Tribunal Supremo de Puerto Rico
Alexis Delgado Hernández Ex Parte
2005 TSPR 95
Poder Judicial de Puerto Rico
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Alexis Delgado Hernández Ex Parte
CC-2004-0708
30 de junio de 2005 · Solicitud de Cambio de Sexo en Certificado de Nacimiento
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
Certiorari
Peticionario
2005 TSPR 95
Ex Parte
164 DPR ____
Número del Caso: CC-2004-708
Fecha: 30 de junio de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Humacao
Juez Ponente:
Hon. Ismael Colón Birriel
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José Luis Velázquez Ruiz
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sariely Rosado Fernández
Procuradora General Auxiliar
Materia: Corrección de Acta
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
Peticionario
CC-2004-708
Ex Parte
Opinión del Tribunal
Rodríguez Rodríguez.
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005
Tenemos ante nuestra consideración, nuevamente,
la
situación
de
una
persona
que
habiendo
nacido
varón, se somete a una cirugía de reasignación de
sexo y nos solicita que su certificado de nacimiento
y
su
licencia
de
conducir
se
corrijan
para
que
reflejen correctamente su identidad sexual.
I
Alexis
Delgado
Hernández
(“Delgado
Hernández”)
nació varón el 27 de octubre de 1970 en Fajardo,
Puerto
Rico.
Dicho
nacimiento
se
inscribió
en
el
Registro Demográfico, según surge del Certificado de
Nacimiento
número
152-1970-02267-000000-176071.
23 de mayo de 2003 el recurrido fue sometido a una
El
2
CC-2004-708
operación
quirúrgica
de
reasignación
de
sexo
(varón
a
mujer) en el Mount San Rafael Hospital en Colorado.1
El 22 de diciembre de 2003, Delgado Hernández presentó
una petición ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Humacao, para que se enmendaran su certificado
de nacimiento específicamente, el asiento de inscripción
que identifica su sexo como varón y su licencia de conducir
para conformarlos a su nueva realidad.
dichos
documentos
oficiales
Solicitó además que
reflejaran
también
que
su
nombre era Alexandra Delgado Hernández.
El 20 de enero de 2004, el foro de instancia emitió
una resolución donde ordenó al aquí peticionario someter un
certificado negativo de antecedentes penales en un término
de quince (15) días.
Además, le concedió al Ministerio
Público un término de quince (15) días para expresarse en
torno a la petición, y le advirtió que, de no hacerlo, se
entendería
de 2004, el
el
que se allanaba a la misma.
peticionario
certificado
requerido.
presentó
El
El 10 de febrero
moción,
Ministerio
acompañando
Público
no
compareció.
Así las cosas, el 24 de febrero de 2004, el foro de
instancia emitió una escueta resolución, donde ordenó al
Registro Demográfico alterar el asiento de inscripción de
nacimiento de Delgado Hernández para que apareciera que su
1
Existe en el expediente copia de la certificación médica a
esos efectos titulada Affidavit by Physician as to Change
of
Sex
Designation.
Véase
apéndice
del
recurso
de
certiorari, pág. 5.
3
CC-2004-708
sexo era femenino y que su nombre es Alexandra Delgado
Hernández.
Ordenó,
Transportación
y
a
su
Obras
vez,
que
Públicas
el
Departamento
realizara
los
de
cambios
correspondientes en la licencia de conducir.
Inconforme, el Procurador General acudió ante el foro
apelativo
intermedio
aduciendo
que
la
determinación
del
tribunal de instancia era improcedente en derecho por lo
que debía ser revocada.
al
tribunal
apelativo
Como asunto de umbral le planteó
que
la
falta
de
diligencia
del
Ministerio Público al no comparecer ante el tribunal a quo
a oponerse a la solicitud, no podía coartar el derecho del
Estado a revisar la determinación del tribunal de instancia
por ser éste un asunto revestido de alto interés público.
El
Tribunal
de
Apelaciones
acogió
la
comparecencia
del
Estado.
En su escrito, el Procurador General argumentó que la
determinación del tribunal de instancia era errónea toda
vez que el certificado de nacimiento tiene como propósito
recoger un dato histórico cierto al momento del nacimiento,
como lo es el sexo de una persona.
Adujo que un transexual
que se somete a una operación de reasignación de sexo de
hombre a mujer sigue siendo hombre biológicamente, ya que
sus cromosomas siguen siendo de varón; por lo que no ha
ocurrido, verdaderamente, un cambio de sexo.
Argumentó,
que darle curso a la solicitud de Delgado Hernández tendría
como
posible
transexual
consecuencia
contrajera
que
una
persona
matrimonio
con
una
que
persona
fuera
de
su
4
CC-2004-708
mismo sexo biológico, en clara contravención a las leyes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2
Delgado Hernández presentó su alegato en oposición al
recurso presentado por el Estado.
No queda claro de dicho
escrito, sin embargo, cuáles son los fundamentos legales
esbozados para sostener la validez de la determinación del
foro de instancia.
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Apelaciones
dictó
sentencia revocando al Tribunal de Primera Instancia. 3
En
su sentencia, el foro apelativo intermedio concluyó que la
Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. § 1231, (“Ley del
Registro Demográfico” o “Ley del Registro”), no contiene
disposición
alguna
que
permita
que
un
certificado
de
nacimiento se enmiende para variar el sexo de la persona
inscrita, en ausencia de circunstancias que indiquen que la
anotación original fue producto de un error.
El tribunal
concluyó
sexo
que
para
autorizar
el
cambio
de
en
el
certificado era necesario una autorización expresa en ese
2
Adviértase que la Ley Núm. 94 de 19 de mayo de 1999
enmendó el Art. 68 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 221,
donde se define el matrimonio, para negarle efectividad
jurídica (“full faith and credit”) en Puerto Rico, a un
matrimonio de personas del mismo sexo o de transexuales,
efectuado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.
3
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones reconoce que
en Ex parte Andino Torres, 151 D.P.R. 794 (2000),
permitimos, mediante sentencia a esos efectos, que se
cambiara el sexo de un transexual en su certificado de
nacimiento de varón a hembra. El foro apelativo concluyó,
correctamente, que como se trataba de una sentencia y no
una Opinión del Tribunal, nuestra determinación en Andino
Torres no era un precedente obligatorio.
E.g., Rivera
Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74, 79-80 (1987).
Véase
discusión infra.
5
CC-2004-708
sentido
de
la
ocurrido.
Asamblea
Concluyó
Legislativa,
entonces
que
lo
que
procedía
no
había
revocar
la
Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
Al
así
hacerlo,
autorizando
nacimiento
el
y
la
no
tan
cambio
solo
de
licencia
dejó
sexo
de
en
sin
efecto
el
conducir,
la
orden
certificado
sino
cambio de nombre solicitado y autorizado.
también
de
el
Ello, a pesar
que ese asunto no estaba ante su consideración toda vez que
no fue planteado por el Procurador General en su petición
de certiorari.
Inconforme, Delgado Hernández compareció ante nosotros
para
que
revisemos
Apelaciones.
la
sentencia
del
Tribunal
de
Aduce que:
Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
la Resolución del Tribunal de Primera Instancia
que ordenaba al Registro Demográfico cambiar el
asiento
de
inscripción
de
nacimiento
del
peticionario para que apareciera que su sexo es
femenino y que ordenaba igual remedio en cuanto a
su licencia de conducir.
El pasado 12 de noviembre de 2004 expedimos el auto
solicitado.
Contando
con
la
comparecencia
de
las
partes
pasamos a resolver.4
II
Este caso nos plantea la interrogante si un transexual
que
se
ha
reasignación
4
sometido
a
de
puede
sexo,
una
operación
exigir
que
quirúrgica
de
ese
se
cambio
El alegato presentado por el peticionario, sorprendentemente, no discute con rigurosidad jurídica el señalamiento
de error traído a nuestra atención. La discusión del error
se da sin acopio alguno de las razones que la fundamentan
en derecho, ni las autoridades que lo apoyan.
6
CC-2004-708
refleje
en
su
certificado
de
nacimiento
-–y
otra
documentación oficial—- para que su realidad registral esté
acorde con lo que estima es su verdadero sexo.
El
sexo
y
la
identidad
sexual
de
una
persona
constituyen uno de los caracteres primarios de la identidad
personal.
Para
algunos,
fundamentalmente
por
el
sus
sexo
queda
caracteres
definido
biológicos
y
fisiológicos y su morfología exterior.
“Es el sexo con que
se
se
nace
y
con
el
cual
el
sujeto
inscribe
en
el
correspondiente registro del estado civil.”
C. Fernández
Sessarego,
Ed.
Derecho
a
la
identidad
Buenos Aires, 1992, pág. 288.
inmutable y estático.
personal,
Astrea,
El sexo es por lo tanto
De otro lado, existe una visión del
sexo como un concepto que se refiere a la personalidad
misma de la persona, a su actitud sico-social, a su modo de
comportarse,
a
sus
hábitos
y
ademanes.
Loc.
cit.
De
ordinario, ambas vertientes son coincidentes en el sujeto.
Es decir, el sexo biológico, cromosómico y registral está
en sintonía con el sicológico-social.
embargo
y,
En ocasiones sin
excepcionalmente, “se presentan
situaciones
[. . .] en las que se observa una elocuente disociación
entre tales vertientes.” Loc. cit.
El
caso
transexual,
coincide
con
identifica
más
dramático
para
quien
su
el
sexo
vivido
plenamente;
lo
constituye
apariencia
y
externa
sentido,
situación
ésta
el
con
que
de
un
sexual
no
el
cual
se
“conduce
al
transexual, con la ayuda de tratamientos hormonales y de
7
CC-2004-708
cirugía transexual . . . a adaptar sus caracteres físicos
externos al sexo querido.”
Ll. Puig Ferriol, Manual de
Derecho Civil, Marcial Pons, Madrid, vol. 1, 1997, pág.
133.5
El
tema
de
la
transexualidad
y
sus
repercusiones,
tanto legales, sociales, sicológicas o morales, es un tema
acuciante de nuestros tiempos y una realidad de profundo
contenido humano. 6
Quienes han decidido someterse a una
operación de reasignación de sexo, son personas que
han
5
Existe
vasta
literatura
sobre
el
tema
de
la
transexualidad, para una discusión más abarcadora sobre el
tema véase, J. Meyerowitz, How sex changed? A History of
Transsexuality in the United States, Harvard University
Press, 2002; J.E. Schidt, Attorney´s Dictionary of Medicine
and Word Finder, vol. 6, 2002; R. Green, The ‘Sissy Boy
Syndrome’ and the Development of Homosexuality, Yale U.
Press, New Haven, 1987; L. Martínez Calcerrada, Derecho
Médico General y Especial, Ed. Tecnos, Madrid, 1986; H.W.
Jones, W.E. Scout, Hermafroditismo, anomalías genitales y
trastornos endocrinos afines, Ed. Labor, Madrid, 1975.
Véase
además,
Lawrence,
Factors
Associated
with
Satisfaction or Regret Following Male to Female Sex
Reassignment Surgery, 32 Arch. Sexual Behavior 299 (2003);
Lax, Is the United States Falling Behind? The Legal
Recognition of Post-Operative Transsexual´s Acquired Sex in
the United States and Abroad, 7 Quinnipiac Health L. J. 123
(2003); Weiss, The Gender Caste System: Identity, Privacy
and Heternormativity, 10 Law & Sexuality 123 (2001);
Greenburg, Defining Male and Female: Intersexuality and the
Collision between Law and Biology, 41 Ariz. L. Rev. 265
(1999); Coombs, Transgenderism and Sexual Orientation: More
than a Marriage of Convenience, 3 Nat´l J. Sexual Orient.
L. 4 (1997); Pearlman, Transexualism as Metaphor: The
Collision of Sex and Gender, 43 Buff. L. Rev. 835 (1995);
Valdés, Queers, Sissies, Dykes, and Tomboys: Deconstructing
the Conflation of “Sex”, “Gender”, and “Sexual Orientation”
in Euro American Law and Society, 83 Cal. L. Rev. (1995);
Comment, Transsexualism, Sex Reassignment Surgery and the
Law, 56 Cor. L. Rev. 933 (1971).
6
Véase, entre otros, J. M. Bailey, The man who would be
Queen, Joseph Henry Press, Wash., 2003; J. Finney Byland,
She´s not There, A Life in Two Genders, Broadway Books, New
York, 2002. Véase también, www.annelawrence.com/twr.
8
CC-2004-708
tomado
medidas
extraordinarias
en
su
ardiente
deseo
de
vivir una vida ordinaria.
La controversia traída a nuestra atención nos obliga a
plantearnos,
de
frente
al
ordenamiento
jurídico
prevaleciente, un sinnúmero de difíciles interrogantes.
modo de ejemplo:
A
¿Sobre quién recae la responsabilidad de
hacer viable el reclamo del peticionario, sobre la Rama
Judicial a través de un pronunciamiento jurisprudencial o;
por el contrario, sobre las ramas políticas del gobierno
mediante la correspondiente legislación?
¿No entraña, en
su esencia misma, esta determinación un asunto de política
pública sobre cómo el Estado debe responder a los reclamos
de
unas
personas
tradicionalmente
incomprendidas
y
marginadas por la sociedad, legislando los requisitos y las
garantías pertinentes que tal reconocimiento necesariamente
conlleva? ¿Cuál es el proceso más efectivo de deliberación
y
reflexión
democrática
que
permita
conjurar
todos
los
intereses que interrelacionan en una controversia de esta
naturaleza?7
Las
preguntas
que
hemos
formulado
previamente,
encierran sólo algunas de las múltiples y arduas cuestiones
problemáticas que el tema de la transexualidad encierra.
Como
se
advierte,
la
temática
involucrada
en
dichas
interrogantes no puede considerarse como materia de fácil
7
C. Sunstein, One Case at a Time, Harvard University Press,
Mass., 1999.
9
CC-2004-708
solución por sus implicaciones tanto con la libertad de la
persona como con los intereses sociales en juego.
Veamos entonces con detenimiento y sosiego.
III
La controversia jurídica sobre la transexualidad es
para este Tribunal un asunto de reciente actualidad; más no
es así en otras jurisdicciones.
Tanto en Europa 8 como en
los Estados Unidos9 este tema ha sido discutido ampliamente,
por lo que existe vasta jurisprudencia y amplia legislación
sobre el tema de la transexualidad.
En
Ex
parte
Andino
Torres,
151
D.P.R.
794
(2000)
dictamos una sentencia en la cual se autorizó el cambio de
sexo -–de varón a hembra—- en el certificado de nacimiento
8
Sobre este particular, en Gran Bretaña véase:
Bellinger
v. Bellinger (2003) UKHL 21, Goodwin v. United Kingdom
(2002) 35 E.H.R.R. 18; Cossey v. United Kingdom (1990) 13
E.H.R.R. 622; Corbett v. Corbett (1970) 2 All E.R. 33. En
España, véase Sentencia de 2 de julio de 1987; Sentencia de
15 de julio de 1988; Sentencia de 3 de mayo de 1989 y
Sentencia de 19 de abril de 1991.
Véase, sobre estas
sentencias, A. Villagómez, Aportación al estudio de la
transexualidad, Ed. Tecnos, Madrid 1994.
En Australia confróntese, In re Kevin, 28 Fam. L.R.
158 (2001).
Cinco
países
europeos
tienen
legislación
sobre
transexualidad:
Ley de 21 de abril de 1972 (Suecia), Ley
de 10 de septiembre de1980 Transsexvellengesetz (Alemania),
Ley de 14 de abril de 1982 (Italia); Ley de 24 de abril de
1985 (Holanda)y Ley Núm. 3444 de 1988 (Turquía).
Véase:
Ll. Puig Ferriol, Manual de Derecho Civil, Marcial Pons,
Madrid, vol. 1, 1977, págs. 133-134.
9
En Estados Unidos véase: In the Matter of Heiling. 816
A.2d 68 (Md. 2003); Littleton v. Prange, 9 S.W.3d 223 (Tx.
1999); In re Ladrach, 513 N.Ed.2d 828 (Ohio 1987); K. v.
Health Division, 560 P.2d. 1070 (Or. 1977); M.T. v. J.T,
355 A. 2d. 204 (N.J. 1976); Matter of Anonymous, 314
N.Y.S.2d. 668 (1970); Matter of Anonymous, 293 N.Y.S.
2d.(1968); Anonymous v. Weiner, 270 N.Y.S. 2d. 319 (1966).
10
CC-2004-708
del peticionario quien era transexual.
Habiéndose resuelto
Andino
allí
Torres
mediante
sentencia,
lo
dispuesto
no
constituye precedente de este Tribunal por lo que no obligaba
al Tribunal de Apelaciones, como éste correctamente concluyó,
y mucho
menos nos obliga a nosotros.
Reiteradamente hemos sostenido que el Tribunal Supremo
establece
una
norma
mediante
exclusivamente
un
dictamen
sostenido por una opinión firmada o una opinión per curiam.
Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987); Mayol v.
Torres, res. 8 de abril de 2005, n. 17, 163 D.P.R. ___, 2005
T.S.P.R. 45; Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123
D.P.R. 765, 777 (1989).
Cuevas Segarra,
Véase además, R. Elfren Bernier, J.
Aprobación e Interpretación de las Leyes en
Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2da ed., 1987, pág. 158.
De
ahí que, de ordinario, sólo la opinión firmada o el per
curiam se publican.
Regla 44(b) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.
Así, nuestras opiniones sirven
de precedentes para los casos que tienen ante sí los foros a
quo tanto judiciales como administrativos.
Por
otro
lado,
este
Tribunal
resuelve
un
caso
por
sentencia cuando en el mismo se plantean asuntos resueltos
reiteradamente
controversia
por
el
particular
Tribunal;
entre
o,
las
para
partes
resolver
una
litigantes,
circunscrita por lo tanto a los hechos específicos de ese
caso; o, para disponer rápidamente del caso ante el gran
número de casos que tiene que resolver.
Las sentencias por
11
CC-2004-708
lo tanto no se publican. 10
que
no
“[s]e
considera
Es por ello que hemos indicado
apropiado
citar
como
autoridad
o
precedente las sentencias que no constituyen opinión. . . .”
Rivera Maldonado, supra, pág. 79.
En vista de lo anterior, lo dispuesto en Ex parte Andino
Torres, solo resolvió la controversia particular de ese caso
en atención a los hechos específicos allí involucrados.
Por
ello,
la
Ex
parte
Andino
Torres
determinación que hoy tomamos.
no
es
óbice
para
Veamos entonces.
En esta ocasión, estimamos apropiado iniciar nuestra
discusión analizando la figura del Registro Civil español,
precursor del Registro Demográfico, de suerte que logremos
apurar
su
finalidad
y
propósito.
Luego
entonces
analizaremos la Ley del Registro Demográfico, su relación
con
la
figura
normativa
del
vigente
Registro
a
los
Civil,
hechos
para
del
aplicar
caso
ante
así
la
nuestra
consideración.
El Registro Civil se define como “la institución o
servicio administrativo a cuyo cargo se halla la publicidad
de los hechos afectantes al estado civil de las personas o
mediatamente relacionados con dicho estado, contribuyendo,
Ahora bien, “[a] manera de excepción y mediante orden
expresa nuestra, se puede remitir para publicación una
sentencia emitida sin opinión.” Rivera Maldonado v. E.L.A.,
119 D.P.R. 74, 79 (1987).
Así pues,
con sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento del Tribunal Supremo, nada impide
que “cualquier Juez de este Tribunal que emita una opinión
concurrente o disidente o voto particular en relación con una
decisión sin opinión del Tribunal, la certifique para que sea
enviada al compilador y Publicista de Jurisprudencia del
Tribunal y el Colegio de Abogados de Puerto Rico para su
publicación.” Ibíd, págs. 79-80.
10
12
CC-2004-708
en
ciertos
casos
a
la
constitución
de
tales
actos
proporcionando títulos de legitimación de estado.”
Ferriol, op. cit., pág. 136.
y
Puig
El profesor Luces Gil, en su
obra sobre el Registro Civil sostiene igual posición, y
señala que el Registro es “la institución que tiene por
objeto dar publicidad a los hechos y actos que afectan al
estado civil de las personas, cooperar, en ciertos casos, a
la constitución de tales actos y, proporcionar títulos de
legitimación
Registral
del
estado
Civil,
Ed.
civil.”
Bosh,
Véase en igual sentido,
Teoría
y
Práctica,
F.
Luces
Barcelona,
Gil,
1976,
Derecho
pág.
170.
J. Santos Briz, Derecho Civil,
Ed.
Revista
Derecho
Privado,
Madrid,
1976, vol. 1, pág. 463.
Estado civil es el conjunto de cualidades, atributos y
circunstancias
de
la
persona
que
la
identifican
y
singularizan y, que contribuyen a determinar su capacidad
con cierto grado de permanencia y generalidad.
op.
cit;
Puig
Ferriol,
op.
cit,
pág.
130
Luces Gil,
(“[El
estado
civil] determina las distintas situaciones en la que puede
encontrarse la persona y que justifican el reconocimiento
de una diferente capacidad de obrar o de una situación
diferenciada
de
derechos
y
deberes,
como
prueba
susceptibles
de
un
tratamiento unitario.”)
Sobre
el
Registro
fidedigna
del
estado
civil de las personas, nos dice Albaladejo:
al
“[E]llo beneficia, tanto al interesado, como
Estado y a los terceros, que así pueden
13
CC-2004-708
obtener la información que necesitan
entran en relación con aquéllas.”
cuando
M. Albaladejo, Derecho Civil, Ed. Bosh, Barcelona, Tomo I,
vol. 1, 1989, pág. 358.
En el Registro se inscriben, por lo tanto, todos los
sucesos y hechos vitales que definen el estado civil y la
capacidad jurídica de un individuo.
J. L. Lacruz Berdejo,
Elementos de Derecho Civil, Ed. Bosh, Barcelona, Tomo I
(1974),
pág.
nacimiento
y
170.
junto
a
Entre
los
éste,
el
filiación del inscrito.
cuales
nombre,
destacamos
el
y
la
el
sexo,
Art. 41, Ley del Registro Civil
español; Art. 167, Reglamento del Registro Civil.
cabida
en
el
registro
también:
nacionalidad y la defunción.
personalidad
se
el
Tienen
matrimonio,
la
Todos estos atributos de la
caracterizan,
entre
otras
cosas,
por
“[t]ener eficacia general, es decir frente a todos (erga
omnes).”
el
Albaladejo, op. cit., pág. 236. Comienza así con
nacimiento,
el
registro
de
datos
vitales
de
cada
persona, que lo individualiza y lo convierte en sujeto de
derechos y finaliza, evidentemente, con el fallecimiento.
La existencia del Registro se justifica en la medida
que
el
Derecho
y
las
relaciones
que
regula
requieran
seguridad, certidumbre y constancia sobre las condiciones
de
capacidad
Registro
se
y
el
entorno
convierte
familiar
entonces
de
en
la
persona.
El
un
sistema
de
14
CC-2004-708
constatación de hechos relevantes de ese titular. 11
Así, lo
que le da relieve es esencialmente su finalidad, ser “el
instrumento
versión
material
oficial
para
sobre
la
que
conste
existencia,
públicamente
la
estado
y
civil
condición de las personas.” Vázquez Bote, Derecho Privado
Puertorriqueño,
400. 12
Equity
Publishing,
(Énfasis nuestro.)
1992,
Vol.
III,
pág.
Por ser esa su función, “la
veracidad e integridad del Registro del estado civil ha de
tener
singular
representa,
importancia
además,
un
para
medio
de
el
Estado,
conocer
por
la
cuanto
exacta
y
auténtica situación jurídica de las personas, al tiempo que
pueden
ser
instrumentos
muy
convenientes
para
ordenar
11
Históricamente, el precedente directo del Registro Civil
español se halla en los Registros parroquiales que lleva la
Iglesia Católica para consignar los bautismos, matrimonios
y defunciones desde mediados del Siglo XIV y principios del
XV. M. Albaladejo, Derecho Civil, Bosh, Barcelona, Tomo I,
vol. 1, 1991, pág. 358. La Revolución Francesa secularizó
estos Registros, creando el moderno Registro Civil a cargo
de funcionarios del Estado. J. Castán Tobeñas, Derecho
Civil Español, Común y Floral, Ed. Reus, Madrid, Tomo I,
vol. 2, 1984, pág. 508.
12
Esta institución se incorpora a nuestro ordenamiento
legal a finales del Siglo XIX cuando, en 1885, comenzó a
regir en Cuba y Puerto Rico, la “Ley Provisional del
Registro Civil” decretada por España en 1870, a raíz de la
Constitución española de 1869. Con el cambio de soberanía
en 1898, la estructura del sistema de Registro civil no
sufrió cambio sustancial alguno. En el 1931, sin embargo,
con la Ley Núm. 24 de 2 de abril de 1931, se produjo
una reorientación del sistema tradicional del estado civil
al crearse el Registro Demográfico.
El nuevo esquema
legislado centralizó las funciones del Registro en manos
del Comisionado de Salud, eliminando el control que tenía
sobre el Registro el municipio y el alcalde. Municipio v.
Fernós, 63 D.P.R. 978 (1944).
La Ley Núm. 24 tiene como
propósito también recopilar información de naturaleza
estadística.
15
CC-2004-708
determinados servicios administrativos. . . .”
Loc. cit.
(Énfasis nuestro.)
En síntesis, el Registro Civil tiene como propósito
fundamental
condición
garantizar
civil
y
una
hechos
información
fiable
vitales
las
de
sobre
la
personas
y
proporcionar un medio de prueba de los mismos.
Ello, para
beneficio no tan solo del inscrito sino también del Estado
y de los terceros que entran en relación con el primero.
Es por lo tanto el Registro, un mecanismo que al garantizar
seguridad, constancia y certeza en la información a que da
publicidad, abona a la evitación de, entre otros, el fraude
y
la
simulación
en
las
relaciones
que
establecen
individuos entre sí y que el Derecho regula.
Ferriol, op. cit., pág 136-37.
los
Véase, Puig
En igual sentido, Luces
Gil, op. cit., pág. 18; M. Planiol, G. Ripert, Tratado
Elemental de Derecho Civil, Cárdenas ed., México, 4ta ed.,
Vol.
1,
2003,
pág.
243
(“Las
actas
del
estado
civil
constituyen un medio de prueba seguro y fácil, organizado
por
la
ley
para
los
entonces
a
nacimientos,
matrimonios
y
disposiciones
del
defunciones.”)
Pasemos
discutir
las
Registro Demográfico.
IV
La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24
L.P.R.A.
secs.
Demográfico,
Demográfico
1041
et
establecido
o
seq.,
en
Estadísticas
crea
la
un
Registro
División
Vitales
del
de
General
Registro
Departamento
de
16
CC-2004-708
Salud
de
Puerto
Rico.
El
mismo
se
estableció
con
el
propósito de registrar, coleccionar, custodiar, preservar,
enmendar
y
certificar
hechos
vitales,
de
las
personas
nacidas en Puerto Rico. 24 L.P.R.A. sec. 1042 (1).
Acorde
al cambio habido en la legislación registral de 1931, el
Registro
Demográfico
se
registro
estadístico
confiable
estudio
de
estadísticas
convirtió
y
vitales
principalmente
formal
de
que
en
un
permite
el
población. 13
nuestra
Ciertamente, el propio cambio de nombre, de Registro Civil
a Registro Demográfico, denota la intención de convertir el
mismo en un instrumento para el estudio estadístico de la
población de Puerto Rico conforme su composición y estado
en
un
momento
históricamente.
población,
determinado,
o
conforme
evolucione
Véase en general, E.A. Wrigley, Historia y
Introducción
a
la
demografía
histórica,
Ed.
Guadarrama, Madrid, 1969.
No por ello sin embargo, dejó de tener la finalidad
esencial
de
ser
el
instrumento
en
el
cual
constan
públicamente la versión oficial sobre la existencia, estado
civil y hechos vitales de las personas nacidas en Puerto
Rico; y, como tal, servir de instrumento de constatación
para
quienes
registradas.
entran
en
contacto
con
las
personas
Así, en reiteradas ocasiones hemos señalado
que la información que consta en el Registro Demográfico
constituye evidencia prima facie del hecho que se pretende
13
Véase, Exposición de Motivos, Ley. Núm. 220 de 9 de
agosto de 1998.
17
CC-2004-708
constatar.
Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 8 n. 11 (1959);
Bigas Surs. v. Comisión Industrial, 71 D.P.R. 336 (1950);
Pueblo
v.
Ramírez,
65
D.P.R.
680
(1946);
Mercado
v.
documento
que
American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943).
El
certificado
de
nacimiento
es
el
refleja los datos vitales de la persona al momento de su
nacimiento.
Es por lo tanto una radiografía histórica de
la persona al nacer, que deja constancia de la siguiente
información:
fecha y lugar de nacimiento, nombre de los
padres, nombre y sexo de la persona inscrita.
Véase, K. v.
Health Div. Dept. of Human Services, P.2d 1072, 1072 (Or.
1977) (“it was the intent of the legislature of Oregon that
a ‘birth certificate’ is an historical record of the facts
as they existed at the time of birth.”)
Las constancias del registro están sujetas a enmiendas
únicamente,
señala
de
manera
sobre
excepcional.
este
particular
Lacruz
lo
Berdejo
nos
siguiente:
“excepcionalmente pueden corregirse los defectos [. . .]
restituyéndolos
a
la
redacción
que
debieran
tener,
en
diversos supuestos en los que no puede haber sospecha de
posible fraude. . .”
La
Ley
del
Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 177.
Registro
Demográfico
provee
el
procedimiento para enmendar el certificado de nacimiento,
también a manera de excepción.
Así, la Ley dispone:
[L]as omisiones o incorrecciones que aparezcan en
cualquier certificado antes de ser registrados en
el Departamento de Salud podrán ser salvadas
insertando
las
correcciones
o
adiciones
necesarias en tinta roja en dicho certificado,
18
CC-2004-708
pero luego de haber sido archivado en el
Departamento de Salud, no podrá hacerse en los
mismos rectificación, adición ni enmienda alguna
que altere sustancialmente el mismo, sino en
virtud de orden del Tribunal de Distrito, cuya
orden, en tal caso, será archivada en el
Departamento de Salud haciendo referencia al
certificado a que corresponda.
Para obtener dicha orden deberá presentar el
interesado una solicitud a la Sala del Tribunal
de Distrito de su domicilio, exponiendo bajo
juramento
su
pretensión
y
formulándola
debidamente acompañada de la prueba documental
pertinente en apoyo de su solicitud. Copia de la
solicitud y de toda la prueba documental le será
remitida al Ministerio Fiscal simultáneamente con
su radicación quien deberá formular su posición
dentro del término de 10 días.
. . .
El cambio, adición o modificación de nombre o
apellido sólo podrá hacerse a instancia del
interesado, quien deberá presentar ante cualquier
Sala del Tribunal de Distrito oportuna solicitud,
expresando bajo juramento los motivos de su
pretensión, acompañada de la prueba documental
pertinente en apoyo de su solicitud.
24 L.P.R.A. sec. 1231.
(Énfasis nuestro.)
Esta disposición se complementa con la sección 1071-19
del
Reglamento
del
Registro
Demográfico,
que
a
su
dispone:
Correcciones o alteraciones después de hecha la
inscripción- Después que un certificado haya sido
aceptado por el registrador, no podrá ser objeto de
ningún cambio, borradura o alteración, así como
tampoco la trascripción hecha en el libro de
récord, sin el debido procedimiento de ley.
Los
errores materiales que aparecieren en cualquier
certificado al ser presentado para inscripción o
luego de haber sido inscrito, consistentes en la
equivocación de un nombre, apellido, palabra o
frase no esenciales, podrán subsanarse escribiendo
correctamente con tinta roja la palabra o palabras
erróneamente escritas o insertando la palabra o
palabras omitidas.
Las tachaduras que fueren
vez
19
CC-2004-708
necesarias se harán de modo que siempre se pueda
leer la palabra tachada.
Para efectuar dichas
correcciones los registradores exigirán la prueba
que, según los casos, estimen oportuna.14
Una lectura de estas disposiciones deja establecido que
hay dos procesos de corrección o rectificación de errores:
uno, antes de haberse registrado un certificado y el otro
luego de archivado y registrado el mismo en el Departamento
de Salud.
el
En el primero de los casos, la ley permite que
propio
Registrador
incorrecciones”
inscrito
el
en
la
pueda
corregir
inscripción
certificado,
antes
insertando
correspondientes en tinta roja.
las
“omisiones
de
que
o
quede
correcciones
Luego de registrado el
certificado, la Ley del Registro prohíbe que se efectúe un
cambio,
rectificación
o
enmienda
alguna
que
altere
sustancialmente el certificado, salvo en virtud de orden
judicial a esos efectos.
El Reglamento por su parte, aclara que el Registrador
puede corregir equivocaciones en el nombre o los apellidos,
palabras o frases no esenciales en el certificado luego de
registrado
sin
orden
judicial.
No
obstante,
cuando
se
trata de correcciones o enmiendas sustanciales después de
haber registrado el certificado en el Registro Demográfico,
la
ley
sólo
permite
que
se
diluciden
las
mismas
en
un
tribunal competente.
En muy pocas ocasiones nos hemos expresado sobre el
procedimiento de enmienda o rectificación al certificado de
14
Reglamento del Registro Demográfico Núm. 0316.
20
CC-2004-708
nacimiento o, el de inscripción de datos en el Registro
Demográfico.
E.g., Ex Parte Pérez, 65 D.P.R. 938 (1946);
León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).
En ambas
ocasiones
interpretamos
Registro
Demográfico
y
restrictivamente
la
Ley
las
que
permiten
disposiciones
del
enmendar los asientos del Registro o registrar información
en el mismo; concluyendo que los cambios solicitados tenían
que haber sido autorizados previamente por ley antes de
acceder a los mismos.
Así, en Ex Parte Pérez, supra, nos enfrentamos a una
solicitud
de
nacimiento.
cambio
de
nombre
en
el
Resolvimos
que,
ante
certificado
de
ausencia
de
la
disposición alguna en la Ley del Registro Demográfico que
específicamente autorizara el cambio solicitado, estábamos
impedidos de acceder al mismo.
Al así resolver, indicamos
que le correspondía a la Legislatura hacer viable el cambio
de
nombre
en
un
certificado
de
nacimiento.
Señalamos
específicamente que la Legislatura debía “corregir lo que
entendemos es un defecto en nuestra legislación.”
Ex Parte
Pérez, 65 D.P.R. págs. 942-43.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley
Núm. 119 de 12 de abril de 1950, para enmendar la Ley del
Registro
Demográfico
y
autorizar
el
cambio
de
nombre
y
apellido de una persona en su certificado de nacimiento.
Esta ley se aprobó precisamente para atender el problema
que
creaba
la
ausencia
de
autorización
legislativa
para
efectuar un cambio de nombre en el Registro Demográfico;
21
CC-2004-708
situación que advertimos en Ex parte Pérez.
Véase, Actas
de la Cámara de Representantes, 17ma Asamblea Legislativa,
Sesión Ordinaria, 1950, pág. 643.
De
otra
parte,
en
León
Rosario
v.
Torres,
supra,
denegamos una petición de que se inscribiera en el Registro
Demográfico el nacimiento de una niña nacida en Estados
Unidos de padres puertorriqueños residentes todos en Puerto
Rico, toda vez que la Ley del Registro Demográfico no lo
contemplaba.
La
Ley
solo
autoriza,
de
ordinario,
inscripción de niños nacidos en Puerto Rico.
la
Señalamos en
esa ocasión que “las excepciones consignadas en la ley son
de
restrictiva
interpretación”,
ya
que
el
legislador
siempre ha indicado expresamente lo que ha querido permitir
que se inscriba en el Registro Demográfico.
(Énfasis
nuestro.) 15
“No
hay
lugar
en
Íd., pág. 810.
este
esquema
legislativo para una interpretación liberal en cuanto a los
hechos vitales que son inscribibles.”
Íd.
Lo anteriormente reseñado denota claramente que hemos
interpretado restrictivamente las disposiciones de la Ley
15
En las instancias que el legislador ha querido permitir
que se inscriban
el Registro Demográfico acontecimientos
ocurridos
fuera
de
Puerto
Rico,
lo
ha
autorizado
expresamente en ley.
Así, ha dispuesto para: la
inscripción de defunciones ocurridas en un barco o avión en
travesía, o en el caso de ausentes, Ley Núm. 1 de 23 de
febrero de 1978; la inscripción de nacimientos ocurridos en
un barco o avión durante su travesía, íd.; la anotación de
divorcios o anulaciones de matrimonios decretados fuera de
Puerto Rico,
de personas cuyos matrimonios se hubieren
celebrado en Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971;
y la inscripción de adopciones realizadas fuera de Puerto
Rico de personas nacidas aquí, y realizadas aquí de
personas nacidas fuera, Ley Núm. 84 de 15 de junio de 1953.
22
CC-2004-708
del Registro Demográfico.
Hemos dispuesto que cualquier
cambio o rectificación en el certificado de nacimiento, una
vez registrado o cualquier solicitud de inscripción de un
hecho vital, tiene que haber sido autorizado previamente
mediante
legislación
para
que
proceda
el
mismo.
Ello
quiere decir que allí donde la Ley del Registro dispone que
una enmienda sustancial a las constancias del certificado
de nacimiento sólo procede en virtud de una “orden del
tribunal”, la orden sólo procederá si el ordenamiento legal
autoriza el cambio solicitado mediante legislación a esos
efectos.
Habida cuenta de lo anterior, concluimos que la Ley del
Registro Demográfico establece, a modo de numerus clausus,
las únicas instancias en que se pueden realizar cambios en
las
anotaciones
nacimiento.
de
datos
vitales
en
Siendo
ello
así,
hay
no
el
certificado
margen
para
de
una
interpretación liberal o expansiva de las disposiciones de
la Ley del Registro Demográfico.
Ello
hechos
es
son
cónsono
con
la
normativa
inscribibles
en
el
sentido nos indica Luces Gil:
vigente
Registro
sobre
qué
En
ese
Civil.
“Pero, en la práctica, hay
que reconocer la imposibilidad de acceso al Registro de
hechos
o
cualidades
de
expresamente
inscribibles
Luces
op.
Gil,
cit.,
estado
en
pág.
la
civil
no
declarados
Legislación
registral.”
30-31.
Recordemos
que
el
Registro tiene como fin, entre otros, dar publicidad a los
hechos que afectan el estado civil o datos vitales de las
23
CC-2004-708
personas cuando éstas entran en relación con el Estado o
con
terceros;
constituye
y,
además
que
un
el
certificado
documento
que
de
nacimiento
recoge
información
histórica sobre hechos vitales de la persona al momento de
su nacimiento.
Todo ello aconseja, como hemos hecho en el
pasado y reafirmaos hoy, una interpretación restrictiva de
la Ley del Registro Demográfico como garantía de certeza
jurídica sobre la información allí contenida.
A la luz de lo anterior debemos forzosamente concluir
que la Ley del Registro Demográfico no contempla y mucho
menos autoriza, un cambio como el solicitado por el aquí
peticionario.
En ausencia de legislación que expresamente
lo autorice estamos impedidos de reconocer como viable un
cambio
sustancial
en
las
constancias
del
certificado
de
nacimiento de lo que es, un hecho vital de la persona, su
sexo.
No cabe hablar en este caso de que existe laguna en la
Ley del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. sec. 1041, et
seq.
Por el contrario, existe una prohibición expresa de
hacer cambios sustanciales en las constancias originales
del certificado de nacimiento.
Lengua
Española,
es
Según el Diccionario de la
“sustancial”
constituye
lo
esencial
y
Diccionario
de
la
Española,
2115.
Lengua
más
todo
aquello
importante
Tomo
II,
que
de
algo.
2001,
pág.
Los cambios requeridos por el peticionario afectan
el estado civil de la persona, eje central del Registro
Demográfico; por lo que, estamos ante un cambio sustancial
24
CC-2004-708
cuya modificación solo compete a la Asamblea Legislativa.
La juez Patricia Wald, con gran claridad ha indicado:
Personal experience has revealed that the nearly
universal view among federal judges is that when
we are called upon to interpret statutes, it is
our primary responsibility, within constitutional
limits, to subordinate our wishes to the will of
Congress because the legislator’s collective
intention, however discerned, trumps the will of
the court.
Wald, The Sizzling Sleeper:
The Use of Legislative History
in Construing Statutes in the 1988-89 Term of the United
States Supreme Court, 39 Am. U. L. Rev. 277, 281 (1990).
Cuando el lenguaje de la ley es claro e inequívoco,
nuestra
responsabilidad
legislativa,
es
respetar
independientemente
de
la
voluntad
nuestro
criterio
personal.
Alonso García v. Ramírez Acosta, res. 16 de
septiembre
de
2001,
155
D.P.R.___,
2001
T.S.P.R.
126;
Lasalle v. Jta. Dir. A.C.C.A., 140 D.P.R. 694 (1994); Silva
v.
Adm.
Sistema
del
Retiro,
128
D.P.R.
256
(1991).
Corresponde a la Asamblea Legislativa y los legisladores
electos
que
allí
sirven,
determinar
cuál
deba
política pública que encarnen nuestras leyes.
Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999).
última
instancia,
expresada
el
reflejo
democráticamente
a
de
la
través
la
Pueblo v.
Las leyes son, en
voluntad
de
ser
los
del
pueblo
legisladores
electos y, recogen aquello que el pueblo está dispuesto a
aceptar en un momento dado.16
16
El juzgador no debe sustituir
Valga señalar que en veinte y ocho (28) estados de los
Estados Unidos, se ha legislado para permitir que se
enmiende un certificado de nacimiento para que refleje los
25
CC-2004-708
su sentido de justicia por la letra clara del estatuto.
Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38, 65 (1954).
Justipreciadas
las
preguntas
que
nos
formulamos
al
inicio, somos del criterio que le corresponde a la Asamblea
Legislativa sopesar todos los intereses involucrados en la
controversia
que
trasluce
el
tema
de
la
transexualidad,
conjurar los mismos, y proponer la respuesta legislativa
que se estime apropiada.
En última instancia, bajo un
_________________________
cambios habidos como resultado de una operación de
reasignación de sexo.
En
algunos
de
esos
estados,
el
procedimiento
establecido sólo requiere que se solicite del tribunal el
cambio de sexo en el certificado de nacimiento, sin más; o,
que se expida un nuevo certificado. E.g., Ala. Code. sec.
22-9A-19(d),
Ark.
Code.
Ann.
sec.
20-18-307(d)(4),
California Health and Safety Code sec. 103425, Colo. Rev.
Stat. Ann. sec. 25-2-115(4), Conn. Gen. Stat. Ann. sec.
19a-42, D.C. Code Ann. sec. 7-217(d), Ga. Code Ann. sec.
31-10-23(e), Md. Code Ann. Health-Gen.I sec. 4-214 (b)(5),
Miss. Code Ann. sec. 41-57-21, Mo. Stat. sec. 193.215,
Mont. Code. Ann. sec. 50-15-204, Nv. Adm. Code sec.
440.130, Or. Rev. Stat. sec. 432-235, Utah Code Ann. sec.
26-2-11, Va. Code Ann. sec. 32.1-269, Wisc. Stat. sec.
69.15 (1)(a).
Otros estados, sin embargo, requieren una declaración
jurada del médico o cirujano que llevó a cabo la operación,
para que el tribunal pueda emitir su dictamen ordenando el
cambio en el certificado de nacimiento.
E.g., Ariz. Rev.
Stat. sec. 36-337 (a)(4), Haw. Rev. Stat. sec. 338-17.7
(4)(b), 410 Ill. Comp. Stat. Ann. sec. 535/7 (d), Iowa Code
IV sec. 144.38, Ky. Rev. Stat. Ann. sec. 213.121 (5), La.
Rev. Stat Ann. 40:62, Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 46 sec. 13
(e), Mich. Comp. Laws sec. 333.2891 (9)(a), N.J. Stat. Ann.
26:8-40.12, Neb. Rev. Stat. sec. 71-904.01, N. M. Stat.
Ann. sec. 24-14-25 (D), N.C. Gen. Stat. sec. 130A-118.
Tennessee es el único estado que tiene un estatuto que
expresamente prohíbe el cambio de sexo en el certificado de
nacimiento. T.N. Stat. Ann. sec. 191.028, 192.011. Véase
también, Changing Name & Sex On Birth Certificate United
States, Canada & UK, United States Department of State,
http://www.kindredspiritlakeside.homestead.com/BirthRecord.
html. Última revisión: 3 de noviembre de 2004.
26
CC-2004-708
sistema de separación de poderes como el establecido en
nuestra Constitución, la facultad de aprobar las leyes la
tiene la Asamblea Legislativa y le corresponde al Poder
Judicial,
entonces,
la
responsabilidad
de
resolver
los
litigios mediante la interpretación de la ley aprobada.
Habida cuenta de lo anterior, resolvemos que no procede
autorizar
el
cambio
solicitado
en
el
certificado
de
nacimiento del peticionario para cambiar su sexo, toda vez
que
la
Ley
del
Registro
Demográfico
no
lo
autoriza
expresamente.
V.
Antes de concluir debemos señalar, como indicamos al
inicio,
que
Resolución
el
del
Tribunal
Tribunal
de
de
Apelaciones
Primera
al
revocar
Instancia,
dejó
la
sin
efecto, suponemos por inadvertencia, la determinación de
dicho foro autorizando el cambio de nombre del peticionario
en
su
certificado
de
nacimiento.
Al
así
hacerlo,
sin
embargo erró.
Hemos revisado el expediente y del mismo surge que el
peticionario cumplió con todos los requisitos exigidos por
la Ley del Registro para autorizar un cambio de nombre.
Además,
el
Procurador
General
no
cuestionó
determinación ante el foro apelativo intermedio.
dicha
Por lo
tanto no procedía revocar esa determinación del foro de
instancia.
En
su
consecuencia
dejamos
determinación del Tribunal de Apelaciones.
demás, se confirma el dictamen recurrido.
sin
efecto
esa
En cuanto a lo
27
CC-2004-708
Por los fundamentos antes expuestos y expedido el auto
de
certiorari,
Tribunal
de
se
confirma
Apelaciones
en
la
sentencia
este
caso
dictada
en
cuanto
por
el
a
la
determinación de dejar sin efecto el cambio de sexo en el
certificado
de
nacimiento
autorizado
por
el
Primera Instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez
Juez Asociada
Tribunal
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
CC-2004-708
Peticionario
Ex Parte
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede los cuales se incorporan íntegramente
a la presente, se dicta sentencia confirmando la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones
en cuanto a su determinación de revocar la
determinación del Tribunal de Primera Instancia
que autorizó el cambio de sexo en el certificado
de nacimiento del Peticionario.
Se revoca la
determinación del tribunal apelativo de dejar sin
efecto el cambio de nombre del peticionario en su
certificado de nacimiento por el tribunal de
instancia.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta disienten con opinión
escrita.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez
emitió opinión de conformidad.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
Peticionario
CC-2004-708
Ex – parte
OPINIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA
PÉREZ.
San Juan, Puerto Rico, 30 de junio de 2005.
Estamos de acuerdo con el resultado de confirmar
la sentencia recurrida dictada por el Tribunal de
Apelaciones, y con sus fundamentos. Coincidimos con
la
Opinión
mayoritaria
sobre
existentes,
a
tenor
la
Demográfico
de
Puerto Rico17, que imposibilitan que
se reconozca
en los registros
la
reasignación
llamada
transexual.
No
con
obstante,
los
Ley
impedimentos
del
Registro
oficiales del Estado
física
del
entendemos
sexo de un
como
necesario
expresarnos sobre otros aspectos de igual o mayor
importancia,
17
dentro
del
24 L.P.R.A. §1231.
“caso
y
controversia”
2
CC-2004-708
ante
nos.
Entendemos
que
la
controversia
ante
nuestra
consideración, además del análisis circunscrito a la Ley del
Registro Demográfico, supra,
perspectiva.
Es
merece un análisis desde otra
imprescindible
evaluar
y
analizar
las
consecuencias que este asunto pueda acarrear en la estabilidad y
formalidad de las instituciones del Estado. Tal es el caso, por
ejemplo, del efecto acumulativo que tendría sobre importantes
áreas
e
instituciones,
partes
del
derecho
de
familia
y
del
tuvo
la
derecho sucesorio, entre otros.
I
En
Ex
parte
oportunidad
de
expresarse
esencialmente
idéntica
ocasión,
señor
el
a
quirúrgica
Tribunal
Primera
en
la
Andrés
intervención
de
Torres 18 ,
Andino
y
un
que
este
caso
hoy
Andino
con
nos
Torres
posteriormente
Instancia
Tribunal
una
ocupa.
se
situación
En
sometió
a
una
ante
el
enmendara
el
compareció
solicitando
se
aquella
asiento que consigna su nacimiento en el Registro Demográfico
de Puerto Rico para
se
hiciera
que se
constar
su
cambiara su
nombre a
Alexandra y
sexo
femenino.
Luego
como
del
correspondiente trámite procesal ante el Tribunal de Primera
Instancia y el
Tribunal
de
Apelaciones,
este
Tribunal,
mediante Sentencia emitida el 30 de junio de 2000, accedió a
concederle
lo
solicitado.
El Juez Asociado señor Negrón
García emitió Opinión Concurrente.
Apoyó tal proceder en el
principio de equidad, establecido en el Código Civil de
18
151 D.P.R. 794 (2000).
3
CC-2004-708
Puerto Rico que dispone lo siguiente:
“[c]uando no hay ley
aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad,
según la define el Artículo 7 del Código Civil”.19
En Ex-Parte Andino Torres, supra, se emitió una Opinión
Disidente
en
la
por el entonces Juez Asociado señor Corrada del Río
que
hizo
constar
las
razones
que,
además
limitaciones impuestas por la Ley del Registro
de
las
Demográfico,
supra, imposibilitan el reconocimiento del cambio de sexo en
los documentos oficiales del Estado. Hoy subscribimos aquella
evaluación,
motivos
análisis,
y
sus
fundamentos,
que
ha
expresado
el
imposibilitan
el
reconocimiento
e
Gobierno,
de
la
incluimos
que
llamada
otros
igualmente
reasignación
física de sexo en los documentos oficiales del Estado como una
cuestión de interés apremiante. Veamos.
II
El
Hernández
19
27
de
octubre
de
nació
en
Puerto
31 L.P.R.A.
siguiente:
sec.
7,
1970,
Dicho
el
Rico,
señor
Alexis
exhibiendo
artículo
lee
de
Delgado
fenotipo
la
El Tribunal que rehúse fallar a pretexto
de silencio, obscuridad, o insuficiencia de
la ley, o por cualquier otro motivo,
incurrirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley aplicable al caso, el
tribunal resolverá conforme a equidad, que
quiere decir que se tendrá en cuenta la
razón natural de acuerdo con los principios
generales del derecho, y los usos y
costumbres aceptados y establecidos.
manera
4
CC-2004-708
masculino. El 23 de mayo de 2003, en el estado de Colorado, se
sometió a una intervención quirúrgica. El 22 de diciembre de
2003,
presentó
una
petición
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia de Puerto Rico para que se enmendara el asiento que
refleja su nacimiento en el Registro Demográfico de Puerto Rico
y su licencia de conducir y así, se cambiara en ambos su nombre
a Alexandra, y se hiciera constar su sexo como femenino. El
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico ordenó mediante
Resolución
al
Registro
Demográfico
y
al
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas, hacer los cambios solicitados,
tanto el cambio de nombre como el cambio de sexo.
Posteriormente, compareció el Procurador General ante el
Tribunal de Apelaciones solicitando se revocara la Resolución
recurrida, dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Ese
Tribunal,
previa
comparecencia
de
ambas
partes,
procedió
a
revocar la referida orden emitida por el Tribunal de Primera
Instancia. Utilizó como fundamento principal que la Ley del
Registro Demográfico, supra, no contiene disposición alguna que
permita que el asiento del nacimiento se enmiende para variar
el sexo de la persona inscrita, en ausencia de circunstancias
que indiquen que el asiento original fue producto de un error.
Acude
ante
nos
el
señor
Alexis
Delgado
Hernández
solicitando revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones
y
mantengamos
en
vigor
la
orden
originalmente por el Tribunal de Primera Instancia.
emitida
5
CC-2004-708
III
No
albergamos
duda
alguna
sobre
el
derecho
que
le
asiste a toda persona de expresar y vivir su sexualidad de
la
manera
que
entienda
apropiada,
dentro
protegido por el derecho constitucional a la
del
ámbito
intimidad. No
obstante, esos deseos no pueden trascender y trastocar la
formalidad
y
oficialidad
Gobierno,
y
mucho
de
menos
los
documentos
puede
el
Estado
que
emite
el
legitimar
y
oficializar algo que no estuvo sostenido con prueba pericial
y científica como que haya ocurrido.
En Ex Parte Andino Torres 20 , expuso el Juez Asociado
señor Corrada del Río, citando al tratadista Díez del Corral
Rivas: “...por mucho que una persona se sienta mujer esa
circunstancia
no
puede
bastar
para
fomentar
y
admitir
oficialmente un estado o situación que sólo existe en la
psicología del individuo”.21
planteamos
la
interrogante,
científica,
¿se
produjo
Partiendo
un
como
cambio
de
esa premisa, nos
cuestión
de
de
sexo? 22
realidad
El
factor
psicológico determina el carácter y el comportamiento social
e individual de un ser humano, pero no altera la realidad
científica de su sexo.23
20
151 D.P.R.
794, 837 (2000).
21
J. Díez del Corral Rivas, Estado civil y sexo. Transexualidad,
2 Actualidad Civil 2135, 2156 (1987).
22
Ex Parte Andino Torres, supra, pág. 834.
23
Íd., pág. 840.
6
CC-2004-708
El asunto medular en el caso de autos reside en el hecho
que al peticionario haberse sometido a una cirugía y las
partes
genitales
externas
de
su
cuerpo
aparentan
haber
sufrido algún cambio, no fue establecido con prueba pericial
y
científica
por
esa
parte
que
efectivamente
se
haya
producido una transformación en sus cromosomas. No obstante,
para determinar el sexo de una persona que fue sometida a una
intervención
quirúrgica,
no
basta
exterior
su
Es
menester
de
cuerpo.
características
cromosómicas,
con
auscultar
evaluar,
genéticas,
la
parte
además,
sus
hormonales
y
psicológicas.24
La clasificación sexual que corresponde a una persona
queda
definida
al
momento
de
su
nacimiento
tomando
en
consideración el fenotipo exhibido por la persona nacida. Ese
fenotipo exhibido, salvo limitadas excepciones, normalmente
coincide
con
una
correspondiente.
estructura
Es
por
cromosómica
esto
que,
típica
del
sexo
mediante
pruebas
científicas, podemos determinar con exactitud, por
medio de
un examen cromosómico, cuál es el sexo de esa persona, toda
vez que el sexo masculino se distingue por poseer cromosomas
XY y el sexo femenino por poseer cromosomas XX.
Estamos conscientes de la existencia de una variedad de
desórdenes que se manifiestan de distintas maneras. Tal es el
caso de los hermafroditas, por mencionar alguno de ellos. En
estos casos la persona no puede permanecer indefinidamente en
un estado de incertidumbre sobre cuál es su sexo, ni en una
24
Íd., pág. 835.
7
CC-2004-708
clasificación especial, por tal razón existe la necesidad de
que esa persona escoja entre una de las dos opciones que,
como una anomalía, su cuerpo presenta. Es decir, en estos
casos la persona tiene que definir su sexo con posterioridad
al
nacimiento.
Esa
no
es
la
situación
ante
nos.
La
posibilidad de que se reconozca un cambio de sexo en los
documentos oficiales del Estado sin la prueba pericial y
científica que lo justifique, crearía una situación anómala
en
diferentes
áreas
de
nuestro
ordenamiento
jurídico.
Permitiría, entre otros, soslayar la prohibición existente en
nuestro Código Civil relativa a la celebración de matrimonios
entre personas del mismo sexo.
El Artículo 68 de nuestro
Código Civil,25 reza de la forma siguiente:
El matrimonio es una institución
civil que procede de un contrato civil
en virtud del cual un hombre y una
mujer se obligan mutuamente a ser
esposo y esposa, y a cumplir el uno
para con el otro los deberes que la ley
les
impone.
Será
válido
solamente
cuando se celebre y solemnice con
arreglo
a
las
prescripciones
de
aquélla, y sólo podrá disolverse antes
de la muerte de cualquiera de los dos
cónyuges, en los casos expresamente
previstos en este título. Cualquier
matrimonio entre personas del mismo
sexo o transexuales contraído en otras
jurisdicciones,
no
será
válido
ni
reconocido
en
derecho
en
Puerto
Rico.(Énfasis suplido)
El
matrimonio
es
un
contrato
en
virtud
del
cual
un
hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y
esposa. Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o
transexuales contraído en otra jurisdicción, no es válido ni
25
31 L.P.R.A. sec. 221.
8
CC-2004-708
reconocido
constar,
como
como
válido
en
Puerto
pretende
el
Rico.
Incluir
peticionario,
los
o
hacer
resultados
externos de una intervención quirúrgica en el área de los
genitales
de
su
cuerpo
en
el
asiento
del
Registro
Demográfico, donde se registró su nacimiento, permitiría que
se realicen los matrimonios entre personas del mismo sexo,
una de ellas transexual, cuando la condición cromosómica y
biológica
de
éste
último
no
se
ha
demostrado
alterada con evidencia pericial y científica.
que
fuera
Para todos los
efectos legales, se trataría de un matrimonio entre personas
del
mismo
sexo,
en
abierta
violación
a
la
prohibición
estatutaria.
A pesar de que el referido estatuto hace referencia a la
prohibición de
contraer matrimonio entre personas del mismo
sexo o transexuales en otras jurisdicciones, resulta obvio que
dicha prohibición es extensiva a matrimonios de ese tipo que se
celebren en Puerto Rico. Interpretar el estatuto como que la
referida prohibición no incluye a los matrimonios de ese tipo
celebrados en Puerto Rico, sería absurdo. Ese
estatuto prohíbe
la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo o
transexuales en Puerto Rico. Contiene un claro mandato sobre la
invalidez de ese tipo de matrimonio, de celebrarse.
Autorizar
documentos
del
la
oficialización
Estado,
en
casos
del
cambio
como
el
de
sexo
en
los
presente,
abre
la
puerta para la concesión de adopciones de menores de edad por
parejas adoptantes del mismo sexo, acción que opera en contra
9
CC-2004-708
de
los
valores
y
normas
jurídicas
vigentes
en
nuestra
jurisdicción.
Otra consecuencia de permitirse un cambio de sexo en los
documentos
tendría
oficiales
sobre
la
del
Estado,
certeza
y
es
el
detrimento
confiabilidad
de
la
que
esto
que
gozan
actualmente esos documentos, muy en particular el certificado
de nacimiento, expedido por el Registro Demográfico de Puerto
Rico.
El
certificado
de
nacimiento
es
quizás
el
documento
personal más importante que emite el Gobierno en Puerto Rico. A
través de ese documento, el ciudadano en Puerto Rico comienza a
obtener el cúmulo de documentos que usualmente poseemos, y que
utilizamos para establecer nuestra identidad en todo tipo de
transacciones
oficiales.
Si
asiento
nacimiento
de
del
permitiéramos
una
persona
oficializar
en
el
en
el
Registro
Demográfico un supuesto cambio de sexo, que en realidad no ha
sido acreditado con prueba científica, le estaríamos restando
certeza y
confiabilidad a un documento tan importante como lo
es el certificado de nacimiento emitido por esa agencia. Esto
tendría graves consecuencias con relación a asuntos locales,
nacionales e internacionales de nuestros ciudadanos, pues estos
documentos son evidencia indispensable de su identidad, y ya no
gozarían de la
certeza y confianza que hoy se les concede.
El aspecto psicológico y emocional de un ser humano no
altera los componentes cromosómicos, hormonales y genéticos que
determinan el sexo. El sexo es una cualidad de la persona.
Cuando una persona, que nació varón,
pretende
asumir
10
CC-2004-708
un rol femenino, es meramente una forma particular de vivir su
propia sexualidad. Al someterse una persona a una intervención
quirúrgica, como la del presente caso, sólo obtiene una simple
apariencia
externa
de
cambio
en
el
área
de
sus
genitales,
mientras no se demuestre con prueba pericial y científica lo
contrario.
Los
fundamentos
antes
expuestos,
además,
de
los
impedimentos establecidos por la Ley del Registro Demográfico
de
Puerto
Rico,
supra,
constituyen
una
barrera
al
reconocimiento al llamado cambio de sexo, en los documentos
oficiales
del
Estado
como
resultado
de
una
intervención
quirúrgica, como la del presente caso.
IV
Por
los
fundamentos
expuestos
estamos
conforme
con
el
resultado a que llega el Tribunal y los fundamentos utilizados
para sostenerlo, a tenor con la Ley del Registro Demográfico de
Puerto Rico, supra.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
Peticionario
Ex Parte
CC-2004-708
Certiorari
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER
BERLINGERI.
“The force of precedent
in the law is heightened
by that almost universal
sense of justice which
urges that all men are
properly to be treated
alike
in
like
circumstances”.
“Mira,
Sancho...
Cuando
pudiere
y
debiere
tener
lugar
la
equidad,
no
cargues todo el rigor de la
ley al delincuente; que no
es mejor la fama del juez
riguroso
que
la
del
compasivo.”
Karl Llewellyn
Consejo de Don Quijote
de la Mancha a Sancho
en
ocasión
de
la
gobernación
de
la
Insula de Barataria.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2005.
El asunto del que trata el caso de autos fue resuelto ya
por este Tribunal en Andino Torres, Ex-parte, 151 D.P.R. 794
(2000).
Conforme
a
una
imperiosa
tradición
jurídica,
que
atañe a la propia esencia del proceso judicial, una vez hemos
resuelto un asunto de determinada manera, la pauta que rigió
en ese primer caso debe regir también para todos los otros
casos
iguales
Fundamentales
o
similares
consideraciones
que
de
surjan
trato
posteriormente.
igual,
y
sobre
la
CC-2004-708
estabilidad
2
y
la
certidumbre
que
debe
tener
el
Derecho,
informan la referida tradición, que abarca cualquier decisión
novel nuestra, aunque se anuncie sólo mediante una sentencia.
Por ser tan fundamentales las razones referidas, baluartes
contra la arbitrariedad y la confusión, hemos resuelto que
una decisión nuestra sobre determinado asunto no debe ser
variada en casos posteriores en que dicho asunto se vuelva a
plantear, a menos que nuestra decisión anterior haya sido
“tan
manifiestamente
errónea
que
no
puede
sostenerse
sin
violentar la razón y la justicia”. Capestany v. Capestany, 66
D.P.R. 764 (1976). San Miguel & Cía. v. Guevara, 64 D.P.R.
966, 974 (1946); Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72, 79
(1942); García Fernández, Ex Parte, 44 D.P.R. 296 (1932).
La mayoría del Tribunal ahora se ampara en una mera
política gerencial de este Foro, en la provinciana distinción
entre una sentencia y una opinión, para resolver el caso de
autos
en
forma
contraria
a
como
decidimos
el
de
Andino
Torres, Ex parte, supra. Acude a la excusa simplista de que
nuestra decisión en ese caso fue sólo una sentencia y por lo
tanto que no estamos obligados por ella. Lo que la mayoría no
hace es explicar qué diferencias, si algunas, existen entre
los hechos del caso de autos y los de Andino Torres, Ex Parte
que justifique una decisión en el caso de autos contraria a
la de aquél. La mayoría del Tribunal parece no darse cuenta
de
que
casos
si
este
Foro
esencialmente
o
cualquier
otro
puede
idénticos
en
formas
decidir
CC-2004-708
dispares,
3
entonces
no
prevalece
el
Derecho,
prevalece
la
arbitrariedad. La esencia del imperio de la ley en cuanto a
la función judicial es precisamente el trato igual de los
casos similares. Se trata de la piedra angular sobre la cual
se erige cualquier sistema judicial legítimo y la confianza
del pueblo en la justicia, proclamado así por los más grandes
juristas de nuestro tiempo, tales como Cardozo 26 , Brandeis 27 ,
Llewellyn
28
,
29
Pound
fundamentalísimo
lo
y
hemos
Bodenheimer
aplicado
30
.
Ese
principio
expresamente
en
Puerto
Rico desde hace casi cien años. Véase Delgado v. Pimentel, 20
D.P.R.
556
judiciales,
(1914).
Se
sin
importe
que
extiende
si
a
todas
éstas
se
las
decisiones
emiten
mediante
sentencias u opiniones.
La mayoría apoya su racionalización de un gran dislate
en Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987). Allí
ciertamente
hicimos
una
distinción
sobre
el
valor
como
precedente que existe entre nuestras sentencias y nuestras
opiniones. Pero también explicamos claramente la razón de
economía judicial, y no de autoridad o legitimidad, en que se
basa esa distinción, algo que la mayoría del Tribunal ha
ignorado
al
apoyarse
entonces
que
como
26
en
regla
dicha
decisión
general
en
ahora.
Explicamos
nuestras
opiniones,
B. Cardozo. The Nature of the Judicial Process (New
Haven, 1921) pág. 149.
27
Burnet v. Coronado Oil & Gas Co., 285 US 393, 406
(1932).
28
“Case Law”, Encyclopedia of the Social Sciences, III,
p. 249.
29
R. Pound, The Theory of Judicial Decision, 36 Harvard
L. Rev. 641 (1923).
30
E. Bodenheimer, Jurisprudence, (Harvard Univ. Press,
1962) p. 193.
CC-2004-708
mediante
4
las
cuales
atendemos
los
asuntos
que
requieren
pautarse, “se consideran ampliamente las cuestiones envueltas
y se fundamentan con razonamientos, precedentes explicados y
tratadistas
reconocidos”.
En
cambio,
las
sentencias
se
utilizan “para disponer lo más rápidamente posible del enorme
número
de
casos
que
[el
Tribunal]
tiene
que
resolver”,
aquellos que plantean “cuestiones reiteradamente resueltas
por este Tribunal”. Estas sentencias, que evidentemente no
utilizamos
de
ordinario
para
resolver
cuestiones
noveles,
tienen “el valor persuasivo intrínseco de sus fundamentos”,
Rivera Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 80. Son, pues, una de
las dos variantes ordinarias de nuestro quehacer judicial: un
tipo de dictamen del Tribunal que usualmente no tiene una
extensa exégesis del Derecho aplicable pero que tiene fuerza
de ley, y que en algunas ocasiones ordenamos publicar.
Con arreglo a lo anterior, para hacer caso omiso de
nuestra
decisión
en
Andino
Torres,
Ex
Parte,
que
fue
publicada, la mayoría ha debido explicar al menos porqué le
parecen erróneos sus fundamentos, sobre todo en vista de que
mediante dicha decisión se resolvió una cuestión novel. La
sentencia de Andino Torres, Ex Parte incorporó por referencia
expresa los fundamentos de la opinión concurrente que la
acompaña, por lo que la mayoría del Tribunal ahora debería
señalar porqué los estima erróneos. Véase Am. Railroad Co. v.
Comisión Industrial, 61 D.P.R. 324, 326 (1943). Sin embargo,
la mayoría del Tribunal no explica en el caso de autos porqué
considera errada nuestra anterior decisión en Andino Torres,
CC-2004-708
Ex
5
Parte.
Y,
como
ya
indicamos,
tampoco
señala
qué
diferencias, si algunas, existen entre los hechos de dicha
decisión y los de autos que justifiquen llegar a un resultado
distinto. Por ende, es claro que la mayoría no ha formulado
razón meritoria alguna en virtud de la cual sea legítimo
hacer caso omiso de nuestro dictamen anterior sobre el asunto
que aquí nos concierne.
La mayoría del Tribunal en el caso de autos ha debido
resolver como lo hicimos en Andino Torres, Ex-parte, supra.
Nuestra
decisión
allí
no
fue
manifiestamente
errónea;
ni
mucho menos violentaría la razón y la justicia resolver el
caso
de
Aquella
autos
tal
decisión
como
fue
lo
hicimos
criticada
en
el
caso
severamente
anterior.
por
algunos
sectores religiosos del país y así pagamos el precio que
tiene
ejercer
nuestra
fundamental
misión
judicial
con
verticalidad. Pero este Foro no puede amilanarse por mor de
esa crítica. Yo, por lo menos, como Juez no puedo dar marcha
atrás
sólo
porque
unos
poderosos
sectores
de
la
opinión
pública estén en desacuerdo con la manera en que cumplo con
un deber de consciencia, sobre todo cuando tengo razones para
creer
que
la
objetividad
crítica
los
sólidos
referida
ni
fundamentos
siquiera
de
ponderó
nuestra
con
anterior
decisión.
II
Para concluir este breve disenso, creo menester resaltar
dos puntos sobre el asunto que aquí nos concierne. El primero
es
relativo
al
grupo
de
personas
a
que
pertenece
el
CC-2004-708
6
peticionario Alexis Delgado. Los transexuales como él deben
distinguirse de otros grupos con los cuales erróneamente se
les confunde, tales como los travestistas, los intersexuales,
los
homosexuales
y
los
Véase,
bisexuales.
T.
Flynn,
Transforming the Debate: Why we need to Incluye Transgender
Rights
in
the
Struggles
for
Sex
and
Sexual
Orientation
Equality, 101 Columbia Law Rev. 392 (2001). Los transexuales
son personas muy distintas de las otras, reconocidos así no
sólo por las ciencias de la medicina y de la psiquiatría sino
también
por
tribunales 31
y
en
la
literatura
profesional
jurídica 32 . El transexual sufre de una conocida condición
médica, para la cual se han desarrollado diversas terapias y
tratamientos
personas
particulares
transexuales
pertinentes
sufren
de
la
sólo
grave
a
ellos.
Tales
discordancia
de
sentir con todo su ser que son hombre o mujer a pesar de que
sus rasgos anatómicos son del sexo contrario. La literatura
científica está llena de estudios y monografías sobre esta
anómala condición, que resaltan la angustiosa existencia que
tienen los que la padecen, llevando a algunos de ellos al
suicidio, o al menos al intento de quitarse la vida. Lo más
que desean estas personas transexuales es poder enderezar el
Véase el señalamiento sobre el particular en Littleton
v. Prange, 9 S.W.3d 223, 226 (1999) en que el tribunal
supremo de Texas resuelve en contra de un transexual pero
reconoce que su condición es distinta a la de un homosexual.
31
La condición de los transexuales y su particularidad
ha sido objeto de numerosas monografías eruditas en el campo
del Derecho. Sólo a modo de ilustración, véase M. Bell,
Transexuals and The Law, 98 Nw. U.L. Rev. 1709 (2004); M.
Aubin, Comments, 82 Ore. L. Rev. 1155 (2003).
32
CC-2004-708
7
involuntario trastorno de identidad sexual que sufren, para
así poder integrar su existencia y vivir de la forma más
normal posible. Su condición de transexual como tal nada
tiene
que
ver,
por
ejemplo,
con
la
inclinación
de
los
travesti a vestirse con ropas del sexo contrario, o con la
inclinación de los homosexuales a las relaciones íntimas con
personas del mismo sexo, sino todo lo contrario.
El segundo punto que debe resaltarse es que favorecer la
particular solicitud de Alexis Delgado en este caso sólo
significa, en mi opinión, que no hay fundamentos jurídicos
suficientes
que
peticionario,
justifiquen
como
ha
de
aquí
suceder
agravarle
como
la
vida
resultado
de
al
la
decisión mayoritaria.
Es muy importante tener en cuenta claramente qué es lo
que está ante nuestra consideración en este caso; qué es
exactamente lo que se nos solicita. Lo que procura Delgado en
este caso es únicamente que se modifique un aspecto de su
identidad
en
dos
documentos
legales:
su
certificado
de
nacimiento y su licencia de conducir vehículos de motor. Es
decir, se nos pide que se enmienden dos documentos para que
su identificación sexual en ellos coincida con su apariencia
física
actual.
Es
fácil
entender
la
gran
necesidad
que
Delgado tiene de lograr la modificación de documentos que
solicita. Basta pensar en el lío que ha de ocurrir, por
ejemplo, si es detenido por un policía que le pide ver su
licencia de conducir en la cual su identificación sexual no
corresponde a su actual apariencia física; igual sucedería si
CC-2004-708
8
va a abrir una cuenta en un banco, o a solicitar un empleo, o
a tantas otras gestiones cotidianas en las que tiene que
producir algún documento de identificación.
El peticionario se había realizado ya la operación de
cambio de sexo antes de acudir a este Tribunal. Las nuevas
circunstancias del peticionario son un dato irreversible que
ya
nadie
puede
Sólo
remediar.
nos
compete
decidir
si
le
facilitamos su vida ahora en el modo específico en que se nos
ha solicitado aquí o si nos unimos a los que no les duele la
angustiosa existencia que ha sufrido este ser humano por su
largo trastorno de la identidad sexual, angustiosa existencia
que
ha
de
continuar
sufriendo
por
razón
de
la
decisión
mayoritaria.
Para mí resulta claro el curso de acción que por razones
de Derecho y de solidaridad humana deberíamos tomar. 33 Sobran
los
fundamentos
jurídicos
para
acceder
a
lo
que
se
nos
solicita, conforme a lo que resolvimos en Ex-parte Andino,
supra.
No
hacerlo
no
sólo
constituye
el
injustificado
y
ominoso abandono de un precedente nuestro sino además el
rechazo
a
compadecernos
de
la
honda
desdicha
de
un
ser
humano. Se falta así tanto a la justicia como a un deber de
solidaridad.
En resumen, no estamos decidiendo ahora aquí si son
válidos o no los llamados “matrimonios” de homosexuales o las
llamadas uniones de hecho de personas del mismo sexo, ni
ningún otro escabroso asunto similar. Sólo se trata aquí de
33
Véase, La Solidaridad en el Proceso Judicial, 41 Revista
de Derecho Puertorriqueño, Núm. 1, Pág. 1 (2002).
CC-2004-708
ayudar
a
9
un
ser
humano
que
ha
sufrido
una
angustiosa
existencia a que su vida futura sea un poco más llevadera,
mediante
la
modificación
de
dos
documentos
particulares.
Lamento que la mayoría del Tribunal no comparta esta visión,
y disiento de su dictamen.
Jaime B. Fuster Berlingeri
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alexis Delgado Hernández
Peticionario
Ex-Parte
Certiorari
CC-2004-708
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de
2005.
Hace cinco años, este Tribunal tuvo ocasión
de resolver una controversia idéntica a la que
nos
presenta
este
caso.
Lo
hizo
mediante
sentencia publicada, a favor de lo solicitado.
Dispusimos,
en
ese
Demográfico
podía
caso,
enmendar
que
el
el
Registro
certificado
de
nacimiento de un ser humano transexual34 que se
34
Según el Diccionario de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra, pág. 1200 (2001) el transexualismo es
un “[t]rastorno de la identidad sexual que
consiste en el deseo de vivir y ser aceptado
como un miembro del sexo opuesto.
Suele
acompañarse por sentimientos de malestar o
desacuerdo con el sexo anatómico propio y con la
intención
de
someterse
a
un
tratamiento
quirúrgico u hormonal para hacer que el propio
cuerpo concuerde, lo más posible, con el sexo
preferido.” En casi todas las sociedades y
épocas han existido personas que desarrollaban
trabajos o incluso se relacionaban socialmente
como si fueran de un sexo distinto. Cristina
Garaizabal Elizalde, Problemas de diagnóstico en
los
casos
de
transexualidad,
Revista
de
Psicoterapia, Núm. 40 (1999).
CC-2004-708
2
35
había sometido a una operación de reasignación de sexo.
Ex Parte Andino Torres, 151 DPR 794 (2000). 36 Hoy el
péndulo
se
orienta
en
la
dirección
contraria.
Sin
embargo, nuestra conciencia jurídica nos obliga a hacer
constar
que
coincidimos
anterior
de
este
con
el
criterio
y,
en
particular,
Tribunal
pluralista
con
los
fundamentos expuestos en la Opinión Concurrente emitida
en ese caso por el Juez Asociado Negrón García, a la cual
se unieron los Jueces Asociados señores Hernández Denton
y Fuster Berlingeri.
La
controversia
consideración
nos
que
está
nuevamente
ante
nuestra
ofrece
la
oportunidad
de
utilizar
nuestra facultad adjudicativa para dictar una decisión
amparada
en
los
atemperar
la
interpretación
adelantos
de
la
Opinión
Mayoritaria
se
conceder
el
solicitado,
interpretación
principios
ciencia
remedio
elementales
de
de
leyes
nuestras
moderna.
niega
excesivamente
equidad
y
a
los
que
la
injustificadamente
a
Por
entender
recurriendo
rígida
del
a
una
Derecho,
respetuosamente disentimos.
I.
El 22 de diciembre de 2003 la peticionaria, quien
fue inscrita al nacer con el nombre de Alexis Delgado
35
Esta operación es completamente válida en nuestro
sistema de derecho y no existe disposición alguna que la
proscriba.
36
Ex Parte Andino,supra, trataba solamente sobre una
petición ex parte para que el nombre y sexo de una
persona transexual operada fueran enmendados en el
certificado de nacimiento, no se solicitaba que dicha
información se enmendara de igual forma en la licencia de
conducir.
El asunto concerniente a la posibilidad de
enmendar esta información en la licencia de conducir,
planteado por la peticionaria, lo atenderemos en el
acápite IV de nuestra Opinión Disidente.
CC-2004-708
Hernández,
3
presentó
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia una petición jurada para que se corrigiera su
certificado de nacimiento respecto a su nuevo nombre,
Alexandra Delgado Hernández, y su sexo, de masculino a
femenino.
modo
su
Además, solicitó que se enmendara del mismo
licencia
de
conducir
y
su
expediente
en
el
Departamento de Obras Públicas. Junto a la solicitud,
anejó su certificado de nacimiento, del cual se desprende
que nació el 27 de octubre de 1970, fue inscrita en el
Registro Demográfico el 16 de noviembre del mismo año
bajo el nombre de Alexis y que fue identificada como un
varón. Además, presentó prueba documental de que se había
sometido a una operación de cambio de sexo. Esta prueba
consistía de una declaración jurada del Dr. Stanley H.
Biber, otorgada el mismo día de la operación, 23 de mayo
de 2003, dando fe de que había operado a Alexandra en el
Hospital
Mt.
San
Rafael
en
Colorado.
En
específico,
certificó que como consecuencia de esta operación “the
sex designation of the same person was changed completely
from male to female.”
El 20 de enero de 2004 el foro de instancia ordenó a
la peticionaria que sometiera una certificación negativa
de
antecedentes
penales
emitida
a
nombre
de
Alexis
Delgado Hernández. Además, concedió término al Ministerio
Fiscal para que se expresara respecto a la solicitud de
corrección
de
acta.
Especificó
que
de
no
hacerlo,
el
tribunal entendería que se allanaba a la petición. La
parte peticionaria sometió oportunamente la certificación
solicitada, pero el Ministerio Fiscal nunca compareció
CC-2004-708
4
37
para expresar su posición.
Finalmente, el 23 de febrero
de 2004 el tribunal de instancia emitió una resolución,
en la que declaró lo siguiente:
Este Tribunal ORDENA al Registro Demográfico
corregir
el
asiento
de
inscripción
de
nacimiento de la peticionaria para que aparezca
que su sexo es FEMENINO y que su nombre es
ALEXANDRA DELGADO HERNÁNDEZ, nombre con el cual
es conocida y que es el que ha escogido para
usar conforme a su nueva realidad.
También
ordena al Departamento de Transportación y
Obras Públicas, Negociado de Vehículos de
Motor, realizar los cambios correspondientes en
términos de nombre y sexo en la licencia de
conducir.
Luego de dictada la referida resolución y casi tres
meses después del término concedido por el Tribunal de
Primera
Instancia
para
que
el
Fiscal
de
Distrito
solicitó
Secretaria
General
de
ese
tribunal
copias
de
los
documentos
en
abril
de
2004
compareciera,
el
expediente.
el
El
Ministerio
12
de
Público
a
la
presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones solicitando la revocación de la resolución
emitida. Once días después, el 23 de abril de 2004 ese
foro expidió el auto solicitado y concedió término a la
parte
recurrida,
aquí
peticionaria,
para
someter
su
alegato. Finalmente, el 22 de junio de 2004 el Tribunal
de Apelaciones dictó sentencia revocando en su totalidad
la decisión del tribunal de instancia.
El
5
de
agosto
de
2004,
la
parte
peticionaria
presentó la petición de certiorari que nos ocupa. Como
único error señaló que el foro apelativo intermedio se
equivocó
37
al
revocar
la
resolución
del
tribunal
de
Este hecho denota una falta de diligencia crasa de
la parte recurrida, que si consideraba, como ahora
plantea ante nosotros, que el asunto reviste gran
importancia, debió cumplir con la orden dentro del
término concedido originalmente.
CC-2004-708
5
instancia y negarle su solicitud para que se enmendaran
las actas de su certificado de nacimiento y su licencia
de conducir. Expedimos el auto de certiorari y el recurso
quedó sometido una vez el Procurador General presentó su
alegato, el 3 de marzo de 2005.
II.
Suscribimos en su totalidad la Opinión Concurrente
emitida en Ex Parte Andino Torres, supra, por el entonces
Juez
Asociado
Presidente
señor
señor
Negrón
García
junto
Hernández
Denton
y
el
al
Juez
hoy
Juez
Asociado
señor Fuster Berlingeri. 38 Ésta examinó detenidamente las
disposiciones de la Ley del Registro Demográfico, Ley
Núm. 24 de 22 de abril de 1931, que regulan las enmiendas
a la información contenida en el Registro. Concluyó que
la Ley contenía una laguna respecto a las enmiendas por
cambio
de
sexo
y
que
este
Tribunal
venía
obligado
a
llenar esa laguna, aplicando la equidad, según requiere
el Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA § 7:
El Tribunal que rehúse fallar a pretexto de
silencio, obscuridad, o insuficiencia de la
ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en
responsabilidad.
Ex Parte Andino Torres, supra, en las págs. 797-811.
La Jueza Asociada Naveira de Rodón concurrió con el
resultado de la decisión “por entender que ésta se limita
a interpretar el concepto ‘sexo’ dentro del contexto
específico de este caso, en cuanto a realizar un cambio
en la constancia que aparece en el Certificado de
Nacimiento que se expide por el Registro Demográfico.
Ésta es un área que tiene que irse desarrollando caso a
caso y la sentencia que hoy se certifica, no debe
entenderse como que se proyecta más allá del cambio que
autoriza.” Id. en la pág. 796. El Juez Asociado señor
Rebollo López emitió una opinión disidente a la que se
unió el Juez Presidente señor Andréu García.
El Juez
Asociado señor Corrada del Río emitió una opinión
disidente.
38
CC-2004-708
6
Cuando no haya ley aplicable al caso, el
tribunal resolverá conforme a equidad, que
quiere decir que se tendrá en cuenta la razón
natural de acuerdo con los principios generales
del derecho, y los usos y costumbres aceptados
y establecidos. (Énfasis nuestro).
Al aplicar este artículo al presente caso, debemos
precisar,
de
entrada,
dos
conceptos
fundamentales.
El
primero es el concepto base o elemento sine qua non de
“silencio,
obscuridad
o
insuficiencia
de
la
ley”;
el
segundo es, precisamente, el principio de “equidad”, con
su enorme riqueza normativa y ética.
Hace medio siglo, Felipe Clemente de Diego, en un
discurso publicado por la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de Madrid, abordó el tema de las llamadas
“lagunas” en la ley, que es lo que el artículo 7 de
nuestro
Código
denomina
“silencio,
obscuridad,
o
insuficiencia” de ésta. 39 En una extensa discusión que
hoy conserva la misma vigencia y pertinencia, el insigne
tratadista concluye como sigue:
Parece, pues, que la palabra laguna representa
en nuestro espíritu algo que falta en una cosa
o serie que quebranta, rompe o detiene su
continuidad, limitando su extensión y contenido
y quedando por ello incompleta e insuficiente.
(…) Con toda propiedad también se aplica a la
ley que en la regulación de las relaciones de
la convivencia social y de sus posibles
conflictos
no
contenga
una
disposición
necesaria o conveniente para la protección de
los intereses de la Comunidad o de sus
miembros. Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez,
A pesar de que algunos estudiosos niegan la
posibilidad de lagunas en la ley, 39 “el propio legislador
reconoce la existencia de lagunas cuando, en defecto de
ley o de costumbre aplicable, remite al Juez a los
principios generales del Derecho.” Guillermo García
Valdecasas, Parte General del Derecho Civil Español, pág.
115 (1983). Véase, por ejemplo, Diego Espín Cánovas, Manual de
Derecho Civil Español, Vol. I, en las págs. 129 y ss.
(1968).
39
CC-2004-708
De las Lagunas de la Ley, págs. 39-40 (1945). 40
(Énfasis nuestro).
7
Las lagunas ocurren debido a que “la ley pocas veces
nace perfecta, completa, de la mente del legislador, como
la experiencia en todas las épocas ha comprobado. Y aún
naciendo perfecta, con aquella perfección relativa a las
obras humanas, muy pronto se advierte su insuficiencia.”
Id. en la pág. 54. El autor amplía este concepto al
afirmar:
El legislador, aun con su experiencia y extensa
visión del conjunto de los principios jurídicos
y del complejo de las relaciones sociales, aun
sabedor de las necesidades sociales de su
pueblo, no
puede comprender en su ley, para
regularlos, todos los casos y problemas que
puedan presentarse en la vida. De un lado, su
atención recae sobre los hechos y casos más
importantes
y
frecuentes
que
suelen
presentarse,
y
con
ello
no
agota
las
posibilidades ni regula por tanto, ni tiene en
cuenta las variadísimas circunstancias con que
pueden presentarse. Id. en la pág. 10.
Entre las circunstancias sobre las que la ley calla,
están
aquellas
que
se
deben
no
solo
a
la
falta
de
previsión del legislador sino “a un cambio posterior de
la realidad social que plantea cuestiones imposibles de
resolver
cuando
Valdecasas,
Parte
se
Guillermo
dictó
la
ley.”
General
del
Derecho
Civil
García
Español,
págs. 115-116 (1983). 41 En este sentido, la ley no es la
totalidad del Derecho, sino una expresión incompleta de
40
Puig Brutau no favorece el término de “laguna” de la
ley. Según explica, “sería más adecuado hablar de
imperfección legal o falta de previsión de las normas
promulgadas.” Señala también que el concepto corresponde
en inglés al “unprovided case o caso no previsto, o de
case of first impression, caso que se presenta por
primera vez.” José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, Tomo Preliminar, Segunda Edición, pág. 309 (1989).
41
Para una exposición detallada de otros supuestos en
que pueden presentarse lagunas legales, véase Puig
Brutau, supra, en las págs. 309-316.
CC-2004-708
8
éste. Felipe Clemente de Diego, supra, en la pág. 53.
Los vacíos que se presentan en la ley y que generalmente
se denominan “lagunas” son el supuesto necesario para que
se
forme
y
reconozca
el
Derecho
judicial
en
sentido
estricto. Es aquí donde se manifiesta la iniciativa de
jueces y tribunales, que perfilan, moldean y adaptan la
ley a esas nuevas situaciones. Id. en la pág. 8.
Este
Tribunal
tiene
la
obligación
de
llenar
las
lagunas existentes en la ley, conforme al mandato del
artículo 7 del Código Civil, en tanto éste nos requiere
que
en
conforme
ausencia
a
disposiciones
de
ley
aplicable
al
caso
equidad
y
tratemos
de
armonizar
de
que
estén
ley
o
parezcan
resolvamos
estar
las
en
conflicto. 42 Por eso, si aparecen lagunas en un estatuto,
éstas se suplirán a través de la jurisprudencia. Olmo v.
Young Rubicam, 110 DPR 740 (1981). En Pueblo v. Ortega
Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990), abundamos sobre el
particular y expresamos:
Los
tribunales
estamos
autorizados
a
interpretar las leyes cuando, entre otras,
éstas no son claras o concluyentes sobre un
punto en particular; cuando el objetivo, al
realizarlo, es el de suplir una laguna en la
misma; o cuando, con el propósito de mitigar
los efectos adversos de la aplicación de una
ley a una situación en particular, la justicia
así lo requiere.
Al
hablar
de
equidad
tenemos
que
tomar
en
consideración que se trata de un principio que ha regido
42
Asoc. de Condómines v. Los Frailes, 2001 TSPR 116 en la pág. 6. Véanse
Corraliza v. Bco. Des. Eco., res. 9 de enero de 2001,
2001 TSPR 2, 153 DPR ___ (2001); Flores v. Meyers Bros.
of P.R., 101 DPR 689 (1973); Robles Estolaza v. UPR, 96
DPR 583 (1968).Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103
DPR 870 (1975). Véase además Asociación de Farmacias de
la Comunidad v. Departamento de Salud, res. el 23 de mayo
de 2002, 156 DPR ___ (2002), 2002 TSPR 69.
CC-2004-708
el Derecho
9
desde
hace
más
de
veinte
siglos.
Según
Aristóteles, la equidad es una expresión de lo justo,
pero no como lo es la ley, sino a modo de “rectificación
de
la
justicia”,
es
decir,
la
rectificación
de
los
resultados injustos de su aplicación al caso particular.
Antonio Hernández Gil, Conceptos Jurídicos Fundamentales,
Obras
Completas,
filósofo,
el
Tomo
1,
pág.
72
(1987).
Según
el
Derecho
debe
ser
complementado
por
la
equidad y la regla general por la excepción, para poder
alcanzar siempre una solución justa en el plano humano.
José
Puig
Brutau,
Preliminar,
discusión
Segunda
Fundamentos
de
Derecho
Civil,
Tomo
Edición,
pág.
309
(1989).
Esta
aristotélica
sobre
la
interpretación
de
las
leyes utilizando la equidad influyó, no solamente en los
juristas romanos, 43 sino que a través de Santo Tomás de
Aquino 44 ha influido en todo el mundo occidental.
Id.
Véase también, Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891,
899 (1968).
Por su facultad moderadora de la rigidez de la ley,
el término “equidad”, que se define de diversos modos, en
ocasiones se utiliza como sinónimo de justicia.45 García
43
En el Derecho Romano la equidad caracterizaba las
normas que consideraban las circunstancias del caso
particular (“Ius aequum”) versus las que no admitían que
se consideraran tales circunstancias (“Ius strictum”).
García Valdecasas, supra en la pág. 118
44
Para una discusión sobre el significado de la obra
de la escolástica de Santo Tomás, véase Hernández Gil,
supra en las págs. 75-82.
45
Por eso se ha dicho que: “Las ciudades y todas las
agrupaciones de seres humanos están unidas entre sí por
el aglutinante de la equidad, que es la conservadora y el
alma de toda sociedad humana.” Luis Legaz y Lacambra, El
Derecho y el Amor, pág. 113 (1976), nota al calce 33,
citando a Luis Vives, De tradendis disciplinis, trad.
Esp. De L. River, en la edición de las Obras completas,
T. II, Madrid, Aguilar, pág. 1948 (1948).
CC-2004-708
Valdecasas, supra en la pág. 118 (1983).
10
Así, “[u]na
solución equitativa es la que parece adecuada o correcta
en circunstancias determinadas, como algo que corresponde
a la justicia natural.” Puig Brutau, supra en las págs. 332 (1989).
Es asunto trillado que las normas generales, por su
generalidad y abstracción intrínsecas, no pueden prever
todas las circunstancias de las situaciones de hechos que
caerán bajo sus dominios. García Valdecasas, supra en la
pág. 118 (1983). Por eso, “una aplicación rigurosa de la
norma
general
que
no
de
cada
particularidades
tome
consideración
las
situación
concreta,
puede
resultados
injustos.
Para
conducir,
en
ocasiones,
a
evitarlo,
la
equidad
exige
en
tener
en
cuenta
dichas
particularidades, derivando de la norma general la norma
individual justa y adecuada al caso concreto.” Id. en la
pág. 119. En ocasiones, esto es necesario porque la norma
general pierde concordancia con la situación regulada y
ya no está debidamente ajustada a la necesidad actual:
“La equidad en este caso tiene otro sentido porque puede
anunciar un Derecho nuevo, mejor que el proclamado por la
norma vigente. En este supuesto la equidad significa una
reflexión sobre la misión del Derecho, o como ha dicho
PRINGSHEIM, la equidad es la conciencia del Derecho.” Puig
Brutau, supra en la pág. 333, énfasis nuestro.
Por
último,
es
vital
aclarar
que
al
utilizar
la
equidad para llenar una laguna en la ley los tribunales
no
usurpamos
la
función
del
legislador.
Más
bien,
utilizamos los principios que informan la ley aplicable
para derivar una norma que permita resolver una nueva
situación, que si bien está dentro del ámbito de la ley,
CC-2004-708
11
no está contemplada por ésta en su particularidad. Así,
la
misión
del
juez
al
amparo
del
artículo
7
no
es
legislar, sino extraer una norma para el caso particular,
de
lo
ya
ha
normado
tribunales
abdican
sociales
dignas
de
de
para
el
caso
esta
función
protección
general.
“las
Si
los
situaciones
habían
de
quedar
desamparadas, infligiendo grave daño a los interesados y
aun al mismo bien común; y no hay que decir que también a
los
juzgadores
denegar
amparo
se
les
pondría
o
protección
en
a
el
tales
duro
trance
de
situaciones....”
Clemente de Diego, supra, en la pág. 31.
III.
El certificado de nacimiento es un documento oficial
expedido y custodiado por el Estado que incluye, entre
otros datos, el nombre y sexo de la persona inscrita, la
fecha y lugar de su
padres
y
el
nacimiento, el nombre y edad de sus
lugar
de
nacimiento
de
éstos.
Este
certificado se usa para autenticar la identidad de una
persona y su nacionalidad y también para obtener otros
documentos
oficiales
del
gobierno.
Aquí
descansa
la
importancia para toda persona de que los datos en el
certificado
de
nacimiento
sean
correctos,
para
que
también lo sean los demás documentos que descansan en esa
información.
La
primera
encuentra
en
el
laguna
legal
artículo
Demográfico, supra,
31
que
debemos
subsanar
de
la
de
Ley
se
Registro
24 LPRA §1231, específicamente en el
procedimiento para enmendar el certificado de nacimiento:
CC-2004-708
Disponiéndose, que las omisiones o incorrecciones que aparezcan en cualquier certificado
antes de ser registrado en el Departamento de
Salud podrán ser
salvadas
insertando
las
correcciones o adiciones necesarias en tinta
roja en dicho certificado, pero
luego
de
haber sido archivado en el Departamento de
Salud,
no
podrá
hacerse
en
los
mismos
rectificación, adición ni enmienda alguna que
altere sustancialmente el mismo, sino en virtud
de orden del Tribunal de Distrito, cuya orden,
en tal caso, será archivada en el Departamento
de Salud haciendo referencia al certificado a
que corresponda (...). (Énfasis nuestro).
A
continuación,
el
artículo
31
describe
12
el
procedimiento para obtener la orden judicial que permite
enmendar el registro.
Este, entre otras cosas dispone lo
siguiente:
El auto en que se autorice la rectificación o
enmienda de un asiento en el antiguo Registro
Civil
se
inscribirá
mediante
anotación
extendida en debida forma al margen de la
inscripción
rectificada.
La
rectificación,
adición o enmienda de un certificado ya
archivado en el Registro General Demográfico se
hará
insertando
en
él
las
correcciones,
adiciones o enmiendas autorizadas por el
tribunal. Las tachaduras que fueren necesarias
se harán de modo que siempre se pueda leer la
palabra tachada.
El cambio, adición o modificación de nombre o
apellido sólo podrá hacerse a instancia del
interesado,
quien
deberá
presentar
ante
cualquier Sala del Tribunal de Distrito la
oportuna solicitud, expresando bajo juramento
los motivos de su pretensión, acompañada de la
prueba documental pertinente en apoyo de su
solicitud. Copia de la solicitud y de toda la
prueba
documental
le
será
remitida
al
Ministerio
Fiscal
simultáneamente
con
su
radicación.
Transcurridos 10 días desde la remisión y
notificación al Ministerio Fiscal, sin que éste
haya formulado objeción alguna, el tribunal
entenderá y resolverá los méritos de la
petición sin necesidad de celebrar vista o
discrecionalmente
podrá
celebrar
vista
de
estimarlo procedente y dictará el auto que
proceda. (Énfasis nuestro).
CC-2004-708
Finalmente,
el
artículo
31
establece
13
el
procedimiento interno sobre la forma en que se enmendarán
las correcciones ordenadas mediante orden judicial:
El auto en que se autorice el cambio, adición o
modificación de nombre o apellido se inscribirá
en el antiguo Registro Civil mediante anotación
extendida al margen de la inscripción de
nacimiento del interesado y al margen de la
partida de su matrimonio. El cambio, adición o
modificación de nombre o apellido se verificará
en el Registro General Demográfico tachando en
el
certificado
de
nacimiento
y
en
la
certificación de la celebración del matrimonio
del interesado el nombre o apellido sustituido
y consignando el nuevo nombre o apellido
autorizado por el tribunal. Las tachaduras se
harán de modo que siempre pueda leerse el
nombre o apellido suprimido. (Énfasis nuestro).
Por su parte, el Reglamento del Registro Demográfico
Número 316, sección 1071-19, regula las correcciones o
alteraciones después de hecha la inscripción:
Después que un certificado haya sido aceptado
por el registrador, no podrá ser objeto de
ningún cambio, borradura o alteración, así como
tampoco la transcripción hecha en el libro de
errores materiales de récord, sin el debido
procedimiento de ley.
Los errores materiales
que aparecieren en cualquier certificado al ser
presentado para inscripción o luego de haber
sido inscrito, consistentes en la equivocación
de un nombre, apellido, palabra o frase no
esenciales,
podrán
subsanarse
escribiendo
correctamente con tinta roja la palabra o
palabras erróneamente escritas o insertando la
palabra o palabras omitidas.
Las tachaduras
que fueren necesarias se harán de modo que
siempre se pueda leer la palabra tachada. Para
efectuar dichas correcciones los registradores
exigirán la prueba que, según los casos,
estimen oportuna. (Énfasis nuestro).
La Opinión Mayoritaria hace una extensa descripción
de la figura del Registro Civil español, basándose en
tratadistas
varias
españoles.
sentencias
del
Sin
embargo,
Tribunal
Supremo
aunque
de
menciona
España
que
interpretan la Ley del Registro Civil, no explica que
éstas han permitido que se enmienden el nombre y el sexo
CC-2004-708
14
de personas transexuales en certificados de nacimiento en
el Registro Civil español.46 Los jueces concurrentes en Ex
Parte Andino, supra, llamaron nuestra atención a esta
realidad
jurídica
del
país
de
dónde,
como
señala
la
Opinión Mayoritaria, proviene nuestro sistema de Registro
Demográfico.
Así,
explican
que
en
España
el
Tribunal
Supremo español ha resuelto reiteradamente:
[Q]ue la enmienda de la anotación de sexo en el
Registro Civil producto de una modificación
quirúrgica no está contemplada en la Ley de
Registro Civil, segundo, que esta omisión
constituye una laguna en la ley que los
tribunales deben superar aplicando la equidad
y, tercero, que de la aplicación de la equidad
resulta permisible el cambio de la anotación de
sexo en el Registro Civil.
Ex parte Andino
Torres, supra, en la pág. 804. (Énfasis
nuestro).
Al
regulan
llenar
las
las
lagunas
enmiendas
al
en
las
disposiciones
certificado
de
nacimiento,
debemos tomar en cuenta cuál es la corriente actual.
al
punto,
claro
está,
las
que
sentencias
Son
españolas
mencionadas. Además, recientemente la Corte Europea de
Derechos Humanos reconoció el derecho de las personas
transexuales a enmendar su certificado de nacimiento, en
el caso de una persona transexual que nació varón pero se
operó
para
vivir
su
United
Kingdom,
35
Estados
Unidos,
la
vida
Eur.
como
Ct.
una
mujer,
Goodwin
H.R.
18
(2002).
Administración
de
Seguro
En
v.
los
Social
permite realizar un cambio en la designación de sexo en
los
expedientes
del
seguro
social
cuando
se
presente
“clinical or medical record or other combination of
46
Sentencias de 2 de julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y
19 de abril de 1991.
CC-2004-708
documents
showing
the
sex
change
surgery
15
been
has
completed.”47
Hay una preocupación generalizada, reflejada tanto
en
la
Opinión
Mayoritaria,
Tribunal
de
Apelaciones
General,
de
que
como
y
el
permitir
en
la
alegato
las
sentencia
del
enmiendas
del
Procurador
solicitadas
vulnera la naturaleza histórica del Registro y disminuye
la utilidad del certificado para fines estadísticos. 48
Además,
se
especula
sobre
la
posibilidad
compartimos
estas
preocupaciones.
de
fraude
a
terceros.
No
En
primer
lugar, según explicaron los jueces concurrentes en Ex
Parte
Andino,
supra,
“el
carácter
histórico
del
certificado es lo que compele la adopción de mecanismos
47
Order RM 00203.210, Changing Numident Data – Name
Change, October 3, 2002. De igual forma, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos de América ha permitido
enmendar tanto el nombre como el sexo en el pasaporte, si
se cumplen con ciertos requisitos. Véase Megan Bell,
Transsexuals and the Law, 98 Nw. U.L. Rev. 1709, 1738
(2004).
48
La Opinión Mayoritaria también menciona que este
Tribunal ha resuelto que el procedimiento de enmienda o
rectificación
al
certificado
de
nacimiento
debe
interpretarse restrictivamente. A esos efectos, se
refiere a dos casos, uno de 1946, resuelto antes de
enmendarse la Ley para permitir enmiendas al certificado
y otro de 1980, cuyos hechos no guardan relación con lo
que nos ocupa. Ex Parte Pérez 65 DPR 938 (1946) y León
Rosario v. Torres, 109 DPR 804 (1980). Ambos casos son
claramente distinguibles de la controversia que hoy
estudiamos. Cabe señalar que al referirse a Ex Parte
Pérez, supra, la Opinión Concurrente en Ex Parte Andino,
supra, concluyó que era improcedente la interpretación
restrictiva allí utilizada para negar el cambio de
apellido de la parte peticionaria, pues aunque “la Ley de
1931 no disponía expresamente para el cambio de nombre,
tampoco
lo
prohibía.”
Evidentemente
un
análisis
restrictivo nos alejaría de la metodología civilista que
debe imperar en nuestro sistema jurídico y que nos ordena
interpretar la ley utilizando la equidad. Pero, más
importante aún, en ninguno de estos casos había la
posibilidad
de
violación
a
derechos
fundamentales
salvaguardados en nuestra Constitución. Rechazamos una
interpretación restrictiva en estas circunstancias.
CC-2004-708
16
de enmienda que, sin dejar de reflejar la condición del
recién nacido, reflejen también los datos vitales de su
historia.
¡Menuda
historia
sería
la
que
cesara
al
nacer.!” Id. en la pág. 798. (Bastardillas omitidas). 49
Por
otra
parte,
la
Ley
y
el
Reglamento
del
Registro
Demográfico requieren que para enmendar el certificado de
nacimiento
permite
fines
original
que
la
se
utilicen
información
estadísticos
e
tachaduras,
original
históricos.
se
De
lo
que
conserve
para
esta
forma,
se
mantiene el documento histórico para el uso interno del
Registro y se evita la alegada posibilidad de fraude a
terceros 50 porque la información original no desaparece,
sino que es enmendada.
La sentencia del foro apelativo que la Mayoría de
este
Foro
reasignación
confirma
sostiene
que
la
de
no
los
cromosomas
sexo
altera
operación
de
de
la
persona operada y que por tanto debemos concluir que la
persona
transexual
argumento
49
fue
realmente
acogido
en
la
no
cambia
de
sexo.
Este
Opinión
de
Conformidad
Además, obsérvese el compromiso que se le impone al
Registro Demográfico de consignar los datos tal cual son,
aún luego de certificados. En específico, en el artículo
31 de la Ley del Registro Demográfico, supra, se consigna
“que los certificados que se reciban mensualmente en su
Departamento procedentes de los encargados de registros
sean examinados cuidadosamente y requerirá la información
adicional que sea necesaria en aquellos que aparezcan
incompletos o defectuosos, para lo cual toda persona que
tenga conocimiento de hechos concernientes a cualquier
nacimiento, casamiento o defunción, estará obligada a
suministrar
dicha
información,
cuando
a
ello
sea
requerida por el Secretario de Salud en persona o por
medio de su representante acreditado, por correo, o por
conducto
del
Registrador
del
distrito.”
(Énfasis
nuestro).
50
“El transexual no tiene intención de defraudar a la
sociedad sino, por el contrario, de corregir una
disyuntiva de su personalidad que considera, por sí
misma, fraudulenta.”
Ex parte Andino, supra en la pág.
809. (Bastardillas omitidas).
CC-2004-708
17
emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez y se
encuentra subyacente en la Opinión Mayoritaria.
Es cierto que la operación de reasignación de sexo
no altera los cromosomas, pero esto nada tiene que ver
con la naturaleza de la identificación de sexo que se
realiza a los únicos fines de emitir un certificado de
La determinación de sexo de un recién nacido
nacimiento.
se
limita
a
la
observación
de
la
apariencia
de
los
genitales, sin necesidad de un examen de laboratorio para
determinar
si
los
cromosomas
del
recién
nacido
corresponden a la apariencia exterior. Por tanto, en el
Registro
Demográfico
se
completa
la
información
para
marcar el encasillado correspondiente al sexo utilizando,
como único y exclusivo criterio, la apariencia exterior.
No podemos requerir a las personas transexuales que
solicitan
enmendar
su
certificado
de
nacimiento
un
estándar diferente para probar su sexo del que se usa de
ordinario. En el caso específico de Alexandra, debemos
utilizar
el
mismo
estándar
que
se
utilizó
cuando
la
peticionaria nació hace 35 años, es decir, la apariencia
de sus genitales y otras características perceptibles a
la vista, según certificadas por un médico autorizado.
El médico que operó a Alexandra certificó que había hecho
un procedimiento médico de reasignación de sexo. Esto,
unido
a
la
expedición
de
un
certificado
antecedentes penales y una orden judicial
negativo
de
es suficiente,
en términos legales, para autorizar el cambio de sexo en
el Registro Demográfico.
Nuestro análisis de la Ley de Registro Demográfico
nos lleva a concluir, contrario a la Opinión de la que
disentimos, que la descripción de enmiendas que contiene
CC-2004-708
18
la ley es numerus apertus y que no existe impedimento
legal alguno para que el Registro Demográfico cumpla con
la orden del foro de instancia de enmendar el sexo y el
nombre
de
la
peticionaria
en
su
certificado
de
nacimiento. La ley no prohíbe la enmienda solicitada,
sino que contempla claramente la posibilidad de que los
asientos del Registro sean enmendados. Por otra parte, el
procedimiento
de
enmiendas
mediante
tachaduras
nos
permite derivar los principios a partir de los cuales
elaborar
la
norma
para
el
caso
particular
que
nos
concierne. De esa forma, la equidad y la propia ley nos
llevarían a resolver que debemos autorizar la enmienda
solicitada
mediante
el
procedimiento
de
enmiendas
al
amparo del artículo 33 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril
de 1931.
IV.
Pasemos ahora a analizar si existe la posibilidad de
que el Departamento de Obras Públicas enmiende el nombre
y sexo de la peticionaria en su licencia de conducir y en
sus expedientes en el Departamento de Transportación y
Obras
Públicas.
Este
asunto
no
fue
atendido
por
la
Opinión Mayoritaria a pesar de que la parte peticionaria
claramente lo plantea en su señalamiento de error. Como
veremos, aquí también existe una laguna que es preciso
subsanar utilizando la equidad.
La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley
Núm. 22 de 7 de enero de 2000, no especifica qué proceso
se ha de seguir si una persona está interesada en cambiar
la información que aparece en su licencia de conducir.
CC-2004-708
Tan sólo
se
circunscribe
a
mencionar,
en
su
19
artículo
3.14, que el procedimiento de renovación de licencias
será establecido por el Secretario de Transportación y
Obras
Públicas
Reglamento
mediante
para
reglamento.
establecer
los
Por
su
parte,
el
requisitos
para
la
expedición, renovación, cambio de categoría o de nombre,
duplicado,
reciprocidad
de
certificado
de
Licencia
de
Conducir y endoso especial para transportar materiales y
sustancias peligrosas (en adelante Reglamento) de 29 de
diciembre de 2000, tampoco regula de manera específica el
cambio de sexo en la licencia de conducir. Al igual que
la Ley de Registro Demográfico, este Reglamento provee un
procedimiento
general
de
cambios
en
la
información
contenida en la licencia, en el cual incluye cambios de
nombre, dirección y categoría. Art. VII, (G), (H) e (I).
Para el cambio de nombre requiere lo siguiente:
1.
Cumplir con los requisitos establecidos en Parte
A, Requisitos Generales, de este Artículo,
Incisos (5), (6), (7) y (9).51
2.
Declaración Jurada firmada ante Notario Público
Autorizado haciendo constar las razones que
motivan su petición, la cual deberá estar
acompañada de uno de los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
Escritura de Reconocimiento.
Sentencia o resolución del Tribunal.
Certificado de Nacimiento.
Cualquier otro documento debidamente
autenticado. (Énfasis nuestro).
De entrada, observamos que este reglamento tampoco
prohíbe que se cambie la información correspondiente al
51
Estos requisitos son:
5.
Sellos de rentas internas según la transacción
solicitada....
6. Dos (2) fotografías recientes ....
7. Certificado de ASUME, si aplica.
9. Satisfacer cualquier multa administrativa pendiente
de pago. Reglamento, supra, Art. VII, A (5), (6),
(7) y (9).
CC-2004-708
20
sexo del conductor. Además, el procedimiento de cambio de
nombre
establecido
resulta
igualmente
solicitar
el
cambio
de
sexo,
suficiente
presentar
tan
sólo
para
uno
adecuado
lo
de
cual
los
para
sería
documentos
enumerados, entre éstos una sentencia o resolución del
tribunal o un certificado de nacimiento. Por tanto, no
vemos impedimento legal para que, al interpretar esta
insuficiencia de la ley utilizando la equidad, permitamos
cambiar no sólo el nombre del conductor en la licencia,
sino el encasillado correspondiente al sexo.
V.
Aunque
la
decisión
mayoritaria
sostiene
que
“no
queda claro... cuáles son los fundamentos legales ...
para mantener la validez de determinación del foro de
instancia,” la realidad es que la peticionaria comparece
ante
nosotros
mediante
esencia misma de la
un
alegato
que
se
basa
en
la
Justicia. 52 Claramente se ampara en
nuestra Ley Suprema, la Constitución del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
para
reclamar
su
derecho
a
intimidad y dignidad, a la vez que se refiere a nuestra
sentencia
sentencias
en
Ex
parte
españolas,
Andino
con
Torres,
ánimo
supra
de
y
varias
persuadirnos
a
reiterar el criterio que adoptamos entonces. 53 De esa
forma,
lo
que
pretende
la
petición
es
que
utilicemos
52
En la vida social “el hombre necesita del Derecho.”
Juan Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil,
Segunda Edición, pág. 7 (1973). “Se trata de una necesidad
espiritual de Justicia, casi tan intensa como la necesidad
material que del agua tiene el pez.” Id.
53
También utiliza como material
artículos relacionados con el tema.
persuasivo
varios
CC-2004-708
nuestra facultad como intérpretes de la Constitución
21
y
de las leyes para interpretar una laguna en la ley.
Coincidimos con la Opinión Concurrente de los Jueces
Asociados
Negrón
García,
Hernández
Denton
y
Fuster
Berlingeri en Ex Parte Andino Torres, supra, en cuanto
afirma
que
negarle
a
la
enmendar
su
certificado
respecta
al
presente
peticionaria
el
derecho
nacimiento
(y
en
de
caso,
su
licencia
de
lo
a
que
conducir)
violaría los principios garantizados en las secciones 1 y
8
de
nuestra
Carta
de
Derechos,
que
protegen
respectivamente el derecho a la dignidad e igualdad de
todos los seres humanos y a su intimidad. 54 Id. en las
págs.
806-810.
Cabe
señalar
en
este
sentido
que
la
decisión de la Corte Europea en el caso de Goodwin v.
United Kingdom, supra, se basó parcialmente en que negar
una enmienda respecto al sexo de una persona transexual
operada
en
el
certificado
de
nacimiento
violaba
el
artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que dispone,
de forma similar a nuestra Constitución: “Everyone has
the right to respect for his private and family life, his
home, and his correspondence.”
Ya establecimos firmemente que las secciones 1 y 8
de la Carta de Derechos de nuestra Constitución operan
54
El Art. II sección 1 de la Constitución del Estado
Libre Asociado dispone: “La dignidad del ser humano es
inviolable.
Todos los hombres son iguales ante la Ley.
No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza,
color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni
ideas políticas o religiosas.
Tanto las leyes como el
sistema de instrucción pública encarnarán estos principios
de esencial igualdad humana.” Por su parte, en el Art. II
sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado se
establece: “Toda persona tiene derecho a protección de ley
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar.”
CC-2004-708
22
sin necesidad de ley que las implante. Figueroa Ferrer v.
ELA,
107
DPR
Demográfico,
(1978). 55
250
ni
el
Ni
la
Ley
Reglamento
del
del
Registro
Departamento
de
Transportación, ni mucho menos las decisiones de este
Tribunal pueden ir por encima de las disposiciones de
nuestra Ley Suprema.
VI.
“La actividad del jurista se vuelve vana logomaquia
o juego fútil de conceptos si, preocupándose únicamente
por
un
vista
extrínseco
el
fin
aunque
esencial
hábil
que
le
realización de la justicia.”
tecnicismo,
ha
sido
pierde
de
asignado:
la
Luis Legaz y Lacambra, El
Derecho y el Amor, pág. 113 (1976) citando a Del Vecchio,
Aspectos y problemas del Derecho, Madrid, Espesa, págs.
284-85 (1967).
Las razones para impedir que una persona transexual
cambie
los
Registro
datos
respecto
Demográfico
y
a
en
su
su
nombre
y
licencia
sexo
de
en
el
conducir,
pierden valor si las oponemos al perjuicio resultante de
esa decisión. Recordemos que, por definición, se trata de
una persona que cambia totalmente su asignación sexual,
como sucede con la peticionaria, quien aunque nació varón
se
identifica
someterse
55
a
con
una
el
otro
compleja
sexo
hasta
cirugía
y
el
a
punto
de
tratamiento
Precisamente, en el caso de Figueroa Ferrer v. ELA,
supra, este Tribunal se enfrentó a la interpretación de
nuestra ley de divorcio, la que no incluía ni prohibía un
divorcio bajo el fundamento jurídico de consentimiento
mutuo. En esa ocasión nos basamos en ambos derechos, el de
la dignidad y el de la intimidad, para realizar una
interpretación jurídica, que, al igual que en el caso de
autos, no pretendió usurpar las funciones delegadas a la
Legislatura, sino interpretar las leyes promulgadas por
esa Rama del Gobierno.
CC-2004-708
23
hormonal. Podemos no comprender la angustia que lleva a
un
ser
humano
a
una
decisión
tan
drástica.
Incluso,
podemos estar, en nuestro fuero interno individual, en
contra
de
angustia
tan
drástica
existencial.
solución
Pero
lo
a
esa
cierto
situación
es
que
de
nuestro
ordenamiento permite utilizar los medios que provee la
ciencia para conformar la apariencia al sexo deseado, si
la
persona
transexual,
ejerciendo
decide
hacerlo.
Ejercido
sexo,
en
intimidad
la
así
el
que
su
libre
albedrío,
derecho
a
cambiar
protege
nuestra
de
Ley
Fundamental, no debemos los tribunales, guardianes de la
Constitución,
condenarle
a
someterse
diariamente
a
discrimen al presentar una licencia de conducir que no
corresponde a su realidad o un certificado de nacimiento
que no corresponde a su identidad.56
A
los
tribunales
nos
toca
la
delicada
responsabilidad de armonizar nuestra interpretación del
Derecho con los avances de la ciencia y la tecnología.57
Situaciones que en un principio eran inconcebibles hoy
día son posibles por los adelantos de la ciencia.
Así lo
hemos reconocido en asuntos relacionados con la filiación
56
Tomamos conocimiento judicial del uso de la licencia
de
conducir
para
propósitos
de
identificación
en
actividades del diario vivir y del certificado de
nacimiento para asuntos tan importantes como la búsqueda
de empleo. En cuanto a esto, hemos resuelto que un
trabajador en busca de empleo no debe tener que abdicar su
derecho a la intimidad al permitir que el patrono invada
su mente y ausculte sus pensamientos. Ambos derechos, a la
intimidad y al trabajo, son consustanciales con la
dignidad humana. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117
DPR 35 (1986).
57
Según la Real Academia Española armonizar significa
“[p]oner en armonía, o hacer que no discuerden o se
rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas
que deben concurrir al mismo fin.” Diccionario de la
Lengua Española, Vigésima Segunda Ed., pág. 207 (2001).
CC-2004-708
24
jurídica. Véanse: Castro Torres v. Negrón Soto; opinión
de 23 de mayo de 2003, 159 DPR__, 2003 TSPR 90; Ramos v.
Marrero 116 DPR 357, (1985); Moreno Alvarado v. Moreno
Jiménez, 112 DPR 376(1982); Ortiz v. Peña, 108 DPR 458
(1979).
Hace
apenas
permitir
una
dos
prueba
meses
de
este
DNA
Tribunal
para
decidió
impugnar
el
reconocimiento voluntario.
Antonio Luis Mayol v. Ana Ixa
Torres, res. el 8 de abril
de 2005, 163 DPR ____ (2005),
2005 TSPR 45. La solución que adopta la mayoría en el
presente
caso
constituye
una
anomalía
dentro
de
esta
trayectoria y es contraria a los fundamentos de estas
decisiones.
Las personas transexuales no encajan dentro de la
categoría
recurren
de
a
la
“femenino”
ni
“masculino”.
ciencia,
que
les
Por
permite
eso,
operarse
y
someterse a tratamiento hormonal para vivir su vida según
uno de estos dos sexos: “Una persona que se somete a una
operación irreversible para adecuar su sexo físico a su
deseo psicológico no desea vivir como un transexual, como
una clasificación extraña y discordante con la dualidad
de
sexos
culturalmente
reconocida.”
Ex
Parte
Andino
Torres, supra, en la pág. 808. El Derecho nos concede la
facultad de interpretar esta realidad y la Constitución
nos impone la responsabilidad de hacerlo, ordenando una
simple enmienda de su nombre y su sexo en el Registro
Demográfico y en el Departamento de Obras Públicas.
El
dilema
de
la
peticionaria
no
se
resuelve
ni
aminora con el “remedio” a medias que dispone la Opinión
Mayoritaria.
Concederle
el
permiso
para
cambiar
su
nombre en el certificado de nacimiento, de “Alexis” a
CC-2004-708
25
“Alexandra”, a la vez que se mantiene la descripción de
su sexo como “masculino”, deja a la merced del escrutinio
público el propio hecho que la parte peticionaria desea
enmendar.
No podemos olvidar que “[u]na cierta bondad es
necesaria para la efectividad del Derecho, y la caridad
quiere
un
Derecho
que
lo
sea
efectivamente.”
Legaz
Lagambra, supra en la pág. 92. Por eso se ha dicho, que
el Derecho es “el Arte de lo justo.” Juan Vallet de
Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, Segunda Edición,
pág. 38-39 (1973).
En este sentido, nos sorprende que la
Opinión Mayoritaria reconozca que quienes “han decidido
someterse a una operación de reasignación de sexo, son
personas que han tomado medidas extraordinarias en su
ardiente
deseo
de
vivir
una
vida
ordinaria”
y
sin
embargo, no les permita vivir esa vida ordinaria, que no
es
otra
cosa
que
una
vida
donde
le
garanticemos
su
intimidad y dignidad como seres humanos.
Por
los
fundamentos
Revocaríamos
en
apelativo
confirmaríamos
y
su
que
totalidad
la
anteceden,
la
disentimos.
sentencia
orden
del
del
foro
Tribunal
de
Primera Instancia autorizando el cambio de nombre y sexo
en
el
certificado
de
nacimiento
de
Alexandra,
en
los
expedientes computadorizados de ese certificado, en su
licencia
de
conducir
y
en
los
expedientes
Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
del