LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Alexis Delgado Hernández Ex Parte

2005 TSPR 95

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Alexis Delgado Hernández Ex Parte

CC-2004-0708

30 de junio de 2005 · Solicitud de Cambio de Sexo en Certificado de Nacimiento

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

Certiorari

Peticionario

2005 TSPR 95

Ex Parte

164 DPR ____

Número del Caso: CC-2004-708

Fecha: 30 de junio de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Humacao

Juez Ponente:

Hon. Ismael Colón Birriel

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José Luis Velázquez Ruiz

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sariely Rosado Fernández

Procuradora General Auxiliar

Materia: Corrección de Acta

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

Peticionario

CC-2004-708

Ex Parte

Opinión del Tribunal

Rodríguez Rodríguez.

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005

Tenemos ante nuestra consideración, nuevamente,

la

situación

de

una

persona

que

habiendo

nacido

varón, se somete a una cirugía de reasignación de

sexo y nos solicita que su certificado de nacimiento

y

su

licencia

de

conducir

se

corrijan

para

que

reflejen correctamente su identidad sexual.

I

Alexis

Delgado

Hernández

(“Delgado

Hernández”)

nació varón el 27 de octubre de 1970 en Fajardo,

Puerto

Rico.

Dicho

nacimiento

se

inscribió

en

el

Registro Demográfico, según surge del Certificado de

Nacimiento

número

152-1970-02267-000000-176071.

23 de mayo de 2003 el recurrido fue sometido a una

El

2

CC-2004-708

operación

quirúrgica

de

reasignación

de

sexo

(varón

a

mujer) en el Mount San Rafael Hospital en Colorado.1

El 22 de diciembre de 2003, Delgado Hernández presentó

una petición ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao, para que se enmendaran su certificado

de nacimiento específicamente, el asiento de inscripción

que identifica su sexo como varón y su licencia de conducir

para conformarlos a su nueva realidad.

dichos

documentos

oficiales

Solicitó además que

reflejaran

también

que

su

nombre era Alexandra Delgado Hernández.

El 20 de enero de 2004, el foro de instancia emitió

una resolución donde ordenó al aquí peticionario someter un

certificado negativo de antecedentes penales en un término

de quince (15) días.

Además, le concedió al Ministerio

Público un término de quince (15) días para expresarse en

torno a la petición, y le advirtió que, de no hacerlo, se

entendería

de 2004, el

el

que se allanaba a la misma.

peticionario

certificado

requerido.

presentó

El

El 10 de febrero

moción,

Ministerio

acompañando

Público

no

compareció.

Así las cosas, el 24 de febrero de 2004, el foro de

instancia emitió una escueta resolución, donde ordenó al

Registro Demográfico alterar el asiento de inscripción de

nacimiento de Delgado Hernández para que apareciera que su

1

Existe en el expediente copia de la certificación médica a

esos efectos titulada Affidavit by Physician as to Change

of

Sex

Designation.

Véase

apéndice

del

recurso

de

certiorari, pág. 5.

3

CC-2004-708

sexo era femenino y que su nombre es Alexandra Delgado

Hernández.

Ordenó,

Transportación

y

a

su

Obras

vez,

que

Públicas

el

Departamento

realizara

los

de

cambios

correspondientes en la licencia de conducir.

Inconforme, el Procurador General acudió ante el foro

apelativo

intermedio

aduciendo

que

la

determinación

del

tribunal de instancia era improcedente en derecho por lo

que debía ser revocada.

al

tribunal

apelativo

Como asunto de umbral le planteó

que

la

falta

de

diligencia

del

Ministerio Público al no comparecer ante el tribunal a quo

a oponerse a la solicitud, no podía coartar el derecho del

Estado a revisar la determinación del tribunal de instancia

por ser éste un asunto revestido de alto interés público.

El

Tribunal

de

Apelaciones

acogió

la

comparecencia

del

Estado.

En su escrito, el Procurador General argumentó que la

determinación del tribunal de instancia era errónea toda

vez que el certificado de nacimiento tiene como propósito

recoger un dato histórico cierto al momento del nacimiento,

como lo es el sexo de una persona.

Adujo que un transexual

que se somete a una operación de reasignación de sexo de

hombre a mujer sigue siendo hombre biológicamente, ya que

sus cromosomas siguen siendo de varón; por lo que no ha

ocurrido, verdaderamente, un cambio de sexo.

Argumentó,

que darle curso a la solicitud de Delgado Hernández tendría

como

posible

transexual

consecuencia

contrajera

que

una

persona

matrimonio

con

una

que

persona

fuera

de

su

4

CC-2004-708

mismo sexo biológico, en clara contravención a las leyes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2

Delgado Hernández presentó su alegato en oposición al

recurso presentado por el Estado.

No queda claro de dicho

escrito, sin embargo, cuáles son los fundamentos legales

esbozados para sostener la validez de la determinación del

foro de instancia.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Apelaciones

dictó

sentencia revocando al Tribunal de Primera Instancia. 3

En

su sentencia, el foro apelativo intermedio concluyó que la

Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. § 1231, (“Ley del

Registro Demográfico” o “Ley del Registro”), no contiene

disposición

alguna

que

permita

que

un

certificado

de

nacimiento se enmiende para variar el sexo de la persona

inscrita, en ausencia de circunstancias que indiquen que la

anotación original fue producto de un error.

El tribunal

concluyó

sexo

que

para

autorizar

el

cambio

de

en

el

certificado era necesario una autorización expresa en ese

2

Adviértase que la Ley Núm. 94 de 19 de mayo de 1999

enmendó el Art. 68 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 221,

donde se define el matrimonio, para negarle efectividad

jurídica (“full faith and credit”) en Puerto Rico, a un

matrimonio de personas del mismo sexo o de transexuales,

efectuado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

3

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones reconoce que

en Ex parte Andino Torres, 151 D.P.R. 794 (2000),

permitimos, mediante sentencia a esos efectos, que se

cambiara el sexo de un transexual en su certificado de

nacimiento de varón a hembra. El foro apelativo concluyó,

correctamente, que como se trataba de una sentencia y no

una Opinión del Tribunal, nuestra determinación en Andino

Torres no era un precedente obligatorio.

E.g., Rivera

Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 79-80 (1987).

Véase

discusión infra.

5

CC-2004-708

sentido

de

la

ocurrido.

Asamblea

Concluyó

Legislativa,

entonces

que

lo

que

procedía

no

había

revocar

la

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Al

así

hacerlo,

autorizando

nacimiento

el

y

la

no

tan

cambio

solo

de

licencia

dejó

sexo

de

en

sin

efecto

el

conducir,

la

orden

certificado

sino

cambio de nombre solicitado y autorizado.

también

de

el

Ello, a pesar

que ese asunto no estaba ante su consideración toda vez que

no fue planteado por el Procurador General en su petición

de certiorari.

Inconforme, Delgado Hernández compareció ante nosotros

para

que

revisemos

Apelaciones.

la

sentencia

del

Tribunal

de

Aduce que:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar

la Resolución del Tribunal de Primera Instancia

que ordenaba al Registro Demográfico cambiar el

asiento

de

inscripción

de

nacimiento

del

peticionario para que apareciera que su sexo es

femenino y que ordenaba igual remedio en cuanto a

su licencia de conducir.

El pasado 12 de noviembre de 2004 expedimos el auto

solicitado.

Contando

con

la

comparecencia

de

las

partes

pasamos a resolver.4

II

Este caso nos plantea la interrogante si un transexual

que

se

ha

reasignación

4

sometido

a

de

puede

sexo,

una

operación

exigir

que

quirúrgica

de

ese

se

cambio

El alegato presentado por el peticionario, sorprendentemente, no discute con rigurosidad jurídica el señalamiento

de error traído a nuestra atención. La discusión del error

se da sin acopio alguno de las razones que la fundamentan

en derecho, ni las autoridades que lo apoyan.

6

CC-2004-708

refleje

en

su

certificado

de

nacimiento

-–y

otra

documentación oficial—- para que su realidad registral esté

acorde con lo que estima es su verdadero sexo.

El

sexo

y

la

identidad

sexual

de

una

persona

constituyen uno de los caracteres primarios de la identidad

personal.

Para

algunos,

fundamentalmente

por

el

sus

sexo

queda

caracteres

definido

biológicos

y

fisiológicos y su morfología exterior.

“Es el sexo con que

se

se

nace

y

con

el

cual

el

sujeto

inscribe

en

el

correspondiente registro del estado civil.”

C. Fernández

Sessarego,

Ed.

Derecho

a

la

identidad

Buenos Aires, 1992, pág. 288.

inmutable y estático.

personal,

Astrea,

El sexo es por lo tanto

De otro lado, existe una visión del

sexo como un concepto que se refiere a la personalidad

misma de la persona, a su actitud sico-social, a su modo de

comportarse,

a

sus

hábitos

y

ademanes.

Loc.

cit.

De

ordinario, ambas vertientes son coincidentes en el sujeto.

Es decir, el sexo biológico, cromosómico y registral está

en sintonía con el sicológico-social.

embargo

y,

En ocasiones sin

excepcionalmente, “se presentan

situaciones

[. . .] en las que se observa una elocuente disociación

entre tales vertientes.” Loc. cit.

El

caso

transexual,

coincide

con

identifica

más

dramático

para

quien

su

el

sexo

vivido

plenamente;

lo

constituye

apariencia

y

externa

sentido,

situación

ésta

el

con

que

de

un

sexual

no

el

cual

se

“conduce

al

transexual, con la ayuda de tratamientos hormonales y de

7

CC-2004-708

cirugía transexual . . . a adaptar sus caracteres físicos

externos al sexo querido.”

Ll. Puig Ferriol, Manual de

Derecho Civil, Marcial Pons, Madrid, vol. 1, 1997, pág.

133.5

El

tema

de

la

transexualidad

y

sus

repercusiones,

tanto legales, sociales, sicológicas o morales, es un tema

acuciante de nuestros tiempos y una realidad de profundo

contenido humano. 6

Quienes han decidido someterse a una

operación de reasignación de sexo, son personas que

han

5

Existe

vasta

literatura

sobre

el

tema

de

la

transexualidad, para una discusión más abarcadora sobre el

tema véase, J. Meyerowitz, How sex changed? A History of

Transsexuality in the United States, Harvard University

Press, 2002; J.E. Schidt, Attorney´s Dictionary of Medicine

and Word Finder, vol. 6, 2002; R. Green, The ‘Sissy Boy

Syndrome’ and the Development of Homosexuality, Yale U.

Press, New Haven, 1987; L. Martínez Calcerrada, Derecho

Médico General y Especial, Ed. Tecnos, Madrid, 1986; H.W.

Jones, W.E. Scout, Hermafroditismo, anomalías genitales y

trastornos endocrinos afines, Ed. Labor, Madrid, 1975.

Véase

además,

Lawrence,

Factors

Associated

with

Satisfaction or Regret Following Male to Female Sex

Reassignment Surgery, 32 Arch. Sexual Behavior 299 (2003);

Lax, Is the United States Falling Behind? The Legal

Recognition of Post-Operative Transsexual´s Acquired Sex in

the United States and Abroad, 7 Quinnipiac Health L. J. 123

(2003); Weiss, The Gender Caste System: Identity, Privacy

and Heternormativity, 10 Law & Sexuality 123 (2001);

Greenburg, Defining Male and Female: Intersexuality and the

Collision between Law and Biology, 41 Ariz. L. Rev. 265

(1999); Coombs, Transgenderism and Sexual Orientation: More

than a Marriage of Convenience, 3 Nat´l J. Sexual Orient.

L. 4 (1997); Pearlman, Transexualism as Metaphor: The

Collision of Sex and Gender, 43 Buff. L. Rev. 835 (1995);

Valdés, Queers, Sissies, Dykes, and Tomboys: Deconstructing

the Conflation of “Sex”, “Gender”, and “Sexual Orientation”

in Euro American Law and Society, 83 Cal. L. Rev. (1995);

Comment, Transsexualism, Sex Reassignment Surgery and the

Law, 56 Cor. L. Rev. 933 (1971).

6

Véase, entre otros, J. M. Bailey, The man who would be

Queen, Joseph Henry Press, Wash., 2003; J. Finney Byland,

She´s not There, A Life in Two Genders, Broadway Books, New

York, 2002. Véase también, www.annelawrence.com/twr.

8

CC-2004-708

tomado

medidas

extraordinarias

en

su

ardiente

deseo

de

vivir una vida ordinaria.

La controversia traída a nuestra atención nos obliga a

plantearnos,

de

frente

al

ordenamiento

jurídico

prevaleciente, un sinnúmero de difíciles interrogantes.

modo de ejemplo:

A

¿Sobre quién recae la responsabilidad de

hacer viable el reclamo del peticionario, sobre la Rama

Judicial a través de un pronunciamiento jurisprudencial o;

por el contrario, sobre las ramas políticas del gobierno

mediante la correspondiente legislación?

¿No entraña, en

su esencia misma, esta determinación un asunto de política

pública sobre cómo el Estado debe responder a los reclamos

de

unas

personas

tradicionalmente

incomprendidas

y

marginadas por la sociedad, legislando los requisitos y las

garantías pertinentes que tal reconocimiento necesariamente

conlleva? ¿Cuál es el proceso más efectivo de deliberación

y

reflexión

democrática

que

permita

conjurar

todos

los

intereses que interrelacionan en una controversia de esta

naturaleza?7

Las

preguntas

que

hemos

formulado

previamente,

encierran sólo algunas de las múltiples y arduas cuestiones

problemáticas que el tema de la transexualidad encierra.

Como

se

advierte,

la

temática

involucrada

en

dichas

interrogantes no puede considerarse como materia de fácil

7

C. Sunstein, One Case at a Time, Harvard University Press,

Mass., 1999.

9

CC-2004-708

solución por sus implicaciones tanto con la libertad de la

persona como con los intereses sociales en juego.

Veamos entonces con detenimiento y sosiego.

III

La controversia jurídica sobre la transexualidad es

para este Tribunal un asunto de reciente actualidad; más no

es así en otras jurisdicciones.

Tanto en Europa 8 como en

los Estados Unidos9 este tema ha sido discutido ampliamente,

por lo que existe vasta jurisprudencia y amplia legislación

sobre el tema de la transexualidad.

En

Ex

parte

Andino

Torres,

151

D.P.R.

794

(2000)

dictamos una sentencia en la cual se autorizó el cambio de

sexo -–de varón a hembra—- en el certificado de nacimiento

8

Sobre este particular, en Gran Bretaña véase:

Bellinger

v. Bellinger (2003) UKHL 21, Goodwin v. United Kingdom

(2002) 35 E.H.R.R. 18; Cossey v. United Kingdom (1990) 13

E.H.R.R. 622; Corbett v. Corbett (1970) 2 All E.R. 33. En

España, véase Sentencia de 2 de julio de 1987; Sentencia de

15 de julio de 1988; Sentencia de 3 de mayo de 1989 y

Sentencia de 19 de abril de 1991.

Véase, sobre estas

sentencias, A. Villagómez, Aportación al estudio de la

transexualidad, Ed. Tecnos, Madrid 1994.

En Australia confróntese, In re Kevin, 28 Fam. L.R.

158 (2001).

Cinco

países

europeos

tienen

legislación

sobre

transexualidad:

Ley de 21 de abril de 1972 (Suecia), Ley

de 10 de septiembre de1980 Transsexvellengesetz (Alemania),

Ley de 14 de abril de 1982 (Italia); Ley de 24 de abril de

1985 (Holanda)y Ley Núm. 3444 de 1988 (Turquía).

Véase:

Ll. Puig Ferriol, Manual de Derecho Civil, Marcial Pons,

Madrid, vol. 1, 1977, págs. 133-134.

9

En Estados Unidos véase: In the Matter of Heiling. 816

A.2d 68 (Md. 2003); Littleton v. Prange, 9 S.W.3d 223 (Tx.

1999); In re Ladrach, 513 N.Ed.2d 828 (Ohio 1987); K. v.

Health Division, 560 P.2d. 1070 (Or. 1977); M.T. v. J.T,

355 A. 2d. 204 (N.J. 1976); Matter of Anonymous, 314

N.Y.S.2d. 668 (1970); Matter of Anonymous, 293 N.Y.S.

2d.(1968); Anonymous v. Weiner, 270 N.Y.S. 2d. 319 (1966).

10

CC-2004-708

del peticionario quien era transexual.

Habiéndose resuelto

Andino

allí

Torres

mediante

sentencia,

lo

dispuesto

no

constituye precedente de este Tribunal por lo que no obligaba

al Tribunal de Apelaciones, como éste correctamente concluyó,

y mucho

menos nos obliga a nosotros.

Reiteradamente hemos sostenido que el Tribunal Supremo

establece

una

norma

mediante

exclusivamente

un

dictamen

sostenido por una opinión firmada o una opinión per curiam.

Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987); Mayol v.

Torres, res. 8 de abril de 2005, n. 17, 163 D.P.R. ___, 2005

T.S.P.R. 45; Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123

D.P.R. 765, 777 (1989).

Cuevas Segarra,

Véase además, R. Elfren Bernier, J.

Aprobación e Interpretación de las Leyes en

Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2da ed., 1987, pág. 158.

De

ahí que, de ordinario, sólo la opinión firmada o el per

curiam se publican.

Regla 44(b) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Así, nuestras opiniones sirven

de precedentes para los casos que tienen ante sí los foros a

quo tanto judiciales como administrativos.

Por

otro

lado,

este

Tribunal

resuelve

un

caso

por

sentencia cuando en el mismo se plantean asuntos resueltos

reiteradamente

controversia

por

el

particular

Tribunal;

entre

o,

las

para

partes

resolver

una

litigantes,

circunscrita por lo tanto a los hechos específicos de ese

caso; o, para disponer rápidamente del caso ante el gran

número de casos que tiene que resolver.

Las sentencias por

11

CC-2004-708

lo tanto no se publican. 10

que

no

“[s]e

considera

Es por ello que hemos indicado

apropiado

citar

como

autoridad

o

precedente las sentencias que no constituyen opinión. . . .”

Rivera Maldonado, supra, pág. 79.

En vista de lo anterior, lo dispuesto en Ex parte Andino

Torres, solo resolvió la controversia particular de ese caso

en atención a los hechos específicos allí involucrados.

Por

ello,

la

Ex

parte

Andino

Torres

determinación que hoy tomamos.

no

es

óbice

para

Veamos entonces.

En esta ocasión, estimamos apropiado iniciar nuestra

discusión analizando la figura del Registro Civil español,

precursor del Registro Demográfico, de suerte que logremos

apurar

su

finalidad

y

propósito.

Luego

entonces

analizaremos la Ley del Registro Demográfico, su relación

con

la

figura

normativa

del

vigente

Registro

a

los

Civil,

hechos

para

del

aplicar

caso

ante

así

la

nuestra

consideración.

El Registro Civil se define como “la institución o

servicio administrativo a cuyo cargo se halla la publicidad

de los hechos afectantes al estado civil de las personas o

mediatamente relacionados con dicho estado, contribuyendo,

Ahora bien, “[a] manera de excepción y mediante orden

expresa nuestra, se puede remitir para publicación una

sentencia emitida sin opinión.” Rivera Maldonado v. E.L.A.,

119 D.P.R. 74, 79 (1987).

Así pues,

con sujeción a lo

dispuesto en el Reglamento del Tribunal Supremo, nada impide

que “cualquier Juez de este Tribunal que emita una opinión

concurrente o disidente o voto particular en relación con una

decisión sin opinión del Tribunal, la certifique para que sea

enviada al compilador y Publicista de Jurisprudencia del

Tribunal y el Colegio de Abogados de Puerto Rico para su

publicación.” Ibíd, págs. 79-80.

10

12

CC-2004-708

en

ciertos

casos

a

la

constitución

de

tales

actos

proporcionando títulos de legitimación de estado.”

Ferriol, op. cit., pág. 136.

y

Puig

El profesor Luces Gil, en su

obra sobre el Registro Civil sostiene igual posición, y

señala que el Registro es “la institución que tiene por

objeto dar publicidad a los hechos y actos que afectan al

estado civil de las personas, cooperar, en ciertos casos, a

la constitución de tales actos y, proporcionar títulos de

legitimación

Registral

del

estado

Civil,

Ed.

civil.”

Bosh,

Véase en igual sentido,

Teoría

y

Práctica,

F.

Luces

Barcelona,

Gil,

1976,

Derecho

pág.

170.

J. Santos Briz, Derecho Civil,

Ed.

Revista

Derecho

Privado,

Madrid,

1976, vol. 1, pág. 463.

Estado civil es el conjunto de cualidades, atributos y

circunstancias

de

la

persona

que

la

identifican

y

singularizan y, que contribuyen a determinar su capacidad

con cierto grado de permanencia y generalidad.

op.

cit;

Puig

Ferriol,

op.

cit,

pág.

130

Luces Gil,

(“[El

estado

civil] determina las distintas situaciones en la que puede

encontrarse la persona y que justifican el reconocimiento

de una diferente capacidad de obrar o de una situación

diferenciada

de

derechos

y

deberes,

como

prueba

susceptibles

de

un

tratamiento unitario.”)

Sobre

el

Registro

fidedigna

del

estado

civil de las personas, nos dice Albaladejo:

al

“[E]llo beneficia, tanto al interesado, como

Estado y a los terceros, que así pueden

13

CC-2004-708

obtener la información que necesitan

entran en relación con aquéllas.”

cuando

M. Albaladejo, Derecho Civil, Ed. Bosh, Barcelona, Tomo I,

vol. 1, 1989, pág. 358.

En el Registro se inscriben, por lo tanto, todos los

sucesos y hechos vitales que definen el estado civil y la

capacidad jurídica de un individuo.

J. L. Lacruz Berdejo,

Elementos de Derecho Civil, Ed. Bosh, Barcelona, Tomo I

(1974),

pág.

nacimiento

y

170.

junto

a

Entre

los

éste,

el

filiación del inscrito.

cuales

nombre,

destacamos

el

y

la

el

sexo,

Art. 41, Ley del Registro Civil

español; Art. 167, Reglamento del Registro Civil.

cabida

en

el

registro

también:

nacionalidad y la defunción.

personalidad

se

el

Tienen

matrimonio,

la

Todos estos atributos de la

caracterizan,

entre

otras

cosas,

por

“[t]ener eficacia general, es decir frente a todos (erga

omnes).”

el

Albaladejo, op. cit., pág. 236. Comienza así con

nacimiento,

el

registro

de

datos

vitales

de

cada

persona, que lo individualiza y lo convierte en sujeto de

derechos y finaliza, evidentemente, con el fallecimiento.

La existencia del Registro se justifica en la medida

que

el

Derecho

y

las

relaciones

que

regula

requieran

seguridad, certidumbre y constancia sobre las condiciones

de

capacidad

Registro

se

y

el

entorno

convierte

familiar

entonces

de

en

la

persona.

El

un

sistema

de

14

CC-2004-708

constatación de hechos relevantes de ese titular. 11

Así, lo

que le da relieve es esencialmente su finalidad, ser “el

instrumento

versión

material

oficial

para

sobre

la

que

conste

existencia,

públicamente

la

estado

y

civil

condición de las personas.” Vázquez Bote, Derecho Privado

Puertorriqueño,

400. 12

Equity

Publishing,

(Énfasis nuestro.)

1992,

Vol.

III,

pág.

Por ser esa su función, “la

veracidad e integridad del Registro del estado civil ha de

tener

singular

representa,

importancia

además,

un

para

medio

de

el

Estado,

conocer

por

la

cuanto

exacta

y

auténtica situación jurídica de las personas, al tiempo que

pueden

ser

instrumentos

muy

convenientes

para

ordenar

11

Históricamente, el precedente directo del Registro Civil

español se halla en los Registros parroquiales que lleva la

Iglesia Católica para consignar los bautismos, matrimonios

y defunciones desde mediados del Siglo XIV y principios del

XV. M. Albaladejo, Derecho Civil, Bosh, Barcelona, Tomo I,

vol. 1, 1991, pág. 358. La Revolución Francesa secularizó

estos Registros, creando el moderno Registro Civil a cargo

de funcionarios del Estado. J. Castán Tobeñas, Derecho

Civil Español, Común y Floral, Ed. Reus, Madrid, Tomo I,

vol. 2, 1984, pág. 508.

12

Esta institución se incorpora a nuestro ordenamiento

legal a finales del Siglo XIX cuando, en 1885, comenzó a

regir en Cuba y Puerto Rico, la “Ley Provisional del

Registro Civil” decretada por España en 1870, a raíz de la

Constitución española de 1869. Con el cambio de soberanía

en 1898, la estructura del sistema de Registro civil no

sufrió cambio sustancial alguno. En el 1931, sin embargo,

con la Ley Núm. 24 de 2 de abril de 1931, se produjo

una reorientación del sistema tradicional del estado civil

al crearse el Registro Demográfico.

El nuevo esquema

legislado centralizó las funciones del Registro en manos

del Comisionado de Salud, eliminando el control que tenía

sobre el Registro el municipio y el alcalde. Municipio v.

Fernós, 63 D.P.R. 978 (1944).

La Ley Núm. 24 tiene como

propósito también recopilar información de naturaleza

estadística.

15

CC-2004-708

determinados servicios administrativos. . . .”

Loc. cit.

(Énfasis nuestro.)

En síntesis, el Registro Civil tiene como propósito

fundamental

condición

garantizar

civil

y

una

hechos

información

fiable

vitales

las

de

sobre

la

personas

y

proporcionar un medio de prueba de los mismos.

Ello, para

beneficio no tan solo del inscrito sino también del Estado

y de los terceros que entran en relación con el primero.

Es por lo tanto el Registro, un mecanismo que al garantizar

seguridad, constancia y certeza en la información a que da

publicidad, abona a la evitación de, entre otros, el fraude

y

la

simulación

en

las

relaciones

que

establecen

individuos entre sí y que el Derecho regula.

Ferriol, op. cit., pág 136-37.

los

Véase, Puig

En igual sentido, Luces

Gil, op. cit., pág. 18; M. Planiol, G. Ripert, Tratado

Elemental de Derecho Civil, Cárdenas ed., México, 4ta ed.,

Vol.

1,

2003,

pág.

243

(“Las

actas

del

estado

civil

constituyen un medio de prueba seguro y fácil, organizado

por

la

ley

para

los

entonces

a

nacimientos,

matrimonios

y

disposiciones

del

defunciones.”)

Pasemos

discutir

las

Registro Demográfico.

IV

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24

L.P.R.A.

secs.

Demográfico,

Demográfico

1041

et

establecido

o

seq.,

en

Estadísticas

crea

la

un

Registro

División

Vitales

del

de

General

Registro

Departamento

de

16

CC-2004-708

Salud

de

Puerto

Rico.

El

mismo

se

estableció

con

el

propósito de registrar, coleccionar, custodiar, preservar,

enmendar

y

certificar

hechos

vitales,

de

las

personas

nacidas en Puerto Rico. 24 L.P.R.A. sec. 1042 (1).

Acorde

al cambio habido en la legislación registral de 1931, el

Registro

Demográfico

se

registro

estadístico

confiable

estudio

de

estadísticas

convirtió

y

vitales

principalmente

formal

de

que

en

un

permite

el

población. 13

nuestra

Ciertamente, el propio cambio de nombre, de Registro Civil

a Registro Demográfico, denota la intención de convertir el

mismo en un instrumento para el estudio estadístico de la

población de Puerto Rico conforme su composición y estado

en

un

momento

históricamente.

población,

determinado,

o

conforme

evolucione

Véase en general, E.A. Wrigley, Historia y

Introducción

a

la

demografía

histórica,

Ed.

Guadarrama, Madrid, 1969.

No por ello sin embargo, dejó de tener la finalidad

esencial

de

ser

el

instrumento

en

el

cual

constan

públicamente la versión oficial sobre la existencia, estado

civil y hechos vitales de las personas nacidas en Puerto

Rico; y, como tal, servir de instrumento de constatación

para

quienes

registradas.

entran

en

contacto

con

las

personas

Así, en reiteradas ocasiones hemos señalado

que la información que consta en el Registro Demográfico

constituye evidencia prima facie del hecho que se pretende

13

Véase, Exposición de Motivos, Ley. Núm. 220 de 9 de

agosto de 1998.

17

CC-2004-708

constatar.

Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 8 n. 11 (1959);

Bigas Surs. v. Comisión Industrial, 71 D.P.R. 336 (1950);

Pueblo

v.

Ramírez,

65

D.P.R.

680

(1946);

Mercado

v.

documento

que

American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943).

El

certificado

de

nacimiento

es

el

refleja los datos vitales de la persona al momento de su

nacimiento.

Es por lo tanto una radiografía histórica de

la persona al nacer, que deja constancia de la siguiente

información:

fecha y lugar de nacimiento, nombre de los

padres, nombre y sexo de la persona inscrita.

Véase, K. v.

Health Div. Dept. of Human Services, P.2d 1072, 1072 (Or.

1977) (“it was the intent of the legislature of Oregon that

a ‘birth certificate’ is an historical record of the facts

as they existed at the time of birth.”)

Las constancias del registro están sujetas a enmiendas

únicamente,

señala

de

manera

sobre

excepcional.

este

particular

Lacruz

lo

Berdejo

nos

siguiente:

“excepcionalmente pueden corregirse los defectos [. . .]

restituyéndolos

a

la

redacción

que

debieran

tener,

en

diversos supuestos en los que no puede haber sospecha de

posible fraude. . .”

La

Ley

del

Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 177.

Registro

Demográfico

provee

el

procedimiento para enmendar el certificado de nacimiento,

también a manera de excepción.

Así, la Ley dispone:

[L]as omisiones o incorrecciones que aparezcan en

cualquier certificado antes de ser registrados en

el Departamento de Salud podrán ser salvadas

insertando

las

correcciones

o

adiciones

necesarias en tinta roja en dicho certificado,

18

CC-2004-708

pero luego de haber sido archivado en el

Departamento de Salud, no podrá hacerse en los

mismos rectificación, adición ni enmienda alguna

que altere sustancialmente el mismo, sino en

virtud de orden del Tribunal de Distrito, cuya

orden, en tal caso, será archivada en el

Departamento de Salud haciendo referencia al

certificado a que corresponda.

Para obtener dicha orden deberá presentar el

interesado una solicitud a la Sala del Tribunal

de Distrito de su domicilio, exponiendo bajo

juramento

su

pretensión

y

formulándola

debidamente acompañada de la prueba documental

pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la

solicitud y de toda la prueba documental le será

remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con

su radicación quien deberá formular su posición

dentro del término de 10 días.

. . .

El cambio, adición o modificación de nombre o

apellido sólo podrá hacerse a instancia del

interesado, quien deberá presentar ante cualquier

Sala del Tribunal de Distrito oportuna solicitud,

expresando bajo juramento los motivos de su

pretensión, acompañada de la prueba documental

pertinente en apoyo de su solicitud.

24 L.P.R.A. sec. 1231.

(Énfasis nuestro.)

Esta disposición se complementa con la sección 1071-19

del

Reglamento

del

Registro

Demográfico,

que

a

su

dispone:

Correcciones o alteraciones después de hecha la

inscripción- Después que un certificado haya sido

aceptado por el registrador, no podrá ser objeto de

ningún cambio, borradura o alteración, así como

tampoco la trascripción hecha en el libro de

récord, sin el debido procedimiento de ley.

Los

errores materiales que aparecieren en cualquier

certificado al ser presentado para inscripción o

luego de haber sido inscrito, consistentes en la

equivocación de un nombre, apellido, palabra o

frase no esenciales, podrán subsanarse escribiendo

correctamente con tinta roja la palabra o palabras

erróneamente escritas o insertando la palabra o

palabras omitidas.

Las tachaduras que fueren

vez

19

CC-2004-708

necesarias se harán de modo que siempre se pueda

leer la palabra tachada.

Para efectuar dichas

correcciones los registradores exigirán la prueba

que, según los casos, estimen oportuna.14

Una lectura de estas disposiciones deja establecido que

hay dos procesos de corrección o rectificación de errores:

uno, antes de haberse registrado un certificado y el otro

luego de archivado y registrado el mismo en el Departamento

de Salud.

el

En el primero de los casos, la ley permite que

propio

Registrador

incorrecciones”

inscrito

el

en

la

pueda

corregir

inscripción

certificado,

antes

insertando

correspondientes en tinta roja.

las

“omisiones

de

que

o

quede

correcciones

Luego de registrado el

certificado, la Ley del Registro prohíbe que se efectúe un

cambio,

rectificación

o

enmienda

alguna

que

altere

sustancialmente el certificado, salvo en virtud de orden

judicial a esos efectos.

El Reglamento por su parte, aclara que el Registrador

puede corregir equivocaciones en el nombre o los apellidos,

palabras o frases no esenciales en el certificado luego de

registrado

sin

orden

judicial.

No

obstante,

cuando

se

trata de correcciones o enmiendas sustanciales después de

haber registrado el certificado en el Registro Demográfico,

la

ley

sólo

permite

que

se

diluciden

las

mismas

en

un

tribunal competente.

En muy pocas ocasiones nos hemos expresado sobre el

procedimiento de enmienda o rectificación al certificado de

14

Reglamento del Registro Demográfico Núm. 0316.

20

CC-2004-708

nacimiento o, el de inscripción de datos en el Registro

Demográfico.

E.g., Ex Parte Pérez, 65 D.P.R. 938 (1946);

León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

En ambas

ocasiones

interpretamos

Registro

Demográfico

y

restrictivamente

la

Ley

las

que

permiten

disposiciones

del

enmendar los asientos del Registro o registrar información

en el mismo; concluyendo que los cambios solicitados tenían

que haber sido autorizados previamente por ley antes de

acceder a los mismos.

Así, en Ex Parte Pérez, supra, nos enfrentamos a una

solicitud

de

nacimiento.

cambio

de

nombre

en

el

Resolvimos

que,

ante

certificado

de

ausencia

de

la

disposición alguna en la Ley del Registro Demográfico que

específicamente autorizara el cambio solicitado, estábamos

impedidos de acceder al mismo.

Al así resolver, indicamos

que le correspondía a la Legislatura hacer viable el cambio

de

nombre

en

un

certificado

de

nacimiento.

Señalamos

específicamente que la Legislatura debía “corregir lo que

entendemos es un defecto en nuestra legislación.”

Ex Parte

Pérez, 65 D.P.R. págs. 942-43.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley

Núm. 119 de 12 de abril de 1950, para enmendar la Ley del

Registro

Demográfico

y

autorizar

el

cambio

de

nombre

y

apellido de una persona en su certificado de nacimiento.

Esta ley se aprobó precisamente para atender el problema

que

creaba

la

ausencia

de

autorización

legislativa

para

efectuar un cambio de nombre en el Registro Demográfico;

21

CC-2004-708

situación que advertimos en Ex parte Pérez.

Véase, Actas

de la Cámara de Representantes, 17ma Asamblea Legislativa,

Sesión Ordinaria, 1950, pág. 643.

De

otra

parte,

en

León

Rosario

v.

Torres,

supra,

denegamos una petición de que se inscribiera en el Registro

Demográfico el nacimiento de una niña nacida en Estados

Unidos de padres puertorriqueños residentes todos en Puerto

Rico, toda vez que la Ley del Registro Demográfico no lo

contemplaba.

La

Ley

solo

autoriza,

de

ordinario,

inscripción de niños nacidos en Puerto Rico.

la

Señalamos en

esa ocasión que “las excepciones consignadas en la ley son

de

restrictiva

interpretación”,

ya

que

el

legislador

siempre ha indicado expresamente lo que ha querido permitir

que se inscriba en el Registro Demográfico.

(Énfasis

nuestro.) 15

“No

hay

lugar

en

Íd., pág. 810.

este

esquema

legislativo para una interpretación liberal en cuanto a los

hechos vitales que son inscribibles.”

Íd.

Lo anteriormente reseñado denota claramente que hemos

interpretado restrictivamente las disposiciones de la Ley

15

En las instancias que el legislador ha querido permitir

que se inscriban

el Registro Demográfico acontecimientos

ocurridos

fuera

de

Puerto

Rico,

lo

ha

autorizado

expresamente en ley.

Así, ha dispuesto para: la

inscripción de defunciones ocurridas en un barco o avión en

travesía, o en el caso de ausentes, Ley Núm. 1 de 23 de

febrero de 1978; la inscripción de nacimientos ocurridos en

un barco o avión durante su travesía, íd.; la anotación de

divorcios o anulaciones de matrimonios decretados fuera de

Puerto Rico,

de personas cuyos matrimonios se hubieren

celebrado en Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971;

y la inscripción de adopciones realizadas fuera de Puerto

Rico de personas nacidas aquí, y realizadas aquí de

personas nacidas fuera, Ley Núm. 84 de 15 de junio de 1953.

22

CC-2004-708

del Registro Demográfico.

Hemos dispuesto que cualquier

cambio o rectificación en el certificado de nacimiento, una

vez registrado o cualquier solicitud de inscripción de un

hecho vital, tiene que haber sido autorizado previamente

mediante

legislación

para

que

proceda

el

mismo.

Ello

quiere decir que allí donde la Ley del Registro dispone que

una enmienda sustancial a las constancias del certificado

de nacimiento sólo procede en virtud de una “orden del

tribunal”, la orden sólo procederá si el ordenamiento legal

autoriza el cambio solicitado mediante legislación a esos

efectos.

Habida cuenta de lo anterior, concluimos que la Ley del

Registro Demográfico establece, a modo de numerus clausus,

las únicas instancias en que se pueden realizar cambios en

las

anotaciones

nacimiento.

de

datos

vitales

en

Siendo

ello

así,

hay

no

el

certificado

margen

para

de

una

interpretación liberal o expansiva de las disposiciones de

la Ley del Registro Demográfico.

Ello

hechos

es

son

cónsono

con

la

normativa

inscribibles

en

el

sentido nos indica Luces Gil:

vigente

Registro

sobre

qué

En

ese

Civil.

“Pero, en la práctica, hay

que reconocer la imposibilidad de acceso al Registro de

hechos

o

cualidades

de

expresamente

inscribibles

Luces

op.

Gil,

cit.,

estado

en

pág.

la

civil

no

declarados

Legislación

registral.”

30-31.

Recordemos

que

el

Registro tiene como fin, entre otros, dar publicidad a los

hechos que afectan el estado civil o datos vitales de las

23

CC-2004-708

personas cuando éstas entran en relación con el Estado o

con

terceros;

constituye

y,

además

que

un

el

certificado

documento

que

de

nacimiento

recoge

información

histórica sobre hechos vitales de la persona al momento de

su nacimiento.

Todo ello aconseja, como hemos hecho en el

pasado y reafirmaos hoy, una interpretación restrictiva de

la Ley del Registro Demográfico como garantía de certeza

jurídica sobre la información allí contenida.

A la luz de lo anterior debemos forzosamente concluir

que la Ley del Registro Demográfico no contempla y mucho

menos autoriza, un cambio como el solicitado por el aquí

peticionario.

En ausencia de legislación que expresamente

lo autorice estamos impedidos de reconocer como viable un

cambio

sustancial

en

las

constancias

del

certificado

de

nacimiento de lo que es, un hecho vital de la persona, su

sexo.

No cabe hablar en este caso de que existe laguna en la

Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. sec. 1041, et

seq.

Por el contrario, existe una prohibición expresa de

hacer cambios sustanciales en las constancias originales

del certificado de nacimiento.

Lengua

Española,

es

Según el Diccionario de la

“sustancial”

constituye

lo

esencial

y

Diccionario

de

la

Española,

2115.

Lengua

más

todo

aquello

importante

Tomo

II,

que

de

algo.

2001,

pág.

Los cambios requeridos por el peticionario afectan

el estado civil de la persona, eje central del Registro

Demográfico; por lo que, estamos ante un cambio sustancial

24

CC-2004-708

cuya modificación solo compete a la Asamblea Legislativa.

La juez Patricia Wald, con gran claridad ha indicado:

Personal experience has revealed that the nearly

universal view among federal judges is that when

we are called upon to interpret statutes, it is

our primary responsibility, within constitutional

limits, to subordinate our wishes to the will of

Congress because the legislator’s collective

intention, however discerned, trumps the will of

the court.

Wald, The Sizzling Sleeper:

The Use of Legislative History

in Construing Statutes in the 1988-89 Term of the United

States Supreme Court, 39 Am. U. L. Rev. 277, 281 (1990).

Cuando el lenguaje de la ley es claro e inequívoco,

nuestra

responsabilidad

legislativa,

es

respetar

independientemente

de

la

voluntad

nuestro

criterio

personal.

Alonso García v. Ramírez Acosta, res. 16 de

septiembre

de

2001,

155

D.P.R.___,

2001

T.S.P.R.

126;

Lasalle v. Jta. Dir. A.C.C.A., 140 D.P.R. 694 (1994); Silva

v.

Adm.

Sistema

del

Retiro,

128

D.P.R.

256

(1991).

Corresponde a la Asamblea Legislativa y los legisladores

electos

que

allí

sirven,

determinar

cuál

deba

política pública que encarnen nuestras leyes.

Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999).

última

instancia,

expresada

el

reflejo

democráticamente

a

de

la

través

la

Pueblo v.

Las leyes son, en

voluntad

de

ser

los

del

pueblo

legisladores

electos y, recogen aquello que el pueblo está dispuesto a

aceptar en un momento dado.16

16

El juzgador no debe sustituir

Valga señalar que en veinte y ocho (28) estados de los

Estados Unidos, se ha legislado para permitir que se

enmiende un certificado de nacimiento para que refleje los

25

CC-2004-708

su sentido de justicia por la letra clara del estatuto.

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 65 (1954).

Justipreciadas

las

preguntas

que

nos

formulamos

al

inicio, somos del criterio que le corresponde a la Asamblea

Legislativa sopesar todos los intereses involucrados en la

controversia

que

trasluce

el

tema

de

la

transexualidad,

conjurar los mismos, y proponer la respuesta legislativa

que se estime apropiada.

En última instancia, bajo un

_________________________

cambios habidos como resultado de una operación de

reasignación de sexo.

En

algunos

de

esos

estados,

el

procedimiento

establecido sólo requiere que se solicite del tribunal el

cambio de sexo en el certificado de nacimiento, sin más; o,

que se expida un nuevo certificado. E.g., Ala. Code. sec.

22-9A-19(d),

Ark.

Code.

Ann.

sec.

20-18-307(d)(4),

California Health and Safety Code sec. 103425, Colo. Rev.

Stat. Ann. sec. 25-2-115(4), Conn. Gen. Stat. Ann. sec.

19a-42, D.C. Code Ann. sec. 7-217(d), Ga. Code Ann. sec.

31-10-23(e), Md. Code Ann. Health-Gen.I sec. 4-214 (b)(5),

Miss. Code Ann. sec. 41-57-21, Mo. Stat. sec. 193.215,

Mont. Code. Ann. sec. 50-15-204, Nv. Adm. Code sec.

440.130, Or. Rev. Stat. sec. 432-235, Utah Code Ann. sec.

26-2-11, Va. Code Ann. sec. 32.1-269, Wisc. Stat. sec.

69.15 (1)(a).

Otros estados, sin embargo, requieren una declaración

jurada del médico o cirujano que llevó a cabo la operación,

para que el tribunal pueda emitir su dictamen ordenando el

cambio en el certificado de nacimiento.

E.g., Ariz. Rev.

Stat. sec. 36-337 (a)(4), Haw. Rev. Stat. sec. 338-17.7

(4)(b), 410 Ill. Comp. Stat. Ann. sec. 535/7 (d), Iowa Code

IV sec. 144.38, Ky. Rev. Stat. Ann. sec. 213.121 (5), La.

Rev. Stat Ann. 40:62, Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 46 sec. 13

(e), Mich. Comp. Laws sec. 333.2891 (9)(a), N.J. Stat. Ann.

26:8-40.12, Neb. Rev. Stat. sec. 71-904.01, N. M. Stat.

Ann. sec. 24-14-25 (D), N.C. Gen. Stat. sec. 130A-118.

Tennessee es el único estado que tiene un estatuto que

expresamente prohíbe el cambio de sexo en el certificado de

nacimiento. T.N. Stat. Ann. sec. 191.028, 192.011. Véase

también, Changing Name & Sex On Birth Certificate United

States, Canada & UK, United States Department of State,

http://www.kindredspiritlakeside.homestead.com/BirthRecord.

html. Última revisión: 3 de noviembre de 2004.

26

CC-2004-708

sistema de separación de poderes como el establecido en

nuestra Constitución, la facultad de aprobar las leyes la

tiene la Asamblea Legislativa y le corresponde al Poder

Judicial,

entonces,

la

responsabilidad

de

resolver

los

litigios mediante la interpretación de la ley aprobada.

Habida cuenta de lo anterior, resolvemos que no procede

autorizar

el

cambio

solicitado

en

el

certificado

de

nacimiento del peticionario para cambiar su sexo, toda vez

que

la

Ley

del

Registro

Demográfico

no

lo

autoriza

expresamente.

V.

Antes de concluir debemos señalar, como indicamos al

inicio,

que

Resolución

el

del

Tribunal

Tribunal

de

de

Apelaciones

Primera

al

revocar

Instancia,

dejó

la

sin

efecto, suponemos por inadvertencia, la determinación de

dicho foro autorizando el cambio de nombre del peticionario

en

su

certificado

de

nacimiento.

Al

así

hacerlo,

sin

embargo erró.

Hemos revisado el expediente y del mismo surge que el

peticionario cumplió con todos los requisitos exigidos por

la Ley del Registro para autorizar un cambio de nombre.

Además,

el

Procurador

General

no

cuestionó

determinación ante el foro apelativo intermedio.

dicha

Por lo

tanto no procedía revocar esa determinación del foro de

instancia.

En

su

consecuencia

dejamos

determinación del Tribunal de Apelaciones.

demás, se confirma el dictamen recurrido.

sin

efecto

esa

En cuanto a lo

27

CC-2004-708

Por los fundamentos antes expuestos y expedido el auto

de

certiorari,

Tribunal

de

se

confirma

Apelaciones

en

la

sentencia

este

caso

dictada

en

cuanto

por

el

a

la

determinación de dejar sin efecto el cambio de sexo en el

certificado

de

nacimiento

autorizado

por

el

Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez

Juez Asociada

Tribunal

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

CC-2004-708

Peticionario

Ex Parte

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede los cuales se incorporan íntegramente

a la presente, se dicta sentencia confirmando la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones

en cuanto a su determinación de revocar la

determinación del Tribunal de Primera Instancia

que autorizó el cambio de sexo en el certificado

de nacimiento del Peticionario.

Se revoca la

determinación del tribunal apelativo de dejar sin

efecto el cambio de nombre del peticionario en su

certificado de nacimiento por el tribunal de

instancia.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza

Asociada señora Fiol Matta disienten con opinión

escrita.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez

emitió opinión de conformidad.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

Peticionario

CC-2004-708

Ex – parte

OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA

PÉREZ.

San Juan, Puerto Rico, 30 de junio de 2005.

Estamos de acuerdo con el resultado de confirmar

la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de

Apelaciones, y con sus fundamentos. Coincidimos con

la

Opinión

mayoritaria

sobre

existentes,

a

tenor

la

Demográfico

de

Puerto Rico17, que imposibilitan que

se reconozca

en los registros

la

reasignación

llamada

transexual.

No

con

obstante,

los

Ley

impedimentos

del

Registro

oficiales del Estado

física

del

entendemos

sexo de un

como

necesario

expresarnos sobre otros aspectos de igual o mayor

importancia,

17

dentro

del

24 L.P.R.A. §1231.

“caso

y

controversia”

2

CC-2004-708

ante

nos.

Entendemos

que

la

controversia

ante

nuestra

consideración, además del análisis circunscrito a la Ley del

Registro Demográfico, supra,

perspectiva.

Es

merece un análisis desde otra

imprescindible

evaluar

y

analizar

las

consecuencias que este asunto pueda acarrear en la estabilidad y

formalidad de las instituciones del Estado. Tal es el caso, por

ejemplo, del efecto acumulativo que tendría sobre importantes

áreas

e

instituciones,

partes

del

derecho

de

familia

y

del

tuvo

la

derecho sucesorio, entre otros.

I

En

Ex

parte

oportunidad

de

expresarse

esencialmente

idéntica

ocasión,

señor

el

a

quirúrgica

Tribunal

Primera

en

la

Andrés

intervención

de

Torres 18 ,

Andino

y

un

que

este

caso

hoy

Andino

con

nos

Torres

posteriormente

Instancia

Tribunal

una

ocupa.

se

situación

En

sometió

a

una

ante

el

enmendara

el

compareció

solicitando

se

aquella

asiento que consigna su nacimiento en el Registro Demográfico

de Puerto Rico para

se

hiciera

que se

constar

su

cambiara su

nombre a

Alexandra y

sexo

femenino.

Luego

como

del

correspondiente trámite procesal ante el Tribunal de Primera

Instancia y el

Tribunal

de

Apelaciones,

este

Tribunal,

mediante Sentencia emitida el 30 de junio de 2000, accedió a

concederle

lo

solicitado.

El Juez Asociado señor Negrón

García emitió Opinión Concurrente.

Apoyó tal proceder en el

principio de equidad, establecido en el Código Civil de

18

151 D.P.R. 794 (2000).

3

CC-2004-708

Puerto Rico que dispone lo siguiente:

“[c]uando no hay ley

aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad,

según la define el Artículo 7 del Código Civil”.19

En Ex-Parte Andino Torres, supra, se emitió una Opinión

Disidente

en

la

por el entonces Juez Asociado señor Corrada del Río

que

hizo

constar

las

razones

que,

además

limitaciones impuestas por la Ley del Registro

de

las

Demográfico,

supra, imposibilitan el reconocimiento del cambio de sexo en

los documentos oficiales del Estado. Hoy subscribimos aquella

evaluación,

motivos

análisis,

y

sus

fundamentos,

que

ha

expresado

el

imposibilitan

el

reconocimiento

e

Gobierno,

de

la

incluimos

que

llamada

otros

igualmente

reasignación

física de sexo en los documentos oficiales del Estado como una

cuestión de interés apremiante. Veamos.

II

El

Hernández

19

27

de

octubre

de

nació

en

Puerto

31 L.P.R.A.

siguiente:

sec.

7,

1970,

Dicho

el

Rico,

señor

Alexis

exhibiendo

artículo

lee

de

Delgado

fenotipo

la

El Tribunal que rehúse fallar a pretexto

de silencio, obscuridad, o insuficiencia de

la ley, o por cualquier otro motivo,

incurrirá en responsabilidad.

Cuando no haya ley aplicable al caso, el

tribunal resolverá conforme a equidad, que

quiere decir que se tendrá en cuenta la

razón natural de acuerdo con los principios

generales del derecho, y los usos y

costumbres aceptados y establecidos.

manera

4

CC-2004-708

masculino. El 23 de mayo de 2003, en el estado de Colorado, se

sometió a una intervención quirúrgica. El 22 de diciembre de

2003,

presentó

una

petición

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia de Puerto Rico para que se enmendara el asiento que

refleja su nacimiento en el Registro Demográfico de Puerto Rico

y su licencia de conducir y así, se cambiara en ambos su nombre

a Alexandra, y se hiciera constar su sexo como femenino. El

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico ordenó mediante

Resolución

al

Registro

Demográfico

y

al

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas, hacer los cambios solicitados,

tanto el cambio de nombre como el cambio de sexo.

Posteriormente, compareció el Procurador General ante el

Tribunal de Apelaciones solicitando se revocara la Resolución

recurrida, dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Ese

Tribunal,

previa

comparecencia

de

ambas

partes,

procedió

a

revocar la referida orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia. Utilizó como fundamento principal que la Ley del

Registro Demográfico, supra, no contiene disposición alguna que

permita que el asiento del nacimiento se enmiende para variar

el sexo de la persona inscrita, en ausencia de circunstancias

que indiquen que el asiento original fue producto de un error.

Acude

ante

nos

el

señor

Alexis

Delgado

Hernández

solicitando revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones

y

mantengamos

en

vigor

la

orden

originalmente por el Tribunal de Primera Instancia.

emitida

5

CC-2004-708

III

No

albergamos

duda

alguna

sobre

el

derecho

que

le

asiste a toda persona de expresar y vivir su sexualidad de

la

manera

que

entienda

apropiada,

dentro

protegido por el derecho constitucional a la

del

ámbito

intimidad. No

obstante, esos deseos no pueden trascender y trastocar la

formalidad

y

oficialidad

Gobierno,

y

mucho

de

menos

los

documentos

puede

el

Estado

que

emite

el

legitimar

y

oficializar algo que no estuvo sostenido con prueba pericial

y científica como que haya ocurrido.

En Ex Parte Andino Torres 20 , expuso el Juez Asociado

señor Corrada del Río, citando al tratadista Díez del Corral

Rivas: “...por mucho que una persona se sienta mujer esa

circunstancia

no

puede

bastar

para

fomentar

y

admitir

oficialmente un estado o situación que sólo existe en la

psicología del individuo”.21

planteamos

la

interrogante,

científica,

¿se

produjo

Partiendo

un

como

cambio

de

esa premisa, nos

cuestión

de

de

sexo? 22

realidad

El

factor

psicológico determina el carácter y el comportamiento social

e individual de un ser humano, pero no altera la realidad

científica de su sexo.23

20

151 D.P.R.

794, 837 (2000).

21

J. Díez del Corral Rivas, Estado civil y sexo. Transexualidad,

2 Actualidad Civil 2135, 2156 (1987).

22

Ex Parte Andino Torres, supra, pág. 834.

23

Íd., pág. 840.

6

CC-2004-708

El asunto medular en el caso de autos reside en el hecho

que al peticionario haberse sometido a una cirugía y las

partes

genitales

externas

de

su

cuerpo

aparentan

haber

sufrido algún cambio, no fue establecido con prueba pericial

y

científica

por

esa

parte

que

efectivamente

se

haya

producido una transformación en sus cromosomas. No obstante,

para determinar el sexo de una persona que fue sometida a una

intervención

quirúrgica,

no

basta

exterior

su

Es

menester

de

cuerpo.

características

cromosómicas,

con

auscultar

evaluar,

genéticas,

la

parte

además,

sus

hormonales

y

psicológicas.24

La clasificación sexual que corresponde a una persona

queda

definida

al

momento

de

su

nacimiento

tomando

en

consideración el fenotipo exhibido por la persona nacida. Ese

fenotipo exhibido, salvo limitadas excepciones, normalmente

coincide

con

una

correspondiente.

estructura

Es

por

cromosómica

esto

que,

típica

del

sexo

mediante

pruebas

científicas, podemos determinar con exactitud, por

medio de

un examen cromosómico, cuál es el sexo de esa persona, toda

vez que el sexo masculino se distingue por poseer cromosomas

XY y el sexo femenino por poseer cromosomas XX.

Estamos conscientes de la existencia de una variedad de

desórdenes que se manifiestan de distintas maneras. Tal es el

caso de los hermafroditas, por mencionar alguno de ellos. En

estos casos la persona no puede permanecer indefinidamente en

un estado de incertidumbre sobre cuál es su sexo, ni en una

24

Íd., pág. 835.

7

CC-2004-708

clasificación especial, por tal razón existe la necesidad de

que esa persona escoja entre una de las dos opciones que,

como una anomalía, su cuerpo presenta. Es decir, en estos

casos la persona tiene que definir su sexo con posterioridad

al

nacimiento.

Esa

no

es

la

situación

ante

nos.

La

posibilidad de que se reconozca un cambio de sexo en los

documentos oficiales del Estado sin la prueba pericial y

científica que lo justifique, crearía una situación anómala

en

diferentes

áreas

de

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Permitiría, entre otros, soslayar la prohibición existente en

nuestro Código Civil relativa a la celebración de matrimonios

entre personas del mismo sexo.

El Artículo 68 de nuestro

Código Civil,25 reza de la forma siguiente:

El matrimonio es una institución

civil que procede de un contrato civil

en virtud del cual un hombre y una

mujer se obligan mutuamente a ser

esposo y esposa, y a cumplir el uno

para con el otro los deberes que la ley

les

impone.

Será

válido

solamente

cuando se celebre y solemnice con

arreglo

a

las

prescripciones

de

aquélla, y sólo podrá disolverse antes

de la muerte de cualquiera de los dos

cónyuges, en los casos expresamente

previstos en este título. Cualquier

matrimonio entre personas del mismo

sexo o transexuales contraído en otras

jurisdicciones,

no

será

válido

ni

reconocido

en

derecho

en

Puerto

Rico.(Énfasis suplido)

El

matrimonio

es

un

contrato

en

virtud

del

cual

un

hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y

esposa. Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o

transexuales contraído en otra jurisdicción, no es válido ni

25

31 L.P.R.A. sec. 221.

8

CC-2004-708

reconocido

constar,

como

como

válido

en

Puerto

pretende

el

Rico.

Incluir

peticionario,

los

o

hacer

resultados

externos de una intervención quirúrgica en el área de los

genitales

de

su

cuerpo

en

el

asiento

del

Registro

Demográfico, donde se registró su nacimiento, permitiría que

se realicen los matrimonios entre personas del mismo sexo,

una de ellas transexual, cuando la condición cromosómica y

biológica

de

éste

último

no

se

ha

demostrado

alterada con evidencia pericial y científica.

que

fuera

Para todos los

efectos legales, se trataría de un matrimonio entre personas

del

mismo

sexo,

en

abierta

violación

a

la

prohibición

estatutaria.

A pesar de que el referido estatuto hace referencia a la

prohibición de

contraer matrimonio entre personas del mismo

sexo o transexuales en otras jurisdicciones, resulta obvio que

dicha prohibición es extensiva a matrimonios de ese tipo que se

celebren en Puerto Rico. Interpretar el estatuto como que la

referida prohibición no incluye a los matrimonios de ese tipo

celebrados en Puerto Rico, sería absurdo. Ese

estatuto prohíbe

la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo o

transexuales en Puerto Rico. Contiene un claro mandato sobre la

invalidez de ese tipo de matrimonio, de celebrarse.

Autorizar

documentos

del

la

oficialización

Estado,

en

casos

del

cambio

como

el

de

sexo

en

los

presente,

abre

la

puerta para la concesión de adopciones de menores de edad por

parejas adoptantes del mismo sexo, acción que opera en contra

9

CC-2004-708

de

los

valores

y

normas

jurídicas

vigentes

en

nuestra

jurisdicción.

Otra consecuencia de permitirse un cambio de sexo en los

documentos

tendría

oficiales

sobre

la

del

Estado,

certeza

y

es

el

detrimento

confiabilidad

de

la

que

esto

que

gozan

actualmente esos documentos, muy en particular el certificado

de nacimiento, expedido por el Registro Demográfico de Puerto

Rico.

El

certificado

de

nacimiento

es

quizás

el

documento

personal más importante que emite el Gobierno en Puerto Rico. A

través de ese documento, el ciudadano en Puerto Rico comienza a

obtener el cúmulo de documentos que usualmente poseemos, y que

utilizamos para establecer nuestra identidad en todo tipo de

transacciones

oficiales.

Si

asiento

nacimiento

de

del

permitiéramos

una

persona

oficializar

en

el

en

el

Registro

Demográfico un supuesto cambio de sexo, que en realidad no ha

sido acreditado con prueba científica, le estaríamos restando

certeza y

confiabilidad a un documento tan importante como lo

es el certificado de nacimiento emitido por esa agencia. Esto

tendría graves consecuencias con relación a asuntos locales,

nacionales e internacionales de nuestros ciudadanos, pues estos

documentos son evidencia indispensable de su identidad, y ya no

gozarían de la

certeza y confianza que hoy se les concede.

El aspecto psicológico y emocional de un ser humano no

altera los componentes cromosómicos, hormonales y genéticos que

determinan el sexo. El sexo es una cualidad de la persona.

Cuando una persona, que nació varón,

pretende

asumir

10

CC-2004-708

un rol femenino, es meramente una forma particular de vivir su

propia sexualidad. Al someterse una persona a una intervención

quirúrgica, como la del presente caso, sólo obtiene una simple

apariencia

externa

de

cambio

en

el

área

de

sus

genitales,

mientras no se demuestre con prueba pericial y científica lo

contrario.

Los

fundamentos

antes

expuestos,

además,

de

los

impedimentos establecidos por la Ley del Registro Demográfico

de

Puerto

Rico,

supra,

constituyen

una

barrera

al

reconocimiento al llamado cambio de sexo, en los documentos

oficiales

del

Estado

como

resultado

de

una

intervención

quirúrgica, como la del presente caso.

IV

Por

los

fundamentos

expuestos

estamos

conforme

con

el

resultado a que llega el Tribunal y los fundamentos utilizados

para sostenerlo, a tenor con la Ley del Registro Demográfico de

Puerto Rico, supra.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

Peticionario

Ex Parte

CC-2004-708

Certiorari

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER

BERLINGERI.

“The force of precedent

in the law is heightened

by that almost universal

sense of justice which

urges that all men are

properly to be treated

alike

in

like

circumstances”.

“Mira,

Sancho...

Cuando

pudiere

y

debiere

tener

lugar

la

equidad,

no

cargues todo el rigor de la

ley al delincuente; que no

es mejor la fama del juez

riguroso

que

la

del

compasivo.”

Karl Llewellyn

Consejo de Don Quijote

de la Mancha a Sancho

en

ocasión

de

la

gobernación

de

la

Insula de Barataria.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.

El asunto del que trata el caso de autos fue resuelto ya

por este Tribunal en Andino Torres, Ex-parte, 151 D.P.R. 794

(2000).

Conforme

a

una

imperiosa

tradición

jurídica,

que

atañe a la propia esencia del proceso judicial, una vez hemos

resuelto un asunto de determinada manera, la pauta que rigió

en ese primer caso debe regir también para todos los otros

casos

iguales

Fundamentales

o

similares

consideraciones

que

de

surjan

trato

posteriormente.

igual,

y

sobre

la

CC-2004-708

estabilidad

2

y

la

certidumbre

que

debe

tener

el

Derecho,

informan la referida tradición, que abarca cualquier decisión

novel nuestra, aunque se anuncie sólo mediante una sentencia.

Por ser tan fundamentales las razones referidas, baluartes

contra la arbitrariedad y la confusión, hemos resuelto que

una decisión nuestra sobre determinado asunto no debe ser

variada en casos posteriores en que dicho asunto se vuelva a

plantear, a menos que nuestra decisión anterior haya sido

“tan

manifiestamente

errónea

que

no

puede

sostenerse

sin

violentar la razón y la justicia”. Capestany v. Capestany, 66

D.P.R. 764 (1976). San Miguel & Cía. v. Guevara, 64 D.P.R.

966, 974 (1946); Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72, 79

(1942); García Fernández, Ex Parte, 44 D.P.R. 296 (1932).

La mayoría del Tribunal ahora se ampara en una mera

política gerencial de este Foro, en la provinciana distinción

entre una sentencia y una opinión, para resolver el caso de

autos

en

forma

contraria

a

como

decidimos

el

de

Andino

Torres, Ex parte, supra. Acude a la excusa simplista de que

nuestra decisión en ese caso fue sólo una sentencia y por lo

tanto que no estamos obligados por ella. Lo que la mayoría no

hace es explicar qué diferencias, si algunas, existen entre

los hechos del caso de autos y los de Andino Torres, Ex Parte

que justifique una decisión en el caso de autos contraria a

la de aquél. La mayoría del Tribunal parece no darse cuenta

de

que

casos

si

este

Foro

esencialmente

o

cualquier

otro

puede

idénticos

en

formas

decidir

CC-2004-708

dispares,

3

entonces

no

prevalece

el

Derecho,

prevalece

la

arbitrariedad. La esencia del imperio de la ley en cuanto a

la función judicial es precisamente el trato igual de los

casos similares. Se trata de la piedra angular sobre la cual

se erige cualquier sistema judicial legítimo y la confianza

del pueblo en la justicia, proclamado así por los más grandes

juristas de nuestro tiempo, tales como Cardozo 26 , Brandeis 27 ,

Llewellyn

28

,

29

Pound

fundamentalísimo

lo

y

hemos

Bodenheimer

aplicado

30

.

Ese

principio

expresamente

en

Puerto

Rico desde hace casi cien años. Véase Delgado v. Pimentel, 20

D.P.R.

556

judiciales,

(1914).

Se

sin

importe

que

extiende

si

a

todas

éstas

se

las

decisiones

emiten

mediante

sentencias u opiniones.

La mayoría apoya su racionalización de un gran dislate

en Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987). Allí

ciertamente

hicimos

una

distinción

sobre

el

valor

como

precedente que existe entre nuestras sentencias y nuestras

opiniones. Pero también explicamos claramente la razón de

economía judicial, y no de autoridad o legitimidad, en que se

basa esa distinción, algo que la mayoría del Tribunal ha

ignorado

al

apoyarse

entonces

que

como

26

en

regla

dicha

decisión

general

en

ahora.

Explicamos

nuestras

opiniones,

B. Cardozo. The Nature of the Judicial Process (New

Haven, 1921) pág. 149.

27

Burnet v. Coronado Oil & Gas Co., 285 US 393, 406

(1932).

28

“Case Law”, Encyclopedia of the Social Sciences, III,

p. 249.

29

R. Pound, The Theory of Judicial Decision, 36 Harvard

L. Rev. 641 (1923).

30

E. Bodenheimer, Jurisprudence, (Harvard Univ. Press,

1962) p. 193.

CC-2004-708

mediante

4

las

cuales

atendemos

los

asuntos

que

requieren

pautarse, “se consideran ampliamente las cuestiones envueltas

y se fundamentan con razonamientos, precedentes explicados y

tratadistas

reconocidos”.

En

cambio,

las

sentencias

se

utilizan “para disponer lo más rápidamente posible del enorme

número

de

casos

que

[el

Tribunal]

tiene

que

resolver”,

aquellos que plantean “cuestiones reiteradamente resueltas

por este Tribunal”. Estas sentencias, que evidentemente no

utilizamos

de

ordinario

para

resolver

cuestiones

noveles,

tienen “el valor persuasivo intrínseco de sus fundamentos”,

Rivera Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 80. Son, pues, una de

las dos variantes ordinarias de nuestro quehacer judicial: un

tipo de dictamen del Tribunal que usualmente no tiene una

extensa exégesis del Derecho aplicable pero que tiene fuerza

de ley, y que en algunas ocasiones ordenamos publicar.

Con arreglo a lo anterior, para hacer caso omiso de

nuestra

decisión

en

Andino

Torres,

Ex

Parte,

que

fue

publicada, la mayoría ha debido explicar al menos porqué le

parecen erróneos sus fundamentos, sobre todo en vista de que

mediante dicha decisión se resolvió una cuestión novel. La

sentencia de Andino Torres, Ex Parte incorporó por referencia

expresa los fundamentos de la opinión concurrente que la

acompaña, por lo que la mayoría del Tribunal ahora debería

señalar porqué los estima erróneos. Véase Am. Railroad Co. v.

Comisión Industrial, 61 D.P.R. 324, 326 (1943). Sin embargo,

la mayoría del Tribunal no explica en el caso de autos porqué

considera errada nuestra anterior decisión en Andino Torres,

CC-2004-708

Ex

5

Parte.

Y,

como

ya

indicamos,

tampoco

señala

qué

diferencias, si algunas, existen entre los hechos de dicha

decisión y los de autos que justifiquen llegar a un resultado

distinto. Por ende, es claro que la mayoría no ha formulado

razón meritoria alguna en virtud de la cual sea legítimo

hacer caso omiso de nuestro dictamen anterior sobre el asunto

que aquí nos concierne.

La mayoría del Tribunal en el caso de autos ha debido

resolver como lo hicimos en Andino Torres, Ex-parte, supra.

Nuestra

decisión

allí

no

fue

manifiestamente

errónea;

ni

mucho menos violentaría la razón y la justicia resolver el

caso

de

Aquella

autos

tal

decisión

como

fue

lo

hicimos

criticada

en

el

caso

severamente

anterior.

por

algunos

sectores religiosos del país y así pagamos el precio que

tiene

ejercer

nuestra

fundamental

misión

judicial

con

verticalidad. Pero este Foro no puede amilanarse por mor de

esa crítica. Yo, por lo menos, como Juez no puedo dar marcha

atrás

sólo

porque

unos

poderosos

sectores

de

la

opinión

pública estén en desacuerdo con la manera en que cumplo con

un deber de consciencia, sobre todo cuando tengo razones para

creer

que

la

objetividad

crítica

los

sólidos

referida

ni

fundamentos

siquiera

de

ponderó

nuestra

con

anterior

decisión.

II

Para concluir este breve disenso, creo menester resaltar

dos puntos sobre el asunto que aquí nos concierne. El primero

es

relativo

al

grupo

de

personas

a

que

pertenece

el

CC-2004-708

6

peticionario Alexis Delgado. Los transexuales como él deben

distinguirse de otros grupos con los cuales erróneamente se

les confunde, tales como los travestistas, los intersexuales,

los

homosexuales

y

los

Véase,

bisexuales.

T.

Flynn,

Transforming the Debate: Why we need to Incluye Transgender

Rights

in

the

Struggles

for

Sex

and

Sexual

Orientation

Equality, 101 Columbia Law Rev. 392 (2001). Los transexuales

son personas muy distintas de las otras, reconocidos así no

sólo por las ciencias de la medicina y de la psiquiatría sino

también

por

tribunales 31

y

en

la

literatura

profesional

jurídica 32 . El transexual sufre de una conocida condición

médica, para la cual se han desarrollado diversas terapias y

tratamientos

personas

particulares

transexuales

pertinentes

sufren

de

la

sólo

grave

a

ellos.

Tales

discordancia

de

sentir con todo su ser que son hombre o mujer a pesar de que

sus rasgos anatómicos son del sexo contrario. La literatura

científica está llena de estudios y monografías sobre esta

anómala condición, que resaltan la angustiosa existencia que

tienen los que la padecen, llevando a algunos de ellos al

suicidio, o al menos al intento de quitarse la vida. Lo más

que desean estas personas transexuales es poder enderezar el

Véase el señalamiento sobre el particular en Littleton

v. Prange, 9 S.W.3d 223, 226 (1999) en que el tribunal

supremo de Texas resuelve en contra de un transexual pero

reconoce que su condición es distinta a la de un homosexual.

31

La condición de los transexuales y su particularidad

ha sido objeto de numerosas monografías eruditas en el campo

del Derecho. Sólo a modo de ilustración, véase M. Bell,

Transexuals and The Law, 98 Nw. U.L. Rev. 1709 (2004); M.

Aubin, Comments, 82 Ore. L. Rev. 1155 (2003).

32

CC-2004-708

7

involuntario trastorno de identidad sexual que sufren, para

así poder integrar su existencia y vivir de la forma más

normal posible. Su condición de transexual como tal nada

tiene

que

ver,

por

ejemplo,

con

la

inclinación

de

los

travesti a vestirse con ropas del sexo contrario, o con la

inclinación de los homosexuales a las relaciones íntimas con

personas del mismo sexo, sino todo lo contrario.

El segundo punto que debe resaltarse es que favorecer la

particular solicitud de Alexis Delgado en este caso sólo

significa, en mi opinión, que no hay fundamentos jurídicos

suficientes

que

peticionario,

justifiquen

como

ha

de

aquí

suceder

agravarle

como

la

vida

resultado

de

al

la

decisión mayoritaria.

Es muy importante tener en cuenta claramente qué es lo

que está ante nuestra consideración en este caso; qué es

exactamente lo que se nos solicita. Lo que procura Delgado en

este caso es únicamente que se modifique un aspecto de su

identidad

en

dos

documentos

legales:

su

certificado

de

nacimiento y su licencia de conducir vehículos de motor. Es

decir, se nos pide que se enmienden dos documentos para que

su identificación sexual en ellos coincida con su apariencia

física

actual.

Es

fácil

entender

la

gran

necesidad

que

Delgado tiene de lograr la modificación de documentos que

solicita. Basta pensar en el lío que ha de ocurrir, por

ejemplo, si es detenido por un policía que le pide ver su

licencia de conducir en la cual su identificación sexual no

corresponde a su actual apariencia física; igual sucedería si

CC-2004-708

8

va a abrir una cuenta en un banco, o a solicitar un empleo, o

a tantas otras gestiones cotidianas en las que tiene que

producir algún documento de identificación.

El peticionario se había realizado ya la operación de

cambio de sexo antes de acudir a este Tribunal. Las nuevas

circunstancias del peticionario son un dato irreversible que

ya

nadie

puede

Sólo

remediar.

nos

compete

decidir

si

le

facilitamos su vida ahora en el modo específico en que se nos

ha solicitado aquí o si nos unimos a los que no les duele la

angustiosa existencia que ha sufrido este ser humano por su

largo trastorno de la identidad sexual, angustiosa existencia

que

ha

de

continuar

sufriendo

por

razón

de

la

decisión

mayoritaria.

Para mí resulta claro el curso de acción que por razones

de Derecho y de solidaridad humana deberíamos tomar. 33 Sobran

los

fundamentos

jurídicos

para

acceder

a

lo

que

se

nos

solicita, conforme a lo que resolvimos en Ex-parte Andino,

supra.

No

hacerlo

no

sólo

constituye

el

injustificado

y

ominoso abandono de un precedente nuestro sino además el

rechazo

a

compadecernos

de

la

honda

desdicha

de

un

ser

humano. Se falta así tanto a la justicia como a un deber de

solidaridad.

En resumen, no estamos decidiendo ahora aquí si son

válidos o no los llamados “matrimonios” de homosexuales o las

llamadas uniones de hecho de personas del mismo sexo, ni

ningún otro escabroso asunto similar. Sólo se trata aquí de

33

Véase, La Solidaridad en el Proceso Judicial, 41 Revista

de Derecho Puertorriqueño, Núm. 1, Pág. 1 (2002).

CC-2004-708

ayudar

a

9

un

ser

humano

que

ha

sufrido

una

angustiosa

existencia a que su vida futura sea un poco más llevadera,

mediante

la

modificación

de

dos

documentos

particulares.

Lamento que la mayoría del Tribunal no comparta esta visión,

y disiento de su dictamen.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Alexis Delgado Hernández

Peticionario

Ex-Parte

Certiorari

CC-2004-708

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de

2005.

Hace cinco años, este Tribunal tuvo ocasión

de resolver una controversia idéntica a la que

nos

presenta

este

caso.

Lo

hizo

mediante

sentencia publicada, a favor de lo solicitado.

Dispusimos,

en

ese

Demográfico

podía

caso,

enmendar

que

el

el

Registro

certificado

de

nacimiento de un ser humano transexual34 que se

34

Según el Diccionario de Medicina de la

Facultad de Medicina de la Universidad de

Navarra, pág. 1200 (2001) el transexualismo es

un “[t]rastorno de la identidad sexual que

consiste en el deseo de vivir y ser aceptado

como un miembro del sexo opuesto.

Suele

acompañarse por sentimientos de malestar o

desacuerdo con el sexo anatómico propio y con la

intención

de

someterse

a

un

tratamiento

quirúrgico u hormonal para hacer que el propio

cuerpo concuerde, lo más posible, con el sexo

preferido.” En casi todas las sociedades y

épocas han existido personas que desarrollaban

trabajos o incluso se relacionaban socialmente

como si fueran de un sexo distinto. Cristina

Garaizabal Elizalde, Problemas de diagnóstico en

los

casos

de

transexualidad,

Revista

de

Psicoterapia, Núm. 40 (1999).

CC-2004-708

2

35

había sometido a una operación de reasignación de sexo.

Ex Parte Andino Torres, 151 DPR 794 (2000). 36 Hoy el

péndulo

se

orienta

en

la

dirección

contraria.

Sin

embargo, nuestra conciencia jurídica nos obliga a hacer

constar

que

coincidimos

anterior

de

este

con

el

criterio

y,

en

particular,

Tribunal

pluralista

con

los

fundamentos expuestos en la Opinión Concurrente emitida

en ese caso por el Juez Asociado Negrón García, a la cual

se unieron los Jueces Asociados señores Hernández Denton

y Fuster Berlingeri.

La

controversia

consideración

nos

que

está

nuevamente

ante

nuestra

ofrece

la

oportunidad

de

utilizar

nuestra facultad adjudicativa para dictar una decisión

amparada

en

los

atemperar

la

interpretación

adelantos

de

la

Opinión

Mayoritaria

se

conceder

el

solicitado,

interpretación

principios

ciencia

remedio

elementales

de

de

leyes

nuestras

moderna.

niega

excesivamente

equidad

y

a

los

que

la

injustificadamente

a

Por

entender

recurriendo

rígida

del

a

una

Derecho,

respetuosamente disentimos.

I.

El 22 de diciembre de 2003 la peticionaria, quien

fue inscrita al nacer con el nombre de Alexis Delgado

35

Esta operación es completamente válida en nuestro

sistema de derecho y no existe disposición alguna que la

proscriba.

36

Ex Parte Andino,supra, trataba solamente sobre una

petición ex parte para que el nombre y sexo de una

persona transexual operada fueran enmendados en el

certificado de nacimiento, no se solicitaba que dicha

información se enmendara de igual forma en la licencia de

conducir.

El asunto concerniente a la posibilidad de

enmendar esta información en la licencia de conducir,

planteado por la peticionaria, lo atenderemos en el

acápite IV de nuestra Opinión Disidente.

CC-2004-708

Hernández,

3

presentó

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia una petición jurada para que se corrigiera su

certificado de nacimiento respecto a su nuevo nombre,

Alexandra Delgado Hernández, y su sexo, de masculino a

femenino.

modo

su

Además, solicitó que se enmendara del mismo

licencia

de

conducir

y

su

expediente

en

el

Departamento de Obras Públicas. Junto a la solicitud,

anejó su certificado de nacimiento, del cual se desprende

que nació el 27 de octubre de 1970, fue inscrita en el

Registro Demográfico el 16 de noviembre del mismo año

bajo el nombre de Alexis y que fue identificada como un

varón. Además, presentó prueba documental de que se había

sometido a una operación de cambio de sexo. Esta prueba

consistía de una declaración jurada del Dr. Stanley H.

Biber, otorgada el mismo día de la operación, 23 de mayo

de 2003, dando fe de que había operado a Alexandra en el

Hospital

Mt.

San

Rafael

en

Colorado.

En

específico,

certificó que como consecuencia de esta operación “the

sex designation of the same person was changed completely

from male to female.”

El 20 de enero de 2004 el foro de instancia ordenó a

la peticionaria que sometiera una certificación negativa

de

antecedentes

penales

emitida

a

nombre

de

Alexis

Delgado Hernández. Además, concedió término al Ministerio

Fiscal para que se expresara respecto a la solicitud de

corrección

de

acta.

Especificó

que

de

no

hacerlo,

el

tribunal entendería que se allanaba a la petición. La

parte peticionaria sometió oportunamente la certificación

solicitada, pero el Ministerio Fiscal nunca compareció

CC-2004-708

4

37

para expresar su posición.

Finalmente, el 23 de febrero

de 2004 el tribunal de instancia emitió una resolución,

en la que declaró lo siguiente:

Este Tribunal ORDENA al Registro Demográfico

corregir

el

asiento

de

inscripción

de

nacimiento de la peticionaria para que aparezca

que su sexo es FEMENINO y que su nombre es

ALEXANDRA DELGADO HERNÁNDEZ, nombre con el cual

es conocida y que es el que ha escogido para

usar conforme a su nueva realidad.

También

ordena al Departamento de Transportación y

Obras Públicas, Negociado de Vehículos de

Motor, realizar los cambios correspondientes en

términos de nombre y sexo en la licencia de

conducir.

Luego de dictada la referida resolución y casi tres

meses después del término concedido por el Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

el

Fiscal

de

Distrito

solicitó

Secretaria

General

de

ese

tribunal

copias

de

los

documentos

en

abril

de

2004

compareciera,

el

expediente.

el

El

Ministerio

12

de

Público

a

la

presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones solicitando la revocación de la resolución

emitida. Once días después, el 23 de abril de 2004 ese

foro expidió el auto solicitado y concedió término a la

parte

recurrida,

aquí

peticionaria,

para

someter

su

alegato. Finalmente, el 22 de junio de 2004 el Tribunal

de Apelaciones dictó sentencia revocando en su totalidad

la decisión del tribunal de instancia.

El

5

de

agosto

de

2004,

la

parte

peticionaria

presentó la petición de certiorari que nos ocupa. Como

único error señaló que el foro apelativo intermedio se

equivocó

37

al

revocar

la

resolución

del

tribunal

de

Este hecho denota una falta de diligencia crasa de

la parte recurrida, que si consideraba, como ahora

plantea ante nosotros, que el asunto reviste gran

importancia, debió cumplir con la orden dentro del

término concedido originalmente.

CC-2004-708

5

instancia y negarle su solicitud para que se enmendaran

las actas de su certificado de nacimiento y su licencia

de conducir. Expedimos el auto de certiorari y el recurso

quedó sometido una vez el Procurador General presentó su

alegato, el 3 de marzo de 2005.

II.

Suscribimos en su totalidad la Opinión Concurrente

emitida en Ex Parte Andino Torres, supra, por el entonces

Juez

Asociado

Presidente

señor

señor

Negrón

García

junto

Hernández

Denton

y

el

al

Juez

hoy

Juez

Asociado

señor Fuster Berlingeri. 38 Ésta examinó detenidamente las

disposiciones de la Ley del Registro Demográfico, Ley

Núm. 24 de 22 de abril de 1931, que regulan las enmiendas

a la información contenida en el Registro. Concluyó que

la Ley contenía una laguna respecto a las enmiendas por

cambio

de

sexo

y

que

este

Tribunal

venía

obligado

a

llenar esa laguna, aplicando la equidad, según requiere

el Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA § 7:

El Tribunal que rehúse fallar a pretexto de

silencio, obscuridad, o insuficiencia de la

ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en

responsabilidad.

Ex Parte Andino Torres, supra, en las págs. 797-811.

La Jueza Asociada Naveira de Rodón concurrió con el

resultado de la decisión “por entender que ésta se limita

a interpretar el concepto ‘sexo’ dentro del contexto

específico de este caso, en cuanto a realizar un cambio

en la constancia que aparece en el Certificado de

Nacimiento que se expide por el Registro Demográfico.

Ésta es un área que tiene que irse desarrollando caso a

caso y la sentencia que hoy se certifica, no debe

entenderse como que se proyecta más allá del cambio que

autoriza.” Id. en la pág. 796. El Juez Asociado señor

Rebollo López emitió una opinión disidente a la que se

unió el Juez Presidente señor Andréu García.

El Juez

Asociado señor Corrada del Río emitió una opinión

disidente.

38

CC-2004-708

6

Cuando no haya ley aplicable al caso, el

tribunal resolverá conforme a equidad, que

quiere decir que se tendrá en cuenta la razón

natural de acuerdo con los principios generales

del derecho, y los usos y costumbres aceptados

y establecidos. (Énfasis nuestro).

Al aplicar este artículo al presente caso, debemos

precisar,

de

entrada,

dos

conceptos

fundamentales.

El

primero es el concepto base o elemento sine qua non de

“silencio,

obscuridad

o

insuficiencia

de

la

ley”;

el

segundo es, precisamente, el principio de “equidad”, con

su enorme riqueza normativa y ética.

Hace medio siglo, Felipe Clemente de Diego, en un

discurso publicado por la Real Academia de Jurisprudencia

y Legislación de Madrid, abordó el tema de las llamadas

“lagunas” en la ley, que es lo que el artículo 7 de

nuestro

Código

denomina

“silencio,

obscuridad,

o

insuficiencia” de ésta. 39 En una extensa discusión que

hoy conserva la misma vigencia y pertinencia, el insigne

tratadista concluye como sigue:

Parece, pues, que la palabra laguna representa

en nuestro espíritu algo que falta en una cosa

o serie que quebranta, rompe o detiene su

continuidad, limitando su extensión y contenido

y quedando por ello incompleta e insuficiente.

(…) Con toda propiedad también se aplica a la

ley que en la regulación de las relaciones de

la convivencia social y de sus posibles

conflictos

no

contenga

una

disposición

necesaria o conveniente para la protección de

los intereses de la Comunidad o de sus

miembros. Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez,

A pesar de que algunos estudiosos niegan la

posibilidad de lagunas en la ley, 39 “el propio legislador

reconoce la existencia de lagunas cuando, en defecto de

ley o de costumbre aplicable, remite al Juez a los

principios generales del Derecho.” Guillermo García

Valdecasas, Parte General del Derecho Civil Español, pág.

115 (1983). Véase, por ejemplo, Diego Espín Cánovas, Manual de

Derecho Civil Español, Vol. I, en las págs. 129 y ss.

(1968).

39

CC-2004-708

De las Lagunas de la Ley, págs. 39-40 (1945). 40

(Énfasis nuestro).

7

Las lagunas ocurren debido a que “la ley pocas veces

nace perfecta, completa, de la mente del legislador, como

la experiencia en todas las épocas ha comprobado. Y aún

naciendo perfecta, con aquella perfección relativa a las

obras humanas, muy pronto se advierte su insuficiencia.”

Id. en la pág. 54. El autor amplía este concepto al

afirmar:

El legislador, aun con su experiencia y extensa

visión del conjunto de los principios jurídicos

y del complejo de las relaciones sociales, aun

sabedor de las necesidades sociales de su

pueblo, no

puede comprender en su ley, para

regularlos, todos los casos y problemas que

puedan presentarse en la vida. De un lado, su

atención recae sobre los hechos y casos más

importantes

y

frecuentes

que

suelen

presentarse,

y

con

ello

no

agota

las

posibilidades ni regula por tanto, ni tiene en

cuenta las variadísimas circunstancias con que

pueden presentarse. Id. en la pág. 10.

Entre las circunstancias sobre las que la ley calla,

están

aquellas

que

se

deben

no

solo

a

la

falta

de

previsión del legislador sino “a un cambio posterior de

la realidad social que plantea cuestiones imposibles de

resolver

cuando

Valdecasas,

Parte

se

Guillermo

dictó

la

ley.”

General

del

Derecho

Civil

García

Español,

págs. 115-116 (1983). 41 En este sentido, la ley no es la

totalidad del Derecho, sino una expresión incompleta de

40

Puig Brutau no favorece el término de “laguna” de la

ley. Según explica, “sería más adecuado hablar de

imperfección legal o falta de previsión de las normas

promulgadas.” Señala también que el concepto corresponde

en inglés al “unprovided case o caso no previsto, o de

case of first impression, caso que se presenta por

primera vez.” José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Tomo Preliminar, Segunda Edición, pág. 309 (1989).

41

Para una exposición detallada de otros supuestos en

que pueden presentarse lagunas legales, véase Puig

Brutau, supra, en las págs. 309-316.

CC-2004-708

8

éste. Felipe Clemente de Diego, supra, en la pág. 53.

Los vacíos que se presentan en la ley y que generalmente

se denominan “lagunas” son el supuesto necesario para que

se

forme

y

reconozca

el

Derecho

judicial

en

sentido

estricto. Es aquí donde se manifiesta la iniciativa de

jueces y tribunales, que perfilan, moldean y adaptan la

ley a esas nuevas situaciones. Id. en la pág. 8.

Este

Tribunal

tiene

la

obligación

de

llenar

las

lagunas existentes en la ley, conforme al mandato del

artículo 7 del Código Civil, en tanto éste nos requiere

que

en

conforme

ausencia

a

disposiciones

de

ley

aplicable

al

caso

equidad

y

tratemos

de

armonizar

de

que

estén

ley

o

parezcan

resolvamos

estar

las

en

conflicto. 42 Por eso, si aparecen lagunas en un estatuto,

éstas se suplirán a través de la jurisprudencia. Olmo v.

Young Rubicam, 110 DPR 740 (1981). En Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990), abundamos sobre el

particular y expresamos:

Los

tribunales

estamos

autorizados

a

interpretar las leyes cuando, entre otras,

éstas no son claras o concluyentes sobre un

punto en particular; cuando el objetivo, al

realizarlo, es el de suplir una laguna en la

misma; o cuando, con el propósito de mitigar

los efectos adversos de la aplicación de una

ley a una situación en particular, la justicia

así lo requiere.

Al

hablar

de

equidad

tenemos

que

tomar

en

consideración que se trata de un principio que ha regido

42

Asoc. de Condómines v. Los Frailes, 2001 TSPR 116 en la pág. 6. Véanse

Corraliza v. Bco. Des. Eco., res. 9 de enero de 2001,

2001 TSPR 2, 153 DPR ___ (2001); Flores v. Meyers Bros.

of P.R., 101 DPR 689 (1973); Robles Estolaza v. UPR, 96

DPR 583 (1968).Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103

DPR 870 (1975). Véase además Asociación de Farmacias de

la Comunidad v. Departamento de Salud, res. el 23 de mayo

de 2002, 156 DPR ___ (2002), 2002 TSPR 69.

CC-2004-708

el Derecho

9

desde

hace

más

de

veinte

siglos.

Según

Aristóteles, la equidad es una expresión de lo justo,

pero no como lo es la ley, sino a modo de “rectificación

de

la

justicia”,

es

decir,

la

rectificación

de

los

resultados injustos de su aplicación al caso particular.

Antonio Hernández Gil, Conceptos Jurídicos Fundamentales,

Obras

Completas,

filósofo,

el

Tomo

1,

pág.

72

(1987).

Según

el

Derecho

debe

ser

complementado

por

la

equidad y la regla general por la excepción, para poder

alcanzar siempre una solución justa en el plano humano.

José

Puig

Brutau,

Preliminar,

discusión

Segunda

Fundamentos

de

Derecho

Civil,

Tomo

Edición,

pág.

309

(1989).

Esta

aristotélica

sobre

la

interpretación

de

las

leyes utilizando la equidad influyó, no solamente en los

juristas romanos, 43 sino que a través de Santo Tomás de

Aquino 44 ha influido en todo el mundo occidental.

Id.

Véase también, Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891,

899 (1968).

Por su facultad moderadora de la rigidez de la ley,

el término “equidad”, que se define de diversos modos, en

ocasiones se utiliza como sinónimo de justicia.45 García

43

En el Derecho Romano la equidad caracterizaba las

normas que consideraban las circunstancias del caso

particular (“Ius aequum”) versus las que no admitían que

se consideraran tales circunstancias (“Ius strictum”).

García Valdecasas, supra en la pág. 118

44

Para una discusión sobre el significado de la obra

de la escolástica de Santo Tomás, véase Hernández Gil,

supra en las págs. 75-82.

45

Por eso se ha dicho que: “Las ciudades y todas las

agrupaciones de seres humanos están unidas entre sí por

el aglutinante de la equidad, que es la conservadora y el

alma de toda sociedad humana.” Luis Legaz y Lacambra, El

Derecho y el Amor, pág. 113 (1976), nota al calce 33,

citando a Luis Vives, De tradendis disciplinis, trad.

Esp. De L. River, en la edición de las Obras completas,

T. II, Madrid, Aguilar, pág. 1948 (1948).

CC-2004-708

Valdecasas, supra en la pág. 118 (1983).

10

Así, “[u]na

solución equitativa es la que parece adecuada o correcta

en circunstancias determinadas, como algo que corresponde

a la justicia natural.” Puig Brutau, supra en las págs. 332 (1989).

Es asunto trillado que las normas generales, por su

generalidad y abstracción intrínsecas, no pueden prever

todas las circunstancias de las situaciones de hechos que

caerán bajo sus dominios. García Valdecasas, supra en la

pág. 118 (1983). Por eso, “una aplicación rigurosa de la

norma

general

que

no

de

cada

particularidades

tome

consideración

las

situación

concreta,

puede

resultados

injustos.

Para

conducir,

en

ocasiones,

a

evitarlo,

la

equidad

exige

en

tener

en

cuenta

dichas

particularidades, derivando de la norma general la norma

individual justa y adecuada al caso concreto.” Id. en la

pág. 119. En ocasiones, esto es necesario porque la norma

general pierde concordancia con la situación regulada y

ya no está debidamente ajustada a la necesidad actual:

“La equidad en este caso tiene otro sentido porque puede

anunciar un Derecho nuevo, mejor que el proclamado por la

norma vigente. En este supuesto la equidad significa una

reflexión sobre la misión del Derecho, o como ha dicho

PRINGSHEIM, la equidad es la conciencia del Derecho.” Puig

Brutau, supra en la pág. 333, énfasis nuestro.

Por

último,

es

vital

aclarar

que

al

utilizar

la

equidad para llenar una laguna en la ley los tribunales

no

usurpamos

la

función

del

legislador.

Más

bien,

utilizamos los principios que informan la ley aplicable

para derivar una norma que permita resolver una nueva

situación, que si bien está dentro del ámbito de la ley,

CC-2004-708

11

no está contemplada por ésta en su particularidad. Así,

la

misión

del

juez

al

amparo

del

artículo

7

no

es

legislar, sino extraer una norma para el caso particular,

de

lo

ya

ha

normado

tribunales

abdican

sociales

dignas

de

de

para

el

caso

esta

función

protección

general.

“las

Si

los

situaciones

habían

de

quedar

desamparadas, infligiendo grave daño a los interesados y

aun al mismo bien común; y no hay que decir que también a

los

juzgadores

denegar

amparo

se

les

pondría

o

protección

en

a

el

tales

duro

trance

de

situaciones....”

Clemente de Diego, supra, en la pág. 31.

III.

El certificado de nacimiento es un documento oficial

expedido y custodiado por el Estado que incluye, entre

otros datos, el nombre y sexo de la persona inscrita, la

fecha y lugar de su

padres

y

el

nacimiento, el nombre y edad de sus

lugar

de

nacimiento

de

éstos.

Este

certificado se usa para autenticar la identidad de una

persona y su nacionalidad y también para obtener otros

documentos

oficiales

del

gobierno.

Aquí

descansa

la

importancia para toda persona de que los datos en el

certificado

de

nacimiento

sean

correctos,

para

que

también lo sean los demás documentos que descansan en esa

información.

La

primera

encuentra

en

el

laguna

legal

artículo

Demográfico, supra,

31

que

debemos

subsanar

de

la

de

Ley

se

Registro

24 LPRA §1231, específicamente en el

procedimiento para enmendar el certificado de nacimiento:

CC-2004-708

Disponiéndose, que las omisiones o incorrecciones que aparezcan en cualquier certificado

antes de ser registrado en el Departamento de

Salud podrán ser

salvadas

insertando

las

correcciones o adiciones necesarias en tinta

roja en dicho certificado, pero

luego

de

haber sido archivado en el Departamento de

Salud,

no

podrá

hacerse

en

los

mismos

rectificación, adición ni enmienda alguna que

altere sustancialmente el mismo, sino en virtud

de orden del Tribunal de Distrito, cuya orden,

en tal caso, será archivada en el Departamento

de Salud haciendo referencia al certificado a

que corresponda (...). (Énfasis nuestro).

A

continuación,

el

artículo

31

describe

12

el

procedimiento para obtener la orden judicial que permite

enmendar el registro.

Este, entre otras cosas dispone lo

siguiente:

El auto en que se autorice la rectificación o

enmienda de un asiento en el antiguo Registro

Civil

se

inscribirá

mediante

anotación

extendida en debida forma al margen de la

inscripción

rectificada.

La

rectificación,

adición o enmienda de un certificado ya

archivado en el Registro General Demográfico se

hará

insertando

en

él

las

correcciones,

adiciones o enmiendas autorizadas por el

tribunal. Las tachaduras que fueren necesarias

se harán de modo que siempre se pueda leer la

palabra tachada.

El cambio, adición o modificación de nombre o

apellido sólo podrá hacerse a instancia del

interesado,

quien

deberá

presentar

ante

cualquier Sala del Tribunal de Distrito la

oportuna solicitud, expresando bajo juramento

los motivos de su pretensión, acompañada de la

prueba documental pertinente en apoyo de su

solicitud. Copia de la solicitud y de toda la

prueba

documental

le

será

remitida

al

Ministerio

Fiscal

simultáneamente

con

su

radicación.

Transcurridos 10 días desde la remisión y

notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste

haya formulado objeción alguna, el tribunal

entenderá y resolverá los méritos de la

petición sin necesidad de celebrar vista o

discrecionalmente

podrá

celebrar

vista

de

estimarlo procedente y dictará el auto que

proceda. (Énfasis nuestro).

CC-2004-708

Finalmente,

el

artículo

31

establece

13

el

procedimiento interno sobre la forma en que se enmendarán

las correcciones ordenadas mediante orden judicial:

El auto en que se autorice el cambio, adición o

modificación de nombre o apellido se inscribirá

en el antiguo Registro Civil mediante anotación

extendida al margen de la inscripción de

nacimiento del interesado y al margen de la

partida de su matrimonio. El cambio, adición o

modificación de nombre o apellido se verificará

en el Registro General Demográfico tachando en

el

certificado

de

nacimiento

y

en

la

certificación de la celebración del matrimonio

del interesado el nombre o apellido sustituido

y consignando el nuevo nombre o apellido

autorizado por el tribunal. Las tachaduras se

harán de modo que siempre pueda leerse el

nombre o apellido suprimido. (Énfasis nuestro).

Por su parte, el Reglamento del Registro Demográfico

Número 316, sección 1071-19, regula las correcciones o

alteraciones después de hecha la inscripción:

Después que un certificado haya sido aceptado

por el registrador, no podrá ser objeto de

ningún cambio, borradura o alteración, así como

tampoco la transcripción hecha en el libro de

errores materiales de récord, sin el debido

procedimiento de ley.

Los errores materiales

que aparecieren en cualquier certificado al ser

presentado para inscripción o luego de haber

sido inscrito, consistentes en la equivocación

de un nombre, apellido, palabra o frase no

esenciales,

podrán

subsanarse

escribiendo

correctamente con tinta roja la palabra o

palabras erróneamente escritas o insertando la

palabra o palabras omitidas.

Las tachaduras

que fueren necesarias se harán de modo que

siempre se pueda leer la palabra tachada. Para

efectuar dichas correcciones los registradores

exigirán la prueba que, según los casos,

estimen oportuna. (Énfasis nuestro).

La Opinión Mayoritaria hace una extensa descripción

de la figura del Registro Civil español, basándose en

tratadistas

varias

españoles.

sentencias

del

Sin

embargo,

Tribunal

Supremo

aunque

de

menciona

España

que

interpretan la Ley del Registro Civil, no explica que

éstas han permitido que se enmienden el nombre y el sexo

CC-2004-708

14

de personas transexuales en certificados de nacimiento en

el Registro Civil español.46 Los jueces concurrentes en Ex

Parte Andino, supra, llamaron nuestra atención a esta

realidad

jurídica

del

país

de

dónde,

como

señala

la

Opinión Mayoritaria, proviene nuestro sistema de Registro

Demográfico.

Así,

explican

que

en

España

el

Tribunal

Supremo español ha resuelto reiteradamente:

[Q]ue la enmienda de la anotación de sexo en el

Registro Civil producto de una modificación

quirúrgica no está contemplada en la Ley de

Registro Civil, segundo, que esta omisión

constituye una laguna en la ley que los

tribunales deben superar aplicando la equidad

y, tercero, que de la aplicación de la equidad

resulta permisible el cambio de la anotación de

sexo en el Registro Civil.

Ex parte Andino

Torres, supra, en la pág. 804. (Énfasis

nuestro).

Al

regulan

llenar

las

las

lagunas

enmiendas

al

en

las

disposiciones

certificado

de

nacimiento,

debemos tomar en cuenta cuál es la corriente actual.

al

punto,

claro

está,

las

que

sentencias

Son

españolas

mencionadas. Además, recientemente la Corte Europea de

Derechos Humanos reconoció el derecho de las personas

transexuales a enmendar su certificado de nacimiento, en

el caso de una persona transexual que nació varón pero se

operó

para

vivir

su

United

Kingdom,

35

Estados

Unidos,

la

vida

Eur.

como

Ct.

una

mujer,

Goodwin

H.R.

18

(2002).

Administración

de

Seguro

En

v.

los

Social

permite realizar un cambio en la designación de sexo en

los

expedientes

del

seguro

social

cuando

se

presente

“clinical or medical record or other combination of

46

Sentencias de 2 de julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y

19 de abril de 1991.

CC-2004-708

documents

showing

the

sex

change

surgery

15

been

has

completed.”47

Hay una preocupación generalizada, reflejada tanto

en

la

Opinión

Mayoritaria,

Tribunal

de

Apelaciones

General,

de

que

como

y

el

permitir

en

la

alegato

las

sentencia

del

enmiendas

del

Procurador

solicitadas

vulnera la naturaleza histórica del Registro y disminuye

la utilidad del certificado para fines estadísticos. 48

Además,

se

especula

sobre

la

posibilidad

compartimos

estas

preocupaciones.

de

fraude

a

terceros.

No

En

primer

lugar, según explicaron los jueces concurrentes en Ex

Parte

Andino,

supra,

“el

carácter

histórico

del

certificado es lo que compele la adopción de mecanismos

47

Order RM 00203.210, Changing Numident Data – Name

Change, October 3, 2002. De igual forma, el Departamento

de Estado de los Estados Unidos de América ha permitido

enmendar tanto el nombre como el sexo en el pasaporte, si

se cumplen con ciertos requisitos. Véase Megan Bell,

Transsexuals and the Law, 98 Nw. U.L. Rev. 1709, 1738

(2004).

48

La Opinión Mayoritaria también menciona que este

Tribunal ha resuelto que el procedimiento de enmienda o

rectificación

al

certificado

de

nacimiento

debe

interpretarse restrictivamente. A esos efectos, se

refiere a dos casos, uno de 1946, resuelto antes de

enmendarse la Ley para permitir enmiendas al certificado

y otro de 1980, cuyos hechos no guardan relación con lo

que nos ocupa. Ex Parte Pérez 65 DPR 938 (1946) y León

Rosario v. Torres, 109 DPR 804 (1980). Ambos casos son

claramente distinguibles de la controversia que hoy

estudiamos. Cabe señalar que al referirse a Ex Parte

Pérez, supra, la Opinión Concurrente en Ex Parte Andino,

supra, concluyó que era improcedente la interpretación

restrictiva allí utilizada para negar el cambio de

apellido de la parte peticionaria, pues aunque “la Ley de

1931 no disponía expresamente para el cambio de nombre,

tampoco

lo

prohibía.”

Evidentemente

un

análisis

restrictivo nos alejaría de la metodología civilista que

debe imperar en nuestro sistema jurídico y que nos ordena

interpretar la ley utilizando la equidad. Pero, más

importante aún, en ninguno de estos casos había la

posibilidad

de

violación

a

derechos

fundamentales

salvaguardados en nuestra Constitución. Rechazamos una

interpretación restrictiva en estas circunstancias.

CC-2004-708

16

de enmienda que, sin dejar de reflejar la condición del

recién nacido, reflejen también los datos vitales de su

historia.

¡Menuda

historia

sería

la

que

cesara

al

nacer.!” Id. en la pág. 798. (Bastardillas omitidas). 49

Por

otra

parte,

la

Ley

y

el

Reglamento

del

Registro

Demográfico requieren que para enmendar el certificado de

nacimiento

permite

fines

original

que

la

se

utilicen

información

estadísticos

e

tachaduras,

original

históricos.

se

De

lo

que

conserve

para

esta

forma,

se

mantiene el documento histórico para el uso interno del

Registro y se evita la alegada posibilidad de fraude a

terceros 50 porque la información original no desaparece,

sino que es enmendada.

La sentencia del foro apelativo que la Mayoría de

este

Foro

reasignación

confirma

sostiene

que

la

de

no

los

cromosomas

sexo

altera

operación

de

de

la

persona operada y que por tanto debemos concluir que la

persona

transexual

argumento

49

fue

realmente

acogido

en

la

no

cambia

de

sexo.

Este

Opinión

de

Conformidad

Además, obsérvese el compromiso que se le impone al

Registro Demográfico de consignar los datos tal cual son,

aún luego de certificados. En específico, en el artículo

31 de la Ley del Registro Demográfico, supra, se consigna

“que los certificados que se reciban mensualmente en su

Departamento procedentes de los encargados de registros

sean examinados cuidadosamente y requerirá la información

adicional que sea necesaria en aquellos que aparezcan

incompletos o defectuosos, para lo cual toda persona que

tenga conocimiento de hechos concernientes a cualquier

nacimiento, casamiento o defunción, estará obligada a

suministrar

dicha

información,

cuando

a

ello

sea

requerida por el Secretario de Salud en persona o por

medio de su representante acreditado, por correo, o por

conducto

del

Registrador

del

distrito.”

(Énfasis

nuestro).

50

“El transexual no tiene intención de defraudar a la

sociedad sino, por el contrario, de corregir una

disyuntiva de su personalidad que considera, por sí

misma, fraudulenta.”

Ex parte Andino, supra en la pág.

809. (Bastardillas omitidas).

CC-2004-708

17

emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez y se

encuentra subyacente en la Opinión Mayoritaria.

Es cierto que la operación de reasignación de sexo

no altera los cromosomas, pero esto nada tiene que ver

con la naturaleza de la identificación de sexo que se

realiza a los únicos fines de emitir un certificado de

La determinación de sexo de un recién nacido

nacimiento.

se

limita

a

la

observación

de

la

apariencia

de

los

genitales, sin necesidad de un examen de laboratorio para

determinar

si

los

cromosomas

del

recién

nacido

corresponden a la apariencia exterior. Por tanto, en el

Registro

Demográfico

se

completa

la

información

para

marcar el encasillado correspondiente al sexo utilizando,

como único y exclusivo criterio, la apariencia exterior.

No podemos requerir a las personas transexuales que

solicitan

enmendar

su

certificado

de

nacimiento

un

estándar diferente para probar su sexo del que se usa de

ordinario. En el caso específico de Alexandra, debemos

utilizar

el

mismo

estándar

que

se

utilizó

cuando

la

peticionaria nació hace 35 años, es decir, la apariencia

de sus genitales y otras características perceptibles a

la vista, según certificadas por un médico autorizado.

El médico que operó a Alexandra certificó que había hecho

un procedimiento médico de reasignación de sexo. Esto,

unido

a

la

expedición

de

un

certificado

antecedentes penales y una orden judicial

negativo

de

es suficiente,

en términos legales, para autorizar el cambio de sexo en

el Registro Demográfico.

Nuestro análisis de la Ley de Registro Demográfico

nos lleva a concluir, contrario a la Opinión de la que

disentimos, que la descripción de enmiendas que contiene

CC-2004-708

18

la ley es numerus apertus y que no existe impedimento

legal alguno para que el Registro Demográfico cumpla con

la orden del foro de instancia de enmendar el sexo y el

nombre

de

la

peticionaria

en

su

certificado

de

nacimiento. La ley no prohíbe la enmienda solicitada,

sino que contempla claramente la posibilidad de que los

asientos del Registro sean enmendados. Por otra parte, el

procedimiento

de

enmiendas

mediante

tachaduras

nos

permite derivar los principios a partir de los cuales

elaborar

la

norma

para

el

caso

particular

que

nos

concierne. De esa forma, la equidad y la propia ley nos

llevarían a resolver que debemos autorizar la enmienda

solicitada

mediante

el

procedimiento

de

enmiendas

al

amparo del artículo 33 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril

de 1931.

IV.

Pasemos ahora a analizar si existe la posibilidad de

que el Departamento de Obras Públicas enmiende el nombre

y sexo de la peticionaria en su licencia de conducir y en

sus expedientes en el Departamento de Transportación y

Obras

Públicas.

Este

asunto

no

fue

atendido

por

la

Opinión Mayoritaria a pesar de que la parte peticionaria

claramente lo plantea en su señalamiento de error. Como

veremos, aquí también existe una laguna que es preciso

subsanar utilizando la equidad.

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley

Núm. 22 de 7 de enero de 2000, no especifica qué proceso

se ha de seguir si una persona está interesada en cambiar

la información que aparece en su licencia de conducir.

CC-2004-708

Tan sólo

se

circunscribe

a

mencionar,

en

su

19

artículo

3.14, que el procedimiento de renovación de licencias

será establecido por el Secretario de Transportación y

Obras

Públicas

Reglamento

mediante

para

reglamento.

establecer

los

Por

su

parte,

el

requisitos

para

la

expedición, renovación, cambio de categoría o de nombre,

duplicado,

reciprocidad

de

certificado

de

Licencia

de

Conducir y endoso especial para transportar materiales y

sustancias peligrosas (en adelante Reglamento) de 29 de

diciembre de 2000, tampoco regula de manera específica el

cambio de sexo en la licencia de conducir. Al igual que

la Ley de Registro Demográfico, este Reglamento provee un

procedimiento

general

de

cambios

en

la

información

contenida en la licencia, en el cual incluye cambios de

nombre, dirección y categoría. Art. VII, (G), (H) e (I).

Para el cambio de nombre requiere lo siguiente:

1.

Cumplir con los requisitos establecidos en Parte

A, Requisitos Generales, de este Artículo,

Incisos (5), (6), (7) y (9).51

2.

Declaración Jurada firmada ante Notario Público

Autorizado haciendo constar las razones que

motivan su petición, la cual deberá estar

acompañada de uno de los siguientes documentos:

a)

b)

c)

d)

Escritura de Reconocimiento.

Sentencia o resolución del Tribunal.

Certificado de Nacimiento.

Cualquier otro documento debidamente

autenticado. (Énfasis nuestro).

De entrada, observamos que este reglamento tampoco

prohíbe que se cambie la información correspondiente al

51

Estos requisitos son:

5.

Sellos de rentas internas según la transacción

solicitada....

6. Dos (2) fotografías recientes ....

7. Certificado de ASUME, si aplica.

9. Satisfacer cualquier multa administrativa pendiente

de pago. Reglamento, supra, Art. VII, A (5), (6),

(7) y (9).

CC-2004-708

20

sexo del conductor. Además, el procedimiento de cambio de

nombre

establecido

resulta

igualmente

solicitar

el

cambio

de

sexo,

suficiente

presentar

tan

sólo

para

uno

adecuado

lo

de

cual

los

para

sería

documentos

enumerados, entre éstos una sentencia o resolución del

tribunal o un certificado de nacimiento. Por tanto, no

vemos impedimento legal para que, al interpretar esta

insuficiencia de la ley utilizando la equidad, permitamos

cambiar no sólo el nombre del conductor en la licencia,

sino el encasillado correspondiente al sexo.

V.

Aunque

la

decisión

mayoritaria

sostiene

que

“no

queda claro... cuáles son los fundamentos legales ...

para mantener la validez de determinación del foro de

instancia,” la realidad es que la peticionaria comparece

ante

nosotros

mediante

esencia misma de la

un

alegato

que

se

basa

en

la

Justicia. 52 Claramente se ampara en

nuestra Ley Suprema, la Constitución del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

para

reclamar

su

derecho

a

intimidad y dignidad, a la vez que se refiere a nuestra

sentencia

sentencias

en

Ex

parte

españolas,

Andino

con

Torres,

ánimo

supra

de

y

varias

persuadirnos

a

reiterar el criterio que adoptamos entonces. 53 De esa

forma,

lo

que

pretende

la

petición

es

que

utilicemos

52

En la vida social “el hombre necesita del Derecho.”

Juan Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil,

Segunda Edición, pág. 7 (1973). “Se trata de una necesidad

espiritual de Justicia, casi tan intensa como la necesidad

material que del agua tiene el pez.” Id.

53

También utiliza como material

artículos relacionados con el tema.

persuasivo

varios

CC-2004-708

nuestra facultad como intérpretes de la Constitución

21

y

de las leyes para interpretar una laguna en la ley.

Coincidimos con la Opinión Concurrente de los Jueces

Asociados

Negrón

García,

Hernández

Denton

y

Fuster

Berlingeri en Ex Parte Andino Torres, supra, en cuanto

afirma

que

negarle

a

la

enmendar

su

certificado

respecta

al

presente

peticionaria

el

derecho

nacimiento

(y

en

de

caso,

su

licencia

de

lo

a

que

conducir)

violaría los principios garantizados en las secciones 1 y

8

de

nuestra

Carta

de

Derechos,

que

protegen

respectivamente el derecho a la dignidad e igualdad de

todos los seres humanos y a su intimidad. 54 Id. en las

págs.

806-810.

Cabe

señalar

en

este

sentido

que

la

decisión de la Corte Europea en el caso de Goodwin v.

United Kingdom, supra, se basó parcialmente en que negar

una enmienda respecto al sexo de una persona transexual

operada

en

el

certificado

de

nacimiento

violaba

el

artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que dispone,

de forma similar a nuestra Constitución: “Everyone has

the right to respect for his private and family life, his

home, and his correspondence.”

Ya establecimos firmemente que las secciones 1 y 8

de la Carta de Derechos de nuestra Constitución operan

54

El Art. II sección 1 de la Constitución del Estado

Libre Asociado dispone: “La dignidad del ser humano es

inviolable.

Todos los hombres son iguales ante la Ley.

No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza,

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni

ideas políticas o religiosas.

Tanto las leyes como el

sistema de instrucción pública encarnarán estos principios

de esencial igualdad humana.” Por su parte, en el Art. II

sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado se

establece: “Toda persona tiene derecho a protección de ley

contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su

vida privada y familiar.”

CC-2004-708

22

sin necesidad de ley que las implante. Figueroa Ferrer v.

ELA,

107

DPR

Demográfico,

(1978). 55

250

ni

el

Ni

la

Ley

Reglamento

del

del

Registro

Departamento

de

Transportación, ni mucho menos las decisiones de este

Tribunal pueden ir por encima de las disposiciones de

nuestra Ley Suprema.

VI.

“La actividad del jurista se vuelve vana logomaquia

o juego fútil de conceptos si, preocupándose únicamente

por

un

vista

extrínseco

el

fin

aunque

esencial

hábil

que

le

realización de la justicia.”

tecnicismo,

ha

sido

pierde

de

asignado:

la

Luis Legaz y Lacambra, El

Derecho y el Amor, pág. 113 (1976) citando a Del Vecchio,

Aspectos y problemas del Derecho, Madrid, Espesa, págs.

284-85 (1967).

Las razones para impedir que una persona transexual

cambie

los

Registro

datos

respecto

Demográfico

y

a

en

su

su

nombre

y

licencia

sexo

de

en

el

conducir,

pierden valor si las oponemos al perjuicio resultante de

esa decisión. Recordemos que, por definición, se trata de

una persona que cambia totalmente su asignación sexual,

como sucede con la peticionaria, quien aunque nació varón

se

identifica

someterse

55

a

con

una

el

otro

compleja

sexo

hasta

cirugía

y

el

a

punto

de

tratamiento

Precisamente, en el caso de Figueroa Ferrer v. ELA,

supra, este Tribunal se enfrentó a la interpretación de

nuestra ley de divorcio, la que no incluía ni prohibía un

divorcio bajo el fundamento jurídico de consentimiento

mutuo. En esa ocasión nos basamos en ambos derechos, el de

la dignidad y el de la intimidad, para realizar una

interpretación jurídica, que, al igual que en el caso de

autos, no pretendió usurpar las funciones delegadas a la

Legislatura, sino interpretar las leyes promulgadas por

esa Rama del Gobierno.

CC-2004-708

23

hormonal. Podemos no comprender la angustia que lleva a

un

ser

humano

a

una

decisión

tan

drástica.

Incluso,

podemos estar, en nuestro fuero interno individual, en

contra

de

angustia

tan

drástica

existencial.

solución

Pero

lo

a

esa

cierto

situación

es

que

de

nuestro

ordenamiento permite utilizar los medios que provee la

ciencia para conformar la apariencia al sexo deseado, si

la

persona

transexual,

ejerciendo

decide

hacerlo.

Ejercido

sexo,

en

intimidad

la

así

el

que

su

libre

albedrío,

derecho

a

cambiar

protege

nuestra

de

Ley

Fundamental, no debemos los tribunales, guardianes de la

Constitución,

condenarle

a

someterse

diariamente

a

discrimen al presentar una licencia de conducir que no

corresponde a su realidad o un certificado de nacimiento

que no corresponde a su identidad.56

A

los

tribunales

nos

toca

la

delicada

responsabilidad de armonizar nuestra interpretación del

Derecho con los avances de la ciencia y la tecnología.57

Situaciones que en un principio eran inconcebibles hoy

día son posibles por los adelantos de la ciencia.

Así lo

hemos reconocido en asuntos relacionados con la filiación

56

Tomamos conocimiento judicial del uso de la licencia

de

conducir

para

propósitos

de

identificación

en

actividades del diario vivir y del certificado de

nacimiento para asuntos tan importantes como la búsqueda

de empleo. En cuanto a esto, hemos resuelto que un

trabajador en busca de empleo no debe tener que abdicar su

derecho a la intimidad al permitir que el patrono invada

su mente y ausculte sus pensamientos. Ambos derechos, a la

intimidad y al trabajo, son consustanciales con la

dignidad humana. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117

DPR 35 (1986).

57

Según la Real Academia Española armonizar significa

“[p]oner en armonía, o hacer que no discuerden o se

rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas

que deben concurrir al mismo fin.” Diccionario de la

Lengua Española, Vigésima Segunda Ed., pág. 207 (2001).

CC-2004-708

24

jurídica. Véanse: Castro Torres v. Negrón Soto; opinión

de 23 de mayo de 2003, 159 DPR__, 2003 TSPR 90; Ramos v.

Marrero 116 DPR 357, (1985); Moreno Alvarado v. Moreno

Jiménez, 112 DPR 376(1982); Ortiz v. Peña, 108 DPR 458

(1979).

Hace

apenas

permitir

una

dos

prueba

meses

de

este

DNA

Tribunal

para

decidió

impugnar

el

reconocimiento voluntario.

Antonio Luis Mayol v. Ana Ixa

Torres, res. el 8 de abril

de 2005, 163 DPR ____ (2005),

2005 TSPR 45. La solución que adopta la mayoría en el

presente

caso

constituye

una

anomalía

dentro

de

esta

trayectoria y es contraria a los fundamentos de estas

decisiones.

Las personas transexuales no encajan dentro de la

categoría

recurren

de

a

la

“femenino”

ni

“masculino”.

ciencia,

que

les

Por

permite

eso,

operarse

y

someterse a tratamiento hormonal para vivir su vida según

uno de estos dos sexos: “Una persona que se somete a una

operación irreversible para adecuar su sexo físico a su

deseo psicológico no desea vivir como un transexual, como

una clasificación extraña y discordante con la dualidad

de

sexos

culturalmente

reconocida.”

Ex

Parte

Andino

Torres, supra, en la pág. 808. El Derecho nos concede la

facultad de interpretar esta realidad y la Constitución

nos impone la responsabilidad de hacerlo, ordenando una

simple enmienda de su nombre y su sexo en el Registro

Demográfico y en el Departamento de Obras Públicas.

El

dilema

de

la

peticionaria

no

se

resuelve

ni

aminora con el “remedio” a medias que dispone la Opinión

Mayoritaria.

Concederle

el

permiso

para

cambiar

su

nombre en el certificado de nacimiento, de “Alexis” a

CC-2004-708

25

“Alexandra”, a la vez que se mantiene la descripción de

su sexo como “masculino”, deja a la merced del escrutinio

público el propio hecho que la parte peticionaria desea

enmendar.

No podemos olvidar que “[u]na cierta bondad es

necesaria para la efectividad del Derecho, y la caridad

quiere

un

Derecho

que

lo

sea

efectivamente.”

Legaz

Lagambra, supra en la pág. 92. Por eso se ha dicho, que

el Derecho es “el Arte de lo justo.” Juan Vallet de

Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, Segunda Edición,

pág. 38-39 (1973).

En este sentido, nos sorprende que la

Opinión Mayoritaria reconozca que quienes “han decidido

someterse a una operación de reasignación de sexo, son

personas que han tomado medidas extraordinarias en su

ardiente

deseo

de

vivir

una

vida

ordinaria”

y

sin

embargo, no les permita vivir esa vida ordinaria, que no

es

otra

cosa

que

una

vida

donde

le

garanticemos

su

intimidad y dignidad como seres humanos.

Por

los

fundamentos

Revocaríamos

en

apelativo

confirmaríamos

y

su

que

totalidad

la

anteceden,

la

disentimos.

sentencia

orden

del

del

foro

Tribunal

de

Primera Instancia autorizando el cambio de nombre y sexo

en

el

certificado

de

nacimiento

de

Alexandra,

en

los

expedientes computadorizados de ese certificado, en su

licencia

de

conducir

y

en

los

expedientes

Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

del