Tribunal Supremo de Puerto Rico
Providencia Rivera Ocasio v. Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por José Luis Pérez Padilla, Iris Nereida Pérez Padilla y Jas o n Pérez Padilla
2005 TSPR 97
Poder Judicial de Puerto Rico
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Providencia Rivera Ocasio v. Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por José Luis Pérez Padilla, Iris Nereida Pérez Padilla y Jas o n Pérez Padilla
CC-2003-0608
30 de junio de 2005 · Término para D i ligenciamiento de Emplazamiento
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Providencia Rivera Ocasio
Certiorari
Demandante-Peticionaria
2005 TSPR 97
v.
164 DPR ____
Sucesión de José M. Pérez
Rivera, compuesta por José
Luis Pérez Padilla, Iris
Nereida Pérez Padilla y Jasón
Pérez Padilla
Demandados-Recurridos
Número del Caso: CC-2003-608
Fecha: 30 de junio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional de Bayamón-Panel II
Juez Ponente:
Hon. Guillermo Arbona Lago
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harry Anduze Montaño
Lcdo. Héctor A. Sostre Narváez
Lcdo. Rafael A. García López
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Marisel Peña Senati
Materia: Daños y Perjuicios
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Providencia Rivera Ocasio
Demandante-Peticionaria
v.
CC-2003-608
Sucesión de José M. Pérez
Rivera, compuesta por José
Luis
Pérez
Padilla,
Iris
Nereida Pérez Padilla y Jason
Pérez Padilla
Demandados-Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
Mediante el recurso de certiorari ante nos, la
peticionaria
solicita
emitida
por
el
Apelaciones
con
virtud
dictamen
del
que
revisemos
entonces
Tribunal
fecha
29
de
de
recurrido,
una
de
mayo
el
sentencia
Circuito
de
de
En
foro
2003.
intermedio
apelativo revocó una orden dictada por el Tribunal de
Primera
Instancia
que,
entre
otras
cosas,
había
declarado sin lugar una moción de desestimación por
falta de jurisdicción in personam presentada por los
aquí
recurridos,
señores
José
Luis
y
Jason
Pérez
Padilla. El tribunal intermedio apelativo dio a la
peticionaria
por
desistida
con
perjuicio
de
su
2
CC-2003-608
reclamación contra
los
incumplido
dispuesto
con
lo
recurridos
Procedimiento Civil 1 .
por
por
la
ésta
Regla
haber
4.3(b)
de
No atendió el asunto que le fue
planteado por la parte demandada de autos, relativo a la
nulidad
del
jurisdicción
emplazamiento
por
del
de
Tribunal
edictos
Primera
y
a
la
falta
de
Instancia
sobre
su
persona.
I
El
1
de
diciembre
de
2000,
la
señora
Providencia
Rivera Ocasio (en adelante “señora Rivera Ocasio”) instó
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón, una demanda sobre división de comunidad de bienes
contra la Sucesión de José M. Pérez Rivera, compuesta por
sus
hijos
José
Luis,
Jason
apellidos
Pérez
Padilla.
En
e
Iris
breve
Nereida,
síntesis,
todos
alegó
de
haber
mantenido por espacio de diecisiete (17) años una relación
concubinaria
pública,
a
manera
de
matrimonio,
con
el
causante de los codemandados, durante la que contribuyó con
su esfuerzo y trabajo a la creación de una comunidad de
intereses
económicos
entre
ambos.
En
razón
de
ello,
solicitó que se le declarara acreedora en un cincuenta por
ciento
(50%)
concubinato,
de
las
estimadas
ganancias
en
acumuladas
trescientos
durante
mil
el
dólares
($300,000), y que se le entregara dicha participación. Ese
1
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.3(b)
3
CC-2003-608
mismo día la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
expidió
el
emplazamiento
dirigido
a
la
codemandada
Iris
Nereida Pérez Padilla. 2 La parte demandante no sometió en
aquel
entonces,
emplazamiento
para
su
dirigidos
a
expedición,
los
los
restantes
proyectos
miembros
de
de
la
sucesión, los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla.
Ello porque, a pesar de estar al tanto de que éstos vivían
en Estados Unidos, alegadamente desconocía sus respectivas
direcciones residenciales.
Junto a la demanda, y en aseguramiento de la sentencia
que pudiera recaer a su favor, la señora Rivera Ocasio
acompañó
una
solicitud
“bienes
comunes”
de
depositados
embargo
en
el
sobre
Banco
determinados
Santander,
sucursal de Bayamón Center. El 13 de diciembre de 2000, el
foro primario acogió la petición de la demandante, dictando
una orden de embargo sin la celebración de vista previa.3
2
El referido emplazamiento fue diligenciado personalmente
el 10 de diciembre de 2000.
3
Insatisfecha con el embargo trabado, la codemandada
Pérez
Padilla
presentó
oportunamente
una
moción
de
reconsideración, la cual fue discutida durante una vista
celebrada el 8 de junio de 2001. En igual fecha, el Tribunal
de Primera Instancia expidió una orden en la que redujo el
monto del embargo a la mitad, liberando así la otra mitad de
los fondos a favor de los hijos del causante.
Aún inconforme, el 18 de julio de 2001, la codemandada
acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones
vía recurso de certiorari. Mediante sentencia emitida el 31
de julio de 2002, el foro intermedio apelativo revocó la
orden allí recurrida y levantó el embargo sobre los bienes
en cuestión. Al así resolver, sostuvo lo siguiente: “[l]o
dispuesto en esta sentencia no es óbice para que el tribunal
a quo, de así solicitarlo la parte interesada, señale una
vista para entender en una solicitud de embargo preventivo
4
CC-2003-608
Con fecha de 2 de enero de 2001, la codemandada Iris
Nereida Pérez Padilla presentó su contestación a la demanda
de autos, negando las alegaciones principales de la misma.
A la par, reconvino contra la parte demandante.4 Tras varios
trámites procesales, el 28 de junio de 2001, la codemandada
Pérez
Padilla
compareció
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia solicitando la desestimación de la demanda por
falta de parte indispensable. 5 Adujo, inter alia, que la
parte demandante ni siquiera había solicitado la expedición
de los emplazamientos a los restantes componentes de la
sucesión, quienes son “partes indispensables en el pleito.”
Sostuvo,
demora
asimismo,
incurrida
que
por
no
la
había
“justa
causa”
para
la
parte
actora
en
solicitar
y
diligenciar los referidos emplazamientos.
Transcurridos
más
de
siete
(7)
meses
desde
la
interposición de la demanda, el 3 de julio de 2001, la
parte
demandante
respondió
con
una
solicitud
al
foro
siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido
en la[s] Regla[s] 56.1, 56.2 y 56.3 de Procedimiento Civil,
supra. Previo a ello, las partes interesadas deberán haber
sido emplazadas conforme a derecho.” (Énfasis suplido).
Contra dicha sentencia la parte demandante interpuso
ante nos una petición de certiorari, acompañada de una
moción en auxilio de nuestra jurisdicción. Ambas fueron
declaradas sin lugar mediante resolución de 6 de septiembre
de 2002, notificada a las partes el 10 de septiembre del
mismo año. Véase Apéndice de la petición de certiorari ante
nos (en lo sucesivo “Apéndice”), págs. 106-09; 112-15; 11921; 128-29; 136-38; 143-46; 165-173.
4
La señora Rivera Ocasio contestó la reconvención en su
contra el 23 de mayo de 2001.
5
Íd., págs. 150-53.
5
CC-2003-608
primario para que extendiera el término reglamentario de
seis
(6)
meses
Procedimiento
provisto
Civil,
por
supra,
la
Regla
para
4.3(b)
diligenciar
de
los
emplazamientos a los codemandados José Luis y Jason Pérez
Padilla.
6
Arguyó
que
aún
desconocía
las
direcciones
residenciales de éstos, a pesar de requerir tal información
de su hermana, la codemandada Iris Nereida Pérez Padilla.
De paso, anticipó que, de no obtener la información en
cuestión, habría de solicitar autorización al tribunal para
realizar los referidos emplazamientos mediante edictos. Por
último, procuró una prórroga para replicar a la moción de
desestimación por falta de parte indispensable. El 23 de
agosto de 2001, el Tribunal de Primera Instancia concedió
ambas prórrogas a la parte demandante. 7 Con respecto a la
solicitud de desestimación presentada por la codemandada
Pérez Padilla, dicho foro le otorgó un término de veinte
(20) días a la demandante para que respondiera a la misma.
Así las cosas, mediante comunicación escrita fechada 30
de
agosto
de
2001,
codemandada
Pérez
demandante
las
la
Padilla
direcciones
representación
le
proveyó
exactas
de
legal
de
la
finalmente
a
la
los
coherederos
6
En específico, solicitó un plazo adicional de treinta (30)
días a ser contados desde la fecha en que la codemandada
Pérez Padilla le notificara finalmente las direcciones
residenciales de sus hermanos.
7
Véase Órdenes de 23 de agosto de 2001, archivadas en autos
el 30 de agosto del mismo año; Apéndice, págs. 176-77.
6
CC-2003-608
demandados, no residentes en Puerto Rico. 8 A pesar de ello,
no fue sino hasta el 4 de septiembre de 2002, esto es, casi
un
año
después
de
expirada
la
prórroga
concedida
para
diligenciar los emplazamientos en cuestión, que la parte
demandante presentó ante el foro primario una moción para
emplazar mediante la publicación de edictos a los señores
José Luis y Jason Pérez Padilla. 9 En apoyo de su solicitud,
argumentó que no había actuado dentro del término de la
prórroga
concedida
pues
entendía
que
los
procedimientos
ante el foro primario estaban paralizados; ello porque a la
fecha de la concesión de la prórroga, el entonces Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
aún
no
había
resuelto
la
controversia relativa a la falta de jurisdicción sobre los
señores Pérez Padilla, ni el asunto sobre la validez de la
orden de embargo dictada ex parte. 10 El 16 de septiembre de
2002, la codemandada Iris Nereida Pérez Padilla replicó a
la solicitud de la parte demandante, reafirmándose en su
planteamiento
de
que
la
demanda
debía
desestimarse
por
falta de parte indispensable. Sobre este particular, señaló
que habían decursado casi dos (2) años y nueve (9) meses
desde
la
presentación
8
Íd., pág. 174.
9
Íd., págs. 178-80.
10
de
la
demanda
sin
que la parte
La parte demandante, aquí peticionaria, se refiere al
recurso de certiorari que presentara la codemandada Pérez
Padilla ante el foro intermedio apelativo solicitando la
revocación de la orden del Tribunal de Primera Instancia que
mantuvo, aunque en una menor cuantía, el embargo trabado.
Véase nota al calce núm. 3.
7
CC-2003-608
demandante
trajera
ante
la
jurisdicción
del
tribunal
a
partes indispensables en el pleito. Sostuvo, además, que la
señora Rivera Ocasio no había demostrado “justa causa” para
no
solicitar
desde
un
principio
la
expedición
de
los
emplazamientos a los otros codemandados, ni para procurar
una prórroga para su diligenciamiento después de vencido el
término
reglamentario
septiembre
de
2002,
de
la
seis
parte
(6)
meses.
demandante
se
El
19
de
opuso
a
la
réplica de la codemandada Pérez Padilla. Reiteró que había
considerado “razonable y prudente” esperar por la sentencia
del foro intermedio apelativo para entonces continuar con
las
gestiones
encaminadas
a
emplazar
a
los
restantes
codemandados, no residentes en Puerto Rico.11
Examinados los escritos de las partes, el 9 de octubre
de
2002,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
ordenó 12
la
expedición de los emplazamientos por edictos dirigidos a
los codemandados José Luis y Jason Pérez Padilla, los que
fueron publicados finalmente el 23 de octubre de 2002 en el
periódico El Nuevo Día. Una copia de la demanda de autos,
del emplazamiento por edicto, de la orden que autorizó los
mismos y del edicto publicado le fueron notificadas
11
12
Apéndice, págs. 192-94.
Véase Orden de 9 de octubre de 2002, notificada a las
partes el 16 de octubre siguiente; íd., págs. 202-03. La
codemandada
Iris
Nereida
Pérez
Padilla
presentó
oportunamente una moción de reconsideración, pero el foro
primario la declaró sin lugar.
8
CC-2003-608
oportunamente a los señores Pérez Padilla a sus últimas
direcciones conocidas.
Luego
de
varios
incidentes
procesales,
el
21
de
noviembre de 2002, los codemandados José Luis y Jason Pérez
Padilla comparecieron por primera vez ante el Tribunal de
Primera
Instancia,
y
sin
someterse
a
su
jurisdicción,
solicitaron la desestimación de la demanda entablada en su
contra por falta de jurisdicción in personam. 13 Arguyeron,
inter
alia,
que
la
solicitud
para
emplazarles
mediante
edictos fue presentada fuera del término reglamentario de
seis
(6)
meses
prescrito
por
la
Regla
4.3(b)
de
Procedimiento Civil 14 , supra, y, como si fuera poco, luego
de expirar la prórroga otorgada inicialmente por el foro
primario
forma,
para
diligenciar
plantearon:
que
sus
los
emplazamientos.
fundamentos
De
aducidos
igual
por
la
demandante para solicitar la ampliación del plazo para el
diligenciamiento de los emplazamientos, “a todas luces” no
satisfacían las exigencias impuestas por la Regla 4.3(b),
supra, y su casuística interpretativa; que la demandante
había
condicionado
el
emplazamiento
de
los
allí
comparecientes a la ayuda de la codemandada Pérez Padilla,
a pesar de que un demandado no viene en forma alguna a
13
14
Íd., págs. 12-20.
Respecto a este extremo, señalaron que la demandante
solicitó los referidos emplazamientos casi dos (2) años
después de radicada la demanda, y tras un año y cuatro (4)
meses de haber expirado el término reglamentario para
emplazarles.
9
CC-2003-608
cooperar con el demandante a esos fines; y, finalmente, que
el incumplimiento con los requisitos estatutarios, tanto en
la solicitud de emplazamiento por edictos como en la orden
del foro primario autorizándolos, acarreaba la nulidad del
edicto publicado y privaba al Tribunal de Primera Instancia
de
jurisdicción
sobre
sus
personas.
Sobre
este
último
asunto, cuestionaron el que la parte demandante no hubiera
presentado,
conjuntamente
emplazamientos
por
acreditativa
de
ni
diciembre
2002,
de
edictos,
las
emplazarles,
con
hubiera
la
su
una
declaración
diligencias
jurado
parte
su
solicitud
de
jurada
efectuadas
demanda. 15
demandante
se
para
El
10
de
opuso
a
la
referida solicitud de desestimación y, el 16 de diciembre
siguiente, los señores Pérez Padilla replicaron al escrito
en oposición.
Estando pendiente ante el foro primario la solicitud
de desestimación, el 20 de diciembre de 2002, la parte
demandante
solicitó
rebeldía
a
los
Padilla.
Alegó
al
referido
foro
que
codemandados
José
Luis
que
le
habían
éstos
no
le
y
anotara
Jason
la
Pérez
notificado
su
contestación a la demanda dentro del plazo de treinta (30)
días
de
haberse
publicado
el
edicto.
Los
señores
Pérez
Padilla se opusieron.
Analizadas las posiciones de ambas partes, el Tribunal
de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de
15
Apéndice, pág. 240.
10
CC-2003-608
desestimación presentada por los señores Pérez Padilla y,
simultáneamente, les anotó la rebeldía. Así lo dispuso en
su Orden fechada 17 de enero de 2003.16
Insatisfechos
primario,
el
20
con
de
las
febrero
determinaciones
de
2003,
los
del
foro
señores
Pérez
Padilla acudieron ante el entonces Tribunal de Circuito de
Apelaciones mediante petición de certiorari.17 El 29 de mayo
de 2003,
el
foro
intermedio
apelativo
expidió
el auto
16
El archivo en autos de copia de su notificación a las
partes se efectuó el 22 de enero de 2003; íd., pág. 40.
17
Señalaron, entre otras cosas, que el Tribunal de Primera
Instancia había incidido al: (i) “no desestimar la causa de
acción en contra de los peticionarios, por falta de
jurisdicción in personam”; (ii) “permitir el emplazamiento
por edictos de los peticionarios, a casi dos años de
presentada la Demanda y a más de un año y seis meses de
haber expirado el término legal para emplazar, cuando de los
autos surgía que desde un principio la demandante conocía
que los peticionarios residían fuera de Puerto Rico y nunca
controvirtieron esa realidad fáctica”; (iii) “permitir el
emplazamiento por edicto de los peticionarios fuera del
término legal, cuando de la prueba de la demandante surgía
que más de un año antes de solicitar emplazar por edictos,
tenía
conocimiento
de
la
dirección
exacta
de
los
demandados”; (iv) “permitir el emplazamiento por edicto, en
ausencia de la presentación de una declaración jurada con la
solicitud y en ausencia de una Demanda Juramentada”; (v)
“permitir el emplazamiento por edicto, mediante una Orden
que expresa haber examinado documentos que acompañaron la
solicitud de dichos emplazamientos, cuando de los autos
surgía que la solicitud se acompaño del proyecto de orden
que firmó el juez y de los proyectos de emplazamientos por
edictos, lo que resultaba insuficiente en Derecho para
autorizar
los
emplazamientos…”;
y
(vi)
“permitir
la
publicación de un edicto que, de su faz, no cumplía con los
preceptos de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil”. Véase
Apéndice II de la petición de certiorari ante nos, págs. 2122.
11
CC-2003-608
solicitado y dictó sentencia revocatoria 18 de las órdenes
recurridas.
Al
así
proceder,
resolvió
que
los
allí
peticionarios habían sido emplazados tardíamente y que la
razón
aducida
por
la
parte
demandante
para
extender
el
término de seis (6) meses prescrito por la Regla 4.3(b),
supra, ya expirado al momento de solicitar la prórroga,
“resultaba insuficiente” en vista de que un demandado no
viene
obligado
a
cooperar
con
el
demandante
en
el
diligenciamiento del emplazamiento. Ante la “ausencia de
justa
causa”,
concluyó
que
el
foro
primario
no
debió
ampliar el plazo para diligenciar los emplazamientos de los
señores Pérez Padilla.
En
esa
misma
línea,
el
foro
intermedio
apelativo
sostuvo lo siguiente:
Surge de autos que inmediatamente luego de haber
sido concedida la prórroga, específicamente desde
el 30 de agosto de 2001, la recurrida ya conocía
las direcciones de los codemandados peticionarios.
Aun así dejó transcurrir la prórroga ya que no fue
hasta el 23 de octubre de 2002 que tramitó
mediante edictos la demanda a los peticionarios.
En esta ocasión la recurrida no adujo razón válida
que justificara la tardanza de más de un año para
entonces proceder a emplazar.19
En
definitiva,
el
tribunal
intermedio
apelativo
concluyó que la demandante no había desplegado diligencia
razonable
para
emplazar
a
los
restantes
miembros
de
la
sucesión Pérez Padilla “dentro de ninguno” de los plazos
18
El archivo en autos de copia de su notificación a las
partes se efectuó el 6 de junio de 2003; véase Apéndice,
pág. 45.
19
Íd.
12
CC-2003-608
concedidos. En consecuencia, dio por desistida con perjuicio
a la demandante de su reclamación en cuanto a los allí
peticionarios.
Toda
vez
que
consideró
que
dicha
determinación disponía de por sí de la controversia medular,
el
Tribunal
discutió
de
los
Circuito
restantes
de
Apelaciones
errores
no
señalados,
atendió
ni
incluyendo
el
relativo a la alegada nulidad del emplazamiento por edictos.
Oportunamente
la
demandante
de
autos
solicitó
foro
intermedio
reconsideración, sin éxito.20
En
desacuerdo
con
la
sentencia
del
apelativo, el 30 de julio de 2003, la demandante de autos
acudió oportunamente ante nos mediante el presente recurso
de
certiorari
21
.
Formuló
los
señalamientos
de
error
siguientes:
ERROR I
Erró, por ser contrario a derecho, el Tribunal de
Circuito de Apelaciones al decretar un no ha lugar
el 23 de junio de 2003, notificada el 30 de junio
de 2003, a una moción de reconsideración a una
sentencia del 29 de mayo de 2003, notificada el 6
de junio de 2003, en la que revoca unas órdenes
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
y
en
consecuencia decreta a la demandante-peticionaria
por desistida con perjuicio de su acción contra
los peticionarios José Luis y Jason Pérez Bonilla
(sic), conforme lo dispuesto en la Regla 4.3(b) de
Procedimiento Civil.
20
Véase Orden de 23 de junio de 2003, archivada en autos el
30 de junio del mismo año; Íd., págs. 66-67.
21
La parte demandada de autos no acudió ante nos con
relación a la falta de atención por el Tribunal de Circuito
de Apelaciones de su planteamiento sobre nulidad del
emplazamiento por edictos.
13
CC-2003-608
ERROR II
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
decretar una sentencia contraria a la equidad y la
justicia y revocando la facultad discrecional del
Tribunal de Primera Instancia para prorrogar el
diligenciamiento
del
emplazamiento
bajo
las
22
circunstancias de este caso.
Mediante
resolución
de
10
de
octubre
de
2003,
expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido
mediante sus respectivos alegatos y, con el beneficio de
sus argumentos, resolvemos el asunto traído ante nuestra
consideración.
II
Se
revoca
la
sentencia
recurrida
dictada
por
el
tribunal intermedio apelativo en cuanto dio por desistida
con perjuicio la demanda de autos, a tenor con la Regla
4.3(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.
ordena,
la
Instancia
devolución
para
la
del
caso
continuación
al
de
Tribunal
los
de
Se
Primera
procedimientos
de
conformidad con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Rivera Pérez emitió Opinión de Conformidad.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
22
Véase Petición de certiorari ante nos, págs. 5-6.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Providencia Rivera Ocasio
Demandante-Peticionaria
v.
CC-2003-608
Sucesión de José M. Pérez
Rivera, compuesta por José
Luis
Pérez
Padilla,
Iris
Nereida Pérez Padilla y Jason
Pérez Padilla
Demandados-Recurridos
OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR
RIVERA PEREZ.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
El
mediante
emplazamiento
es
el
le
formalmente
cual
al
se
el
mecanismo
notifica
demandado,
en
procesal
adecuada
virtud
de
y
las
garantías mínimas del debido proceso de ley, que
se ha instado una acción judicial en su contra. De
esta
forma,
el
foro
primario
adquiere
efectivamente jurisdicción sobre la persona del
demandado, quien entonces quedará obligado por el
dictamen que se emita eventualmente. Es a través
del emplazamiento que se garantiza de forma óptima
el
derecho
que
le
asiste
a
comparecer a juicio, ser oído y
todo
demandado
presentar
a
prueba
CC-2003-608
2
a su favor, de así estimarlo conveniente y previo a que se
adjudiquen
derechos. 23
sus
Tribunal
ha
resuelto
efectivo
en
su
que
propósito,
En
para
múltiples
que
deberá
el
tener
ocasiones
este
emplazamiento
sea
una
probabilidad
razonable de informar y notificar al demandado sobre la
acción instada en su contra, de manera tal que éste pueda
hacer una decisión informada sobre si desea o no comparecer
para defenderse.24
Dado
que
el
emplazamiento
constituye
un
elemento
fundamental del derecho constitucional a un debido proceso
de
ley,
sus
Procedimiento
requisitos,
Civil,
deben
estatuidos
cumplirse
en
la
Regla
4
de
estrictamente. 25
Su
inobservancia priva al tribunal de jurisdicción sobre la
persona
del
demandado
para
considerar
y
resolver
la
controversia planteada ante sí.26
23
Véase Global Gas, Inc. v. Salaam Realty, res. el 6 de abril
de 2005, 2005 T.S.P.R. 42; Datiz Vélez v. Hosp. Episcopal San
Lucas, 2004 T.S.P.R. 152; Medina Garay v. Medina Garay, 2004
T.S.P.R. 75; Rivera Báez v. Jaume Andújar, 2002 T.S.P.R. 100;
Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 2002 T.S.P.R. 31; Quiñones
Román v. Compañía ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000); First Bank
of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, 144 D.P.R. 901, 913 (1998);
Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 D.P.R. 137, 142-43 (1997).
24
Véase Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra; Quiñones Román
v. Compañía ABC, supra; Márquez Resto v. Barreto Lima, supra;
Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991).
25
Véase 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4; Global Gas, Inc. v. Salaam
Realty, supra; Datiz Vélez v. Hosp. Episcopal San Lucas,
supra; Medina Garay v. Medina Garay, supra; Rivera Báez v.
Jaume Andújar, supra; Quiñones Román v. Compañía ABC, supra;
First Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, supra; Rodríguez
v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986).
26
Véase Global Gas, Inc., supra; Datiz Vélez, supra; Álvarez
Elvira, supra; First Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional,
CC-2003-608
3
Por resultar de particular relevancia al caso que nos
ocupa,
examinemos
Procedimiento
lo
Civil,
dispuesto
supra.
por
La
la
Regla
antedicha
4.3(b)
de
disposición
reglamentaria lee como sigue:
[e]l emplazamiento será diligenciado en el término
de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho
término sólo podrá ser prorrogado por un término
razonable
a
discreción
del
tribunal
si
el
demandante demuestra justa causa para la concesión
de la prórroga y solicita la misma dentro del
término original. Transcurrido el término original
o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere
sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por
desistida con perjuicio. (Énfasis suplido).27
En
ocasión
de
interpretar
la
disposición
antes
transcrita, hemos resuelto que el término de seis (6) meses
para
diligenciar
el
emplazamiento,
el
cual
es
de
cumplimiento estricto 28 , comienza a transcurrir a partir de
la presentación de la demanda, y no desde la fecha en que el
emplazamiento
referida
es
expedido
regla.
29
como
Ello
expresamente
porque,
de
establece
ordinario,
la
los
emplazamientos se expiden inmediatamente por el Secretario
supra;
supra.
Márquez
v.
Barreto,
supra;
Rodríguez
v.
Nasrallah,
27
Subyacentes a la regla en cuestión se encuentran los
propósitos cardinales de acelerar la litigación, promover
que las partes ejerzan la debida diligencia y despejar los
calendarios judiciales en las etapas tempranas del pleito.
Véase Monell Cardona v. Aponte, 146 D.P.R. 20, 26 (1998);
Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, 110 D.P.R. 721, 724
(1981).
28
29
Global Gas, Inc., supra; López v. Porrata-Doria, supra.
Véase Datiz Vélez, supra; Monell Cardona v. Aponte,
supra; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Civil, sec. 2007, LexisNexis, 1999.
CC-2003-608
4
del Tribunal al presentarse la demanda. 30 “Se trata de un
trámite
ministerial,
automático,
subsiguiente
a
la
presentación de la demanda, como evento inmediato que da
inicio a la acción civil.”31
Desde Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra,
este
Tribunal
ha
reconocido
reiteradamente
la
facultad
discrecional que ostenta el foro primario, al amparo de la
Regla 68.2 de Procedimiento Civil 32 , para prorrogar por un
período razonable el término de seis (6) meses prescrito por
la Regla 4.3(b), supra, inclusive cuando este remedio se
solicite
después
de
expirado
el
término
reglamentario,
siempre y cuando la parte promovente demuestre justa causa
para ello y no haya abuso de discreción por parte del foro
primario. 33 La discreción es el instrumento más poderoso
reservado a los jueces para hacer justicia 34 ; sin embargo,
ésta no puede ejercitarse en el vacío ni de modo arbitrario,
sino que invariablemente debe haber razón bien fundada que
mueva
la
conciencia
judicial
hacia
la
concesión
de
la
30
Véase Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III; Datiz Vélez, supra; Monell Cardona, supra, pág. 24.
31
Monell Cardona v. Aponte, supra.
32
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.2
33
Véase Monell Cardona, supra; First Bank of P.R. v.
Inmobiliaria Nacional, supra, pág. 914; López v. PorrataDoria, 140 D.P.R. 96, 102 (1996); In re Fernández Torres,
122 D.P.R. 859 (1988); Lugo Rodríguez v. Municipio, 111
D.P.R. 679, 680 (1981); Banco Metropolitano v. Berríos
Marcano, supra.
34
Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra, pág. 725.
CC-2003-608
5
prórroga solicitada. 35 Así pues, recae sobre la parte actora
la
carga
de
justificar,
con
referencia
a
los
hechos
y
circunstancias meritorias del caso, la razón o motivo para
no haber emplazado dentro del término original prescrito por
la Regla 4.3(b), supra. 36 A los fines de que un tribunal
revisor pueda descargar su función cuando se recurra contra
una decisión respecto a este asunto, la moción de la parte
promovente deberá exponer, de modo afirmativo y en forma
específica, la razón constitutiva de justa causa para la
extensión del término ya vencido, sobre la cual pueda operar
la
discreción
judicial;
justificación
que
necesariamente
debe estar atada al sentido de justicia que impregna la
reclamación del demandante.37
Como vemos, la Regla 4.3(b), supra, dispone que sólo se
concederá una prórroga para diligenciar un emplazamiento si
mediare “justa causa” y ésta se solicitara dentro del plazo
reglamentario de seis (6) meses. Sin embargo, a través de su
jurisprudencia,
este
Tribunal
ha
‘flexibilizado’
los
requerimientos de dicha regla para brindarle la oportunidad
a
los
demandantes,
de
mediar
justa
causa
para
ello,
de
solicitar una extensión del término reglamentario después de
agotado
el
plazo
original,
de
manera
que
no
proceda
la
35
Monell Cardona, supra; Lugo Rodríguez v. Municipio,
supra; Banco Metropolitano v. Berríos Marcano, supra.
36
Monell Cardona, supra, pág. 27; First Bank of P.R. v.
Inmobiliaria Nacional, supra; Lugo Rodríguez v. Municipio,
supra, págs. 680-81.
37
First Bank of P.R., supra, pág. 915; véase también, Lugo
Rodríguez v. Municipio, supra.
CC-2003-608
6
severa sanción de desistimiento de la demanda con perjuicio.
No obstante, para ello siempre será necesario que la parte
demandante justifique con especificidad la razón o motivo
para su inacción dentro del plazo original.
A
la
luz
de
la
normativa
procesal
antes
esbozada,
analicemos la actuación del foro intermedio apelativo de dar
a la señora Rivera Ocasio por desistida con perjuicio de su
demanda en cuanto a los recurridos, señores José Luis y
Jason Pérez Padilla.
La parte demandante, aquí peticionaria, sostiene que el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones erró al así
proceder. Arguye que un examen de las circunstancias del
presente caso, a tenor con la jurisprudencia interpretativa
de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, revela que
la
drástica
sanción
impuesta
por
el
foro
intermedio
apelativo
era
improcedente.
Plantea,
autorizar
el
emplazamiento
por
edictos
de
los
foro
lo
que
fue
ejercitar
le
reconoce
recurridos,
el
correctamente
la
primario
facultad
asimismo,
hizo
discrecional
que
que
al
aquí
nuestro ordenamiento para extender el término reglamentario
de seis (6) meses provisto por la Regla 4.3(b), supra, para
el
diligenciamiento
de
los
emplazamientos.
38
Por
el
contrario, los recurridos sostienen que el foro intermedio
apelativo actuó correctamente al desestimar con perjuicio la
demanda toda vez que la parte peticionaria no demostró la
razón constitutiva de “justa causa” que le impidió solicitar
38
Véase Petición de certiorari ante nos, págs. 11-13.
CC-2003-608
7
y diligenciar los emplazamientos por edictos de conformidad
con la Regla 4.3(b), supra.
Según el trasfondo procesal previamente consignado, la
señora Rivera Ocasio presentó su demanda sobre división de
comunidad de bienes contra los causahabientes del finado
José M. Pérez Rivera con fecha de 1 de diciembre de 2000.
Ese
mismo
día,
la
Instancia
expidió
codemandada
Iris
Secretaría
el
Nereida
del
Tribunal
emplazamiento
Pérez
de
Primera
dirigido
a
la
hermana
de
los
Padilla,
recurridos. En aquel entonces, la señora Rivera Ocasio no
sometió, para su correspondiente expedición, los proyectos
de emplazamiento dirigidos a los restantes componentes de
la
sucesión,
los
codemandados
José
Luis
y
Jason
Pérez
Padilla. Ello porque, a pesar de estar al tanto de que
éstos vivían en Estados Unidos, alegadamente ignoraba sus
respectivas direcciones residenciales. El emplazamiento a
la codemandada Pérez Padilla fue diligenciado personalmente
el
10
de
diciembre
del
mismo
año;
esto
es,
dentro
del
término de seis (6) meses prescrito por la Regla 4.3(b),
supra.
No fue hasta el 3 de julio de 2001, siete (7) meses
después de haber radicado su demanda, que la señora Rivera
Ocasio acudió al foro primario solicitando que prorrogara el
término reglamentario para diligenciar los emplazamientos de
los recurridos. En apoyo de su solicitud, adujo que todavía
desconocía las direcciones residenciales de éstos, a pesar
de habérselas requerido a su hermana, la codemandada Iris
CC-2003-608
8
Nereida Pérez Padilla. De igual forma, anticipó que, de no
obtener
la
información
requerida,
habría
de
pedir
seguidamente autorización al tribunal para diligenciar los
emplazamientos de los recurridos mediante edictos. El foro
primario
acogió
la
solicitud
de
la
parte
demandante,
concediendo una prórroga de treinta (30) días a contarse
desde
la
fecha
en
que
la
codemandada
Pérez
Padilla
le
suministrara las direcciones en cuestión.
Así las cosas, mediante carta fechada 30 de agosto de
2001,
la
representación
legal
de
la
codemandada
Pérez
Padilla le proveyó a la demandante las direcciones exactas
de los codemandados no residentes en Puerto Rico. A pesar
de lo anterior, no fue hasta el 4 de septiembre de 2002,
esto
es,
casi
un
año
después
de
expirada
la
prórroga
concedida por el foro primario para el diligenciamiento de
los emplazamientos, que la parte demandante presentó ante
dicho foro una moción para emplazar por medio de edictos a
los
señores
José
Luis
y
Jason
Pérez
Padilla.
En
esta
ocasión, arguyó que no había actuado dentro del término de
la prórroga otorgada pues entendía que los procedimientos
ante el Tribunal de Primera Instancia estaban paralizados;
ello porque a la fecha de la concesión de la prórroga, el
foro
intermedio
apelativo
aún
no
había
dilucidado
la
controversia en torno a la falta de jurisdicción sobre los
señores Pérez Padilla, ni la cuestión sobre la invalidez de
la orden de embargo dictada ex parte por el foro primario.
Posteriormente,
reiteró
que
había
estimado
“razonable
y
CC-2003-608
prudente”
9
aguardar
apelativo
por
la
resolviendo
sentencia
dichos
del
foro
intermedio
asuntos
para
entonces
continuar con las gestiones dirigidas a emplazar a los aquí
recurridos.39
Transcurridos casi dos (2) años de haberse interpuesto
la demanda de marras, el 9 de octubre de 2002, el Tribunal
de
Primera
Instancia
dispuso
finalmente
que
los
emplazamientos de los codemandados José Luis y Jason Pérez
Padilla
se
hicieran
mediante
edictos,
los
cuales
fueron
publicados el 23 de octubre de 2002 en el periódico El
Nuevo Día.
En vista del cuadro procesal antes descrito, no podemos
más
que
coincidir
con
el
criterio
apelativo
de
que,
evidentemente,
desplegó
la
diligencia
del
la
razonable
foro
parte
para
intermedio
demandante
diligenciar
no
los
emplazamientos de los aquí recurridos dentro del término
original dispuesto por la Regla 4.3(b), ni en el término de
la
prórroga
dispuesta
a
esos
fines
por
el
Tribunal
de
Primera Instancia. La señora Rivera Ocasio incumplió con
ambos
términos,
careciendo
de
“justa
causa”
para
así
hacerlo.40
39
40
Véase Apéndice, págs. 192-94.
A poco que examinamos el expediente del caso que nos
ocupa,
se
desprende
que
la
parte
demandante
tenía
conocimiento de las direcciones exactas de los recurridos al
menos desde el 30 de agosto de 2001. En consecuencia, ésta
tuvo casi un año, antes de formular su solicitud de
emplazamiento
por
edictos,
para
intentar
emplazar
personalmente a los codemandados no residentes en Puerto
Rico, mas no lo hizo.
CC-2003-608
10
Entendemos que la parte demandante tenía disponibles
los
distintos
mecanismos
de
descubrimiento
de
prueba
contemplados en nuestro ordenamiento procesal civil para
obtener oportunamente las últimas direcciones conocidas de
los
aquí
recurridos
y
de
ahí
proceder
a
emplazarlos
conforme a derecho. 41 A modo de ejemplo, la señora Rivera
Ocasio
bien
codemandada
pudo
Iris
notificarle
Nereida
un
Pérez
interrogatorio
Padilla
a
la
requiriéndole
la
información en cuestión.
En el caso ante nos, la peticionaria sostiene que la
codemandada Pérez Padilla tardó aproximadamente ocho (8)
meses en proveerle las direcciones de los recurridos, a
pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieran a
a esos efectos, incluyendo los efectuados durante la toma
de una deposición. 42 Sin embargo, cabe destacar que nada en
el
expediente
requerimientos
nos
en
convence
efecto
se
de
que
hicieran.
los
múltiples
Reconocemos
que,
conforme a la Regla 67.4 de Procedimiento Civil 43 , las
partes no tienen la obligación procesal de presentar en el
tribunal, entre otros documentos, los interrogatorios que
le
notifiquen
a
la
parte
descubrimiento
de
prueba,
así
contraria
como
como
contestaciones
las
parte
del
a
éstos, hasta tanto sea necesaria su utilización en los
41
Véase, a modo ilustrativo, Nuñez
Miranda, 122 D.P.R. 134, 143 (1988).
42
Véase Apéndice, pág. 192.
43
Véase 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 67.4
González
v.
Jiménez
CC-2003-608
11
procedimientos o su radicación sea ordenada por el tribunal
motu proprio o a moción de parte interesada. No obstante,
consideramos que de haber la señora Rivera Ocasio realizado
los diversos requerimientos que alega, ésta debió hacerlo
constar ante el foro primario mediante la presentación de
los
escritos
o
documentos
pertinentes,
de
manera
que
demostrara las diligencias efectuadas para localizar a los
recurridos y emplazarles oportunamente.
Además,
no
podemos
perder
de
perspectiva
que
la
codemandada Pérez Padilla en forma alguna venía obligada a
cooperar
con
la
diligenciamiento
de
demandante-peticionaria
los
emplazamientos
en
el
a
los
restantes
en
que
la
miembros de la sucesión.44
Ahora
bien,
aunque
nos
reafirmamos
demandante,
aquí
peticionaria,
diligencia
para
emplazar
no
parte
actuó
con
la
debida
oportunamente
a
los
aquí
recurridos y tampoco adujo una razón válida en derecho para
44
Dado que el emplazamiento es un imperativo constitucional
del debido proceso de ley, hemos resuelto que en forma
alguna viene obligado un demandado a cooperar con el
demandante en la realización por éste del diligenciamiento
del emplazamiento. Los demandados tienen un derecho a ser
emplazados
conforme
a
derecho
y
existe
en
nuestro
ordenamiento una política pública de que la parte demandada
debe ser emplazada debidamente para evitar fraude y que se
utilicen procedimientos judiciales para privar a una persona
de su propiedad sin el debido proceso de ley. Véase Quiñones
Román v. Compañía ABC, supra, pág. 375; First Bank of P.R.
v. Inmobiliaria Nacional, supra, pág. 916. Esta política
pública pone todas las exigencias y requisitos sobre los
hombros del demandante, no sobre los demandados. Véase First
Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nacional, supra. A causa de lo
anterior, le corresponde al demandante realizar a través de
los medios provistos por ley, todos los actos necesarios
para conferir al tribunal completa jurisdicción sobre la
persona del demandado. Véase Álvarez Elvira, supra.
CC-2003-608
12
ello, no podemos refrendar el curso de acción tomado por el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones de dar a la
parte actora por desistida con perjuicio de su demanda en
cuanto a los recurridos, señores José Luis y Jason Pérez
Padilla.
La
determinación
del
foro
intermedio
apelativo
tiene el efecto de una adjudicación en los méritos, con el
consabido
resultado
juzgada. 45
Por
la
de
que
naturaleza
tendrá
autoridad
particular
de
de
la
cosa
situación
fáctica ante nos, la aplicación literal por parte del foro
intermedio apelativo de la norma adjetiva establecida en la
Regla
4.3(b)
de
Procedimiento
Civil,
conduce
supra,
al
resultado antijurídico de la indivisión indefinida de una
comunidad de bienes. La decisión del tribunal a quo revela
cómo
las
normas
procesales,
en
determinadas
ocasiones,
parecen adquirir vida propia, sin que haya razón válida que
así lo amerite.
Reiteramos, una vez más, que al interpretar nuestras
Reglas de Procedimiento Civil hay que tener presente, como
principio rector, que éstas no tienen vida propia, sólo
existen
para
viabilizar
la
consecución
del
derecho
sustantivo de las partes. 46 En ocasiones, en nuestro afán de
hacer
valer
las
reglas,
las
aplicamos
literalmente;
sin
embargo, debemos evitar convertirnos en prisioneros de la
45
46
Véase R. Hernández Colón, op cit., sec. 2007.
Véase Pérez Santos v. Comisión de Relaciones del Trabajo
del Servicio Público, 2002 T.S.P.R. 133; Soc. de Gananciales
v. García Robles, 142 D.P.R. 241, 258 (1997); Núñez González
v. Jiménez Miranda, supra, pág. 144; Dávila v. Hosp. San
Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986).
CC-2003-608
13
tiesa construcción de una norma procesal. Cuando una regla
procesal
no
pueda
armonizarse
en
su
aplicación
con
el
derecho sustantivo de una parte, la primera forzosamente
tiene que ceder pues no puede dar base a que el derecho
sustantivo
que
viene
llamada
a
viabilizar
sucumba
ante
ésta.47
Las alegaciones contenidas en la demanda presentada por
la
señora
communi
Rivera
Ocasio
dividundo,
que
pretenden,
se
ordene
mediante
a
los
la
acción
codemandados,
miembros de la sucesión de José M. Pérez Rivera, a proceder
con la división de la comunidad de bienes resultante de la
herencia y que se le entregue a la demandante un cincuenta
por ciento (50%) de las ganancias producto de su esfuerzo y
trabajo
durante
la
relación
concubinaria
pública
que
mantuviera con el causante por espacio de diecisiete (17)
años.48
47
Véase M & R Developers, S.E. v. Banco Gubernamental de
Fomento, 2001 T.S.P.R. 34; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573,
586 (1972). Véase además, el Art. V, sec. 6 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1
L.P.R.A., el cual dispone, en lo pertinente, que: “El
Tribunal Supremo adoptará para los tribunales, reglas de
evidencia y de procedimiento civil y criminal que no
menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las
partes. (Énfasis suplido).
48
El interés propietario de los concubinos con respecto a
los bienes adquiridos o que hayan incrementado de valor
vigente la relación, ha sido reconocido en nuestro
ordenamiento. Dicho interés propietario puede surgir como
pacto expreso; como pacto implícito que se desprende
espontáneamente de la relación humana y económica existente
entre las partes durante el concubinato, y como un acto
justiciero para evitar el enriquecimiento injusto. Véase
Cruz Ayala v. Rivera Pérez, 141 D.P.R. 44, 52 (1996) y casos
allí citados; véase también E. Vázquez Bote, Derecho Civil
CC-2003-608
14
El Art. 326 del Código Civil de Puerto Rico establece
que “[h]ay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un
derecho
pertenece
pro
indiviso
(Énfasis
suplido.)
Toda
vez
a
que
varias
poseen
personas.”
49
características
comunes que las enlazan en similaridad, nuestro Código Civil
ordena que las reglas concernientes a la división de la
comunidad
hereditaria,
siempre
que
no
haya
conflicto
o
incompatibilidad, serán aplicables a la división entre los
partícipes de la comunidad.50
De otra parte, en cuanto a la división de la cosa
común se refiere, el Art. 334 del Código Civil preceptúa lo
siguiente:
[n]ingún copropietario está obligado a permanecer
en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en
cualquier tiempo que se divida la cosa común. Esto
no obstante, será válido el pacto de conservar la
cosa indivisa por tiempo determinado, que no
exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse
por nueva convención.51 (Énfasis suplido).
La acción para pedir la división de la propiedad común
es imprescriptible. Así lo dispone el Art. 1865 de nuestro
Código Civil. 52 Citando con aprobación los comentarios de
de Puerto Rico, San Juan, FAS, Ediciones Jurídicas, 1974,
Tomo II, págs. 283-84.
49
Véase 31 L.P.R.A. sec. 1271; Ortiz
Roberts, 103 D.P.R. 628, 631 (1975).
Roberts
v.
Ortiz
50
Véase Art. 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285;
Díaz v. Registrador, 107 D.P.R. 233, 236 (1978); Cruz v.
Sucesión Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 588 (1969); Shivell v.
Barber y Boscio, 92 D.P.R. 400, 410 (1965).
51
52
31 L.P.R.A. sec. 1279
Véase 31 L.P.R.A. sec. 5295. El citado artículo lee como
sigue: “No
prescribe
entre
coherederos,
condueños o
CC-2003-608
15
Manresa y Scaevola, este Tribunal ha reconocido que nuestro
Código Civil desalienta y repudia la comunidad, fuente de
desavenencias que dificultan su administración y degenera en
obstáculo al fomento de la propiedad, la industria y la
riqueza. Hacia el objetivo de extinguir la copropiedad se
dirige,
entre
otros,
el
antedicho
declarar
que
ningún
copropietario
permanecer
ad
perpetuam
en
Art.
indivisión
334,
estará
supra,
al
obligado
a
forzosa,
expresión
ésta que concreta la imprescriptibilidad de las acciones
para solicitar la división de la propiedad común.53
propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la
partición de la herencia, la división de la cosa común o el
deslinde de las propiedades contiguas.”; véase además, Ortiz
Roberts v. Ortiz Roberts, supra, pág. 630.
53
Véase Ortiz Roberts, supra. Sobre este particular, señala
Vázquez Bote lo siguiente:
Es fórmula ampliamente repetida, que las situaciones
de
conjunción
o
concurso
subjetivo
sobre
un
determinado objeto resultan antieconómicas, ya que
suelen provocar dificultades de administración y,
desde luego, un desmerecimiento en el valor en cambio.
En un plano jurídico, suele expresarse que, no
obstante la posible perfección que pueda alcanzarse en
la regulación –prevención- de tales situaciones, el
conflicto no es inevitable; por el contrario, se
producen abundantes ocasiones de desavenencias, fuente
de correspondientes perturbaciones y de litigios. De
ahí que los Ordenamientos tiendan siempre a facilitar
la desaparición de las situaciones de comunidad,
reconociendo amplias oportunidades de provocar la
división
de
la
cosa
tenida
en
común.
Cada
copropietario, pues, puede pedir “en cualquier tiempo
que se divida la cosa común” (art. 334, párrafo
primero, C.c.), no estando ningún copropietario
obligado a permanecer en la comunidad (art. 334,
párrafo primero, proposición primera, C.c.).
No establece la ley ningún requisito especial para
provocar la división de la cosa común. El hecho de una
situación de indivisión autoriza desde luego a
pretender la división misma, incluso aunque con ello
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Por último, es requisito esencial para el ejercicio de
la acción communi dividundo que ésta se dirija contra todos
los partícipes o comuneros con el fin de que no resulte
ineficaz la sentencia que se dicte para hacer efectiva la
división de la cosa poseída pro indiviso y en común. 54 Por
ende, para que pueda prosperar la acción ejercitada por la
señora Rivera Ocasio, es necesario que ésta haya traído a la
jurisdicción
del
tribunal
a
todos
los
partícipes
de
la
comunidad, quienes son partes indispensables en el pleito
sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia.55
se origine un desmerecimiento de la cosa, pues, como
tiene declarado la jurisprudencia, “el derecho del
comunero a no permanecer en la comunidad no está
supeditado a que la división no haga desmerecer el
valor de la cosa poseída en común; sólo en el caso de
que ésta se destruya es que puede coartarse y anularse
aquel derecho.” . . .
A este espíritu responde el art. 1.865, C.c., al
declarar que no prescribe la acción para dividir la
cosa común: “no prescribe entre coherederos, condueños
o propietarios de fincas colindantes la acción para
pedir la partición de la herencia, la división de la
cosa
común
o
el
deslinde
de
las
propiedades
contiguas”. Véase E. Vázquez Bote, Tratado teórico,
práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño,
New Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993,
Tomo VIII, Derechos Reales II, págs. 19-20. (Énfasis
suplido).
54
Véase Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861, 866 (1986);
Passalacqua v. Passalacqua, 87 D.P.R. 587, 595-96 (1963).
55
Véase Sucesión Collazo v. Borrás, 26 D.P.R. 482 (1918).
Una parte indispensable es aquella persona cuyos derechos e
intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente
afectados por una sentencia dictada estando dicha persona
ausente del litigio. Véase Regla 16.1 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Fred Reyes v. E.L.A., 150 D.P.R.
599 (2000); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698
(1993).
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En
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el
caso
que
hoy
nos
atañe,
enfrentamos
la
dificultosa tarea de armonizar dos disposiciones, una de
carácter
puramente
claramente
no
tenemos
el
son
procesal
y
conciliables
mandato
otra
entre
expreso
de
sustantiva,
sí.
la
De
Regla
una
que
parte,
4.3(b)
de
Procedimiento Civil, supra, de dar a la peticionaria por
desistida
con
perjuicio
de
su
reclamación
contra
los
recurridos, por ésta haber diligenciado sus emplazamientos
inoportunamente sin que mediara “justa causa” para ello. De
otra, tenemos el derecho sustantivo absoluto que le asiste a
la
peticionaria,
consagrado
en
el
Art.
334
del
Código
Civil, supra, a no permanecer ad perpetuam en comunidad
forzosa con los codemandados; derecho que, dicho sea de
paso, es imprescriptible.
Somos del criterio que, en situaciones tan particulares
como la de autos, merecedoras de un enfoque especial, la
norma procesal que emana de la Regla 4.3(b), supra, no puede
tener el efecto de imposibilitar que un comunero ejercite su
derecho sustantivo absoluto a solicitar la división de la
comunidad de bienes en cualquier momento. Inclinarnos por
una aplicación literal de las disposiciones de la Regla
4.3(b) al caso que nos ocupa, conduciría, en la práctica, a
la derrota de un derecho esencial concebido por el Art. 334
del
Código
certeza,
le
Civil,
haría
supra.
un
Curso
flaco
primordial de hacer justicia.
de
acción
servicio
a
que,
con
nuestro
toda
deber
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18
En vista de que en cualquier tiempo, pues, se puede
ejercitar la potestad disolutoria de la comunidad de bienes,
sin que obste a ello cualquier circunstancia intercedente,
es
imperativo
que,
como
acto
justiciero,
rechacemos
una
aplicación de la Regla 4.3(b) con excesivo rigor literal y,
en
su
lugar,
garanticemos
el
derecho
sustantivo
de
la
peticionaria a la actio communi dividundo.
De prevalecer la decisión del foro intermedio apelativo
de desestimar con perjuicio la demanda de la señora Rivera
Ocasio en cuanto a los aquí recurridos, dictamen que tendría
efecto de cosa juzgada, ello impediría que la comunidad de
bienes
existente
entre
la
señora
Rivera
Ocasio
y
los
codemandados, como consecuencia de la muerte del causante,
sea dividida. Es decir, la actuación del foro intermedio
apelativo
conduciría
al
inaceptable
resultado
de
que
la
parte aquí peticionaria tuviera que permanecer ad perpetuam
en indivisión forzosa con los codemandados.
Analizada la situación fáctica procesal del presente
caso, a la luz de los principios normativos que preceden,
concluimos que el curso de acción más justo y apropiado era,
precisamente el adoptado por el foro primario, permitir el
diligenciamiento, aunque tardío, de los emplazamientos a los
recurridos de forma tal que la parte demandante pudiera
ejercer plenamente la actio communi dividundo contra todos
los partícipes de la comunidad. Por consiguiente, erró el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar
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con perjuicio la demanda de la peticionaria, en cuanto a los
aquí recurridos.
EFRAIN E. RIVERA PEREZ
JUEZ ASOCIADO