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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Héctor A. Costa del Moral

2005 TSPR 88

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In re: Héctor A. Costa del Moral

10 de junio de 2005 · Suspensión del ejercicio de la abogacía bajo la Regla 15(b)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 88

164 DPR ____

Héctor A. Costa del Moral

Número del Caso: TS-3078

Fecha: 10 de junio de 2005

Colegio de Abogados de Puerto Rico:

Lcdo. Israel Pacheco Acevedo

Secretario Ejecutivo

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el

20 de junio de 2005.)

día

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor A. Costa del Moral

TS-3078

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2005.

Ante la falta de pago por el Lcdo. Héctor A.

Costa del Moral de la prima de su fianza notarial, el

pasado 18 de febrero de 2005 emitimos una Resolución en

la que le concedimos un término de veinte (20) días para

mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del

ejercicio de la notaría.

Esa Resolución fue enviada al

abogado por correo certificado.

El Lcdo. Costa del Moral no contestó, por lo que el

31 de marzo de 2005 le concedimos un plazo final de diez

(10) días para cumplir con esa orden. Además, dispusimos

que

la

Resolución

notificación

se

llevara

a

de

esa

a

través

cabo

Oficina del Alguacil del Tribunal.

nueva

de

la

TS-3078

2

Dicha notificación personal se realizó el 21 de abril

de 2005.

Según consta del diligenciamiento, el Lcdo. Costa

del Moral fue localizado en una institución para pacientes

de

condiciones

Posteriormente,

que

por

afectan

sus

conducto

del

facultades

Alguacil

del

mentales.

Tribunal,

recibimos una misiva de un médico de dicha institución.

Ese doctor informa que el Lcdo. Costa del Moral en efecto

reside

en

la

institución

y

que

se

encuentra

bajo

tratamiento médico por razón de una condición permanente y

progresiva.

El médico concluye, entre otras cosas, que el

padecimiento del Lcdo. Costa del Moral le incapacita para

administrar sus bienes.

I.

En el ejercicio de nuestra función reguladora de la

profesión de la abogacía, y a tenor con nuestro Reglamento,1

en

ocasiones

nos

hemos

encontrado

ante

la

necesidad

de

suspender a algunos letrados por razón de su salud mental.

Al así actuar hemos buscado proteger al público de los

efectos nocivos de tener un representante legal que, por su

condición mental, no está capacitado para llevar a cabo su

labor competentemente.

La suspensión de un abogado en esas

circunstancias

abona

1

también

al

buen

funcionamiento

Regla 15(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA

Ap. XXI-A, que reza:

La

incapacidad

mental,

definida

como

una

condición mental o emocional tal que impida al (a

la) abogado (a) asumir competente y adecuadamente

la representación legal de sus clientes o que le

impida mantener el patrón de conducta profesional

que debe observar todo (a) abogado (a), será

causa de suspensión indefinida del (de la)

abogado(a) incapacitado (a).

de

TS-3078

3

nuestro sistema judicial y a los mejores intereses de la

clase togada en general.

A esos efectos, hemos expresado

que

a

cuando

incapacidad

se

suspende

mental,

dicha

un

abogado

separación

por

no

razón

de

constituye

un

desaforo, sino una medida de protección social.

In re:

Ángel M. Mundo Rodríguez, 146 DPR 639 (1998), In re: Carlos

J. Pérez Santiago, 144 DPR 376 (1997), In re: Rodríguez

Álvarez,

133

DPR

358

(1993),

In

re:

Miguel

A.

Suárez

Burgos, 108 DPR 1 (1978).

En atención a lo anterior, hemos suspendido a abogados

por razón de incapacidad mental cuando, por ejemplo, sufren

de

una

adicción

a

alguna

sustancia

controlada,

In

re:

Víctor Gómez Morales, 124 DPR 383 (1989), 2 o de desórdenes

psiquiátricos, In re: César A. Melecio Morales, 121 DPR 161

(1988), incluyendo esquizofrenia y otras condiciones, In

re: Luis Miranda Cruz, 116 DPR 709 (1985), ciertos tipos de

demencia, In re: Carlos Pérez Santiago, supra, y trastornos

depresivos causados por la dependencia alcohólica, In re:

Ángel Mundo Rodríguez, 131 DPR 713 (1992).

En la mayoría de las ocasiones en que, como medida de

protección social, nos vemos obligados a suspender a un

abogado

que

se

hacemos

luego

encuentra

de

llevar

incapacitado

a

cabo

mentalmente,

un

lo

procedimiento

disciplinario especial en el que un Comisionado Especial,

2

Reinstalado condicionalmente a la abogacía en In re: Gómez

Morales, 146 DPR 837 (1998).

Relevado de cumplir con las

condiciones y reinstalado a la notaría en In re: Gómez

Morales, 2003 TSPR 24, res. el 21 de febrero de 2003.

TS-3078

4

nombrado específicamente para esa tarea, recibe prueba de

un panel de psiquiatras que ha examinado al abogado en

cuestión.

Supremo,

Regla

4

LPRA

15

Ap.

(c)

del

XXI-A

R.

Reglamento

15. 3

En

del

esos

Tribunal

casos,

el

procedimiento se realiza como respuesta a una preocupación

sobre

la

capacidad

mental

contexto

de

procedimiento

conducta

desplegada

otro

por

del

el

abogado

que

surge

disciplinario

letrado

ante

los

o

en

el

de

la

tribunales.

Regla 15 (c) y (g) del Reglamento del Tribunal Supremo,

A modo de ejemplo, véanse, In re: César Melecio

supra.

Morales, supra, In re: Ángel Mundo Rodríguez, 131 DPR 713

(1992)

(resueltos

bajo

disposición

análoga

del

anterior

Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. I-A, derogado),

In re: Carlos Pérez Santiago, supra.

No obstante, ese trámite se vuelve innecesario cuando

la incapacidad mental del abogado queda acreditada por el

hecho de mediar declaración judicial de incapacidad, o por

estar recluido en un hospital u otro tipo de institución de

cuido

de

enfermos

mentales.

Así,

la

Regla

15

(b)

de

nuestro Reglamento, supra, dispone:

Si un(a) abogado(a) fuere declarado incapaz

judicialmente o fuere recluido(a) por incapacidad

en

una

institución

para

enfermos

mentales,

probado el hecho, el tribunal le suspenderá del

ejercicio de la profesión, mientras subsista su

enfermedad.

3

Tras escuchar la prueba pericial del panel de psiquiatras

sobre la salud mental del abogado, el Comisionado Especial

rinde un informe que utiliza este Tribunal para determinar

si procede la suspensión por razón de incapacidad mental.

Regla 15 del Tribunal Supremo, supra, incisos (c) y (g).

TS-3078

5

En In re: Víctor Manuel Gómez Vázquez, 145 DPR 382

(1998),

utilizamos

indefinidamente

a

un

esta

regla

abogado

que

para

suspender

llevaba

varios

años

padeciendo de Alzheimer y al que un tribunal competente

había declarado incapaz y le había nombrado tutor.

hecho

que

ya

mediaba

declaración

de

Ante el

incapacidad,

suspendimos al Lcdo. Gómez Vázquez sin necesidad de trámite

ulterior alguno.

Allí expresamos que “cuando la condición

mental, física o emocional de un abogado no le permite

ejercer cabal y adecuadamente todas las funciones y los

deberes propios de la práctica de la abogacía, es menester

suspender

indefinidamente

del

ejercicio

de

la

profesión

legal al letrado mientras subsista su incapacidad” (citando

a In re: Lanauze Ortiz, 114 DPR 682 (1983)).

II.

En este caso ha quedado debidamente probado que el

Lcdo. Héctor A. Costa del Moral reside en una institución

para el cuido de pacientes con condiciones que afectan sus

facultades mentales.

Fue allí donde el Alguacil de este

Tribunal lo localizó y pudo diligenciar nuestra Resolución

de 31 de marzo de 2005.

institución

se

ha

Además, un médico de la susodicha

comunicado

con

nosotros

y

nos

ha

confirmado por escrito que el abogado está recluido allí y

que está incapacitado.

Ante la realidad que el Lcdo. Héctor A. Costa del

Moral sufre de una condición que afecta su capacidad mental

y que se encuentra recluido por ello en una institución

TS-3078

6

para el cuido de ese tipo de padecimiento, corresponde, a

tenor con la Regla 15 (b) de nuestro Reglamento, supra,

suspender al abogado indefinidamente de la abogacía y la

notaría.

En

este

caso,

al

igual

que

en

los

antes

reseñados, la suspensión no debe considerarse un desaforo

sino una medida de protección social.

El

Alguacil

de

este

Tribunal

se

incautará

inmediatamente de la obra y sello notarial del Sr. Héctor

A. Costa del Moral para el trámite correspondiente por la

Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor A. Costa del Moral

TS-3078

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace

formar parte integral de la presente se dicta

sentencia decretando la suspensión indefinida de

la abogacía y la notaría de Héctor A. Costa del

Moral. La suspensión no debe considerarse un

desaforo sino una medida de protección social.

El Alguacil de este Tribunal se incautará

de inmediato de la obra y sello notarial de

Héctor A. Costa del Moral, luego de lo cual los

entregará a la Directora de la Oficina de

Inspección de Notarías.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

y

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo