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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Conducta impropia en el desempeño de la función judicial

2005 TSPR 87

Poder Judicial de Puerto Rico

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Conducta impropia en el desempeño de la función judicial

AD-2004-0001 AD-2004-0002

Jeannette González Acevedo Karen Pagán Pagán Juezas Municipales Tribunal de Primera Instancia Sala Municipal de Aguadilla

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 87

Jeannette González Acevedo

Karen Pagán Pagán

Juezas Municipales

Tribunal de Primera Instancia

Sala Municipal de Aguadilla

164 DPR ____

Número del Caso: AD-2004-1

AD-2004-2

Fecha: 20 de junio de 2005

Oficina de Administración de los Tribunales:

Lcda. Evangelina Valentín Ferrer

Abogados de las Partes Querelladas:

Lcdo. Guillermo Ramos Luiña

Lcda. Arytza Y. Martínez Rivera

Lcdo. Harry N. Padilla Martínez

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jeannette González Acevedo

Karen Pagán Pagán

Juezas Municipales

Tribunal de Primera Instancia

Sala Municipal de Aguadilla

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

AD-2004-1

AD-2004-2

Conducta

Profesional

por

Presidente

el

Juez

señor

San Juan, Puerto Rico a 20 de junio de 2005.

Contra las juezas municipales Jeannette González

Acevedo

querellas

y

Karen

Pagán

Pagán

independientes

en

fueron

las

que

presentadas

le

fueron

imputadas violaciones a varios de los Cánones de Ética

Judicial,

4

L.P.R.A.

querellas

cuestionan

Ap.

la

IV-

A.

conducta

de

En

la

esencia,

Jueza

las

Pagán

Pagán al presentar en el Tribunal de Aguadilla, al

cual

estaba

recursos

de

designada

como

jueza

municipal,

revisión

por

concepto

de

dos

boletos

administrativos por violación a la Ley de Vehículos y

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de enero de

2000,

AD-2004-1, AD-2004-2

2

9 L.P.R.A. secs. 5001 et seq., que le fueron expedidos en San

Juan. Con relación a la Jueza González Acevedo se cuestiona su

imparcialidad al considerar los referidos recursos de revisión, ya

que era compañera de oficina de la Jueza que los presentó, y al

resolverlos sin realizar una vista evidenciaria y sin citar al

Policía que expidió los boletos impugnados.

Luego de evaluar el informe de la Comisión de Disciplina y

de

Separación

del

Servicio

por

Razón

de

Salud

de

Jueces

del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de

Puerto Rico [en adelante, Comisión de Disciplina] 1 y toda la

prueba

que

suspensión

obra

de

en

el

empleo

y

expediente

sueldo

de

del

la

caso,

Juez

decretamos

Jeannette

la

González

Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza

municipal, y de la Juez Karen Pagán Pagán por un período de tres

meses.

I.

Conforme a las determinaciones de hechos de la Comisión de

Disciplina, las cuales están avaladas por la prueba que tuvo ante

su consideración, el 9 de junio de 2002

el policía Iván Riollanos expidió en la calle Italia de Santurce

en San Juan, dos boletos, números 14826545 y 14826546, contra el

vehículo Nissan XTerra, tablilla DVC-951, propiedad de la jueza

Mediante Resolución de 8 de marzo de 2005 este Tribunal aprobó

las Reglas de Disciplina Judicial, las que a partir del 1 de abril

de 2005 rigen los procesos disciplinarios contra jueces. A tenor

con estas reglas, la hasta entonces Comisión de Disciplina y de

Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal

de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico,

se ha denominado Comisión de Disciplina Judicial, In re: Para

aprobar las Reglas de Disciplina Judicial y derogar las Reglas de

Procedimiento Para Acciones Disciplinarias y de Separación del

Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de

Primea Instancia y del Tribunal de (Circuito) de Apelaciones, res.

8 de marzo de 2005; 2005 TSPR 30; 163 DPR ___ (2005).

1

AD-2004-1, AD-2004-2

municipal

Karen

administrativas.

3

Pagán

Las

Pagán,

faltas

por

la

imputadas

comisión

de

consistieron

faltas

en

haber

violado los artículos 6.23, 9 L.P.R.A. sec. 5173 (obstrucciones al

tránsito debido al estacionamiento), y 8.06, 9 L.P.R.A. sec. 5226,

(estacionarse en un lugar encintado con una línea amarilla), de la

Ley de Vehículos y Tránsito, supra. Las infracciones imputadas

acarreaban el pago de multas de $50 y $15 respectivamente.

El 24 de junio de 2002, la Jueza Pagán Pagán presentó en el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, a la

cual dicha juez estaba asignada como jueza municipal, dos recursos

de revisión para impugnar la imposición de los referidos boletos.

Ambos recursos exponían exclusiva y escuetamente como fundamento

para

la

impugnación

que

“No

se

cometió

la

falta”,

y

fueron

entregados en dicho foro por la señora María G. Acevedo Cortés,

quien

en

ese

momento

laboraba

como

secretaria

en

el

Tribunal

Municipal de Aguadilla.2

Luego de ser presentados, los recursos fueron referidos a

la oficina de la Jueza Jeannette González Acevedo, quien en ese

momento era compañera de oficina de la Jueza Pagán Pagán. Dos días

después de ser presentados, esto es, el 26 de junio de 2002, la

Jueza Municipal González Acevedo procedió a declararlos Ha Lugar

sin

citar

previamente

al

policía

que

expidió

los

boletos

impugnados y sin celebrar vista evidenciaria alguna, contrario a

lo expresado en las resoluciones que con ese fin emitió.3

2

Al momento de presentar los recursos de revisión, la Jueza Pagán

Pagán se encontraba de vacaciones.

3

Las resoluciones emitidas expresan: “Habiéndose interpuesto por

el recurrente un Recurso de Revisión en el boleto de epígrafe,

este Tribunal, después de celebrar la correspondiente vista,

DECLARA CON LUGAR al mismo y ordena se notifique al Honorable

AD-2004-1, AD-2004-2

4

Por estos hechos, fueron presentadas sendas quejas contra

las juezas Pagán Pagán y González Acevedo. Hecha la determinación

de causa, se imputó a la Jueza González Acevedo tres cargos por

violación a los Cánones I, II, V, XI, XII, XXIII Y XXVI de los de

Ética Judicial. 4 El primero le imputaba, en esencia, no haber

__________________________

Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. (

No se cancela gravamen, (XX) Cancélese gravamen”.

)

Los cánones invocados en las presentes querellas disponen, en lo

pertinente, lo siguiente:

4

Canon I

La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial

de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales

a los más altos niveles de la responsabilidad pública.

En el ejercicio de su delicada función, aquellas

personas llamadas a impartir justicia, conscientes de la

posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia

de su misión, deben velar por que sus actuaciones

respondan a normas de conducta que honren la integridad

e independencia de su ministerio y estimulen el respeto

y la confianza en la Judicatura.

Canon II

Para el cabal desempeño de sus funciones, la Jueza o el

Juez debe ser laborioso, prudente, sereno, imparcial y

cuidadoso en la interpretación de la ley, estar

consagrado al estudio del Derecho y ser diligente en el

empeño de descubrir los hechos esenciales de cada

controversia.

En el cumplimiento de este deber, la Jueza o el Juez

resolverá cada controversia a base de su propia

evaluación de la prueba presentada. En cualquier asunto

sometido a su consideración, podrá, cuando a su juicio

lo requieran los fines de la justicia, solicitar de las

partes proyectos de sentencias, resoluciones u órdenes.

Canon V

El Juez o la Jueza cumplirá cuidadosa y diligentemente

las obligaciones administrativas que le imponen las

leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las

instrucciones de la Oficina de la Administración de los

Tribunales.

AD-2004-1, AD-2004-2

5

__________________________

Canon XI

La Jueza o el Juez no solamente ha de ser imparcial sino

que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de

que es susceptible de actuar a base de influencias de

personas, grupos o partidos, o de ser influido por el

clamor público, por consideraciones de popularidad o

notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de tener

siempre presente que su único empeño debe ser el de

impartir

justicia

de

conformidad

con

el

Derecho

aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocuparle

el reconocimiento que pueda darse a su labor, ni la

crítica injusta.

[…].

Canon XII

La Jueza o el Juez no debe entender en procedimiento

judicial alguno en que la ley le prohíba actuar,

incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de los

casos siguientes:

a. Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualesquiera

de las personas, los abogados o las abogadas que

intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el

caso.

b. Por estar directa o indirectamente interesado en el

resultado del caso.

c. Por haber sido abogado o abogada, asesor o asesora de

cualesquiera de las partes o de sus abogados en la

materia en controversia, o fiscal en una investigación

o procedimiento criminal en el que los hechos fueron

los mismos presentes en el caso ante su consideración.

d. Por haber presidido el juicio del mismo caso en un

tribunal inferior o por haber actuado como magistrado

a los fines de expedir la orden de arresto o citación

para determinar causa probable en la vista preliminar

de un procedimiento criminal.

e. Por existir parentesco de consanguinidad o afinidad

dentro del cuarto grado con la persona acusada, con la

víctima del delito, con el abogado defensor o la

abogada defensora o el o la fiscal o con un miembro

del jurado en un procedimiento criminal, o con

cualesquiera de las partes o sus representantes

legales en un procedimiento civil.

f. Por intervenir en el procedimiento una persona natural

que le haya facilitado o gestionado algún préstamo, o

una persona jurídica que le haya facilitado o

gestionado algún préstamo en el que no se hayan

dispensado las garantías o condiciones usuales.

g. Por cualquier otra causa que pueda razonablemente

arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o

AD-2004-1, AD-2004-2

6

actuado conforme a las normas administrativas que le requerían

que, previo a resolver recursos de revisión administrativa por

boletos de tránsito, realizara una vista evidenciaria. Además, en

el primer cargo se le imputó no haber actuado diligentemente, pues

no

se

esforzó

en

descubrir

los

hechos

esenciales

a

la

controversia, lo que a su vez afectó adversamente la imagen de

imparcialidad de la judicatura.

En el segundo cargo se le imputó haber violado los Cánones

XII y XXIII que obligan a un juez a no lesionar la imagen de

__________________________

que tienda a minar la confianza pública en el sistema

de justicia.

El Juez o la Jueza deberá inhibirse tan pronto conozca

de la causa de inhibición mediante resolución escrita

en la que hará constar dicha causa, con notificación

de la misma a todas las partes.

Canon XXIII

El Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actuación

que pueda dar base a la creencia de que ejerce o

pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro

Juez o Jueza en la consideración de un caso pendiente o

futuro. El Juez o la Jueza no debe influir ni directa ni

indirectamente, para conseguir colocarse en mejor

situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el

litigio de sus causas personales.

El Juez o la Jueza no debe dar la impresión ni permitir

que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden

tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.

El Juez o la Jueza no debe prestar testimonio

iniciativa propia como testigo de reputación.

por

Canon XXVI

Los anteriores cánones de ética judicial son normas

mínimas de comportamiento que todo Juez y toda Jueza

debe observar fielmente, tanto en su letra como en su

espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial.

Estos cánones no excluyen otras normas de conducta que

también obligan al Juez y a la Jueza, que están

establecidas por ley o que son inherentes al honor

tradicional de la judicatura.

AD-2004-1, AD-2004-2

7

imparcialidad ni procurar trato desigual para sí, ni pretender

crear la impresión de que otros pueden influir sobre él.

El tercer cargo le imputa haber actuado de forma contraria

al Canon XXVI que, al expresar que los cánones son normas mínimas

que no excluyen otras normas de conducta, imponía sobre la Jueza

querellada el deber de observar los criterios de inhibición que

establece nuestro ordenamiento jurídico. Véase, Regla 63.1 de las

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 63.1.5

5

El texto íntegro de los cargos imputados es el siguiente:

PRIMER CARGO:

La nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un

procedimiento específico para la revisión de los boletos de

tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para la

notificación al Secretario del Departamento de Transportación Y

Obras Públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no se

citó al Policía que expidió los boletos, no se celebró la

correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el

Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió en

conducta impropia incompatible con su cargo al faltar a su deber

de mantener una imagen impecable ante la sociedad y mantener la

confianza de ésta en la judicatura, según consagrados en los

Cánones I, II, V, XI de Ética Judicial. Los mismos imponen al juez

la obligación de velar porque sus actuaciones respondan a normas

de conducta que honren la integridad de su ministerio y estimulen

el respeto y la confianza en la Judicatura; ser diligentes en el

empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia;

cumplir

cuidadosa

y

diligentemente

las

obligaciones

administrativas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables

a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de

Administración de los Tribunales. Además, imponen al juez no sólo

la obligación de ser imparcial, sino que su conducta debe excluir

toda posible apariencia de que es susceptible de actuar basándose

en motivaciones impropias.

Ciertamente con su proceder la Jueza [González Acevedo] no

cumplió con los preceptos anteriores. Su conducta viola los

Cánones I, II, V y XI antes señalados.

SEGUNDO CARGO:

El hecho de que los recursos presentados por la

Hon.

Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon.

Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina,

constituye violación de los Cánones XII y XXIII de Ética

Judicial. El Canon XIII establece las causas de inhibición para

AD-2004-1, AD-2004-2

8

Contra la Jueza Pagán Pagán fueron formulados dos cargos,

que corresponden esencialmente a los primeros dos cargos imputados

a

la

Jueza

González

Acevedo. 6

Eventualmente,

ambas

querellas

__________________________

un juez, entre éstas, tener perjuicio o parcialidad hacia

cualesquiera de las personas, los abogados o las abogadas que

intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso. De otra

parte, el Canon XXIII establece que el Juez o la Jueza debe

evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la

creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en

el ánimo de otro Juez o Jueza en la consideración de un caso

pendiente

o

futuro;

ni

debe

influir

ni

directa

ni

indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que

cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas

personales. Establece además, que el Juez o la Jueza no debe dar

la impresión de permitir que otros den la impresión al efecto de

que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.

El hecho de haber intervenido en este caso de la manera en

que lo hizo, da la impresión, o cuando menos la apariencia de

que la querellada incurrió en conducta impropia. Bajo las

circunstancias particulares de este caso, la Jueza González

Acevedo debió inhibirse de revisar los recursos presentados por

su compañera.

TERCER CARGO:

El Canon XXVI sobre otras normas de conducta, establece que

los “cánones de ética son normas mínimas de comportamiento que

todo juez y toda jueza debe observar fielmente, tanto en su

letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo

judicial”. Estos Cánones no excluyen otras normas de conducta

que también obligan al juez o a la jueza, que están establecidas

por ley o que son inherentes al honor tradicional de la

judicatura”. Por ello son también pertinentes las disposiciones

de la Ley de la Judicatura de 1994, vigentes a la fecha en que

se resolvieron los recursos de revisión objeto de la querella.

Dicha Ley establecía en su Art. 5.004(19) que el Juez Municipal

podrá inhibirse motu propio [sic], por los motivos señalados

para inhibirse los jueces en la Regla 63 de las de Procedimiento

Civil

6

Los cargos imputados fueron los siguientes:

PRIMER CARGO:

La Nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un

procedimiento específico para la revisión de los boletos de

tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para

notificación al Secretario del Departamento de Transportación y

Obras públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no

se citó al Policía que expidió los boletos, ni se celebró la

correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el

AD-2004-1, AD-2004-2

fueron

9

consolidadas

y

tras

los

trámites

procesales

correspondientes y la realización de las vistas necesarias, la

Comisión de Disciplina nos remitió su informe final.

Con

relación

Disciplina

concluyó

imputadas

al

a

la

que

presentar

Jueza

Pagán

incurrió

los

en

recursos

de

Pagán,

las

la

Comisión

violaciones

revisión

en

la

de

éticas

Región

Judicial de Aguadilla. Expresa el informe, en parte, que,

__________________________

Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió

en conducta impropia incompatible con su cargo al faltar a su

deber de mantener una imagen impecable ante la sociedad y

mantener la confianza de ésta en la judicatura, según

consagrados en los Cánones I, II, V y IX de Ética Judicial. Los

mismos imponen al juez la obligación de velar porque sus

actuaciones respondan a normas de conducta que honren la

integridad de su ministerio y estimulen el respeto y la

confianza en la Judicatura; ser diligentes en el empeño de

descubrir los hechos esenciales de cada controversia; cumplir

cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que

le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial

y las instrucciones de la Oficina de Administración de los

Tribunales. Además, imponen al juez no solo la obligación de ser

imparcial, sino que su conducta debe excluir toda posible

apariencia de que es susceptible de actuar basándose en

motivaciones impropias.

Ciertamente con su proceder la Jueza Pagán Pagán no cumplió

con los preceptos anteriores. Su conducta viola los Cánones I,

II, V y XI, antes señalados.

SEGUNDO CARGO:

El hecho de que los recursos presentados por la

Hon.

Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon.

Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina

constituye violación al Canon XXII de Ética Judicial. El mismo

establece que el Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o

actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o

pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez o

jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro y que el

Juez o Jueza no debe influir ni directa ni indirectamente, para

conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro

ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales. Bajo

las consideraciones particulares de este caso, la Jueza Pagán

Pagán no debió haber presentado los recursos de revisión en la

Secretaría del Tribunal Superior de Aguadilla. 4 L.P.R.A. Ap. XIB, R. 16.

AD-2004-1, AD-2004-2

10

[c]on su actuación la Jueza Pagán Pagán colocó en una

posición conflictiva a otra juez del Tribunal de

Aguadilla al tener ésta que evaluar la credibilidad de

una compañera. Tal proceder da la impresión de que

ésta ejerció o pretendió ejercer influencias en la

Jueza González Acevedo para que adjudicara los

Recursos de revisión sin la celebración de vista

evidenciaria y sin notificar al policía. Informe de la

Comisión, en la

pág. 24.

En

cuanto

a

la

Jueza

González

Acevedo

la

Comisión

de

Disciplina concluyó que su intervención en la adjudicación de los

referidos recursos fue también éticamente impropia. Concluyó que

haber intervenido sin realizar una vista evidenciaria y sin citar

al Policía que expidió los boletos de tránsito violó varios de los

Cánones

de

Ética

Judicial,

toda

vez

que

soslayó

normas

administrativas vigentes que regulaban la consideración de casos

en los que empleados de la propia Región Judicial de Aguadilla

eran parte, “demostró falta de objetividad y dio la apariencia de

favorecer a la parte peticionaria”. Informe de la Comisión de

Disciplina, en la pág. 22.

De igual modo, expresó la Comisión de Disciplina en su

informe que,

[l]as Juezas González Acevedo y Pagán Pagán cometieron

hechos contrarios a los Cánones de Ética Judicial y a

las

Reglas

Administrativas

de

la

Oficina

de

Administración

de

los

Tribunales.

[…]

El

comportamiento de ambas demuestra menosprecio por las

leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial.

Ambas incurrieron en conductas que no contribuyeron a

mantener la fe del pueblo en la justicia, ni honran la

integridad de la Rama Judicial. Informe de la Comisión

de Disciplina, en la pág. 27.

Finalmente,

la

Comisión

de

Disciplina

recomendó

como

sanción que censuráramos a ambas Juezas.

Luego de evaluar la totalidad del Informe rendido por la

Comisión de Disciplina y de considerar la prueba pertinente, las

AD-2004-1, AD-2004-2

11

alegaciones de las juezas querelladas y el derecho aplicable,

resolvemos.

II.

En el derecho romano se requería que los custodios de la

solución

de

los

problemas

fueran

“hombres

buenos,

peritos

en

derecho”. Se requería así que los llamados a juzgar fueran, por un

lado, hombres de altas credenciales éticas, y por otro, poseedores

del saber propio del quehacer judicial. Esa exigencia dual era

resultado natural de que para ser juez “[e]n efecto, se requiere

del conocimiento y oficio propio de los jurisprudentes, pero dado

que

en

ese

‘decir

el

derecho’

(iuris

dictio)

no

es

posible

‘demostrar’ la verdad del juicio judicial, ello se suple confiando

en la calidad ética de aquéllos que cumplen la función”. Rodolfo

Luis Vigo, Prólogo al Código de Ética del Poder Judicial de la

Provincia de Santa Fe, Argentina (2002).

La codificación de las normas éticas que rigen la conducta

de un juez es resultado consecuente con la aspiración de que los

juzgadores lleven una conducta ejemplar que esté a la altura de la

función que desempeñan. Ello cobra especial trascendencia ante el

hecho innegable de que, por su naturaleza, la función judicial, si

bien tiene al derecho como instrumento de trabajo, deja espacio

para actuar conforme a los dictados de la conciencia. Por ello,

“[é]sta requiere ser ilustrada a partir de patrones de conducta

asimilados libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores,

que si bien están ínsitos en el propio quehacer del juez y en el

ordenamiento

tenerse

jurídico,

presente

que

es

lo

indispensable

callado,

aunque

explicitar,

pues

obvio,

olvida,

se

debe

se

AD-2004-1, AD-2004-2

12

disimula o se desdeña”. Preámbulo al Código de Ética del Poder

Judicial de la Federación, México (2004).

En nuestra jurisdicción contamos con unos cánones de ética

judicial desde el 1959. Los vigentes, que resultan aplicables al

caso de autos, fueron aprobados en 1977, y serán sustituidos por

los Cánones de Ética Judicial del 2005 que entrarán en vigor el 5

de octubre de este año.7

Nuestros Cánones de Ética Judicial son normas mínimas que

regulan la conducta de los miembros de la judicatura tanto en el

ejercicio de sus funciones judiciales como en sus vidas privadas.

Su aplicación en la vida de los jueces y juezas, tanto en sus

actuaciones que tienen trascendencia pública como en los asuntos

propios del ámbito personal y familiar no es arbitraria. Es, más

bien, autoimpuesta, pues su aceptación como marco normativo es

consustancial al consentimiento que cada Juez y Jueza ha prestado

al aceptar el cargo.8

7

Mediante resolución de 5 de abril de 2005, este Tribunal aprobó

los nuevos Cánones de Ética Judicial y dispuso que entrarán en

vigor el 5 de octubre del 2005. In re, Aprobación de Cánones de

Ética Judicial de 2005, res. 5 de abril de 2005; 2005 TSPR 39; 163

DPR ___ (2005).

8

Al respecto, el Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial del

2005 dispone en parte:

Al igual que todo ciudadano o ciudadana, las juezas y los

jueces están obligados a cumplir con la ley, modelando la conducta

ciudadana a la que aspira la sociedad democrática.

Están

obligados a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y

respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo

aceptan también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el

ejercicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus

demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas

limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen

como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su

vida pública y privada que enaltecen la integridad e independencia

de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la

judicatura.

Igualmente, se comprometen a fomentar un trato

AD-2004-1, AD-2004-2

13

Su texto perfila los contornos del juez ideal. Del mismo

modo que en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual

se apela a la figura mítica de la persona prudente y razonable

como arquetipo que nos permite evaluar una alegación de que un

acto es negligente, en el mundo de la ética judicial, el juez

arquetípico perfilado por los Cánones de Ética Judicial nos dicta

la pauta, matizada por las precisas circunstancias sociales y

culturales en la que se habrá de hacer la evaluación, que nos

permite evaluar una alegación de conducta impropia por parte de un

miembro de la Judicatura.

La ética en el contexto de las profesiones, y especialmente

en

el

contexto

socialmente

de

se

los

exige

al

jueces,

exige

ciudadano

algo

más

promedio.

que

Como

lo

que

ejercicio

filosófico de lo que debe ser, aspira a lo ideal, aspira a la

perfección. Ello es consecuente con la aspiración de la ciudadanía

a la cual los jueces servimos. Como jueces debemos ser responsivos

a ese reclamo.

Con

esta

breve

exposición

del

marco

filosófico

de

los

Cánones de Ética Judicial examinemos los cargos imputados y los

hechos del presente caso.

Examinemos inicialmente las imputaciones contra la Jueza

González Acevedo.

III.

A.

Contra la Jueza Jeannette González Acevedo se formularon

tres cargos. El primero le imputa que, al no citar al Policía que

expidió

los

boletos

impugnados,

ni

realizar

una

vista

__________________________

respetuoso y cordial hacia sus pares, las funcionarias y los

funcionarios de la Rama Judicial y los que comparecen en sala.

AD-2004-1, AD-2004-2

14

evidenciaria, incumplió con lo dispuesto en la Regla 16 de las

Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4

L.P.R.A.

Ap.

II-B

R.16,

que

establece

que

cuando

cualquier

empleado de una región sea parte en un pleito presentado en la

sala donde trabaja, el Juez Administrador deberá trasladar el caso

a

la

región

Disciplina,

judicial

además,

más

que

en

cercana. 9

la

Región

Plantea

la

Judicial

Comisión

de

de

Aguadilla

existían dos Memorandos Administrativos que regulaban, uno, la

consideración de recursos de revisión administrativa, y el otro,

el trámite de reclamaciones judiciales en que los empleados de la

Región Judicial de Aguadilla eran parte, que no fueron acatados

por la Jueza querellada. 10 Por ello, la Comisión de Disciplina

9

Dispone la Regla 16 de la Reglas de Administración del Tribunal

de Primera Instancia:

a.

Cuando cualquier empleado o empleada, funcionario o

funcionaria, juez o jueza de una región judicial sea

parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a

presentarse en la sala en que laboran, el Juez

Administrador o la Jueza Administradora de la Región

Judicial correspondiente, de concluir que es necesario

para proteger la imagen de imparcialidad del sistema,

trasladará el caso a otra sala o coordinará su traslado a

la región judicial geográficamente más cercana con el

Juez

Administrador

o

la

Jueza

Administradora

correspondiente. Una vez autorizado el traslado, se

tomarán las medidas necesarias para que el asunto

judicial sea atendido de manera expedita, según lo

requieran las circunstancias particulares del caso.

b. De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una vez

tenga conocimiento de la situación el Juez Administrador

o la Jueza Administradora de la Región Judicial,

informará de ello al o a la Fiscal de Distrito y a la

representación legal de la persona imputada.

10

El primer memorando fue dirigido a jueces, secretarias y

alguaciles el 19 de abril de 1996 por el entonces Juez

Administrador de la Región Judicial de Aguadilla, Hon. Miguel A.

Montalvo Rosario. Dicho memorando advertía a los funcionarios y

empleados del Centro Judicial que toda revisión de multas

administrativas por violación a la Ley de Tránsito debía ser

AD-2004-1, AD-2004-2

15

estima que esta situación constituyó una violación a los Cánones

I, II, V y IX de Ética Judicial.

En este aspecto, se imputó a la Jueza González Acevedo

“faltar

a

su

deber

de

mantener

una

imagen

impecable

ante

la

sociedad y [de] mantener la confianza de ésta en la judicatura”, y

haber violado normas específicas que le imponen el deber de “ser

diligente[…] en el empeño de descubrir los hechos esenciales de

cada

controversia”,

y

el

deber

de

“cumplir

cuidadosa

y

diligentemente las obligaciones administrativas que le imponen las

leyes

y

reglamentos

aplicables

a

la

Rama

Judicial

y

las

instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales”.

De entrada, es preciso delimitar la conducta judicial que

es susceptible de imputación de violaciones éticas de aquélla que

se enmarca en el ámbito exclusivo de la discreción judicial, y

que,

por

ello,

es

revisable

sólo

mediante

los

mecanismos

apelativos judiciales.

La

sobre

corrección

jurídica

procedimientos

mediante

los

ordenamiento

de

una

determinación

judiciales,

es,

por

sí

sola,

revisable

apelativos

que

establece

nuestro

re:

Díaz

García,

recursos

jurídico.

In

Sheila

que

res.

incide

11

de

febrero de 2003, 2003 TSPR 13, 158 D.P.R. ___ (2003). En tal caso,

son considerados como errores de derecho, y por ello son

__________________________

presentada formalmente en la Secretaría del Tribunal, con el

propósito de que se fijara la fecha de una vista a la cual se

citara al policía y al imputado.

El segundo memorando tiene fecha del 31 de octubre de 2000,

y está suscrito por el entonces Juez Administrador, Hon. Fernando

L. Torres Ramírez. Este memorando advertía a los empleados y

funcionarios sobre las normas aplicables a procedimientos en los

que empleados del Centro Judicial de Aguadilla eran parte en

pleitos presentados en el mismo Tribunal. Dicho memorando

explicaba el alcance de la regla 16 de las de Administración del

Tribunal de Primera Instancia.

AD-2004-1, AD-2004-2

fundamento

16

inadecuado

para

acciones

disciplinarias

contra

los

jueces.

Ahora bien, “[s]olamente, en circunstancias extremas, la

comisión de un error de tal naturaleza podría considerarse una

violación al Código de Ética Judicial, que amerite la imposición

de sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal”. Id.

Así pues, disciplinar a un juez que incurre en errores de

derecho estaría justificado si se demuestra que “el error cometido

constituyó un abuso intencional de la discreción judicial, o uno

que por su magnitud reflej[a] conducta impropia o favoritismo

hacia algún litigante o su abogado”. Id., véase, In re: Jackson

Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969). En tal caso no estaríamos ante un

error

de

derecho,

sino

más

bien

ante

una

conducta

deliberada

claramente reñida con los Cánones de Ética Judicial.

Conforme a estas normas, en In re: Sheila Díaz García,

supra, declinamos ejercer nuestra función disciplinaria ya que los

hechos revelaban que la Jueza imputada había incurrido en un error

de derecho “carente de elementos que reflej[aran] la falta de

imparcialidad fundamental, que es esencia del debido proceso de

ley” y porque los actos imputados “[t]ampoco refleja[ban] […] una

conducta

intencional

en

abierto

desafío

al

estado

de

derecho

vigente”.

Distinta es la situación del presente caso.

Primero, la querellante fue la compañera de oficina de la

Jueza a quien fue asignado el recurso. Era evidente, pues, que se

conocían y que puede razonablemente presumirse que tenían un grado

de confianza mayor al que de ordinario tiene un juez con las

partes que acuden a su sala. Ello, por sí solo, la obligaba a

AD-2004-1, AD-2004-2

17

actuar con prudencia y rigor ético en el manejo de los recursos

presentados por la Jueza Pagán Pagán.

Segundo, la Jueza González Acevedo aceptó considerar los

recursos a pesar de que de éstos surgía claramente que la Sala

Municipal de Aguadilla no era la Sala con competencia. Variar las

normas sobre competencia está contemplado en nuestro ordenamiento

para

aquellas

circunstancias

en

las

que

todas

las

partes

involucradas prestan su conformidad, lo que no ocurrió en este

caso.

Tercero,

cuarenta

y

el

ocho

trámite

(48)

de

horas,

resolución

contrario

del

al

caso

demoró

período

sólo

regular

de

resolución de este tipo de caso que suele ser sustancialmente

mayor. Ese dato, unido a la relación de trabajo que existía entre

la Jueza y la parte promovente de los recursos, arroja serias

dudas

sobre

la

intervención,

corrección

ética

independientemente

e

de

imparcialidad

la

decisión

de

su

judicial

finalmente emitida.

Cuarto, ambos recursos de revisión sólo establecían como

fundamento para la impugnación que “No se cometió la falta”. Dicha

expresión claramente constituye una conclusión y no un fundamento

que

permita

colocar

a

un

Juez

en

condiciones

adecuadas

para

adjudicar una impugnación. Ese dato, considerado a la luz del

hecho de que la jueza González Acevedo adjudicó el recurso a favor

de la promovente, resulta igualmente sospechoso.

Quinto, la Jueza no citó al Policía que expidió el boleto,

contrario

a

lo

expresado

en

las

resoluciones

resolver los recursos ante su consideración.

que

emitió

al

AD-2004-1, AD-2004-2

18

Sexto, tampoco realizó una vista evidenciaria para evaluar

la

procedencia

de

la

impugnación

en

un

proceso

que

era

de

naturaleza adversativa.

Séptimo, al intervenir en los recursos de revisión la Jueza

querellada no tomó en consideración las disposiciones de la Regla

16

de

las

Reglas

de

Administración

del

Tribunal

de

Primera

Instancia, las que, a su vez, están recogidas en normas internas

de la Región Judicial de Aguadilla, que imponían el deber de

trasladar el caso a otra Región Judicial.

Aunque dicha regla 16 impone el deber de trasladar un caso

como el que motivó la querella sólo a los Jueces Administradores,

la

coquerellada

debió

considerarla

previo

a

que

decidiera

intervenir en los recursos de revisión. La Regla 16 sólo expone en

términos

operacionales

principios

éticos

que

garantizan

la

imparcialidad y promueven la apariencia de imparcialidad de toda

la judicatura. Así pues, en ausencia de la referida regla, la

obligación

ética

básica

que

se

derivaba

de

todas

las

circunstancias antes indicadas era abstenerse de intervenir en los

recursos presentados por la Jueza Pagán Pagán. Esa obligación

ética era evidente, aún en ausencia de las normas administrativas

que rigen ese tipo de situación.

Vistas estas circunstancias resulta forzoso concluir que la

Jueza

González

Acevedo

deliberadamente

optó

por

resolver

las

impugnaciones de los boletos de tránsito sin citar al Policía que

los expidió, sin citar a una vista evidenciaria, y sin considerar

lo

dispuesto

procedimientos

en

que

las

normas

involucran

administrativas

que

regulan

los

a

funcionarios

que

empleados

y

AD-2004-1, AD-2004-2

laboran

en

la

19

Región

Judicial.

Esta

conducta

configuró

la

violación ética imputada.

En diversas jurisdicciones en Estados Unidos, ante conducta

judicial similar en el contexto de multas de tránsito, no se ha

vacilado en considerarla como antiética y, por ello, sancionable.

Véanse,

Mississippi

Comission

on

Judicial

Performance

v.

Ken

Warren, 791 So.2d 194 (2001) (en donde el Juez querellado tuvo

comunicaciones ex parte y canceló multas de tránsito sin citar al

oficial

que

las

expidió

y

sin

realizar

vista

evidenciaria);

Mississippi Comission on Judicial Performance v. Gunn, 614 So.2d

387 (Miss. 1993); Mississippi Comission on Judicial Performance v.

Hopkins, 590 So.2d 857 (Miss. 1991); In re: Seal, 585 So. 2d 741

(Miss. 1991); In re: Ross, 428 A.2d 858(Me. 1981). Véase además,

Annotated Model Code of Judicial Conduct, Center for professional

responsability, Judicial Division, American Bar Association 98-99

(2004). Coincidimos con esa apreciación.

La Jueza querellada, por su parte, señala que no existía la

obligación de realizar una vista evidenciaria toda vez que la

nueva Ley de Vehículos y Tránsito del año 2000, supra, contrario a

la

ley

precedente,

revisión

contención

de

la

no

establece

imposición

pretende

de

reducir

procedimiento

una

las

multa

alguno

para

la

administrativa.

Su

imputaciones

a

un

mero

cuestionamiento del ejercicio de interpretar el derecho aplicable.

No nos persuade.

En

primer

lugar,

pierde

de

perspectiva

que

siendo

un

cuestionamiento ético el que enfrenta, la evaluación de sus actos

no debe reducirse a un mero análisis formal en torno a si la ley

le daba discreción para resolver las impugnaciones sin realizar

AD-2004-1, AD-2004-2

una

vista

20

evidenciaria.

Es

preciso

evaluar

todas

las

circunstancias presentes en su intervención para determinar si

tras la apariencia de un mero error en la apreciación del derecho

aplicable, surgía la conducta antiética imputada.

En segundo lugar, la prueba revela que existía un Memorando

Administrativo de la Región Judicial de Aguadilla, el cual estaba

vigente, que establecía expresamente que los jueces municipales

debían realizar una vista en casos de impugnaciones de multas de

tránsito. Ese memorando, aunque adoptado bajo la anterior Ley de

Vehículos y Tránsito, no está en conflicto con la ley vigente. Lo

contrario es lo cierto.

Bajo

la

determinaciones

anterior

de

Ley

los

de

la

jueces

Vehículos

de

y

Tránsito,

las

primera

instancia

en

impugnaciones de boletos de tránsito eran finales. Bajo el esquema

de la Ley del 2000, los jueces municipales tienen jurisdicción

para considerar este tipo de recurso, y tanto el Tribunal de

Apelaciones como este Tribunal ejercemos jurisdicción apelativa

sobre tales determinaciones. Véase, Hernández González v. José M.

Izquierdo, res. 4 de abril

de 2005, 2005 TSPR 38, 163 D.P.R.

___ (2005). Difícilmente podremos ejercer nuestra función revisora

si el foro de instancia omite aquilatar la prueba y argumentos de

las

partes

en

una

vista

evidenciaria

cuyas

incidencias

sean

incorporadas al expediente judicial del caso, más aún ante una

impugnación carente de fundamentos como las presentadas por la

Jueza Pagán Pagán.

Asimismo,

la

ausencia

de

una

vista

evidenciaria,

en

el

contexto de la desestimación de un recurso de revisión de una

multa de tránsito presentado por un ciudadano, sería de dudosa

AD-2004-1, AD-2004-2

validez,

toda

constitucional

21

vez

que

que

impide

estaría

reñida

con

la

al

privar

a

personas

Estado

las

garantía

de

intereses libertarios y propietarios sin un debido proceso de ley.

Sec. 7, Art. II Const. De P.R.; Enmiendas V y XIV, Const. de

EE.UU.; Hernández González v. José M. Izquierdo, supra.

No

tiene

razón,

pues,

la

Jueza

González

Acevedo

al

pretender escudarse en el contenido de la nueva Ley de Vehículos y

Tránsito.

Asimismo,

relación

a

que

tampoco

nos

no

demostrado

quedó

persuade

su

que

planteamiento

hubiera

recibido

con

los

memorandos internos de la Región Judicial de Aguadilla y que por

ello no se le puede imputar violación ética a base del contenido

de éstos. Como se sabe, la ignorancia de las leyes no exime de su

cumplimiento, Art. 2 del Cod. Civil de P.R.; 31 L.P.R.A. sec. 2.

No

puede,

referidas

pues,

plantear

que

desconocía

normas

como

modo

de

evadir

la

existencia

su

de

las

responsabilidad

administrativa y ética ante la totalidad de las circunstancias que

rodeaban la presentación de los dos recursos de revisión, las que

claramente revelaban que debía abstenerse de adjudicarlos. Si bien

la responsabilidad expresa que establece la regla 16 de las de

Administración del Tribunal de Primera Instancia, como ya antes

expresamos, recaía sobre el Juez Administrador, la Jueza González

Acevedo, como jueza de la Región Judicial de Aguadilla, no debió

soslayar su existencia al considerar los recursos de revisión

judicial.

B.

En el segundo cargo se imputa a la Jueza González Acevedo

que, al resolver los recursos de revisión a favor de la parte

AD-2004-1, AD-2004-2

22

promovente, actuó en contravención a los dispuesto en los Cánones

XII y XXIII de Ética Judicial que establecen como causa para la

inhibición tener prejuicio o parcialidad a favor de una parte y

que

le

imponen

la

obligación

de

evitar

“dar

la

impresión

o

permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden

tener alguna influencia sobre aquél o aquélla”.

Finalmente,

el

tercer

cargo

le

imputa

haber

violado

el

Canon XXVI al no haberse inhibido del caso que fue instado por

su

compañera

legales

que

de

oficina,

regulan

dicho

en

virtud

asunto

de

y

otras

que

disposiciones

complementan

las

disposiciones del Código de Ética Judicial. En particular, se

aduce no haber observado los criterios de inhibición de la Regla

63.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

La imparcialidad en el ejercicio de funciones judiciales es

elemento vital para el fortalecimiento de la confianza de la

ciudadanía en la Judicatura. Conlleva necesariamente el deber de

evitar aún la apariencia de conducta impropia. Ello fundamenta

el contenido del Canon XIII que contempla distintas instancias

en las que un juez debe inhibirse. Entre éstas, incluye el deber

de inhibirse inmediatamente y mediante resolución notificada a

las partes en la que conste la razón de la inhibición, “[p]or

tener

prejuicio

o

parcialidad

hacia

cualesquiera

de

las

personas, los abogados o las abogadas que intervengan en el

pleito o por haber prejuzgado el caso” o “[p]or cualquier otra

causa

que

pueda

razonablemente

arrojar

dudas

sobre

su

imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza

pública en el sistema de justicia”. Véase, In re: Yamil Suárez

AD-2004-1, AD-2004-2

23

Marchán, res. 30 de junio de 2003, 2003 TSPR 115, 159 D.P.R. ___

(2003).

Los hechos de este caso no nos dejan dudas de que la Jueza

González

Acevedo

debió

inhibirse

de

la

consideración

de

los

recursos de revisión de las multas impuestas a la Jueza Pagán

Pagán. La relación estrecha de trabajo que había entre ambas,

sin

duda,

arroja

dudas

sobre

su

capacidad

para

actuar

imparcialmente en la adjudicación de los recursos.

Más aún, la rápida resolución de ambos recursos a favor de

la Jueza Pagán Pagán y el hecho de que no realizó una vista

evidenciaria, aun ante la falta de adecuada fundamentación para

la impugnación de los boletos de tránsito, mina seriamente la

imagen de imparcialidad de la judicatura, pues constituyó una

clara muestra de preferencia hacia la parte promovente de los

recursos, independientemente de los méritos de las controversias

jurídicas. De este modo, queda configurada la conducta imputada

en los cargos segundo y tercero.

IV.

A.

Contra la Jueza Karen Pagán Pagán fueron formulados dos

cargos. El primero constituye una reproducción del primer cargo

imputado a la Jueza González Acevedo, sin particularizarlo a su

conducta.

Así pues, como primer cargo se imputa contra Pagán Pagán,

en parte, haber violado los Cánones de Ética Judicial al no

citar a una vista evidenciaria y no ser diligente en la búsqueda

de la verdad.

AD-2004-1, AD-2004-2

24

Tal imputación es improcedente, pues en el proceso judicial

que

generan

ambas

exclusivamente

alguna

para

función

como

tomar

querellas,

parte

promovente

determinaciones

adjudicadora

Pagán

recaía

y

Pagán

compareció

carecía

judiciales

exclusivamente

al

de

facultad

respecto.

sobre

la

La

Jueza

González Acevedo, no sobre la Jueza Pagán Pagán.

Del primer cargo, la única alegación específica que pudiera

ser aplicable a la Jueza Pagán Pagán consiste en que ésta omitió

su deber de “cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones

administrativas

que

le

imponen

las

leyes

y

reglamentos

aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina

de Administración de los Tribunales”.

Como funcionaria de la Rama Judicial asignada a la Región

Judicial de Aguadilla, la Jueza Pagán Pagán estaba obligada a

cumplir fielmente las normas administrativas aplicables a toda

la Rama Judicial y las establecidas en la región a la cual

estaba

asignada.

Esa

obligación

conllevaba

tomar

en

consideración las normas administrativa aplicables a los casos

en los que ella figurara como parte.

En el presente caso, la Jueza Pagán Pagán debió considerar

que conforme a las normas administrativas vigentes, y a sus

circunstancias particulares, las que ya antes describimos, su

reclamación no debía ser tramitada en la Región Judicial de

Aguadilla.

Sin

embargo,

optó

por

presentarlas

en

dicho

foro

judicial. Ese proceder estuvo reñido con lo dispuesto en el

Canon

V

de

Ética

Judicial,

pues

aun

cuando

su

actuación

no

ocurre en el ejercicio de sus funciones judiciales, contribuyó a

AD-2004-1, AD-2004-2

que

se

burlara

25

lo

dispuesto

en

las

normas

administrativas

vigentes.

B.

El segundo cargo imputado contra la Jueza Pagán Pagán aduce

que al presentar los recursos de revisión administrativa en la

Región

Judicial

de

Aguadilla

violó

el

Canon

XXIII

de

Ética

Judicial que le impone los deberes de “evitar toda conducta o

actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o

pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez o

jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro” y de no

influir directa ni indirectamente en otro Juez o Jueza para

ubicarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el

litigio de causas personales.

En el pasado hemos señalado que dicho Canon encarna un

principio ético que “[p]arte de la premisa de que en nuestra

sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una

visión

y

influencia”.

112

D.P.R.

noción

pública

destacada,

de

prestigio

e

In re: Comunicación del Hon. Juez Pérez Jiménez,

683,

685

(1982).

Sin

embargo,

el

prestigio

que

adquiere una persona al asumir el cargo de juez no implica que

forma

parte

de

una

casta

privilegiada.

Los

jueces,

por

su

investidura, no están al margen de la ley ni se colocan en un

sitial

privilegiado

para

tramitar

causas

personales

ante

los

tribunales. Desde el estrado, como fuera de él, deben ser fieles

cumplidores

de

la

ley

y

de

las

normas

que

rigen

los

procedimientos judiciales.

Con sus actuaciones, la Jueza Pagán Pagán pretendió burlar

los trámites judiciales apropiados para impugnar los boletos de

AD-2004-1, AD-2004-2

26

tránsito que le fueron impuestos. No sólo presentó los recursos

de

revisión

en

una

sala

que

carecía

de

competencia

para

considerarlos, sino que toda la evidencia demuestra que lo hizo

a sabiendas de que serían asignados a la sala a la que estaba

asignada su compañera de oficina.

Apoya esta conclusión el hecho de que en al menos otras

cuatro

ocasiones

la

Jueza

Pagán

Pagán

presentó

recursos

de

revisión en el Tribunal de Aguadilla por multas que le fueron

impuestas en los pueblos de Manatí, Toa Baja y San Juan. De

estos

recursos,

tres

fueron

declarados

Ha

Lugar

por

la

co-

querellada González Acevedo. 11 Sólo uno, que no fue considerado

por la Jueza González Acevedo, fue trasladado al tribunal con

competencia.

Más aún, la falta de argumentos razonables esbozados en su

impugnación

arroja

serias

dudas

sobre

la

procedencia

en

los

méritos de su reclamo y sugiere que en lugar de ejercer su

derecho a cuestionar una multa de tránsito que le fue impuesta

ilegalmente, pretendía evadir su responsabilidad ciudadana de

responder por una falta en la que incurrió. Si bien la falta y

la

multa

ética,

la

que

cual

aparejaba

no

podía

eran

insignificantes,

evadir,

era

responder

su

obligación

por

ella

si

realmente la cometió.

11

Señala el Informe de la Comisión de Disciplina que en uno de

estos recursos de revisión se adujo, contrario a la realidad,

que en el boleto no constaba el municipio en donde se cometió la

falta. En otro se adujo que el vehículo descrito no era el de la

Jueza promovente, a pesar de que el número de tablilla indicado

en el boleto coincidía con el de su vehículo.

AD-2004-1, AD-2004-2

27

La norma ética básica que se impone sobre los jueces es

cumplir con la ley. 12 No podemos evadir esa responsabilidad si

pretendemos que otros la acaten, pues, como hemos afirmado en el

pasado “[n]o debemos ser los miembros de la Judicatura los que

precisamente incumplamos con las leyes y reglamentos que estamos

llamados a aplicar”. In re: Ferrán Quintana, res. 28 de junio de

2002, 2002 TSPR 93, 157 D.P.R. ___ (2002).

V.

La

sanción

anterior

determinación

disciplinaria

que

amerita

debemos

que

aplicar.

consideremos

Casos

la

similares,

ameritan sanciones similares.

En In re: Ferrán Quintana, supra, decretamos la suspensión

de empleo y sueldo por tres meses de un juez municipal que

incumplió órdenes administrativas al no notificar oportunamente

al Juez Administrador Regional que se ausentaría y haber firmado

sus hojas de asistencia dos días en los que no laboró. Allí

expresamos como fundamento de la sanción, que “[e]s precisamente

en el Tribunal de Primera Instancia, donde los ciudadanos tienen

un contacto más estrecho con la administración de la justicia,

que la obligación de los jueces de observar una conducta que

tienda a conservar la confianza y el respeto que requiere el

sistema judicial cobra mayor importancia”. Véase además, In re:

Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

12

El Canon número I de los Cánones de Ética Judicial del 2005,

que entrarán en vigor el 1 de octubre próximo, a tenor con este

principio, dispone: “Las juezas y los jueces respetarán y

cumplirán la ley y serán fieles al juramento de su cargo”. In

re, Aprobación de Cánones de Ética Judicial de 2005, supra, nota

7.

AD-2004-1, AD-2004-2

Añadimos

que

28

“[n]osotros,

como

las

demás

ramas

del

gobierno, nos esforzaremos para sanear al servicio público de

aquellos funcionarios que en lugar de servir a Puerto Rico, se

sirven de él”. Y concluimos que, “todo juez tiene el deber de

ser fiel a la verdad y ajustarse disciplinadamente a sus deberes

administrativos”. In re: Ferrán Quintana, supra.

El caso de autos describe una situación similar.

Por lo anterior, estimamos apropiado suspender a la Jueza

Jeannette González Acevedo de empleo y sueldo por el término de

nombramiento que le resta como jueza municipal.

Procede, por su parte, suspender de empleo y sueldo a la

Jueza Karen Pagán Pagán por un término de tres meses.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, procede la suspensión

de empleo y sueldo de la jueza municipal Jeannette González

Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza

municipal y de la jueza Karen Pagán Pagán por el término de tres

meses.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jeannette González Acevedo

Karen Pagán Pagán

Juezas Municipales

Tribunal de Primera Instancia

Sala Municipal de Aguadilla

AD-2004-1

AD-2004-2

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 20 de junio de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de la

presente, se suspende de empleo y sueldo a la jueza

municipal Jeannette González Acevedo por el término de

nombramiento que le resta como jueza municipal y de la

jueza Karen Pagán Pagán por el término de tres meses.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez disiente de la medida disciplinaria

adoptada por la Mayoría por entender que no es

proporcional con la falta cometida e impondría como

medida disciplinaria una censura severa. El Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo