LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Representada por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de Terreno, etc. Wilfredo Cardona Figueroa y Otros Banco Popular de Puerto Rico

2005 TSPR 92

Poder Judicial de Puerto Rico

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Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Representada por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de Terreno, etc. Wilfredo Cardona Figueroa y Otros Banco Popular de Puerto Rico

CC-2004-0241

28 de junio de 2005 · Expropiaciones: Acreedor hipotecario no tiene derecho a litigar la justa compensación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico,

Representada por el Honorable

Secretario de Transportación

y Obras Públicas

Certiorari

2005 TSPR 92

Peticionario

v.

164 DPR ____

Adquisición de 780.6141 metros

Cuadrados de Terreno, etc.

Wilfredo Cardona Figueroa y

Otros

Parte con interés

Banco Popular de Puerto Rico

Interventor

Número del Caso: CC-2004-241

Fecha: 28 junio 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez,

Juez Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle.

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rubén E. Alayon del Valle

Abogado del Banco Popular de Puerto Rico:

Lcdo. Fernando J. Valderrábano

Materia: Expropiación Forzosa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico,

Representada por el Honorable

Secretario de Transportación

y Obras Públicas

Peticionario

v.

CC-2004-241

Adquisición de 780.6141 metros

cuadrados de Terreno, etc.

Wilfredo Cardona Figueroa y

Otros

Parte con interés

Banco Popular de Puerto Rico

Interventor

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2005.

El

presente

acreedor

sobre

recurso

hipotecario,

expropiación

nos

--parte

permite

con

forzosa--,

resolver

interés

tiene

en

si

un

una

acción

a

litigar

derecho

frente al Estado la cantidad consignada en el tribunal como

justa compensación.

Contestamos en la negativa.

El acreedor hipotecario, tan solo puede recobrar del

fondo

de

compensación

aquella

parte

en

que

se

haya

lesionado o afectado su interés en la propiedad expropiada.

Por lo que el titular de un derecho de garantía real sobre

un inmueble expropiado, solo tiene derecho a ser citado y

oído para que reclame del fondo de compensación la parte

2

CC-2004-241

correspondiente

a

su

acreencia,

si

hubiera

lesión

a

la

garantía del crédito.

I

El 28 de marzo de 2000, la Autoridad de Carreteras y

Transportación

ante

el

de

Tribunal

Puerto

de

Rico

Primera

(“la

Autoridad”)

Instancia

una

presentó

petición

de

expropiación forzosa sobre un predio de terreno sito en

Arroyo, con cabida de 780.6141 metros cuadrados.

Dicho

terreno fue expropiado con el propósito de realizar mejoras

a la Carretera Núm. 3 que transcurre de Guayama a Patillas.

La

parcela

expropiada

se

segregó

de

una

finca

principal radicada en el Barrio Ancones de Arroyo con una

cabida de 2,000 metros cuadrados, inscrita en el Registro

de la Propiedad a favor de los esposos Wilfredo Cardona

Figueroa y Elba Aquino Vega. 1

Como justa compensación, la

Autoridad consignó en el tribunal la cantidad de $97,207.

Se incluyeron en la demanda, como partes con interés, a los

dueños de la finca así como a los deudores hipotecarios.

El 14 de abril de 2000, el foro de instancia emitió

una Resolución en la que traspasó a la Autoridad el título

de dominio absoluto sobre la propiedad en controversia.

1

Este inmueble consta inscrito en el Registro de la

Propiedad de Arroyo, Sección de Guayama, Finca Núm. 1439,

al folio 206 del Tomo 52. Su descripción es la siguiente:

RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio

Ancones de Arroyo, compuesta de una cabida de

2,000.00 metros cuadrados, en colindancias por

el: NORTE y OESTE: en 50.00 y 40.00 metros

respectivamente, con la finca principal de la

cual se segrega, por el SUR, en 50 metros, con la

parcela “B” dedicada a uso público que la separa

de la Carretera Estatal #3 y por el ESTE: en

40.00 metros con un camino vecinal.

3

CC-2004-241

El Banco Popular de Puerto Rico (“Banco Popular” o

expropiada, 2

“Banco”),

acreedor

hipotecario

de

la

finca

presentó

el

agosto

2000

su

contestación

15

de

de

petición de expropiación.

a

la

En la misma, negó que la suma

consignada por la Autoridad fuese una compensación justa y

razonable para la adquisición de la propiedad.

Además,

adujo tener derecho a recibir intereses sobre la diferencia

entre la cantidad consignada y la que en su día determinase

el tribunal como justa compensación.

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2000, el tribunal

de instancia dictó una orden en la que expresó: “nada que

proveer por el momento en cuanto al derecho del acreedor

hipotecario”. 3

tribunal

Un año más tarde, en noviembre de 2001, el

señaló

una

vista

sobre

el

estado

procedimientos para el 19 de febrero de 2002.

apercibió

a

las

partes

que

respectivos

representantes

informes

valoración

de

del

debían

legales,

referido

los

El tribunal

comparecer

peritos

de

con

sus

tasadores

terreno.

A

e

tales

efectos, el Banco Popular sometió una moción en la cual

informó al tribunal que se encontraba haciendo gestiones

para

contratar

un

perito

cumplir con su orden.

tasador

con

el

propósito

de

El dueño registral no compareció al

tribunal a impugnar la justa compensación.

2

La finca principal de donde se segregó la parcela

expropiada, estaba gravada por dos hipotecas: una, por la

cantidad de $425,000, con intereses al 8.75% anual, en

garantía de pagaré a favor de Banco Popular de Puerto Rico;

y, la segunda por la suma de $100,000, con intereses al 8%

anual, en garantía de pagaré a favor de Ford Motor Credit

Company of Puerto Rico.

3

Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 135.

4

CC-2004-241

En

esta

ocasión,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

mediante orden de 16 de enero de 2002, le informó al Banco

que su derecho en este pleito se limitaba a reclamar del

fondo

de

compensación

acreencia.

la

parte

proporcional

de

su

Añadió que no tenía que contratar un perito

para litigar el asunto de la compensación, pues ese derecho

es inherente del titular de la propiedad -–en este caso los

señores Cardona Figueroa y Aquino Vega-- y no del acreedor

hipotecario.

A

modo

de

reconsideración,

el

Banco

presentó

una

moción en la cual alegó que sostuvo conversaciones con el

dueño de la propiedad Cardona Figueroa y que éste le había

expresado

su

litigio.

Explicó

ante

el

Capítulo

total

desinterés

en

que

Figueroa

había

petición

para

acogerse

al

había

obtenido

un

Cardona

comparecer

tribunal

federal

una

7

Ley

Quiebras

de

la

de

y

al

presente

presentado

descargo de deuda conforme permite la legislación federal

de quiebras.

Asimismo, le informó al tribunal que había

radicado

acción

una

en

cobro

de

dinero

contra

Cardona

Figueroa y otros, en la que solicitaba la ejecución de la

hipoteca que gravaba el bien expropiado.

Por todo lo cual,

Banco Popular entendió que poseía legitimación activa para

presentar

prueba

en

inmueble

o,

la

en

torno

al

valor

alternativa,

en

el

invocó

mercado

la

del

doctrina

constitucional que confiere legitimación activa a favor de

terceros.

5

CC-2004-241

Luego

de

varios

trámites

procesales

que

no

es

necesario comentar, el 14 de febrero de 2002, el tribunal

de instancia emitió una orden en la que dispuso en parte:

“[e]l acreedor no puede convertirse en titular registral .

. . [t]iene derecho a ser citado y oído para que reclame

del

fondo

de

compensación

la

parte

proporcional

de

sus

acreencias, si hubiera lesión en la garantía de créditos.” 4

Posteriormente, el 15 de marzo de 2002, el tribunal dejó

sin efecto su determinación inicial y permitió al Banco

Popular litigar la justa compensación para cubrir el monto

de su acreencia.

El

4

de

junio

de

2002,

la

Autoridad

reconsideración de la anterior determinación.

solicitó

la

Alegó que el

Banco Popular era un mero acreedor cuyo derecho se limitaba

a

cobrar

su

acreencia

del

fondo

de

compensación.

En

oposición a la moción de reconsideración, el Banco Popular

argumentó que la misma fue tardía y solicitó una vista

evidenciaria

con

el

propósito

compensación

del

inmueble

de

determinar

expropiado.

la

justa

Finalmente,

el

Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto su orden de

15 de marzo de 2002 y mantuvo vigente la orden original que

impedía al Banco Popular litigar la cuantía consignada como

justa compensación.

El tribunal finalmente dictó sentencia

en la que declaró la cantidad consignada por la Autoridad

como la justa compensación por la expropiación del terreno.

4

Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 163.

6

CC-2004-241

Ante

esta

última

determinación,

el

Banco

Popular

recurrió al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El tribunal apelativo intermedio concluyó que el foro de

instancia erró al negarle el derecho a ser oído al Banco

Popular y determinó que dicha parte tenía derecho a litigar

el valor de la suma consignada como justa compensación por

la

parcela

intermedio

de

terreno

indicó,

expropiada.

El

específicamente,

que

foro

el

apelativo

Banco

tenía

derecho a “litigar la valoración del inmueble expropiado,

hasta el monto de su acreencia, para propósitos de la justa

compensación.”5

Señaló también lo siguiente:

Por otro lado, debemos señalar que, según el

expediente del caso, el predio expropiado por la

Autoridad de Carreteras tiene una cabida de

780.6141

metros

cuadrados,

mientras

que

la

propiedad de los esposos Cardona Aquino, de la

cual se segregó el referido predio con fines de

expropiación, tenía una cabida de 2,000 metros

cuadrados.

En vista de que el solar expropiado

formaba parte de uno de mayor cabida, el Tribunal

de Primera Instancia debe determinar qué efecto,

si alguno, tuvo en el valor del remanente de la

finca el hecho de la expropiación y, para ello,

el Banco Popular podrá expresarse y presentar

prueba a éstos (sic) efectos. Además, el foro a

quo debe tener en cuenta que el monto de la

acreencia del Banco Popular en la finca de mayor

cabida ascendía a $425,000 según el asiento del

Registro de la Propiedad del 28 de junio de 1985.6

(Énfasis nuestro.)

Inconforme,

la

Autoridad

presentó

un

recurso

de

certiorari ante nosotros, en el que señaló la comisión de

los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan

5

Véase apéndice a recurso de certiorari, pág. 23.

6

Íbid.

7

CC-2004-241

decretando que la justa

terreno

expropiado

es

$97,207.00.

compensación por el

la

cantidad

(sic)

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

decretar que el acreedor tiene derecho a litigar

la justa compensación en contravención a las

disposiciones de la ley de expropiación forzosa y

la jurisprudencia interpretativa del Honorable

Tribunal Supremo.

Inicialmente

denegamos

la

expedición

del

recurso

presentado; mas, en reconsideración, dictamos una orden de

mostrar causa de por qué no se debía expedir el auto y

revocar

la

determinación

del

tribunal

apelativo.

Ambas

partes han comparecido y estando en posición de resolver lo

hacemos conforme intimamos.

II

Por

estar

mencionados

los

íntimamente

mismos

se

ligados

los

errores

antes

discutirán

en

conjunto.

La

controversia medular del caso de epígrafe, requiere que se

determine si el acreedor hipotecario puede litigar frente

al

Estado

la

cantidad

consignada

por

éste

como

justa

compensación en un proceso de expropiación forzosa, en una

especie de subrogación en los derechos del dueño de la

propiedad expropiada.

Reiteradamente

Veamos.

hemos

expresado

que

el

poder

de

expropiación del Estado es un atributo inherente a su poder

soberano y como tal, de superior jerarquía a todos los

derechos de propiedad.

ELA v. Registrador, 111 D.P.R. 117

(1981); ELA v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 536 (1967); Pueblo v.

632

Metros

Cuadrados

de

Terreno,

74

D.P.R.

961

Autoridad sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54

(1953);

(1948);

8

CC-2004-241

McCormick v. Marrero, 64 D.P.R. 260 (1944).

Esta facultad

soberana

de

exige

para

su

ejercicio

el

pago

la

justa

compensación y, que el proceso se lleve a cabo conforme

dispone la Ley de Expropiación Forzosa de 1903, 32 L.P.R.A.

secs. 2901 et seq.

Véase, Art. II, Sec. 9 Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Art. 282 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1113.

Véase además, E. Freund, The

Police

and

Power,

Public

Policy

Cosntitutional

Rights,

Callaghan & Co., Chicago, 1904, pág. 541.

El procedimiento de expropiación es uno de naturaleza

civil

y

aparece

Expropiación

descrito

Forzosa

y

detalladamente

en

la

Ley

de

Regla

las

Reglas

de

la

58

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El procedimiento

se inicia mediante la presentación de la correspondiente

demanda la cual “podrá ir dirigida contra los dueños de la

propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con

derecho

o

interés

sobre

la

misma;

contra la propiedad en sí.”

o

podrá

ir

dirigida

32 L.P.R.A. sec. 2905; Regla

58.3 de las de Procedimiento Civil; ELA v. Registrador,

ante.

Las partes con interés se notifican, “a los fines

del derecho que puedan tener a la compensación que se fije

por el valor de la propiedad expropiada. . .”

sec. 2905.

La

32 L.P.R.A.

(Énfasis nuestro.)

notificación

a

la

parte

con

interés

se

da

en

función, y para propósitos de, que éstas puedan recuperar

del

fondo

interés

de

que

compensación

tengan

sobre

la

porción

el

bien

correspondiente

expropiado.

Así

al

por

9

CC-2004-241

ejemplo se ha señalado lo siguiente:

“All persons who have

or claim any interest in the deposit should be served with

the

motion

and

have

an

opportunity

to

be

heard

on

the

matter of equitable distribution of the deposit.” Dolan,

New Federal Procedure in Condemnation Actions, 39 Va. L

Rev. 1071, 1079 (1953) (énfasis nuestro.)

Véase además,

Teague,

44

Condemnation

Rev. 1535 (1966).

of

Mortgaged

Property,

Texas

L.

El interés particular que posea una

persona o un acreedor, sin embargo, no lo faculta a exigir

que

la

compensación

consignada

sea

suficiente

para

satisfacer el monto total de ese interés o de su crédito.

Véase discusión, infra.

Una

vez

presentada

la

declaración

de

adquisición

y

consignado el importe estimado como justa compensación, “el

gobierno

es

investido

del

título”

sobre

la

propiedad.

Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terrenos, ante, pág. 97071.

El título que se adquiere no es uno derivado del dueño

anterior

sino

que

es

un

título

nuevo,

independiente

absoluto; el cual dimana de la facultad del soberano.

El

ejercicio

del

poder

de

expropiación

forzosa

y

Id.

extingue

todos los derechos anteriores sobre la propiedad.

Habida cuenta de lo anterior, la inscripción que se

haga del dominio a favor del Estado se hará libre de todo

gravamen.

Los gravámenes que afecten la propiedad, previo

a su expropiación, “se transfieren al fondo estimado para

la justa compensación, el cual sustituye al inmueble en lo

que respecta a las reclamaciones del dueño anterior y de

10

CC-2004-241

los acreedores, . . ., y dicha indemnización se extiende a

la hipoteca”, por lo menos hasta el límite del gravamen.

ELA v. Registrador, ante, pág. 120.

(Énfasis nuestro.)

El Artículo 161-2° de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.

sec.

2557,

extiende

precisamente

a

las

reconoce

indemnizaciones

que

la

concedidas

hipoteca

se

debidas

al

o

propietario por expropiación forzosa del bien hipotecado.

Efectuándose así la subrogación real, al quedar sustituido

el inmueble por el fondo de justa compensación.

Rivera,

Derecho

Inmobiliario

Registral

L. Rivera

Puertorriqueño,

Jurídica Editores, 2000, 2da ed., pág. 546; R. Roca Sastre,

L.

Roca-Satre

Barcelona,

Muncunill,

Tomo

expropiación

V,

8va.

extingue

anteriores

sobre

convierten,

.

el

.

Derecho

Ed.,

.

1997,

todas

bien

Hipotecario,

las

págs.

cargas

expropiado,

en

derechos

Ed.

Bosh,

278-79

(“la

y

los

derechos

cuales

sobre

el

precio.”)(Énfasis en original, énfasis nuestro.)

y

López,

V.

Martés

Penadés,

Derechos

Reales

se

justo

A. López

y

Derecho

Inmobiliario Registral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994,

pág. 724 (“en estos supuestos la garantía real inmobiliaria

se transforma en una garantía real (pignoraticia) sobre el

importe

de

las

indemnizaciones

debidas

o

concedidas

al

propietario. . .”)

Así,

el

dueño

en

pleno

dominio

y

las

partes

con

interés sobre el bien expropiado, incluyendo claro está el

acreedor hipotecario, “recobran de dicha compensación el

mismo

interés

proporcional

que

tenían

en

la

propiedad

11

CC-2004-241

expropiada, por lo que éstos tienen entre sí unos derechos

respecto

la

justa

compensación.”

Pueblo

v.

McCormick,

ante, pág. 946; Roca Sastre, op. cit., pág. 279.

En este

proceso las partes con interés, incluyendo el dueño de la

propiedad,

tienen

la

oportunidad

de

ser

oídos

por

el

tribunal en relación a sus respectivas reclamaciones contra

el fondo.

(1944).

Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 137-38

Le corresponderá al tribunal hacer la distribución

correspondiente adjudicando los derechos que a cada cual le

correspondan en la cantidad depositada.

Administración de

Terrenos

D.P.R.

v.

Nerashford

Dev.

Corp.,

136

801,

811

(1994).

Las partes con interés no tienen un derecho de crédito

frente al Estado y éste “no está obligado a pagarle a cada

parte

interesada

la

porción

compensación depositada.”

que

Íbid.

le

corresponde

de

la

Solamente y en ocasión de

incumplir con su obligación de hacer un esfuerzo razonable

por incluir en el pleito a todas las partes con interés

legítimo sobre el inmueble expropiado, es “que surgiría una

obligación directa del Estado hacia la parte no incluida y,

aun así, dicha obligación sería subsidiaria a la que tienen

el

resto

olvidada.”

de

las

partes

compensadas

Íbid, pág., 811 n. 6.

interés

como

tal

pagada

a

varios

los

en

la

Cuadrados de Terreno, ante, pág. 971.

la

parte

El “gobierno no tiene

distribución

reclamantes.”

hacia

de

Pueblo

la

v.

compensación

632

Metros

12

CC-2004-241

III

La Ley de Expropiación Forzosa y la Regla 58 de las de

Procedimiento

Civil,

hemos

que

visto,

32

L.P.R.A.

inicie

un

Ap.

III,

exigen,

como

procedimiento

judicial

para

expropiar o adquirir cualquier propiedad para uso público y

que

pague

el

Estado

una

justa

compensación.

En

ese

procedimiento, es el titular del dominio quien tiene el

derecho

a

formular

sus

defensas

y

objeciones

tanto

al

carácter público del uso a que se destinará la propiedad,

como

a

Estado

la

Libre

(1962).

cuantía

Asociado

Véase

declarada

v.

además,

como

Fonalledas,

J.

Cuevas

justa

compensación.

84

573,

579

Tratado

de

D.P.R

Segarra,

Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2000, tomo II,

pág. 1082.

Cuando se cuestione la cantidad depositada como justo

precio, el “dueño,. . ., aunque nominalmente aparezca como

demandado, ocupa en realidad la posición de demandante, y

como

tal debe probar su derecho a recobrar una cantidad

mayor que la consignada . . . como valor de la propiedad y

de

los

daños.”

(1946).

Pueblo

v.

(Énfasis nuestro.)

Cuevas,

66

D.P.R.

505,

508

Es al dueño de la propiedad a

quien le incumbe entonces cuestionar la cantidad depositada

como

justa

compensación

y

presentar

la

evidencia

correspondiente sobre el valor en el mercado del inmueble

expropiado.

1,

11

E.g., Martínez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R.

(1962);

Canino

v.

Tribunal

de

Expropiaciones,

70

13

CC-2004-241

D.P.R. 152 (1949).

En igual sentido, Ralph v. Hazen, 93

F.2d 68, 70 (D.C. Cir. 1937)(“It should be remembered that

the

burden of proving value in condemnation proceedings is

upon the property owner”); U.S. v. 69.1 Acres of Land, 942

F.2d 290, 292 (4th Cir. 1991); U.S. v. 40.0 Acres of Land,

175 F.3d 1133, 1140 (9th Cir.).

En los estados véase,

Albahary

2004);

v.

City

of

Bristol,

853

A.2d

577,

585

(Conn.

Dents

Lake

v.

Davis,

480

N.W.2d

720,

725

(N.D.

1992); Conner v. Board of County Comm’rs, 54 P.3d 1274,

1284

(Wyo.

2002);

Sierra

Vista

v.

Cochise

Enterprises,

Inc., 697 P.2d 1125 (Ariz. Ct. App. 1984); State Dept. of

Highways v. Connes, 711 P.2d 805 (Mont. 1985); State Dept.

of Transportation & Development v. Estate of Clark, 432

So.2d 405, 408 (La. App. 1983).

C. Wright, A. Miller, R.

Marcus, Federal Practice and Procedure, West Pub., 1997,

vol. 12, sec. 3054, pág. 261.

(“The payment of estimated

compensation into the court with a condemnation proceeding

is

nothing

more

than

compliance

with

the

constitutional

right of the landowner.”)

La justa compensación a que tiene derecho el dueño del

predio expropiado es “el valor en el mercado de la finca,

sin tomar en consideración las cargas reales o gravámenes

que

afecten

Nerashford,

a

la

finca.”

ante,

pág.

Administración

807.

de

(Énfasis

Terrenos

v.

nuestro.)

En

Nerashford, expresamente adoptamos el método de “valor en

el

mercado”

-–conocido

como

“undivided

fee

rule”—-

para

14

CC-2004-241

fijar el justo valor. 7

Se considera justa una compensación

que refleje el valor en el mercado de la finca, libre ésta

de cargas o gravámenes.

ELA v. Fonalledas Córdova, ante,

pág. 579; ELA v. Sucesión de Felipe Gautier, 81 D.P.R. 580

(1959);

Pueblo

v.

Véase

además,

4

págs.

12.02-12.32;

García

Nichols

R.

Chávez,

on

66

D.P.R.

504

(1946).

Eminent

Domain,

sec.

12.01,

Epstein,

Private

Property

and

the

Power of Eminent Domain, Harvard U. Press, 1985, págs. 18283.8

Por

lo

hipotecarios

tanto,

en

que

pesan

esa

determinación,

sobre

la

finca

inconsecuentes o exógenos al cálculo.

los

gravámenes

son

elementos

Un tribunal por lo

tanto, al pasar juicio sobre la suficiencia de la cantidad

consignada

por

el

Estado

como

justo

valor,

no

deberá

considerar los gravámenes que pesan sobre la misma.

Ello

responde al principio fundamental de que la compensación

que el Estado paga es por la finca expropiada, no por los

diferentes intereses que pesan sobre ella.

Pueblo v. 632

Metros Cuadrados de Terreno, ante, pág. 945; Olivero v.

Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301, 306 (1978); E.L.A.

7

Ya en Pueblo v. Huyke, 70 D.P.R. 754, 757 (1950) habíamos

indicado que el valor de la finca expropiada era “el precio

que un comprador en una venta no forzada estaría dispuesto a

pagar y aquel en que un vendedor en las mismas circunstancia,

estaría dispuesto a vender, consideradas las condiciones en

que se halle el terreno en la fecha de la expropiación, y el

uso más productivo a que el dueño pudiere dedicarlo dentro de

un futuro razonable cercano.”

8

Véase además, Bailey v. United States, 325 F.2d 571 (1st

Cir. 1963); United States v. Katz, 213 F.2d 799 (1st Cir.

1954); United States v. Ham, 187 F.2d 265 (8th Cir. 1951);

St. Joe Paper Co. v. United States, 155 F.2d 93 (5th Cir.

1946) United States v. 12 Tracts of Land, 268 F. Supp. 125

(D.C. N.D. 1967).

CC-2004-241

15

v. Sociedad Protectora, 100 D.P.R. 844, 849 (1972).

4

Nichols on Eminent Domain, sec. 12D.02[4], pág. 12D-69.

No

obstante

lo

anterior,

los

derechos

del

acreedor

hipotecario en un proceso de expropiación forzosa no están

desprovistos

de

protección,

pues

como

ya

señalamos,

al

extinguirse las cargas que pesan sobre el inmueble, éstas

se convierten en un derecho sobre el fondo de compensación;

es decir, sobre el justo precio.

Rivera Rivera, op.cit;

Roca Satre, op. cit.; Protection of Morgagee’s Investment

When the Security is Condemned in New York, 36 Fordham L.

Rev. 586 (1968).

Por otro lado, cuando como en este caso, se expropia

solo una parte de la finca gravada con una hipoteca, 9 el

acreedor

hipotecario

podrá

reclamar

del

fondo

de

justa

compensación aquella cantidad en que se haya perjudicado su

garantía

y

el

gravamen

subsiste

sobre

el

remanente

del

terreno. 4 Nichols on Eminent Domain, sec. 12D.02[4], pág.

12D-72; Swanson v. United States, ante.

El acreedor puede

satisfacer del fondo de justa compensación solo la porción

de su lesión atribuible a la finca expropiada.10

9

Véase sobre este particular, 2 Nichols on Eminent Domain

sec.

5.03[6][c],

Tercera

Edición,

págs.

5.156-5.164;

Teague, Condemnation of Mortgaged Property, 44 Texas L.

Rev. 1535 (1966); Huffaker, The Mortgagee’s Interest in the

Condemnation Award for a Partial Taking of the Mortgaged

Property, 4 Texas Tech. L. Rev. 405 (1972).

10

El acreedor hipotecario no puede pretender, que ha de

recibir la totalidad del fondo de compensación, así como

también, obtener el importe total del proceso de ejecución

de hipoteca instado sobre el remanente de la propiedad,

salvo claro está, que demuestre que ello es necesario para

cubrir la totalidad de la deuda.

16

CC-2004-241

La norma anterior es consecuente con el principio de

indivisibilidad

de

la

hipoteca,

hipoteca

subsiste

íntegra

bienes

que

conserven,

se

desaparecido.

sec. 2569.

el

sobre

cual

postula

que

la

cualquier

parte

de

los

aunque

el

restante

haya

Art. 173 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.

Véase también, Rivera Rivera, op. cit, págs.

490-494.

La finalidad de la hipoteca es garantizar o asegurar

la

satisfacción

realización

de

del

un

valor

crédito

del

dinerario

bien

dado

mediante

en

la

hipoteca.

Desaparecida la hipoteca por motivo de la expropiación del

bien

dado

en

hipoteca,

esa

garantía

real

se

convierte,

mediante subrogación real, en un interés sobre el fondo de

compensación.

satisfacer

Si

la

el

totalidad

fondo

resulta

del

crédito,

insuficiente

para

el

tiene

acreedor

derecho a reclamar el balance de su acreencia a través de

los procedimientos legales correspondientes.

Cabe apuntar,

finalmente, que aun cuando el procedimiento de expropiación

forzosa afecta la garantía real del acreedor hipotecario,

lo cierto es que no afecta su acreencia, la cual permanece

incólume.

IV

Conforme lo antes expuesto y aplicando la normativa

discutida a los hechos de este caso, es incuestionable que

el Banco Popular, como acreedor hipotecario del inmueble

expropiado,

tenía

que

expropiación

forzosa

ser

instado

notificado

por

la

del

proceso

Autoridad.

de

Su

17

CC-2004-241

participación en el proceso de expropiación se extiende,

exclusivamente, a reclamar del fondo de justa compensación

la parte proporcional que le corresponda como resultado de

la

lesión

sufrida

en

su

Ello,

en

virtud

expropiación.

garantía,

de

que

luego

la

de

la

expropiación

conllevó la extinción de la garantía real que gravaba el

inmueble

y,

mediante

subrogación

real,

el

gravamen

del

Banco se transfirió al fondo de justa compensación.

Resolvemos por lo tanto, que el Banco como acreedor

hipotecario

Autoridad

no

tiene

el

monto

derecho

a

consignado

litigar

por

ésta

frente

como

a

la

justa

compensación.

Ese es un derecho que le corresponde al

titular

dominio

del

del

inmueble

expropiado.

La

participación del Banco se circunscribe, como indicamos, a

reclamar del fondo de compensación hasta el monto de la

lesión sufrida por su garantía y no más.

Lesión que deberá

quedar establecida ante el foro de instancia antes de éste

autorizar cualquier desembolso del fondo de compensación.11

Por lo tanto, la orden dictada originalmente por el

Tribunal de Primera Instancia en ese sentido fue correcta,

por

lo

que

la

determinación

en

contrario

el

tribunal

apelativo intermedio debe ser revocada.

11

Según se desprende del expediente, en la vista celebrada

el 27 de agosto de 2002, la representación legal de la

Autoridad de Carreteras y Transportación argumentó ante el

tribunal que el remanente de la parcela expropiada era

suficiente para garantizar la acreencia de Banco Popular.

Si se logra probar ese hecho por preponderancia de prueba,

al Banco Popular no le corresponde recobrar porción alguna

del fondo de compensación, ya que su garantía no fue

lesionada por la expropiación.

18

CC-2004-241

Ciertamente

garantía

no

acreencia;

como

supone

indicamos

la

ya,

la

extinción

de

la

desaparición

o

extinción

de

la

el Banco siempre tendrá a su disposición todos

los mecanismos disponibles para reclamar de sus deudores el

monto total de la deuda que éstos tienen para consigo, si

es

que

la

cantidad

que

le

corresponda

de

la

justa

compensación, si alguna, resulte insuficiente a la luz de

la lesión sufrida por la garantía.

Por su parte, la Autoridad sólo tiene la obligación de

depositar la justa compensación, correspondiente al valor

en

el

mercado

de

la

propiedad

expropiada

estuviera libre de cargas y gravámenes.

como

si

ésta

Dicha cantidad

entonces se debe distribuir entre los dueños registrales

–-los esposos Cardona Figueroa y Aquino Vega-- y las partes

con interés en proporción a sus respectivos intereses.

En

este proceso las partes pueden levantar todos los reclamos

que entiendan les asisten sobre el fondo de compensación.

V

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión

que

antecede, en la cual se hace formar parte integral de la

presente,

se

dicta

Sentencia

revocatoria

emitida

por

el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que continúen los procedimientos

acorde con lo aquí resuelto.

19

CC-2004-241

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico,

Representada por el Honorable

Secretario de Transportación

y Obras Públicas

Peticionario

v.

CC-2004-241

Adquisición de 780.6141 metros

cuadrados de Terreno, etc.

Wilfredo Cardona Figueroa y

Otros

Parte con interés

Banco Popular de Puerto Rico

Interventor

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria emitida por el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúen los procedimientos

acorde con lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo