Tribunal Supremo de Puerto Rico
Janet Santana y otros v. Gobernadora Sila María Calderón y otros
2005 TSPR 86
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
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Janet Santana y otros v. Gobernadora Sila María Calderón y otros
CT-2004-0002
Facultad del Gobernador para hacer nombramientos y destituciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Janet Santana y otros
Demandante
Certiorari
v.
2005 TSPR 86
Gobernadora Sila María
Calderón y otros
164 DPR ____
Demandada
Número del Caso: CT-2004-2
Fecha: 17 junio 2005
United States District Court
District of Puerto Rico
Juez Ponente:
Hon. Jaime Pieras, Jr.
Abogada de la Parte Demandante:
Lcda. Monique Guillemard-Noble
Oficina del Procurador General:
Lcda. Ana R. Garcés Camacho
Procuradora General Auxiliar
Materia: Certificación Interjurisdiccional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Janet Santana y otros
Demandante
v.
CT-2004-2
Gobernadora Sila María
Calderón y otros
Demandada
Opinión del Tribunal
Rodríguez Rodríguez
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio 2005
La Corte de Distrito de los Estados Unidos para
el
Distrito
mediante
de
el
Puerto
Rico
procedimiento
de
acude
ante
nosotros
certificación
y
nos
formula la siguiente pregunta: ¿Si la Gobernadora del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
tiene
la
autoridad, bajo la Constitución de Puerto Rico, para
destituir
Desarrollo
1
a
la
Directora
Ocupacional
Ejecutiva
y
del
Recursos
Consejo
de
Humanos?
1
El texto original de la pregunta certificada indica:
“Does the Governor of Puerto Rico have the authority
under the Constitution of Puerto Rico to remove the
Executive Director of the HRODC?”
2
CT-2004-2
Previo a la discusión del asunto traído ante nuestra,
debemos resumir los hechos del caso según los mismos nos
fueron presentados por la Corte de Distrito en su solicitud
de certificación y los documentos anejados en la misma.
I
A.
La señora Janet Santana comenzó en el servicio público
del
gobierno
del
Estado
cuando comenzó a trabajar
Libre
Asociado
en
el
año
1994
en el Departamento de Educación.
Posteriormente pasó a laborar a la Oficina del Gobernador
donde
ejerció
Federales.
el
cargo
de
Ayudante
a
cargo
de
Asuntos
Allí laboró de enero de 1997 a julio de 2000,
cuando fue nominada por el entonces Gobernador de Puerto
Rico, Hon. Pedro J. Rosselló González, para ocupar el cargo
de
Directora
Ejecutiva
del
Consejo
de
Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos (el “Consejo de Desarrollo
Ocupacional” o el “Consejo”) por el término de cuatro años,
conforme dispone el Art. 5 de la Ley Núm. 97 de 18 de
diciembre de 1991, según enmendada, 18 L.P.R.A. sec. 1584.
En
mayo
del
2000,
el
entonces
Gobernador
Rosselló
González, promulgó la Orden Ejecutiva 2000-06 designando al
Consejo
de
Desarrollo
Ocupacional
como
el
depositario
y
administrador de los fondos asignados a Puerto Rico por la
Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora, el “Workforce
Investment Act”, Ley Núm. 105-220, 112 Stat. 946 (1998), 29
U.S.C.
secs.
2801-2945
(2002)
(“WIA”
por
sus
siglas
en
3
CT-2004-2
inglés). 2
Los fondos WIA, que ascendían a $300 millones de
dólares,
pasaron
entonces
a
ser
administrados
por
el
Consejo de Desarrollo Ocupacional.
El
2
de
enero
de
2001
y
luego
de
las
elecciones
generales celebradas en Puerto Rico en noviembre de 2000,
la
Hon.
Sila
Puerto Rico.
M.
Calderón
juramentó
como
Gobernadora
de
La Gobernadora Calderón designó al licenciado
Víctor Rivera Hernández como Secretario del Departamento
del Trabajo.
Éste
también asumió su cargo el 2 de enero
de 2001.
El 3 de enero de 2001, la Gobernadora promulgó la
Orden Ejecutiva-2001-03 como medida de control del gasto
público
y
para
propiciar
la
estabilidad
gobierno, ante lo que se estimaba iba a ser un
deficitario para ese año fiscal.
fiscal
del
presupuesto
Así, la Orden Ejecutiva
dispuso que todos los puestos en el servicio de carrera que
estuvieran
ocupar.
previa
2
vacantes
en
ese
momento
permanecieran
sin
Dispuso además que se requiriera la autorización
del
Secretario
de
la
Gobernación
cuando
fuera
En el año 1998, el Congreso de los Estados Unidos promulgó
el “Workforce Investment Act” (“WIA” por sus siglas en
inglés) para promover la inversión en la fuerza trabajadora
propiciando el empleo y la retención en el empleo de los
trabajadores beneficiarios.
Procura también esta ley
federal mejorar el adiestramiento ocupacional de los
participantes como mecanismo para reducir el desempleo. 29
U.S.C. sec. 2811 (2002).
Para recibir fondos WIA, el
estado, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
debe crear una entidad gubernamental que formule un plan
estratégico sobre cómo se invertirán estos fondos en
beneficio de la fuerza trabajadora.
A esos efectos, la
Orden Ejecutiva 2000-06 creó la Junta Estatal.
4
CT-2004-2
necesario ocupar alguna de las vacantes existentes en las
agencias
del
Estado
Libre
requirió
la
previa
autorización
Gobernación
cuando
contrato
servicios
de
se
fuera
Ejecutiva
2001-03
junta,
cuerpo
.
departamento
.
.
instrumentalidad
.
.
del
a
otorgar
iba
o
autoridad
la
de
o
enmendar
algún
consultivos.
La
a
.
Ejecutivo
.
o
del
la
“cualquier
corporación
.
Orden
Secretario
dirigida
comisión,
Poder
Además,
del
profesionales
Orden
.
Asociado.
pública,
cualquier
Estado
Libre
Asociado.”
La demanda instada alega que a raíz del nombramiento
del licenciado Rivera Hernández y éste asumir el cargo de
Secretario
del
experimentar
Trabajo,
acciones
la
señora
discriminatorias
Santana
comenzó
a
en
contra
que
su
culminaron con su destitución como Directora Ejecutiva del
Consejo de Desarrollo Ocupacional.
acciones
fueron
motivadas
por
su
Se arguye que dichas
afiliación
política
al
Partido Nuevo Progresista.
La
carta
Gobernadora a
de
destitución
la señora
enviada
por
la
señora
Santana, de fecha de 7 de marzo
de 2001, indicaba lo siguiente:
Usted funge como Directora Ejecutiva del
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos
Humanos (‘CDORH’).
Como tal, participa en la
operación y dirección del desarrollo ocupacional
y de recursos humanos del Estado Libre Asociado
lo
que
conlleva,
entre
otras
cosas,
la
implantación de programas para desarrollar la
inversión el las fuerzas trabajadoras de Puerro
Rico.
Sus funciones por lo tanto son de
naturaleza puramente ejecutiva.
5
CT-2004-2
. . .
[U]sted ha realizado unos actos que denotan
incumplimiento e insubordinación a la Orden
Ejecutiva OE-2001-03 y las ordenes (sic) y
directrices del Secretario del Trabajo, Hon.
Victor (sic) Rivera Hernández, como es su deber
en Ley. Entre los hallazgos de incumplimiento y
de insubordinación se encuentran los siguientes:
(1)
usted
realizó
tres
nombramientos
sin
autorización
mía,
del
Secretario
de
la
Gobernación o del Secretario del Trabajo; (2)
usted realizó un viaje a California para asuntos
oficiales, sin la notificación y aprobación del
Secretario del Trabajo; (3) usted anunció al
personal del consejo una reorganización del Plan
de Clasificación de puestos de carrera sin el
consentimiento del Secretario del Trabajo; (4)
usted autorizó cinco órdenes (sic) de compras de
equipos entre el 22 de enero y el 9 de febrero de
2001; y (5) usted ocasionó la devolución de
$1,476,070.81 de fondos federales del Título III,
y ésta resultó ser una decisión incorrecta, ya
que dichos fondos eran necesarios para los
asuntos relacionados de cierre de empresas.
Así las cosas, en mayo de 2001, la señora Santana y su
esposo presentaron ante la Corte de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda por
discrimen político bajo la ley federal de derechos civiles,
42
U.S.C.
sec.
1983.
En
la
misma,
solicitaron
daños
compensatorios y punitivos y que se expidiera un remedio
interdictal.
Se
demandó
en
su
capacidad
personal
como
oficial a la señora Gobernadora, al Secretario del Trabajo,
al
Director
del
Consejo,
Xavier
González
Calderón
y
al
representante en la Región II del Departamento del Trabajo
de los Estados Unidos, el señor Ralph Muñiz.
La
demanda
instada
principales
bajo
la
civiles,
saber:
una
a
contiene
legislación
reclamación
tres
federal
por
reclamaciones
de
derechos
violación
a
la
6
CT-2004-2
Primera
Enmienda
por
alegado
discrimen
por
afiliación
política; una reclamación por violación a la cláusula de
debido proceso de ley de la Enmienda Decimocuarta de la
Constitución
de
los
Estados
Unidos
en
su
vertiente
procesal, bajo el fundamento que la señora Santana tenía un
interés
propietario
reclamación
en
la
en
su
cual
se
empleo;
arguyó
y,
que
una
los
tercera
demandados
conspiraron entre sí para destituirla de su puesto.3
En respuesta a la demanda instada los demandados, en
su
capacidad
personal,
presentaron
una
moción
de
desestimación fundamentada principalmente en la doctrina de
inmunidad
moción
bajo
presentada
el
señora
condicionada
solicitaron
fundamento
Santana
no
(“qualified
la
que,
primero,
violaba
sus
inmunity”).
desestimación
la
En
del
destitución
derechos
bajo
la
la
caso
de
la
Primera
Enmienda toda vez que el puesto que ella ocupaba era uno
que implantaba política pública por lo que el requisito de
afiliación
política
para
dicho
cargo
era
apropiado.
Segundo, que no se le había violado el debido proceso de
ley toda vez que ella no tenía un derecho propietario sobre
3
Los demandantes incluyeron además una reclamación por
violación a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según
enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 et. seq., por discrimen;
una reclamación en daños y perjuicios bajo el Artículo 1802
y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs, 5141, 5142; una
reclamación directamente bajo la Constitución de los
Estados
Unidos
por
discrimen
(“Bivens
claim”)
y,
finalmente,
una
causa
de
acción
por
violación
al
Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (“COBRA”),
Pub. L. No. 99-272, 100 Stat. 228, 29 U.S.C. secs. 1162, et
seq.
7
CT-2004-2
el puesto que desempeñaba.
Tercero, que no concurrían en
este caso los requisitos necesarios
para establecer una
causa de acción por conspiración bajo el estatuto federal
de derechos civiles.
Finalmente, los demandados levantaron
la defensa de inmunidad condicionada por lo que solicitaron
la
desestimación
de
la
demanda
instada
en
su
capacidad
personal.
El 14 de febrero de 2002, la Corte de Distrito emitió
una opinión en la cual acogió algunos de los planteamientos
de los demandados, desestimando por lo tanto la causa de
acción de discrimen político bajo la Primera Enmienda y la
causa
de
acción
de
conspiración
bajo
42
U.S.C.
sec.
1985(3).
Santana v. Calderón, 188 F. Supp. 160 (D.P.R.
2002).
La
Corte
de
Distrito
denegó
la
solicitud
de
desestimación de la causa de acción por alegada violación
al debido proceso de ley en su aspecto procesal.
Inconformes
instaron
una
con
la
apelación
determinación,
interlocutoria
los
ante
demandados
la
Corte
de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.
En el recurso instado se impugnó la determinación
del
tribunal
la
a
quo
de
denegar
la
desestimación
de
reclamación de violación del debido proceso de ley en su
aspecto procesal.
La Corte de Apelaciones revocó a la
Corte
y
de
Distrito
determinó
que,
en
efecto,
los
demandados estaban protegidos por la doctrina de inmunidad
condicionada respecto la reclamación bajo la cláusula de
8
CT-2004-2
debido
proceso
de
ley
en
su
vertiente
procesal.
Véase,
Santana v. Calderón, 342 F.3d 18 (1st Cir. 2003).
El
hechos
foro
que
apelativo
dieron
concluyó
base
a
la
que
al
momento
reclamación
de
la
de
los
señora
Santana, no estaba claramente establecido que ésta tuviese
un derecho propietario sobre el cargo que ocupaba, por lo
que
procedía
demandados
desestimar
en
Apelaciones,
su
reclamación
capacidad
razonando
por
instada
personal.
analogía
contra
los
Corte
de
aplicando
la
La
y
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la facultad del
Presidente de destituir funcionarios de la Rama Ejecutiva,
concluyó
que
la
Gobernadora
muy
bien
podía
tener
la
facultad constitucional de destituir a la señora Santana
como
Directora
Ejecutiva
del
Consejo.
Reconociendo
que
ello no ha sido resuelto por este Tribunal, concluyó que no
estaba claramente establecido que tal curso de acción era o
no
procedente,
estuviesen
lo
cobijados
que
por
permitía
que
inmunidad
los
demandados
condicionada
al
destituirla del cargo.4
4
Sobre
este particular la Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Primer Circuito indicó en Santana v.
Calderón, 342 F.3d 18, 30-31 (lst Cir. 2003) lo siguiente:
We cannot conclude that the defendants had
notice that their removal of the plaintiff from
her position would violate clearly established
law.
Given the purely executive nature of the
Executive
Director
position,
the
position’s
limited
policy
making
function,
and
the
Governor’s general power of removal, it was
reasonable for defendants to believe that Santana
did not have a property interest in continued
9
CT-2004-2
La Corte de Apelaciones devolvió el caso al tribunal
de instancia para que prosiguieran los procedimientos en
cuanto a las otras reclamaciones incluidas en la demanda
instada.
las
La Corte instó al foro inferior a consultar con
partes
sobre
la
deseabilidad
de
certificar
a
este
Tribunal la controversia sobre la existencia o no de un
derecho propietario sobre el cargo de Director Ejecutivo
del Consejo de Desarrollo Ocupacional.
Señaló dicho foro
específicamente: “Only the Supreme Court of Puerto Rico can
definitively resolve this property right issue.
Therefore,
we urge the district court, as it proceeds with the suit
for
injunctive
defendants,
to
relief
and
consult
the
other
claims
against
the
with
the
parties
about
the
appropriateness of certifying to the Puerto Rico Supreme
Court the Commonwealth constitutional issue relating to the
removal power of the Governor.”
342 F.3d, pág. 31.
Así las cosas, el pasado 2 de septiembre de 2004 la
Corte
de
Tribunal
Distrito
una
presentó
solicitud
de
ante
la
Secretaría
certificación
de
expedida
este
por
el
Hon. Juez Jaime Pieras, ante quien se ventila el caso de
epígrafe.
presentada,
Aceptada la certificación ínter jurisdiccional
le
concedimos
a
ambas
partes
un
simultáneo para presentar sus respectivos alegatos.
término
Éstas
______________________
employment and that her termination therefore was
not
subject
to
constitutional
due
process
violation.
10
CT-2004-2
comparecieron y estando en posición de resolver pasamos a
así hacerlo.
Antes de pasar a discutir propiamente la controversia
de derecho planteada en este recurso, se hace necesario
describir
con
mayor
detenimiento
las
facultades
encomendadas por ley al Director Ejecutivo del Consejo de
Desarrollo
Ocupacional
ya,
adelante,
ello
directamente
incide
que
como
se
discutirá
sobre
la
mas
pregunta
certificada.
B.
El
Director
Ocupacional
es
Ejecutivo
el
del
funcionario
Consejo
que
de
dirige
los
administrativos y operacionales del Consejo.
sec. 1584.
Desarrollo
trabajos
18 L.P.R.A.
Es un cargo creado en virtud de la Ley Núm. 97
de 18 de diciembre de 1991, que se ejerce por el término
fijo
de
cuatro
años
Id. 5
Gobernador.
y
su
salario
lo
establece
el
La ley no dispone para la destitución de
este funcionario.
El Consejo de Desarrollo Ocupacional, está compuesto
por
el
Secretario
Familia,
Secretario
el
de
Educación,
Secretario
del
Secretaria
Desarrollo
Trabajo
–quien
lo
sector
privado
y
representantes
del
público.
L.P.R.A.
18
de
la
sec.
1584.
de
la
Económico,
el
preside-,
tres
El
del
Consejo
tres
interés
fue
el
Este funcionario no es uno en el servicio de carrera
conforme la Ley de Personal del Servicio Público del Estado
Libre Asociado. 3 L.P.R.A. sec. 1301.
5
11
CT-2004-2
mecanismo
diseñado
por
el
legislador
para
administrar
y
regir el Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
1584.
El
programas
Sistema
agrupa
el
“conjunto
o
unidades
operacionales
indirectamente
ofrecen
servicios
formación
tecnológica
“el
proceso
que
agencias,
directa
no
o
con
la
universitaria.”
18
Formación tecnológico ocupacional es
sistemático
participante
de
relacionados
ocupacional
L.P.R.A. sec. 1582.
18 L.P.R.A. sec.
los
formal
para
conocimientos
y
proveer
a
cada
experiencias
para
desarrollar las competencias que le permitan ingresar en un
empleo, retenerlo y mejorar en su condición de trabajo.”
18 L.P.R.A. sec. 1581(b).
El
Director
Ocupacional,
Ejecutivo
tienen
a
y
cargo
el
Consejo
desempeñar
de
Desarrollo
las
siguientes
funciones, entre otras: (1) “[i]mplanta[r] y hace cumplir
la política pública que se establece en esta legislación y
aquella
otra
relación
a
propósitos
que
en
el
la
educación
de
este
futuro
pueda
establecerse
técnico-ocupacional
capítulo”;
(2)
y
con
a
los
establece[r]
los
objetivos del Sistema “de acuerdo a la política pública
(3) establecer los niveles de competencias
establecida”;
mínimas que deben poseer los alumnos del Sistema;
(4)
establecer las normas necesarias para la “consolidación de
dos
o
mas
Sistema”;
programas
(5)
someter
tecnológicos
u
la
presupuestaria
petición
ocupacionales
de
del
los
12
CT-2004-2
componentes
del
Sistema
a
la
Oficina
de
Presupuesto
y
Gerencia: (6) ser el depositario y administrar los fondos
que recibe Puerto Rico bajo la ley federal de Educación
Vocacional
y
Tecnológica
Aplicada
Carl
D.
Perkins.
L.P.R.A. secs. 1585(a), (b), (e), (g), (k), (w).
18
(Énfasis
nuestro.)
Además,
Orden
como
indicamos
al
Ejecutiva
2000-06,
el
inicio,
en
Consejo
virtud
de
de
la
Desarrollo
Ocupacional es el depositario y administrador de los fondos
WIA que recibe Puerto Rico del gobierno federal, los cuales
ascienden a $300 millones de dólares. 6
Le corresponde al
Director Ejecutivo del Consejo, auditar las juntas locales
y regionales que reciben estos fondos para cerciorarse del
cumplimiento
aplicable.
Director
con
reglamentación
estatal
y
federal
Véase, Segunda demanda enmendada, par. 4.9.
Ejecutivo
propuestas
la
además
sometidas
para
participa
recibir
en
la
estos
evaluación
fondos
y
en
El
de
la
autorización eventual de los correspondientes desembolsos.
Id.
Con
ese
controversia
Gobernador
6
de
trasfondo,
pasemos
entonces,
relativa
a
la
remover
a
funcionarios
facultad
evaluar
la
constitucional
del
por
a
él
nombrados.
La Orden Ejecutiva 2000-06 indica lo siguiente:
“The Executive Director of the Occupational
Development and Human Resources Council shall be
responsible and accountable to the State Board
for the receipt, custody and disbursement of the
federal funds received pursuant to WIA and shall
post fidelity bond prescribed by the laws of
Puerto Rico for public employees.”
13
CT-2004-2
Primero,
haremos
certificación
y
una
su
breve
reseña
importancia.
del
mecanismo
Luego,
un
de
recuento
histórico de la facultad de destitución de un gobernador
previo a la adopción de la Constitución; para finalmente
analizar
la
controversia
certificada
en
el
contexto
del
alcance de la cláusula de nombramiento de la Constitución.
Veamos detenidamente.
II
El ordenamiento procesal civil puertorriqueño reconoce
dos tipos de certificación, la intra jurisdiccional y la
ínter
jurisdiccional.
El
caso
de
autos
involucra
la
certificación ínter jurisdiccional la cual está regulada
por el Art. 3.002(f) de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de
2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s(f), la Regla 53.1(f) de las de
Procedimiento
Civil,
y
la
Regla
25
del
Reglamento
del
Tribunal Supremo.
La certificación ínter jurisdiccional es un mecanismo
procesal
inherentes
efectivo
a
un
que
permite
sistema
de
mitigar
justicia
las
tensiones
federalista
donde
coexisten en una misma jurisdicción dos sistemas judiciales
soberanos,
el
sistema
federal
y
el
sistema
estatal.
Mediante la certificación, uno de esos soberanos procura la
asistencia
del
segundo
para
que
éste
emita
un
pronunciamiento
definitivo
sobre
una
cuestión
dudosa
de
derecho, anunciando así un nuevo principio legal.
Nash,
Examining the Power of Federal Courts to Certify Questions
14
CT-2004-2
of
State
Law,
88
Cornell
L.
Rev.
1672,
1690
(2003);
Calabresi, Federal and State Courts: Restoring a Workable
Balance, 78 N. Y .U. L. Rev. 1293 (2003).
Este procedimiento adelanta los intereses tanto del
sistema judicial federal como el sistema judicial estatal.
En Arizonans for Official English v. Arizona, 520 U.S. 43,
76 (1997) (Ginsburg, J.), el Tribunal Supremo indicó lo
siguiente,
sobre
federal
la
de
certificación:
los
beneficios
correcta
que
utilización
“[Certification]
deriva
del
allows
el
sistema
procedimiento
a
federal
de
court
faced with a novel state-law question to put that question
directly to the State’s highest court, reducing the delay,
cutting costs, and increasing the assurance of gaining an
authorative response.”
Véase, Braun, A Certification Rule
for California, 36 Santa Clara L. Rev. 935, 940 (1996)
(“from
a
federal
court’s
point
of
view,
allowing
certification of an uncertain point of state law avoids
both
the
necessity
unfamiliar
law
of
of
a
time-consuming
foreign
possibility of . . . error.”)
Weissman,
Interactive
Judicial
speculation
jurisdiction
on
the
and
the
En igual sentido, Kaye,
Federalism:
Certified
Questions in New York, 69 Fordham L. Rev. 373, 378 (2000);
Sloviter,
A
Federal
Judge
Views
Diversity
Jurisdiction
Through the Lens of Federalism, 78 Van. L. Rev. 1671, 167980 (1992); Carr, Robbins, Interjurisdictional Certification
and Choice of Law, 41 Vand. L. Rev. 411, 415 n. 11 (1988).
15
CT-2004-2
Por
lo
tanto,
tramitación
consideraciones
de
los
casos,
de
certeza
eficiencia
judicial,
en
la
cortesía
(“comity”) y deferencia al más alto tribunal estatal, son
algunas de las consideraciones que abonan a la utilización
del mecanismo de certificación por el foro federal.
Desde
la
óptica
del
sistema
judicial
estatal
la
certificación ínter jurisdiccional es también un mecanismo
de gran utilidad y beneficio.
En Pan Ame. Comp. Corp. V.
Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785 (1982) indicamos que
este
mecanismo
permite
“preservar
y
respetar
la
función
prístina de las cortes estatales de interpretar y formular
el derecho de los estados.”
Véase además, Guzmán Vargas v.
Calderón, res. el 23 de marzo de 2005, ___ D.P.R. ___, 2005
JTS 38.
De esta forma las prerrogativas de un estado de
establecer, definir y delimitar los linderos de su Derecho
se
salvaguardan.
Se
propicia
y
adelanta
así
una
interrelación judicial armoniosa y de respeto mutuo entre
los dos sistemas judiciales soberanos que conviven en el
Estado Libre Asociado.
III
La Constitución del Estado Libre Asociado no contiene
una
disposición
expresa
que
establezca
la
facultad
Gobernador de destituir funcionarios públicos.
del
El único
mecanismo de destitución que se recoge en la Constitución
es el de residenciamiento.
Art. III, sec. 21, Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
16
CT-2004-2
Ahora bien, históricamente, la facultad de remover o
separar
a
un
funcionario
de
su
cargo
por
el
Primer
Ejecutivo
había
sido
reconocida desde principios de
Siglo
cuando
en
año
XX,
Político.
el
1902
se
aprobó
el
Código
Así, el Artículo 53 del Código Político de 1902
dispuso, al enumerar las prerrogativas del gobernador, que
éste estaba facultado “para separar a cualquier funcionario
que hubiere nombrado; podrá declarar vacante el cargo y
cubrirlo en la forma prescrita por ley.”7 3 L.P.R.A. sec. 6.
Por lo tanto, nuestro ordenamiento contiene desde hace más
de un siglo, una ley general donde se le reconoce esta
prerrogativa al Primer Ejecutivo, sujeto a que ello ocurra
de “la forma prescrita por ley.”
Por lo tanto, el Art. 53
aunque reconoció la facultad de destitución la condicionó a
las restricciones prescritas por ley.
Por otro lado, en Gelpí v. Leahy, 56 D.P.R. 925, 926
(1940), al interpretar el Art. 49 del Acta Orgánica de 19178
que facultaba al Gobernador a nombrar jueces dijimos:
“Ese
artículo, . . . , otorga al Gobernador el poder absoluto de
7
Luego de la aprobación de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el Art. 53 del Código Político fue
enmendado para conformarlo al nuevo esquema de gobierno.
El cambio no alteró en nada la facultad que allí se recoge,
su lenguaje permaneció intacto.
8
El Art. 49 del Acta Orgánica de 1917 disponía:
“En lo sucesivo todos los jueces, marshalls
y Secretarios de los tribunales establecidos
actualmente o que se establecieron en adelante en
Puerto
Rico,
y
cuyo
nombramiento
por
el
Presidente no esté dispuesto por ley, serán
nombrados por el Gobernador con el concurso y
consentimiento del Senado de Puerto Rico.”
17
CT-2004-2
(Énfasis
destituir como inherente al poder de nombrar.”
nuestro.)
Vemos
así,
Constitución
cómo
existía
al
ya
momento
en
Puerto
de
adoptar
Rico
una
nuestra
normativa
estatutaria y jurisprudencial que reconocía como ínsito al
poder de nombrar del Gobernador, el concomitante poder de
destituir; facultad que describimos en Gelpí como absoluta.
Analicemos entonces el texto de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
B.
Al
adoptarse
Constituyentes
la
Constitución
procuraron
una
en
estructura
el
1952,
de
los
gobierno
compuesta por tres poderes co-iguales, subordinados todos a
la soberanía del pueblo.
Art. I, sec. 2, Constitución del
Estado Libre Asociado.
Cada uno de estos poderes, aunque
soberano e independiente respecto el ejercicio del poder
conferido, interrelaciona con los otros manteniendo íntegra
la autoridad de cada cual.
Pueblo v. Santiago Feliciano,
139 D.P.R. 361, 420 (1995).
Como muy acertadamente señaló
el
Juez
Asociado
Jackson,
en
su
opinión
concurrente
en
Youngstown Sheet & Tube Co. V. Sawyer, 343 U. S. 579, 635
(1952):
“While the Constitution diffuses power the better
to secure liberty, it also contemplates that practice will
integrate the dispersed powers into a workable government.
It
enjoins
upon
the
branches
separateness
interdependence, autonomy but reciprocity.”
but
18
CT-2004-2
La
doctrina
de
separación
de
poderes
se
asienta
precisamente sobre el principio que el poder se delega en
las
tres
ramas
de
gobierno
para
así
“evitar
la
concentración de poderes en una sola rama, o el abuso de
poder de parte de otra”.
Santiago Feliciano, ante.
La
existencia de tres poderes co-iguales genera necesariamente
tensión y fricción entre las ramas que se aminora mediante
un sistema de pesos y contrapesos, que permite calibrar el
fino equilibrio en el ejercicio del poder, según lo ordena
la Constitución. Véase, Hernández Agosto v. López Nieves,
114 D.P.R. 601 (1983); Hernández Agosto v. Romero Barceló,
112 D.P.R. 407 (1982); Banco Popular v. Corte, 63 D.P.R. 66
(1947).
El Art. IV de la Constitución describe el alcance del
Poder Ejecutivo.
específicamente
Gobernador.
que
el
En la sección 1, Art. IV, se dispuso
que
el
Poder
lo
ejerza
el
De otra parte, la sección 4, Art. IV dispone
Gobernador
podrá
en
Constitución
disponga
Ejecutivo
esta
“nombrar,
o
en
la
forma
que
se
por
ley,
a
todos
los
funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado.”
Durante
el
proceso
de
debate
de
la
Asamblea
Constituyente sobre el Poder Ejecutivo, el delegado señor
Gutiérrez Franqui, propuso se eliminara de este Artículo
una
sección
facultad:
que
le
“Ejercer
administración
confería
la
pública.”
al
Gobernador
la
siguiente
dirección
general
de
El
Gutiérrez
Franqui
delegado
la
19
CT-2004-2
objetó dicho lenguaje por entender que el mismo constituía
una
limitación
Gobernador.
a
las
facultades
constitucionales
del
Indicaba el señor delegado Gutiérrez Franqui:
Entonces, leyendo este artículo como fue
aprobado en la Comisión Total, nos pareció que
insertar esta expresión: ‘ejercer la dirección
general del poder ejecutivo del gobierno’ podía
aparecer como una limitación a la sección 1 donde
decía que ‘el poder ejecutivo’ . . . cual es, ‘se
ejercerá por un gobernador’.
Si aquí decimos que su atribución y función es
supervisar, la dirección general, eso no es ser
jefe supremo del poder ejecutivo, a nuestro
juicio, sino que más bien es una limitación a esa
facultad.
Entendimos, que la forma de corregir la posible
duda, era eliminar esa frase en su totalidad con
esta explicación como propósito de la enmienda,
para que resultara claro de la acción de esta
Convención, que había sido su propósito investir
a este funcionario ejecutivo, a este jefe
ejecutivo con la facultad y la autoridad suprema
en el poder ejecutivo, sin limitaciones de
ninguna clase.
3 Diario de Sesiones, 1962, pág. 2272.
(Énfasis nuestro.)
Véase además, J. Trías Monge, Historia Constitucional de
Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol.
III, págs. 114-17.
Nuestra
Constitución
por
lo
tanto
adoptó
un
Poder
Ejecutivo unitario al investir a un solo funcionario –el
Gobernador– con la autoridad suprema en la Rama Ejecutiva
“sin
limitaciones
impartirle
dinamismo
de
ninguna
y
unidad
clase.”
de
Ello
propósito
a
permite
la
Rama
Ejecutiva; fortalece al Primer Ejecutivo en la protección
de sus prerrogativas constitucionales frente a lo que serán
20
CT-2004-2
intentos de socavar las mismas por las otras ramas; y le
hace responsable único de la gestión de una de las tres
ramas de gobierno frente a la ciudadanía.9
El investir al Gobernador con la facultad y autoridad
suprema en el Poder Ejecutivo “sin limitaciones de ninguna
clase”, requiere, para que esa expresión tenga verdadero
contenido que, como mínimo, el Primer Ejecutivo tenga la
autoridad legal para impartir instrucciones u órdenes de
carácter
obligatorio
a
los
funcionarios
de
la
Rama
Ejecutiva que nombra, para que se tomen las medidas que a
su juicio adelanten la política pública del gobierno. 10 Ello
a su vez supone que el Gobernador tiene la facultad de
remover a ese funcionario si rehúsa actuar acorde a lo que
es la política pública expresada por el Gobernador.
Solo
de esta forma el Primer Ejecutivo se cerciorará que se
ejecuta la política pública establecida y se cumpla con la
ley.
En
última
instancia,
equivalente
al
de
funcionarios
del
poder
ejecutivo
el
poder
controlar
que
las
formulan
de
destituir
acciones
o
de
es
los
contribuyen
a
formular política pública.11
9
Véase sobre este particular, Calabresi, Some Normative
Arguments for the Unitary Executive, 48 Ark. L. Rev. 23,
37-47 (1995); Currie, The Distribution of Power after
Bowsher, 1986 Sup. Ct. Rev. 19, 31-36.
10
Claro está, la acción que se exige del funcionario tiene
que
estar
enmarcada
dentro
de
sus
atribuciones
discrecionales.
Véase, Miller, Independent Agencies, 1986
Supreme Court Review 41, 59.
11
Véase, Calabresi, Normative Arguments for the Unitary
Executive, 48 Ark. L. Rev. 23, 58 (1995).
21
CT-2004-2
Por
otro
lado,
la
sección
4
del
Art.
IV
de
la
Constitución, enumera los deberes, funciones y atribuciones
constitucionales del Gobernador, entre las que se encuentra
la obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes.”
Para
cumplir con esta obligación constitucional el Gobernador
tiene que nombrar funcionarios que le puedan asistir en
dicha encomienda.
Es evidente que no es posible que tal
responsabilidad recaiga exclusivamente sobre una persona.
La esencia del concepto poner en vigor la ley “no es
la
mera
interpretación
legislativo,
autoridad
sino
sobre
es
los
e
implementación
determinar
oficiales
quién
que
del
ejerce
la
última
implementan
la
ley.”
Noriega v. Hernández Colón, 112 D.P.R. 406, 463
(Énfasis nuestro.)
mandato
(1994).
Secuela entonces de la obligación de
cumplir y hacer cumplir la ley que impone la Constitución,
está el poder de ejercer “la última autoridad sobre . . .
[los] oficiales” que asisten al Gobernador en el descargo
de esa responsabilidad; lo que implica necesariamente el
poder
de
remoción
de
quienes
incumplan
con
esa
responsabilidad.
Debemos entonces concluir, a la luz de los supuestos
antes
mencionados
que,
consustancial
con
la
facultad
constitucional de nombramiento del Primer Ejecutivo, está
la de destituir a quien se nombra.
Véase, In re Marín
Báez, 81 D.P.R. 274, 278 n. 3 (1959).
(“Quedaría como
única alternativa, la de recurrir al poder inherente del
22
CT-2004-2
Ejecutivo
para
destituir
a
los
funcionarios
que
él
nombra.”)
Prerrogativa que como vimos, no era foránea a
nuestro
ordenamiento cuando se aprobó la Constitución en
el 1952.
C.
El contenido y alcance del poder de nombramiento del
Gobernador
y
la
facultad
funcionarios
subordinados
recientemente
abordamos,
solicitud
certificación.
ante.
de
de
a
como
éste
él,
de
es
resultado
Guzmán
destituir
a
tema
que
un
también
Vargas
v.
de
una
Calderón,
Hoy lo abordamos nuevamente.
La discusión habida durante el proceso de adopción de
la Constitución, específicamente en lo que se refiere a los
poderes de la Asamblea Legislativa, nos sirven como punto
de
partida,
como
siempre,
para
deslindar
el
alcance
de
estas facultades del Gobernador frente a las prerrogativas
de la Asamblea Legislativa.
El Art. III de la Constitución sobre los poderes de la
Asamblea Legislativa, contenía un lenguaje que facultaba a
la
Asamblea
Legislativa
a
“determinar
las
funciones,
deberes y el término de servicios de los secretarios de
gobierno”.
Contenía además otra disposición que proveía
que:
“[n]ingún secretario de gobierno desempeñará su cargo
por
un
término
que
exceda
al
de
la
incumbencia
del
Gobernador que lo nombró.”
El delegado señor Gutiérrez
Franqui
disposiciones
propuso
que
dichas
se
eliminasen,
23
CT-2004-2
invocando para ello lo resuelto por el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos en Myers v. United States, 272 U. S. 52
(1926) y Humphrey’s Executor v. United States, 295 U. S.
602 (1935).
Casos éstos donde se discutió extensamente el
alcance de la cláusula de nombramiento de la Constitución
de los Estados Unidos y las limitaciones que le impone al
ejercicio del poder del Congreso.
Por su relevancia a la
controversia que hoy nos ocupa, citamos in extenso:
Al examinar cuidadosamente esta disposición,
nos asaltó la duda de si era facultad propia de
la Asamblea Legislativa, en un gobierno de
sistema republicano, y en donde la Asamblea
Legislativa tiene la facultad de aprobar leyes
por encima del veto del Gobernador, que el poder
legislativo pudiera tener la facultad, de variar
a su antojo, el término de duración de los cargos
de los secretarios de gobierno; o de variar a su
antojo, la especificación de sus funciones.
En nuestro estudio del problema, fuimos a
buscar la fuente del derecho constitucional
americano, y en primer término nos encontramos
con que la Constitución de los Estados Unidos
nada dice sobre las funciones y el término de
duración de los cargos de los miembros del
Gabinete.
Al encontrarnos con esa situación en
la Constitución federal, empezamos a buscar la
historia judicial de interpretación que pudiera
haber sobre el particular, y encontramos que el
problema fue uno objeto de amplia consideración y
discusión por los federalistas y por los primeros
comentaristas de la Constitución americana.
.
.
.
La primera controversia judicial que surge
en torno al problema, [. . .] se conoce en la
jurisprudencia [. . . ] como el caso Myers.
El
caso Myers sostuvo que la Constitución de los
Estados Unidos, al concederle al Presidente la
facultad
de
nombramiento,
le
concedió
como
ingrediente indispensable de esa facultad, la
facultad de destitución en cualquier momento; y
que ninguna disposición del Congreso de los
24
CT-2004-2
Estados Unidos podía fijarle término a un
funcionario del [poder] ejecutivo que fuese
válido, contra la facultad absoluta del [jefe]
ejecutivo de removerlo en cualquier momento.
. . .
Así fue que la situación llegó a la corte, y
es en esa fecha en que se modifica la regla
absoluta, en el caso de Myers, y se decide que la
Constitución de los Estados Unidos, al guardar
silencio sobre el término de duración de los
cargos de los miembros del Gabinete, y al no
autorizar
específicamente
al
Congreso
para
legislar sobre la materia, había procedido sobre
la base, de que siendo esos cargos de naturaleza
tal que pertenecían a la rama ejecutiva, en su
propia esencia, el poder del Presidente de
nombrar y destituir en esos cargos era absoluto;
y que en eso se confirmaba la doctrina del caso
de Myers.
Pero señaló el caso de Humphrey’s que la
regla no es así, cuando se trata de nombramientos
que el Presidente hace, pero que, en primer
lugar, no son de la esencia misma del poder
ejecutivo, o son nombramientos que hace para
personas que desempeñan funciones en una de las
otras dos ramas del gobierno.
Bien sea en la
rama legislativa, o en la rama judicial, o en los
organismos de carácter cuasi judicial.
O sea,
que la facultad del Presidente de los Estados
Unidos para nombrar una persona en la rama
legislativa, que le fuera señalada por ley, tiene
que regirse con todas las limitaciones que la ley
le imponga. Y si le impone un término de tiempo,
ese término de tiempo es superior al poder del
[jefe] ejecutivo al hacer la designación.
Si la ley le concede al Presidente de los
Estados
Unidos
la
facultad
de
hacer
un
nombramiento de carácter judicial, o para una
junta u organismo de carácter cuasi judicial, y
le fija un término, entonces el término es
obligatorio para el Presidente, y no puede
disponer del cargo sin sujeción a lo que la ley
disponga en cuanto al término.
Que donde es
claro, que el Congreso no puede intervenir para
fijarle términos de duración a los cargos, es en
relación con aquellos, que por ser de naturaleza
esencialmente de la rama judicial [debe decir
ejecutiva],
la
Constitución
no
les
dispuso
25
CT-2004-2
término, y, por consecuencia, el poder de remover
estaba implícito en la facultad de nombrar.
Señor Presidente y compañeros delegados: el
propósito de esta enmienda que tengo ahora el
honor
de
proponerles,
es
sencillamente
que
adoptemos la manera de bregar con el asunto que
establece la Constitución de los Estados Unidos,
con la interpretación judicial de la misma en la
forma en que la hemos expuesto.
3 Diario de Sesiones, págs. 2269-2270.
Como vemos, al aprobarse nuestra Constitución hicimos
nuestro
el
modelo
de
análisis
expuesto
en
Myers
y
Humphery´s Executor, para evaluar bajo qué circunstancias
la
Asamblea
Legislativa
puede
imponer
restricciones
al
Gobernador para destituir funcionarios del Ejecutivo.
Es
decir, lo resuelto en estos casos determina cuáles son los
contornos del poder de nombramiento del Gobernador y su
facultad
de
destitución
necesariamente
y,
representa
la
limitación
para
el
que
ese
poder
ejercicio
de
las
Ciertamente, en
prerrogativas de la Asamblea Legislativa.
lo que se refiere a funcionarios cuyas funciones son de la
esencia misma del Poder Ejecutivo, adoptar lo resuelto en
Myers, es cónsono con la visión adoptada en la Constitución
de
que
el
Gobernador
está
investido
con
todo
el
poder
Ejecutivo sin “limitación de ninguna clase.”
A la luz de lo anterior y, habida cuenta de que la
Constitución
del
rasgos
estructura
la
Constitución
de
Estado
los
Libre
Asociado
de
gobierno
Estados
Unidos,
calca
a
plasmada
es
grandes
en
la
apropiado
que
repasemos, con mayor detenimiento, cómo este tema ha sido
26
CT-2004-2
atendido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos;
prestando
particular
atención
a
lo
resuelto
en
Myers
y
Humphrey’s Executor.
D.
La Constitución de los Estados Unidos no le asigna al
Presidente el poder para destituir oficiales federales a él
subordinados.
De otra parte, la cláusula de nombramiento
de dicha Constitución, contraria a la nuestra, establece
dos clases de funcionarios que puede nombrar el Presidente.
Los
llamados
“oficiales
recaen
exclusivamente
llamados
“oficiales
principales”
en
el
cuyos
Primer
inferiores”
los
nombramientos
Ejecutivo,
cuales
y
los
pueden
ser
nombrados por el Presidente, los tribunales de justicia, o
los jefes de departamentos, conforme se disponga en ley.
Art.
II,
sec.
2,
cl.
2,
Constitución
de
los
Estados
Unidos.
Ahora bien, aun cuando la Constitución guarda silencio
sobre la facultad de remoción del Presidente, el Tribunal
Supremo resolvió temprano en su historia constitucional que
el poder de destitución del Presidente es incidental al
poder de nombramiento.
Ex parte Hennen, 38 U. S. (13 Pet)
230, 259 (1839); Keim
v. United States, 177 U. S. 290,
293-94 (1900); Shortleff v. United States, 189 U. S. 311,
314-15 (1903).
Además, se ha resuelto que el poder de
destitución es inherente a la facultad y responsabilidad
27
CT-2004-2
del Presidente de asegurarse que se cumple fielmente con la
ley.
Myers v. United States, 272 U. S. 52, 163-64 (1926).
El alcance y los contornos del poder de nombramiento
del Presidente y la facultad de destitución quedó plasmado,
principalmente,
por
Supremo, a saber:
una
trilogía
de
casos
del
Tribunal
Myers, ante; Humphrey’s Executor ante;
y, Wiener v. United States, 357 U. S. 349 (1958).
En Myers, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional
un estatuto federal que disponía que los directores del
correo de los Estados Unidos (“Postmasters”) –nombrados por
un término fijo de cuatro años- podían ser destituidos por
el Presidente sólo “con el consejo y consentimiento” del
Senado.
El Tribunal determinó que el Congreso no podía
interferir con la función constitucional del Presidente de
hacer
cumplir
funcionarios
labor.
las
leyes
ejecutivos
limitando
nombrados
para
Myers, 272 U.S. pág 119 (“the
su
control
asistirlo
sobre
en
esa
President has the
exclusive power of removal of executive officers of the
United States whom he has appointed by and with the advise
and consent of the Senate.”)
El Tribunal Supremo concluyó
su opinion indicando lo siguiente:
Our conclusion on the merits, sustained by the
arguments before stated, is that article 2 grants
to the President the executive power of the
government, i.e., the general administrative
control of those executing the laws, including
the power of appointment and removal of executive
officers,
a
conclusion
confirmed
by
his
obligation to take care that the laws be
faithfully executed; . . . and, finally, that to
hold otherwise would make it impossible for the
28
CT-2004-2
President,
in
case
of
political
or
other
difference with the Senate or Congress, to take
care the laws be faithfully executed.
(Énfasis
nuestro.)
Myers,
272
U.
Constitutional
pág. 703.
S.
pág.
Law,
163-64.
L.
Foundation
Tribe,
American
2000, 3rd ed.,
Press,
(“Myers. . . .is the primary source of the
modern
theory
of
removal”);
Powers
after
Bowsher,
1986
Currie,
The
Distribution
Supreme
Court
Review
19,
of
34
(“Congress cannot deprive the President of the Executive
Power. . . . Thus the Court was plainly right in Myers v.
United States, that Congress could not forbid the President
to discharge the Postmaster.”)
Posteriormente,
en
Humphrey’s
Executor,
el
Tribunal
avaló una restricción sobre la facultad del Presidente para
destituir a los comisionados del “Federal Trade Commission”
(“FTC” por sus siglas en inglés).
Bajo la ley impugnada,
el Presidente sólo podía destituir a los comisionados por
“ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber, o
mal manejo en el descargo de sus funciones.” 295 U. S. pág.
619
(“innefficiency,
office.”)
las
neglect
of
duty
or
malfeasence
in
El Tribunal Supremo razonó, luego de analizar
funciones
de
los
comisionados
del
FTC
que,
éstos
ejercían poderes “cuasi legislativos” y “cuasi judiciales”
y
no
funciones
de
naturaleza
ejecutiva
como
ocurría
en
Myers, por lo que el Congreso podía válidamente limitar el
poder de destitución del Presidente.
El tribunal indicó:
29
CT-2004-2
We think it plain under the Constitution that
illimitable power of removal is not possessed by
the President in respect of officers of the
character of those just named. The authority of
Congress, in creating quasi legislative or quasi
judicial agencies, to require them to act in
discharge
of
their
duties
independently
of
executive control cannot well be doubted; and
that
authority
includes,
as
an
appropriate
incident, power to fix the period during which
they shall continue, and to forbid their removal
except for cause in the meantime.
Humphrey’s Executor, 295 U. S. pág. 629. 12
análisis
elaborado
funcional,
pues
las
en
Por lo tanto el
Humphrey´s
es
uno
limitaciones
que
pueda
de
carácter
imponer
el
Congreso sobre la facultad de nombramiento del Presidente
se evaluará a la luz de las funciones que desempeña el
oficial.
En Wiener, el Tribunal Supremo llegó a un resultado
similar
al
de
Humphrey´s
Executor,
al
avalar
una
reclamación de despido injustificado de un miembro del “War
Claims
12
Commission”
(la
“Comisión”),
quien
había
sido
La distinción hecha en Humphrey’s Executor v. United
States, 295 U. S. 602 (1935), entre funcionarios ejecutivos
versus cuasi legislativos o cuasi judiciales, fortaleció la
independencia de lo que se ha llamado la Cuarta Rama del
gobierno (“the Headless Fourth branch”), a saber: las
agencias o comisiones reguladoras, entre otras, i.e., el
“Securities and Exchange Commission”, el “Federal Trade
Commission”, el “Federal Reserve Board” y el “Federal
Communications Commission”.
El profesor Fried, indica lo
siguiente:
“The independence of the independent agencies
is primarily due to the fact that their members do not –
like most officers in the Executive Branch—
serve at the
pleasure of the President. Rather, under a variety of
statutory formulations, they may be removed only for
misbehavior.”
C. Fried, Order & Law, Simon & Schuster,
1991, págs. 155-56.
Véase además, Miller, op cit, págs.
64-65
30
CT-2004-2
removido de su cargo por el Presidente Eisenhower.
habilitadora
de
la
Comisión
disponía
que
los
La ley
cargos
de
comisionado se ejercieran durante el período que estuviera
vigente la Comisión y no proveía para la destitución de sus
miembros.
El Tribunal Supremo determinó que la Comisión se
estableció como un cuerpo de naturaleza adjudicativo por lo
que el Presidente no podía destituir a los miembros a su
antojo.
375 U. S. pág. 345.
De un análisis en conjunto de estos tres casos se
pueden extraer los siguientes principios:
poder
del
funciones
segundo
Presidente
son
para
puramente
principio
remover
a
Primero, que el
un
ejecutivas,
es
que
las
postula
cuando
oficial
cuyas
absoluto.
El
funciones
que
ejerce el funcionario ejecutivo gozan o participan de los
atributos de la función legislativa o judicial, el Congreso
sí tiene autoridad para condicionar la destitución de ese
funcionario
de
su
cargo,
imponiendo
por
ejemplo,
el
requisito de justa causa para la destitución.
E.
Nuestra discusión sobre el alcance de la facultad de
destitución del Presidente quedaría trunca si no hiciéramos
referencia
a
lo
resuelto
por
el
Tribunal
Supremo
en
Morrison v. Olson, 487 U.S. 654 (1988); la más reciente
expresión
de
nombramiento
Veamos.
dicho
y
el
Tribunal
poder
de
sobre
destitución
la
del
facultad
de
Presidente.
31
CT-2004-2
A raíz del escándalo de Watergate, específicamente en
respuesta al incidente conocido comúnmente como “Saturday
Night
Massacre”,
fulminantemente
al
cuando
Fiscal
el
Presidente
Especial
Nixon
Archibald
destituyó
Cox
quien
investigaba los incidentes de Watergate, el Congreso aprobó
el “Ethics in Government Act”.
(1994). 13
28 U.S.C. secs. 591-599
Esta ley, entre otras cosas, creaba la figura del
Fiscal Independiente y disponía que este funcionario era
designado por un panel especial de jueces establecido en la
ley, 28 U.S.C. secs. 592(a)(1), (c)(1) (1994), y solo podía
ser removido por el Secretario de Justicia por justa causa
o
por
incapacidad
mental
o
física.
28
U.S.C.
sec.
596(a)(1) (1994).14
13
La ley que creó el Fiscal Independiente expiró el 30 de
junio de 1999 al no ser reautorizada por el Congreso.
Sobre el controversial cargo del Fiscal Independiente
véase, Fried, op. cit; Ryan, Consels, Councils and Lunch:
Preventing Abuse of the Power to Appoint Independent
Counsels, 144 U. Pa. L. Rev. 2537 (1996); O´Sullivan, The
Independent Cousel Statute: Bad Law, Bad Policy, 33 Am.
Crim. L. Rev. 463 (1996); Martin & Zerhuse, The Independent
Counsel, Checks and Balances, 58 Geo. Wash. L Rev. 536
(1990).
14
Bajo esta ley, cuando el Secretario de Justicia recibiera
información sobre posibles acciones criminales de altos
funcionarios del gobierno, cobijados por la ley, éste tenía
la
obligación
que
llevar
a
cabo
una
investigación
preliminar.
28 U.S.C. sec. 591(a) (1994).
Si de la
investigación preliminar surgía la necesidad de ampliar la
misma, entonces el Secretario debía solicitar de un panel
especial de jueces, creados por la ley y adscritos a la
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito
de D.C., que designase un Fiscal Independiente. 28 U.S.C.
secs. 592(a)(1), (c)(1) (1994). El panel especial entonces
definía el alcance de la investigación criminal referida.
28 U.S.C. sec. 593(b)(1) (1994).
Una vez nombrado el
Fiscal Independiente tenía plena autoridad e independencia
32
CT-2004-2
En Morrison, se cuestionó la constitucionalidad de la
ley.
Al enfrentarse a la controversia constitucional, el
Tribunal Supremo tuvo que atender, como cuestión de umbral,
si el Fiscal Independiente era un “oficial principal” cuyo
nombramiento le correspondía al Presidente exclusivamente;
o, por el contrario, un “oficial inferior” que podía ser
nombrado no solo por el Presidente sino también por la Rama
Judicial.
El Tribunal concluyó que el Fiscal Independiente era
un
“oficial
federal
inferior”.
Ello
análisis de cuatro criterios, a saber:
así
a
base
del
porque, éste podía
ser destituido por un funcionario de alta jerarquía en la
Rama Ejecutiva como lo era el Secretario de Justicia, 487
U.S.
pág.
671;
solamente
se
le
delegaban
facultades
limitadas de procesamiento criminal y no tenía autoridad
para
formular
jurisdicción
política
se
pública,
limitaba
a
Íd.,
algunos
págs.
altos
671-72;
su
funcionarios
federales que se alegaba habían incurrido en violaciones a
ciertos delitos de naturaleza grave, Íd., pág. 672; y, el
______________________
para investigar
y acusar.
El estatuto indicaba que el
fiscal estaba investido con: “[the] full power and
independent authority to exercise all investigative and
prosecutorial functions and powers of the Department of
Justice, the Attorney General and any other office or
employee of the Department of Justice.” 28 U.S.C.
sec. 594(a) (1994).
Una vez nombrado, el Fiscal Especial
solo podía ser destituido por el Secretario de Justicia por
justa causa o por incapacidad mental o física.
28 U.S.C.
sec. 596(a)(1) (1994).
33
CT-2004-2
término de nombramiento era limitado pues concluía una vez
Íd.15
finalizada su encomienda.
Atendido el problema de umbral, el Tribunal pasó a
analizar
si
invalidaba
doctrina
de
alguna
el
otra
estatuto
separación
disposición
de
impugnado
por
contravenir
la
Para
enfrentarse
al
de
poderes.
la
Constitución
planteamiento de separación de poderes, el Tribunal utilizó
un modelo de análisis que exigía se evaluase “la totalidad
de
las
circunstancias.” 16
determinar
el
tipo
ejecutivo,
cuasi
de
Así,
no
funcionario
legislativo
o
tan
solo
había
que
(i.
e.,
involucrado
cuasi
judicial)
sino
también, cómo la limitación impuesta por el Congreso al
Presidente incidía sobre su facultad de hacer cumplir las
leyes.
El Tribunal articuló este modelo de análisis al
indicar lo siguiente sobre el estatuto impugnado:
“taken
as a whole [it did not] impermissibly [. . .] undermined [.
. .] the powers of
the
Executive Branch [or] disrupt [. .
.] the proper balance between the coordinate branches [by]
15
El profesor Tribe, quien compareció como amigo de la
corte en Morrison v. Olson, 487 U.S. 564 (1988), en
representación del Fiscal Independiente Lawrence Walsh que
investigaba
el
escándalo
de
“Irán-Contra”,
critica
severamente la conclusión del Tribunal y dice:
“It seems a stretch, to say the least, to
describe as an inferior, rather than principal
officer of the United States, a government
official empowered to embark on a largely
unsupervised mission to take down a President.”
L. Tribe, American on Constitutional Law, Foundation Press,
3rd ed., 2000, sec. 4-8, pág. 685.
16
El professor Tribe describe este análisis como: “the
seemingly unprincipled ‘totality of the circumstances’
test.” Tribe, op. cit., pág. 696.
34
CT-2004-2
pervent[ing] the Executive Branch form accomplishing its
constitutionally assigned functions.”
págs. 693, 695.
El
Morrison, 487 U. S.
(Énfasis nuestro.)
Tribunal
planteó
la
controversia
ante
sí
de
la
siguiente manera:
“[B]ut the real question is whether the removal
restrictions are of such a nature that they
impede the President’s ability to perform his
constitutional duty and the functions of the
officials in question must be analyzed in that
light.”
487 U.S. pág. 691.
Señaló además:
We undoubtedly did rely on the terms ’quasilegislative’ and ‘quasi-judicial’ to distinguish
the officials involved in Humphrey’s Executor and
Wiener from those in Myers, but our present
considered view is that the determination of
whether the Constitution allows Congress to
impose a ‘good cause’ type restriction on the
President’s power to remove an official cannot be
made to turn on whether or not that official is
classified as ‘purely executive’.
This analysis
contained in our removal cases is designed not to
define rigid categories of those officials who
may or may not be removed at will by the
President, but to ensure that Congress does not
interfere with the President’s exercise of the
‘executive
power’
and
his
constitutionally
appointed duty to ‘take care that the laws be
faithfully executed’ under Article II. Myers was
undoubtedly correct in its holding, and in its
broader suggestion that there are some ‘purely
executive’ official who must be removable by the
President at will if he is to be able to
accomplish his constitutional role. (Énfasis
nuestro.)
487 U.S. pág. 689.
Bajo este modelo de análisis, el Tribunal concluyó que
el
estatuto
no
disminuía
impermisiblemente
las
35
CT-2004-2
prerrogativas
limitaba
del
el
Presidente
control
investigaciones
ya
del
criminales
que,
aún
cuando
Presidente
de
altos
la
sobre
funcionarios
ley
las
de
gobierno, éste retenía “suficiente control” sobre el Fiscal
Independiente
para
constitucionales.
descargar
Íd., pág. 696.
sus
prerrogativas
Por lo tanto, el “Ethics
in Government Act” no violaba la cláusula de nombramiento,
ni tampoco la doctrina de separación de poderes, al no
interferir impermisiblemente con las facultades del Primer
Ejecutivo.
No
hay
duda
que
Morrison
reformula
el
análisis
funcional de Humphrey’s Executor y Wiener, así como incide
sobre Myers.
Bajo Morrison, siempre habrá que analizar
cómo la restricción impuesta por el Congreso incide sobre
la
obligación
del
Primer
Ejecutivo
de
velar
por
el
cumplimiento de las leyes, cuando de oficiales inferiores
se
trata,
aun
ejecutivos”.
cuando
éstos
sean
“funcionarios
puramente
El modelo de análisis establecido en Morrison
ha sido ampliamente criticado en la doctrina.17
17
Véanse entre otros, Martin, Morrison v. Olson and
Executive Power, Tx. L. & Pol. 511 (2000); Breker-Cooper,
The Appointments Clause, and the Removal Power: Theory and
Séance, 60 Tenn. L. Rev. 841 (1994); Libberman, Morrison v.
Olson: A Formalistic Perspective on Why the Court was
Wrong, 38 Am. U. L. Rev. (1989); Nagel, A Comment on the
Rule of Law Model of Separation of Powers, 30 Wm. & Mary L.
Rev. 355 (1989); Carter, Comment: The Independent Counsel
Mess, 102 Harv. L. Rev. 105 (1988); Redish, Separation of
Powers, Judicial Authority and the Scope of Art. III: The
Troubling cases of Morrison and Mistretta, 39 De Paul L.
Rev. 299 (1989); Werhan, Towards an Eclectic Approach to
36
CT-2004-2
En Guzmán Vargas v. Calderón, adoptamos el análisis de
“totalidad
de
las
circunstancias”
de
Morrison
para
deslindar la interrelación entre el poder de nombramiento y
destitución del Gobernador frente a las prerrogativas de la
Asamblea Legislativa. 18
Aclaramos en Guzmán Vargas, que el
criterio principal para analizar si las disposiciones de un
estatuto inciden sobre el poder del Primer Ejecutivo, lo
será evaluar si la limitación impuesta interfiere “en forma
impermisible
e
irrazonable
con
.
.
.
[la
facultad
del
Gobernador] de hacer cumplir y poner en vigor las leyes y
de
formular
e
implantar
Vargas, pág. 21.
la
política
pública”.
Guzmán
Enfatizamos también que cuando se trate
de funcionarios “puramente ejecutivos” “la facultad de la
Rama Legislativa para imponer requisitos es mínima”.
Íd.
Procede entonces aplicar la normativa antes reseñada
al caso ante nuestra consideración.
Veamos.
IV
Los
hechos
de
este
caso
denotan,
con
meridiana
claridad, que la posición de Director Ejecutivo del Consejo
______________________
Separation of Powers: Morrison v. Olson Examined, 16
Hastings Const. L. Q. 393 (1989).
18
Es de notar que en Guzmán Vargas v. Calderón, res. 23 de
marzo de 2005, __ D.P.R. __, 2005 JTS 38, establecimos que
el referido análisis tendrá como punto de partida evaluar
“el grado de independencia que requiere, con respecto a la
Rama Ejecutiva, el funcionario en cuestión para ejecutar
eficientemente las tareas que le fueron delegadas” para
entonces poder determinar si el funcionario es “puramente
ejecutivo” y por lo tanto puede ser libremente removido. A
esos efectos, véase, además: Wiener v. United Status, 357
U.S. 349, 353 (1958)
37
CT-2004-2
de Desarrollo Ocupacional es una estrictamente ejecutiva.
El Consejo es una entidad gubernamental adscrita a uno de
los
departamentos
como
lo
es
el
del
Ejecutivo
Departamento
de
del
rango
constitucional
Trabajo.
El
Director
Ejecutivo es el funcionario creado por ley para dirigir las
operaciones
de
esta
Adviértase
además,
caracteres
legislativos
entidad
que
el
o
de
la
Consejo
Rama
no
judiciales;
Ejecutiva.
participa
de
nuevamente,
sus
funciones son estrictamente ejecutivas.
El Director Ejecutivo, como vimos, es nombrado por el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y su
salario lo determina el propio Gobernador.
No es éste un
funcionario en el servicio de carrera conforme la Ley de
Personal del Servicio Público del Estado Libre Asociado y
no
goza
por
lo
tanto
de
la
protección
que
la
Ley
le
reconoce a los empleados de carrera.
Como señalamos inicialmente, el Consejo es el cuerpo
rector para “implantar y hacer cumplir” la política pública
gubernamental
relacionada
ocupacional
establecer
y,
con
los
la
educación
objetivos
de
técnico-
las
agencias
gubernamentales para adelantar esa política pública.
18
L.P.R.A.
el
sec.
1585
(a),(b).
Ciertamente
entonces,
Director Ejecutivo al dirigir las operaciones del Consejo,
no
tan
solo
implementa
sino
también
participa
en
la
formulación de la política pública gubernamental en un área
sensitiva para el desarrollo económico del país.
Es por lo
38
CT-2004-2
tanto
imperativo
que
el
Gobernador
pueda
ejercer
una
supervisión efectiva sobre tal funcionario y así asegurarse
que se interpreta y aplica la ley correctamente y acorde a
su política pública.
De
otra
parte,
las
control
que
ejerce
el
funciones
Director
que
desempeña
Ejecutivo
y
el
respecto
los
desembolsos de los fondos federales que recibe el gobierno
de
Puerto
conciernen
Rico,
al
incide
directamente
Gobernador,
sobre
asuntos
que
particularmente
respecto
su
política pública de promoción de empleos y fortalecimiento
del
desarrollo
económico.
Como
correctamente
señaló
la
Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, sobre este
mismo aspecto:
“the control over allocation of substantial
federal funds and the power to review the
regional
board’s
proposal
for
work
place
investment involve policy making on issues of
fundamental concern to the Governor:
economic
development, job creation and job training.”
Santana v. Calderón, 342 F.3d. pág. 21.
Adviértase
además,
que
entre
(Énfasis nuestro.)
las
funciones
del
Director Ejecutivo, como indicamos, está la de auditar a
las juntas locales o regionales que reciben los fondos WIA
para, entre otras cosas, cotejar el cumplimiento con los
parámetros de contabilidad y la reglamentación estatal y
federal aplicable en la utilización de los fondos públicos
desembolsados.
Como
tal,
el
Director
Ejecutivo
es
un
funcionario esencial para que el Gobernador pueda cumplir
39
CT-2004-2
con su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir
las leyes.19
La Ley Núm. 97 dispone que este cargo se ejerza por el
término
fijo
de
cuatro
años,
y
no
provee
circunstancia
alguna mediante la cual este funcionario pueda ser removido
por
el
Gobernador.
Ahora
bien,
concluimos
ya
que
el
Director Ejecutivo es un funcionario que desempeña labores
estrictamente
de
la
esencia
del
Poder
Ejecutivo
y
que
implementa y en menor grado formula, política pública en
áreas de alto interés para el gobierno.
Así como también
que
descargo
éste
asiste
al
Gobernador
en
el
de
su
responsabilidad constitucional de velar por el cumplimiento
de las leyes.
Habida cuenta de lo anterior, concluimos que
el término dispuesto en la ley es uno meramente directivo.
Ese término no establece un período de tiempo mandatorio
para desempeñar el cargo por lo que no le confiere a ese
funcionario un interés propietario sobre el mismo.
ese
término
priva
al
Gobernador
de
su
Tampoco
prerrogativa
de
Sobre este particular se señala en Santana v. Calderón,
342 F.3d 18, 29 (1st Cir. 2003), lo siguiente:
Moreover, the Executive Director’s responsibility
for the receipt, custody and disbursement of the
federal funds pursuant to WIA, and her duty to
audit the regional boards for accountability and
compliance
with
federal
and
Commonwealth
regulations, make the position important to the
Governor’s
constitutional
obligation
to
faithfully execute the laws in these areas of
central concern.
19
40
CT-2004-2
remover
al
funcionario
del
cargo
si
así
lo
entiende
necesario y procedente.20
De lo contrario, habría que concluir que el término
fijado impediría que el Gobernador pudiera cumplir con su
prerrogativa
constitucional
de
velar
por
el
fiel
cumplimiento de la ley, así como también de adelantar la
política pública gubernamental sobre áreas de la injerencia
del
Poder
Ejecutivo.
Ello
sería
insostenible.
La
Legislatura no puede inmiscuirse en áreas que le han sido
reservadas
a
eviscerar
por
otras
ramas
completo
una
de
gobierno
y
mucho
prerrogativa
de
otro
menos
de
los
Ejecutivo
del
poderes constitucionales.
Resolvemos
entonces
que
el
Director
Consejo de Desarrollo Ocupacional por ser un funcionario
gubernamental
ejecutivas;
implementación
que
que
de
ejerce
funciones
participa
en
la
pública
política
la
estrictamente
formulación
del
gobierno
e
de
Puerto Rico en áreas de seminal importancia como los son:
la educación y adiestramiento técnico-ocupacional de sus
20
En igual sentido, en Santana v. Calderón, ante, pág. 29,
la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Primer Circuito indico:
By contrast, if the statute establishing the
Executive Director position is interpreted as
guaranteeing a four-year term, the Governor’s
power to assure that the Executive Director is
competently performing her responsibilities is
severely impaired.
Hence, on the limited record
before us on interlocutory appeal, it appears
that the position of Executive Director of the
HRODC
may
fall
within
the
Governor’s
constitutional power of removal under a Morrisontype analysis.
41
CT-2004-2
ciudadanos,
la
creación
de
empleos,
y
el
desarrollo
y
fortalecimiento de la economía; y, que asiste al Gobernador
en el descargo de su obligación constitucional de hacer
cumplir las leyes, es de libre remoción del Gobernador.
A la luz de lo anterior, concluimos que el término de
cuatro años dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm.97, para
ocupar
el
cargo
de
Director
Ejecutivo
del
Consejo
de
Desarrollo Ocupacional, es meramente directivo por lo cual
bajo la cláusula de nombramiento de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico el Gobernador está
facultado para remover a dicho funcionario del cargo cuando
lo estime necesario y procedente.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Janet Santana y otros
Demandante
v.
Gobernadora Sila María
Calderón y otros
CT-2004-2
Demandada
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2005
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte integrante de la presente, concluimos
que el término de cuatro (4) años dispuesto
en el Artículo 5 de la Ley Núm. 97, para
ocupar el cargo de Director ejecutivo del
Consejo
de
Desarrollo
Ocupacional,
es
meramente directivo por lo que bajo la
cláusula de nombramiento de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el
Gobernador está facultado para remover a
dicho funcionario del cargo cuando lo estime
necesario y procedente.
Invocada la Regla de Necesidad, lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con
el resultado sin opinión escrita.
El Juez
Asociado señor Rivera Pérez disiente con
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Janet Santana y otros
Demandante
v.
CT-2004-2
Gobernadora Sila María Calderón
y otros
Demandado
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera
Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a
de 17 de junio de 2005.
La Mayoría concluye que la Directora Ejecutiva
del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos
Humanos,
al
tener
operacionales,
funciones
formula
e
administrativas
implementa
y
política
pública sobre un área sensitiva para el desarrollo
económico del país.
Concluye, además, que por tal
motivo el término fijo de cuatro (4) años dispuesto
en el Artículo 5 de la Ley 97 de 18 de diciembre de
1991, según enmendada por la Ley 166 de 23 de julio
de
1998,
cláusula
para
ocupar
de nombramiento
dicho
de
puesto,
la
viola
la
Constitución
de
CT-2004-002
Puerto
2
Rico.
Disentimos de tal curso de acción.
Apoyamos
nuestro disenso en lo resuelto y pautado por este Tribunal en
el caso de Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila M. Calderón, et
als.21
I
Este es un asunto que proviene del Tribunal de Distrito
de
los
Estados
mediante
un
Unidos
recurso
para
de
el
Distrito
certificación
presentado el 2 de septiembre de 2004.
a
este
Tribunal
la
interrogante
de
Puerto
Rico
interjurisdiccional
Dicho foro certificó
siguiente:
¿Tenía
la
Gobernadora de Puerto Rico bajo la Constitución de Puerto
Rico la autoridad, el 7 de marzo de 2001, para destituir a la
señora Janet Santana del puesto de Directora Ejecutiva del
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos?22
II
Para el 7 de marzo de 2001, fecha en que ocurrieron los
hechos que dan motivo a la certificación del asunto sometido
ante nos, el estado de derecho estatutario vigente resulta
crucial.
Los Artículos 5 y 6 de la Ley Núm. 97 de 18 de
diciembre
de
1991,
según
enmendada,
leían
de
la
forma
siguiente:
21
Resuelto el 23 de marzo de 2005, 2005 T.S.P.R. 33, 2005
J.T.S. 38, ____ D.P.R.____(2005).
22
El texto original en el idioma inglés de la pregunta
certificada lee de la forma siguiente: “Does the Governor of
Puerto Rico have the authority under the Constitution of
Puerto Rico to remove the Executive Director of the HRODC?”.
CT-2004-002
Artículo 5.- Creación, composición, requisito
y término de los miembros del Consejo
Se
crea
el
Consejo
de
Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos, el cual será
el organismo rector y normativo del Sistema.
El
Consejo
retendrá
las
funciones
de
asesoramiento, coordinación, establecimiento
de política pública y ente regulador y
fiscalizador
del
sistema
de
desarrollo
ocupacional
y
de
recursos
humanos.
Se
adscribe dicha entidad al Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos como componente
operacional. El Secretario del Trabajo y
Recursos
Humanos
supervisará
evaluará
y
aprobará los ascensos administrativos, la
organización
interna,
las
prioridades
programáticas y la coordinación entre el
Consejo y los demás componentes operacionales
del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos. El Consejo estará compuesto por el
Secretario de Educación, el Secretario del
Departamento de la Familia, el Secretario del
Departamento
de
Desarrollo
Económico
y
Comercio,
el
Secretario
del
Trabajo
y
Recursos Humanos, quién lo presidirá, tres
(3) representantes del sector privado y tres
(3) representantes del interés público. Se
dispone que uno de los miembros del Consejo
será un joven cuya edad no debe exceder los
29 años de edad y que se haya destacado en el
campo tecnológico-ocupacional. Los miembros
del
sector
privado
representarán,
entre
otros,
al
sector
industrial,
comercial,
bancario, agrícola, de servicios y como parte
de sus funciones en el Consejo, junto con los
miembros del interés público, velarán porque
el Sistema responda adecuadamente a las
necesidades de educación y adiestramiento
tecnológico-ocupacional
de
los
puertorriqueños. Los miembros del sector
privado y los representantes del sector
público serán nombrados por el Gobernador con
el consejo y consentimiento del Senado de
Puerto Rico. El Gobernador nombrará, con el
consejo y consentimiento del Senado, un
Director Ejecutivo, por un término de cuatro
(4) años y hasta que su sucesor sea nombrado
y tome posesión del cargo quién dirigirá los
trabajos administrativos y operacionales del
Consejo. El Gobernador fijará el sueldo del
Director
Ejecutivo.
Se
devuelven
al
Departamento de Educación, al Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos y a la
3
CT-2004-002
4
Administración del Derecho al Trabajo todas
las facultades y funciones operacionales que
se le hubiesen transferido al Consejo.
El
Consejo
de
Aprendizaje
del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
continuará en vigor.
No podrá ser miembro del Consejo una
persona que pueda tener interés económico
directo
en
instituciones
educativas.
Los
miembros del sector privado y el miembro del
interés público serán nombrados por el término
de cinco (5) años cada uno y ocuparán sus
cargos, hasta la fecha de expiración de sus
respectivos nombramientos o hasta que sus
sucesores sean nombrados y tomen posesión de
su cargo. Los nombramientos iniciales del
Consejo se harán por los siguientes términos:
uno por tres (3) años, uno por cuatro (4) años
y dos (2), incluyendo al Presidente, por cinco
(5) años.
Toda vacante que ocurra en el Consejo
antes de expirar el término de nombramiento de
un miembro será cubierta en la misma forma y
manera en que éste fue nombrado y por el
término no cumplido del miembro que ocasione
la vacante...23 (Énfasis suplido).
Artículo 6 Consejo – Funciones y facultades
El Consejo será el organismo rector y
normativo del Sistema. Tendrá las siguientes
funciones y facultades, sin que las mismas se
entiendan como una limitación.
(a) Implantar y hacer cumplir la política
pública que se establece en esta legislación y
aquella
otra
que
en
el
futuro
pueda
establecerse con relación a la educación
técnico-ocupacional y a los propósitos de este
capítulo.
(b) Establecer los objetivos específicos que
reorientarán al Sistema a corto y largo plazo,
de acuerdo a la política pública establecida y
23
18 L.P.R.A. sec. 1584. La Ley Núm. 168 de 26 de julio de
2003 enmendó el primer párrafo del Artículo 5 antes citado,
eliminando el término fijo de cuatro(4) años de nombramiento
del (la) Director(a) Ejecutivo(a) y estableciendo que dicho
cargo será uno sin término específico, sujeto a la libre
designación y remoción del (la) Gobernador(a).
CT-2004-002
los objetivos generales del Sistema dispuestos
en este capítulo.
(c) Evaluar y aprobar el Plan Estratégico
Quinquenal preparado por el Presidente del
Consejo.
(d) Determinar la orientación general de los
programas de educación técnico-ocupacional que
ofrezcan las agencias, programas o unidades
operacionales
que
componen
el
Sistema,
independientemente
de
lo
dispuesto
por
cualquier otra ley tomando en consideración
las peculiaridades o particularidades de los
programas.
(e) Establecer los niveles de competencias
mínimas que deberán poseer los alumnos del
Sistema para poder obtener los certificados,
diplomas
o
grados.
Estos
niveles
de
competencias deben guardar relación con los
perfiles ocupacionales que necesite y requiera
el sector privado y público.
(f) Aprobar los programas y ofrecimientos
académicos y profesionales de los componentes
del
Sistema
y
otorgar
los
títulos
y
credenciales de competencia que confiere el
Sistema en los programas que hayan sido
debidamente aprobados y revisar periódicamente
las especialidades o profesiones a ofrecer a
cada componente del Sistema, teniendo en
cuenta la oferta y la demanda.
(g)
Establecer
las
normas
para
la
consolidación
de
dos
o
más
programas
tecnológicos u ocupacionales del sistema.
(h) Establecer normas sobre convalidación y
traslado de estudiantes de un programa del
Sistema a otro, y la participación simultánea
en más de un programa dentro del Sistema.
(i)Estructurar la organización administrativa
del Consejo.
(j) Articular los programas ocupacionales
existentes, para lo cual podrá establecer la
organización
del
Sistema,
incluyendo
la
facultad
de
crear,
eliminar,
transferir,
separar o consolidar cualesquiera de los
programas que componen el Sistema y aprobar la
creación de nuevos programas, escuelas y
colegios para la formación tecnológico-
5
CT-2004-002
ocupacional.
(k) Recibir y evaluar integradamente las
peticiones presupuestarias de los diferentes
componentes del Sistema sometidas por el
Presidente y someter al Gobernador a través de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto la
petición
presupuestaria
del
Sistema.
(l)
Evaluar
y
aprobar,
sujeto
a
las
limitaciones y procedimientos requeridos por
las leyes federales, las peticiones de fondos
federales de los diferentes componentes del
Sistema.
(m) Evaluar y auditar periódicamente los
programas y servicios educativos ofrecidos por
el Sistema a los fines de determinar su
efectividad en el logro de los objetivos
establecidos.
(n)
Establecer,
en
conjunto
con
el
Departamento de Educación, la Universidad de
Puerto Rico, el Consejo de Educación Superior,
el Consejo General de Educación, los centros
educativos privados y las agencias que prestan
servicios de apoyo, según corresponda, los
mecanismos de colaboración y coordinación para
facilitar
la
formación
integral
del
participante y la posible convalidación y
acreditación de cursos y título entre éstos y
el Sistema.
(o) Establecer coordinación con las Juntas
Examinadoras que regulan algunos oficios, de
forma que se pueda armonizar este proceso con
los ofrecimientos del sistema.
(p) Coordinar con el sector empresarial con el
fin de lograr mayor participación de este
sector en el desarrollo de los objetivos
propuestos
incluyendo
la
cooperación
en
materia
de
investigación
y
desarrollo;
promover acuerdos con las empresas para
establecer programas y cursos de educación
ocupacional del Sistema dentro de éstas y
acreditar la experiencia laboral en términos
educativos.
(q) Establecer las condiciones que propulsen
el convertir cada taller de trabajo en el país
en un centro de adiestramiento ocupacional.
6
CT-2004-002
7
(r)Reestructurar
los
ofrecimientos
curriculares de las escuelas vocacionales a
tono con los cambios de demanda y oferta del
mundo laboral.
(s) Dotar a los centros de adiestramiento
técnico-ocupacionales
públicos
de
planta
física adecuada y de equipo y talleres
modernos que faciliten el desarrollo de
destrezas
a
tono
con
las
exigencias
competitivas
de
una
economía
global.
(t) Aprobar los reglamentos necesarios para
lograr los propósitos de este capítulo y
realizar cualquier otra función o facultad
inherente.
(u) Someter informes periódicos al Gobernador
y a la Asamblea Legislativa sobre el logro de
los objetivos y propósitos de este capítulo.
(v) Llevar a cabo y realizar las funciones
requeridas en la Sección 111 de la Ley Federal
de Educación Vocacional y Tecnología Aplicada
Carl D. Perkins. El Consejo determinará cuáles
de estas funciones delegará, de acuerdo [con]
las disposiciones de dicha ley federal.
(w) Ser depositario y administrar los fondos
que recibe Puerto Rico, conforme a la Ley
Federal de Educación Vocacional y Tecnología
Aplicada Carl D. Perkins así como supervisar
su utilización y hacer los desembolsos con
cargo a los mismos en la forma prevista en tal
ley y para los fines que en la misma se
especifican.24 (Énfasis suplido).
Las
funciones
de
asesoramiento,
coordinación,
establecimiento, implantación, de hacer cumplir la política
pública, de ente regulador y fiscalizador del sistema de
desarrollo ocupacional y de recursos humanos residían, a la
fecha de los hechos, en el Consejo de Desarrollo Ocupacional
y Recursos Humanos, de
24
Íd., sec. 1585.
ahora
en
adelante Consejo.
El (la)
CT-2004-002
8
Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo era nombrado, a la fecha
de los hechos, por el Gobernador(a) de Puerto Rico, con el
consejo y consentimiento del Senado, por un término fijo de
cuatro (4) años para dirigir “los trabajos administrativos y
operacionales del Consejo”.
O sea su trabajo consistía en
administrar las oficinas del Consejo y facilitar y permitirle
la operación de sus funciones, a tenor con el estatuto.
La entonces Gobernadora de Puerto Rico, honorable Sila
María
Calderón
Serra
destituyó
el
7
de
marzo
de
2001,
mediante carta, a la señora Janet Santana de su puesto como
Directora Ejecutiva del Consejo.
Dicha carta lee de la
forma siguiente:
Estimada señora Santana:
Usted funge como Directora Ejecutiva del
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos
Humanos (“CDORH”). Como tal, participa en la
operación
y
dirección
del
desarrollo
ocupacional y de recursos humanos del Estado
Libre Asociado, lo que conlleva, entre otras
cosas, la implantación de programas para
desarrollar la inversión en las fuerzas
trabajadoras de Puerto Rico.
Sus funciones
por lo tanto son de naturaleza puramente
ejecutiva.
Según el Artículo 5 de la Ley Núm. 166
de 23 de julio de 1998, CDORH “se adscribe al
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
como componente operacional.
El Secretario
del Trabajo supervisará, evaluará y aprobará
los ascensos administrativos, la organización
interna, las prioridades programáticas y la
coordinación entre el Consejo y los demás
componentes operacionales del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos.”
El 5 de enero de 2001 el Secretario del
Trabajo,
Hon.
Víctor
Rivera
Hernández,
solicitó por escrito que se abstuviese de
tramitar toda transacción fiscal que de forma
alguna comprometiese u obligara los fondos de
CT-2004-002
CDORH.
El Secretario le indicó que dicha
prohibición
incluía
nombramiento
o
reclutamiento de personal, la compra de
materiales
o
equipo,
la
otorgación
de
contratos de toda naturaleza y cualquier otra
gestión
que
de
forma
alguna
implicase
erogación de fondos de CDORH, exceptuando el
pago de nóminas y obligaciones contractuales
contraídos con anterioridad.
Además, le
apercibió
que
toda
transacción
fiscal
realizada en contravención a sus directrices
sería nula e ineficaz.
Esta directriz era
de cumplimiento inmediato.
Esta comunicación
es cónsona con la
política
pública
instituida
en
mi
Administración de exigir un gobierno limpio y
transparente.
A tales efectos hemos emitido
varias directrices administrativas y órdenes
ejecutivas dirigidas
a asegurarnos el mejor
manejo de los fondos públicos y la mejor
administración pública. Entre ellas está la
Orden Ejecutiva OE-2001-03.
La misma es
evidentemente de aplicación al CDORH.
Es de mi conocimiento que usted ha
realizado
unos
actos
que
denotan
incumplimiento e insubordinación a la Orden
Ejecutiva OE-2001-03 y a las ordenes y
directrices del Secretario del Trabajo, Hon.
Víctor Rivera Hernández, como es su deber en
Ley. Entre los hallazgos de incumplimiento y
de
insubordinación
se
encuentran
se
encuentran los siguientes: (1) usted realizó
3 nombramientos
sin autorización mía, del
Secretario de la Gobernación o del Secretario
del Trabajo; (2) usted realizó un viaje a
California para asuntos oficiales, sin la
notificación y aprobación del Secretario del
Trabajo; (3) usted anunció al personal del
Consejo
una
reorganización
del
Plan
de
Clasificación de puestos de carrera sin el
consentimiento del Secretario del Trabajo;
(4) usted autorizó cinco ordenes de compras
de equipos entre el 22 de enero y el 9 de
febrero de 2001; y (5) usted ocasionó la
devolución
de
$1,476,070.81
de
fondos
federales del Título III, y ésta resultó ser
una decisión incorrecta, ya que dichos fondos
eran
necesarios
para
los
asuntos
relacionados de cierre de empresas.
9
CT-2004-002
10
Por las razones antes expuestas, queda
usted destituida de su cargo como Directora
Ejecutiva
del
Consejo
de
Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos, efectivo al
recibo de esta carta.
Atentamente
Sila M. Calderón25
En el mes de mayo de 2001, la señora Santana y su
esposo
presentaron
ante
el
Tribunal
de
Distrito
de
los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda a
tenor con la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos,
42 U.S.C. sec. 1983. En la misma, solicitaron un remedio
interdictal y daños compensatorios y punitivos.
Se demandó
a los entonces Gobernadora de Puerto Rico, Secretario del
Trabajo,
Director
Región
del
II
Unidos.
de
del
Consejo
Departamento
y
del
al
representante
Trabajo
de
los
de
la
Estados
En vista de la reclamación pendiente ante el foro
primera
instancia
federal
por
violación
al
derecho
constitucional federal a un debido proceso de ley, en su
vertiente
procesal,
y
a
la
luz
del
planteamiento
de
la
señora Santana, realizado a ese foro, que a ella le asistía
y tenía un interés o derecho propietario en la posición de
Directora
Ejecutiva
cuatro(4)
años,
del
Consejo
dispuesto
por
por
el
término
fijo
de
ley,
ese
foro
tenía
que
determinar si a la entonces Gobernadora de Puerto Rico le
asistía la facultad, bajo la Constitución de Puerto Rico, de
destituir a la
25
señora Santana de esa posición.
El foro
Apéndice 1 del recurso de Certificación, págs. 1-2.
CT-2004-002
11
federal nos certificó tal asunto en un momento en que este
Tribunal no lo había resuelto.
Al presente, tal asunto fue
pautado por este Tribunal el 23 de marzo de 2005 en el caso
Arturo
Guzmán
supra.
Veamos.
Sobre
el
Gobernador(a)
Vargas
v.
tema
del
de
Puerto
Hon.
Sila
alcance
Rico
de
María
del
Calderón
poder
destituir
Serra,
del
(la)
funcionarios
públicos de sus puestos, así como del poder de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico de imponer restricciones a dicha
facultad, expresamos en Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila
María Calderón Serra, supra, que la Asamblea Constituyente
de Puerto Rico incorporó a nuestra Constitución criterios
similares a los adoptados en la jurisdicción federal, en
cuanto al alcance de la Rama Legislativa para intervenir,
como sucede en el caso de autos, con los poderes delegados
por la Constitución de Puerto Rico a la Rama Ejecutiva.
Allí expresamos lo siguiente:
...el Art. II., Secs. 1, 2 y 3 de la
Constitución
de
los
Estados
Unidos
de
América le confiere a su Presidente el poder
de nombrar, con el consejo y consentimiento
del Senado,
a los embajadores, ministros,
cónsules
públicos,
jueces
del
Tribunal
Supremo y todos aquellos funcionarios de los
Estados Unidos cuyos cargos se establezcan
por
ley,
y
cuyos
nombramientos
dicha
Constitución
no
prescriba.
Todos
éstos
tienen la obligación de asistirle en su
función principal de hacer cumplir las
leyes. 26 Sin embargo, y de forma similar a lo
26
En lo pertinente, el Art. II, sección
1, 2 y 3 de la Constitución de los Estados
Unidos de América establece que:
CT-2004-002
que ocurre en nuestra Constitución, el Art.
II de la Constitución de los Estados Unidos
de América no establece expresamente la
facultad, si alguna, que puede tener el
Presidente de la nación para destituir a los
funcionarios
nombrados
por
éste.
El
residenciamiento,
la
única
forma
de
destitución
de
funcionarios
públicos
______________________
Sección 1.
El poder ejecutivo residirá en el Presidente
de los Estados Unidos de América.
Sección 2.
Con el consejo y consentimiento del Senado
tendrá poder para celebrar tratados, siempre
que en ellos concurran las dos terceras
partes de los senadores presentes. Asimismo,
con el consejo y consentimiento del Senado,
nombrará embajadores, otros ministros y
cónsules públicos, los jueces del Tribunal
Supremo y todos los demás funcionarios de
los
Estados
Unidos
cuyos
cargos
se
establezcan por ley y cuyos nombramientos
esta Constitución no prescriba. Pero el
Congreso
podrá
por
ley,
confiar
el
nombramiento
de
aquellos
funcionarios
subalternos
que
creyere
prudente,
al
presidente únicamente, a los tribunales de
justicia
o
a
los
jefes
de
departamento.(Énfasis suplido.)
Sección 3
El presidente informará periódicamente al
Congreso sobre el estado de la Unión y le
recomendará aquellas medidas que él estime
necesarias
y
convenientes.
Podrá,
en
ocasiones extraordinarias, convocar a ambas
Cámaras o a cualquiera de ellas; y en caso
de que las Cámaras no estuvieren de acuerdo
con relación a la fecha para recesar, el
presidente podrá fijarla según lo juzgue
conveniente. El presidente recibirá a los
embajadores y demás ministros públicos.
Velará por el fiel cumplimiento de las leyes
y extenderá los nombramientos de todos los
funcionarios de los Estados Unidos.(Énfasis
suplido.)
12
CT-2004-002
13
dispuesta en la referida Constitución, sólo
le es de aplicación al Presidente, al
Vicepresidente y a todos los funcionarios
civiles de los Estados Unidos. 27 Ha sido pues
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
quien por la vía jurisprudencial ha atendido
esta laguna en ley, siendo el caso de Myers
v. United States, 227 U.S. 52 (1926), una de
las primeras decisiones en tratar este
complejo asunto. Véase, Laurence H. Tribe,
American Constitutional Law, Ed.Foundation
Press, 2000, pág. 703-717.
En Myers v. United States, supra, el
Tribunal determinó que el Congreso no podía
privar al Presidente de los Estados Unidos
de su poder para destituir un funcionario de
la Rama Ejecutiva. 28 El poder de destitución,
resolvió el Tribunal, está inmerso en el
poder
de
nombramiento
conferido
al
Presidente
por
la
Constitución
de
los
Estados Unidos de América. En virtud de
ello, éste tenía la facultad exclusiva y
absoluta para separar a los funcionarios por
él nombrados independientemente de que, como
sucede en el caso de autos, la ley que
crease el cargo le fijase un término de
duración o estableciese las causales para la
destitución de dichos funcionarios. Este
27
En
lo
relativo
al
proceso
de
residenciamiento, el Art. II, sec. 4 de la
Constitución
de
los
Estados
Unidos
de
América establece que:
El presidente, el vicepresidente
y todos los funcionarios civiles de
los Estados Unidos serán destituidos
de sus cargos mediante procedimiento
de residencia, previa acusación y
convictos que fueren de traición,
cohecho u otros delitos graves y menos
graves.
28
En este caso el Presidente de los Estados
Unidos
despidió
a
un
Administrador
de
Correos
antes
de
habérsele
vencido
el
termino de cuatro (4) años para el cual fue
nombrado a dicha posición. La Ley que creaba
el cargo establecía que los administradores
de correos sólo podían ser removidos por el
Presidente de los Estados Unidos con el
consejo y consentimiento del Senado. Este
último requisito fue declarado inválido.
CT-2004-002
14
amplio
poder,
a
juicio
del
Tribunal,
concretizaba
la
responsabilidad
del
Presidente de la nación de velar porque
todas las leyes fuesen cumplidas; deber, que
como mencionamos, le impone el Art. II, Sec.
3, de la Constitución de los Estados Unidos
de América.
Aproximadamente una década más tarde,
en Humphrey’s Executor v. United States, 295
U.S. 602 (1935) 29 se limitó substancialmente
la norma establecida en
Myers v. United
States, supra. En esta ocasión se interpretó
que la facultad del Presidente de destituir
funcionarios nombrados por éste podía ser
restringida
cuando
se
tratase
de
funcionarios
revestidos
con
facultades
cuasi-legislativas y/o cuasi judiciales. A
juicio
del
Tribunal,
este
tipo
de
funcionario
requiere
cierto
grado
de
independencia,
con
respecto
a
la
Rama
Ejecutiva, para llevar a cabo eficientemente
las tareas que le fueron asignadas. En lo
pertinente, señaló el tribunal:
We
think
it
plain
under
the
Constitution that illimitable power of
removal
is
not
possessed
by
the
President in respect of officer of the
character of those just named. The
authority of Congress, in creative
quasi legislative or quasi judicial
agencies, to require them to act in
discharge
of
their
duties
independently
of
executive
control
cannot well be doubted; and that
authority includes, as an appropriate
incident, power to fix the period
during which they shall continue, and
to forbid their removal except for
cause in the meantime. For it is quite
29
En este caso el Presidente de los Estados
Unidos destituyó a un miembro de la
“Federal
Trade
Comission”,
comisión
investida de poderes cuasi-legislativos y
cuasi-judiciales, al alegar la necesidad de
que la Comisión estuviera integrada por
personas de su confianza. En la ley
habilitadora de la Comisión, el Congreso
había dispuesto que sus miembros serían
nombrados a término y que sólo podían ser
destituidos por ineficiencia, negligencia o
ilegalidades en el manejo de su oficina.
CT-2004-002
15
evident that one who holds his office
only during the pleasure of another
cannot depended upon to maintain an
attitude of independence against the
latter’s will. 295 U.S. a la pág. 629.
(Énfasis suplido.)
La
doctrina
elaborada
en
Humphrey’s
Executor v. United States, según discutida
anteriormente,
fue
sostenida,
años
más
tarde, en Wiener v. United States, 357 U.S.
349 (1958). 30 El Tribunal resumió de la
siguiente manera lo que constituiría el
criterio rector en este tipo de caso:
Thus, the most reliable factor for
drawing an inference regarding the
President’s power of removal in our
case is the nature of the function
that Congress vested in the War
Claims
Comission.
What
were
the
duties that Congress confined to this
Comission? And can the inference
fairly be drawn from the failure of
Congress to provide for removal that
these Commissioners were to remain in
office at will of the President? Id a
la pág. 357 U.S. a las págs. 353-354
(Énfasis suplido.)
El alcance del poder de destitución del
Presidente fue considerado nuevamente por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
Morrison v. Olson, 487 U.S. 654 (1988). 31
30
En este caso el Presidente de los Estados
Unidos, en aras de reclutar personal de su
absoluta confianza, destituyó a un miembro
de la Comisión de Guerra. Dicha comisión fue
creada
para
adjudicar
solicitudes
de
compensación presentada por individuos u
organizaciones que hubieran sufrido daños
durante la Segunda Guerra Mundial. La ley
habilitadora de la Comisión establecía que
el
término
de
incumbencia
de
los
comisionados terminaría cuando concluyese su
encomienda. Sin embargo, nada se dispuso en
cuanto a la destitución de sus miembros.
31
En este caso se cuestionó la limitación
impuesta por un estatuto al poder de
destitución
del
Presidente,
otorgándole
CT-2004-002
16
Similar a lo resuelto en Humphrey’s Executor
v. United States, supra, y la secuela de
casos que le citan, dicho foro señaló que el
análisis realizado por los tribunales al
momento de decidir si el Presidente tiene
facultad para destituir a un funcionario
nombrado por éste no puede limitarse al tipo
de función que realiza el funcionario, es
decir,
puramente
ejecutivas,
cuasilegislativas
o
cuasi-judiciales.
Aunque
dicho análisis es de por sí esencial al
momento de decidir si el Presidente tiene o
no la facultad de destituir al funcionario
en
cuestión,
es
indispensable,
además,
evaluar la forma en que las restricciones
impuestas
al
poder
de
destitución
del
Presidente inciden en la facultad de éste de
cumplir y hacer cumplir las leyes. Es
imprescindible, pues, evaluar el grado de
independencia que requiere, con respecto a
la
Rama
Ejecutiva,
el
funcionario
en
cuestión para ejecutar eficientemente las
tareas que le fueron delegadas. En lo
pertinente, dicho foro señaló:
We undoubtedly did rely on terms
“quasi-legislative”
and
“quasijudicial”
to
distinguish
the
officials involved in Humphrey’s
Executor and Wiener from those in
Myers, but our present considered
view is that the determination of
whether
the
Constitution
allows
Congress to impose a “good-cause”
type restriction on the President’s
power to remove an official cannot
be made to turn on whether or not
that
official
is
classified
as
“purely executive”. The analysis
contained in our removal cases is
designed
not
to
define
rigid
categories of those officials who
may or may not be removed at will by
the President, but to ensure that
Congress does not interfere with the
President’s
exercise
of
the
“executive
power”
and
his
constitutionally appointed duty to
“take
care
that
the
laws
be
faithfully executed” under Article
II...
______________________
dicho
poder
Federal.
al
Secretario
de
Justicia
CT-2004-002
17
[. . .]
[B]ut the real question is whether
the removal restrictions are of such
a nature that they impede the
President’s ability to perform his
constitutional
duty
and
the
functions
of
the
officials
in
question must be analyzed in that
light. 487 U.S. a las págs. 689-691.
(Énfasis suplido)
B.
En virtud de lo anterior, y cónsono con
el mandato que nos dieron los miembros de la
Asamblea Constituyente en momentos en que se
debatía el alcance del poder de remoción
del(la)
Gobernador(a),
de
adoptar
la
interpretación que se le ha dado al asunto
en la jurisdicción federal, es forzoso
concluir, como punto de partida para nuestro
análisis,
que
cualquier
determinación
relacionada a la constitucionalidad de una
limitación
estatutaria
al
poder
de
nombramiento y/o destitución del gobernante
requiere un análisis caso a caso en el cual
es
imprescindible
identificar
si
el
funcionario realiza funciones de naturaleza
“puramente ejecutiva”, cuasi-legislativa o
cuasi-judicial.
Cuando
se
trate
de
un
funcionario
con
facultades
“puramente
ejecutivas”,
la
facultad
de
la
Rama
Legislativa para imponer requisitos para
destituir a dicho funcionario es mínima
debido a que se trata, en la mayoría de los
casos,
de
funcionarios
que
colaboran
directamente
en
la
implantación
de
la
política pública y en la ejecución de
aquellas
funciones
asignadas
por
la
Constitución a la Rama Ejecutiva.
El criterio principal para determinar la
validez del estatuto consiste en que la
limitación
legislativa
al
poder
de
destitución del Gobernador(a) de Puerto Rico
no
interfiera
en
forma
impermisible
e
irrazonable con su facultad constitucional
de hacer cumplir y poner en vigor las leyes
y de formular e implantar la política
pública. El examen al estatuto exige que la
limitación legislativa a dicha facultad no
limite impermisiblemente los poderes de la
CT-2004-002
18
Rama Ejecutiva ni lesione el balance que
debe existir entre las ramas del gobierno.
Distinto
es
el
caso
de
aquellos
funcionarios que desempeñan tareas cuasilegislativas y cuasi-judiciales. A este tipo
de funcionario la Asamblea Legislativa puede
garantizar un grado de independencia mayor,
que le permita cumplir con sus funciones,
libre de cualquier interferencia de otras
ramas de gobierno. Por ende, en ese caso,
cualquier restricción razonable al poder de
destitución
del(la)
Gobernador(a)
sería
válida, claro está, a menos que incida sobre
la facultad del gobernante de cumplir con
sus poderes constitucionales. 32 (Énfasis
suplido).
Tratando
el
asunto
ante
nuestra
consideración
sobre
algún tipo de limitación legislativa al poder de destitución
del (la) Gobernador(a), es precisamente a la luz de esa
normativa jurídica que debemos atender la controversia de
autos. El Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos ejerce una función ejecutiva
reducida
a
dirigir
“los
trabajos
administrativos
y
operacionales del Consejo” por un término fijo de cuatro(4)
años
dispuesto
por
ley.
El
criterio
principal
para
determinar la validez de ese estatuto consiste en que tal
limitación al poder de destitución del(la) Gobernador(a) de
Puerto
Rico
no
interfiera
en
forma
impermisible
e
irrazonable con su facultad constitucional de hacer cumplir
y poner en vigor las leyes y de formular e implantar la
política pública gubernamental sobre el área del desarrollo
económico del país.
32
Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila María Calderón, et als,
supra, págs. 14-22.
CT-2004-002
El
19
(la)
Gobernador(a)
de
Puerto
Rico
tiene
la
facultad y a la misma vez el deber y obligación, a tenor
con el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto
Rico,
supra,
de
cumplir
y
poner
en
vigor
las
leyes
y de hacer cumplir y poner en vigor las mismas a
vigentes
través de todos aquellos funcionarios que están bajo su
poder de “supervisión e inspección”.
ese
rol
de
naturaleza
Para el descargo de
constitucional,
Gobernador(a) de Puerto Rico tiene
irrestricto
sobre
ciertos
y
poder
(la)
absoluto
determinados
ejecutivos” cuyas funciones son
el
e
“funcionarios
”puramente
ejecutivas”
y están directamente vinculadas con el descargo de su rol
constitucional.
esos
De no tener facultades plenarias sobre
funcionarios
en
el
ejercicio
de
su
“poder
de
nombramiento y destitución” no podría formular la política
pública
de
la
Rama
Ejecutiva,
a
tenor
con
el
mandato
democrático del Pueblo. Tales funcionarios son esencial y
fundamentalmente
los
miembros
del
Gabinete
del
(la)
Gobernador(a) de Puerto Rico y su cuerpo de asesores y
ayudantes. A través de esos funcionarios se formula y se
implanta la política pública de la Rama Ejecutiva, y se
inicia,
cuando
es
necesario,
la
aprobación,
mediante
proyectos de ley de administración, de estatutos ajustados
al programa de gobierno del partido político en el poder.
Una
vez
aprobada,
y
ya
vigente
esa
legislación
los
miembros del Gabinete fundamentalmente están llamados a
cumplirla y ponerla en vigor en representación del (la)
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20
Gobernador(a) de Puerto Rico.
vigentes
ciertos
derogados
o
y
No obstante, de mantenerse
determinados
enmendados
por
la
estatutos
nueva
por
no
ser
administración
de
gobierno en el poder, el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico
tiene la facultad y a la misma vez el deber y obligación
de cumplir con ellos y ponerlos en vigor, y de hacerlos
cumplir
y
que
se
pongan
en
vigor
a
través
de
los
funcionarios que están bajo su “supervisión e inspección”.
Existen funcionarios que aunque están adscritos a la Rama
Ejecutiva, y bajo el poder de “supervisión e inspección”
del (la) Gobernador(a) de Puerto Rico las funciones que
ejercitan
éste(a)
no
son
último(a)
esenciales
pueda
y
rendir
fundamentales
su
rol
para
que
constitucional.
Sobre esos funcionarios el “poder de destitución” del (la)
Gobernador(a) no es absoluto y puede ser restringido y
limitado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sin
menoscabar
el
naturaleza
poder
de
“supervisión
constitucional
que
el
e
inspección”
(la)
de
Primer(a)
Ejecutivo(a) tiene sobre ellos. Existen funcionarios que
aunque sus funciones son ejecutivas no son esenciales ni
fundamentales
para
que
el
(la) Gobernador(a)
de
Puerto
Rico descargue y desempeñe su rol constitucional. A estos
funcionarios la Asamblea Legislativa les puede conceder
independencia de la Rama Ejecutiva y autonomía para el
descargo y desempeño de sus funciones, siempre y cuando se
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preserve
la
21
facultad
de
“supervisión
e
inspección”
del
(la) Gobernador(a) de Puerto Rico sobre ellos.33
El análisis que gobierna el presente asunto no está
enmarcado en la definición rígida de funcionarios ejecutivos
adscritos al poder de “supervisión e inspección” del(la)
Gobernador(a) de Puerto Rico.
Está ubicado en la evaluación
y determinación judicial sobre si el Poder Legislativo ha
intervenido en una forma impermisible e irrazonable con el
ejercicio
Puerto
del
Rico
“poder
ejecutivo”
de
facultad
y
su
y
del(la)
Gobernador(a)
de
deber
constitucional
de
nombramiento y destitución para el alcance de su mandato
constitucional de hacer cumplir y de que se ponga en vigor
la
ley,
a
tenor
con
el
Artículo
Constitución de Puerto Rico.34
IV,
Sección
4
de
la
El asunto central ante nos es
si el término fijo de cuatro(4) años dispuesto por ley para
que el (la) Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo dirija “los
trabajos administrativos y operacionales del Consejo” es de
tal naturaleza que le impida descargar o desempeñar tal rol
constitucional.
Concluimos,
al
evaluar
la
cláusula
contenida
en
el
Artículo 5 de la Ley número 97, según enmendada, en conjunto
33
Véase Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado
señor Rivera Pérez a la que se unieron los Jueces Asociados
señor Rebollo López y señor Corrada del Río en Arturo Guzmán
Vargas v. Hon. Sila María Calderón, et al, supra, págs. 8587.
34
Artículo IV, sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I, ed.
1999, pág. 385.
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y como un todo con las demás partes de esa ley, vigente al 7
de marzo de 2001, que la limitación allí contenida al poder
de destitución del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico de (la)
Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo no le impedía en forma
impermisible e irrazonable ejercitar su “poder ejecutivo” y
desempeñar su rol constitucional.
Director(a)
trabajos
Ejecutivo(a)
administrativos
del
y
Las funciones del (la)
Consejo
de
operacionales
dirigir
del
“los
Consejo”
no
impedían de forma impermisible e irrazonable el desempeño
del rol constitucional del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico
de cumplir y poner en vigor las leyes.
Aunque dicho(a)
funcionario(a)
“supervisión
está
bajo
el
poder
de
e
inspección” del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico no tenía, a
la fecha de los hechos, función protagónica alguna sobre
aquellas
áreas
y
facultades
adscritas
al
Consejo
de
Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, de formulación e
implantación
de
política
pública.
La
función
del(la)
Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo, al 7 de marzo de 2001,
era dirigir el aspecto administrativo de las oficinas del
Consejo y facilitar y permitirle a ese cuerpo ejercer sus
facultades
y
funciones,
a
tenor
con
el
estatuto.
No
atinamos a entender por qué era imprescindible y necesario
para la entonces Gobernadora de Puerto Rico la destitución
de
la
señora
impermisible
e
Janet
Santana,
irrazonable
el
por
impedir
descargo
de
en
su
forma
rol
constitucional de hacer cumplir y poner en vigor las leyes.
Por el contrario dicho estatuto le permitía asegurarse,
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23
mediante su poder de “supervisión e inspección” que el (la)
Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo cumpliera a cabalidad
el mandato legislativo impartido de dirigir “los trabajos
administrativos
y
operacionales
del
Consejo”.
Bajo
el
Artículo 5 de la Ley 97, supra, vigente al 7 de marzo de
2001, el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico retuvo el poder de
nombramiento, y el de remoción, mediando por supuesto en
éste último, la garantía constitucional a su debido proceso
de
ley,
que
le
proveía
de
una
capacidad
y
habilidad
sustancial para asegurarse que las funciones asignadas por
estatuto al(la) Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo fueron
cumplidas
y
puestas
en
vigor
cabalmente.
Bajo
dicho
estatuto, el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico conservaba la
autoridad para destituir a el(la) Director(a) Ejecutivo(a)
del Consejo, cuando lejos de cumplir con la ley, utilizara
su
posición
para
adelantar
otros
fines
y
por
ende
incumpliera sus deberes y obligaciones.
No observamos en este caso un intento de la Asamblea
Legislativa
expensas
del
de
Puerto
Poder
Rico
para
Ejecutivo.
aumentar
Este
caso
sus
no
poderes
presenta
a
una
usurpación por el Poder Legislativo de las funciones del
Poder Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa no retuvo para sí
el poder de “supervisión e inspección” del(la) Director(a)
Ejecutivo(a) del Consejo.
la
Ley
97,
supra,
no
Concluimos que el Artículo 5 de
impedía
en
forma
impermisible
e
irrazonable el ejercicio de los referidos poderes de la Rama
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Ejecutiva, ni lesionaba el balance que debe existir entre
esas dos ramas de gobierno.
La
interrogante
ante
nos,
certificada
por
el
foro
judicial federal, requiere una contestación directa en la
afirmativa o en la negativa estrictamente sobre el asunto de
derecho constitucional local certificado.
El asunto sobre
si el puesto de Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo esta
revestido de un interés o derecho propietario sujeto a la
garantía constitucional federal a un debido proceso de ley,
en
su
vertiente
procesal,
es
uno
eminentemente
de
la
jurisdicción federal y no compete a esta Curia su atención.
La mención por la Mayoría, en su Opinión, de que la
señora
Janet
Santana
conforme
a
“Ley
la
no
de
era
una
Personal
del
empleada
Servicio
de
carrera,
Público
de
Puerto Rico”35, por lo que no disfrutaba de la protección que
esa
ley
le
reconoce
a
ese
tipo
de
empleados
es
una
innecesaria e irrelevante al asunto ante nos, certificado
por
el
foro
judicial
federal.
Por
lo
que
diferimos
y
disentimos, por deferencia a dicho foro de tal curso de
acción.
III
Por los fundamentos antes expuestos disentimos de lo
actuado y pautado por la Mayoría.
35
3 L.P.R.A., sec. 1301 et seq.
Decretaríamos la validez
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constitucional del Artículo 5 de la ley número 97, según
enmendada.
EFRAIN E. RIVERA PEREZ
Juez Asociado