LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Janet Santana y otros v. Gobernadora Sila María Calderón y otros

2005 TSPR 86

Poder Judicial de Puerto Rico

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Janet Santana y otros v. Gobernadora Sila María Calderón y otros

CT-2004-0002

Facultad del Gobernador para hacer nombramientos y destituciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Janet Santana y otros

Demandante

Certiorari

v.

2005 TSPR 86

Gobernadora Sila María

Calderón y otros

164 DPR ____

Demandada

Número del Caso: CT-2004-2

Fecha: 17 junio 2005

United States District Court

District of Puerto Rico

Juez Ponente:

Hon. Jaime Pieras, Jr.

Abogada de la Parte Demandante:

Lcda. Monique Guillemard-Noble

Oficina del Procurador General:

Lcda. Ana R. Garcés Camacho

Procuradora General Auxiliar

Materia: Certificación Interjurisdiccional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Janet Santana y otros

Demandante

v.

CT-2004-2

Gobernadora Sila María

Calderón y otros

Demandada

Opinión del Tribunal

Rodríguez Rodríguez

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio 2005

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para

el

Distrito

mediante

de

el

Puerto

Rico

procedimiento

de

acude

ante

nosotros

certificación

y

nos

formula la siguiente pregunta: ¿Si la Gobernadora del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

tiene

la

autoridad, bajo la Constitución de Puerto Rico, para

destituir

Desarrollo

1

a

la

Directora

Ocupacional

Ejecutiva

y

del

Recursos

Consejo

de

Humanos?

1

El texto original de la pregunta certificada indica:

“Does the Governor of Puerto Rico have the authority

under the Constitution of Puerto Rico to remove the

Executive Director of the HRODC?”

2

CT-2004-2

Previo a la discusión del asunto traído ante nuestra,

debemos resumir los hechos del caso según los mismos nos

fueron presentados por la Corte de Distrito en su solicitud

de certificación y los documentos anejados en la misma.

I

A.

La señora Janet Santana comenzó en el servicio público

del

gobierno

del

Estado

cuando comenzó a trabajar

Libre

Asociado

en

el

año

1994

en el Departamento de Educación.

Posteriormente pasó a laborar a la Oficina del Gobernador

donde

ejerció

Federales.

el

cargo

de

Ayudante

a

cargo

de

Asuntos

Allí laboró de enero de 1997 a julio de 2000,

cuando fue nominada por el entonces Gobernador de Puerto

Rico, Hon. Pedro J. Rosselló González, para ocupar el cargo

de

Directora

Ejecutiva

del

Consejo

de

Desarrollo

Ocupacional y Recursos Humanos (el “Consejo de Desarrollo

Ocupacional” o el “Consejo”) por el término de cuatro años,

conforme dispone el Art. 5 de la Ley Núm. 97 de 18 de

diciembre de 1991, según enmendada, 18 L.P.R.A. sec. 1584.

En

mayo

del

2000,

el

entonces

Gobernador

Rosselló

González, promulgó la Orden Ejecutiva 2000-06 designando al

Consejo

de

Desarrollo

Ocupacional

como

el

depositario

y

administrador de los fondos asignados a Puerto Rico por la

Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora, el “Workforce

Investment Act”, Ley Núm. 105-220, 112 Stat. 946 (1998), 29

U.S.C.

secs.

2801-2945

(2002)

(“WIA”

por

sus

siglas

en

3

CT-2004-2

inglés). 2

Los fondos WIA, que ascendían a $300 millones de

dólares,

pasaron

entonces

a

ser

administrados

por

el

Consejo de Desarrollo Ocupacional.

El

2

de

enero

de

2001

y

luego

de

las

elecciones

generales celebradas en Puerto Rico en noviembre de 2000,

la

Hon.

Sila

Puerto Rico.

M.

Calderón

juramentó

como

Gobernadora

de

La Gobernadora Calderón designó al licenciado

Víctor Rivera Hernández como Secretario del Departamento

del Trabajo.

Éste

también asumió su cargo el 2 de enero

de 2001.

El 3 de enero de 2001, la Gobernadora promulgó la

Orden Ejecutiva-2001-03 como medida de control del gasto

público

y

para

propiciar

la

estabilidad

gobierno, ante lo que se estimaba iba a ser un

deficitario para ese año fiscal.

fiscal

del

presupuesto

Así, la Orden Ejecutiva

dispuso que todos los puestos en el servicio de carrera que

estuvieran

ocupar.

previa

2

vacantes

en

ese

momento

permanecieran

sin

Dispuso además que se requiriera la autorización

del

Secretario

de

la

Gobernación

cuando

fuera

En el año 1998, el Congreso de los Estados Unidos promulgó

el “Workforce Investment Act” (“WIA” por sus siglas en

inglés) para promover la inversión en la fuerza trabajadora

propiciando el empleo y la retención en el empleo de los

trabajadores beneficiarios.

Procura también esta ley

federal mejorar el adiestramiento ocupacional de los

participantes como mecanismo para reducir el desempleo. 29

U.S.C. sec. 2811 (2002).

Para recibir fondos WIA, el

estado, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

debe crear una entidad gubernamental que formule un plan

estratégico sobre cómo se invertirán estos fondos en

beneficio de la fuerza trabajadora.

A esos efectos, la

Orden Ejecutiva 2000-06 creó la Junta Estatal.

4

CT-2004-2

necesario ocupar alguna de las vacantes existentes en las

agencias

del

Estado

Libre

requirió

la

previa

autorización

Gobernación

cuando

contrato

servicios

de

se

fuera

Ejecutiva

2001-03

junta,

cuerpo

.

departamento

.

.

instrumentalidad

.

.

del

a

otorgar

iba

o

autoridad

la

de

o

enmendar

algún

consultivos.

La

a

.

Ejecutivo

.

o

del

la

“cualquier

corporación

.

Orden

Secretario

dirigida

comisión,

Poder

Además,

del

profesionales

Orden

.

Asociado.

pública,

cualquier

Estado

Libre

Asociado.”

La demanda instada alega que a raíz del nombramiento

del licenciado Rivera Hernández y éste asumir el cargo de

Secretario

del

experimentar

Trabajo,

acciones

la

señora

discriminatorias

Santana

comenzó

a

en

contra

que

su

culminaron con su destitución como Directora Ejecutiva del

Consejo de Desarrollo Ocupacional.

acciones

fueron

motivadas

por

su

Se arguye que dichas

afiliación

política

al

Partido Nuevo Progresista.

La

carta

Gobernadora a

de

destitución

la señora

enviada

por

la

señora

Santana, de fecha de 7 de marzo

de 2001, indicaba lo siguiente:

Usted funge como Directora Ejecutiva del

Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos

Humanos (‘CDORH’).

Como tal, participa en la

operación y dirección del desarrollo ocupacional

y de recursos humanos del Estado Libre Asociado

lo

que

conlleva,

entre

otras

cosas,

la

implantación de programas para desarrollar la

inversión el las fuerzas trabajadoras de Puerro

Rico.

Sus funciones por lo tanto son de

naturaleza puramente ejecutiva.

5

CT-2004-2

. . .

[U]sted ha realizado unos actos que denotan

incumplimiento e insubordinación a la Orden

Ejecutiva OE-2001-03 y las ordenes (sic) y

directrices del Secretario del Trabajo, Hon.

Victor (sic) Rivera Hernández, como es su deber

en Ley. Entre los hallazgos de incumplimiento y

de insubordinación se encuentran los siguientes:

(1)

usted

realizó

tres

nombramientos

sin

autorización

mía,

del

Secretario

de

la

Gobernación o del Secretario del Trabajo; (2)

usted realizó un viaje a California para asuntos

oficiales, sin la notificación y aprobación del

Secretario del Trabajo; (3) usted anunció al

personal del consejo una reorganización del Plan

de Clasificación de puestos de carrera sin el

consentimiento del Secretario del Trabajo; (4)

usted autorizó cinco órdenes (sic) de compras de

equipos entre el 22 de enero y el 9 de febrero de

2001; y (5) usted ocasionó la devolución de

$1,476,070.81 de fondos federales del Título III,

y ésta resultó ser una decisión incorrecta, ya

que dichos fondos eran necesarios para los

asuntos relacionados de cierre de empresas.

Así las cosas, en mayo de 2001, la señora Santana y su

esposo presentaron ante la Corte de Distrito de los Estados

Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda por

discrimen político bajo la ley federal de derechos civiles,

42

U.S.C.

sec.

1983.

En

la

misma,

solicitaron

daños

compensatorios y punitivos y que se expidiera un remedio

interdictal.

Se

demandó

en

su

capacidad

personal

como

oficial a la señora Gobernadora, al Secretario del Trabajo,

al

Director

del

Consejo,

Xavier

González

Calderón

y

al

representante en la Región II del Departamento del Trabajo

de los Estados Unidos, el señor Ralph Muñiz.

La

demanda

instada

principales

bajo

la

civiles,

saber:

una

a

contiene

legislación

reclamación

tres

federal

por

reclamaciones

de

derechos

violación

a

la

6

CT-2004-2

Primera

Enmienda

por

alegado

discrimen

por

afiliación

política; una reclamación por violación a la cláusula de

debido proceso de ley de la Enmienda Decimocuarta de la

Constitución

de

los

Estados

Unidos

en

su

vertiente

procesal, bajo el fundamento que la señora Santana tenía un

interés

propietario

reclamación

en

la

en

su

cual

se

empleo;

arguyó

y,

que

una

los

tercera

demandados

conspiraron entre sí para destituirla de su puesto.3

En respuesta a la demanda instada los demandados, en

su

capacidad

personal,

presentaron

una

moción

de

desestimación fundamentada principalmente en la doctrina de

inmunidad

moción

bajo

presentada

el

señora

condicionada

solicitaron

fundamento

Santana

no

(“qualified

la

que,

primero,

violaba

sus

inmunity”).

desestimación

la

En

del

destitución

derechos

bajo

la

la

caso

de

la

Primera

Enmienda toda vez que el puesto que ella ocupaba era uno

que implantaba política pública por lo que el requisito de

afiliación

política

para

dicho

cargo

era

apropiado.

Segundo, que no se le había violado el debido proceso de

ley toda vez que ella no tenía un derecho propietario sobre

3

Los demandantes incluyeron además una reclamación por

violación a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 et. seq., por discrimen;

una reclamación en daños y perjuicios bajo el Artículo 1802

y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs, 5141, 5142; una

reclamación directamente bajo la Constitución de los

Estados

Unidos

por

discrimen

(“Bivens

claim”)

y,

finalmente,

una

causa

de

acción

por

violación

al

Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (“COBRA”),

Pub. L. No. 99-272, 100 Stat. 228, 29 U.S.C. secs. 1162, et

seq.

7

CT-2004-2

el puesto que desempeñaba.

Tercero, que no concurrían en

este caso los requisitos necesarios

para establecer una

causa de acción por conspiración bajo el estatuto federal

de derechos civiles.

Finalmente, los demandados levantaron

la defensa de inmunidad condicionada por lo que solicitaron

la

desestimación

de

la

demanda

instada

en

su

capacidad

personal.

El 14 de febrero de 2002, la Corte de Distrito emitió

una opinión en la cual acogió algunos de los planteamientos

de los demandados, desestimando por lo tanto la causa de

acción de discrimen político bajo la Primera Enmienda y la

causa

de

acción

de

conspiración

bajo

42

U.S.C.

sec.

1985(3).

Santana v. Calderón, 188 F. Supp. 160 (D.P.R.

2002).

La

Corte

de

Distrito

denegó

la

solicitud

de

desestimación de la causa de acción por alegada violación

al debido proceso de ley en su aspecto procesal.

Inconformes

instaron

una

con

la

apelación

determinación,

interlocutoria

los

ante

demandados

la

Corte

de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

En el recurso instado se impugnó la determinación

del

tribunal

la

a

quo

de

denegar

la

desestimación

de

reclamación de violación del debido proceso de ley en su

aspecto procesal.

La Corte de Apelaciones revocó a la

Corte

y

de

Distrito

determinó

que,

en

efecto,

los

demandados estaban protegidos por la doctrina de inmunidad

condicionada respecto la reclamación bajo la cláusula de

8

CT-2004-2

debido

proceso

de

ley

en

su

vertiente

procesal.

Véase,

Santana v. Calderón, 342 F.3d 18 (1st Cir. 2003).

El

hechos

foro

que

apelativo

dieron

concluyó

base

a

la

que

al

momento

reclamación

de

la

de

los

señora

Santana, no estaba claramente establecido que ésta tuviese

un derecho propietario sobre el cargo que ocupaba, por lo

que

procedía

demandados

desestimar

en

Apelaciones,

su

reclamación

capacidad

razonando

por

instada

personal.

analogía

contra

los

Corte

de

aplicando

la

La

y

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la facultad del

Presidente de destituir funcionarios de la Rama Ejecutiva,

concluyó

que

la

Gobernadora

muy

bien

podía

tener

la

facultad constitucional de destituir a la señora Santana

como

Directora

Ejecutiva

del

Consejo.

Reconociendo

que

ello no ha sido resuelto por este Tribunal, concluyó que no

estaba claramente establecido que tal curso de acción era o

no

procedente,

estuviesen

lo

cobijados

que

por

permitía

que

inmunidad

los

demandados

condicionada

al

destituirla del cargo.4

4

Sobre

este particular la Corte de Apelaciones de los

Estados Unidos para el Primer Circuito indicó en Santana v.

Calderón, 342 F.3d 18, 30-31 (lst Cir. 2003) lo siguiente:

We cannot conclude that the defendants had

notice that their removal of the plaintiff from

her position would violate clearly established

law.

Given the purely executive nature of the

Executive

Director

position,

the

position’s

limited

policy

making

function,

and

the

Governor’s general power of removal, it was

reasonable for defendants to believe that Santana

did not have a property interest in continued

9

CT-2004-2

La Corte de Apelaciones devolvió el caso al tribunal

de instancia para que prosiguieran los procedimientos en

cuanto a las otras reclamaciones incluidas en la demanda

instada.

las

La Corte instó al foro inferior a consultar con

partes

sobre

la

deseabilidad

de

certificar

a

este

Tribunal la controversia sobre la existencia o no de un

derecho propietario sobre el cargo de Director Ejecutivo

del Consejo de Desarrollo Ocupacional.

Señaló dicho foro

específicamente: “Only the Supreme Court of Puerto Rico can

definitively resolve this property right issue.

Therefore,

we urge the district court, as it proceeds with the suit

for

injunctive

defendants,

to

relief

and

consult

the

other

claims

against

the

with

the

parties

about

the

appropriateness of certifying to the Puerto Rico Supreme

Court the Commonwealth constitutional issue relating to the

removal power of the Governor.”

342 F.3d, pág. 31.

Así las cosas, el pasado 2 de septiembre de 2004 la

Corte

de

Tribunal

Distrito

una

presentó

solicitud

de

ante

la

Secretaría

certificación

de

expedida

este

por

el

Hon. Juez Jaime Pieras, ante quien se ventila el caso de

epígrafe.

presentada,

Aceptada la certificación ínter jurisdiccional

le

concedimos

a

ambas

partes

un

simultáneo para presentar sus respectivos alegatos.

término

Éstas

______________________

employment and that her termination therefore was

not

subject

to

constitutional

due

process

violation.

10

CT-2004-2

comparecieron y estando en posición de resolver pasamos a

así hacerlo.

Antes de pasar a discutir propiamente la controversia

de derecho planteada en este recurso, se hace necesario

describir

con

mayor

detenimiento

las

facultades

encomendadas por ley al Director Ejecutivo del Consejo de

Desarrollo

Ocupacional

ya,

adelante,

ello

directamente

incide

que

como

se

discutirá

sobre

la

mas

pregunta

certificada.

B.

El

Director

Ocupacional

es

Ejecutivo

el

del

funcionario

Consejo

que

de

dirige

los

administrativos y operacionales del Consejo.

sec. 1584.

Desarrollo

trabajos

18 L.P.R.A.

Es un cargo creado en virtud de la Ley Núm. 97

de 18 de diciembre de 1991, que se ejerce por el término

fijo

de

cuatro

años

Id. 5

Gobernador.

y

su

salario

lo

establece

el

La ley no dispone para la destitución de

este funcionario.

El Consejo de Desarrollo Ocupacional, está compuesto

por

el

Secretario

Familia,

Secretario

el

de

Educación,

Secretario

del

Secretaria

Desarrollo

Trabajo

–quien

lo

sector

privado

y

representantes

del

público.

L.P.R.A.

18

de

la

sec.

1584.

de

la

Económico,

el

preside-,

tres

El

del

Consejo

tres

interés

fue

el

Este funcionario no es uno en el servicio de carrera

conforme la Ley de Personal del Servicio Público del Estado

Libre Asociado. 3 L.P.R.A. sec. 1301.

5

11

CT-2004-2

mecanismo

diseñado

por

el

legislador

para

administrar

y

regir el Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

1584.

El

programas

Sistema

agrupa

el

“conjunto

o

unidades

operacionales

indirectamente

ofrecen

servicios

formación

tecnológica

“el

proceso

que

agencias,

directa

no

o

con

la

universitaria.”

18

Formación tecnológico ocupacional es

sistemático

participante

de

relacionados

ocupacional

L.P.R.A. sec. 1582.

18 L.P.R.A. sec.

los

formal

para

conocimientos

y

proveer

a

cada

experiencias

para

desarrollar las competencias que le permitan ingresar en un

empleo, retenerlo y mejorar en su condición de trabajo.”

18 L.P.R.A. sec. 1581(b).

El

Director

Ocupacional,

Ejecutivo

tienen

a

y

cargo

el

Consejo

desempeñar

de

Desarrollo

las

siguientes

funciones, entre otras: (1) “[i]mplanta[r] y hace cumplir

la política pública que se establece en esta legislación y

aquella

otra

relación

a

propósitos

que

en

el

la

educación

de

este

futuro

pueda

establecerse

técnico-ocupacional

capítulo”;

(2)

y

con

a

los

establece[r]

los

objetivos del Sistema “de acuerdo a la política pública

(3) establecer los niveles de competencias

establecida”;

mínimas que deben poseer los alumnos del Sistema;

(4)

establecer las normas necesarias para la “consolidación de

dos

o

mas

Sistema”;

programas

(5)

someter

tecnológicos

u

la

presupuestaria

petición

ocupacionales

de

del

los

12

CT-2004-2

componentes

del

Sistema

a

la

Oficina

de

Presupuesto

y

Gerencia: (6) ser el depositario y administrar los fondos

que recibe Puerto Rico bajo la ley federal de Educación

Vocacional

y

Tecnológica

Aplicada

Carl

D.

Perkins.

L.P.R.A. secs. 1585(a), (b), (e), (g), (k), (w).

18

(Énfasis

nuestro.)

Además,

Orden

como

indicamos

al

Ejecutiva

2000-06,

el

inicio,

en

Consejo

virtud

de

de

la

Desarrollo

Ocupacional es el depositario y administrador de los fondos

WIA que recibe Puerto Rico del gobierno federal, los cuales

ascienden a $300 millones de dólares. 6

Le corresponde al

Director Ejecutivo del Consejo, auditar las juntas locales

y regionales que reciben estos fondos para cerciorarse del

cumplimiento

aplicable.

Director

con

reglamentación

estatal

y

federal

Véase, Segunda demanda enmendada, par. 4.9.

Ejecutivo

propuestas

la

además

sometidas

para

participa

recibir

en

la

estos

evaluación

fondos

y

en

El

de

la

autorización eventual de los correspondientes desembolsos.

Id.

Con

ese

controversia

Gobernador

6

de

trasfondo,

pasemos

entonces,

relativa

a

la

remover

a

funcionarios

facultad

evaluar

la

constitucional

del

por

a

él

nombrados.

La Orden Ejecutiva 2000-06 indica lo siguiente:

“The Executive Director of the Occupational

Development and Human Resources Council shall be

responsible and accountable to the State Board

for the receipt, custody and disbursement of the

federal funds received pursuant to WIA and shall

post fidelity bond prescribed by the laws of

Puerto Rico for public employees.”

13

CT-2004-2

Primero,

haremos

certificación

y

una

su

breve

reseña

importancia.

del

mecanismo

Luego,

un

de

recuento

histórico de la facultad de destitución de un gobernador

previo a la adopción de la Constitución; para finalmente

analizar

la

controversia

certificada

en

el

contexto

del

alcance de la cláusula de nombramiento de la Constitución.

Veamos detenidamente.

II

El ordenamiento procesal civil puertorriqueño reconoce

dos tipos de certificación, la intra jurisdiccional y la

ínter

jurisdiccional.

El

caso

de

autos

involucra

la

certificación ínter jurisdiccional la cual está regulada

por el Art. 3.002(f) de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de

2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s(f), la Regla 53.1(f) de las de

Procedimiento

Civil,

y

la

Regla

25

del

Reglamento

del

Tribunal Supremo.

La certificación ínter jurisdiccional es un mecanismo

procesal

inherentes

efectivo

a

un

que

permite

sistema

de

mitigar

justicia

las

tensiones

federalista

donde

coexisten en una misma jurisdicción dos sistemas judiciales

soberanos,

el

sistema

federal

y

el

sistema

estatal.

Mediante la certificación, uno de esos soberanos procura la

asistencia

del

segundo

para

que

éste

emita

un

pronunciamiento

definitivo

sobre

una

cuestión

dudosa

de

derecho, anunciando así un nuevo principio legal.

Nash,

Examining the Power of Federal Courts to Certify Questions

14

CT-2004-2

of

State

Law,

88

Cornell

L.

Rev.

1672,

1690

(2003);

Calabresi, Federal and State Courts: Restoring a Workable

Balance, 78 N. Y .U. L. Rev. 1293 (2003).

Este procedimiento adelanta los intereses tanto del

sistema judicial federal como el sistema judicial estatal.

En Arizonans for Official English v. Arizona, 520 U.S. 43,

76 (1997) (Ginsburg, J.), el Tribunal Supremo indicó lo

siguiente,

sobre

federal

la

de

certificación:

los

beneficios

correcta

que

utilización

“[Certification]

deriva

del

allows

el

sistema

procedimiento

a

federal

de

court

faced with a novel state-law question to put that question

directly to the State’s highest court, reducing the delay,

cutting costs, and increasing the assurance of gaining an

authorative response.”

Véase, Braun, A Certification Rule

for California, 36 Santa Clara L. Rev. 935, 940 (1996)

(“from

a

federal

court’s

point

of

view,

allowing

certification of an uncertain point of state law avoids

both

the

necessity

unfamiliar

law

of

of

a

time-consuming

foreign

possibility of . . . error.”)

Weissman,

Interactive

Judicial

speculation

jurisdiction

on

the

and

the

En igual sentido, Kaye,

Federalism:

Certified

Questions in New York, 69 Fordham L. Rev. 373, 378 (2000);

Sloviter,

A

Federal

Judge

Views

Diversity

Jurisdiction

Through the Lens of Federalism, 78 Van. L. Rev. 1671, 167980 (1992); Carr, Robbins, Interjurisdictional Certification

and Choice of Law, 41 Vand. L. Rev. 411, 415 n. 11 (1988).

15

CT-2004-2

Por

lo

tanto,

tramitación

consideraciones

de

los

casos,

de

certeza

eficiencia

judicial,

en

la

cortesía

(“comity”) y deferencia al más alto tribunal estatal, son

algunas de las consideraciones que abonan a la utilización

del mecanismo de certificación por el foro federal.

Desde

la

óptica

del

sistema

judicial

estatal

la

certificación ínter jurisdiccional es también un mecanismo

de gran utilidad y beneficio.

En Pan Ame. Comp. Corp. V.

Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785 (1982) indicamos que

este

mecanismo

permite

“preservar

y

respetar

la

función

prístina de las cortes estatales de interpretar y formular

el derecho de los estados.”

Véase además, Guzmán Vargas v.

Calderón, res. el 23 de marzo de 2005, ___ D.P.R. ___, 2005

JTS 38.

De esta forma las prerrogativas de un estado de

establecer, definir y delimitar los linderos de su Derecho

se

salvaguardan.

Se

propicia

y

adelanta

así

una

interrelación judicial armoniosa y de respeto mutuo entre

los dos sistemas judiciales soberanos que conviven en el

Estado Libre Asociado.

III

La Constitución del Estado Libre Asociado no contiene

una

disposición

expresa

que

establezca

la

facultad

Gobernador de destituir funcionarios públicos.

del

El único

mecanismo de destitución que se recoge en la Constitución

es el de residenciamiento.

Art. III, sec. 21, Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

16

CT-2004-2

Ahora bien, históricamente, la facultad de remover o

separar

a

un

funcionario

de

su

cargo

por

el

Primer

Ejecutivo

había

sido

reconocida desde principios de

Siglo

cuando

en

año

XX,

Político.

el

1902

se

aprobó

el

Código

Así, el Artículo 53 del Código Político de 1902

dispuso, al enumerar las prerrogativas del gobernador, que

éste estaba facultado “para separar a cualquier funcionario

que hubiere nombrado; podrá declarar vacante el cargo y

cubrirlo en la forma prescrita por ley.”7 3 L.P.R.A. sec. 6.

Por lo tanto, nuestro ordenamiento contiene desde hace más

de un siglo, una ley general donde se le reconoce esta

prerrogativa al Primer Ejecutivo, sujeto a que ello ocurra

de “la forma prescrita por ley.”

Por lo tanto, el Art. 53

aunque reconoció la facultad de destitución la condicionó a

las restricciones prescritas por ley.

Por otro lado, en Gelpí v. Leahy, 56 D.P.R. 925, 926

(1940), al interpretar el Art. 49 del Acta Orgánica de 19178

que facultaba al Gobernador a nombrar jueces dijimos:

“Ese

artículo, . . . , otorga al Gobernador el poder absoluto de

7

Luego de la aprobación de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, el Art. 53 del Código Político fue

enmendado para conformarlo al nuevo esquema de gobierno.

El cambio no alteró en nada la facultad que allí se recoge,

su lenguaje permaneció intacto.

8

El Art. 49 del Acta Orgánica de 1917 disponía:

“En lo sucesivo todos los jueces, marshalls

y Secretarios de los tribunales establecidos

actualmente o que se establecieron en adelante en

Puerto

Rico,

y

cuyo

nombramiento

por

el

Presidente no esté dispuesto por ley, serán

nombrados por el Gobernador con el concurso y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.”

17

CT-2004-2

(Énfasis

destituir como inherente al poder de nombrar.”

nuestro.)

Vemos

así,

Constitución

cómo

existía

al

ya

momento

en

Puerto

de

adoptar

Rico

una

nuestra

normativa

estatutaria y jurisprudencial que reconocía como ínsito al

poder de nombrar del Gobernador, el concomitante poder de

destituir; facultad que describimos en Gelpí como absoluta.

Analicemos entonces el texto de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

B.

Al

adoptarse

Constituyentes

la

Constitución

procuraron

una

en

estructura

el

1952,

de

los

gobierno

compuesta por tres poderes co-iguales, subordinados todos a

la soberanía del pueblo.

Art. I, sec. 2, Constitución del

Estado Libre Asociado.

Cada uno de estos poderes, aunque

soberano e independiente respecto el ejercicio del poder

conferido, interrelaciona con los otros manteniendo íntegra

la autoridad de cada cual.

Pueblo v. Santiago Feliciano,

139 D.P.R. 361, 420 (1995).

Como muy acertadamente señaló

el

Juez

Asociado

Jackson,

en

su

opinión

concurrente

en

Youngstown Sheet & Tube Co. V. Sawyer, 343 U. S. 579, 635

(1952):

“While the Constitution diffuses power the better

to secure liberty, it also contemplates that practice will

integrate the dispersed powers into a workable government.

It

enjoins

upon

the

branches

separateness

interdependence, autonomy but reciprocity.”

but

18

CT-2004-2

La

doctrina

de

separación

de

poderes

se

asienta

precisamente sobre el principio que el poder se delega en

las

tres

ramas

de

gobierno

para

así

“evitar

la

concentración de poderes en una sola rama, o el abuso de

poder de parte de otra”.

Santiago Feliciano, ante.

La

existencia de tres poderes co-iguales genera necesariamente

tensión y fricción entre las ramas que se aminora mediante

un sistema de pesos y contrapesos, que permite calibrar el

fino equilibrio en el ejercicio del poder, según lo ordena

la Constitución. Véase, Hernández Agosto v. López Nieves,

114 D.P.R. 601 (1983); Hernández Agosto v. Romero Barceló,

112 D.P.R. 407 (1982); Banco Popular v. Corte, 63 D.P.R. 66

(1947).

El Art. IV de la Constitución describe el alcance del

Poder Ejecutivo.

específicamente

Gobernador.

que

el

En la sección 1, Art. IV, se dispuso

que

el

Poder

lo

ejerza

el

De otra parte, la sección 4, Art. IV dispone

Gobernador

podrá

en

Constitución

disponga

Ejecutivo

esta

“nombrar,

o

en

la

forma

que

se

por

ley,

a

todos

los

funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado.”

Durante

el

proceso

de

debate

de

la

Asamblea

Constituyente sobre el Poder Ejecutivo, el delegado señor

Gutiérrez Franqui, propuso se eliminara de este Artículo

una

sección

facultad:

que

le

“Ejercer

administración

confería

la

pública.”

al

Gobernador

la

siguiente

dirección

general

de

El

Gutiérrez

Franqui

delegado

la

19

CT-2004-2

objetó dicho lenguaje por entender que el mismo constituía

una

limitación

Gobernador.

a

las

facultades

constitucionales

del

Indicaba el señor delegado Gutiérrez Franqui:

Entonces, leyendo este artículo como fue

aprobado en la Comisión Total, nos pareció que

insertar esta expresión: ‘ejercer la dirección

general del poder ejecutivo del gobierno’ podía

aparecer como una limitación a la sección 1 donde

decía que ‘el poder ejecutivo’ . . . cual es, ‘se

ejercerá por un gobernador’.

Si aquí decimos que su atribución y función es

supervisar, la dirección general, eso no es ser

jefe supremo del poder ejecutivo, a nuestro

juicio, sino que más bien es una limitación a esa

facultad.

Entendimos, que la forma de corregir la posible

duda, era eliminar esa frase en su totalidad con

esta explicación como propósito de la enmienda,

para que resultara claro de la acción de esta

Convención, que había sido su propósito investir

a este funcionario ejecutivo, a este jefe

ejecutivo con la facultad y la autoridad suprema

en el poder ejecutivo, sin limitaciones de

ninguna clase.

3 Diario de Sesiones, 1962, pág. 2272.

(Énfasis nuestro.)

Véase además, J. Trías Monge, Historia Constitucional de

Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol.

III, págs. 114-17.

Nuestra

Constitución

por

lo

tanto

adoptó

un

Poder

Ejecutivo unitario al investir a un solo funcionario –el

Gobernador– con la autoridad suprema en la Rama Ejecutiva

“sin

limitaciones

impartirle

dinamismo

de

ninguna

y

unidad

clase.”

de

Ello

propósito

a

permite

la

Rama

Ejecutiva; fortalece al Primer Ejecutivo en la protección

de sus prerrogativas constitucionales frente a lo que serán

20

CT-2004-2

intentos de socavar las mismas por las otras ramas; y le

hace responsable único de la gestión de una de las tres

ramas de gobierno frente a la ciudadanía.9

El investir al Gobernador con la facultad y autoridad

suprema en el Poder Ejecutivo “sin limitaciones de ninguna

clase”, requiere, para que esa expresión tenga verdadero

contenido que, como mínimo, el Primer Ejecutivo tenga la

autoridad legal para impartir instrucciones u órdenes de

carácter

obligatorio

a

los

funcionarios

de

la

Rama

Ejecutiva que nombra, para que se tomen las medidas que a

su juicio adelanten la política pública del gobierno. 10 Ello

a su vez supone que el Gobernador tiene la facultad de

remover a ese funcionario si rehúsa actuar acorde a lo que

es la política pública expresada por el Gobernador.

Solo

de esta forma el Primer Ejecutivo se cerciorará que se

ejecuta la política pública establecida y se cumpla con la

ley.

En

última

instancia,

equivalente

al

de

funcionarios

del

poder

ejecutivo

el

poder

controlar

que

las

formulan

de

destituir

acciones

o

de

es

los

contribuyen

a

formular política pública.11

9

Véase sobre este particular, Calabresi, Some Normative

Arguments for the Unitary Executive, 48 Ark. L. Rev. 23,

37-47 (1995); Currie, The Distribution of Power after

Bowsher, 1986 Sup. Ct. Rev. 19, 31-36.

10

Claro está, la acción que se exige del funcionario tiene

que

estar

enmarcada

dentro

de

sus

atribuciones

discrecionales.

Véase, Miller, Independent Agencies, 1986

Supreme Court Review 41, 59.

11

Véase, Calabresi, Normative Arguments for the Unitary

Executive, 48 Ark. L. Rev. 23, 58 (1995).

21

CT-2004-2

Por

otro

lado,

la

sección

4

del

Art.

IV

de

la

Constitución, enumera los deberes, funciones y atribuciones

constitucionales del Gobernador, entre las que se encuentra

la obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes.”

Para

cumplir con esta obligación constitucional el Gobernador

tiene que nombrar funcionarios que le puedan asistir en

dicha encomienda.

Es evidente que no es posible que tal

responsabilidad recaiga exclusivamente sobre una persona.

La esencia del concepto poner en vigor la ley “no es

la

mera

interpretación

legislativo,

autoridad

sino

sobre

es

los

e

implementación

determinar

oficiales

quién

que

del

ejerce

la

última

implementan

la

ley.”

Noriega v. Hernández Colón, 112 D.P.R. 406, 463

(Énfasis nuestro.)

mandato

(1994).

Secuela entonces de la obligación de

cumplir y hacer cumplir la ley que impone la Constitución,

está el poder de ejercer “la última autoridad sobre . . .

[los] oficiales” que asisten al Gobernador en el descargo

de esa responsabilidad; lo que implica necesariamente el

poder

de

remoción

de

quienes

incumplan

con

esa

responsabilidad.

Debemos entonces concluir, a la luz de los supuestos

antes

mencionados

que,

consustancial

con

la

facultad

constitucional de nombramiento del Primer Ejecutivo, está

la de destituir a quien se nombra.

Véase, In re Marín

Báez, 81 D.P.R. 274, 278 n. 3 (1959).

(“Quedaría como

única alternativa, la de recurrir al poder inherente del

22

CT-2004-2

Ejecutivo

para

destituir

a

los

funcionarios

que

él

nombra.”)

Prerrogativa que como vimos, no era foránea a

nuestro

ordenamiento cuando se aprobó la Constitución en

el 1952.

C.

El contenido y alcance del poder de nombramiento del

Gobernador

y

la

facultad

funcionarios

subordinados

recientemente

abordamos,

solicitud

certificación.

ante.

de

de

a

como

éste

él,

de

es

resultado

Guzmán

destituir

a

tema

que

un

también

Vargas

v.

de

una

Calderón,

Hoy lo abordamos nuevamente.

La discusión habida durante el proceso de adopción de

la Constitución, específicamente en lo que se refiere a los

poderes de la Asamblea Legislativa, nos sirven como punto

de

partida,

como

siempre,

para

deslindar

el

alcance

de

estas facultades del Gobernador frente a las prerrogativas

de la Asamblea Legislativa.

El Art. III de la Constitución sobre los poderes de la

Asamblea Legislativa, contenía un lenguaje que facultaba a

la

Asamblea

Legislativa

a

“determinar

las

funciones,

deberes y el término de servicios de los secretarios de

gobierno”.

Contenía además otra disposición que proveía

que:

“[n]ingún secretario de gobierno desempeñará su cargo

por

un

término

que

exceda

al

de

la

incumbencia

del

Gobernador que lo nombró.”

El delegado señor Gutiérrez

Franqui

disposiciones

propuso

que

dichas

se

eliminasen,

23

CT-2004-2

invocando para ello lo resuelto por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Myers v. United States, 272 U. S. 52

(1926) y Humphrey’s Executor v. United States, 295 U. S.

602 (1935).

Casos éstos donde se discutió extensamente el

alcance de la cláusula de nombramiento de la Constitución

de los Estados Unidos y las limitaciones que le impone al

ejercicio del poder del Congreso.

Por su relevancia a la

controversia que hoy nos ocupa, citamos in extenso:

Al examinar cuidadosamente esta disposición,

nos asaltó la duda de si era facultad propia de

la Asamblea Legislativa, en un gobierno de

sistema republicano, y en donde la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de aprobar leyes

por encima del veto del Gobernador, que el poder

legislativo pudiera tener la facultad, de variar

a su antojo, el término de duración de los cargos

de los secretarios de gobierno; o de variar a su

antojo, la especificación de sus funciones.

En nuestro estudio del problema, fuimos a

buscar la fuente del derecho constitucional

americano, y en primer término nos encontramos

con que la Constitución de los Estados Unidos

nada dice sobre las funciones y el término de

duración de los cargos de los miembros del

Gabinete.

Al encontrarnos con esa situación en

la Constitución federal, empezamos a buscar la

historia judicial de interpretación que pudiera

haber sobre el particular, y encontramos que el

problema fue uno objeto de amplia consideración y

discusión por los federalistas y por los primeros

comentaristas de la Constitución americana.

.

.

.

La primera controversia judicial que surge

en torno al problema, [. . .] se conoce en la

jurisprudencia [. . . ] como el caso Myers.

El

caso Myers sostuvo que la Constitución de los

Estados Unidos, al concederle al Presidente la

facultad

de

nombramiento,

le

concedió

como

ingrediente indispensable de esa facultad, la

facultad de destitución en cualquier momento; y

que ninguna disposición del Congreso de los

24

CT-2004-2

Estados Unidos podía fijarle término a un

funcionario del [poder] ejecutivo que fuese

válido, contra la facultad absoluta del [jefe]

ejecutivo de removerlo en cualquier momento.

. . .

Así fue que la situación llegó a la corte, y

es en esa fecha en que se modifica la regla

absoluta, en el caso de Myers, y se decide que la

Constitución de los Estados Unidos, al guardar

silencio sobre el término de duración de los

cargos de los miembros del Gabinete, y al no

autorizar

específicamente

al

Congreso

para

legislar sobre la materia, había procedido sobre

la base, de que siendo esos cargos de naturaleza

tal que pertenecían a la rama ejecutiva, en su

propia esencia, el poder del Presidente de

nombrar y destituir en esos cargos era absoluto;

y que en eso se confirmaba la doctrina del caso

de Myers.

Pero señaló el caso de Humphrey’s que la

regla no es así, cuando se trata de nombramientos

que el Presidente hace, pero que, en primer

lugar, no son de la esencia misma del poder

ejecutivo, o son nombramientos que hace para

personas que desempeñan funciones en una de las

otras dos ramas del gobierno.

Bien sea en la

rama legislativa, o en la rama judicial, o en los

organismos de carácter cuasi judicial.

O sea,

que la facultad del Presidente de los Estados

Unidos para nombrar una persona en la rama

legislativa, que le fuera señalada por ley, tiene

que regirse con todas las limitaciones que la ley

le imponga. Y si le impone un término de tiempo,

ese término de tiempo es superior al poder del

[jefe] ejecutivo al hacer la designación.

Si la ley le concede al Presidente de los

Estados

Unidos

la

facultad

de

hacer

un

nombramiento de carácter judicial, o para una

junta u organismo de carácter cuasi judicial, y

le fija un término, entonces el término es

obligatorio para el Presidente, y no puede

disponer del cargo sin sujeción a lo que la ley

disponga en cuanto al término.

Que donde es

claro, que el Congreso no puede intervenir para

fijarle términos de duración a los cargos, es en

relación con aquellos, que por ser de naturaleza

esencialmente de la rama judicial [debe decir

ejecutiva],

la

Constitución

no

les

dispuso

25

CT-2004-2

término, y, por consecuencia, el poder de remover

estaba implícito en la facultad de nombrar.

Señor Presidente y compañeros delegados: el

propósito de esta enmienda que tengo ahora el

honor

de

proponerles,

es

sencillamente

que

adoptemos la manera de bregar con el asunto que

establece la Constitución de los Estados Unidos,

con la interpretación judicial de la misma en la

forma en que la hemos expuesto.

3 Diario de Sesiones, págs. 2269-2270.

Como vemos, al aprobarse nuestra Constitución hicimos

nuestro

el

modelo

de

análisis

expuesto

en

Myers

y

Humphery´s Executor, para evaluar bajo qué circunstancias

la

Asamblea

Legislativa

puede

imponer

restricciones

al

Gobernador para destituir funcionarios del Ejecutivo.

Es

decir, lo resuelto en estos casos determina cuáles son los

contornos del poder de nombramiento del Gobernador y su

facultad

de

destitución

necesariamente

y,

representa

la

limitación

para

el

que

ese

poder

ejercicio

de

las

Ciertamente, en

prerrogativas de la Asamblea Legislativa.

lo que se refiere a funcionarios cuyas funciones son de la

esencia misma del Poder Ejecutivo, adoptar lo resuelto en

Myers, es cónsono con la visión adoptada en la Constitución

de

que

el

Gobernador

está

investido

con

todo

el

poder

Ejecutivo sin “limitación de ninguna clase.”

A la luz de lo anterior y, habida cuenta de que la

Constitución

del

rasgos

estructura

la

Constitución

de

Estado

los

Libre

Asociado

de

gobierno

Estados

Unidos,

calca

a

plasmada

es

grandes

en

la

apropiado

que

repasemos, con mayor detenimiento, cómo este tema ha sido

26

CT-2004-2

atendido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos;

prestando

particular

atención

a

lo

resuelto

en

Myers

y

Humphrey’s Executor.

D.

La Constitución de los Estados Unidos no le asigna al

Presidente el poder para destituir oficiales federales a él

subordinados.

De otra parte, la cláusula de nombramiento

de dicha Constitución, contraria a la nuestra, establece

dos clases de funcionarios que puede nombrar el Presidente.

Los

llamados

“oficiales

recaen

exclusivamente

llamados

“oficiales

principales”

en

el

cuyos

Primer

inferiores”

los

nombramientos

Ejecutivo,

cuales

y

los

pueden

ser

nombrados por el Presidente, los tribunales de justicia, o

los jefes de departamentos, conforme se disponga en ley.

Art.

II,

sec.

2,

cl.

2,

Constitución

de

los

Estados

Unidos.

Ahora bien, aun cuando la Constitución guarda silencio

sobre la facultad de remoción del Presidente, el Tribunal

Supremo resolvió temprano en su historia constitucional que

el poder de destitución del Presidente es incidental al

poder de nombramiento.

Ex parte Hennen, 38 U. S. (13 Pet)

230, 259 (1839); Keim

v. United States, 177 U. S. 290,

293-94 (1900); Shortleff v. United States, 189 U. S. 311,

314-15 (1903).

Además, se ha resuelto que el poder de

destitución es inherente a la facultad y responsabilidad

27

CT-2004-2

del Presidente de asegurarse que se cumple fielmente con la

ley.

Myers v. United States, 272 U. S. 52, 163-64 (1926).

El alcance y los contornos del poder de nombramiento

del Presidente y la facultad de destitución quedó plasmado,

principalmente,

por

Supremo, a saber:

una

trilogía

de

casos

del

Tribunal

Myers, ante; Humphrey’s Executor ante;

y, Wiener v. United States, 357 U. S. 349 (1958).

En Myers, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional

un estatuto federal que disponía que los directores del

correo de los Estados Unidos (“Postmasters”) –nombrados por

un término fijo de cuatro años- podían ser destituidos por

el Presidente sólo “con el consejo y consentimiento” del

Senado.

El Tribunal determinó que el Congreso no podía

interferir con la función constitucional del Presidente de

hacer

cumplir

funcionarios

labor.

las

leyes

ejecutivos

limitando

nombrados

para

Myers, 272 U.S. pág 119 (“the

su

control

asistirlo

sobre

en

esa

President has the

exclusive power of removal of executive officers of the

United States whom he has appointed by and with the advise

and consent of the Senate.”)

El Tribunal Supremo concluyó

su opinion indicando lo siguiente:

Our conclusion on the merits, sustained by the

arguments before stated, is that article 2 grants

to the President the executive power of the

government, i.e., the general administrative

control of those executing the laws, including

the power of appointment and removal of executive

officers,

a

conclusion

confirmed

by

his

obligation to take care that the laws be

faithfully executed; . . . and, finally, that to

hold otherwise would make it impossible for the

28

CT-2004-2

President,

in

case

of

political

or

other

difference with the Senate or Congress, to take

care the laws be faithfully executed.

(Énfasis

nuestro.)

Myers,

272

U.

Constitutional

pág. 703.

S.

pág.

Law,

163-64.

L.

Foundation

Tribe,

American

2000, 3rd ed.,

Press,

(“Myers. . . .is the primary source of the

modern

theory

of

removal”);

Powers

after

Bowsher,

1986

Currie,

The

Distribution

Supreme

Court

Review

19,

of

34

(“Congress cannot deprive the President of the Executive

Power. . . . Thus the Court was plainly right in Myers v.

United States, that Congress could not forbid the President

to discharge the Postmaster.”)

Posteriormente,

en

Humphrey’s

Executor,

el

Tribunal

avaló una restricción sobre la facultad del Presidente para

destituir a los comisionados del “Federal Trade Commission”

(“FTC” por sus siglas en inglés).

Bajo la ley impugnada,

el Presidente sólo podía destituir a los comisionados por

“ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber, o

mal manejo en el descargo de sus funciones.” 295 U. S. pág.

619

(“innefficiency,

office.”)

las

neglect

of

duty

or

malfeasence

in

El Tribunal Supremo razonó, luego de analizar

funciones

de

los

comisionados

del

FTC

que,

éstos

ejercían poderes “cuasi legislativos” y “cuasi judiciales”

y

no

funciones

de

naturaleza

ejecutiva

como

ocurría

en

Myers, por lo que el Congreso podía válidamente limitar el

poder de destitución del Presidente.

El tribunal indicó:

29

CT-2004-2

We think it plain under the Constitution that

illimitable power of removal is not possessed by

the President in respect of officers of the

character of those just named. The authority of

Congress, in creating quasi legislative or quasi

judicial agencies, to require them to act in

discharge

of

their

duties

independently

of

executive control cannot well be doubted; and

that

authority

includes,

as

an

appropriate

incident, power to fix the period during which

they shall continue, and to forbid their removal

except for cause in the meantime.

Humphrey’s Executor, 295 U. S. pág. 629. 12

análisis

elaborado

funcional,

pues

las

en

Por lo tanto el

Humphrey´s

es

uno

limitaciones

que

pueda

de

carácter

imponer

el

Congreso sobre la facultad de nombramiento del Presidente

se evaluará a la luz de las funciones que desempeña el

oficial.

En Wiener, el Tribunal Supremo llegó a un resultado

similar

al

de

Humphrey´s

Executor,

al

avalar

una

reclamación de despido injustificado de un miembro del “War

Claims

12

Commission”

(la

“Comisión”),

quien

había

sido

La distinción hecha en Humphrey’s Executor v. United

States, 295 U. S. 602 (1935), entre funcionarios ejecutivos

versus cuasi legislativos o cuasi judiciales, fortaleció la

independencia de lo que se ha llamado la Cuarta Rama del

gobierno (“the Headless Fourth branch”), a saber: las

agencias o comisiones reguladoras, entre otras, i.e., el

“Securities and Exchange Commission”, el “Federal Trade

Commission”, el “Federal Reserve Board” y el “Federal

Communications Commission”.

El profesor Fried, indica lo

siguiente:

“The independence of the independent agencies

is primarily due to the fact that their members do not –

like most officers in the Executive Branch—

serve at the

pleasure of the President. Rather, under a variety of

statutory formulations, they may be removed only for

misbehavior.”

C. Fried, Order & Law, Simon & Schuster,

1991, págs. 155-56.

Véase además, Miller, op cit, págs.

64-65

30

CT-2004-2

removido de su cargo por el Presidente Eisenhower.

habilitadora

de

la

Comisión

disponía

que

los

La ley

cargos

de

comisionado se ejercieran durante el período que estuviera

vigente la Comisión y no proveía para la destitución de sus

miembros.

El Tribunal Supremo determinó que la Comisión se

estableció como un cuerpo de naturaleza adjudicativo por lo

que el Presidente no podía destituir a los miembros a su

antojo.

375 U. S. pág. 345.

De un análisis en conjunto de estos tres casos se

pueden extraer los siguientes principios:

poder

del

funciones

segundo

Presidente

son

para

puramente

principio

remover

a

Primero, que el

un

ejecutivas,

es

que

las

postula

cuando

oficial

cuyas

absoluto.

El

funciones

que

ejerce el funcionario ejecutivo gozan o participan de los

atributos de la función legislativa o judicial, el Congreso

sí tiene autoridad para condicionar la destitución de ese

funcionario

de

su

cargo,

imponiendo

por

ejemplo,

el

requisito de justa causa para la destitución.

E.

Nuestra discusión sobre el alcance de la facultad de

destitución del Presidente quedaría trunca si no hiciéramos

referencia

a

lo

resuelto

por

el

Tribunal

Supremo

en

Morrison v. Olson, 487 U.S. 654 (1988); la más reciente

expresión

de

nombramiento

Veamos.

dicho

y

el

Tribunal

poder

de

sobre

destitución

la

del

facultad

de

Presidente.

31

CT-2004-2

A raíz del escándalo de Watergate, específicamente en

respuesta al incidente conocido comúnmente como “Saturday

Night

Massacre”,

fulminantemente

al

cuando

Fiscal

el

Presidente

Especial

Nixon

Archibald

destituyó

Cox

quien

investigaba los incidentes de Watergate, el Congreso aprobó

el “Ethics in Government Act”.

(1994). 13

28 U.S.C. secs. 591-599

Esta ley, entre otras cosas, creaba la figura del

Fiscal Independiente y disponía que este funcionario era

designado por un panel especial de jueces establecido en la

ley, 28 U.S.C. secs. 592(a)(1), (c)(1) (1994), y solo podía

ser removido por el Secretario de Justicia por justa causa

o

por

incapacidad

mental

o

física.

28

U.S.C.

sec.

596(a)(1) (1994).14

13

La ley que creó el Fiscal Independiente expiró el 30 de

junio de 1999 al no ser reautorizada por el Congreso.

Sobre el controversial cargo del Fiscal Independiente

véase, Fried, op. cit; Ryan, Consels, Councils and Lunch:

Preventing Abuse of the Power to Appoint Independent

Counsels, 144 U. Pa. L. Rev. 2537 (1996); O´Sullivan, The

Independent Cousel Statute: Bad Law, Bad Policy, 33 Am.

Crim. L. Rev. 463 (1996); Martin & Zerhuse, The Independent

Counsel, Checks and Balances, 58 Geo. Wash. L Rev. 536

(1990).

14

Bajo esta ley, cuando el Secretario de Justicia recibiera

información sobre posibles acciones criminales de altos

funcionarios del gobierno, cobijados por la ley, éste tenía

la

obligación

que

llevar

a

cabo

una

investigación

preliminar.

28 U.S.C. sec. 591(a) (1994).

Si de la

investigación preliminar surgía la necesidad de ampliar la

misma, entonces el Secretario debía solicitar de un panel

especial de jueces, creados por la ley y adscritos a la

Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito

de D.C., que designase un Fiscal Independiente. 28 U.S.C.

secs. 592(a)(1), (c)(1) (1994). El panel especial entonces

definía el alcance de la investigación criminal referida.

28 U.S.C. sec. 593(b)(1) (1994).

Una vez nombrado el

Fiscal Independiente tenía plena autoridad e independencia

32

CT-2004-2

En Morrison, se cuestionó la constitucionalidad de la

ley.

Al enfrentarse a la controversia constitucional, el

Tribunal Supremo tuvo que atender, como cuestión de umbral,

si el Fiscal Independiente era un “oficial principal” cuyo

nombramiento le correspondía al Presidente exclusivamente;

o, por el contrario, un “oficial inferior” que podía ser

nombrado no solo por el Presidente sino también por la Rama

Judicial.

El Tribunal concluyó que el Fiscal Independiente era

un

“oficial

federal

inferior”.

Ello

análisis de cuatro criterios, a saber:

así

a

base

del

porque, éste podía

ser destituido por un funcionario de alta jerarquía en la

Rama Ejecutiva como lo era el Secretario de Justicia, 487

U.S.

pág.

671;

solamente

se

le

delegaban

facultades

limitadas de procesamiento criminal y no tenía autoridad

para

formular

jurisdicción

política

se

pública,

limitaba

a

Íd.,

algunos

págs.

altos

671-72;

su

funcionarios

federales que se alegaba habían incurrido en violaciones a

ciertos delitos de naturaleza grave, Íd., pág. 672; y, el

______________________

para investigar

y acusar.

El estatuto indicaba que el

fiscal estaba investido con: “[the] full power and

independent authority to exercise all investigative and

prosecutorial functions and powers of the Department of

Justice, the Attorney General and any other office or

employee of the Department of Justice.” 28 U.S.C.

sec. 594(a) (1994).

Una vez nombrado, el Fiscal Especial

solo podía ser destituido por el Secretario de Justicia por

justa causa o por incapacidad mental o física.

28 U.S.C.

sec. 596(a)(1) (1994).

33

CT-2004-2

término de nombramiento era limitado pues concluía una vez

Íd.15

finalizada su encomienda.

Atendido el problema de umbral, el Tribunal pasó a

analizar

si

invalidaba

doctrina

de

alguna

el

otra

estatuto

separación

disposición

de

impugnado

por

contravenir

la

Para

enfrentarse

al

de

poderes.

la

Constitución

planteamiento de separación de poderes, el Tribunal utilizó

un modelo de análisis que exigía se evaluase “la totalidad

de

las

circunstancias.” 16

determinar

el

tipo

ejecutivo,

cuasi

de

Así,

no

funcionario

legislativo

o

tan

solo

había

que

(i.

e.,

involucrado

cuasi

judicial)

sino

también, cómo la limitación impuesta por el Congreso al

Presidente incidía sobre su facultad de hacer cumplir las

leyes.

El Tribunal articuló este modelo de análisis al

indicar lo siguiente sobre el estatuto impugnado:

“taken

as a whole [it did not] impermissibly [. . .] undermined [.

. .] the powers of

the

Executive Branch [or] disrupt [. .

.] the proper balance between the coordinate branches [by]

15

El profesor Tribe, quien compareció como amigo de la

corte en Morrison v. Olson, 487 U.S. 564 (1988), en

representación del Fiscal Independiente Lawrence Walsh que

investigaba

el

escándalo

de

“Irán-Contra”,

critica

severamente la conclusión del Tribunal y dice:

“It seems a stretch, to say the least, to

describe as an inferior, rather than principal

officer of the United States, a government

official empowered to embark on a largely

unsupervised mission to take down a President.”

L. Tribe, American on Constitutional Law, Foundation Press,

3rd ed., 2000, sec. 4-8, pág. 685.

16

El professor Tribe describe este análisis como: “the

seemingly unprincipled ‘totality of the circumstances’

test.” Tribe, op. cit., pág. 696.

34

CT-2004-2

pervent[ing] the Executive Branch form accomplishing its

constitutionally assigned functions.”

págs. 693, 695.

El

Morrison, 487 U. S.

(Énfasis nuestro.)

Tribunal

planteó

la

controversia

ante

sí

de

la

siguiente manera:

“[B]ut the real question is whether the removal

restrictions are of such a nature that they

impede the President’s ability to perform his

constitutional duty and the functions of the

officials in question must be analyzed in that

light.”

487 U.S. pág. 691.

Señaló además:

We undoubtedly did rely on the terms ’quasilegislative’ and ‘quasi-judicial’ to distinguish

the officials involved in Humphrey’s Executor and

Wiener from those in Myers, but our present

considered view is that the determination of

whether the Constitution allows Congress to

impose a ‘good cause’ type restriction on the

President’s power to remove an official cannot be

made to turn on whether or not that official is

classified as ‘purely executive’.

This analysis

contained in our removal cases is designed not to

define rigid categories of those officials who

may or may not be removed at will by the

President, but to ensure that Congress does not

interfere with the President’s exercise of the

‘executive

power’

and

his

constitutionally

appointed duty to ‘take care that the laws be

faithfully executed’ under Article II. Myers was

undoubtedly correct in its holding, and in its

broader suggestion that there are some ‘purely

executive’ official who must be removable by the

President at will if he is to be able to

accomplish his constitutional role. (Énfasis

nuestro.)

487 U.S. pág. 689.

Bajo este modelo de análisis, el Tribunal concluyó que

el

estatuto

no

disminuía

impermisiblemente

las

35

CT-2004-2

prerrogativas

limitaba

del

el

Presidente

control

investigaciones

ya

del

criminales

que,

aún

cuando

Presidente

de

altos

la

sobre

funcionarios

ley

las

de

gobierno, éste retenía “suficiente control” sobre el Fiscal

Independiente

para

constitucionales.

descargar

Íd., pág. 696.

sus

prerrogativas

Por lo tanto, el “Ethics

in Government Act” no violaba la cláusula de nombramiento,

ni tampoco la doctrina de separación de poderes, al no

interferir impermisiblemente con las facultades del Primer

Ejecutivo.

No

hay

duda

que

Morrison

reformula

el

análisis

funcional de Humphrey’s Executor y Wiener, así como incide

sobre Myers.

Bajo Morrison, siempre habrá que analizar

cómo la restricción impuesta por el Congreso incide sobre

la

obligación

del

Primer

Ejecutivo

de

velar

por

el

cumplimiento de las leyes, cuando de oficiales inferiores

se

trata,

aun

ejecutivos”.

cuando

éstos

sean

“funcionarios

puramente

El modelo de análisis establecido en Morrison

ha sido ampliamente criticado en la doctrina.17

17

Véanse entre otros, Martin, Morrison v. Olson and

Executive Power, Tx. L. & Pol. 511 (2000); Breker-Cooper,

The Appointments Clause, and the Removal Power: Theory and

Séance, 60 Tenn. L. Rev. 841 (1994); Libberman, Morrison v.

Olson: A Formalistic Perspective on Why the Court was

Wrong, 38 Am. U. L. Rev. (1989); Nagel, A Comment on the

Rule of Law Model of Separation of Powers, 30 Wm. & Mary L.

Rev. 355 (1989); Carter, Comment: The Independent Counsel

Mess, 102 Harv. L. Rev. 105 (1988); Redish, Separation of

Powers, Judicial Authority and the Scope of Art. III: The

Troubling cases of Morrison and Mistretta, 39 De Paul L.

Rev. 299 (1989); Werhan, Towards an Eclectic Approach to

36

CT-2004-2

En Guzmán Vargas v. Calderón, adoptamos el análisis de

“totalidad

de

las

circunstancias”

de

Morrison

para

deslindar la interrelación entre el poder de nombramiento y

destitución del Gobernador frente a las prerrogativas de la

Asamblea Legislativa. 18

Aclaramos en Guzmán Vargas, que el

criterio principal para analizar si las disposiciones de un

estatuto inciden sobre el poder del Primer Ejecutivo, lo

será evaluar si la limitación impuesta interfiere “en forma

impermisible

e

irrazonable

con

.

.

.

[la

facultad

del

Gobernador] de hacer cumplir y poner en vigor las leyes y

de

formular

e

implantar

Vargas, pág. 21.

la

política

pública”.

Guzmán

Enfatizamos también que cuando se trate

de funcionarios “puramente ejecutivos” “la facultad de la

Rama Legislativa para imponer requisitos es mínima”.

Íd.

Procede entonces aplicar la normativa antes reseñada

al caso ante nuestra consideración.

Veamos.

IV

Los

hechos

de

este

caso

denotan,

con

meridiana

claridad, que la posición de Director Ejecutivo del Consejo

______________________

Separation of Powers: Morrison v. Olson Examined, 16

Hastings Const. L. Q. 393 (1989).

18

Es de notar que en Guzmán Vargas v. Calderón, res. 23 de

marzo de 2005, __ D.P.R. __, 2005 JTS 38, establecimos que

el referido análisis tendrá como punto de partida evaluar

“el grado de independencia que requiere, con respecto a la

Rama Ejecutiva, el funcionario en cuestión para ejecutar

eficientemente las tareas que le fueron delegadas” para

entonces poder determinar si el funcionario es “puramente

ejecutivo” y por lo tanto puede ser libremente removido. A

esos efectos, véase, además: Wiener v. United Status, 357

U.S. 349, 353 (1958)

37

CT-2004-2

de Desarrollo Ocupacional es una estrictamente ejecutiva.

El Consejo es una entidad gubernamental adscrita a uno de

los

departamentos

como

lo

es

el

del

Ejecutivo

Departamento

de

del

rango

constitucional

Trabajo.

El

Director

Ejecutivo es el funcionario creado por ley para dirigir las

operaciones

de

esta

Adviértase

además,

caracteres

legislativos

entidad

que

el

o

de

la

Consejo

Rama

no

judiciales;

Ejecutiva.

participa

de

nuevamente,

sus

funciones son estrictamente ejecutivas.

El Director Ejecutivo, como vimos, es nombrado por el

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y su

salario lo determina el propio Gobernador.

No es éste un

funcionario en el servicio de carrera conforme la Ley de

Personal del Servicio Público del Estado Libre Asociado y

no

goza

por

lo

tanto

de

la

protección

que

la

Ley

le

reconoce a los empleados de carrera.

Como señalamos inicialmente, el Consejo es el cuerpo

rector para “implantar y hacer cumplir” la política pública

gubernamental

relacionada

ocupacional

establecer

y,

con

los

la

educación

objetivos

de

técnico-

las

agencias

gubernamentales para adelantar esa política pública.

18

L.P.R.A.

el

sec.

1585

(a),(b).

Ciertamente

entonces,

Director Ejecutivo al dirigir las operaciones del Consejo,

no

tan

solo

implementa

sino

también

participa

en

la

formulación de la política pública gubernamental en un área

sensitiva para el desarrollo económico del país.

Es por lo

38

CT-2004-2

tanto

imperativo

que

el

Gobernador

pueda

ejercer

una

supervisión efectiva sobre tal funcionario y así asegurarse

que se interpreta y aplica la ley correctamente y acorde a

su política pública.

De

otra

parte,

las

control

que

ejerce

el

funciones

Director

que

desempeña

Ejecutivo

y

el

respecto

los

desembolsos de los fondos federales que recibe el gobierno

de

Puerto

conciernen

Rico,

al

incide

directamente

Gobernador,

sobre

asuntos

que

particularmente

respecto

su

política pública de promoción de empleos y fortalecimiento

del

desarrollo

económico.

Como

correctamente

señaló

la

Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, sobre este

mismo aspecto:

“the control over allocation of substantial

federal funds and the power to review the

regional

board’s

proposal

for

work

place

investment involve policy making on issues of

fundamental concern to the Governor:

economic

development, job creation and job training.”

Santana v. Calderón, 342 F.3d. pág. 21.

Adviértase

además,

que

entre

(Énfasis nuestro.)

las

funciones

del

Director Ejecutivo, como indicamos, está la de auditar a

las juntas locales o regionales que reciben los fondos WIA

para, entre otras cosas, cotejar el cumplimiento con los

parámetros de contabilidad y la reglamentación estatal y

federal aplicable en la utilización de los fondos públicos

desembolsados.

Como

tal,

el

Director

Ejecutivo

es

un

funcionario esencial para que el Gobernador pueda cumplir

39

CT-2004-2

con su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir

las leyes.19

La Ley Núm. 97 dispone que este cargo se ejerza por el

término

fijo

de

cuatro

años,

y

no

provee

circunstancia

alguna mediante la cual este funcionario pueda ser removido

por

el

Gobernador.

Ahora

bien,

concluimos

ya

que

el

Director Ejecutivo es un funcionario que desempeña labores

estrictamente

de

la

esencia

del

Poder

Ejecutivo

y

que

implementa y en menor grado formula, política pública en

áreas de alto interés para el gobierno.

Así como también

que

descargo

éste

asiste

al

Gobernador

en

el

de

su

responsabilidad constitucional de velar por el cumplimiento

de las leyes.

Habida cuenta de lo anterior, concluimos que

el término dispuesto en la ley es uno meramente directivo.

Ese término no establece un período de tiempo mandatorio

para desempeñar el cargo por lo que no le confiere a ese

funcionario un interés propietario sobre el mismo.

ese

término

priva

al

Gobernador

de

su

Tampoco

prerrogativa

de

Sobre este particular se señala en Santana v. Calderón,

342 F.3d 18, 29 (1st Cir. 2003), lo siguiente:

Moreover, the Executive Director’s responsibility

for the receipt, custody and disbursement of the

federal funds pursuant to WIA, and her duty to

audit the regional boards for accountability and

compliance

with

federal

and

Commonwealth

regulations, make the position important to the

Governor’s

constitutional

obligation

to

faithfully execute the laws in these areas of

central concern.

19

40

CT-2004-2

remover

al

funcionario

del

cargo

si

así

lo

entiende

necesario y procedente.20

De lo contrario, habría que concluir que el término

fijado impediría que el Gobernador pudiera cumplir con su

prerrogativa

constitucional

de

velar

por

el

fiel

cumplimiento de la ley, así como también de adelantar la

política pública gubernamental sobre áreas de la injerencia

del

Poder

Ejecutivo.

Ello

sería

insostenible.

La

Legislatura no puede inmiscuirse en áreas que le han sido

reservadas

a

eviscerar

por

otras

ramas

completo

una

de

gobierno

y

mucho

prerrogativa

de

otro

menos

de

los

Ejecutivo

del

poderes constitucionales.

Resolvemos

entonces

que

el

Director

Consejo de Desarrollo Ocupacional por ser un funcionario

gubernamental

ejecutivas;

implementación

que

que

de

ejerce

funciones

participa

en

la

pública

política

la

estrictamente

formulación

del

gobierno

e

de

Puerto Rico en áreas de seminal importancia como los son:

la educación y adiestramiento técnico-ocupacional de sus

20

En igual sentido, en Santana v. Calderón, ante, pág. 29,

la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Primer Circuito indico:

By contrast, if the statute establishing the

Executive Director position is interpreted as

guaranteeing a four-year term, the Governor’s

power to assure that the Executive Director is

competently performing her responsibilities is

severely impaired.

Hence, on the limited record

before us on interlocutory appeal, it appears

that the position of Executive Director of the

HRODC

may

fall

within

the

Governor’s

constitutional power of removal under a Morrisontype analysis.

41

CT-2004-2

ciudadanos,

la

creación

de

empleos,

y

el

desarrollo

y

fortalecimiento de la economía; y, que asiste al Gobernador

en el descargo de su obligación constitucional de hacer

cumplir las leyes, es de libre remoción del Gobernador.

A la luz de lo anterior, concluimos que el término de

cuatro años dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm.97, para

ocupar

el

cargo

de

Director

Ejecutivo

del

Consejo

de

Desarrollo Ocupacional, es meramente directivo por lo cual

bajo la cláusula de nombramiento de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico el Gobernador está

facultado para remover a dicho funcionario del cargo cuando

lo estime necesario y procedente.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Janet Santana y otros

Demandante

v.

Gobernadora Sila María

Calderón y otros

CT-2004-2

Demandada

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte integrante de la presente, concluimos

que el término de cuatro (4) años dispuesto

en el Artículo 5 de la Ley Núm. 97, para

ocupar el cargo de Director ejecutivo del

Consejo

de

Desarrollo

Ocupacional,

es

meramente directivo por lo que bajo la

cláusula de nombramiento de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el

Gobernador está facultado para remover a

dicho funcionario del cargo cuando lo estime

necesario y procedente.

Invocada la Regla de Necesidad, lo

pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con

el resultado sin opinión escrita.

El Juez

Asociado señor Rivera Pérez disiente con

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Janet Santana y otros

Demandante

v.

CT-2004-2

Gobernadora Sila María Calderón

y otros

Demandado

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera

Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a

de 17 de junio de 2005.

La Mayoría concluye que la Directora Ejecutiva

del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos

Humanos,

al

tener

operacionales,

funciones

formula

e

administrativas

implementa

y

política

pública sobre un área sensitiva para el desarrollo

económico del país.

Concluye, además, que por tal

motivo el término fijo de cuatro (4) años dispuesto

en el Artículo 5 de la Ley 97 de 18 de diciembre de

1991, según enmendada por la Ley 166 de 23 de julio

de

1998,

cláusula

para

ocupar

de nombramiento

dicho

de

puesto,

la

viola

la

Constitución

de

CT-2004-002

Puerto

2

Rico.

Disentimos de tal curso de acción.

Apoyamos

nuestro disenso en lo resuelto y pautado por este Tribunal en

el caso de Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila M. Calderón, et

als.21

I

Este es un asunto que proviene del Tribunal de Distrito

de

los

Estados

mediante

un

Unidos

recurso

para

de

el

Distrito

certificación

presentado el 2 de septiembre de 2004.

a

este

Tribunal

la

interrogante

de

Puerto

Rico

interjurisdiccional

Dicho foro certificó

siguiente:

¿Tenía

la

Gobernadora de Puerto Rico bajo la Constitución de Puerto

Rico la autoridad, el 7 de marzo de 2001, para destituir a la

señora Janet Santana del puesto de Directora Ejecutiva del

Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos?22

II

Para el 7 de marzo de 2001, fecha en que ocurrieron los

hechos que dan motivo a la certificación del asunto sometido

ante nos, el estado de derecho estatutario vigente resulta

crucial.

Los Artículos 5 y 6 de la Ley Núm. 97 de 18 de

diciembre

de

1991,

según

enmendada,

leían

de

la

forma

siguiente:

21

Resuelto el 23 de marzo de 2005, 2005 T.S.P.R. 33, 2005

J.T.S. 38, ____ D.P.R.____(2005).

22

El texto original en el idioma inglés de la pregunta

certificada lee de la forma siguiente: “Does the Governor of

Puerto Rico have the authority under the Constitution of

Puerto Rico to remove the Executive Director of the HRODC?”.

CT-2004-002

Artículo 5.- Creación, composición, requisito

y término de los miembros del Consejo

Se

crea

el

Consejo

de

Desarrollo

Ocupacional y Recursos Humanos, el cual será

el organismo rector y normativo del Sistema.

El

Consejo

retendrá

las

funciones

de

asesoramiento, coordinación, establecimiento

de política pública y ente regulador y

fiscalizador

del

sistema

de

desarrollo

ocupacional

y

de

recursos

humanos.

Se

adscribe dicha entidad al Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos como componente

operacional. El Secretario del Trabajo y

Recursos

Humanos

supervisará

evaluará

y

aprobará los ascensos administrativos, la

organización

interna,

las

prioridades

programáticas y la coordinación entre el

Consejo y los demás componentes operacionales

del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos. El Consejo estará compuesto por el

Secretario de Educación, el Secretario del

Departamento de la Familia, el Secretario del

Departamento

de

Desarrollo

Económico

y

Comercio,

el

Secretario

del

Trabajo

y

Recursos Humanos, quién lo presidirá, tres

(3) representantes del sector privado y tres

(3) representantes del interés público. Se

dispone que uno de los miembros del Consejo

será un joven cuya edad no debe exceder los

29 años de edad y que se haya destacado en el

campo tecnológico-ocupacional. Los miembros

del

sector

privado

representarán,

entre

otros,

al

sector

industrial,

comercial,

bancario, agrícola, de servicios y como parte

de sus funciones en el Consejo, junto con los

miembros del interés público, velarán porque

el Sistema responda adecuadamente a las

necesidades de educación y adiestramiento

tecnológico-ocupacional

de

los

puertorriqueños. Los miembros del sector

privado y los representantes del sector

público serán nombrados por el Gobernador con

el consejo y consentimiento del Senado de

Puerto Rico. El Gobernador nombrará, con el

consejo y consentimiento del Senado, un

Director Ejecutivo, por un término de cuatro

(4) años y hasta que su sucesor sea nombrado

y tome posesión del cargo quién dirigirá los

trabajos administrativos y operacionales del

Consejo. El Gobernador fijará el sueldo del

Director

Ejecutivo.

Se

devuelven

al

Departamento de Educación, al Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos y a la

3

CT-2004-002

4

Administración del Derecho al Trabajo todas

las facultades y funciones operacionales que

se le hubiesen transferido al Consejo.

El

Consejo

de

Aprendizaje

del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

continuará en vigor.

No podrá ser miembro del Consejo una

persona que pueda tener interés económico

directo

en

instituciones

educativas.

Los

miembros del sector privado y el miembro del

interés público serán nombrados por el término

de cinco (5) años cada uno y ocuparán sus

cargos, hasta la fecha de expiración de sus

respectivos nombramientos o hasta que sus

sucesores sean nombrados y tomen posesión de

su cargo. Los nombramientos iniciales del

Consejo se harán por los siguientes términos:

uno por tres (3) años, uno por cuatro (4) años

y dos (2), incluyendo al Presidente, por cinco

(5) años.

Toda vacante que ocurra en el Consejo

antes de expirar el término de nombramiento de

un miembro será cubierta en la misma forma y

manera en que éste fue nombrado y por el

término no cumplido del miembro que ocasione

la vacante...23 (Énfasis suplido).

Artículo 6 Consejo – Funciones y facultades

El Consejo será el organismo rector y

normativo del Sistema. Tendrá las siguientes

funciones y facultades, sin que las mismas se

entiendan como una limitación.

(a) Implantar y hacer cumplir la política

pública que se establece en esta legislación y

aquella

otra

que

en

el

futuro

pueda

establecerse con relación a la educación

técnico-ocupacional y a los propósitos de este

capítulo.

(b) Establecer los objetivos específicos que

reorientarán al Sistema a corto y largo plazo,

de acuerdo a la política pública establecida y

23

18 L.P.R.A. sec. 1584. La Ley Núm. 168 de 26 de julio de

2003 enmendó el primer párrafo del Artículo 5 antes citado,

eliminando el término fijo de cuatro(4) años de nombramiento

del (la) Director(a) Ejecutivo(a) y estableciendo que dicho

cargo será uno sin término específico, sujeto a la libre

designación y remoción del (la) Gobernador(a).

CT-2004-002

los objetivos generales del Sistema dispuestos

en este capítulo.

(c) Evaluar y aprobar el Plan Estratégico

Quinquenal preparado por el Presidente del

Consejo.

(d) Determinar la orientación general de los

programas de educación técnico-ocupacional que

ofrezcan las agencias, programas o unidades

operacionales

que

componen

el

Sistema,

independientemente

de

lo

dispuesto

por

cualquier otra ley tomando en consideración

las peculiaridades o particularidades de los

programas.

(e) Establecer los niveles de competencias

mínimas que deberán poseer los alumnos del

Sistema para poder obtener los certificados,

diplomas

o

grados.

Estos

niveles

de

competencias deben guardar relación con los

perfiles ocupacionales que necesite y requiera

el sector privado y público.

(f) Aprobar los programas y ofrecimientos

académicos y profesionales de los componentes

del

Sistema

y

otorgar

los

títulos

y

credenciales de competencia que confiere el

Sistema en los programas que hayan sido

debidamente aprobados y revisar periódicamente

las especialidades o profesiones a ofrecer a

cada componente del Sistema, teniendo en

cuenta la oferta y la demanda.

(g)

Establecer

las

normas

para

la

consolidación

de

dos

o

más

programas

tecnológicos u ocupacionales del sistema.

(h) Establecer normas sobre convalidación y

traslado de estudiantes de un programa del

Sistema a otro, y la participación simultánea

en más de un programa dentro del Sistema.

(i)Estructurar la organización administrativa

del Consejo.

(j) Articular los programas ocupacionales

existentes, para lo cual podrá establecer la

organización

del

Sistema,

incluyendo

la

facultad

de

crear,

eliminar,

transferir,

separar o consolidar cualesquiera de los

programas que componen el Sistema y aprobar la

creación de nuevos programas, escuelas y

colegios para la formación tecnológico-

5

CT-2004-002

ocupacional.

(k) Recibir y evaluar integradamente las

peticiones presupuestarias de los diferentes

componentes del Sistema sometidas por el

Presidente y someter al Gobernador a través de

la Oficina de Gerencia y Presupuesto la

petición

presupuestaria

del

Sistema.

(l)

Evaluar

y

aprobar,

sujeto

a

las

limitaciones y procedimientos requeridos por

las leyes federales, las peticiones de fondos

federales de los diferentes componentes del

Sistema.

(m) Evaluar y auditar periódicamente los

programas y servicios educativos ofrecidos por

el Sistema a los fines de determinar su

efectividad en el logro de los objetivos

establecidos.

(n)

Establecer,

en

conjunto

con

el

Departamento de Educación, la Universidad de

Puerto Rico, el Consejo de Educación Superior,

el Consejo General de Educación, los centros

educativos privados y las agencias que prestan

servicios de apoyo, según corresponda, los

mecanismos de colaboración y coordinación para

facilitar

la

formación

integral

del

participante y la posible convalidación y

acreditación de cursos y título entre éstos y

el Sistema.

(o) Establecer coordinación con las Juntas

Examinadoras que regulan algunos oficios, de

forma que se pueda armonizar este proceso con

los ofrecimientos del sistema.

(p) Coordinar con el sector empresarial con el

fin de lograr mayor participación de este

sector en el desarrollo de los objetivos

propuestos

incluyendo

la

cooperación

en

materia

de

investigación

y

desarrollo;

promover acuerdos con las empresas para

establecer programas y cursos de educación

ocupacional del Sistema dentro de éstas y

acreditar la experiencia laboral en términos

educativos.

(q) Establecer las condiciones que propulsen

el convertir cada taller de trabajo en el país

en un centro de adiestramiento ocupacional.

6

CT-2004-002

7

(r)Reestructurar

los

ofrecimientos

curriculares de las escuelas vocacionales a

tono con los cambios de demanda y oferta del

mundo laboral.

(s) Dotar a los centros de adiestramiento

técnico-ocupacionales

públicos

de

planta

física adecuada y de equipo y talleres

modernos que faciliten el desarrollo de

destrezas

a

tono

con

las

exigencias

competitivas

de

una

economía

global.

(t) Aprobar los reglamentos necesarios para

lograr los propósitos de este capítulo y

realizar cualquier otra función o facultad

inherente.

(u) Someter informes periódicos al Gobernador

y a la Asamblea Legislativa sobre el logro de

los objetivos y propósitos de este capítulo.

(v) Llevar a cabo y realizar las funciones

requeridas en la Sección 111 de la Ley Federal

de Educación Vocacional y Tecnología Aplicada

Carl D. Perkins. El Consejo determinará cuáles

de estas funciones delegará, de acuerdo [con]

las disposiciones de dicha ley federal.

(w) Ser depositario y administrar los fondos

que recibe Puerto Rico, conforme a la Ley

Federal de Educación Vocacional y Tecnología

Aplicada Carl D. Perkins así como supervisar

su utilización y hacer los desembolsos con

cargo a los mismos en la forma prevista en tal

ley y para los fines que en la misma se

especifican.24 (Énfasis suplido).

Las

funciones

de

asesoramiento,

coordinación,

establecimiento, implantación, de hacer cumplir la política

pública, de ente regulador y fiscalizador del sistema de

desarrollo ocupacional y de recursos humanos residían, a la

fecha de los hechos, en el Consejo de Desarrollo Ocupacional

y Recursos Humanos, de

24

Íd., sec. 1585.

ahora

en

adelante Consejo.

El (la)

CT-2004-002

8

Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo era nombrado, a la fecha

de los hechos, por el Gobernador(a) de Puerto Rico, con el

consejo y consentimiento del Senado, por un término fijo de

cuatro (4) años para dirigir “los trabajos administrativos y

operacionales del Consejo”.

O sea su trabajo consistía en

administrar las oficinas del Consejo y facilitar y permitirle

la operación de sus funciones, a tenor con el estatuto.

La entonces Gobernadora de Puerto Rico, honorable Sila

María

Calderón

Serra

destituyó

el

7

de

marzo

de

2001,

mediante carta, a la señora Janet Santana de su puesto como

Directora Ejecutiva del Consejo.

Dicha carta lee de la

forma siguiente:

Estimada señora Santana:

Usted funge como Directora Ejecutiva del

Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos

Humanos (“CDORH”). Como tal, participa en la

operación

y

dirección

del

desarrollo

ocupacional y de recursos humanos del Estado

Libre Asociado, lo que conlleva, entre otras

cosas, la implantación de programas para

desarrollar la inversión en las fuerzas

trabajadoras de Puerto Rico.

Sus funciones

por lo tanto son de naturaleza puramente

ejecutiva.

Según el Artículo 5 de la Ley Núm. 166

de 23 de julio de 1998, CDORH “se adscribe al

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

como componente operacional.

El Secretario

del Trabajo supervisará, evaluará y aprobará

los ascensos administrativos, la organización

interna, las prioridades programáticas y la

coordinación entre el Consejo y los demás

componentes operacionales del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos.”

El 5 de enero de 2001 el Secretario del

Trabajo,

Hon.

Víctor

Rivera

Hernández,

solicitó por escrito que se abstuviese de

tramitar toda transacción fiscal que de forma

alguna comprometiese u obligara los fondos de

CT-2004-002

CDORH.

El Secretario le indicó que dicha

prohibición

incluía

nombramiento

o

reclutamiento de personal, la compra de

materiales

o

equipo,

la

otorgación

de

contratos de toda naturaleza y cualquier otra

gestión

que

de

forma

alguna

implicase

erogación de fondos de CDORH, exceptuando el

pago de nóminas y obligaciones contractuales

contraídos con anterioridad.

Además, le

apercibió

que

toda

transacción

fiscal

realizada en contravención a sus directrices

sería nula e ineficaz.

Esta directriz era

de cumplimiento inmediato.

Esta comunicación

es cónsona con la

política

pública

instituida

en

mi

Administración de exigir un gobierno limpio y

transparente.

A tales efectos hemos emitido

varias directrices administrativas y órdenes

ejecutivas dirigidas

a asegurarnos el mejor

manejo de los fondos públicos y la mejor

administración pública. Entre ellas está la

Orden Ejecutiva OE-2001-03.

La misma es

evidentemente de aplicación al CDORH.

Es de mi conocimiento que usted ha

realizado

unos

actos

que

denotan

incumplimiento e insubordinación a la Orden

Ejecutiva OE-2001-03 y a las ordenes y

directrices del Secretario del Trabajo, Hon.

Víctor Rivera Hernández, como es su deber en

Ley. Entre los hallazgos de incumplimiento y

de

insubordinación

se

encuentran

se

encuentran los siguientes: (1) usted realizó

3 nombramientos

sin autorización mía, del

Secretario de la Gobernación o del Secretario

del Trabajo; (2) usted realizó un viaje a

California para asuntos oficiales, sin la

notificación y aprobación del Secretario del

Trabajo; (3) usted anunció al personal del

Consejo

una

reorganización

del

Plan

de

Clasificación de puestos de carrera sin el

consentimiento del Secretario del Trabajo;

(4) usted autorizó cinco ordenes de compras

de equipos entre el 22 de enero y el 9 de

febrero de 2001; y (5) usted ocasionó la

devolución

de

$1,476,070.81

de

fondos

federales del Título III, y ésta resultó ser

una decisión incorrecta, ya que dichos fondos

eran

necesarios

para

los

asuntos

relacionados de cierre de empresas.

9

CT-2004-002

10

Por las razones antes expuestas, queda

usted destituida de su cargo como Directora

Ejecutiva

del

Consejo

de

Desarrollo

Ocupacional y Recursos Humanos, efectivo al

recibo de esta carta.

Atentamente

Sila M. Calderón25

En el mes de mayo de 2001, la señora Santana y su

esposo

presentaron

ante

el

Tribunal

de

Distrito

de

los

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda a

tenor con la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos,

42 U.S.C. sec. 1983. En la misma, solicitaron un remedio

interdictal y daños compensatorios y punitivos.

Se demandó

a los entonces Gobernadora de Puerto Rico, Secretario del

Trabajo,

Director

Región

del

II

Unidos.

de

del

Consejo

Departamento

y

del

al

representante

Trabajo

de

los

de

la

Estados

En vista de la reclamación pendiente ante el foro

primera

instancia

federal

por

violación

al

derecho

constitucional federal a un debido proceso de ley, en su

vertiente

procesal,

y

a

la

luz

del

planteamiento

de

la

señora Santana, realizado a ese foro, que a ella le asistía

y tenía un interés o derecho propietario en la posición de

Directora

Ejecutiva

cuatro(4)

años,

del

Consejo

dispuesto

por

por

el

término

fijo

de

ley,

ese

foro

tenía

que

determinar si a la entonces Gobernadora de Puerto Rico le

asistía la facultad, bajo la Constitución de Puerto Rico, de

destituir a la

25

señora Santana de esa posición.

El foro

Apéndice 1 del recurso de Certificación, págs. 1-2.

CT-2004-002

11

federal nos certificó tal asunto en un momento en que este

Tribunal no lo había resuelto.

Al presente, tal asunto fue

pautado por este Tribunal el 23 de marzo de 2005 en el caso

Arturo

Guzmán

supra.

Veamos.

Sobre

el

Gobernador(a)

Vargas

v.

tema

del

de

Puerto

Hon.

Sila

alcance

Rico

de

María

del

Calderón

poder

destituir

Serra,

del

(la)

funcionarios

públicos de sus puestos, así como del poder de la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico de imponer restricciones a dicha

facultad, expresamos en Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila

María Calderón Serra, supra, que la Asamblea Constituyente

de Puerto Rico incorporó a nuestra Constitución criterios

similares a los adoptados en la jurisdicción federal, en

cuanto al alcance de la Rama Legislativa para intervenir,

como sucede en el caso de autos, con los poderes delegados

por la Constitución de Puerto Rico a la Rama Ejecutiva.

Allí expresamos lo siguiente:

...el Art. II., Secs. 1, 2 y 3 de la

Constitución

de

los

Estados

Unidos

de

América le confiere a su Presidente el poder

de nombrar, con el consejo y consentimiento

del Senado,

a los embajadores, ministros,

cónsules

públicos,

jueces

del

Tribunal

Supremo y todos aquellos funcionarios de los

Estados Unidos cuyos cargos se establezcan

por

ley,

y

cuyos

nombramientos

dicha

Constitución

no

prescriba.

Todos

éstos

tienen la obligación de asistirle en su

función principal de hacer cumplir las

leyes. 26 Sin embargo, y de forma similar a lo

26

En lo pertinente, el Art. II, sección

1, 2 y 3 de la Constitución de los Estados

Unidos de América establece que:

CT-2004-002

que ocurre en nuestra Constitución, el Art.

II de la Constitución de los Estados Unidos

de América no establece expresamente la

facultad, si alguna, que puede tener el

Presidente de la nación para destituir a los

funcionarios

nombrados

por

éste.

El

residenciamiento,

la

única

forma

de

destitución

de

funcionarios

públicos

______________________

Sección 1.

El poder ejecutivo residirá en el Presidente

de los Estados Unidos de América.

Sección 2.

Con el consejo y consentimiento del Senado

tendrá poder para celebrar tratados, siempre

que en ellos concurran las dos terceras

partes de los senadores presentes. Asimismo,

con el consejo y consentimiento del Senado,

nombrará embajadores, otros ministros y

cónsules públicos, los jueces del Tribunal

Supremo y todos los demás funcionarios de

los

Estados

Unidos

cuyos

cargos

se

establezcan por ley y cuyos nombramientos

esta Constitución no prescriba. Pero el

Congreso

podrá

por

ley,

confiar

el

nombramiento

de

aquellos

funcionarios

subalternos

que

creyere

prudente,

al

presidente únicamente, a los tribunales de

justicia

o

a

los

jefes

de

departamento.(Énfasis suplido.)

Sección 3

El presidente informará periódicamente al

Congreso sobre el estado de la Unión y le

recomendará aquellas medidas que él estime

necesarias

y

convenientes.

Podrá,

en

ocasiones extraordinarias, convocar a ambas

Cámaras o a cualquiera de ellas; y en caso

de que las Cámaras no estuvieren de acuerdo

con relación a la fecha para recesar, el

presidente podrá fijarla según lo juzgue

conveniente. El presidente recibirá a los

embajadores y demás ministros públicos.

Velará por el fiel cumplimiento de las leyes

y extenderá los nombramientos de todos los

funcionarios de los Estados Unidos.(Énfasis

suplido.)

12

CT-2004-002

13

dispuesta en la referida Constitución, sólo

le es de aplicación al Presidente, al

Vicepresidente y a todos los funcionarios

civiles de los Estados Unidos. 27 Ha sido pues

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

quien por la vía jurisprudencial ha atendido

esta laguna en ley, siendo el caso de Myers

v. United States, 227 U.S. 52 (1926), una de

las primeras decisiones en tratar este

complejo asunto. Véase, Laurence H. Tribe,

American Constitutional Law, Ed.Foundation

Press, 2000, pág. 703-717.

En Myers v. United States, supra, el

Tribunal determinó que el Congreso no podía

privar al Presidente de los Estados Unidos

de su poder para destituir un funcionario de

la Rama Ejecutiva. 28 El poder de destitución,

resolvió el Tribunal, está inmerso en el

poder

de

nombramiento

conferido

al

Presidente

por

la

Constitución

de

los

Estados Unidos de América. En virtud de

ello, éste tenía la facultad exclusiva y

absoluta para separar a los funcionarios por

él nombrados independientemente de que, como

sucede en el caso de autos, la ley que

crease el cargo le fijase un término de

duración o estableciese las causales para la

destitución de dichos funcionarios. Este

27

En

lo

relativo

al

proceso

de

residenciamiento, el Art. II, sec. 4 de la

Constitución

de

los

Estados

Unidos

de

América establece que:

El presidente, el vicepresidente

y todos los funcionarios civiles de

los Estados Unidos serán destituidos

de sus cargos mediante procedimiento

de residencia, previa acusación y

convictos que fueren de traición,

cohecho u otros delitos graves y menos

graves.

28

En este caso el Presidente de los Estados

Unidos

despidió

a

un

Administrador

de

Correos

antes

de

habérsele

vencido

el

termino de cuatro (4) años para el cual fue

nombrado a dicha posición. La Ley que creaba

el cargo establecía que los administradores

de correos sólo podían ser removidos por el

Presidente de los Estados Unidos con el

consejo y consentimiento del Senado. Este

último requisito fue declarado inválido.

CT-2004-002

14

amplio

poder,

a

juicio

del

Tribunal,

concretizaba

la

responsabilidad

del

Presidente de la nación de velar porque

todas las leyes fuesen cumplidas; deber, que

como mencionamos, le impone el Art. II, Sec.

3, de la Constitución de los Estados Unidos

de América.

Aproximadamente una década más tarde,

en Humphrey’s Executor v. United States, 295

U.S. 602 (1935) 29 se limitó substancialmente

la norma establecida en

Myers v. United

States, supra. En esta ocasión se interpretó

que la facultad del Presidente de destituir

funcionarios nombrados por éste podía ser

restringida

cuando

se

tratase

de

funcionarios

revestidos

con

facultades

cuasi-legislativas y/o cuasi judiciales. A

juicio

del

Tribunal,

este

tipo

de

funcionario

requiere

cierto

grado

de

independencia,

con

respecto

a

la

Rama

Ejecutiva, para llevar a cabo eficientemente

las tareas que le fueron asignadas. En lo

pertinente, señaló el tribunal:

We

think

it

plain

under

the

Constitution that illimitable power of

removal

is

not

possessed

by

the

President in respect of officer of the

character of those just named. The

authority of Congress, in creative

quasi legislative or quasi judicial

agencies, to require them to act in

discharge

of

their

duties

independently

of

executive

control

cannot well be doubted; and that

authority includes, as an appropriate

incident, power to fix the period

during which they shall continue, and

to forbid their removal except for

cause in the meantime. For it is quite

29

En este caso el Presidente de los Estados

Unidos destituyó a un miembro de la

“Federal

Trade

Comission”,

comisión

investida de poderes cuasi-legislativos y

cuasi-judiciales, al alegar la necesidad de

que la Comisión estuviera integrada por

personas de su confianza. En la ley

habilitadora de la Comisión, el Congreso

había dispuesto que sus miembros serían

nombrados a término y que sólo podían ser

destituidos por ineficiencia, negligencia o

ilegalidades en el manejo de su oficina.

CT-2004-002

15

evident that one who holds his office

only during the pleasure of another

cannot depended upon to maintain an

attitude of independence against the

latter’s will. 295 U.S. a la pág. 629.

(Énfasis suplido.)

La

doctrina

elaborada

en

Humphrey’s

Executor v. United States, según discutida

anteriormente,

fue

sostenida,

años

más

tarde, en Wiener v. United States, 357 U.S.

349 (1958). 30 El Tribunal resumió de la

siguiente manera lo que constituiría el

criterio rector en este tipo de caso:

Thus, the most reliable factor for

drawing an inference regarding the

President’s power of removal in our

case is the nature of the function

that Congress vested in the War

Claims

Comission.

What

were

the

duties that Congress confined to this

Comission? And can the inference

fairly be drawn from the failure of

Congress to provide for removal that

these Commissioners were to remain in

office at will of the President? Id a

la pág. 357 U.S. a las págs. 353-354

(Énfasis suplido.)

El alcance del poder de destitución del

Presidente fue considerado nuevamente por el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Morrison v. Olson, 487 U.S. 654 (1988). 31

30

En este caso el Presidente de los Estados

Unidos, en aras de reclutar personal de su

absoluta confianza, destituyó a un miembro

de la Comisión de Guerra. Dicha comisión fue

creada

para

adjudicar

solicitudes

de

compensación presentada por individuos u

organizaciones que hubieran sufrido daños

durante la Segunda Guerra Mundial. La ley

habilitadora de la Comisión establecía que

el

término

de

incumbencia

de

los

comisionados terminaría cuando concluyese su

encomienda. Sin embargo, nada se dispuso en

cuanto a la destitución de sus miembros.

31

En este caso se cuestionó la limitación

impuesta por un estatuto al poder de

destitución

del

Presidente,

otorgándole

CT-2004-002

16

Similar a lo resuelto en Humphrey’s Executor

v. United States, supra, y la secuela de

casos que le citan, dicho foro señaló que el

análisis realizado por los tribunales al

momento de decidir si el Presidente tiene

facultad para destituir a un funcionario

nombrado por éste no puede limitarse al tipo

de función que realiza el funcionario, es

decir,

puramente

ejecutivas,

cuasilegislativas

o

cuasi-judiciales.

Aunque

dicho análisis es de por sí esencial al

momento de decidir si el Presidente tiene o

no la facultad de destituir al funcionario

en

cuestión,

es

indispensable,

además,

evaluar la forma en que las restricciones

impuestas

al

poder

de

destitución

del

Presidente inciden en la facultad de éste de

cumplir y hacer cumplir las leyes. Es

imprescindible, pues, evaluar el grado de

independencia que requiere, con respecto a

la

Rama

Ejecutiva,

el

funcionario

en

cuestión para ejecutar eficientemente las

tareas que le fueron delegadas. En lo

pertinente, dicho foro señaló:

We undoubtedly did rely on terms

“quasi-legislative”

and

“quasijudicial”

to

distinguish

the

officials involved in Humphrey’s

Executor and Wiener from those in

Myers, but our present considered

view is that the determination of

whether

the

Constitution

allows

Congress to impose a “good-cause”

type restriction on the President’s

power to remove an official cannot

be made to turn on whether or not

that

official

is

classified

as

“purely executive”. The analysis

contained in our removal cases is

designed

not

to

define

rigid

categories of those officials who

may or may not be removed at will by

the President, but to ensure that

Congress does not interfere with the

President’s

exercise

of

the

“executive

power”

and

his

constitutionally appointed duty to

“take

care

that

the

laws

be

faithfully executed” under Article

II...

______________________

dicho

poder

Federal.

al

Secretario

de

Justicia

CT-2004-002

17

[. . .]

[B]ut the real question is whether

the removal restrictions are of such

a nature that they impede the

President’s ability to perform his

constitutional

duty

and

the

functions

of

the

officials

in

question must be analyzed in that

light. 487 U.S. a las págs. 689-691.

(Énfasis suplido)

B.

En virtud de lo anterior, y cónsono con

el mandato que nos dieron los miembros de la

Asamblea Constituyente en momentos en que se

debatía el alcance del poder de remoción

del(la)

Gobernador(a),

de

adoptar

la

interpretación que se le ha dado al asunto

en la jurisdicción federal, es forzoso

concluir, como punto de partida para nuestro

análisis,

que

cualquier

determinación

relacionada a la constitucionalidad de una

limitación

estatutaria

al

poder

de

nombramiento y/o destitución del gobernante

requiere un análisis caso a caso en el cual

es

imprescindible

identificar

si

el

funcionario realiza funciones de naturaleza

“puramente ejecutiva”, cuasi-legislativa o

cuasi-judicial.

Cuando

se

trate

de

un

funcionario

con

facultades

“puramente

ejecutivas”,

la

facultad

de

la

Rama

Legislativa para imponer requisitos para

destituir a dicho funcionario es mínima

debido a que se trata, en la mayoría de los

casos,

de

funcionarios

que

colaboran

directamente

en

la

implantación

de

la

política pública y en la ejecución de

aquellas

funciones

asignadas

por

la

Constitución a la Rama Ejecutiva.

El criterio principal para determinar la

validez del estatuto consiste en que la

limitación

legislativa

al

poder

de

destitución del Gobernador(a) de Puerto Rico

no

interfiera

en

forma

impermisible

e

irrazonable con su facultad constitucional

de hacer cumplir y poner en vigor las leyes

y de formular e implantar la política

pública. El examen al estatuto exige que la

limitación legislativa a dicha facultad no

limite impermisiblemente los poderes de la

CT-2004-002

18

Rama Ejecutiva ni lesione el balance que

debe existir entre las ramas del gobierno.

Distinto

es

el

caso

de

aquellos

funcionarios que desempeñan tareas cuasilegislativas y cuasi-judiciales. A este tipo

de funcionario la Asamblea Legislativa puede

garantizar un grado de independencia mayor,

que le permita cumplir con sus funciones,

libre de cualquier interferencia de otras

ramas de gobierno. Por ende, en ese caso,

cualquier restricción razonable al poder de

destitución

del(la)

Gobernador(a)

sería

válida, claro está, a menos que incida sobre

la facultad del gobernante de cumplir con

sus poderes constitucionales. 32 (Énfasis

suplido).

Tratando

el

asunto

ante

nuestra

consideración

sobre

algún tipo de limitación legislativa al poder de destitución

del (la) Gobernador(a), es precisamente a la luz de esa

normativa jurídica que debemos atender la controversia de

autos. El Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo de Desarrollo

Ocupacional y Recursos Humanos ejerce una función ejecutiva

reducida

a

dirigir

“los

trabajos

administrativos

y

operacionales del Consejo” por un término fijo de cuatro(4)

años

dispuesto

por

ley.

El

criterio

principal

para

determinar la validez de ese estatuto consiste en que tal

limitación al poder de destitución del(la) Gobernador(a) de

Puerto

Rico

no

interfiera

en

forma

impermisible

e

irrazonable con su facultad constitucional de hacer cumplir

y poner en vigor las leyes y de formular e implantar la

política pública gubernamental sobre el área del desarrollo

económico del país.

32

Arturo Guzmán Vargas v. Hon. Sila María Calderón, et als,

supra, págs. 14-22.

CT-2004-002

El

19

(la)

Gobernador(a)

de

Puerto

Rico

tiene

la

facultad y a la misma vez el deber y obligación, a tenor

con el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto

Rico,

supra,

de

cumplir

y

poner

en

vigor

las

leyes

y de hacer cumplir y poner en vigor las mismas a

vigentes

través de todos aquellos funcionarios que están bajo su

poder de “supervisión e inspección”.

ese

rol

de

naturaleza

Para el descargo de

constitucional,

Gobernador(a) de Puerto Rico tiene

irrestricto

sobre

ciertos

y

poder

(la)

absoluto

determinados

ejecutivos” cuyas funciones son

el

e

“funcionarios

”puramente

ejecutivas”

y están directamente vinculadas con el descargo de su rol

constitucional.

esos

De no tener facultades plenarias sobre

funcionarios

en

el

ejercicio

de

su

“poder

de

nombramiento y destitución” no podría formular la política

pública

de

la

Rama

Ejecutiva,

a

tenor

con

el

mandato

democrático del Pueblo. Tales funcionarios son esencial y

fundamentalmente

los

miembros

del

Gabinete

del

(la)

Gobernador(a) de Puerto Rico y su cuerpo de asesores y

ayudantes. A través de esos funcionarios se formula y se

implanta la política pública de la Rama Ejecutiva, y se

inicia,

cuando

es

necesario,

la

aprobación,

mediante

proyectos de ley de administración, de estatutos ajustados

al programa de gobierno del partido político en el poder.

Una

vez

aprobada,

y

ya

vigente

esa

legislación

los

miembros del Gabinete fundamentalmente están llamados a

cumplirla y ponerla en vigor en representación del (la)

CT-2004-002

20

Gobernador(a) de Puerto Rico.

vigentes

ciertos

derogados

o

y

No obstante, de mantenerse

determinados

enmendados

por

la

estatutos

nueva

por

no

ser

administración

de

gobierno en el poder, el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico

tiene la facultad y a la misma vez el deber y obligación

de cumplir con ellos y ponerlos en vigor, y de hacerlos

cumplir

y

que

se

pongan

en

vigor

a

través

de

los

funcionarios que están bajo su “supervisión e inspección”.

Existen funcionarios que aunque están adscritos a la Rama

Ejecutiva, y bajo el poder de “supervisión e inspección”

del (la) Gobernador(a) de Puerto Rico las funciones que

ejercitan

éste(a)

no

son

último(a)

esenciales

pueda

y

rendir

fundamentales

su

rol

para

que

constitucional.

Sobre esos funcionarios el “poder de destitución” del (la)

Gobernador(a) no es absoluto y puede ser restringido y

limitado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sin

menoscabar

el

naturaleza

poder

de

“supervisión

constitucional

que

el

e

inspección”

(la)

de

Primer(a)

Ejecutivo(a) tiene sobre ellos. Existen funcionarios que

aunque sus funciones son ejecutivas no son esenciales ni

fundamentales

para

que

el

(la) Gobernador(a)

de

Puerto

Rico descargue y desempeñe su rol constitucional. A estos

funcionarios la Asamblea Legislativa les puede conceder

independencia de la Rama Ejecutiva y autonomía para el

descargo y desempeño de sus funciones, siempre y cuando se

CT-2004-002

preserve

la

21

facultad

de

“supervisión

e

inspección”

del

(la) Gobernador(a) de Puerto Rico sobre ellos.33

El análisis que gobierna el presente asunto no está

enmarcado en la definición rígida de funcionarios ejecutivos

adscritos al poder de “supervisión e inspección” del(la)

Gobernador(a) de Puerto Rico.

Está ubicado en la evaluación

y determinación judicial sobre si el Poder Legislativo ha

intervenido en una forma impermisible e irrazonable con el

ejercicio

Puerto

del

Rico

“poder

ejecutivo”

de

facultad

y

su

y

del(la)

Gobernador(a)

de

deber

constitucional

de

nombramiento y destitución para el alcance de su mandato

constitucional de hacer cumplir y de que se ponga en vigor

la

ley,

a

tenor

con

el

Artículo

Constitución de Puerto Rico.34

IV,

Sección

4

de

la

El asunto central ante nos es

si el término fijo de cuatro(4) años dispuesto por ley para

que el (la) Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo dirija “los

trabajos administrativos y operacionales del Consejo” es de

tal naturaleza que le impida descargar o desempeñar tal rol

constitucional.

Concluimos,

al

evaluar

la

cláusula

contenida

en

el

Artículo 5 de la Ley número 97, según enmendada, en conjunto

33

Véase Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado

señor Rivera Pérez a la que se unieron los Jueces Asociados

señor Rebollo López y señor Corrada del Río en Arturo Guzmán

Vargas v. Hon. Sila María Calderón, et al, supra, págs. 8587.

34

Artículo IV, sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I, ed.

1999, pág. 385.

CT-2004-002

22

y como un todo con las demás partes de esa ley, vigente al 7

de marzo de 2001, que la limitación allí contenida al poder

de destitución del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico de (la)

Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo no le impedía en forma

impermisible e irrazonable ejercitar su “poder ejecutivo” y

desempeñar su rol constitucional.

Director(a)

trabajos

Ejecutivo(a)

administrativos

del

y

Las funciones del (la)

Consejo

de

operacionales

dirigir

del

“los

Consejo”

no

impedían de forma impermisible e irrazonable el desempeño

del rol constitucional del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico

de cumplir y poner en vigor las leyes.

Aunque dicho(a)

funcionario(a)

“supervisión

está

bajo

el

poder

de

e

inspección” del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico no tenía, a

la fecha de los hechos, función protagónica alguna sobre

aquellas

áreas

y

facultades

adscritas

al

Consejo

de

Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, de formulación e

implantación

de

política

pública.

La

función

del(la)

Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo, al 7 de marzo de 2001,

era dirigir el aspecto administrativo de las oficinas del

Consejo y facilitar y permitirle a ese cuerpo ejercer sus

facultades

y

funciones,

a

tenor

con

el

estatuto.

No

atinamos a entender por qué era imprescindible y necesario

para la entonces Gobernadora de Puerto Rico la destitución

de

la

señora

impermisible

e

Janet

Santana,

irrazonable

el

por

impedir

descargo

de

en

su

forma

rol

constitucional de hacer cumplir y poner en vigor las leyes.

Por el contrario dicho estatuto le permitía asegurarse,

CT-2004-002

23

mediante su poder de “supervisión e inspección” que el (la)

Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo cumpliera a cabalidad

el mandato legislativo impartido de dirigir “los trabajos

administrativos

y

operacionales

del

Consejo”.

Bajo

el

Artículo 5 de la Ley 97, supra, vigente al 7 de marzo de

2001, el(la) Gobernador(a) de Puerto Rico retuvo el poder de

nombramiento, y el de remoción, mediando por supuesto en

éste último, la garantía constitucional a su debido proceso

de

ley,

que

le

proveía

de

una

capacidad

y

habilidad

sustancial para asegurarse que las funciones asignadas por

estatuto al(la) Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo fueron

cumplidas

y

puestas

en

vigor

cabalmente.

Bajo

dicho

estatuto, el (la) Gobernador(a) de Puerto Rico conservaba la

autoridad para destituir a el(la) Director(a) Ejecutivo(a)

del Consejo, cuando lejos de cumplir con la ley, utilizara

su

posición

para

adelantar

otros

fines

y

por

ende

incumpliera sus deberes y obligaciones.

No observamos en este caso un intento de la Asamblea

Legislativa

expensas

del

de

Puerto

Poder

Rico

para

Ejecutivo.

aumentar

Este

caso

sus

no

poderes

presenta

a

una

usurpación por el Poder Legislativo de las funciones del

Poder Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa no retuvo para sí

el poder de “supervisión e inspección” del(la) Director(a)

Ejecutivo(a) del Consejo.

la

Ley

97,

supra,

no

Concluimos que el Artículo 5 de

impedía

en

forma

impermisible

e

irrazonable el ejercicio de los referidos poderes de la Rama

CT-2004-002

24

Ejecutiva, ni lesionaba el balance que debe existir entre

esas dos ramas de gobierno.

La

interrogante

ante

nos,

certificada

por

el

foro

judicial federal, requiere una contestación directa en la

afirmativa o en la negativa estrictamente sobre el asunto de

derecho constitucional local certificado.

El asunto sobre

si el puesto de Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo esta

revestido de un interés o derecho propietario sujeto a la

garantía constitucional federal a un debido proceso de ley,

en

su

vertiente

procesal,

es

uno

eminentemente

de

la

jurisdicción federal y no compete a esta Curia su atención.

La mención por la Mayoría, en su Opinión, de que la

señora

Janet

Santana

conforme

a

“Ley

la

no

de

era

una

Personal

del

empleada

Servicio

de

carrera,

Público

de

Puerto Rico”35, por lo que no disfrutaba de la protección que

esa

ley

le

reconoce

a

ese

tipo

de

empleados

es

una

innecesaria e irrelevante al asunto ante nos, certificado

por

el

foro

judicial

federal.

Por

lo

que

diferimos

y

disentimos, por deferencia a dicho foro de tal curso de

acción.

III

Por los fundamentos antes expuestos disentimos de lo

actuado y pautado por la Mayoría.

35

3 L.P.R.A., sec. 1301 et seq.

Decretaríamos la validez

CT-2004-002

25

constitucional del Artículo 5 de la ley número 97, según

enmendada.

EFRAIN E. RIVERA PEREZ

Juez Asociado