oportuna

determinación

administrativa,

revisión

el

ante

Tribunal

de

Adujo que había errado el D.A.Co. al ignorar

su propio Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor y

al no reconocer el acuerdo de garantía pactada entre las

partes.

El foro intermedio revocó al D.A.Co. por entender

que

determinación

la

caprichosa,

toda

vez

administrativa

que

el

defecto

fue

en

arbitraria

la

y

transmisión

surgió luego del mes de la compraventa; que la agencia no

hizo determinaciones sobre las millas corridas al momento

de identificarse el desperfecto; y que ante los hechos que

obran en el expediente era improcedente determinar que los

defectos

del

compraventa.

vehículo

El

fueron

Tribunal

de

preexistentes

Apelaciones

indicó

a

la

en

su

sentencia también que en los casos de vehículos de motor

con vicios ocultos, le corresponde “al comprador demostrar

que el vehículo que compró tenía el vicio oculto desde

antes de la compraventa y que la parte querellada tuvo

oportunidad de corregir el defecto pero no lo corrigió o no

pudo corregirlo.”

De

la

determinación

acudió

ante

nosotros.

del

Nos

foro

señaló

apelativo

que,

el

D.A.Co.

contrario

a

la

CC-2002-894

5

apreciación del Tribunal de Apelaciones, no corresponde al

comprador el peso de probar que el vehículo tenía el vicio

antes

de

comprador

la

compraventa,

pruebe

normalmente.

que

sino

el

que

vehículo

basta

con

comprado

que

el

funcionaba

Expedimos el recurso de certiorari y con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes pasamos a

resolver.

II.

Mediante la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos

del

Consumidor,

Ley

Núm.

5

de

23

de

abril

de

1973,

3

L.P.R.A. sec. 341, se creó el D.A.Co. con el propósito

principal de vindicar, proteger e implementar los derechos

de los consumidores.

Posteriormente,

en

Artículo 3, 3 L.P.R.A. sec. 341b.

virtud

de

la

Ley

de

Garantías

de

Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979,

10 L.P.R.A. sec. 2051 et. seq., se promulgó el Reglamento

Núm.

4797

de

Garantías

de

Vehículos

de

Motor

(‘el

Reglamento’), como mecanismo para proteger adecuadamente a

los

consumidores

de

Puerto

Rico

en

la

adquisición

de

vehículos de motor; asegurarles que estos vehículos sirvan

los propósitos para los cuales fueron adquiridos; y que

reúnan

las

condiciones

necesarias

para

garantizar

comprador la protección de vida y propiedad.

al

Artículo 2,

Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.

El

Reglamento

también

procuró

prevenir

ilícitas en las ventas de vehículos de motor.

las

prácticas

Íbid.

CC-2002-894

6

Este Reglamento es aplicable a toda persona --natural

o jurídica-- que se dedique a la venta de vehículos de

motor

nuevos

o

usados

en

Puerto

Rico.

Artículo

3,

Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.

El

mismo

se

debe

interpretar

liberalmente

a

favor

del

consumidor.

Artículo 4, Reglamento Núm. 4797 de Garantías

de

de

Vehículos

Motor.

Es

evidente

que

el

Reglamento

abarca tanto los vehículos de motor nuevos como los usados.

En efecto, una lectura del mismo claramente lo refleja.

Este tiene disposiciones específicas dirigidas a cada uno

de ellos.

En lo que nos ocupa, los vehículos de motor usados, el

Artículo 24.1 del Reglamento dispone que “[t]odo vendedor

de vehículos de motor usados, concederá garantía, en piezas

y mano de obra. Si el comprador desea dicha garantía, la

misma será por escrito y conforme a lo establecido en este

Reglamento. Esta garantía será a base del millaje recorrido

y según la siguiente escala: . . . c) Más de 50,000 millas

hasta 100,000 millas --un (1) mes o mil (1,000) millas, lo

que ocurra primero”.

En su próximo inciso el referido

artículo provee como excepción, que la disposición anterior

no será aplicable cuando el vendedor y el comprador hayan

llegado

a

un

acuerdo

mediante

el

cual

el

consumidor

renuncie de forma consciente, informada y por escrito de su

derecho

a

la

correspondiente

garantía.

Artículo

24.2

Reglamento Núm. 4797 de Garantías de Vehículos de Motor.

En lo que respecta a los defectos del vehículo, si el

CC-2002-894

7

comprador así lo desea, el D.A.Co. tiene la potestad de

decretar

la

resolución

del

contrato

o,

reducir

proporcionalmente su precio de venta --de acuerdo a las

disposiciones del Código Civil-- en aquellos casos en que

el

vendedor

defectos

tuvo

más

determinará

no

caso

razonable’.

oportunidad

razonable

quiso

a

o

no

pudo

caso

lo

que

Artículo

27.3,

para

reparar

repararlos.

constituye

Reglamento

los

D.A.Co.

‘oportunidad

Núm.

4797

de

Garantías de Vehículos de Motor.

Por

otro

lado,

en

su

Artículo

35,

el

Reglamento

preceptúa que nada de lo dispuesto en el mismo limita el

derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le

reconozcan las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción o

vicios ocultos, y la acción redhibitoria que reconoce el

Código Civil para los contratos de compraventa de bienes

muebles.

En consecuencia, las determinaciones del D.A.Co.

relacionadas a estos asuntos deben ser cónsonas con los

artículos

del

saneamiento

en

Código

la

Civil

sobre

compraventa.

las

Domínguez

acciones

de

Talavera

v.

Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 (1999).

Nuestro Código Civil dispone que todo vendedor está

obligado a la entrega y saneamiento de la cosa vendida.

Artículo

1350,

saneamiento,

31

que

L.P.R.A.

sec.

3801.

complementa

el

deber

Este

de

la

deber

de

entrega,

garantiza al comprador que el vendedor responderá de la

posesión legal y pacífica de la cosa comprada y de los

CC-2002-894

8

vicios o defectos ocultos que tuviere.

L.P.R.A. sec. 3831.

Artículo 1363, 31

El comprador adquiere la cosa para

utilizarla según mejor lo estime.

Esta finalidad se vería

malograda si entregado el objeto, su adquirente se viera

privado de la cosa o simplemente no pudiera aplicarla a los

usos a los que había intencionado.

I. Sierra Gil de la

Cuesta, Comentario del Código Civil,

Tomo 7, Editorial

Bosch, España, 2000, a la pág. 391.

En el derecho de contratos se conoce este deber de

garantía

como

saneamiento

por

evicción

--perturbación

jurídica del derecho adquirido--, o saneamiento por vicios

ocultos --perturbación económica de la posesión de la cosa.

Domínguez

Talavera

v.

Caguas

Expressway

Motors,

supra;

Ferrer Delgado v. General Motors. Corp., 100 D.P.R. 246

(1971).

El

saneamiento

por

vicios

ocultos

contempla

situaciones en las que posterior a la entrega se evidencian

en

la

cosa

defectos

intrínsecos

que

exceden

las

imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un

producto determinado.

D.A.Co. v. Marcelino Mercury, 105

D.P.R. 80 (1976).

De acuerdo a la doctrina, para que proceda una acción

de

saneamiento

por

vicios

siguientes requisitos:

ocultos

han

de

coincidir

los

que la cosa adolezca de un vicio

oculto, que no sea conocido por el adquirente al momento de

la compraventa; que el vicio sea de tal gravedad que haga

la

cosa

impropia

para

el

uso

a

la

que

se

destina

o

disminuya notablemente su valor de manera que el comprador

CC-2002-894

9

no habría adquirido la cosa de haberlo conocido; el defecto

debe

ser

preexistente

ejercitarse

dentro

a

del

la

venta;

y

la

acción

plazo

legal

de

seis

(6)

debe

meses

contados desde la entrega de la cosa vendida. Artículos

1373 y 1379 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841 y

3847.

Véanse

Expressway

supra;

también

Motors,

Pérez

Domínguez

supra;

Vélez

v.

v.

D.A.Co.

VPH

Talavera

Motors

v.

Marcelino

Corp.,

res.

Caguas

Mercury,

el

noviembre de 2000, 152 D.P.R.___, 2000 T.S.P.R. 165.

3

de

Hemos

resuelto que dicho plazo comienza a transcurrir no desde la

fecha de perfección del contrato, sino desde el momento en

que cesan las gestiones de inteligencia entre las partes.

Ferrer Delgado v. General Motors. Corp., supra; Casa Jaime

Corp. v. Castro, 89 D.P.R. 702 (1963).

En casos de saneamiento por vicios ocultos el Código

dispone que el comprador puede optar entre desistir del

contrato,

abonándose

los

gastos

pagados;

o

reducir

el

precio en una cantidad proporcional, a juicio de peritos.

Artículo 1375, 31 L.P.R.A. sec. 3843.

La primera opción,

denominada acción redhibitoria, representa la restitución

in

integrum

ya

que

coloca

a

las

partes

en

la

misma

condición en la que se hallaban antes de la compraventa.

La segunda, conocida como acción quanti minoris, conlleva

la

restitución

del

precio

percibido

en

proporción

a

la

pérdida de valor en la cosa, a consecuencia del defecto.

Q.M. Scaevola, Código Civil, Tomo XXIII, Reus S.A., Madrid,

1970, págs. 196-197.

Por último, dispone el Código que en

CC-2002-894

10

caso que el vendedor conociera del defecto oculto y no lo

comunicara al comprador, el último tendrá derecho también a

reclamar en concepto de daños y perjuicios.

Artículo 1375,

supra.

En cuanto a la magnitud del defecto que da lugar a una

acción redhibitoria, hemos interpretado que no se requiere

que éste imposibilite el uso de la cosa, sino que basta con

que

merme

notablemente

Mercury, supra.

su

D.A.Co.

valor.

v.

Marcelino

Además, como antes mencionamos, el defecto

ha de ser oculto al momento de la compraventa.

Esta es una

cualidad relativa, ya que no se trata de que el defecto

quede oculto en sentido literal, sino que lo sea para el

comprador

atendiendo

sus

características

individuales.

Esto significa que no será responsable el vendedor por los

vicios

ocultos

cuando

el

comprador

sea

un

perito

que

debiera fácilmente conocer los defectos por razón de su

ocupación u oficio.

J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al

Código Civil Español, Tomo 10, Vol. 1, Reus S.A., Madrid,

1969, pág. 338.

La determinación sobre la magnitud del defecto es una

cuestión de hecho, por cuanto el foro de instancia está en

mejor posición para hacer esta apreciación que los foros

apelativos.

Sólo

se

justifica

la

intervención

con

la

determinación del juzgador ante ausencia de prueba o error

manifiesto en su apreciación.

Domínguez Talavera v. Caguas

Expressway Motors, supra; García Viera v. Ciudad Chevrolet,

Inc., 110 D.P.R. 158 (1980); D.A.Co. v. Marcelino Mercury,

CC-2002-894

11

supra.

En ocasiones anteriores habíamos tenido la oportunidad

de evaluar acciones por vicios ocultos cuando el objeto de

la compraventa es un vehículo de motor.

Véanse entre otros

Berríos v. Courtesy Motors of Puerto Rico, 91 D.P.R. 441

Ferrer

(1964);

Delgado

v.

General

Motors

Corp.,

supra;

García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., supra; Domínguez

Talavera

casos

v.

Caguas

hemos

determinar

los

un

cuantiminoso.

supra.

resuelto,

si

constituyen

Expressway

el

defectos

vicio

García

Motors,

paso

de

que

oculto,

Viera

v.

supra.

En

estos

inicial

consiste

adolece

el

sea

automóvil

redhibitorio

Ciudad

en

Chevrolet,

o

Inc.,

En Ferrer Delgado v. General Motors Corp., supra,

reconocimos que por lo general, el comprador de un vehículo

de motor no es un perito en mecánica automotriz.

Siendo

así, requerirle al comprador, lego en materia de mecánica,

que pruebe exactamente qué piezas son las defectuosas sería

imponerle una carga de prueba injusta.

Allí resolvimos que

ante

perito

esta

situación,

el

comprador

no

sólo

viene

obligado a demostrar que al momento de la compraventa el

automóvil

quiso

o

funcionaba

no

pudo

normalmente,

corregir

el

y

que

defecto,

a

el

vendedor

pesar

de

no

haber

tenido la oportunidad de hacerlo.

El concesionario recurrido nos invita a distinguir la

jurisprudencia existente del caso que nos ocupa basado en

el hecho que en cada uno de los casos citados el objeto de

la compraventa fue un vehículo de motor nuevo y no usado.

CC-2002-894

No

12

encontramos

fundamento

legal

alguno

que

sostenga

esa

contención; como tampoco aduce alguno el concesionario.

Ni

el Código Civil ni el Reglamento de Garantías de Vehículos

de Motor apoyan esa distinción.

Analizada la doctrina,

resalta con meridiana claridad que no es la naturaleza del

bien,

sino

la

naturaleza

del

considerado

en

una

redhibitoria.

acción

defecto

lo

que

debe

Incluso,

ser

surge

claramente del Reglamento que el mismo aplica tanto a los

vehículos nuevos como a los usados.

Exigir un estándar de

prueba más oneroso al comprador de un vehículo usado, que

el que se le exige al comprador de un vehículo nuevo, en

nada

aporta

al

propósito

del

Reglamento

de

proteger

adecuadamente a los consumidores y prevenir las prácticas

ilícitas

en

la

compraventa

de

vehículos

de

motor.

En

consecuencia, reiteramos que el comprador de un vehículo de

motor --sea éste nuevo o usado-- al reclamar por vicios

ocultos sólo vendrá obligado a demostrar que el automóvil

funcionaba normalmente al momento de la compra, y que el

vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de

haber tenido la oportunidad de hacerlo.

III.

A

la

luz

del

anterior

trasfondo

jurídico

procede

analizar si en el presente caso se cumplen los requisitos

para

que

proceda

una

acción

redhibitoria.

Según

las

determinaciones de hechos del D.A.Co., fue alrededor de un

mes posterior a la compraventa que la señora Polanco notó

los defectos mecánicos en la transmisión.

No hay nada en

CC-2002-894

13

el récord que indique que la compradora fuera una experta

mecánica que hubiese detectado el defecto con facilidad.

Tampoco

surge

del

expediente

que

Cacique

defecto y hubiera actuado de mala fe.

conociera

del

Por otro lado, la

compradora

probó

a

satisfacción

del

D.A.Co.

que

el

automóvil

funcionaba

normalmente

al

momento

de

la

compraventa.

Por ende, razonablemente podemos concluir que

el defecto mecánico constituyó un vicio oculto desconocido

tanto para el vendedor como para la compradora.

El defecto fue de naturaleza tal que imposibilitó el

uso

del

vehículo

intencionado,

al

para

el

cual

punto

que

el

la

compradora

automóvil

tuvo

lo

había

que

ser

transportado en grúa a la residencia de la peticionaria.

Según determinó el D.A.Co., al momento de presentarse la

querella, el vehículo llevaba más de cinco (5) meses sin

que se pudiera utilizar.

La agencia determinó también, que

la señora Polanco no habría comprado el automóvil de haber

conocido que adolecía del defecto.

De otro lado, no cabe

duda que la compradora instó su querella dentro del plazo

dispuesto

por

ley.

Por

último,

el

vendedor

tuvo

oportunidad razonable de corregir el defecto, más en todo

momento se negó a hacerlo, alegando que la garantía había

vencido.

Ante

la

evidencia

que

obra

en

el

expediente,

entendemos que el D.A.Co. actuó dentro de sus prerrogativas

administrativas.

Reiteradamente

hemos

resuelto

que

decisiones de los organismos administrativos merecen la

las

CC-2002-894

mayor

14

deferencia

judicial.

Utilizando

razonabilidad,

los

tribunales

interferir

estas

determinaciones

con

un

criterio

apelativos

cuando

de

no

deben

las

mismas

están sostenidas por evidencia sustancial que obre en el

expediente.

Otero Mercado v. Toyota de P.R., res. el 3 de

febrero

2005,

de

163

D.P.R.

___,

2005

T.S.P.R.

8;

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 (1995).

Las

determinaciones de hechos de las agencias administrativas

tienen a su favor una presunción de corrección que no debe

ser

descartada

a

menos

que

suficiente para derrotarlas.

P.R., supra.

no

se

presente

evidencia

Otero Mercado v. Toyota de

Por tratarse de un caso de vicios ocultos,

independientemente de la garantía de servicio pactada entre

las

partes,

D.A.Co.

podía,

conforme

Reglamento,

ordenar

la

resolución

compraventa.

Además, nada hay en el récord que nos permita

concluir

la

que

señora

Polanco

al

Artículo

del

tuviera

la

27

del

contrato

de

intención

de

renunciar a la acción redhibitoria que le asiste bajo el

Código Civil y que el Reglamento le reconoce.

Erró el foro

apelativo

determinación

intermedio

en

intervenir

con

la

administrativa y al no prestarle la debida deferencia a las

determinaciones del D.A.Co.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

procede

la

revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la

reinstalación de la resolución del D.A.Co.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Diosdada Polanco López

Querellante

v.

CC-2002-894

Cacique Motors,

Firstbank Puerto Rico

Recurrida

Departamento de Asuntos

Del Consumidor

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, los cuales

se incorporan integramente a la presente, se

revoca la sentencia dictada por el Tribunal

de Apelaciones y se reinstala la resolución

emitida por el D.A.Co.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo