Tribunal Supremo de Puerto Rico
Conducta impropia en el desempeño de la función judicial
2005 TSPR 87
Poder Judicial de Puerto Rico
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Conducta impropia en el desempeño de la función judicial
AD-2004-0001 AD-2004-0002
Jeannette González Acevedo Karen Pagán Pagán Juezas Municipales Tribunal de Primera Instancia Sala Municipal de Aguadilla
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 87
Jeannette González Acevedo
Karen Pagán Pagán
Juezas Municipales
Tribunal de Primera Instancia
Sala Municipal de Aguadilla
164 DPR ____
Número del Caso: AD-2004-1
AD-2004-2
Fecha: 20 de junio de 2005
Oficina de Administración de los Tribunales:
Lcda. Evangelina Valentín Ferrer
Abogados de las Partes Querelladas:
Lcdo. Guillermo Ramos Luiña
Lcda. Arytza Y. Martínez Rivera
Lcdo. Harry N. Padilla Martínez
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jeannette González Acevedo
Karen Pagán Pagán
Juezas Municipales
Tribunal de Primera Instancia
Sala Municipal de Aguadilla
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
AD-2004-1
AD-2004-2
Conducta
Profesional
por
Presidente
el
Juez
señor
San Juan, Puerto Rico a 20 de junio de 2005.
Contra las juezas municipales Jeannette González
Acevedo
querellas
y
Karen
Pagán
Pagán
independientes
en
fueron
las
que
presentadas
le
fueron
imputadas violaciones a varios de los Cánones de Ética
Judicial,
4
L.P.R.A.
querellas
cuestionan
Ap.
la
IV-
A.
conducta
de
En
la
esencia,
Jueza
las
Pagán
Pagán al presentar en el Tribunal de Aguadilla, al
cual
estaba
recursos
de
designada
como
jueza
municipal,
revisión
por
concepto
de
dos
boletos
administrativos por violación a la Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de enero de
2000,
AD-2004-1, AD-2004-2
2
9 L.P.R.A. secs. 5001 et seq., que le fueron expedidos en San
Juan. Con relación a la Jueza González Acevedo se cuestiona su
imparcialidad al considerar los referidos recursos de revisión, ya
que era compañera de oficina de la Jueza que los presentó, y al
resolverlos sin realizar una vista evidenciaria y sin citar al
Policía que expidió los boletos impugnados.
Luego de evaluar el informe de la Comisión de Disciplina y
de
Separación
del
Servicio
por
Razón
de
Salud
de
Jueces
del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico [en adelante, Comisión de Disciplina] 1 y toda la
prueba
que
suspensión
obra
de
en
el
empleo
y
expediente
sueldo
de
del
la
caso,
Juez
decretamos
Jeannette
la
González
Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza
municipal, y de la Juez Karen Pagán Pagán por un período de tres
meses.
I.
Conforme a las determinaciones de hechos de la Comisión de
Disciplina, las cuales están avaladas por la prueba que tuvo ante
su consideración, el 9 de junio de 2002
el policía Iván Riollanos expidió en la calle Italia de Santurce
en San Juan, dos boletos, números 14826545 y 14826546, contra el
vehículo Nissan XTerra, tablilla DVC-951, propiedad de la jueza
Mediante Resolución de 8 de marzo de 2005 este Tribunal aprobó
las Reglas de Disciplina Judicial, las que a partir del 1 de abril
de 2005 rigen los procesos disciplinarios contra jueces. A tenor
con estas reglas, la hasta entonces Comisión de Disciplina y de
Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal
de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico,
se ha denominado Comisión de Disciplina Judicial, In re: Para
aprobar las Reglas de Disciplina Judicial y derogar las Reglas de
Procedimiento Para Acciones Disciplinarias y de Separación del
Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de
Primea Instancia y del Tribunal de (Circuito) de Apelaciones, res.
8 de marzo de 2005; 2005 TSPR 30; 163 DPR ___ (2005).
1
AD-2004-1, AD-2004-2
municipal
Karen
administrativas.
3
Pagán
Las
Pagán,
faltas
por
la
imputadas
comisión
de
consistieron
faltas
en
haber
violado los artículos 6.23, 9 L.P.R.A. sec. 5173 (obstrucciones al
tránsito debido al estacionamiento), y 8.06, 9 L.P.R.A. sec. 5226,
(estacionarse en un lugar encintado con una línea amarilla), de la
Ley de Vehículos y Tránsito, supra. Las infracciones imputadas
acarreaban el pago de multas de $50 y $15 respectivamente.
El 24 de junio de 2002, la Jueza Pagán Pagán presentó en el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, a la
cual dicha juez estaba asignada como jueza municipal, dos recursos
de revisión para impugnar la imposición de los referidos boletos.
Ambos recursos exponían exclusiva y escuetamente como fundamento
para
la
impugnación
que
“No
se
cometió
la
falta”,
y
fueron
entregados en dicho foro por la señora María G. Acevedo Cortés,
quien
en
ese
momento
laboraba
como
secretaria
en
el
Tribunal
Municipal de Aguadilla.2
Luego de ser presentados, los recursos fueron referidos a
la oficina de la Jueza Jeannette González Acevedo, quien en ese
momento era compañera de oficina de la Jueza Pagán Pagán. Dos días
después de ser presentados, esto es, el 26 de junio de 2002, la
Jueza Municipal González Acevedo procedió a declararlos Ha Lugar
sin
citar
previamente
al
policía
que
expidió
los
boletos
impugnados y sin celebrar vista evidenciaria alguna, contrario a
lo expresado en las resoluciones que con ese fin emitió.3
2
Al momento de presentar los recursos de revisión, la Jueza Pagán
Pagán se encontraba de vacaciones.
3
Las resoluciones emitidas expresan: “Habiéndose interpuesto por
el recurrente un Recurso de Revisión en el boleto de epígrafe,
este Tribunal, después de celebrar la correspondiente vista,
DECLARA CON LUGAR al mismo y ordena se notifique al Honorable
AD-2004-1, AD-2004-2
4
Por estos hechos, fueron presentadas sendas quejas contra
las juezas Pagán Pagán y González Acevedo. Hecha la determinación
de causa, se imputó a la Jueza González Acevedo tres cargos por
violación a los Cánones I, II, V, XI, XII, XXIII Y XXVI de los de
Ética Judicial. 4 El primero le imputaba, en esencia, no haber
__________________________
Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. (
No se cancela gravamen, (XX) Cancélese gravamen”.
)
Los cánones invocados en las presentes querellas disponen, en lo
pertinente, lo siguiente:
4
Canon I
La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial
de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales
a los más altos niveles de la responsabilidad pública.
En el ejercicio de su delicada función, aquellas
personas llamadas a impartir justicia, conscientes de la
posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia
de su misión, deben velar por que sus actuaciones
respondan a normas de conducta que honren la integridad
e independencia de su ministerio y estimulen el respeto
y la confianza en la Judicatura.
Canon II
Para el cabal desempeño de sus funciones, la Jueza o el
Juez debe ser laborioso, prudente, sereno, imparcial y
cuidadoso en la interpretación de la ley, estar
consagrado al estudio del Derecho y ser diligente en el
empeño de descubrir los hechos esenciales de cada
controversia.
En el cumplimiento de este deber, la Jueza o el Juez
resolverá cada controversia a base de su propia
evaluación de la prueba presentada. En cualquier asunto
sometido a su consideración, podrá, cuando a su juicio
lo requieran los fines de la justicia, solicitar de las
partes proyectos de sentencias, resoluciones u órdenes.
Canon V
El Juez o la Jueza cumplirá cuidadosa y diligentemente
las obligaciones administrativas que le imponen las
leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las
instrucciones de la Oficina de la Administración de los
Tribunales.
AD-2004-1, AD-2004-2
5
__________________________
Canon XI
La Jueza o el Juez no solamente ha de ser imparcial sino
que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de
que es susceptible de actuar a base de influencias de
personas, grupos o partidos, o de ser influido por el
clamor público, por consideraciones de popularidad o
notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de tener
siempre presente que su único empeño debe ser el de
impartir
justicia
de
conformidad
con
el
Derecho
aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocuparle
el reconocimiento que pueda darse a su labor, ni la
crítica injusta.
[…].
Canon XII
La Jueza o el Juez no debe entender en procedimiento
judicial alguno en que la ley le prohíba actuar,
incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de los
casos siguientes:
a. Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualesquiera
de las personas, los abogados o las abogadas que
intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el
caso.
b. Por estar directa o indirectamente interesado en el
resultado del caso.
c. Por haber sido abogado o abogada, asesor o asesora de
cualesquiera de las partes o de sus abogados en la
materia en controversia, o fiscal en una investigación
o procedimiento criminal en el que los hechos fueron
los mismos presentes en el caso ante su consideración.
d. Por haber presidido el juicio del mismo caso en un
tribunal inferior o por haber actuado como magistrado
a los fines de expedir la orden de arresto o citación
para determinar causa probable en la vista preliminar
de un procedimiento criminal.
e. Por existir parentesco de consanguinidad o afinidad
dentro del cuarto grado con la persona acusada, con la
víctima del delito, con el abogado defensor o la
abogada defensora o el o la fiscal o con un miembro
del jurado en un procedimiento criminal, o con
cualesquiera de las partes o sus representantes
legales en un procedimiento civil.
f. Por intervenir en el procedimiento una persona natural
que le haya facilitado o gestionado algún préstamo, o
una persona jurídica que le haya facilitado o
gestionado algún préstamo en el que no se hayan
dispensado las garantías o condiciones usuales.
g. Por cualquier otra causa que pueda razonablemente
arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o
AD-2004-1, AD-2004-2
6
actuado conforme a las normas administrativas que le requerían
que, previo a resolver recursos de revisión administrativa por
boletos de tránsito, realizara una vista evidenciaria. Además, en
el primer cargo se le imputó no haber actuado diligentemente, pues
no
se
esforzó
en
descubrir
los
hechos
esenciales
a
la
controversia, lo que a su vez afectó adversamente la imagen de
imparcialidad de la judicatura.
En el segundo cargo se le imputó haber violado los Cánones
XII y XXIII que obligan a un juez a no lesionar la imagen de
__________________________
que tienda a minar la confianza pública en el sistema
de justicia.
El Juez o la Jueza deberá inhibirse tan pronto conozca
de la causa de inhibición mediante resolución escrita
en la que hará constar dicha causa, con notificación
de la misma a todas las partes.
Canon XXIII
El Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actuación
que pueda dar base a la creencia de que ejerce o
pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro
Juez o Jueza en la consideración de un caso pendiente o
futuro. El Juez o la Jueza no debe influir ni directa ni
indirectamente, para conseguir colocarse en mejor
situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el
litigio de sus causas personales.
El Juez o la Jueza no debe dar la impresión ni permitir
que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden
tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.
El Juez o la Jueza no debe prestar testimonio
iniciativa propia como testigo de reputación.
por
Canon XXVI
Los anteriores cánones de ética judicial son normas
mínimas de comportamiento que todo Juez y toda Jueza
debe observar fielmente, tanto en su letra como en su
espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial.
Estos cánones no excluyen otras normas de conducta que
también obligan al Juez y a la Jueza, que están
establecidas por ley o que son inherentes al honor
tradicional de la judicatura.
AD-2004-1, AD-2004-2
7
imparcialidad ni procurar trato desigual para sí, ni pretender
crear la impresión de que otros pueden influir sobre él.
El tercer cargo le imputa haber actuado de forma contraria
al Canon XXVI que, al expresar que los cánones son normas mínimas
que no excluyen otras normas de conducta, imponía sobre la Jueza
querellada el deber de observar los criterios de inhibición que
establece nuestro ordenamiento jurídico. Véase, Regla 63.1 de las
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 63.1.5
5
El texto íntegro de los cargos imputados es el siguiente:
PRIMER CARGO:
La nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un
procedimiento específico para la revisión de los boletos de
tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para la
notificación al Secretario del Departamento de Transportación Y
Obras Públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no se
citó al Policía que expidió los boletos, no se celebró la
correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el
Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió en
conducta impropia incompatible con su cargo al faltar a su deber
de mantener una imagen impecable ante la sociedad y mantener la
confianza de ésta en la judicatura, según consagrados en los
Cánones I, II, V, XI de Ética Judicial. Los mismos imponen al juez
la obligación de velar porque sus actuaciones respondan a normas
de conducta que honren la integridad de su ministerio y estimulen
el respeto y la confianza en la Judicatura; ser diligentes en el
empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia;
cumplir
cuidadosa
y
diligentemente
las
obligaciones
administrativas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables
a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de
Administración de los Tribunales. Además, imponen al juez no sólo
la obligación de ser imparcial, sino que su conducta debe excluir
toda posible apariencia de que es susceptible de actuar basándose
en motivaciones impropias.
Ciertamente con su proceder la Jueza [González Acevedo] no
cumplió con los preceptos anteriores. Su conducta viola los
Cánones I, II, V y XI antes señalados.
SEGUNDO CARGO:
El hecho de que los recursos presentados por la
Hon.
Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon.
Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina,
constituye violación de los Cánones XII y XXIII de Ética
Judicial. El Canon XIII establece las causas de inhibición para
AD-2004-1, AD-2004-2
8
Contra la Jueza Pagán Pagán fueron formulados dos cargos,
que corresponden esencialmente a los primeros dos cargos imputados
a
la
Jueza
González
Acevedo. 6
Eventualmente,
ambas
querellas
__________________________
un juez, entre éstas, tener perjuicio o parcialidad hacia
cualesquiera de las personas, los abogados o las abogadas que
intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso. De otra
parte, el Canon XXIII establece que el Juez o la Jueza debe
evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la
creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en
el ánimo de otro Juez o Jueza en la consideración de un caso
pendiente
o
futuro;
ni
debe
influir
ni
directa
ni
indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que
cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas
personales. Establece además, que el Juez o la Jueza no debe dar
la impresión de permitir que otros den la impresión al efecto de
que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.
El hecho de haber intervenido en este caso de la manera en
que lo hizo, da la impresión, o cuando menos la apariencia de
que la querellada incurrió en conducta impropia. Bajo las
circunstancias particulares de este caso, la Jueza González
Acevedo debió inhibirse de revisar los recursos presentados por
su compañera.
TERCER CARGO:
El Canon XXVI sobre otras normas de conducta, establece que
los “cánones de ética son normas mínimas de comportamiento que
todo juez y toda jueza debe observar fielmente, tanto en su
letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo
judicial”. Estos Cánones no excluyen otras normas de conducta
que también obligan al juez o a la jueza, que están establecidas
por ley o que son inherentes al honor tradicional de la
judicatura”. Por ello son también pertinentes las disposiciones
de la Ley de la Judicatura de 1994, vigentes a la fecha en que
se resolvieron los recursos de revisión objeto de la querella.
Dicha Ley establecía en su Art. 5.004(19) que el Juez Municipal
podrá inhibirse motu propio [sic], por los motivos señalados
para inhibirse los jueces en la Regla 63 de las de Procedimiento
Civil
6
Los cargos imputados fueron los siguientes:
PRIMER CARGO:
La Nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un
procedimiento específico para la revisión de los boletos de
tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para
notificación al Secretario del Departamento de Transportación y
Obras públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no
se citó al Policía que expidió los boletos, ni se celebró la
correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el
AD-2004-1, AD-2004-2
fueron
9
consolidadas
y
tras
los
trámites
procesales
correspondientes y la realización de las vistas necesarias, la
Comisión de Disciplina nos remitió su informe final.
Con
relación
Disciplina
concluyó
imputadas
al
a
la
que
presentar
Jueza
Pagán
incurrió
los
en
recursos
de
Pagán,
las
la
Comisión
violaciones
revisión
en
la
de
éticas
Región
Judicial de Aguadilla. Expresa el informe, en parte, que,
__________________________
Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió
en conducta impropia incompatible con su cargo al faltar a su
deber de mantener una imagen impecable ante la sociedad y
mantener la confianza de ésta en la judicatura, según
consagrados en los Cánones I, II, V y IX de Ética Judicial. Los
mismos imponen al juez la obligación de velar porque sus
actuaciones respondan a normas de conducta que honren la
integridad de su ministerio y estimulen el respeto y la
confianza en la Judicatura; ser diligentes en el empeño de
descubrir los hechos esenciales de cada controversia; cumplir
cuidadosa y diligentemente las obligaciones administrativas que
le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial
y las instrucciones de la Oficina de Administración de los
Tribunales. Además, imponen al juez no solo la obligación de ser
imparcial, sino que su conducta debe excluir toda posible
apariencia de que es susceptible de actuar basándose en
motivaciones impropias.
Ciertamente con su proceder la Jueza Pagán Pagán no cumplió
con los preceptos anteriores. Su conducta viola los Cánones I,
II, V y XI, antes señalados.
SEGUNDO CARGO:
El hecho de que los recursos presentados por la
Hon.
Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon.
Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina
constituye violación al Canon XXII de Ética Judicial. El mismo
establece que el Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o
actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o
pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez o
jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro y que el
Juez o Jueza no debe influir ni directa ni indirectamente, para
conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro
ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales. Bajo
las consideraciones particulares de este caso, la Jueza Pagán
Pagán no debió haber presentado los recursos de revisión en la
Secretaría del Tribunal Superior de Aguadilla. 4 L.P.R.A. Ap. XIB, R. 16.
AD-2004-1, AD-2004-2
10
[c]on su actuación la Jueza Pagán Pagán colocó en una
posición conflictiva a otra juez del Tribunal de
Aguadilla al tener ésta que evaluar la credibilidad de
una compañera. Tal proceder da la impresión de que
ésta ejerció o pretendió ejercer influencias en la
Jueza González Acevedo para que adjudicara los
Recursos de revisión sin la celebración de vista
evidenciaria y sin notificar al policía. Informe de la
Comisión, en la
pág. 24.
En
cuanto
a
la
Jueza
González
Acevedo
la
Comisión
de
Disciplina concluyó que su intervención en la adjudicación de los
referidos recursos fue también éticamente impropia. Concluyó que
haber intervenido sin realizar una vista evidenciaria y sin citar
al Policía que expidió los boletos de tránsito violó varios de los
Cánones
de
Ética
Judicial,
toda
vez
que
soslayó
normas
administrativas vigentes que regulaban la consideración de casos
en los que empleados de la propia Región Judicial de Aguadilla
eran parte, “demostró falta de objetividad y dio la apariencia de
favorecer a la parte peticionaria”. Informe de la Comisión de
Disciplina, en la pág. 22.
De igual modo, expresó la Comisión de Disciplina en su
informe que,
[l]as Juezas González Acevedo y Pagán Pagán cometieron
hechos contrarios a los Cánones de Ética Judicial y a
las
Reglas
Administrativas
de
la
Oficina
de
Administración
de
los
Tribunales.
[…]
El
comportamiento de ambas demuestra menosprecio por las
leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial.
Ambas incurrieron en conductas que no contribuyeron a
mantener la fe del pueblo en la justicia, ni honran la
integridad de la Rama Judicial. Informe de la Comisión
de Disciplina, en la pág. 27.
Finalmente,
la
Comisión
de
Disciplina
recomendó
como
sanción que censuráramos a ambas Juezas.
Luego de evaluar la totalidad del Informe rendido por la
Comisión de Disciplina y de considerar la prueba pertinente, las
AD-2004-1, AD-2004-2
11
alegaciones de las juezas querelladas y el derecho aplicable,
resolvemos.
II.
En el derecho romano se requería que los custodios de la
solución
de
los
problemas
fueran
“hombres
buenos,
peritos
en
derecho”. Se requería así que los llamados a juzgar fueran, por un
lado, hombres de altas credenciales éticas, y por otro, poseedores
del saber propio del quehacer judicial. Esa exigencia dual era
resultado natural de que para ser juez “[e]n efecto, se requiere
del conocimiento y oficio propio de los jurisprudentes, pero dado
que
en
ese
‘decir
el
derecho’
(iuris
dictio)
no
es
posible
‘demostrar’ la verdad del juicio judicial, ello se suple confiando
en la calidad ética de aquéllos que cumplen la función”. Rodolfo
Luis Vigo, Prólogo al Código de Ética del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, Argentina (2002).
La codificación de las normas éticas que rigen la conducta
de un juez es resultado consecuente con la aspiración de que los
juzgadores lleven una conducta ejemplar que esté a la altura de la
función que desempeñan. Ello cobra especial trascendencia ante el
hecho innegable de que, por su naturaleza, la función judicial, si
bien tiene al derecho como instrumento de trabajo, deja espacio
para actuar conforme a los dictados de la conciencia. Por ello,
“[é]sta requiere ser ilustrada a partir de patrones de conducta
asimilados libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores,
que si bien están ínsitos en el propio quehacer del juez y en el
ordenamiento
tenerse
jurídico,
presente
que
es
lo
indispensable
callado,
aunque
explicitar,
pues
obvio,
olvida,
se
debe
se
AD-2004-1, AD-2004-2
12
disimula o se desdeña”. Preámbulo al Código de Ética del Poder
Judicial de la Federación, México (2004).
En nuestra jurisdicción contamos con unos cánones de ética
judicial desde el 1959. Los vigentes, que resultan aplicables al
caso de autos, fueron aprobados en 1977, y serán sustituidos por
los Cánones de Ética Judicial del 2005 que entrarán en vigor el 5
de octubre de este año.7
Nuestros Cánones de Ética Judicial son normas mínimas que
regulan la conducta de los miembros de la judicatura tanto en el
ejercicio de sus funciones judiciales como en sus vidas privadas.
Su aplicación en la vida de los jueces y juezas, tanto en sus
actuaciones que tienen trascendencia pública como en los asuntos
propios del ámbito personal y familiar no es arbitraria. Es, más
bien, autoimpuesta, pues su aceptación como marco normativo es
consustancial al consentimiento que cada Juez y Jueza ha prestado
al aceptar el cargo.8
7
Mediante resolución de 5 de abril de 2005, este Tribunal aprobó
los nuevos Cánones de Ética Judicial y dispuso que entrarán en
vigor el 5 de octubre del 2005. In re, Aprobación de Cánones de
Ética Judicial de 2005, res. 5 de abril de 2005; 2005 TSPR 39; 163
DPR ___ (2005).
8
Al respecto, el Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial del
2005 dispone en parte:
Al igual que todo ciudadano o ciudadana, las juezas y los
jueces están obligados a cumplir con la ley, modelando la conducta
ciudadana a la que aspira la sociedad democrática.
Están
obligados a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y
respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo
aceptan también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el
ejercicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus
demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas
limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen
como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su
vida pública y privada que enaltecen la integridad e independencia
de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la
judicatura.
Igualmente, se comprometen a fomentar un trato
AD-2004-1, AD-2004-2
13
Su texto perfila los contornos del juez ideal. Del mismo
modo que en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual
se apela a la figura mítica de la persona prudente y razonable
como arquetipo que nos permite evaluar una alegación de que un
acto es negligente, en el mundo de la ética judicial, el juez
arquetípico perfilado por los Cánones de Ética Judicial nos dicta
la pauta, matizada por las precisas circunstancias sociales y
culturales en la que se habrá de hacer la evaluación, que nos
permite evaluar una alegación de conducta impropia por parte de un
miembro de la Judicatura.
La ética en el contexto de las profesiones, y especialmente
en
el
contexto
socialmente
de
se
los
exige
al
jueces,
exige
ciudadano
algo
más
promedio.
que
Como
lo
que
ejercicio
filosófico de lo que debe ser, aspira a lo ideal, aspira a la
perfección. Ello es consecuente con la aspiración de la ciudadanía
a la cual los jueces servimos. Como jueces debemos ser responsivos
a ese reclamo.
Con
esta
breve
exposición
del
marco
filosófico
de
los
Cánones de Ética Judicial examinemos los cargos imputados y los
hechos del presente caso.
Examinemos inicialmente las imputaciones contra la Jueza
González Acevedo.
III.
A.
Contra la Jueza Jeannette González Acevedo se formularon
tres cargos. El primero le imputa que, al no citar al Policía que
expidió
los
boletos
impugnados,
ni
realizar
una
vista
__________________________
respetuoso y cordial hacia sus pares, las funcionarias y los
funcionarios de la Rama Judicial y los que comparecen en sala.
AD-2004-1, AD-2004-2
14
evidenciaria, incumplió con lo dispuesto en la Regla 16 de las
Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4
L.P.R.A.
Ap.
II-B
R.16,
que
establece
que
cuando
cualquier
empleado de una región sea parte en un pleito presentado en la
sala donde trabaja, el Juez Administrador deberá trasladar el caso
a
la
región
Disciplina,
judicial
además,
más
que
en
cercana. 9
la
Región
Plantea
la
Judicial
Comisión
de
de
Aguadilla
existían dos Memorandos Administrativos que regulaban, uno, la
consideración de recursos de revisión administrativa, y el otro,
el trámite de reclamaciones judiciales en que los empleados de la
Región Judicial de Aguadilla eran parte, que no fueron acatados
por la Jueza querellada. 10 Por ello, la Comisión de Disciplina
9
Dispone la Regla 16 de la Reglas de Administración del Tribunal
de Primera Instancia:
a.
Cuando cualquier empleado o empleada, funcionario o
funcionaria, juez o jueza de una región judicial sea
parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a
presentarse en la sala en que laboran, el Juez
Administrador o la Jueza Administradora de la Región
Judicial correspondiente, de concluir que es necesario
para proteger la imagen de imparcialidad del sistema,
trasladará el caso a otra sala o coordinará su traslado a
la región judicial geográficamente más cercana con el
Juez
Administrador
o
la
Jueza
Administradora
correspondiente. Una vez autorizado el traslado, se
tomarán las medidas necesarias para que el asunto
judicial sea atendido de manera expedita, según lo
requieran las circunstancias particulares del caso.
b. De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una vez
tenga conocimiento de la situación el Juez Administrador
o la Jueza Administradora de la Región Judicial,
informará de ello al o a la Fiscal de Distrito y a la
representación legal de la persona imputada.
10
El primer memorando fue dirigido a jueces, secretarias y
alguaciles el 19 de abril de 1996 por el entonces Juez
Administrador de la Región Judicial de Aguadilla, Hon. Miguel A.
Montalvo Rosario. Dicho memorando advertía a los funcionarios y
empleados del Centro Judicial que toda revisión de multas
administrativas por violación a la Ley de Tránsito debía ser
AD-2004-1, AD-2004-2
15
estima que esta situación constituyó una violación a los Cánones
I, II, V y IX de Ética Judicial.
En este aspecto, se imputó a la Jueza González Acevedo
“faltar
a
su
deber
de
mantener
una
imagen
impecable
ante
la
sociedad y [de] mantener la confianza de ésta en la judicatura”, y
haber violado normas específicas que le imponen el deber de “ser
diligente[…] en el empeño de descubrir los hechos esenciales de
cada
controversia”,
y
el
deber
de
“cumplir
cuidadosa
y
diligentemente las obligaciones administrativas que le imponen las
leyes
y
reglamentos
aplicables
a
la
Rama
Judicial
y
las
instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales”.
De entrada, es preciso delimitar la conducta judicial que
es susceptible de imputación de violaciones éticas de aquélla que
se enmarca en el ámbito exclusivo de la discreción judicial, y
que,
por
ello,
es
revisable
sólo
mediante
los
mecanismos
apelativos judiciales.
La
sobre
corrección
jurídica
procedimientos
mediante
los
ordenamiento
de
una
determinación
judiciales,
es,
por
sí
sola,
revisable
apelativos
que
establece
nuestro
re:
Díaz
García,
recursos
jurídico.
In
Sheila
que
res.
incide
11
de
febrero de 2003, 2003 TSPR 13, 158 D.P.R. ___ (2003). En tal caso,
son considerados como errores de derecho, y por ello son
__________________________
presentada formalmente en la Secretaría del Tribunal, con el
propósito de que se fijara la fecha de una vista a la cual se
citara al policía y al imputado.
El segundo memorando tiene fecha del 31 de octubre de 2000,
y está suscrito por el entonces Juez Administrador, Hon. Fernando
L. Torres Ramírez. Este memorando advertía a los empleados y
funcionarios sobre las normas aplicables a procedimientos en los
que empleados del Centro Judicial de Aguadilla eran parte en
pleitos presentados en el mismo Tribunal. Dicho memorando
explicaba el alcance de la regla 16 de las de Administración del
Tribunal de Primera Instancia.
AD-2004-1, AD-2004-2
fundamento
16
inadecuado
para
acciones
disciplinarias
contra
los
jueces.
Ahora bien, “[s]olamente, en circunstancias extremas, la
comisión de un error de tal naturaleza podría considerarse una
violación al Código de Ética Judicial, que amerite la imposición
de sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal”. Id.
Así pues, disciplinar a un juez que incurre en errores de
derecho estaría justificado si se demuestra que “el error cometido
constituyó un abuso intencional de la discreción judicial, o uno
que por su magnitud reflej[a] conducta impropia o favoritismo
hacia algún litigante o su abogado”. Id., véase, In re: Jackson
Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969). En tal caso no estaríamos ante un
error
de
derecho,
sino
más
bien
ante
una
conducta
deliberada
claramente reñida con los Cánones de Ética Judicial.
Conforme a estas normas, en In re: Sheila Díaz García,
supra, declinamos ejercer nuestra función disciplinaria ya que los
hechos revelaban que la Jueza imputada había incurrido en un error
de derecho “carente de elementos que reflej[aran] la falta de
imparcialidad fundamental, que es esencia del debido proceso de
ley” y porque los actos imputados “[t]ampoco refleja[ban] […] una
conducta
intencional
en
abierto
desafío
al
estado
de
derecho
vigente”.
Distinta es la situación del presente caso.
Primero, la querellante fue la compañera de oficina de la
Jueza a quien fue asignado el recurso. Era evidente, pues, que se
conocían y que puede razonablemente presumirse que tenían un grado
de confianza mayor al que de ordinario tiene un juez con las
partes que acuden a su sala. Ello, por sí solo, la obligaba a
AD-2004-1, AD-2004-2
17
actuar con prudencia y rigor ético en el manejo de los recursos
presentados por la Jueza Pagán Pagán.
Segundo, la Jueza González Acevedo aceptó considerar los
recursos a pesar de que de éstos surgía claramente que la Sala
Municipal de Aguadilla no era la Sala con competencia. Variar las
normas sobre competencia está contemplado en nuestro ordenamiento
para
aquellas
circunstancias
en
las
que
todas
las
partes
involucradas prestan su conformidad, lo que no ocurrió en este
caso.
Tercero,
cuarenta
y
el
ocho
trámite
(48)
de
horas,
resolución
contrario
del
al
caso
demoró
período
sólo
regular
de
resolución de este tipo de caso que suele ser sustancialmente
mayor. Ese dato, unido a la relación de trabajo que existía entre
la Jueza y la parte promovente de los recursos, arroja serias
dudas
sobre
la
intervención,
corrección
ética
independientemente
e
de
imparcialidad
la
decisión
de
su
judicial
finalmente emitida.
Cuarto, ambos recursos de revisión sólo establecían como
fundamento para la impugnación que “No se cometió la falta”. Dicha
expresión claramente constituye una conclusión y no un fundamento
que
permita
colocar
a
un
Juez
en
condiciones
adecuadas
para
adjudicar una impugnación. Ese dato, considerado a la luz del
hecho de que la jueza González Acevedo adjudicó el recurso a favor
de la promovente, resulta igualmente sospechoso.
Quinto, la Jueza no citó al Policía que expidió el boleto,
contrario
a
lo
expresado
en
las
resoluciones
resolver los recursos ante su consideración.
que
emitió
al
AD-2004-1, AD-2004-2
18
Sexto, tampoco realizó una vista evidenciaria para evaluar
la
procedencia
de
la
impugnación
en
un
proceso
que
era
de
naturaleza adversativa.
Séptimo, al intervenir en los recursos de revisión la Jueza
querellada no tomó en consideración las disposiciones de la Regla
16
de
las
Reglas
de
Administración
del
Tribunal
de
Primera
Instancia, las que, a su vez, están recogidas en normas internas
de la Región Judicial de Aguadilla, que imponían el deber de
trasladar el caso a otra Región Judicial.
Aunque dicha regla 16 impone el deber de trasladar un caso
como el que motivó la querella sólo a los Jueces Administradores,
la
coquerellada
debió
considerarla
previo
a
que
decidiera
intervenir en los recursos de revisión. La Regla 16 sólo expone en
términos
operacionales
principios
éticos
que
garantizan
la
imparcialidad y promueven la apariencia de imparcialidad de toda
la judicatura. Así pues, en ausencia de la referida regla, la
obligación
ética
básica
que
se
derivaba
de
todas
las
circunstancias antes indicadas era abstenerse de intervenir en los
recursos presentados por la Jueza Pagán Pagán. Esa obligación
ética era evidente, aún en ausencia de las normas administrativas
que rigen ese tipo de situación.
Vistas estas circunstancias resulta forzoso concluir que la
Jueza
González
Acevedo
deliberadamente
optó
por
resolver
las
impugnaciones de los boletos de tránsito sin citar al Policía que
los expidió, sin citar a una vista evidenciaria, y sin considerar
lo
dispuesto
procedimientos
en
que
las
normas
involucran
administrativas
que
regulan
los
a
funcionarios
que
empleados
y
AD-2004-1, AD-2004-2
laboran
en
la
19
Región
Judicial.
Esta
conducta
configuró
la
violación ética imputada.
En diversas jurisdicciones en Estados Unidos, ante conducta
judicial similar en el contexto de multas de tránsito, no se ha
vacilado en considerarla como antiética y, por ello, sancionable.
Véanse,
Mississippi
Comission
on
Judicial
Performance
v.
Ken
Warren, 791 So.2d 194 (2001) (en donde el Juez querellado tuvo
comunicaciones ex parte y canceló multas de tránsito sin citar al
oficial
que
las
expidió
y
sin
realizar
vista
evidenciaria);
Mississippi Comission on Judicial Performance v. Gunn, 614 So.2d
387 (Miss. 1993); Mississippi Comission on Judicial Performance v.
Hopkins, 590 So.2d 857 (Miss. 1991); In re: Seal, 585 So. 2d 741
(Miss. 1991); In re: Ross, 428 A.2d 858(Me. 1981). Véase además,
Annotated Model Code of Judicial Conduct, Center for professional
responsability, Judicial Division, American Bar Association 98-99
(2004). Coincidimos con esa apreciación.
La Jueza querellada, por su parte, señala que no existía la
obligación de realizar una vista evidenciaria toda vez que la
nueva Ley de Vehículos y Tránsito del año 2000, supra, contrario a
la
ley
precedente,
revisión
contención
de
la
no
establece
imposición
pretende
de
reducir
procedimiento
una
las
multa
alguno
para
la
administrativa.
Su
imputaciones
a
un
mero
cuestionamiento del ejercicio de interpretar el derecho aplicable.
No nos persuade.
En
primer
lugar,
pierde
de
perspectiva
que
siendo
un
cuestionamiento ético el que enfrenta, la evaluación de sus actos
no debe reducirse a un mero análisis formal en torno a si la ley
le daba discreción para resolver las impugnaciones sin realizar
AD-2004-1, AD-2004-2
una
vista
20
evidenciaria.
Es
preciso
evaluar
todas
las
circunstancias presentes en su intervención para determinar si
tras la apariencia de un mero error en la apreciación del derecho
aplicable, surgía la conducta antiética imputada.
En segundo lugar, la prueba revela que existía un Memorando
Administrativo de la Región Judicial de Aguadilla, el cual estaba
vigente, que establecía expresamente que los jueces municipales
debían realizar una vista en casos de impugnaciones de multas de
tránsito. Ese memorando, aunque adoptado bajo la anterior Ley de
Vehículos y Tránsito, no está en conflicto con la ley vigente. Lo
contrario es lo cierto.
Bajo
la
determinaciones
anterior
de
Ley
los
de
la
jueces
Vehículos
de
y
Tránsito,
las
primera
instancia
en
impugnaciones de boletos de tránsito eran finales. Bajo el esquema
de la Ley del 2000, los jueces municipales tienen jurisdicción
para considerar este tipo de recurso, y tanto el Tribunal de
Apelaciones como este Tribunal ejercemos jurisdicción apelativa
sobre tales determinaciones. Véase, Hernández González v. José M.
Izquierdo, res. 4 de abril
de 2005, 2005 TSPR 38, 163 D.P.R.
___ (2005). Difícilmente podremos ejercer nuestra función revisora
si el foro de instancia omite aquilatar la prueba y argumentos de
las
partes
en
una
vista
evidenciaria
cuyas
incidencias
sean
incorporadas al expediente judicial del caso, más aún ante una
impugnación carente de fundamentos como las presentadas por la
Jueza Pagán Pagán.
Asimismo,
la
ausencia
de
una
vista
evidenciaria,
en
el
contexto de la desestimación de un recurso de revisión de una
multa de tránsito presentado por un ciudadano, sería de dudosa
AD-2004-1, AD-2004-2
validez,
toda
constitucional
21
vez
que
que
impide
estaría
reñida
con
la
al
privar
a
personas
Estado
las
garantía
de
intereses libertarios y propietarios sin un debido proceso de ley.
Sec. 7, Art. II Const. De P.R.; Enmiendas V y XIV, Const. de
EE.UU.; Hernández González v. José M. Izquierdo, supra.
No
tiene
razón,
pues,
la
Jueza
González
Acevedo
al
pretender escudarse en el contenido de la nueva Ley de Vehículos y
Tránsito.
Asimismo,
relación
a
que
tampoco
nos
no
demostrado
quedó
persuade
su
que
planteamiento
hubiera
recibido
con
los
memorandos internos de la Región Judicial de Aguadilla y que por
ello no se le puede imputar violación ética a base del contenido
de éstos. Como se sabe, la ignorancia de las leyes no exime de su
cumplimiento, Art. 2 del Cod. Civil de P.R.; 31 L.P.R.A. sec. 2.
No
puede,
referidas
pues,
plantear
que
desconocía
normas
como
modo
de
evadir
la
existencia
su
de
las
responsabilidad
administrativa y ética ante la totalidad de las circunstancias que
rodeaban la presentación de los dos recursos de revisión, las que
claramente revelaban que debía abstenerse de adjudicarlos. Si bien
la responsabilidad expresa que establece la regla 16 de las de
Administración del Tribunal de Primera Instancia, como ya antes
expresamos, recaía sobre el Juez Administrador, la Jueza González
Acevedo, como jueza de la Región Judicial de Aguadilla, no debió
soslayar su existencia al considerar los recursos de revisión
judicial.
B.
En el segundo cargo se imputa a la Jueza González Acevedo
que, al resolver los recursos de revisión a favor de la parte
AD-2004-1, AD-2004-2
22
promovente, actuó en contravención a los dispuesto en los Cánones
XII y XXIII de Ética Judicial que establecen como causa para la
inhibición tener prejuicio o parcialidad a favor de una parte y
que
le
imponen
la
obligación
de
evitar
“dar
la
impresión
o
permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden
tener alguna influencia sobre aquél o aquélla”.
Finalmente,
el
tercer
cargo
le
imputa
haber
violado
el
Canon XXVI al no haberse inhibido del caso que fue instado por
su
compañera
legales
que
de
oficina,
regulan
dicho
en
virtud
asunto
de
y
otras
que
disposiciones
complementan
las
disposiciones del Código de Ética Judicial. En particular, se
aduce no haber observado los criterios de inhibición de la Regla
63.1 de las de Procedimiento Civil, supra.
La imparcialidad en el ejercicio de funciones judiciales es
elemento vital para el fortalecimiento de la confianza de la
ciudadanía en la Judicatura. Conlleva necesariamente el deber de
evitar aún la apariencia de conducta impropia. Ello fundamenta
el contenido del Canon XIII que contempla distintas instancias
en las que un juez debe inhibirse. Entre éstas, incluye el deber
de inhibirse inmediatamente y mediante resolución notificada a
las partes en la que conste la razón de la inhibición, “[p]or
tener
prejuicio
o
parcialidad
hacia
cualesquiera
de
las
personas, los abogados o las abogadas que intervengan en el
pleito o por haber prejuzgado el caso” o “[p]or cualquier otra
causa
que
pueda
razonablemente
arrojar
dudas
sobre
su
imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza
pública en el sistema de justicia”. Véase, In re: Yamil Suárez
AD-2004-1, AD-2004-2
23
Marchán, res. 30 de junio de 2003, 2003 TSPR 115, 159 D.P.R. ___
(2003).
Los hechos de este caso no nos dejan dudas de que la Jueza
González
Acevedo
debió
inhibirse
de
la
consideración
de
los
recursos de revisión de las multas impuestas a la Jueza Pagán
Pagán. La relación estrecha de trabajo que había entre ambas,
sin
duda,
arroja
dudas
sobre
su
capacidad
para
actuar
imparcialmente en la adjudicación de los recursos.
Más aún, la rápida resolución de ambos recursos a favor de
la Jueza Pagán Pagán y el hecho de que no realizó una vista
evidenciaria, aun ante la falta de adecuada fundamentación para
la impugnación de los boletos de tránsito, mina seriamente la
imagen de imparcialidad de la judicatura, pues constituyó una
clara muestra de preferencia hacia la parte promovente de los
recursos, independientemente de los méritos de las controversias
jurídicas. De este modo, queda configurada la conducta imputada
en los cargos segundo y tercero.
IV.
A.
Contra la Jueza Karen Pagán Pagán fueron formulados dos
cargos. El primero constituye una reproducción del primer cargo
imputado a la Jueza González Acevedo, sin particularizarlo a su
conducta.
Así pues, como primer cargo se imputa contra Pagán Pagán,
en parte, haber violado los Cánones de Ética Judicial al no
citar a una vista evidenciaria y no ser diligente en la búsqueda
de la verdad.
AD-2004-1, AD-2004-2
24
Tal imputación es improcedente, pues en el proceso judicial
que
generan
ambas
exclusivamente
alguna
para
función
como
tomar
querellas,
parte
promovente
determinaciones
adjudicadora
Pagán
recaía
y
Pagán
compareció
carecía
judiciales
exclusivamente
al
de
facultad
respecto.
sobre
la
La
Jueza
González Acevedo, no sobre la Jueza Pagán Pagán.
Del primer cargo, la única alegación específica que pudiera
ser aplicable a la Jueza Pagán Pagán consiste en que ésta omitió
su deber de “cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones
administrativas
que
le
imponen
las
leyes
y
reglamentos
aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina
de Administración de los Tribunales”.
Como funcionaria de la Rama Judicial asignada a la Región
Judicial de Aguadilla, la Jueza Pagán Pagán estaba obligada a
cumplir fielmente las normas administrativas aplicables a toda
la Rama Judicial y las establecidas en la región a la cual
estaba
asignada.
Esa
obligación
conllevaba
tomar
en
consideración las normas administrativa aplicables a los casos
en los que ella figurara como parte.
En el presente caso, la Jueza Pagán Pagán debió considerar
que conforme a las normas administrativas vigentes, y a sus
circunstancias particulares, las que ya antes describimos, su
reclamación no debía ser tramitada en la Región Judicial de
Aguadilla.
Sin
embargo,
optó
por
presentarlas
en
dicho
foro
judicial. Ese proceder estuvo reñido con lo dispuesto en el
Canon
V
de
Ética
Judicial,
pues
aun
cuando
su
actuación
no
ocurre en el ejercicio de sus funciones judiciales, contribuyó a
AD-2004-1, AD-2004-2
que
se
burlara
25
lo
dispuesto
en
las
normas
administrativas
vigentes.
B.
El segundo cargo imputado contra la Jueza Pagán Pagán aduce
que al presentar los recursos de revisión administrativa en la
Región
Judicial
de
Aguadilla
violó
el
Canon
XXIII
de
Ética
Judicial que le impone los deberes de “evitar toda conducta o
actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o
pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez o
jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro” y de no
influir directa ni indirectamente en otro Juez o Jueza para
ubicarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el
litigio de causas personales.
En el pasado hemos señalado que dicho Canon encarna un
principio ético que “[p]arte de la premisa de que en nuestra
sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una
visión
y
influencia”.
112
D.P.R.
noción
pública
destacada,
de
prestigio
e
In re: Comunicación del Hon. Juez Pérez Jiménez,
683,
685
(1982).
Sin
embargo,
el
prestigio
que
adquiere una persona al asumir el cargo de juez no implica que
forma
parte
de
una
casta
privilegiada.
Los
jueces,
por
su
investidura, no están al margen de la ley ni se colocan en un
sitial
privilegiado
para
tramitar
causas
personales
ante
los
tribunales. Desde el estrado, como fuera de él, deben ser fieles
cumplidores
de
la
ley
y
de
las
normas
que
rigen
los
procedimientos judiciales.
Con sus actuaciones, la Jueza Pagán Pagán pretendió burlar
los trámites judiciales apropiados para impugnar los boletos de
AD-2004-1, AD-2004-2
26
tránsito que le fueron impuestos. No sólo presentó los recursos
de
revisión
en
una
sala
que
carecía
de
competencia
para
considerarlos, sino que toda la evidencia demuestra que lo hizo
a sabiendas de que serían asignados a la sala a la que estaba
asignada su compañera de oficina.
Apoya esta conclusión el hecho de que en al menos otras
cuatro
ocasiones
la
Jueza
Pagán
Pagán
presentó
recursos
de
revisión en el Tribunal de Aguadilla por multas que le fueron
impuestas en los pueblos de Manatí, Toa Baja y San Juan. De
estos
recursos,
tres
fueron
declarados
Ha
Lugar
por
la
co-
querellada González Acevedo. 11 Sólo uno, que no fue considerado
por la Jueza González Acevedo, fue trasladado al tribunal con
competencia.
Más aún, la falta de argumentos razonables esbozados en su
impugnación
arroja
serias
dudas
sobre
la
procedencia
en
los
méritos de su reclamo y sugiere que en lugar de ejercer su
derecho a cuestionar una multa de tránsito que le fue impuesta
ilegalmente, pretendía evadir su responsabilidad ciudadana de
responder por una falta en la que incurrió. Si bien la falta y
la
multa
ética,
la
que
cual
aparejaba
no
podía
eran
insignificantes,
evadir,
era
responder
su
obligación
por
ella
si
realmente la cometió.
11
Señala el Informe de la Comisión de Disciplina que en uno de
estos recursos de revisión se adujo, contrario a la realidad,
que en el boleto no constaba el municipio en donde se cometió la
falta. En otro se adujo que el vehículo descrito no era el de la
Jueza promovente, a pesar de que el número de tablilla indicado
en el boleto coincidía con el de su vehículo.
AD-2004-1, AD-2004-2
27
La norma ética básica que se impone sobre los jueces es
cumplir con la ley. 12 No podemos evadir esa responsabilidad si
pretendemos que otros la acaten, pues, como hemos afirmado en el
pasado “[n]o debemos ser los miembros de la Judicatura los que
precisamente incumplamos con las leyes y reglamentos que estamos
llamados a aplicar”. In re: Ferrán Quintana, res. 28 de junio de
2002, 2002 TSPR 93, 157 D.P.R. ___ (2002).
V.
La
sanción
anterior
determinación
disciplinaria
que
amerita
debemos
que
aplicar.
consideremos
Casos
la
similares,
ameritan sanciones similares.
En In re: Ferrán Quintana, supra, decretamos la suspensión
de empleo y sueldo por tres meses de un juez municipal que
incumplió órdenes administrativas al no notificar oportunamente
al Juez Administrador Regional que se ausentaría y haber firmado
sus hojas de asistencia dos días en los que no laboró. Allí
expresamos como fundamento de la sanción, que “[e]s precisamente
en el Tribunal de Primera Instancia, donde los ciudadanos tienen
un contacto más estrecho con la administración de la justicia,
que la obligación de los jueces de observar una conducta que
tienda a conservar la confianza y el respeto que requiere el
sistema judicial cobra mayor importancia”. Véase además, In re:
Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).
12
El Canon número I de los Cánones de Ética Judicial del 2005,
que entrarán en vigor el 1 de octubre próximo, a tenor con este
principio, dispone: “Las juezas y los jueces respetarán y
cumplirán la ley y serán fieles al juramento de su cargo”. In
re, Aprobación de Cánones de Ética Judicial de 2005, supra, nota
7.
AD-2004-1, AD-2004-2
Añadimos
que
28
“[n]osotros,
como
las
demás
ramas
del
gobierno, nos esforzaremos para sanear al servicio público de
aquellos funcionarios que en lugar de servir a Puerto Rico, se
sirven de él”. Y concluimos que, “todo juez tiene el deber de
ser fiel a la verdad y ajustarse disciplinadamente a sus deberes
administrativos”. In re: Ferrán Quintana, supra.
El caso de autos describe una situación similar.
Por lo anterior, estimamos apropiado suspender a la Jueza
Jeannette González Acevedo de empleo y sueldo por el término de
nombramiento que le resta como jueza municipal.
Procede, por su parte, suspender de empleo y sueldo a la
Jueza Karen Pagán Pagán por un término de tres meses.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, procede la suspensión
de empleo y sueldo de la jueza municipal Jeannette González
Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza
municipal y de la jueza Karen Pagán Pagán por el término de tres
meses.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jeannette González Acevedo
Karen Pagán Pagán
Juezas Municipales
Tribunal de Primera Instancia
Sala Municipal de Aguadilla
AD-2004-1
AD-2004-2
Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 20 de junio de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de la
presente, se suspende de empleo y sueldo a la jueza
municipal Jeannette González Acevedo por el término de
nombramiento que le resta como jueza municipal y de la
jueza Karen Pagán Pagán por el término de tres meses.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez disiente de la medida disciplinaria
adoptada por la Mayoría por entender que no es
proporcional con la falta cometida e impondría como
medida disciplinaria una censura severa. El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo