Tribunal Supremo de Puerto Rico
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Representada por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de Terreno, etc. Wilfredo Cardona Figueroa y Otros Banco Popular de Puerto Rico
2005 TSPR 92
Poder Judicial de Puerto Rico
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Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Representada por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de Terreno, etc. Wilfredo Cardona Figueroa y Otros Banco Popular de Puerto Rico
CC-2004-0241
28 de junio de 2005 · Expropiaciones: Acreedor hipotecario no tiene derecho a litigar la justa compensación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico,
Representada por el Honorable
Secretario de Transportación
y Obras Públicas
Certiorari
2005 TSPR 92
Peticionario
v.
164 DPR ____
Adquisición de 780.6141 metros
Cuadrados de Terreno, etc.
Wilfredo Cardona Figueroa y
Otros
Parte con interés
Banco Popular de Puerto Rico
Interventor
Número del Caso: CC-2004-241
Fecha: 28 junio 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez,
Juez Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle.
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rubén E. Alayon del Valle
Abogado del Banco Popular de Puerto Rico:
Lcdo. Fernando J. Valderrábano
Materia: Expropiación Forzosa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico,
Representada por el Honorable
Secretario de Transportación
y Obras Públicas
Peticionario
v.
CC-2004-241
Adquisición de 780.6141 metros
cuadrados de Terreno, etc.
Wilfredo Cardona Figueroa y
Otros
Parte con interés
Banco Popular de Puerto Rico
Interventor
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2005.
El
presente
acreedor
sobre
recurso
hipotecario,
expropiación
nos
--parte
permite
con
forzosa--,
resolver
interés
tiene
en
si
un
una
acción
a
litigar
derecho
frente al Estado la cantidad consignada en el tribunal como
justa compensación.
Contestamos en la negativa.
El acreedor hipotecario, tan solo puede recobrar del
fondo
de
compensación
aquella
parte
en
que
se
haya
lesionado o afectado su interés en la propiedad expropiada.
Por lo que el titular de un derecho de garantía real sobre
un inmueble expropiado, solo tiene derecho a ser citado y
oído para que reclame del fondo de compensación la parte
2
CC-2004-241
correspondiente
a
su
acreencia,
si
hubiera
lesión
a
la
garantía del crédito.
I
El 28 de marzo de 2000, la Autoridad de Carreteras y
Transportación
ante
el
de
Tribunal
Puerto
de
Rico
Primera
(“la
Autoridad”)
Instancia
una
presentó
petición
de
expropiación forzosa sobre un predio de terreno sito en
Arroyo, con cabida de 780.6141 metros cuadrados.
Dicho
terreno fue expropiado con el propósito de realizar mejoras
a la Carretera Núm. 3 que transcurre de Guayama a Patillas.
La
parcela
expropiada
se
segregó
de
una
finca
principal radicada en el Barrio Ancones de Arroyo con una
cabida de 2,000 metros cuadrados, inscrita en el Registro
de la Propiedad a favor de los esposos Wilfredo Cardona
Figueroa y Elba Aquino Vega. 1
Como justa compensación, la
Autoridad consignó en el tribunal la cantidad de $97,207.
Se incluyeron en la demanda, como partes con interés, a los
dueños de la finca así como a los deudores hipotecarios.
El 14 de abril de 2000, el foro de instancia emitió
una Resolución en la que traspasó a la Autoridad el título
de dominio absoluto sobre la propiedad en controversia.
1
Este inmueble consta inscrito en el Registro de la
Propiedad de Arroyo, Sección de Guayama, Finca Núm. 1439,
al folio 206 del Tomo 52. Su descripción es la siguiente:
RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio
Ancones de Arroyo, compuesta de una cabida de
2,000.00 metros cuadrados, en colindancias por
el: NORTE y OESTE: en 50.00 y 40.00 metros
respectivamente, con la finca principal de la
cual se segrega, por el SUR, en 50 metros, con la
parcela “B” dedicada a uso público que la separa
de la Carretera Estatal #3 y por el ESTE: en
40.00 metros con un camino vecinal.
3
CC-2004-241
El Banco Popular de Puerto Rico (“Banco Popular” o
expropiada, 2
“Banco”),
acreedor
hipotecario
de
la
finca
presentó
el
agosto
2000
su
contestación
15
de
de
petición de expropiación.
a
la
En la misma, negó que la suma
consignada por la Autoridad fuese una compensación justa y
razonable para la adquisición de la propiedad.
Además,
adujo tener derecho a recibir intereses sobre la diferencia
entre la cantidad consignada y la que en su día determinase
el tribunal como justa compensación.
Así las cosas, el 30 de noviembre de 2000, el tribunal
de instancia dictó una orden en la que expresó: “nada que
proveer por el momento en cuanto al derecho del acreedor
hipotecario”. 3
tribunal
Un año más tarde, en noviembre de 2001, el
señaló
una
vista
sobre
el
estado
procedimientos para el 19 de febrero de 2002.
apercibió
a
las
partes
que
respectivos
representantes
informes
valoración
de
del
debían
legales,
referido
los
El tribunal
comparecer
peritos
de
con
sus
tasadores
terreno.
A
e
tales
efectos, el Banco Popular sometió una moción en la cual
informó al tribunal que se encontraba haciendo gestiones
para
contratar
un
perito
cumplir con su orden.
tasador
con
el
propósito
de
El dueño registral no compareció al
tribunal a impugnar la justa compensación.
2
La finca principal de donde se segregó la parcela
expropiada, estaba gravada por dos hipotecas: una, por la
cantidad de $425,000, con intereses al 8.75% anual, en
garantía de pagaré a favor de Banco Popular de Puerto Rico;
y, la segunda por la suma de $100,000, con intereses al 8%
anual, en garantía de pagaré a favor de Ford Motor Credit
Company of Puerto Rico.
3
Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 135.
4
CC-2004-241
En
esta
ocasión,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
mediante orden de 16 de enero de 2002, le informó al Banco
que su derecho en este pleito se limitaba a reclamar del
fondo
de
compensación
acreencia.
la
parte
proporcional
de
su
Añadió que no tenía que contratar un perito
para litigar el asunto de la compensación, pues ese derecho
es inherente del titular de la propiedad -–en este caso los
señores Cardona Figueroa y Aquino Vega-- y no del acreedor
hipotecario.
A
modo
de
reconsideración,
el
Banco
presentó
una
moción en la cual alegó que sostuvo conversaciones con el
dueño de la propiedad Cardona Figueroa y que éste le había
expresado
su
litigio.
Explicó
ante
el
Capítulo
total
desinterés
en
que
Figueroa
había
petición
para
acogerse
al
había
obtenido
un
Cardona
comparecer
tribunal
federal
una
7
Ley
Quiebras
de
la
de
y
al
presente
presentado
descargo de deuda conforme permite la legislación federal
de quiebras.
Asimismo, le informó al tribunal que había
radicado
acción
una
en
cobro
de
dinero
contra
Cardona
Figueroa y otros, en la que solicitaba la ejecución de la
hipoteca que gravaba el bien expropiado.
Por todo lo cual,
Banco Popular entendió que poseía legitimación activa para
presentar
prueba
en
inmueble
o,
la
en
torno
al
valor
alternativa,
en
el
invocó
mercado
la
del
doctrina
constitucional que confiere legitimación activa a favor de
terceros.
5
CC-2004-241
Luego
de
varios
trámites
procesales
que
no
es
necesario comentar, el 14 de febrero de 2002, el tribunal
de instancia emitió una orden en la que dispuso en parte:
“[e]l acreedor no puede convertirse en titular registral .
. . [t]iene derecho a ser citado y oído para que reclame
del
fondo
de
compensación
la
parte
proporcional
de
sus
acreencias, si hubiera lesión en la garantía de créditos.” 4
Posteriormente, el 15 de marzo de 2002, el tribunal dejó
sin efecto su determinación inicial y permitió al Banco
Popular litigar la justa compensación para cubrir el monto
de su acreencia.
El
4
de
junio
de
2002,
la
Autoridad
reconsideración de la anterior determinación.
solicitó
la
Alegó que el
Banco Popular era un mero acreedor cuyo derecho se limitaba
a
cobrar
su
acreencia
del
fondo
de
compensación.
En
oposición a la moción de reconsideración, el Banco Popular
argumentó que la misma fue tardía y solicitó una vista
evidenciaria
con
el
propósito
compensación
del
inmueble
de
determinar
expropiado.
la
justa
Finalmente,
el
Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto su orden de
15 de marzo de 2002 y mantuvo vigente la orden original que
impedía al Banco Popular litigar la cuantía consignada como
justa compensación.
El tribunal finalmente dictó sentencia
en la que declaró la cantidad consignada por la Autoridad
como la justa compensación por la expropiación del terreno.
4
Véase apéndice del recurso de certiorari, pág. 163.
6
CC-2004-241
Ante
esta
última
determinación,
el
Banco
Popular
recurrió al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El tribunal apelativo intermedio concluyó que el foro de
instancia erró al negarle el derecho a ser oído al Banco
Popular y determinó que dicha parte tenía derecho a litigar
el valor de la suma consignada como justa compensación por
la
parcela
intermedio
de
terreno
indicó,
expropiada.
El
específicamente,
que
foro
el
apelativo
Banco
tenía
derecho a “litigar la valoración del inmueble expropiado,
hasta el monto de su acreencia, para propósitos de la justa
compensación.”5
Señaló también lo siguiente:
Por otro lado, debemos señalar que, según el
expediente del caso, el predio expropiado por la
Autoridad de Carreteras tiene una cabida de
780.6141
metros
cuadrados,
mientras
que
la
propiedad de los esposos Cardona Aquino, de la
cual se segregó el referido predio con fines de
expropiación, tenía una cabida de 2,000 metros
cuadrados.
En vista de que el solar expropiado
formaba parte de uno de mayor cabida, el Tribunal
de Primera Instancia debe determinar qué efecto,
si alguno, tuvo en el valor del remanente de la
finca el hecho de la expropiación y, para ello,
el Banco Popular podrá expresarse y presentar
prueba a éstos (sic) efectos. Además, el foro a
quo debe tener en cuenta que el monto de la
acreencia del Banco Popular en la finca de mayor
cabida ascendía a $425,000 según el asiento del
Registro de la Propiedad del 28 de junio de 1985.6
(Énfasis nuestro.)
Inconforme,
la
Autoridad
presentó
un
recurso
de
certiorari ante nosotros, en el que señaló la comisión de
los siguientes errores:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan
5
Véase apéndice a recurso de certiorari, pág. 23.
6
Íbid.
7
CC-2004-241
decretando que la justa
terreno
expropiado
es
$97,207.00.
compensación por el
la
cantidad
(sic)
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
decretar que el acreedor tiene derecho a litigar
la justa compensación en contravención a las
disposiciones de la ley de expropiación forzosa y
la jurisprudencia interpretativa del Honorable
Tribunal Supremo.
Inicialmente
denegamos
la
expedición
del
recurso
presentado; mas, en reconsideración, dictamos una orden de
mostrar causa de por qué no se debía expedir el auto y
revocar
la
determinación
del
tribunal
apelativo.
Ambas
partes han comparecido y estando en posición de resolver lo
hacemos conforme intimamos.
II
Por
estar
mencionados
los
íntimamente
mismos
se
ligados
los
errores
antes
discutirán
en
conjunto.
La
controversia medular del caso de epígrafe, requiere que se
determine si el acreedor hipotecario puede litigar frente
al
Estado
la
cantidad
consignada
por
éste
como
justa
compensación en un proceso de expropiación forzosa, en una
especie de subrogación en los derechos del dueño de la
propiedad expropiada.
Reiteradamente
Veamos.
hemos
expresado
que
el
poder
de
expropiación del Estado es un atributo inherente a su poder
soberano y como tal, de superior jerarquía a todos los
derechos de propiedad.
ELA v. Registrador, 111 D.P.R. 117
(1981); ELA v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 536 (1967); Pueblo v.
632
Metros
Cuadrados
de
Terreno,
74
D.P.R.
961
Autoridad sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54
(1953);
(1948);
8
CC-2004-241
McCormick v. Marrero, 64 D.P.R. 260 (1944).
Esta facultad
soberana
de
exige
para
su
ejercicio
el
pago
la
justa
compensación y, que el proceso se lleve a cabo conforme
dispone la Ley de Expropiación Forzosa de 1903, 32 L.P.R.A.
secs. 2901 et seq.
Véase, Art. II, Sec. 9 Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Art. 282 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1113.
Véase además, E. Freund, The
Police
and
Power,
Public
Policy
Cosntitutional
Rights,
Callaghan & Co., Chicago, 1904, pág. 541.
El procedimiento de expropiación es uno de naturaleza
civil
y
aparece
Expropiación
descrito
Forzosa
y
detalladamente
en
la
Ley
de
Regla
las
Reglas
de
la
58
de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
El procedimiento
se inicia mediante la presentación de la correspondiente
demanda la cual “podrá ir dirigida contra los dueños de la
propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con
derecho
o
interés
sobre
la
misma;
contra la propiedad en sí.”
o
podrá
ir
dirigida
32 L.P.R.A. sec. 2905; Regla
58.3 de las de Procedimiento Civil; ELA v. Registrador,
ante.
Las partes con interés se notifican, “a los fines
del derecho que puedan tener a la compensación que se fije
por el valor de la propiedad expropiada. . .”
sec. 2905.
La
32 L.P.R.A.
(Énfasis nuestro.)
notificación
a
la
parte
con
interés
se
da
en
función, y para propósitos de, que éstas puedan recuperar
del
fondo
interés
de
que
compensación
tengan
sobre
la
porción
el
bien
correspondiente
expropiado.
Así
al
por
9
CC-2004-241
ejemplo se ha señalado lo siguiente:
“All persons who have
or claim any interest in the deposit should be served with
the
motion
and
have
an
opportunity
to
be
heard
on
the
matter of equitable distribution of the deposit.” Dolan,
New Federal Procedure in Condemnation Actions, 39 Va. L
Rev. 1071, 1079 (1953) (énfasis nuestro.)
Véase además,
Teague,
44
Condemnation
Rev. 1535 (1966).
of
Mortgaged
Property,
Texas
L.
El interés particular que posea una
persona o un acreedor, sin embargo, no lo faculta a exigir
que
la
compensación
consignada
sea
suficiente
para
satisfacer el monto total de ese interés o de su crédito.
Véase discusión, infra.
Una
vez
presentada
la
declaración
de
adquisición
y
consignado el importe estimado como justa compensación, “el
gobierno
es
investido
del
título”
sobre
la
propiedad.
Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terrenos, ante, pág. 97071.
El título que se adquiere no es uno derivado del dueño
anterior
sino
que
es
un
título
nuevo,
independiente
absoluto; el cual dimana de la facultad del soberano.
El
ejercicio
del
poder
de
expropiación
forzosa
y
Id.
extingue
todos los derechos anteriores sobre la propiedad.
Habida cuenta de lo anterior, la inscripción que se
haga del dominio a favor del Estado se hará libre de todo
gravamen.
Los gravámenes que afecten la propiedad, previo
a su expropiación, “se transfieren al fondo estimado para
la justa compensación, el cual sustituye al inmueble en lo
que respecta a las reclamaciones del dueño anterior y de
10
CC-2004-241
los acreedores, . . ., y dicha indemnización se extiende a
la hipoteca”, por lo menos hasta el límite del gravamen.
ELA v. Registrador, ante, pág. 120.
(Énfasis nuestro.)
El Artículo 161-2° de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.
sec.
2557,
extiende
precisamente
a
las
reconoce
indemnizaciones
que
la
concedidas
hipoteca
se
debidas
al
o
propietario por expropiación forzosa del bien hipotecado.
Efectuándose así la subrogación real, al quedar sustituido
el inmueble por el fondo de justa compensación.
Rivera,
Derecho
Inmobiliario
Registral
L. Rivera
Puertorriqueño,
Jurídica Editores, 2000, 2da ed., pág. 546; R. Roca Sastre,
L.
Roca-Satre
Barcelona,
Muncunill,
Tomo
expropiación
V,
8va.
extingue
anteriores
sobre
convierten,
.
el
.
Derecho
Ed.,
.
1997,
todas
bien
Hipotecario,
las
págs.
cargas
expropiado,
en
derechos
Ed.
Bosh,
278-79
(“la
y
los
derechos
cuales
sobre
el
precio.”)(Énfasis en original, énfasis nuestro.)
y
López,
V.
Martés
Penadés,
Derechos
Reales
se
justo
A. López
y
Derecho
Inmobiliario Registral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994,
pág. 724 (“en estos supuestos la garantía real inmobiliaria
se transforma en una garantía real (pignoraticia) sobre el
importe
de
las
indemnizaciones
debidas
o
concedidas
al
propietario. . .”)
Así,
el
dueño
en
pleno
dominio
y
las
partes
con
interés sobre el bien expropiado, incluyendo claro está el
acreedor hipotecario, “recobran de dicha compensación el
mismo
interés
proporcional
que
tenían
en
la
propiedad
11
CC-2004-241
expropiada, por lo que éstos tienen entre sí unos derechos
respecto
la
justa
compensación.”
Pueblo
v.
McCormick,
ante, pág. 946; Roca Sastre, op. cit., pág. 279.
En este
proceso las partes con interés, incluyendo el dueño de la
propiedad,
tienen
la
oportunidad
de
ser
oídos
por
el
tribunal en relación a sus respectivas reclamaciones contra
el fondo.
(1944).
Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 137-38
Le corresponderá al tribunal hacer la distribución
correspondiente adjudicando los derechos que a cada cual le
correspondan en la cantidad depositada.
Administración de
Terrenos
D.P.R.
v.
Nerashford
Dev.
Corp.,
136
801,
811
(1994).
Las partes con interés no tienen un derecho de crédito
frente al Estado y éste “no está obligado a pagarle a cada
parte
interesada
la
porción
compensación depositada.”
que
Íbid.
le
corresponde
de
la
Solamente y en ocasión de
incumplir con su obligación de hacer un esfuerzo razonable
por incluir en el pleito a todas las partes con interés
legítimo sobre el inmueble expropiado, es “que surgiría una
obligación directa del Estado hacia la parte no incluida y,
aun así, dicha obligación sería subsidiaria a la que tienen
el
resto
olvidada.”
de
las
partes
compensadas
Íbid, pág., 811 n. 6.
interés
como
tal
pagada
a
varios
los
en
la
Cuadrados de Terreno, ante, pág. 971.
la
parte
El “gobierno no tiene
distribución
reclamantes.”
hacia
de
Pueblo
la
v.
compensación
632
Metros
12
CC-2004-241
III
La Ley de Expropiación Forzosa y la Regla 58 de las de
Procedimiento
Civil,
hemos
que
visto,
32
L.P.R.A.
inicie
un
Ap.
III,
exigen,
como
procedimiento
judicial
para
expropiar o adquirir cualquier propiedad para uso público y
que
pague
el
Estado
una
justa
compensación.
En
ese
procedimiento, es el titular del dominio quien tiene el
derecho
a
formular
sus
defensas
y
objeciones
tanto
al
carácter público del uso a que se destinará la propiedad,
como
a
Estado
la
Libre
(1962).
cuantía
Asociado
Véase
declarada
v.
además,
como
Fonalledas,
J.
Cuevas
justa
compensación.
84
573,
579
Tratado
de
D.P.R
Segarra,
Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2000, tomo II,
pág. 1082.
Cuando se cuestione la cantidad depositada como justo
precio, el “dueño,. . ., aunque nominalmente aparezca como
demandado, ocupa en realidad la posición de demandante, y
como
tal debe probar su derecho a recobrar una cantidad
mayor que la consignada . . . como valor de la propiedad y
de
los
daños.”
(1946).
Pueblo
v.
(Énfasis nuestro.)
Cuevas,
66
D.P.R.
505,
508
Es al dueño de la propiedad a
quien le incumbe entonces cuestionar la cantidad depositada
como
justa
compensación
y
presentar
la
evidencia
correspondiente sobre el valor en el mercado del inmueble
expropiado.
1,
11
E.g., Martínez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R.
(1962);
Canino
v.
Tribunal
de
Expropiaciones,
70
13
CC-2004-241
D.P.R. 152 (1949).
En igual sentido, Ralph v. Hazen, 93
F.2d 68, 70 (D.C. Cir. 1937)(“It should be remembered that
the
burden of proving value in condemnation proceedings is
upon the property owner”); U.S. v. 69.1 Acres of Land, 942
F.2d 290, 292 (4th Cir. 1991); U.S. v. 40.0 Acres of Land,
175 F.3d 1133, 1140 (9th Cir.).
En los estados véase,
Albahary
2004);
v.
City
of
Bristol,
853
A.2d
577,
585
(Conn.
Dents
Lake
v.
Davis,
480
N.W.2d
720,
725
(N.D.
1992); Conner v. Board of County Comm’rs, 54 P.3d 1274,
1284
(Wyo.
2002);
Sierra
Vista
v.
Cochise
Enterprises,
Inc., 697 P.2d 1125 (Ariz. Ct. App. 1984); State Dept. of
Highways v. Connes, 711 P.2d 805 (Mont. 1985); State Dept.
of Transportation & Development v. Estate of Clark, 432
So.2d 405, 408 (La. App. 1983).
C. Wright, A. Miller, R.
Marcus, Federal Practice and Procedure, West Pub., 1997,
vol. 12, sec. 3054, pág. 261.
(“The payment of estimated
compensation into the court with a condemnation proceeding
is
nothing
more
than
compliance
with
the
constitutional
right of the landowner.”)
La justa compensación a que tiene derecho el dueño del
predio expropiado es “el valor en el mercado de la finca,
sin tomar en consideración las cargas reales o gravámenes
que
afecten
Nerashford,
a
la
finca.”
ante,
pág.
Administración
807.
de
(Énfasis
Terrenos
v.
nuestro.)
En
Nerashford, expresamente adoptamos el método de “valor en
el
mercado”
-–conocido
como
“undivided
fee
rule”—-
para
14
CC-2004-241
fijar el justo valor. 7
Se considera justa una compensación
que refleje el valor en el mercado de la finca, libre ésta
de cargas o gravámenes.
ELA v. Fonalledas Córdova, ante,
pág. 579; ELA v. Sucesión de Felipe Gautier, 81 D.P.R. 580
(1959);
Pueblo
v.
Véase
además,
4
págs.
12.02-12.32;
García
Nichols
R.
Chávez,
on
66
D.P.R.
504
(1946).
Eminent
Domain,
sec.
12.01,
Epstein,
Private
Property
and
the
Power of Eminent Domain, Harvard U. Press, 1985, págs. 18283.8
Por
lo
hipotecarios
tanto,
en
que
pesan
esa
determinación,
sobre
la
finca
inconsecuentes o exógenos al cálculo.
los
gravámenes
son
elementos
Un tribunal por lo
tanto, al pasar juicio sobre la suficiencia de la cantidad
consignada
por
el
Estado
como
justo
valor,
no
deberá
considerar los gravámenes que pesan sobre la misma.
Ello
responde al principio fundamental de que la compensación
que el Estado paga es por la finca expropiada, no por los
diferentes intereses que pesan sobre ella.
Pueblo v. 632
Metros Cuadrados de Terreno, ante, pág. 945; Olivero v.
Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301, 306 (1978); E.L.A.
7
Ya en Pueblo v. Huyke, 70 D.P.R. 754, 757 (1950) habíamos
indicado que el valor de la finca expropiada era “el precio
que un comprador en una venta no forzada estaría dispuesto a
pagar y aquel en que un vendedor en las mismas circunstancia,
estaría dispuesto a vender, consideradas las condiciones en
que se halle el terreno en la fecha de la expropiación, y el
uso más productivo a que el dueño pudiere dedicarlo dentro de
un futuro razonable cercano.”
8
Véase además, Bailey v. United States, 325 F.2d 571 (1st
Cir. 1963); United States v. Katz, 213 F.2d 799 (1st Cir.
1954); United States v. Ham, 187 F.2d 265 (8th Cir. 1951);
St. Joe Paper Co. v. United States, 155 F.2d 93 (5th Cir.
1946) United States v. 12 Tracts of Land, 268 F. Supp. 125
(D.C. N.D. 1967).
CC-2004-241
15
v. Sociedad Protectora, 100 D.P.R. 844, 849 (1972).
4
Nichols on Eminent Domain, sec. 12D.02[4], pág. 12D-69.
No
obstante
lo
anterior,
los
derechos
del
acreedor
hipotecario en un proceso de expropiación forzosa no están
desprovistos
de
protección,
pues
como
ya
señalamos,
al
extinguirse las cargas que pesan sobre el inmueble, éstas
se convierten en un derecho sobre el fondo de compensación;
es decir, sobre el justo precio.
Rivera Rivera, op.cit;
Roca Satre, op. cit.; Protection of Morgagee’s Investment
When the Security is Condemned in New York, 36 Fordham L.
Rev. 586 (1968).
Por otro lado, cuando como en este caso, se expropia
solo una parte de la finca gravada con una hipoteca, 9 el
acreedor
hipotecario
podrá
reclamar
del
fondo
de
justa
compensación aquella cantidad en que se haya perjudicado su
garantía
y
el
gravamen
subsiste
sobre
el
remanente
del
terreno. 4 Nichols on Eminent Domain, sec. 12D.02[4], pág.
12D-72; Swanson v. United States, ante.
El acreedor puede
satisfacer del fondo de justa compensación solo la porción
de su lesión atribuible a la finca expropiada.10
9
Véase sobre este particular, 2 Nichols on Eminent Domain
sec.
5.03[6][c],
Tercera
Edición,
págs.
5.156-5.164;
Teague, Condemnation of Mortgaged Property, 44 Texas L.
Rev. 1535 (1966); Huffaker, The Mortgagee’s Interest in the
Condemnation Award for a Partial Taking of the Mortgaged
Property, 4 Texas Tech. L. Rev. 405 (1972).
10
El acreedor hipotecario no puede pretender, que ha de
recibir la totalidad del fondo de compensación, así como
también, obtener el importe total del proceso de ejecución
de hipoteca instado sobre el remanente de la propiedad,
salvo claro está, que demuestre que ello es necesario para
cubrir la totalidad de la deuda.
16
CC-2004-241
La norma anterior es consecuente con el principio de
indivisibilidad
de
la
hipoteca,
hipoteca
subsiste
íntegra
bienes
que
conserven,
se
desaparecido.
sec. 2569.
el
sobre
cual
postula
que
la
cualquier
parte
de
los
aunque
el
restante
haya
Art. 173 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A.
Véase también, Rivera Rivera, op. cit, págs.
490-494.
La finalidad de la hipoteca es garantizar o asegurar
la
satisfacción
realización
de
del
un
valor
crédito
del
dinerario
bien
dado
mediante
en
la
hipoteca.
Desaparecida la hipoteca por motivo de la expropiación del
bien
dado
en
hipoteca,
esa
garantía
real
se
convierte,
mediante subrogación real, en un interés sobre el fondo de
compensación.
satisfacer
Si
la
el
totalidad
fondo
resulta
del
crédito,
insuficiente
para
el
tiene
acreedor
derecho a reclamar el balance de su acreencia a través de
los procedimientos legales correspondientes.
Cabe apuntar,
finalmente, que aun cuando el procedimiento de expropiación
forzosa afecta la garantía real del acreedor hipotecario,
lo cierto es que no afecta su acreencia, la cual permanece
incólume.
IV
Conforme lo antes expuesto y aplicando la normativa
discutida a los hechos de este caso, es incuestionable que
el Banco Popular, como acreedor hipotecario del inmueble
expropiado,
tenía
que
expropiación
forzosa
ser
instado
notificado
por
la
del
proceso
Autoridad.
de
Su
17
CC-2004-241
participación en el proceso de expropiación se extiende,
exclusivamente, a reclamar del fondo de justa compensación
la parte proporcional que le corresponda como resultado de
la
lesión
sufrida
en
su
Ello,
en
virtud
expropiación.
garantía,
de
que
luego
la
de
la
expropiación
conllevó la extinción de la garantía real que gravaba el
inmueble
y,
mediante
subrogación
real,
el
gravamen
del
Banco se transfirió al fondo de justa compensación.
Resolvemos por lo tanto, que el Banco como acreedor
hipotecario
Autoridad
no
tiene
el
monto
derecho
a
consignado
litigar
por
ésta
frente
como
a
la
justa
compensación.
Ese es un derecho que le corresponde al
titular
dominio
del
del
inmueble
expropiado.
La
participación del Banco se circunscribe, como indicamos, a
reclamar del fondo de compensación hasta el monto de la
lesión sufrida por su garantía y no más.
Lesión que deberá
quedar establecida ante el foro de instancia antes de éste
autorizar cualquier desembolso del fondo de compensación.11
Por lo tanto, la orden dictada originalmente por el
Tribunal de Primera Instancia en ese sentido fue correcta,
por
lo
que
la
determinación
en
contrario
el
tribunal
apelativo intermedio debe ser revocada.
11
Según se desprende del expediente, en la vista celebrada
el 27 de agosto de 2002, la representación legal de la
Autoridad de Carreteras y Transportación argumentó ante el
tribunal que el remanente de la parcela expropiada era
suficiente para garantizar la acreencia de Banco Popular.
Si se logra probar ese hecho por preponderancia de prueba,
al Banco Popular no le corresponde recobrar porción alguna
del fondo de compensación, ya que su garantía no fue
lesionada por la expropiación.
18
CC-2004-241
Ciertamente
garantía
no
acreencia;
como
supone
indicamos
la
ya,
la
extinción
de
la
desaparición
o
extinción
de
la
el Banco siempre tendrá a su disposición todos
los mecanismos disponibles para reclamar de sus deudores el
monto total de la deuda que éstos tienen para consigo, si
es
que
la
cantidad
que
le
corresponda
de
la
justa
compensación, si alguna, resulte insuficiente a la luz de
la lesión sufrida por la garantía.
Por su parte, la Autoridad sólo tiene la obligación de
depositar la justa compensación, correspondiente al valor
en
el
mercado
de
la
propiedad
expropiada
estuviera libre de cargas y gravámenes.
como
si
ésta
Dicha cantidad
entonces se debe distribuir entre los dueños registrales
–-los esposos Cardona Figueroa y Aquino Vega-- y las partes
con interés en proporción a sus respectivos intereses.
En
este proceso las partes pueden levantar todos los reclamos
que entiendan les asisten sobre el fondo de compensación.
V
Por
los
fundamentos
expuestos
en
la
Opinión
que
antecede, en la cual se hace formar parte integral de la
presente,
se
dicta
Sentencia
revocatoria
emitida
por
el
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que continúen los procedimientos
acorde con lo aquí resuelto.
19
CC-2004-241
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico,
Representada por el Honorable
Secretario de Transportación
y Obras Públicas
Peticionario
v.
CC-2004-241
Adquisición de 780.6141 metros
cuadrados de Terreno, etc.
Wilfredo Cardona Figueroa y
Otros
Parte con interés
Banco Popular de Puerto Rico
Interventor
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria emitida por el
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúen los procedimientos
acorde con lo aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo