LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Providencia Rivera Ocasio v. Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por José Luis Pérez Padilla, Iris Nereida Pérez Padilla y Jas o n Pérez Padilla

2005 TSPR 97

Poder Judicial de Puerto Rico

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Providencia Rivera Ocasio v. Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por José Luis Pérez Padilla, Iris Nereida Pérez Padilla y Jas o n Pérez Padilla

CC-2003-0608

30 de junio de 2005 · Término para D i ligenciamiento de Emplazamiento

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Providencia Rivera Ocasio

Certiorari

Demandante-Peticionaria

2005 TSPR 97

v.

164 DPR ____

Sucesión de José M. Pérez

Rivera, compuesta por José

Luis Pérez Padilla, Iris

Nereida Pérez Padilla y Jasón

Pérez Padilla

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-2003-608

Fecha: 30 de junio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional de Bayamón-Panel II

Juez Ponente:

Hon. Guillermo Arbona Lago

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry Anduze Montaño

Lcdo. Héctor A. Sostre Narváez

Lcdo. Rafael A. García López

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Marisel Peña Senati

Materia: Daños y Perjuicios

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Providencia Rivera Ocasio

Demandante-Peticionaria

v.

CC-2003-608

Sucesión de José M. Pérez

Rivera, compuesta por José

Luis

Pérez

Padilla,

Iris

Nereida Pérez Padilla y Jason

Pérez Padilla

Demandados-Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.

Mediante el recurso de certiorari ante nos, la

peticionaria

solicita

emitida

por

el

Apelaciones

con

virtud

dictamen

del

que

revisemos

entonces

Tribunal

fecha

29

de

de

recurrido,

una

de

mayo

el

sentencia

Circuito

de

de

En

foro

2003.

intermedio

apelativo revocó una orden dictada por el Tribunal de

Primera

Instancia

que,

entre

otras

cosas,

había

declarado sin lugar una moción de desestimación por

falta de jurisdicción in personam presentada por los

aquí

recurridos,

señores

José

Luis

y

Jason

Pérez

Padilla. El tribunal intermedio apelativo dio a la

peticionaria

por

desistida

con

perjuicio

de

su

2

CC-2003-608

reclamación contra

los

incumplido

dispuesto

con

lo

recurridos

Procedimiento Civil 1 .

por

por

la

ésta

Regla

haber

4.3(b)

de

No atendió el asunto que le fue

planteado por la parte demandada de autos, relativo a la

nulidad

del

jurisdicción

emplazamiento

por

del

de

Tribunal

edictos

Primera

y

a

la

falta

de

Instancia

sobre

su

persona.

I

El

1

de

diciembre

de

2000,

la

señora

Providencia

Rivera Ocasio (en adelante “señora Rivera Ocasio”) instó

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón, una demanda sobre división de comunidad de bienes

contra la Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por

sus

hijos

José

Luis,

Jason

apellidos

Pérez

Padilla.

En

e

Iris

breve

Nereida,

síntesis,

todos

alegó

de

haber

mantenido por espacio de diecisiete (17) años una relación

concubinaria

pública,

a

manera

de

matrimonio,

con

el

causante de los codemandados, durante la que contribuyó con

su esfuerzo y trabajo a la creación de una comunidad de

intereses

económicos

entre

ambos.

En

razón

de

ello,

solicitó que se le declarara acreedora en un cincuenta por

ciento

(50%)

concubinato,

de

las

estimadas

ganancias

en

acumuladas

trescientos

durante

mil

el

dólares

($300,000), y que se le entregara dicha participación. Ese

1

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.3(b)

3

CC-2003-608

mismo día la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia

expidió

el

emplazamiento

dirigido

a

la

codemandada

Iris

Nereida Pérez Padilla. 2 La parte demandante no sometió en

aquel

entonces,

emplazamiento

para

su

dirigidos

a

expedición,

los

los

restantes

proyectos

miembros

de

de

la

sucesión, los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla.

Ello porque, a pesar de estar al tanto de que éstos vivían

en Estados Unidos, alegadamente desconocía sus respectivas

direcciones residenciales.

Junto a la demanda, y en aseguramiento de la sentencia

que pudiera recaer a su favor, la señora Rivera Ocasio

acompañó

una

solicitud

“bienes

comunes”

de

depositados

embargo

en

el

sobre

Banco

determinados

Santander,

sucursal de Bayamón Center. El 13 de diciembre de 2000, el

foro primario acogió la petición de la demandante, dictando

una orden de embargo sin la celebración de vista previa.3

2

El referido emplazamiento fue diligenciado personalmente

el 10 de diciembre de 2000.

3

Insatisfecha con el embargo trabado, la codemandada

Pérez

Padilla

presentó

oportunamente

una

moción

de

reconsideración, la cual fue discutida durante una vista

celebrada el 8 de junio de 2001. En igual fecha, el Tribunal

de Primera Instancia expidió una orden en la que redujo el

monto del embargo a la mitad, liberando así la otra mitad de

los fondos a favor de los hijos del causante.

Aún inconforme, el 18 de julio de 2001, la codemandada

acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones

vía recurso de certiorari. Mediante sentencia emitida el 31

de julio de 2002, el foro intermedio apelativo revocó la

orden allí recurrida y levantó el embargo sobre los bienes

en cuestión. Al así resolver, sostuvo lo siguiente: “[l]o

dispuesto en esta sentencia no es óbice para que el tribunal

a quo, de así solicitarlo la parte interesada, señale una

vista para entender en una solicitud de embargo preventivo

4

CC-2003-608

Con fecha de 2 de enero de 2001, la codemandada Iris

Nereida Pérez Padilla presentó su contestación a la demanda

de autos, negando las alegaciones principales de la misma.

A la par, reconvino contra la parte demandante.4 Tras varios

trámites procesales, el 28 de junio de 2001, la codemandada

Pérez

Padilla

compareció

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia solicitando la desestimación de la demanda por

falta de parte indispensable. 5 Adujo, inter alia, que la

parte demandante ni siquiera había solicitado la expedición

de los emplazamientos a los restantes componentes de la

sucesión, quienes son “partes indispensables en el pleito.”

Sostuvo,

demora

asimismo,

incurrida

que

por

no

la

había

“justa

causa”

para

la

parte

actora

en

solicitar

y

diligenciar los referidos emplazamientos.

Transcurridos

más

de

siete

(7)

meses

desde

la

interposición de la demanda, el 3 de julio de 2001, la

parte

demandante

respondió

con

una

solicitud

al

foro

siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido

en la[s] Regla[s] 56.1, 56.2 y 56.3 de Procedimiento Civil,

supra. Previo a ello, las partes interesadas deberán haber

sido emplazadas conforme a derecho.” (Énfasis suplido).

Contra dicha sentencia la parte demandante interpuso

ante nos una petición de certiorari, acompañada de una

moción en auxilio de nuestra jurisdicción. Ambas fueron

declaradas sin lugar mediante resolución de 6 de septiembre

de 2002, notificada a las partes el 10 de septiembre del

mismo año. Véase Apéndice de la petición de certiorari ante

nos (en lo sucesivo “Apéndice”), págs. 106-09; 112-15; 11921; 128-29; 136-38; 143-46; 165-173.

4

La señora Rivera Ocasio contestó la reconvención en su

contra el 23 de mayo de 2001.

5

Íd., págs. 150-53.

5

CC-2003-608

primario para que extendiera el término reglamentario de

seis

(6)

meses

Procedimiento

provisto

Civil,

por

supra,

la

Regla

para

4.3(b)

diligenciar

de

los

emplazamientos a los codemandados José Luis y Jason Pérez

Padilla.

6

Arguyó

que

aún

desconocía

las

direcciones

residenciales de éstos, a pesar de requerir tal información

de su hermana, la codemandada Iris Nereida Pérez Padilla.

De paso, anticipó que, de no obtener la información en

cuestión, habría de solicitar autorización al tribunal para

realizar los referidos emplazamientos mediante edictos. Por

último, procuró una prórroga para replicar a la moción de

desestimación por falta de parte indispensable. El 23 de

agosto de 2001, el Tribunal de Primera Instancia concedió

ambas prórrogas a la parte demandante. 7 Con respecto a la

solicitud de desestimación presentada por la codemandada

Pérez Padilla, dicho foro le otorgó un término de veinte

(20) días a la demandante para que respondiera a la misma.

Así las cosas, mediante comunicación escrita fechada 30

de

agosto

de

2001,

codemandada

Pérez

demandante

las

la

Padilla

direcciones

representación

le

proveyó

exactas

de

legal

de

la

finalmente

a

la

los

coherederos

6

En específico, solicitó un plazo adicional de treinta (30)

días a ser contados desde la fecha en que la codemandada

Pérez Padilla le notificara finalmente las direcciones

residenciales de sus hermanos.

7

Véase Órdenes de 23 de agosto de 2001, archivadas en autos

el 30 de agosto del mismo año; Apéndice, págs. 176-77.

6

CC-2003-608

demandados, no residentes en Puerto Rico. 8 A pesar de ello,

no fue sino hasta el 4 de septiembre de 2002, esto es, casi

un

año

después

de

expirada

la

prórroga

concedida

para

diligenciar los emplazamientos en cuestión, que la parte

demandante presentó ante el foro primario una moción para

emplazar mediante la publicación de edictos a los señores

José Luis y Jason Pérez Padilla. 9 En apoyo de su solicitud,

argumentó que no había actuado dentro del término de la

prórroga

concedida

pues

entendía

que

los

procedimientos

ante el foro primario estaban paralizados; ello porque a la

fecha de la concesión de la prórroga, el entonces Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

aún

no

había

resuelto

la

controversia relativa a la falta de jurisdicción sobre los

señores Pérez Padilla, ni el asunto sobre la validez de la

orden de embargo dictada ex parte. 10 El 16 de septiembre de

2002, la codemandada Iris Nereida Pérez Padilla replicó a

la solicitud de la parte demandante, reafirmándose en su

planteamiento

de

que

la

demanda

debía

desestimarse

por

falta de parte indispensable. Sobre este particular, señaló

que habían decursado casi dos (2) años y nueve (9) meses

desde

la

presentación

8

Íd., pág. 174.

9

Íd., págs. 178-80.

10

de

la

demanda

sin

que la parte

La parte demandante, aquí peticionaria, se refiere al

recurso de certiorari que presentara la codemandada Pérez

Padilla ante el foro intermedio apelativo solicitando la

revocación de la orden del Tribunal de Primera Instancia que

mantuvo, aunque en una menor cuantía, el embargo trabado.

Véase nota al calce núm. 3.

7

CC-2003-608

demandante

trajera

ante

la

jurisdicción

del

tribunal

a

partes indispensables en el pleito. Sostuvo, además, que la

señora Rivera Ocasio no había demostrado “justa causa” para

no

solicitar

desde

un

principio

la

expedición

de

los

emplazamientos a los otros codemandados, ni para procurar

una prórroga para su diligenciamiento después de vencido el

término

reglamentario

septiembre

de

2002,

de

la

seis

parte

(6)

meses.

demandante

se

El

19

de

opuso

a

la

réplica de la codemandada Pérez Padilla. Reiteró que había

considerado “razonable y prudente” esperar por la sentencia

del foro intermedio apelativo para entonces continuar con

las

gestiones

encaminadas

a

emplazar

a

los

restantes

codemandados, no residentes en Puerto Rico.11

Examinados los escritos de las partes, el 9 de octubre

de

2002,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

ordenó 12

la

expedición de los emplazamientos por edictos dirigidos a

los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla, los que

fueron publicados finalmente el 23 de octubre de 2002 en el

periódico El Nuevo Día. Una copia de la demanda de autos,

del emplazamiento por edicto, de la orden que autorizó los

mismos y del edicto publicado le fueron notificadas

11

12

Apéndice, págs. 192-94.

Véase Orden de 9 de octubre de 2002, notificada a las

partes el 16 de octubre siguiente; íd., págs. 202-03. La

codemandada

Iris

Nereida

Pérez

Padilla

presentó

oportunamente una moción de reconsideración, pero el foro

primario la declaró sin lugar.

8

CC-2003-608

oportunamente a los señores Pérez Padilla a sus últimas

direcciones conocidas.

Luego

de

varios

incidentes

procesales,

el

21

de

noviembre de 2002, los codemandados José Luis y Jason Pérez

Padilla comparecieron por primera vez ante el Tribunal de

Primera

Instancia,

y

sin

someterse

a

su

jurisdicción,

solicitaron la desestimación de la demanda entablada en su

contra por falta de jurisdicción in personam. 13 Arguyeron,

inter

alia,

que

la

solicitud

para

emplazarles

mediante

edictos fue presentada fuera del término reglamentario de

seis

(6)

meses

prescrito

por

la

Regla

4.3(b)

de

Procedimiento Civil 14 , supra, y, como si fuera poco, luego

de expirar la prórroga otorgada inicialmente por el foro

primario

forma,

para

diligenciar

plantearon:

que

sus

los

emplazamientos.

fundamentos

De

aducidos

igual

por

la

demandante para solicitar la ampliación del plazo para el

diligenciamiento de los emplazamientos, “a todas luces” no

satisfacían las exigencias impuestas por la Regla 4.3(b),

supra, y su casuística interpretativa; que la demandante

había

condicionado

el

emplazamiento

de

los

allí

comparecientes a la ayuda de la codemandada Pérez Padilla,

a pesar de que un demandado no viene en forma alguna a

13

14

Íd., págs. 12-20.

Respecto a este extremo, señalaron que la demandante

solicitó los referidos emplazamientos casi dos (2) años

después de radicada la demanda, y tras un año y cuatro (4)

meses de haber expirado el término reglamentario para

emplazarles.

9

CC-2003-608

cooperar con el demandante a esos fines; y, finalmente, que

el incumplimiento con los requisitos estatutarios, tanto en

la solicitud de emplazamiento por edictos como en la orden

del foro primario autorizándolos, acarreaba la nulidad del

edicto publicado y privaba al Tribunal de Primera Instancia

de

jurisdicción

sobre

sus

personas.

Sobre

este

último

asunto, cuestionaron el que la parte demandante no hubiera

presentado,

conjuntamente

emplazamientos

por

acreditativa

de

ni

diciembre

2002,

de

edictos,

las

emplazarles,

con

hubiera

la

su

una

declaración

diligencias

jurado

parte

su

solicitud

de

jurada

efectuadas

demanda. 15

demandante

se

para

El

10

de

opuso

a

la

referida solicitud de desestimación y, el 16 de diciembre

siguiente, los señores Pérez Padilla replicaron al escrito

en oposición.

Estando pendiente ante el foro primario la solicitud

de desestimación, el 20 de diciembre de 2002, la parte

demandante

solicitó

rebeldía

a

los

Padilla.

Alegó

al

referido

foro

que

codemandados

José

Luis

que

le

habían

éstos

no

le

y

anotara

Jason

la

Pérez

notificado

su

contestación a la demanda dentro del plazo de treinta (30)

días

de

haberse

publicado

el

edicto.

Los

señores

Pérez

Padilla se opusieron.

Analizadas las posiciones de ambas partes, el Tribunal

de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de

15

Apéndice, pág. 240.

10

CC-2003-608

desestimación presentada por los señores Pérez Padilla y,

simultáneamente, les anotó la rebeldía. Así lo dispuso en

su Orden fechada 17 de enero de 2003.16

Insatisfechos

primario,

el

20

con

de

las

febrero

determinaciones

de

2003,

los

del

foro

señores

Pérez

Padilla acudieron ante el entonces Tribunal de Circuito de

Apelaciones mediante petición de certiorari.17 El 29 de mayo

de 2003,

el

foro

intermedio

apelativo

expidió

el auto

16

El archivo en autos de copia de su notificación a las

partes se efectuó el 22 de enero de 2003; íd., pág. 40.

17

Señalaron, entre otras cosas, que el Tribunal de Primera

Instancia había incidido al: (i) “no desestimar la causa de

acción en contra de los peticionarios, por falta de

jurisdicción in personam”; (ii) “permitir el emplazamiento

por edictos de los peticionarios, a casi dos años de

presentada la Demanda y a más de un año y seis meses de

haber expirado el término legal para emplazar, cuando de los

autos surgía que desde un principio la demandante conocía

que los peticionarios residían fuera de Puerto Rico y nunca

controvirtieron esa realidad fáctica”; (iii) “permitir el

emplazamiento por edicto de los peticionarios fuera del

término legal, cuando de la prueba de la demandante surgía

que más de un año antes de solicitar emplazar por edictos,

tenía

conocimiento

de

la

dirección

exacta

de

los

demandados”; (iv) “permitir el emplazamiento por edicto, en

ausencia de la presentación de una declaración jurada con la

solicitud y en ausencia de una Demanda Juramentada”; (v)

“permitir el emplazamiento por edicto, mediante una Orden

que expresa haber examinado documentos que acompañaron la

solicitud de dichos emplazamientos, cuando de los autos

surgía que la solicitud se acompaño del proyecto de orden

que firmó el juez y de los proyectos de emplazamientos por

edictos, lo que resultaba insuficiente en Derecho para

autorizar

los

emplazamientos…”;

y

(vi)

“permitir

la

publicación de un edicto que, de su faz, no cumplía con los

preceptos de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil”. Véase

Apéndice II de la petición de certiorari ante nos, págs. 2122.

11

CC-2003-608

solicitado y dictó sentencia revocatoria 18 de las órdenes

recurridas.

Al

así

proceder,

resolvió

que

los

allí

peticionarios habían sido emplazados tardíamente y que la

razón

aducida

por

la

parte

demandante

para

extender

el

término de seis (6) meses prescrito por la Regla 4.3(b),

supra, ya expirado al momento de solicitar la prórroga,

“resultaba insuficiente” en vista de que un demandado no

viene

obligado

a

cooperar

con

el

demandante

en

el

diligenciamiento del emplazamiento. Ante la “ausencia de

justa

causa”,

concluyó

que

el

foro

primario

no

debió

ampliar el plazo para diligenciar los emplazamientos de los

señores Pérez Padilla.

En

esa

misma

línea,

el

foro

intermedio

apelativo

sostuvo lo siguiente:

Surge de autos que inmediatamente luego de haber

sido concedida la prórroga, específicamente desde

el 30 de agosto de 2001, la recurrida ya conocía

las direcciones de los codemandados peticionarios.

Aun así dejó transcurrir la prórroga ya que no fue

hasta el 23 de octubre de 2002 que tramitó

mediante edictos la demanda a los peticionarios.

En esta ocasión la recurrida no adujo razón válida

que justificara la tardanza de más de un año para

entonces proceder a emplazar.19

En

definitiva,

el

tribunal

intermedio

apelativo

concluyó que la demandante no había desplegado diligencia

razonable

para

emplazar

a

los

restantes

miembros

de

la

sucesión Pérez Padilla “dentro de ninguno” de los plazos

18

El archivo en autos de copia de su notificación a las

partes se efectuó el 6 de junio de 2003; véase Apéndice,

pág. 45.

19

Íd.

12

CC-2003-608

concedidos. En consecuencia, dio por desistida con perjuicio

a la demandante de su reclamación en cuanto a los allí

peticionarios.

Toda

vez

que

consideró

que

dicha

determinación disponía de por sí de la controversia medular,

el

Tribunal

discutió

de

los

Circuito

restantes

de

Apelaciones

errores

no

señalados,

atendió

ni

incluyendo

el

relativo a la alegada nulidad del emplazamiento por edictos.

Oportunamente

la

demandante

de

autos

solicitó

foro

intermedio

reconsideración, sin éxito.20

En

desacuerdo

con

la

sentencia

del

apelativo, el 30 de julio de 2003, la demandante de autos

acudió oportunamente ante nos mediante el presente recurso

de

certiorari

21

.

Formuló

los

señalamientos

de

error

siguientes:

ERROR I

Erró, por ser contrario a derecho, el Tribunal de

Circuito de Apelaciones al decretar un no ha lugar

el 23 de junio de 2003, notificada el 30 de junio

de 2003, a una moción de reconsideración a una

sentencia del 29 de mayo de 2003, notificada el 6

de junio de 2003, en la que revoca unas órdenes

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

y

en

consecuencia decreta a la demandante-peticionaria

por desistida con perjuicio de su acción contra

los peticionarios José Luis y Jason Pérez Bonilla

(sic), conforme lo dispuesto en la Regla 4.3(b) de

Procedimiento Civil.

20

Véase Orden de 23 de junio de 2003, archivada en autos el

30 de junio del mismo año; Íd., págs. 66-67.

21

La parte demandada de autos no acudió ante nos con

relación a la falta de atención por el Tribunal de Circuito

de Apelaciones de su planteamiento sobre nulidad del

emplazamiento por edictos.

13

CC-2003-608

ERROR II

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al

decretar una sentencia contraria a la equidad y la

justicia y revocando la facultad discrecional del

Tribunal de Primera Instancia para prorrogar el

diligenciamiento

del

emplazamiento

bajo

las

22

circunstancias de este caso.

Mediante

resolución

de

10

de

octubre

de

2003,

expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido

mediante sus respectivos alegatos y, con el beneficio de

sus argumentos, resolvemos el asunto traído ante nuestra

consideración.

II

Se

revoca

la

sentencia

recurrida

dictada

por

el

tribunal intermedio apelativo en cuanto dio por desistida

con perjuicio la demanda de autos, a tenor con la Regla

4.3(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.

ordena,

la

Instancia

devolución

para

la

del

caso

continuación

al

de

Tribunal

los

de

Se

Primera

procedimientos

de

conformidad con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Rivera Pérez emitió Opinión de Conformidad.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

22

Véase Petición de certiorari ante nos, págs. 5-6.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Providencia Rivera Ocasio

Demandante-Peticionaria

v.

CC-2003-608

Sucesión de José M. Pérez

Rivera, compuesta por José

Luis

Pérez

Padilla,

Iris

Nereida Pérez Padilla y Jason

Pérez Padilla

Demandados-Recurridos

OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR

RIVERA PEREZ.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.

El

mediante

emplazamiento

es

el

le

formalmente

cual

al

se

el

mecanismo

notifica

demandado,

en

procesal

adecuada

virtud

de

y

las

garantías mínimas del debido proceso de ley, que

se ha instado una acción judicial en su contra. De

esta

forma,

el

foro

primario

adquiere

efectivamente jurisdicción sobre la persona del

demandado, quien entonces quedará obligado por el

dictamen que se emita eventualmente. Es a través

del emplazamiento que se garantiza de forma óptima

el

derecho

que

le

asiste

a

comparecer a juicio, ser oído y

todo

demandado

presentar

a

prueba

CC-2003-608

2

a su favor, de así estimarlo conveniente y previo a que se

adjudiquen

derechos. 23

sus

Tribunal

ha

resuelto

efectivo

en

su

que

propósito,

En

para

múltiples

que

deberá

el

tener

ocasiones

este

emplazamiento

sea

una

probabilidad

razonable de informar y notificar al demandado sobre la

acción instada en su contra, de manera tal que éste pueda

hacer una decisión informada sobre si desea o no comparecer

para defenderse.24

Dado

que

el

emplazamiento

constituye

un

elemento

fundamental del derecho constitucional a un debido proceso

de

ley,

sus

Procedimiento

requisitos,

Civil,

deben

estatuidos

cumplirse

en

la

Regla

4

de

estrictamente. 25

Su

inobservancia priva al tribunal de jurisdicción sobre la

persona

del

demandado

para

considerar

y

resolver

la

controversia planteada ante sí.26

23

Véase Global Gas, Inc. v. Salaam Realty, res. el 6 de abril

de 2005, 2005 T.S.P.R. 42; Datiz Vélez v. Hosp. Episcopal San

Lucas, 2004 T.S.P.R. 152; Medina Garay v. Medina Garay, 2004

T.S.P.R. 75; Rivera Báez v. Jaume Andújar, 2002 T.S.P.R. 100;

Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 2002 T.S.P.R. 31; Quiñones

Román v. Compañía ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000); First Bank

of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, 144 D.P.R. 901, 913 (1998);

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 D.P.R. 137, 142-43 (1997).

24

Véase Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra; Quiñones Román

v. Compañía ABC, supra; Márquez Resto v. Barreto Lima, supra;

Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991).

25

Véase 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4; Global Gas, Inc. v. Salaam

Realty, supra; Datiz Vélez v. Hosp. Episcopal San Lucas,

supra; Medina Garay v. Medina Garay, supra; Rivera Báez v.

Jaume Andújar, supra; Quiñones Román v. Compañía ABC, supra;

First Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, supra; Rodríguez

v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986).

26

Véase Global Gas, Inc., supra; Datiz Vélez, supra; Álvarez

Elvira, supra; First Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional,

CC-2003-608

3

Por resultar de particular relevancia al caso que nos

ocupa,

examinemos

Procedimiento

lo

Civil,

dispuesto

supra.

por

La

la

Regla

antedicha

4.3(b)

de

disposición

reglamentaria lee como sigue:

[e]l emplazamiento será diligenciado en el término

de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho

término sólo podrá ser prorrogado por un término

razonable

a

discreción

del

tribunal

si

el

demandante demuestra justa causa para la concesión

de la prórroga y solicita la misma dentro del

término original. Transcurrido el término original

o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere

sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por

desistida con perjuicio. (Énfasis suplido).27

En

ocasión

de

interpretar

la

disposición

antes

transcrita, hemos resuelto que el término de seis (6) meses

para

diligenciar

el

emplazamiento,

el

cual

es

de

cumplimiento estricto 28 , comienza a transcurrir a partir de

la presentación de la demanda, y no desde la fecha en que el

emplazamiento

referida

es

expedido

regla.

29

como

Ello

expresamente

porque,

de

establece

ordinario,

la

los

emplazamientos se expiden inmediatamente por el Secretario

supra;

supra.

Márquez

v.

Barreto,

supra;

Rodríguez

v.

Nasrallah,

27

Subyacentes a la regla en cuestión se encuentran los

propósitos cardinales de acelerar la litigación, promover

que las partes ejerzan la debida diligencia y despejar los

calendarios judiciales en las etapas tempranas del pleito.

Véase Monell Cardona v. Aponte, 146 D.P.R. 20, 26 (1998);

Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, 110 D.P.R. 721, 724

(1981).

28

29

Global Gas, Inc., supra; López v. Porrata-Doria, supra.

Véase Datiz Vélez, supra; Monell Cardona v. Aponte,

supra; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, sec. 2007, LexisNexis, 1999.

CC-2003-608

4

del Tribunal al presentarse la demanda. 30 “Se trata de un

trámite

ministerial,

automático,

subsiguiente

a

la

presentación de la demanda, como evento inmediato que da

inicio a la acción civil.”31

Desde Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra,

este

Tribunal

ha

reconocido

reiteradamente

la

facultad

discrecional que ostenta el foro primario, al amparo de la

Regla 68.2 de Procedimiento Civil 32 , para prorrogar por un

período razonable el término de seis (6) meses prescrito por

la Regla 4.3(b), supra, inclusive cuando este remedio se

solicite

después

de

expirado

el

término

reglamentario,

siempre y cuando la parte promovente demuestre justa causa

para ello y no haya abuso de discreción por parte del foro

primario. 33 La discreción es el instrumento más poderoso

reservado a los jueces para hacer justicia 34 ; sin embargo,

ésta no puede ejercitarse en el vacío ni de modo arbitrario,

sino que invariablemente debe haber razón bien fundada que

mueva

la

conciencia

judicial

hacia

la

concesión

de

la

30

Véase Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III; Datiz Vélez, supra; Monell Cardona, supra, pág. 24.

31

Monell Cardona v. Aponte, supra.

32

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.2

33

Véase Monell Cardona, supra; First Bank of P.R. v.

Inmobiliaria Nacional, supra, pág. 914; López v. PorrataDoria, 140 D.P.R. 96, 102 (1996); In re Fernández Torres,

122 D.P.R. 859 (1988); Lugo Rodríguez v. Municipio, 111

D.P.R. 679, 680 (1981); Banco Metropolitano v. Berríos

Marcano, supra.

34

Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra, pág. 725.

CC-2003-608

5

prórroga solicitada. 35 Así pues, recae sobre la parte actora

la

carga

de

justificar,

con

referencia

a

los

hechos

y

circunstancias meritorias del caso, la razón o motivo para

no haber emplazado dentro del término original prescrito por

la Regla 4.3(b), supra. 36 A los fines de que un tribunal

revisor pueda descargar su función cuando se recurra contra

una decisión respecto a este asunto, la moción de la parte

promovente deberá exponer, de modo afirmativo y en forma

específica, la razón constitutiva de justa causa para la

extensión del término ya vencido, sobre la cual pueda operar

la

discreción

judicial;

justificación

que

necesariamente

debe estar atada al sentido de justicia que impregna la

reclamación del demandante.37

Como vemos, la Regla 4.3(b), supra, dispone que sólo se

concederá una prórroga para diligenciar un emplazamiento si

mediare “justa causa” y ésta se solicitara dentro del plazo

reglamentario de seis (6) meses. Sin embargo, a través de su

jurisprudencia,

este

Tribunal

ha

‘flexibilizado’

los

requerimientos de dicha regla para brindarle la oportunidad

a

los

demandantes,

de

mediar

justa

causa

para

ello,

de

solicitar una extensión del término reglamentario después de

agotado

el

plazo

original,

de

manera

que

no

proceda

la

35

Monell Cardona, supra; Lugo Rodríguez v. Municipio,

supra; Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra.

36

Monell Cardona, supra, pág. 27; First Bank of P.R. v.

Inmobiliaria Nacional, supra; Lugo Rodríguez v. Municipio,

supra, págs. 680-81.

37

First Bank of P.R., supra, pág. 915; véase también, Lugo

Rodríguez v. Municipio, supra.

CC-2003-608

6

severa sanción de desistimiento de la demanda con perjuicio.

No obstante, para ello siempre será necesario que la parte

demandante justifique con especificidad la razón o motivo

para su inacción dentro del plazo original.

A

la

luz

de

la

normativa

procesal

antes

esbozada,

analicemos la actuación del foro intermedio apelativo de dar

a la señora Rivera Ocasio por desistida con perjuicio de su

demanda en cuanto a los recurridos, señores José Luis y

Jason Pérez Padilla.

La parte demandante, aquí peticionaria, sostiene que el

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones erró al así

proceder. Arguye que un examen de las circunstancias del

presente caso, a tenor con la jurisprudencia interpretativa

de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, revela que

la

drástica

sanción

impuesta

por

el

foro

intermedio

apelativo

era

improcedente.

Plantea,

autorizar

el

emplazamiento

por

edictos

de

los

foro

lo

que

fue

ejercitar

le

reconoce

recurridos,

el

correctamente

la

primario

facultad

asimismo,

hizo

discrecional

que

que

al

aquí

nuestro ordenamiento para extender el término reglamentario

de seis (6) meses provisto por la Regla 4.3(b), supra, para

el

diligenciamiento

de

los

emplazamientos.

38

Por

el

contrario, los recurridos sostienen que el foro intermedio

apelativo actuó correctamente al desestimar con perjuicio la

demanda toda vez que la parte peticionaria no demostró la

razón constitutiva de “justa causa” que le impidió solicitar

38

Véase Petición de certiorari ante nos, págs. 11-13.

CC-2003-608

7

y diligenciar los emplazamientos por edictos de conformidad

con la Regla 4.3(b), supra.

Según el trasfondo procesal previamente consignado, la

señora Rivera Ocasio presentó su demanda sobre división de

comunidad de bienes contra los causahabientes del finado

José M. Pérez Rivera con fecha de 1 de diciembre de 2000.

Ese

mismo

día,

la

Instancia

expidió

codemandada

Iris

Secretaría

el

Nereida

del

Tribunal

emplazamiento

Pérez

de

Primera

dirigido

a

la

hermana

de

los

Padilla,

recurridos. En aquel entonces, la señora Rivera Ocasio no

sometió, para su correspondiente expedición, los proyectos

de emplazamiento dirigidos a los restantes componentes de

la

sucesión,

los

codemandados

José

Luis

y

Jason

Pérez

Padilla. Ello porque, a pesar de estar al tanto de que

éstos vivían en Estados Unidos, alegadamente ignoraba sus

respectivas direcciones residenciales. El emplazamiento a

la codemandada Pérez Padilla fue diligenciado personalmente

el

10

de

diciembre

del

mismo

año;

esto

es,

dentro

del

término de seis (6) meses prescrito por la Regla 4.3(b),

supra.

No fue hasta el 3 de julio de 2001, siete (7) meses

después de haber radicado su demanda, que la señora Rivera

Ocasio acudió al foro primario solicitando que prorrogara el

término reglamentario para diligenciar los emplazamientos de

los recurridos. En apoyo de su solicitud, adujo que todavía

desconocía las direcciones residenciales de éstos, a pesar

de habérselas requerido a su hermana, la codemandada Iris

CC-2003-608

8

Nereida Pérez Padilla. De igual forma, anticipó que, de no

obtener

la

información

requerida,

habría

de

pedir

seguidamente autorización al tribunal para diligenciar los

emplazamientos de los recurridos mediante edictos. El foro

primario

acogió

la

solicitud

de

la

parte

demandante,

concediendo una prórroga de treinta (30) días a contarse

desde

la

fecha

en

que

la

codemandada

Pérez

Padilla

le

suministrara las direcciones en cuestión.

Así las cosas, mediante carta fechada 30 de agosto de

2001,

la

representación

legal

de

la

codemandada

Pérez

Padilla le proveyó a la demandante las direcciones exactas

de los codemandados no residentes en Puerto Rico. A pesar

de lo anterior, no fue hasta el 4 de septiembre de 2002,

esto

es,

casi

un

año

después

de

expirada

la

prórroga

concedida por el foro primario para el diligenciamiento de

los emplazamientos, que la parte demandante presentó ante

dicho foro una moción para emplazar por medio de edictos a

los

señores

José

Luis

y

Jason

Pérez

Padilla.

En

esta

ocasión, arguyó que no había actuado dentro del término de

la prórroga otorgada pues entendía que los procedimientos

ante el Tribunal de Primera Instancia estaban paralizados;

ello porque a la fecha de la concesión de la prórroga, el

foro

intermedio

apelativo

aún

no

había

dilucidado

la

controversia en torno a la falta de jurisdicción sobre los

señores Pérez Padilla, ni la cuestión sobre la invalidez de

la orden de embargo dictada ex parte por el foro primario.

Posteriormente,

reiteró

que

había

estimado

“razonable

y

CC-2003-608

prudente”

9

aguardar

apelativo

por

la

resolviendo

sentencia

dichos

del

foro

intermedio

asuntos

para

entonces

continuar con las gestiones dirigidas a emplazar a los aquí

recurridos.39

Transcurridos casi dos (2) años de haberse interpuesto

la demanda de marras, el 9 de octubre de 2002, el Tribunal

de

Primera

Instancia

dispuso

finalmente

que

los

emplazamientos de los codemandados José Luis y Jason Pérez

Padilla

se

hicieran

mediante

edictos,

los

cuales

fueron

publicados el 23 de octubre de 2002 en el periódico El

Nuevo Día.

En vista del cuadro procesal antes descrito, no podemos

más

que

coincidir

con

el

criterio

apelativo

de

que,

evidentemente,

desplegó

la

diligencia

del

la

razonable

foro

parte

para

intermedio

demandante

diligenciar

no

los

emplazamientos de los aquí recurridos dentro del término

original dispuesto por la Regla 4.3(b), ni en el término de

la

prórroga

dispuesta

a

esos

fines

por

el

Tribunal

de

Primera Instancia. La señora Rivera Ocasio incumplió con

ambos

términos,

careciendo

de

“justa

causa”

para

así

hacerlo.40

39

40

Véase Apéndice, págs. 192-94.

A poco que examinamos el expediente del caso que nos

ocupa,

se

desprende

que

la

parte

demandante

tenía

conocimiento de las direcciones exactas de los recurridos al

menos desde el 30 de agosto de 2001. En consecuencia, ésta

tuvo casi un año, antes de formular su solicitud de

emplazamiento

por

edictos,

para

intentar

emplazar

personalmente a los codemandados no residentes en Puerto

Rico, mas no lo hizo.

CC-2003-608

10

Entendemos que la parte demandante tenía disponibles

los

distintos

mecanismos

de

descubrimiento

de

prueba

contemplados en nuestro ordenamiento procesal civil para

obtener oportunamente las últimas direcciones conocidas de

los

aquí

recurridos

y

de

ahí

proceder

a

emplazarlos

conforme a derecho. 41 A modo de ejemplo, la señora Rivera

Ocasio

bien

codemandada

pudo

Iris

notificarle

Nereida

un

Pérez

interrogatorio

Padilla

a

la

requiriéndole

la

información en cuestión.

En el caso ante nos, la peticionaria sostiene que la

codemandada Pérez Padilla tardó aproximadamente ocho (8)

meses en proveerle las direcciones de los recurridos, a

pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieran a

a esos efectos, incluyendo los efectuados durante la toma

de una deposición. 42 Sin embargo, cabe destacar que nada en

el

expediente

requerimientos

nos

en

convence

efecto

se

de

que

hicieran.

los

múltiples

Reconocemos

que,

conforme a la Regla 67.4 de Procedimiento Civil 43 , las

partes no tienen la obligación procesal de presentar en el

tribunal, entre otros documentos, los interrogatorios que

le

notifiquen

a

la

parte

descubrimiento

de

prueba,

así

contraria

como

como

contestaciones

las

parte

del

a

éstos, hasta tanto sea necesaria su utilización en los

41

Véase, a modo ilustrativo, Nuñez

Miranda, 122 D.P.R. 134, 143 (1988).

42

Véase Apéndice, pág. 192.

43

Véase 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 67.4

González

v.

Jiménez

CC-2003-608

11

procedimientos o su radicación sea ordenada por el tribunal

motu proprio o a moción de parte interesada. No obstante,

consideramos que de haber la señora Rivera Ocasio realizado

los diversos requerimientos que alega, ésta debió hacerlo

constar ante el foro primario mediante la presentación de

los

escritos

o

documentos

pertinentes,

de

manera

que

demostrara las diligencias efectuadas para localizar a los

recurridos y emplazarles oportunamente.

Además,

no

podemos

perder

de

perspectiva

que

la

codemandada Pérez Padilla en forma alguna venía obligada a

cooperar

con

la

diligenciamiento

de

demandante-peticionaria

los

emplazamientos

en

el

a

los

restantes

en

que

la

miembros de la sucesión.44

Ahora

bien,

aunque

nos

reafirmamos

demandante,

aquí

peticionaria,

diligencia

para

emplazar

no

parte

actuó

con

la

debida

oportunamente

a

los

aquí

recurridos y tampoco adujo una razón válida en derecho para

44

Dado que el emplazamiento es un imperativo constitucional

del debido proceso de ley, hemos resuelto que en forma

alguna viene obligado un demandado a cooperar con el

demandante en la realización por éste del diligenciamiento

del emplazamiento. Los demandados tienen un derecho a ser

emplazados

conforme

a

derecho

y

existe

en

nuestro

ordenamiento una política pública de que la parte demandada

debe ser emplazada debidamente para evitar fraude y que se

utilicen procedimientos judiciales para privar a una persona

de su propiedad sin el debido proceso de ley. Véase Quiñones

Román v. Compañía ABC, supra, pág. 375; First Bank of P.R.

v. Inmobiliaria Nacional, supra, pág. 916. Esta política

pública pone todas las exigencias y requisitos sobre los

hombros del demandante, no sobre los demandados. Véase First

Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, supra. A causa de lo

anterior, le corresponde al demandante realizar a través de

los medios provistos por ley, todos los actos necesarios

para conferir al tribunal completa jurisdicción sobre la

persona del demandado. Véase Álvarez Elvira, supra.

CC-2003-608

12

ello, no podemos refrendar el curso de acción tomado por el

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones de dar a la

parte actora por desistida con perjuicio de su demanda en

cuanto a los recurridos, señores José Luis y Jason Pérez

Padilla.

La

determinación

del

foro

intermedio

apelativo

tiene el efecto de una adjudicación en los méritos, con el

consabido

resultado

juzgada. 45

Por

la

de

que

naturaleza

tendrá

autoridad

particular

de

de

la

cosa

situación

fáctica ante nos, la aplicación literal por parte del foro

intermedio apelativo de la norma adjetiva establecida en la

Regla

4.3(b)

de

Procedimiento

Civil,

conduce

supra,

al

resultado antijurídico de la indivisión indefinida de una

comunidad de bienes. La decisión del tribunal a quo revela

cómo

las

normas

procesales,

en

determinadas

ocasiones,

parecen adquirir vida propia, sin que haya razón válida que

así lo amerite.

Reiteramos, una vez más, que al interpretar nuestras

Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como

principio rector, que éstas no tienen vida propia, sólo

existen

para

viabilizar

la

consecución

del

derecho

sustantivo de las partes. 46 En ocasiones, en nuestro afán de

hacer

valer

las

reglas,

las

aplicamos

literalmente;

sin

embargo, debemos evitar convertirnos en prisioneros de la

45

46

Véase R. Hernández Colón, op cit., sec. 2007.

Véase Pérez Santos v. Comisión de Relaciones del Trabajo

del Servicio Público, 2002 T.S.P.R. 133; Soc. de Gananciales

v. García Robles, 142 D.P.R. 241, 258 (1997); Núñez González

v. Jiménez Miranda, supra, pág. 144; Dávila v. Hosp. San

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986).

CC-2003-608

13

tiesa construcción de una norma procesal. Cuando una regla

procesal

no

pueda

armonizarse

en

su

aplicación

con

el

derecho sustantivo de una parte, la primera forzosamente

tiene que ceder pues no puede dar base a que el derecho

sustantivo

que

viene

llamada

a

viabilizar

sucumba

ante

ésta.47

Las alegaciones contenidas en la demanda presentada por

la

señora

communi

Rivera

Ocasio

dividundo,

que

pretenden,

se

ordene

mediante

a

los

la

acción

codemandados,

miembros de la sucesión de José M. Pérez Rivera, a proceder

con la división de la comunidad de bienes resultante de la

herencia y que se le entregue a la demandante un cincuenta

por ciento (50%) de las ganancias producto de su esfuerzo y

trabajo

durante

la

relación

concubinaria

pública

que

mantuviera con el causante por espacio de diecisiete (17)

años.48

47

Véase M & R Developers, S.E. v. Banco Gubernamental de

Fomento, 2001 T.S.P.R. 34; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573,

586 (1972). Véase además, el Art. V, sec. 6 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1

L.P.R.A., el cual dispone, en lo pertinente, que: “El

Tribunal Supremo adoptará para los tribunales, reglas de

evidencia y de procedimiento civil y criminal que no

menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las

partes. (Énfasis suplido).

48

El interés propietario de los concubinos con respecto a

los bienes adquiridos o que hayan incrementado de valor

vigente la relación, ha sido reconocido en nuestro

ordenamiento. Dicho interés propietario puede surgir como

pacto expreso; como pacto implícito que se desprende

espontáneamente de la relación humana y económica existente

entre las partes durante el concubinato, y como un acto

justiciero para evitar el enriquecimiento injusto. Véase

Cruz Ayala v. Rivera Pérez, 141 D.P.R. 44, 52 (1996) y casos

allí citados; véase también E. Vázquez Bote, Derecho Civil

CC-2003-608

14

El Art. 326 del Código Civil de Puerto Rico establece

que “[h]ay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un

derecho

pertenece

pro

indiviso

(Énfasis

suplido.)

Toda

vez

a

que

varias

poseen

personas.”

49

características

comunes que las enlazan en similaridad, nuestro Código Civil

ordena que las reglas concernientes a la división de la

comunidad

hereditaria,

siempre

que

no

haya

conflicto

o

incompatibilidad, serán aplicables a la división entre los

partícipes de la comunidad.50

De otra parte, en cuanto a la división de la cosa

común se refiere, el Art. 334 del Código Civil preceptúa lo

siguiente:

[n]ingún copropietario está obligado a permanecer

en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en

cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto

no obstante, será válido el pacto de conservar la

cosa indivisa por tiempo determinado, que no

exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse

por nueva convención.51 (Énfasis suplido).

La acción para pedir la división de la propiedad común

es imprescriptible. Así lo dispone el Art. 1865 de nuestro

Código Civil. 52 Citando con aprobación los comentarios de

de Puerto Rico, San Juan, FAS, Ediciones Jurídicas, 1974,

Tomo II, págs. 283-84.

49

Véase 31 L.P.R.A. sec. 1271; Ortiz

Roberts, 103 D.P.R. 628, 631 (1975).

Roberts

v.

Ortiz

50

Véase Art. 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285;

Díaz v. Registrador, 107 D.P.R. 233, 236 (1978); Cruz v.

Sucesión Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 588 (1969); Shivell v.

Barber y Boscio, 92 D.P.R. 400, 410 (1965).

51

52

31 L.P.R.A. sec. 1279

Véase 31 L.P.R.A. sec. 5295. El citado artículo lee como

sigue: “No

prescribe

entre

coherederos,

condueños o

CC-2003-608

15

Manresa y Scaevola, este Tribunal ha reconocido que nuestro

Código Civil desalienta y repudia la comunidad, fuente de

desavenencias que dificultan su administración y degenera en

obstáculo al fomento de la propiedad, la industria y la

riqueza. Hacia el objetivo de extinguir la copropiedad se

dirige,

entre

otros,

el

antedicho

declarar

que

ningún

copropietario

permanecer

ad

perpetuam

en

Art.

indivisión

334,

estará

supra,

al

obligado

a

forzosa,

expresión

ésta que concreta la imprescriptibilidad de las acciones

para solicitar la división de la propiedad común.53

propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la

partición de la herencia, la división de la cosa común o el

deslinde de las propiedades contiguas.”; véase además, Ortiz

Roberts v. Ortiz Roberts, supra, pág. 630.

53

Véase Ortiz Roberts, supra. Sobre este particular, señala

Vázquez Bote lo siguiente:

Es fórmula ampliamente repetida, que las situaciones

de

conjunción

o

concurso

subjetivo

sobre

un

determinado objeto resultan antieconómicas, ya que

suelen provocar dificultades de administración y,

desde luego, un desmerecimiento en el valor en cambio.

En un plano jurídico, suele expresarse que, no

obstante la posible perfección que pueda alcanzarse en

la regulación –prevención- de tales situaciones, el

conflicto no es inevitable; por el contrario, se

producen abundantes ocasiones de desavenencias, fuente

de correspondientes perturbaciones y de litigios. De

ahí que los Ordenamientos tiendan siempre a facilitar

la desaparición de las situaciones de comunidad,

reconociendo amplias oportunidades de provocar la

división

de

la

cosa

tenida

en

común.

Cada

copropietario, pues, puede pedir “en cualquier tiempo

que se divida la cosa común” (art. 334, párrafo

primero, C.c.), no estando ningún copropietario

obligado a permanecer en la comunidad (art. 334,

párrafo primero, proposición primera, C.c.).

No establece la ley ningún requisito especial para

provocar la división de la cosa común. El hecho de una

situación de indivisión autoriza desde luego a

pretender la división misma, incluso aunque con ello

CC-2003-608

16

Por último, es requisito esencial para el ejercicio de

la acción communi dividundo que ésta se dirija contra todos

los partícipes o comuneros con el fin de que no resulte

ineficaz la sentencia que se dicte para hacer efectiva la

división de la cosa poseída pro indiviso y en común. 54 Por

ende, para que pueda prosperar la acción ejercitada por la

señora Rivera Ocasio, es necesario que ésta haya traído a la

jurisdicción

del

tribunal

a

todos

los

partícipes

de

la

comunidad, quienes son partes indispensables en el pleito

sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia.55

se origine un desmerecimiento de la cosa, pues, como

tiene declarado la jurisprudencia, “el derecho del

comunero a no permanecer en la comunidad no está

supeditado a que la división no haga desmerecer el

valor de la cosa poseída en común; sólo en el caso de

que ésta se destruya es que puede coartarse y anularse

aquel derecho.” . . .

A este espíritu responde el art. 1.865, C.c., al

declarar que no prescribe la acción para dividir la

cosa común: “no prescribe entre coherederos, condueños

o propietarios de fincas colindantes la acción para

pedir la partición de la herencia, la división de la

cosa

común

o

el

deslinde

de

las

propiedades

contiguas”. Véase E. Vázquez Bote, Tratado teórico,

práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño,

New Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993,

Tomo VIII, Derechos Reales II, págs. 19-20. (Énfasis

suplido).

54

Véase Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861, 866 (1986);

Passalacqua v. Passalacqua, 87 D.P.R. 587, 595-96 (1963).

55

Véase Sucesión Collazo v. Borrás, 26 D.P.R. 482 (1918).

Una parte indispensable es aquella persona cuyos derechos e

intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente

afectados por una sentencia dictada estando dicha persona

ausente del litigio. Véase Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Fred Reyes v. E.L.A., 150 D.P.R.

599 (2000); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698

(1993).

CC-2003-608

En

17

el

caso

que

hoy

nos

atañe,

enfrentamos

la

dificultosa tarea de armonizar dos disposiciones, una de

carácter

puramente

claramente

no

tenemos

el

son

procesal

y

conciliables

mandato

otra

entre

expreso

de

sustantiva,

sí.

la

De

Regla

una

que

parte,

4.3(b)

de

Procedimiento Civil, supra, de dar a la peticionaria por

desistida

con

perjuicio

de

su

reclamación

contra

los

recurridos, por ésta haber diligenciado sus emplazamientos

inoportunamente sin que mediara “justa causa” para ello. De

otra, tenemos el derecho sustantivo absoluto que le asiste a

la

peticionaria,

consagrado

en

el

Art.

334

del

Código

Civil, supra, a no permanecer ad perpetuam en comunidad

forzosa con los codemandados; derecho que, dicho sea de

paso, es imprescriptible.

Somos del criterio que, en situaciones tan particulares

como la de autos, merecedoras de un enfoque especial, la

norma procesal que emana de la Regla 4.3(b), supra, no puede

tener el efecto de imposibilitar que un comunero ejercite su

derecho sustantivo absoluto a solicitar la división de la

comunidad de bienes en cualquier momento. Inclinarnos por

una aplicación literal de las disposiciones de la Regla

4.3(b) al caso que nos ocupa, conduciría, en la práctica, a

la derrota de un derecho esencial concebido por el Art. 334

del

Código

certeza,

le

Civil,

haría

supra.

un

Curso

flaco

primordial de hacer justicia.

de

acción

servicio

a

que,

con

nuestro

toda

deber

CC-2003-608

18

En vista de que en cualquier tiempo, pues, se puede

ejercitar la potestad disolutoria de la comunidad de bienes,

sin que obste a ello cualquier circunstancia intercedente,

es

imperativo

que,

como

acto

justiciero,

rechacemos

una

aplicación de la Regla 4.3(b) con excesivo rigor literal y,

en

su

lugar,

garanticemos

el

derecho

sustantivo

de

la

peticionaria a la actio communi dividundo.

De prevalecer la decisión del foro intermedio apelativo

de desestimar con perjuicio la demanda de la señora Rivera

Ocasio en cuanto a los aquí recurridos, dictamen que tendría

efecto de cosa juzgada, ello impediría que la comunidad de

bienes

existente

entre

la

señora

Rivera

Ocasio

y

los

codemandados, como consecuencia de la muerte del causante,

sea dividida. Es decir, la actuación del foro intermedio

apelativo

conduciría

al

inaceptable

resultado

de

que

la

parte aquí peticionaria tuviera que permanecer ad perpetuam

en indivisión forzosa con los codemandados.

Analizada la situación fáctica procesal del presente

caso, a la luz de los principios normativos que preceden,

concluimos que el curso de acción más justo y apropiado era,

precisamente el adoptado por el foro primario, permitir el

diligenciamiento, aunque tardío, de los emplazamientos a los

recurridos de forma tal que la parte demandante pudiera

ejercer plenamente la actio communi dividundo contra todos

los partícipes de la comunidad. Por consiguiente, erró el

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar

CC-2003-608

19

con perjuicio la demanda de la peticionaria, en cuanto a los

aquí recurridos.

EFRAIN E. RIVERA PEREZ

JUEZ ASOCIADO