LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Hon. Aníbal Acevedo Vilá, et als vs. José E. Meléndez Ortiz

2005 TSPR 79

Poder Judicial de Puerto Rico

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Hon. Aníbal Acevedo Vilá, et als vs. José E. Meléndez Ortiz

MD-2005-0004

Derecho Constitucional: Cuestión Política, Legitimación Activa de Legisladores

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá Y

Otros

2005 TSPR 79

164 DPR ____

Peticionarios

v.

José E. Meléndez Ortiz

Recurrido

Número del Caso: MD-2005-4

Fecha: 7 de junio de 2005

Abogados del Peticionario:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez

Lcda. Johanna Emmanuelli Huertas

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. Andrew Jiménez Cancel

Lcdo. Fernando L. Torres Ramírez

Abogados del Recurrido:

Lcdo. Richard W. Markus

Lcdo. Manuel D. Herrero

Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta

Jurisdicción Original:

Mandamus

Materia: Derecho Constitucional: Cuestión Política,

Legitimación Activa de Legisladores

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá y

otros

Peticionarios

v.

MD-2005-4

Mandamus

José Enrique Meléndez Ortiz

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2005.

El Gobernador del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

Hon.

Aníbal

Acevedo

Vilá,

la

Secretaria de Estado nominada, Hon. Marisara Pont

Marchese y el Portavoz de la Minoría del Partido

Popular

Democrático

en

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico, Hon. Héctor Ferrer

Ríos, comparecen ante nos mediante la presente

petición

de

nuestra

intervención

Mandamus.

Secretario

de

Lcdo.

Enrique

José

la

En

para

Cámara

Meléndez

esencia,

que

de

solicitan

ordenemos

al

Representantes,

Ortiz,

certificar

que, conforme a la votación que tuvo lugar en la

Sesión celebrada el 9 de mayo de 2005 en dicho

cuerpo legislativo, la señora Pont Marchese fue

2

MD-2005-4

confirmada como Secretaria de Estado. Luego de evaluar con

detenimiento los hechos particulares de este caso y el

derecho

aplicable,

en

deferencia

al

ejercicio

de

los

poderes constitucionales que le asisten a la Cámara de

Representantes y en vista de que no se encuentran aquí

presentes

circunstancias

intervención,

declinamos

que

emitir

el

ameritan

nuestra

auto

mandamus

de

solicitado.

I

El pasado 2 de enero de 2005, el Hon. Aníbal Acevedo

Vilá tomó posesión del cargo como primer ejecutivo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Éste, haciendo uso

de sus facultades constitucionales, designó a la señora

Pont Marchese como Secretaria del Departamento de Estado.

A tenor con lo dispuesto por el Art. IV, Sec. 5 de nuestra

Constitución, 1 L.P.R.A., dicha nominación fue referida a

la Asamblea Legislativa para el consejo y consentimiento

de ambas cámaras legislativas.

El

Senado

de

Puerto

Rico,

luego

del

proceso

de

votación (26 votos a favor, 1 voto en contra), certificó

su consentimiento para la designación de la señora Pont

Marchese como Secretaria de Estado. Restaba, por tanto,

que

la

nominada

fuera

evaluada

por

la

Cámara

la

Pont

Marchese

de

Representantes.

La

confirmación

de

señora

como

Secretaria de Estado fue traída a la consideración de la

Cámara de Representantes durante la Sesión celebrada el

3

MD-2005-4

9 de mayo de 2005, luego que la Comisión de Gobierno del

referido

cuerpo

sometiera

un

informe

favorable

a

la

nominada. Según se desprende de la transcripción de dicha

Sesión, la primera votación se celebró a viva voz. Acto

seguido, el representante Hon. Víctor García San Inocencio

informó que la votación tenía que llevarse a cabo por

lista y no verbalmente. Dicho pedido fue secundado por el

representante Hon. Héctor Ferrer Ríos, quien indicó que,

conforme al Reglamento de la Cámara de Representantes, los

nombramientos

eran

considerados

mediante

votación

por

lista.

Por tal razón, se procedió a celebrar una votación

por lista que resultó en 24 votos a favor de la nominada y

16

votos

en

contra.

El

Presidente

de

la

Cámara

de

Representantes, Hon. José Aponte Hernández, declaró que la

señora Pont Marchese no fue confirmada por no contar ésta

con el respaldo de una mayoría absoluta del cuerpo. Ante

el planteamiento del Hon. Héctor Ferrer Ríos de que se

requería

una

nombramiento,

mayoría

el

simple

para

la

confirmación

Presidente

del

cuerpo

reiteró

del

su

criterio, por lo que sostuvo que la señora Pont Marchese

no fue confirmada como Secretaria de Estado.

Posteriormente,

representante

Hon.

durante

Luis

la

misma

Sesión,

el

Pérez

Ortiz

solicitó

la

reconsideración de la votación sobre el nombramiento de la

señora Pont Marchese. El pedido fue secundado por cinco

representantes. Además, dicha solicitud fue aprobada por

4

MD-2005-4

el

cuerpo

en

votación

a

viva

voz.

El

representante

Hon. Carlos Vizcarrondo Irizarry expuso que la solicitud

de reconsideración debía levantarla un representante que

hubiese

votado

con

la

mayoría,

a

lo

que

respondió

el

Presidente del cuerpo que el Hon. Luis Pérez Ortiz había

votado a favor de la confirmación. En vista de ello, se

procedió

a

celebrar

la

votación

por

lista

en

reconsideración. La misma obtuvo el resultado de 20 votos

a favor de la nominada y 22 votos en contra, por lo que el

Presidente de la Cámara de Representantes declaró que la

señora

Pont

Marchese

no

había

sido

confirmada

como

Secretaria de Estado. Conforme a lo anterior, ese mismo

día, el Secretario de la Cámara de Representantes emitió

una certificación mediante la cual comunicó al Gobernador

que dicho cuerpo legislativo no prestó su consentimiento a

la designación de la señora Pont Marchese como Secretaria

del Departamento de Estado de Puerto Rico.

Al día siguiente, los peticionarios presentaron el

recurso

de

autos

certificación.

para

Aducen

cuestionar

que

la

la

señora

validez

Pont

de

dicha

Marchese

fue

confirmada por la mayoría de los representantes presentes

en

una

votación

válida

y,

que

fue

luego

de

una

reconsideración irregular de dicha votación, que la Cámara

de Representantes no confirmó a la nominada. 1 Solicitan,

1

Argumentan que en la votación en reconsideración, los

representantes

Hon.

Francisco

González

Rodríguez

y

Hon. Bernardo Márquez García emitieron sus votos bajo la

(Continúa . . .)

5

MD-2005-4

por tanto, que se considere como válida la votación por

lista inicial y, en consecuencia, expidamos el auto de

mandamus

para

ordenar

al

licenciado

Meléndez

Ortiz

que

certifique la confirmación de la señora Pont Marchese como

Secretaria de Estado.

Vista la petición, ordenamos a los peticionarios que

emplazaran al Secretario de la Cámara de Representantes y

concedimos

término

emplazamiento,

simultáneo,

para

que

contado

las

partes

a

partir

del

presentaran

sus

posiciones. Además, ordenamos al Secretario de la Cámara

que presentara copia de la transcripción y de la grabación

de la sesión celebrada el 9 de mayo de 2005 en la Cámara

de Representantes. Finalmente, concedimos a las partes un

término simultáneo para que presentaran una réplica, de

entenderlo

necesario.

Con

el

beneficio

de

las

comparecencias de las partes y de la aludida transcripción

y

grabación,

procedemos

a

resolver

el

recurso

con

la

rapidez que este asunto requiere.

II

Nuestro sistema republicano de gobierno, que emana

del Art. I, Sec. 2 de nuestra Constitución, está compuesto

por

tres

poderes

claramente

encomendados

a

tres

ramas

distintas y separadas:

_________________________

premisa equivocada de que el asunto a dilucidarse era la

procedencia de la reconsideración y no la reconsideración

misma de la confirmación de la señora Pont Marchese. Los

representantes González Rodríguez y Márquez García no se

han unido a la acción presentada por el Hon. Héctor Ferrer

Ríos.

6

MD-2005-4

El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico tendrá forma republicana y sus Poderes

Legislativo,

Ejecutivo

y

Judicial,

según

se

establecen

por

esta

Constitución,

estarán

igualmente subordinados a la soberanía del pueblo

de Puerto Rico. Documentos Históricos, 1 L.P.R.A.

Esta

responde

separación

a

dos

de

poderes

criterios,

a

entre

saber:

(1)

las

se

tres

ramas

protege

la

libertad de los ciudadanos, pues el poder no se concentra

en una de ellas y (2) se salvaguarda la independencia de

cada rama del gobierno, toda vez que se evita que una de

ellas domine o interfiera con el poder de las otras. Colón

Cortés

v.

Pesquera,

150

D.P.R.

724,

750

(2000).

No

obstante, esta división de poderes no significa que cada

una de las tres ramas del gobierno deba desempeñarse con

entera abstracción de las demás. Misión Ind. P.R. v. J.P.,

146 D.P.R. 64, 89 (1998). Por el contrario, se aspiró a

crear un sistema de pesos y contrapesos, “con el propósito

de

generar

un

equilibrio

dinámico

entre

poderes

coordinados y de igual rango, y evitar así que ninguno de

éstos amplíe su autoridad a expensas de otro”. Id.

Respecto a la interacción que debe existir entre las

tres ramas del gobierno para alcanzar el propósito que

persigue

la

separación

de

poderes,

este

Tribunal

expresado lo siguiente:

La relación entre los poderes del Gobierno debe ser

una dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que

cada una acepte y respete la autoridad de las otras

y entienda la interrelación de sus funciones. Su

perdurabilidad

requiere

que

cuando

haya

un

conflicto

sobre

el

alcance

de

los

poderes

constitucionales de cualquiera de ellas, los

tribunales intervengan con prudencia y deferencia

ha

7

MD-2005-4

para aclarar los contornos de la Constitución y

facilitar la resolución de las diferencias. Sánchez

v. Secretario de Justicia, res. el 28 de junio de

2002, 2002 TSPR 98, citando a Silva v. Hernández

Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

Como surge de lo anterior, cuando haya un conflicto

entre

la

Rama

Ejecutiva

la

y

Rama

la

corresponde

a

disposiciones

constitucionales

Rama

Judicial

y

Legislativa,

le

interpretar

las

proveer

un

foro

para

dilucidar la controversia, toda vez que el Poder Judicial

es el último intérprete de la Constitución y de las leyes.

Colón

Cortés

v.

Pesquera,

Silva

supra;

v.

Hernández

Agosto, supra; Santa Aponte v. Ferré Aguayo, 105 D.P.R.

750 (1977). Es decir, “nuestra estructura de gobierno no

permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan

en

árbitros

de

sus

propios

actos”.

Silva

v.

Hernández

poder,

debemos

Agosto, supra, pág. 760.

Sin

embargo,

al

ejercitar

ese

ser

conscientes de que la interpretación inicial que de la

Constitución haga otra rama merece deferencia. 2 Noriega

Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R. 497 (1994); Id. A fin de

cuentas, los funcionarios que dirigen y laboran en dichas

ramas

políticas

también

cumplir

fielmente

formular

sus

propias

ausencia

de

una

2

con

se

obligaron

nuestra

juramento

Constitución

conclusiones

expresión

bajo

respecto

nuestra

y

a

sobre

a

pueden

ella,

en

cierta

Ello no significa que este Tribunal claudique a su deber

de interpretar finalmente la Constitución. No obstante,

nuestra intervención debe estar revestida de prudencia.

8

MD-2005-4

interpretación

constitucional.

L.

Véase

Tribe,

American

Constitutional Law, 3rd ed., Vol. I, 2000, Sec. 5-1, pág.

795.

Por

otro

lado,

requiere

que

ámbitos

constitucionales

deferencia

las

dicho

tres

judicial

ordenamiento

ramas

que

de

constitucional

reconozcan

y

cada

Así

pues,

la

a

la

Rama

le

una.

respeten

concedemos

los

Legislativa y a la Rama Ejecutiva tiene como corolario

necesario

que

ellas

también

tengan

la

misma

deferencia

hacia los poderes conferidos por nuestra Constitución a la

Rama Judicial, para así evitar que se menoscabe el sistema

republicano de gobierno.

III

Conscientes de este ordenamiento constitucional, este

Tribunal, al igual que el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos,

ha

desarrollado

una

doctrina

de

autolimitación

judicial cuando surgen conflictos entre Ramas, basada en

el

concepto

de

justiciabilidad.

Véase

L.

Tribe,

supra,

Sec. 3-14, págs. 387-391. Conforme a dicha doctrina, un

caso no es justiciable cuando se presenta una cuestión

política o una de las partes carece de legitimación activa

para promover un pleito.

Estas limitaciones al Poder judicial descansan en dos

premisas:

(1)

resolver

asuntos

que

que

los

tribunales

surgen

de

un

únicamente

contexto

pueden

adversativo

capaz de ser resuelto judicialmente y, más pertinente para

el caso de autos, (2) que la Rama Judicial no intervendrá,

9

MD-2005-4

prudencialmente,

en

áreas

reservadas

a

otras

ramas

del

gobierno, restricción inherente a la división tripartita

de

nuestro

sistema

republicano.

Noriega

v.

Hernández

este

enfoque

Colón, 135 D.P.R. 406 (1995).

Una

de

prudencial,

las

doctrinas

denominada

derivadas

legitimación

de

activa

(“standing”),

cumple con el propósito de asegurar al tribunal que la

parte promovente tenga un interés de magnitud suficiente

para,

con

toda

probabilidad,

causa

de

acción

motivarlo

vigorosamente.

Gobernador,

129

D.P.R.

legislación

que

la

824

proseguir

su

Torres

v.

ausencia

de

Hernández

(1992).

conceda,

a

hay

En

legitimación

activa

cuando: (1) la parte que reclama ha sufrido un daño claro

y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto

o

hipotético;

(3)

existe

una

relación

causal

razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado

y

(4)

la

causa

de

acción

surge

al

amparo

de

la

Constitución o de alguna ley. Id.; P.P.D. v. Gobernador I,

139

D.P.R.

643

(1995);

Hernández

Torres

v.

Hernández

Colón, 131 D.P.R. 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero

Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).

En

el

caso

específico

de

los

legisladores,

hemos

reconocido acciones legitimadas en varias ocasiones. Así

lo hicimos ante una controversia sobre la elegibilidad de

un

legislador

para

ocupar

un

escaño

legislativo.

Santa

Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977). También

lo hemos hecho cuando alguna de las Cámaras ha autorizado

10

MD-2005-4

a

uno

o

varios

legisladores

a

vindicar

derechos

y

prerrogativas de dicha Cámara, Hernández Agosto v. Romero

Barceló,

al

supra;

cuestionarse

ciertas

reglas

que

coartaban el derecho constitucional a participar en los

procedimientos celebrados en las comisiones del Senado,

Silva v. Hernández Agosto, supra; cuando un legislador se

ve

afectado

directamente

acciones

gubernamentales,

D.P.R.

650

(1988)

en

su

carácter

Noriega

v.

y

ante

el

personal

por

Gobernador,

122

reclamo

de

inconstitucionalidad de una regla interna del cuerpo que

impedía registrar la abstención de los legisladores en una

votación, Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, entre otras.

Particularmente, en Silva v. Hernández Agosto, supra,

reconocimos legitimación activa a varios senadores de la

minoría que impugnaron la validez constitucional de una

regla que regía los procedimientos investigativos de la

Comisión de lo Jurídico del Senado. Al aplicar la regla

impugnada, estos senadores resultaron excluidos de unas

reuniones investigativas que celebró la Comisión. En vista

de la lesión constitucional que producía el impedir a los

senadores

legislativas

de

en

minoría

ejercer

sus

prerrogativas

los

procesos

investigativos

y

deliberativos de la Comisión, y tomando en consideración

otros

factores,

determinamos

que

la

controversia

era

justiciable.

Ahora bien, hemos resuelto que un legislador no tiene

legitimación activa para demandar en representación de sus

11

MD-2005-4

votantes

o

del

interés

público,

Hernández

Torres

v.

Gobernador, supra, ni bajo el pretexto de que se le han

afectado sus prerrogativas al no permitírsele fiscalizar

la obra legislativa, cuando se le ha dado participación en

los procesos legislativos. Hernández Torres v. Hernández

Colón, supra.

En todo caso, el legislador tendrá que demostrar la

existencia de los requisitos establecidos en la doctrina

para

que

se

le

reconozca

su

legitimación.

Así,

Id.

evitamos que el senador o representante traslade al foro

judicial

--en

búsqueda

de

una

segunda

oportunidad--

su

intento fallido de lograr cierto resultado en un proceso

legislativo válido, hecho que trastocaría la separación de

poderes. Noriega v. Hernández Colón, supra.

IV

¿Tienen

legitimación

activa

(“standing”)

los

peticionarios en el presente caso?

Respecto al Hon. Héctor Ferrer Ríos, --único de los

peticionarios

que

Representantes-particular

lesionado

ante

sus

es

éste

miembro

no

nuestra

derechos

y

ha

de

la

Cámara

alegado

que

en

consideración

prerrogativas

se

de

el

le

caso

hayan

constitucionales

como legislador durante el proceso aludido. Además, de la

transcripción de la sesión celebrada el 9 de mayo de 2005

en la cámara baja se desprende que el Representante Ferrer

Ríos

tuvo

su

planteamientos

oportunidad

en

el

de

votar

Hemiciclo.

y

de

Tampoco

debatir

se

limitó

sus

su

12

MD-2005-4

intervención en el proceso de confirmación de la nominada.

Finalmente, ni siquiera se alega que se le haya privado de

los derechos que corresponden a la minoría legislativa,

según

nuestra

Constitución.

Véase

Silva

v.

Hernández

Agosto, supra.

Por otra parte, no procede considerar sus alegaciones

en

torno

al

cómputo

de

los

votos

emitidos

por

los

representantes González Rodríguez y Márquez García, toda

vez

que

éstos

no

han

comparecido

reclamar

que

se

le

violaron

legislativas.

alega

que

mencionados

De

hecho,

represente

a

este

sus

Hon.

Héctor

a

estos

terceros

no

puedan

a

prerrogativas

el

representantes

Tribunal

Ferrer

Ríos

no

que

los

valer

sus

o

hacer

propias facultades legislativas, por lo que necesitan de

un tercero para vindicarlas. Véase, E.L.A. v. P.R. Tel.

Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

Por tanto, es nuestro criterio que en el caso de

autos el mencionado representante no ha manifestado haber

sufrido daños claros y palpables, ya sea en su carácter

personal

o

como

legislador.

Sencillamente,

no

nos

ha

convencido de que “no se trata de un traslado del debate

legislativo al foro judicial y sí de una verdadera lesión

a

sus

prerrogativas

legislativas”.

Hernández

Torres

v.

Hernández Colón, supra, pág. 601.

En cuanto a los restantes peticionarios, la señora

Marisara Pont Marchese no ha expuesto un daño claro y

palpable más allá de la pérdida de su expectativa y de su

13

MD-2005-4

deseo

de

servir

a

Puerto

Rico

como

la

Secretaria

del

Departamento de Estado. Independientemente de los méritos

de

su

nominación

Marchese

por

no

tiene

precisamente

porque

el

un

no

Gobernador,

derecho

ha

sido

la

sobre

señora

Pont

dicho

cargo

confirmada

por

ambas

cámaras, según lo requiere el Art. IV, Sec. 5 de nuestra

Constitución. Tampoco se han expedido las correspondientes

credenciales ni ha prestado su juramento una vez nombrada,

como ocurrió en el caso de U.S. v. Smith, 286 U.S. 6

(1932).

En

vista

confeccionar

un

de

ello,

remedio

este

judicial

Tribunal

que

no

no

puede

conlleve

una

intromisión indebida en el poder legislativo.

Por último, en cuanto al Hon. Aníbal Acevedo Vilá,

aun cuando reconocemos su facultad para acudir en casos

apropiados al cauce judicial con el fin de vindicar sus

prerrogativas

constitucionales,

entendemos

que

en

este

caso no se ha alegado y menos establecido de qué manera la

ausencia de confirmación de la señora Pont Marchese como

Secretaria

de

Estado

ha

violentado

sus

facultades

ejecutivas constitucionales. El Hon. Aníbal Acevedo Vilá

ha sufrido la pérdida de una nominada a su gabinete por

falta de confirmación, sin embargo, ello es consecuencia

del sistema de pesos y contrapesos que es intrínseco a la

separación

de

poderes

de

nuestro

ordenamiento

constitucional.

En Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601,

620 (1983) indicamos claramente, respecto a la facultad de

14

MD-2005-4

nombramiento del Gobernador y en atención precisamente a

la

doctrina

Ejecutiva

no

de

separación

puede

despojar

de

poderes,

a

la

Rama

que

“la

Legislativa

Rama

del

poder de confirmación que le confiere la Constitución y

las leyes. Tampoco puede el Senado o la Rama Legislativa

usurpar

el

mediante

poder

de

nominación

afirmaciones

del

señor

Gobernador

de

que

confirmará

indicativas

únicamente a determinado candidato”.

Sin embargo, en la petición de mandamus presentada

ante esta Curia, el Gobernador no alega que la falta de

confirmación

de

la

señora

Pont

Marchese

constituya

una

usurpación de su poder constitucional de nominación, ni

que lo ocurrido demuestre que la Cámara de Representantes

intenta

de

esta

manera

que

se

nomine

a

un

candidato

determinado. El Gobernador, de hecho, ejerció su poder al

nominar a la señora Pont Marchese y, a su vez, la Cámara

de Representantes descargó su obligación constitucional.

Además, en la petición de mandamus, lo único que el

Gobernador

argumenta

se

limita

a

cuestionar

el

procedimiento y el Reglamento utilizado por la Cámara de

Representantes en la votación sobre la confirmación de la

señora

Pont

Marchese.

expone

cuál

es

legislativa

el

inflige

como Gobernador.

En

daño

en

ninguna

parte

específico

sus

de

que

facultades

su

la

petición

actuación

constitucionales

15

MD-2005-4

En

vista

presentes

en

de

lo

anterior,

este

caso

las

concluimos

condiciones

que

no

están

necesarias

para

nuestra intervención mediante el auto solicitado.

V

La conclusión a la que llegamos, de ordinario, sería

suficiente para disponer del caso, esto es, para denegar

la petición del mandamus presentada. Ello por razón de que

si

los

peticionarios

no

tienen

acción

legitimada,

prudencialmente nos abstendríamos, como regla general, de

entender en los méritos del mismo.

Ahora bien, y con el propósito de que no quede duda

en la mente de persona alguna sobre la validez de los

actos de la Cámara de Representantes en una controversia

de

tanta

aceptando

importancia

--a

los

pública

fines

de

como

la

la

de

autos,

argumentación--

que

aun

los

peticionarios tuvieran acción legitimada (“standing”) para

instar

el

recurso

de

mandamus,

el

resultado

sería

el

mismo. Veamos.

Así como se le delegó a este Tribunal Supremo la

facultad para determinar la constitucionalidad de un acto,

Art.

V.,

Sec.

4,

Const.

E.L.A.,

1

L.P.R.A.,

la

Constitución autorizó a cada cámara que compone nuestra

Asamblea Legislativa a “adoptar[] las reglas propias de

16

MD-2005-4

cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno

interno”. 3 Art. III, Sec. 9, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.

Examinemos,

en

primer

lugar,

la

manera

en

que

se

relacionan estos poderes delegados y determinemos cuándo

procede, como norma general, la intervención judicial con

las

reglas

de

procedimientos

internos

de

la

Rama

Legislativa y su aplicación.

Aun cuando hemos interpretado la Sec. 9 del Art. III

de

nuestra

Constitución,

en

pocas

instancias

nos

hemos

referido a la facultad de la Rama Legislativa de adoptar

sus

propias

Hernández

Agosto,

legislativos

como

reglas

pueden

corolario

procedimientos.

de

y

procedimientos.

Así,

en

expresamos

que

los

cuerpos

gobierno

interno

supra,

adoptar

su

poder

reglas

de

inherente

de

Silva

controlar

v.

sus

No obstante, aclaramos que la Asamblea

Legislativa y sus comisiones no podían obviar e ignorar

las limitaciones constitucionales al ejercer su función de

reglamentar.

El alcance de esta sección fue discutido con mayor

detenimiento en Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra. En ese

caso, dos representantes atacaron la constitucionalidad de

3

Anteriormente, se le había otorgado a la entonces Cámara

de

Delegados

la

facultad

de

ejercer

las

mismas

atribuciones que usualmente le competían a los cuerpos

legislativos parlamentarios, respecto a la dirección de

sus procedimientos. Acta Foraker, Sec. 30, Documentos

Históricos, 1 L.P.R.A. Dicha autoridad le fue reiterada al

Senado y a la Cámara de Representantes de Puerto Rico

mediante la Sec. 32 del Acta Jones,

Documentos

Históricos, 1 L.P.R.A.

17

MD-2005-4

una

regla

regulaba

interna

el

de

la

Cámara

procedimiento

para

de

Representantes

abstenerse

durante

que

una

votación cameral. Luego de reiterar la doctrina esbozada

en

Silva

v.

Hernández

Agosto,

expresamos

supra,

la

importancia que revisten las reglas internas legislativas

como instrumentos y herramientas de trabajo, necesarias

para

determinar

en

forma

ordenada

la

voluntad

de

la

mayoría. Reconocimos, además, que cada cuerpo legislativo

está en posición óptima para adoptar o interpretar sus

propias

reglas

Asamblea

de

gobierno

Legislativa

discreción

para

procedimientos

tiene,

toda

vez

de

ordinario,

qué

forma

cumple

con

los

resulta

claro

que

decidir

y

interno,

en

que

la

amplia

lleva

sus

requisitos

constitucionales.

De

lo

anterior

jurisdicción

hemos

acogido

la

doctrina

en

de

nuestra

deferencia

judicial hacia la adopción e interpretación por parte de

las cámaras legislativas de sus reglas y procedimientos.

En

la

medida

parámetros

de

que

dichas

reglas

estén

los

poderes

delegados,

los

dentro

de

tribunales

los

no

pasarán juicio, de ordinario, sobre las interpretaciones o

la aplicación de éstas por el cuerpo legislativo. Noriega

Rodríguez

v.

Jarabo,

supra.

Después

de

todo,

debemos

presumir que los procesos legislativos se celebran dentro

de un marco de legalidad. Mason´s Manual of Legislative

Procedures, Ed. 2000, Sec. 73(8), pág. 65. Sin embargo,

ello no significa que dichos procesos y reglamentos sean

18

MD-2005-4

inmunes a una intervención judicial, pues este foro no

puede ceder su responsabilidad de determinar, en última

instancia,

si

tales

actos

legislativos

se

encuentran

enmarcados en sus poderes constitucionales.

A modo ilustrativo y comparativo, encontramos que los

tribunales federales han abordado cuestionamientos sobre

procedimientos

legislativos,

y

la

aplicación

e

interpretación de las reglas que lo regulan, con marcada

deferencia.

La Constitución de los Estados Unidos en su Art. I,

Sec.

5,

cl.

2,

estableció

que

cada

cámara

legislativa

puede determinar las reglas para regir sus procedimientos.

U.S.C.A. Const. Art. I, Sec. 5, cl. 2; 1 L.P.R.A. En U.S.

V. Ballin et al., 144 U.S. 1 (1891), el Tribunal Supremo

Federal tuvo la oportunidad de interpretar el alcance de

esta

disposición

constitucional.

En

dicho

caso,

el

más

alto foro judicial federal estableció los parámetros que

regirían la revisión judicial ante el cuestionamiento de

la validez de una regla interna promulgada por la Cámara

de

Representantes

en

cuanto

al

método

de

determinar

y

registrar la presencia de quórum en dicho cuerpo. Allí se

expresó:

Neither do the advantages or disadvantages, the

wisdom or folly, of such a rule present any matters

for judicial consideration. With the courts the

question is only one of power. The constitution

empowers each house to determine its rules of

proceedings. It may not by its rules ignore

constitutional restraints or violate fundamental

rights, and there should be a reasonable relation

between

the

mode

or

method

of

proceeding

19

MD-2005-4

established by the rule and the result which is

sought to be attained. But within these limitations

all matters of method are open to the determination

of the house[. . .] Id., pág. 5.

Asimismo,

se

ha

resuelto

que

los

tribunales

darán

gran peso a la interpretación que de sus propias reglas

realice cada cámara, aunque la misma no será concluyente.

U.S.

v.

Smith,

supra.

Además,

algunos

tribunales

han

determinado que cuando las reglas resulten ambiguas, bajo

ciertas

circunstancias

no

se

aconseja

la

intervención

judicial. U.S. v. Rostenkowski, 59 F. 3d 1291 (D.C. Cir.

1995); Texas Ass´n of Concerned Taxpayers v. U.S., 772 F.

2d 167 (5th Cir. 1985).

Igualmente,

se

ha

establecido

que

aun

cuando

no

existe una prohibición absoluta a la revisión judicial de

los

procedimientos

legislativos,

Cable

News

Network

v.

Anderson, 723 F. Supp. 835 (D.C. 1989), ello no significa

que los tribunales tengan la obligación de intervenir cada

vez que se les presenta alguna controversia relacionada a

estos procesos. Guy Vander Jagt v. O´Neill, 699 F. 2d 1166

(D.C. Cir. 1983). En otras palabras, hay que distinguir

entre la existencia del poder para intervenir y cuándo es

prudente ejercerlo. Id.

Pasamos a exponer los procedimientos que establece el

Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

para la consideración y determinación de los nombramientos

sometidos por el Gobernador a dicho cuerpo.

20

MD-2005-4

VI

Mediante Resolución fechada el 2 de enero de 2005, R.

de la C. 1, la Cámara de Representantes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico aprobó el Reglamento que regirá

los procedimientos internos de dicho cuerpo legislativo

durante

el

cuatrienio

2005-2008

(en

adelante

el

Reglamento). La Sección 1.5 del Reglamento preceptúa, en

parte que:

El Presidente será responsable del cumplimiento de

las disposiciones de este Reglamento. A tales

fines, tendrá facultad para su interpretación y la

responsabilidad de su aplicación de forma justa y

razonable, tomando en consideración el orden, la

dignidad e integridad de la Cámara y de sus

procedimientos.

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 45

del Reglamento establece las pautas que han de seguirse

cuando

lo

que

nombramientos.

se

En

considera

es

la

confirmación

de

Sección

45.4

se

dispone

que

la

por

lista.

Culminado

el

la

votación

a

esos

efectos

proceso,

el

Secretario

será

de

la

Cámara

de

Representantes

notificará al Gobernador la determinación del cuerpo. No

obstante, dicha notificación no se efectuará hasta tanto

haya expirado el plazo para solicitar la reconsideración

del asunto.

Conforme

a

la

Regla

40

del

aludido

reglamento,

cualquier Representante podrá solicitar la reconsideración

de un asunto ya resuelto, siempre que dicha solicitud se

haga en la misma Sesión en la que se consideró el asunto o

en el siguiente día de Sesión. La reconsideración se podrá

21

MD-2005-4

plantear en una sola ocasión. Además, se requiere que la

solicitud a tales efectos sea debidamente secundada. Sin

embargo, cuando la votación se lleve a cabo por lista,

sólo podrá solicitar la reconsideración un representante

que, mediante su voto, fuese parte del grupo que obtuvo la

mayoría en dicha votación.

Evaluemos lo sucedido en la Cámara de Representantes

a la luz de estas disposiciones reglamentarias.

VII

Luego de estudiar con detenimiento la transcripción y

la grabación de la sesión celebrada el 9 de mayo de 2005

en la Cámara de Representantes, concluimos que el proceso

de

consideración

Marchese

se

de

la

nominación

ajustó

a

los

de

la

parámetros

señora

Pont

reglamentarios

aludidos. La primera votación celebrada fue a viva voz, no

obstante

se

anuló

porque

no

reglamentario

que

exigía

una

cumplió

con

votación

el

por

requisito

lista.

La

segunda votación se celebró por lista. Un legislador que

había

votado

en

el

grupo

mayoritario

solicitó

la

reconsideración dentro de la misma Sesión. Dicho pedido

fue secundado por cinco representantes. El asunto de la

reconsideración, aún así, fue presentado ante el cuerpo,

que decidió a viva voz reconsiderar la votación inicial.

Esta segunda votación en reconsideración se llevó a cabo

por lista y su resultado produjo que la nominada no fuera

confirmada.

22

MD-2005-4

Considerando lo anterior y evaluando las contenciones

expuestas en la petición, en su justa perspectiva, resulta

claro que el remedio que se pretende alcanzar, en última

instancia, es que este Tribunal imponga una determinación

legislativa que no obtuvo la aprobación del cuerpo. Los

peticionarios

alegan

que

la

señora

Pont

Marchese

fue

confirmada por la mayoría de los presentes (24 votos a

favor, 16 votos en contra) en una votación válida por

lista,

por

lo

que

procede

que

se

le

certifique

tal

resultado al Gobernador. No obstante, dicha votación fue

objeto

de

reconsideración,

en

la

cual

la

señora

Pont

Marchase no resultó confirmada (20 votos a favor, 22 votos

en

contra). 4

Esta

última

votación

se

convirtió

en

la

determinación de la Cámara de Representantes para todos

los efectos, 5 y así fue certificado al Gobernador por el

licenciado

Meléndez

Ortiz,

Secretario

del

cuerpo

legislativo. En vista de que hay una votación final en

reconsideración en contra de la designación de la señora

Pont

Marchese,

es

improcedente

la

solicitud

de

los

peticionarios.

4

Según Mason´s Manual of Legislative Procedures, supra,

Sec. 751(3), pág. 538, “[w]here the original vote was to

approve an appointment [of the Governor], the subsequent

vote of reconsideration had the effect of disapproving the

appointment”.

5

Habida cuenta que la mayoría del cuerpo legislativo voto

en reconsideración contra la designación de la señora Pont

Marchese, no emitiremos opinión sobre qué mayoría,

absoluta o simple, se requiere para la confirmación de

nombramientos.

23

MD-2005-4

Por otro lado, en lo que respecta al argumento de los

peticionarios de que a los representantes Hon. Francisco

González Rodríguez y Hon. Bernardo Márquez García se les

contó su voto como en contra de la nominada cuando en

realidad

votaron

en

contra

de

la

reconsideración,

es

necesario recalcar que dichos legisladores no solicitaron

a tiempo que sus votos fueran adjudicados a favor de la

señora

Pont

Marchese

cuestionar

el

ni

acudieron

resultado

de

a

la

los

tribunales

a

emitida

en

votación

reconsideración. Surge de la transcripción que la Cámara

de

Representantes

reconsiderar

la

había

votado

nominación

de

a

viva

voz

la

señora

a

Pont

favor

de

Marchese,

luego de que fuera debidamente secundada la moción. Por

tanto, este asunto fue adjudicado antes de que estos dos

representantes

emitieran

sus

votos

por

lista.

En

esas

circunstancias, correspondía a los dos legisladores acudir

a los tribunales a impugnar la votación si entendían que

se

habían

violado

sus

prerrogativas

legislativas.

Sin

embargo, ellos ni se unieron al recurso presentado por los

peticionarios ni radicaron acciones separadas. En ausencia

de algún recurso presentado por estos dos representantes,

cualquier decisión nuestra adjudicando sus votos de otra

manera,

solamente

como

pretenden

improcedente

e

los

peticionarios,

imprudente,

sino

sería

no

también

una

intromisión indebida en los procesos que se celebran en la

Cámara.

24

MD-2005-4

Antes de concluir, este caso amerita que destaquemos

nuestras

expresiones

en

Noriega

Rodríguez

v.

Jarabo,

supra, a las págs. 533-534:

[No] podemos convertirnos en árbitros de todas las

disputas internas que tienen los legisladores sobre

la

interpretación

y

aplicación

de

reglas

legislativas relativas a procedimientos puramente

parlamentarios. Sin embargo, no estamos abdicando a

nuestra facultad de ser los máximos intérpretes de

las actuaciones legislativas. Dicha facultad la

ejerceremos cuando las actuaciones de otras ramas

de

gobierno

presenten

claros

problemas

de

constitucionalidad y no meras disputas procesales o

interpretativas. No podemos trasladar al foro

judicial las controversias internas de las ramas

legislativas, que son producto de las discrepancias

entre los legisladores, surgidas a través del

proceso normal y usual del debate legislativo.

(Énfasis suplido).

Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto

de Mandamus.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

MD-2005-4

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá y

otros

Peticionarios

v.

MD-2005-4

Mandamus

José Enrique Meléndez Ortiz

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se deniega el auto de

Mandamus solicitado.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez emitió Opinión

de Conformidad y Concurrente. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

MD-2005-4

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá, et

als

Peticionarios

v.

MD-2005-4

José Enrique Meléndez Ortiz,

en su capacidad oficial como

Secretario de la Cámara de

Representantes

Recurridos

Opinión de Conformidad y Concurrente emitida por el Juez Asociado

señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a

7 de junio de 2005.

Los peticionarios, Honorable Aníbal Acevedo Vilá,

en

su

capacidad

oficial

como

Gobernador

de

Puerto

Rico, la señora Marisara Pont Marchese, en su alegada

capacidad oficial como Secretaria de Estado de Puerto

Rico

y

el

Honorable

Héctor

capacidad

oficial

como

Partido

Popular

Democrático

Ferrer

portavoz

de

en

Ríos,

en

su

la

minoría

del

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico; presentaron ante este

Tribunal

un

jurisdicción

recurso

extraordinario

original,

contra

el

de

mandamus,

licenciado

en

José

Enrique Meléndez Ortiz, en su capacidad oficial como

Secretario de la Cámara de Representantes.

La

parte

MD-2005-4

2

peticionaria pretende que este Tribunal expida el auto de

mandamus

solicitado

y ordene

al señor José Enrique Meléndez

Ortiz, Secretario de la Cámara de Representantes, como un

deber

ministerial

dispuesto

por

ley,

a

expedir

una

certificación que refleje el consentimiento de ese cuerpo,

alegadamente por mayoría de votos, a la nominación, por el

Gobernador

de

Puerto

Rico,

de

la

Honorable

Marisara

el

de

Pont

Marchese como Secretaria de Estado.

Denegamos,

solicitado.

mediante

Opinión,

auto

mandamus

Estamos conforme con tal curso de acción y sus

fundamentos.

No

obstante,

creo

que

la

consideración

y

análisis sobre la validez de lo actuado por la Cámara de

Representantes no debe ser atendido separadamente por ser

parte integral del criterio y fundamentos que sostienen la

referida denegatoria. Con relación a esto último concurrimos.

I

El 9 de mayo de 2005, la Cámara de Representantes de

Puerto Rico consideró en pleno, durante la celebración de su

sesión

Pont

ordinaria,

Marchese

la

como

nominación

Secretaria

de

de

la

Honorable

Estado

de

Marisara

Puerto

Rico.

Dicha sesión contaba con el quórum requerido para realizar

el

trámite

legislativo

correspondiente.

Se

realizó

una

primera votación por el Cuerpo y el resultado fue de veinte

y

cuatro

(24)

votos

a

favor

del

consentimiento

nominación y de dieciséis (16) votos en contra.

a

la

La

MD-2005-4

3

votación

de

los

legisladores

fue

emitida

por

lista.

Inmediatamente después el Honorable José Aponte Hernández,

Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,

opinó

que

el

había

sido

consentimiento

producido

miembros del Cuerpo.

por

a

la

una

referida

mayoría

nominación

absoluta

de

no

los

Luego de una reunión de los miembros

de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista,

ese mismo día, el Honorable Luis Pérez Ortiz, Representante

a la Cámara por ese partido, quien había votado a favor del

consentimiento en la votación original, solicitó una nueva

votación,

en

reconsideración.

Se

realizó

una

segunda

votación por el Cuerpo, en reconsideración, y el resultado

fue de veintidós (22) votos en contra al consentimiento a la

nominación y veinte (20) votos a favor.

El Secretario de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico le envió una carta

el 9 de mayo de 2005 al Gobernador de Puerto Rico, a tenor

con la Regla 45.5 del reglamento de ese cuerpo, informándole

que

ese

mismo

consentimiento

a

día

la

el

Cuerpo

referida

no

había

nominación,

a

prestado

su

tenor

el

con

Artículo IV, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico.6

6

Const. E.L.A., Art. IV, Sec. 5, 1 L.P.R.A. La referida

disposición constitucional lee de la forma siguiente:

Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el

Gobernador estará asistido de Secretarios de

Gobierno que nombrará con el consejo y

consentimiento del Senado.

El nombramiento

del Secretario de Estado requerirá, además,

el consejo y consentimiento de la Cámara de

Representantes, y la persona nombrada deberá

reunir los requisitos establecidos en la

Sección 3 de éste Artículo.

Los Secretarios

(Continúa . . .)

MD-2005-4

4

La

parte

votación,

peticionaria

en

alega

reconsideración,

que

los

luego

de

la

legisladores,

segunda

Honorable

Francisco González y Honorable Bernardo Vázquez, miembros de

la mayoría parlamentaria, aclararon

“que al votar entendían

que

la

estaban

votando

en

contra

de

reconsideración

del

resultado original, no de la confirmación de la nominada”.

Aduce que ello significa que esos legisladores de mayoría

estaban

votando

nominada.

en

Alega

la

que

segunda

el

votación

Presidente

a

de

favor

la

de

la

Cámara

de

Representantes resolvió que la intención de esos dos (2)

legisladores no era relevante, sino el voto efectivamente

Arguye que, al así actuar, obvió

contabilizado y anunciado.

la prerrogativa constitucional de esos dos (2) legisladores

pues

no

se

adjudicado.

récord

que

presentes.

orden,

a

los

por

que

su

voto

fuera

correctamente

Sostiene que como resultado se consignó en el

legislativo

resultado

omiso

aseguró

no

de

la

Cámara

correspondía

de

a

la

Representantes

mayoría

de

un

los

Alega que el Presidente del Cuerpo hizo caso

planteamientos

el

portavoz

de

levantados,

como

cuestión

de

la

parlamentaria

del

minoría

Partido Popular Democrático, Honorable Héctor Ferrer Ríos.

La parte peticionaria alega que el Artículo IV, Sección 5

de la Constitución de Puerto Rico, supra, “...no establece

la cantidad de votos necesarios para la confirmación de los

_________________________

de Gobierno constituirán colectivamente un

consejo consultivo del Gobernador que se

denominará Consejo de Secretarios.(Énfasis

suplido).

MD-2005-4

5

miembros

del

gabinete,

generales

de

procedimiento

nuestra

Constitución

por

adoptó

procedimiento parlamentario.

lo

cual

operan

las

normas

parlamentario”.

Sostiene

que

los

generales

del

principios

Afirma que en Puerto Rico rige

el principio de mayoría simple para el consentimiento por

las

Cámaras

legislativas

a

la

nominación

del

(la)

Secretario(a) de Estado, toda vez que en aquellos casos en

los cuales se estimó necesaria la mayoría absoluta de los

miembros de los cuerpos legislativos así se hizo constar

expresamente en el texto de la Constitución.

Esgrime el

argumento, que la Asamblea Constituyente incorporó expresa y

textualmente en el magno documento el requisito de mayoría

absoluta en ciertas instancias, y en aquellas otras donde no

surge expresamente tal requisito, sostiene es porque no fue

la

intención

del

magno

Cuerpo

así

exigirlo.

Señala

como

ejemplos el Artículo III, sección 19 de la Constitución de

Puerto Rico relativo a la aprobación de legislación 7 ; y su

Artículo III, sección 22, relativo al consentimiento a la

7

Const. E.L.A., Art. III, Sec. 19, 1 L.P.R.A.

pertinente, dicha sección dispone lo siguiente:

Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por

una mayoría del número total de los miembros

que componen cada cámara se someterá al

Gobernador y se convertirá en ley si éste lo

firma o si no le devuelve con sus objeciones a

la cámara de origen dentro de diez días

(exceptuando los domingos) contados a partir de

la fecha en que lo hubiese recibido.(Énfasis

suplido).

En

lo

MD-2005-4

6

nominación por el Gobernador de Puerto Rico del Contralor. 8

Aduce que el Reglamento de la Cámara de Representantes no

exige

como

requisito

consentimiento

a

la

mayoría

nominación

absoluta

del

para

Secretario

dar

de

su

Estado.

Sostiene que ese Cuerpo tiene que guiarse por las normas

procesales del Senado de Puerto Rico, cuyo reglamento, en su

sección 47 dispone que los nombramientos serán aprobados por

la mayoría de los miembros presentes en la sesión, siempre

que al momento de la votación haya quórum.

La parte peticionaria afirma que la sección 45.5 del

Reglamento

de

la

reconoce

la

reconsideración

solicitada, al

Cámara

de

Representantes

del

que

Cuerpo,

dispone

y

debidamente

consentimiento ya otorgado a una nominación

del Gobernador, es contrario e inconsistente con ese magno

documento. Sostiene que una vez concedido el consentimiento

por

el

Cuerpo

a

la

nominación

de

Secretaria

de

Estado

“procede como valor adquirido” y no puede reconsiderarlo y

retirarlo.

Concluye que como no era procedente la votación

en reconsideración, el Secretario del Cuerpo venía obligado

a certificar al Gobernador de Puerto Rico el resultado de la

primera votación.

Los

peticionarios

alegan

que

fue

vulnerada

por

el

Presidente de la Cámara de Representantes la intención de

8

Const. E.L.A., Art. III, Sec. 22, 1 L.P.R.A. En lo aquí

pertinente dicha sección preceptúa lo siguiente:

Habrá un Contralor que será nombrado por el

Gobernador con el consejo y consentimiento de

la mayoría del número total de los miembros que

componen cada Cámara....(Énfasis suplido).

MD-2005-4

7

dos (2) legisladores de mayoría de votarle a favor a la

nominada, manipulando de esa forma la voluntad mayoritaria

de

los

miembros

presentes;

“...el

subvirtiendo

principio

fundamental de derecho que establece que la intención del

legislador es fundamental en la interpretación de los actos

legislativos”. Arguye, que si el referido principio gobierna

el método subjetivo de analizar la intención legislativa,

“...con mayor fuerza la voluntad legislativa verdadera debe

ser el efecto consignado en una votación precisamente porque

se trata de la fórmula más objetiva de medir su intención”.

La parte peticionaria arguye que la solicitud de una

segunda

votación,

en

reconsideración,

en

la

Cámara

de

Representantes sólo sería posible si un legislador que votó

a favor de la opción prevaleciente interesa cambiar su voto.

Afirma que el Honorable Luis Pérez Ortiz no votó de forma

distinta a como lo hizo en la primera votación porque no

ejerció su voto en la segunda. Sostiene, que ello convierte

su

solicitud

inválida”.

del

de

reconsideración

en

una

“jurídicamente

Fundamenta su posición en que la esencia misma

mecanismo

para

solicitar

una

reconsideración

a

una

votación, sobre un asunto como el presente, comprende la

intención del legislador de cambiar su voto.

En conclusión, la parte peticionaria pretende que este

Tribunal, mediante un recurso extraordinario de mandamus,

determine lo siguiente: (1) la cantidad de votos necesarios

para que la Cámara de Representantes de Puerto Rico otorgue

su consentimiento a la nominación por el Gobernador(a) de

MD-2005-4

8

Puerto Rico del(la) Secretario(a) de Estado; (2) si procede

que el consentimiento de ese Cuerpo a la referida nominación

esté sujeto al trámite de reconsideración de sus decisiones;

(3)

si

el

Presidente

de

ignorar

la

intención

ese

de

Cuerpo

dos

puede

(2)

alegadamente

legisladores

que

efectivamente votaron, y fue contabilizado su criterio de

una forma, que fue anunciado y registrado como el criterio

mayoritario del cuerpo; (4) si es posible la solicitud de

reconsideración por un legislador que votó a favor de la

decisión

mayoritaria,

y

en

la

segunda

votación,

en

reconsideración, no ejerce su derecho a votar.

En su alegato presentado el 18 de mayo de 2005 la parte

peticionaria se reiteró en sus planteamientos originales,

ampliando

sus

fundamentos.

Entiende

como

inaplicable

la

doctrina de cuestión política al caso ante nos.

La parte recurrida presentó su alegato el 18 de mayo de

2005;

planteó

que

la

intención

de

la

Convención

Constituyente fue de requerir, en el proceso de consejo y

consentimiento

de

la

Cámara

de

Representantes

Secretario(a)

de

Estado,

nominación

del

absoluta.

Sostiene

absoluta

(26

votos)

que

la

nominada

en

la

primera

no

a

la

una

mayoría

obtuvo

mayoría

votación.

Así

lo

entendieron la portavoz de la mayoría por el Partido Nuevo

Progresista, de aquí en adelante P.N.P., y el de la minoría

por el Partido Independentista Puertorriqueño, de ahora en

adelante

P.I.P.

reconsideración

Aduce

de

la

que,

votación

una

vez

original

solicitada

por

uno

de

la

los

MD-2005-4

9

legisladores

de

mayoría,

que

votó

a

favor

del

consentimiento, y aprobada por la mayoría se procedió a la

votación, y el portavoz, ni ninguno de los miembros de la

minoría parlamentaria del Partido Popular Democrático, de

ahora en adelante P.P.D., invocó o solicitó que se aplicaran

las disposiciones que tenían disponibles en el Reglamento de

la Cámara de Representantes para detener esa votación, a

saber, las secciones 26.1 y 38.1.9

9

La sección 26.1 de la Regla 26 del Reglamento de la Cámara

de

Representantes

referente

a

la

clasificación

y

preferencia de las mociones privilegiadas, dispone lo

siguiente:

Cuando

se

esté

discutiendo

un

asunto,

el

Presidente no podrá aceptar moción alguna que no

sea una de las siguientes:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

para la levantar la Sesión;

para decretar un receso;

para que quede el asunto sobre la mesa;

para proponer la cuestión previa;

para proponer que se releve a una Comisión de

la consideración

de un asunto, cuando la

Comisión a ser relevada no sea la única a la

que se haya referido;

para aplazar el asunto hasta una fecha dada;

para posponer el asunto indefinidamente;

para enmendar; o

para proponer que el asunto pase a una

Comisión.

Esas mociones tendrán preferencia de acuerdo al

orden en que están enumeradas. Las primeras cinco

se votarán sin debate.

Por su parte la sección 38.1 de la Regla 38 del referido

reglamento, preceptúa lo siguiente:

Antes de comenzar una votación, el Presidente

podrá pedir que se llame al Hemiciclo a los

Representantes que se encuentren fuera del mismo,

pero en el área del Capitolio.

(Continúa . . .)

MD-2005-4

10

Arguye

la

parte

recurrida

que,

la

votación,

en

reconsideración, se llevó a cabo por lista sin que ningún

miembro

de

la

Cámara

de

Representantes

expresara

reparo,

duda o preocupación alguna sobre lo que estaba siendo objeto

de esa nueva votación.

Sostiene que una vez concluido el

proceso se anunció el resultado contabilizado de la votación

final en torno al nombramiento de la Secretaria de Estado,

que obtuvo veintidós (22) votos en contra de conceder el

consentimiento y veinte (20) a favor. Afirma que ese mismo

día,

y

con

posterioridad

Cuerpo,

dos

(2)

a

legisladores

la

determinación

de

mayoría

final

solicitaron

del

al

Presidente autorización para realizar unas “expresiones no

controversiales”, según permite el Reglamento.

que

tenían

el

interés

de

votar

a

favor

de

consentimiento, por el Cuerpo, a la nominada.

Expresaron

conceder

el

Reconocieron

haber emitido, por error, un voto distinto a su intención.

Aceptaron

su

responsabilidad

aclararon

el

récord

solicitaron

remedio

por

el

error

legislativo.

alguno,

mediante

No

cometido,

obstante,

los

y

no

mecanismos

_________________________

Asimismo, el Presidente podrá disponer que se

suspenda la votación por un término no mayor de

veinticuatro (24) horas y que se obligue a los

miembros ausentes que se encuentren fuera del área

del Capitolio, pero dentro de la Isla, a que

asistan a la votación en el día

y hora que se

disponga a estos efectos.

El Sargento de Armas será responsable de poner en

ejecución las disposiciones de este Reglamento a

tales efectos.

MD-2005-4

11

parlamentarios

disponibles,

ante

el

Presidente

y

ante

el

Cuerpo.10

Subsiguientemente el portavoz de la minoría del P.P.D.

solicitó

una

descansando

en

segunda

las

reconsideración

expresiones

legisladores de mayoría.

de

los

a

la

referidos

votación,

dos

(2)

El Presidente del Cuerpo determinó

lo siguiente:

SR. PRESIDENTE: Compañero Ferrer Ríos,

ese

asunto

de

la

reconsideración,

establece el Artículo 40.1, la Sección

40.1,

“que

en

ningún

caso

podrá

plantearse una segunda reconsideración”

y ninguno de ellos, de hecho, ha

solicitado

la

reconsideración.

La

realidad compañero, y usted estuvo aquí

el

pasado cuatrienio, cuando en más de

una ocasión, y si no recuerdo mal fueron

dos ocasiones, donde compañeros, en una

de ellas una compañera de la delegación

del Partido Nuevo Progresista en aquel

entonces, debatió un Proyecto en contra

y luego cometió el error de votarle a

favor tomándose su voto tal y como fue

expresado, no como era la intención.

10

A tenor con los principios básicos de procedimiento

parlamentario que gobiernan la votación por lista, una vez

celebrada la votación, pero antes de que se contabilicen

efectivamente los votos y el presidente del cuerpo

deliberativo anuncie el resultado de la misma, un miembro

del Cuerpo podrá ponerse de pie, dirigirse al Presidente y,

luego de ser reconocido por éste, proceder a solicitar el

cambio de su voto. Ahora bien, anunciado ya el resultado de

la votación, resulta inoportuno, conforme a

las normas

parlamentarias, el que un legislador emita su voto o

solicite cambiar el voto, tal como fue consignado y

contabilizado originalmente. Véase P. Mason, Mason´s Manual

of Legislative Procedure, sec. 535, Minnesota, West Group,

2000, págs. 380-81.

Cabe reiterar que, del récord

legislativo, no surge que los referidos legisladores de la

mayoría del P.N.P. hubieran utilizado oportunamente el

referido mecanismo para solicitarle al Presidente de la

Cámara de Representantes cambiar sus respectivos votos.

MD-2005-4

12

Resuelto el asunto, no ha lugar la

Cuestión de Privilegio de Cuerpo. 11

(Énfasis suplido).

Sostiene la parte recurrida que una vez aclarados todos

esos

asuntos

concluyeron

los

trabajos

de

la

Cámara

de

Representantes de ese día. Esa misma noche y en cumplimiento

con

el

requisito

establecido

en

la

Sección

45.5

del

Reglamento 12 , el Secretario procedió a emitir la notificación

escrita al Gobernador sobre la determinación del Cuerpo.

Alega

que

improcedente.

cuál

es

el

el

recurso

de

mandamus

ante

nos,

es

Sostiene que la parte peticionaria no expone

ejercicio

claro

de

un

derecho

a

exigir

la

11

La sección 40.1 de la Regla 40 del Reglamento de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico, relativa a la

reconsideración de asuntos, establece lo siguiente:

A solicitud de cualquier Representante, la Cámara

de Representantes podrá acordar la reconsideración

de un asunto que haya sido resuelto, siempre que

la solicitud se haga en la misma Sesión en que el

asunto fue tratado o en el siguiente día de

Sesión. (Énfasis suplido).

En ningún caso podrá plantearse la reconsideración

de un asunto en dos (2) ocasiones o más y de

conformidad con lo arriba expuesto. (Énfasis

suplido).

12

La

citada

disposición

reglamentaria

preceptúa

siguiente:

El

Secretario

de

la

Cámara

de

Representantes notificará al Gobernador

de Puerto Rico las determinaciones de

este Cuerpo Legislativo relacionadas con

nombramientos, tan pronto éstas sean

acordadas. No obstante, la notificación

al Gobernador no se efectuará hasta

tanto haya expirado el plazo en que

puede solicitarse la reconsideración de

un asunto, según se dispone en este

Reglamento.

lo

MD-2005-4

13

inmediata ejecución de un acto, que tiene que ser evidente e

impuesto por ley o reglamento.

Arguye

que

no

surge,

de

forma

clara

y

patente

de

la

petición, cuál es el deber ministerial del Secretario de la

Cámara

de

Afirma

que

escritos

dicho

Representantes

la

que

por

ley

peticionaria

no

estableció

realizado

requerimiento

parte

hubiera

funcionario

cumplimiento

impuesto

para

solicita

un

que

éste

realizara

ante

nos,

a

o

reglamento.

el

través

en

sus

previo

acto

del

a

cuyo

recurso

extraordinario de mandamus.

Arguye la parte recurrida que el presente caso involucra

procedimientos internos inherentes al Poder Legislativo, por

lo

que

una

principio

intervención

de

separación

de

de

este

Tribunal

poderes.

laceraría

Entienden

que

el

los

peticionarios presumen que pueden litigar ante este Tribunal

aquellos

asuntos

políticos

prevalecer

en

proceso

el

Representantes.

en

los

que

parlamentario

Sostiene

que

el

no

han

en

la

recurso

de

podido

Cámara

de

mandamus

presentado no contiene un “caso o controversia” justiciable.

Sostiene que los peticionarios carecen de legitimación activa

para

incoar

la

acción presentada.

II

MANDAMUS

Concluimos

procedente.

equidad

El

que

esta

mandamus

“altamente

petición

es

un

de

recurso

privilegiado”,

que

mandamus

no

es

extraordinario

de

emite

el

Poder

MD-2005-4

14

Judicial

para

obligar

a

cualquier

persona,

corporación,

junta o tribunal inferior a cumplir con un acto que la ley

expresamente ordena como un deber resultante de un empleo,

cargo o función pública.13

El requisito primordial del recurso de mandamus es que se

trate

de

un

deber

jurisprudencia

ha

ministerial

establecido

que

impuesto

la

por

ley.

determinación

de

La

la

procedencia del auto depende de si la actuación solicitada

es un deber ministerial o si, por el contrario, involucra el

ejercicio de discreción, en cuyo caso no puede expedirse. 14

El acto es ministerial cuando la ley prescribe y define el

deber

que

certeza

tiene

que

nada

que

ser

deja

discreción o juicio.

al

cumplido

con

ejercicio

tal

precisión

y

de la

Cuando el acto que debe ser cumplido

envuelve el ejercicio de discreción o juicio, no considerado

ministerial, está fuera del ámbito del recurso de mandamus.

La decisión de lo que es, o no, “un deber ministerial” no es

algo que se pueda determinar

mediante la aplicación de una

fórmula inflexible. 15 Si el deber surge o no claramente de

las disposiciones estatutarias aplicables es una cuestión

sujeta a interpretación judicial no depende de un juicio a

priori, fundado exclusivamente en la letra del estatuto. Tal

13

Véase Arts. 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil

de 1933, 32 L.P.R.A. secs. 3421 y 3422; Noriega Rodríguez v.

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

14

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235

(1975).

15

Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 D.P.R. 745, 749

(1944).

MD-2005-4

15

determinación ha de surgir del examen y análisis de todos

los elementos útiles a la función interpretativa, del examen

paciente

y

riguroso

de

la

intención

legislativa,

de

la

evaluación de todos los elementos de juicio disponibles para

auscultar

el

propósito

y

significado

del

estatuto

en

cuestión.16

Al considerar la solicitud de expedición de un auto de

mandamus

no

es

suficiente

que

el

peticionario

tenga

un

derecho claro a lo que solicita, y que el demandado tenga la

obligación de permitir el ejercicio de ese derecho.

tratarse de un auto “altamente privilegiado” los

tienen

necesariamente

que

medir

la

Por

tribunales

totalidad

de

las

circunstancias presentes, tanto al determinar si debe o no

expedirse el auto como también al fijar el contenido de su

disposición, de haberlo expedido.

El

remedio se concede

sólo cuando el tribunal está convencido de que con ello se

cumplirán propósitos de utilidad social e individual.

Es

indispensable estimar los efectos que tendrá la intervención

judicial

en

el

adecuado

cumplimiento

funcionario

afectado.

de

las

responsabilidades

del

Resulta

imperativo buscar

el más fino “balance y equilibrio” entre

los diversos intereses en conflicto.17

Este Tribunal tiene la obligación de tomar en cuenta, al

momento de considerar un recurso como el presente, el velar

16

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 418

(1982).

17

Dávila v. Superintendente General de Elecciones, 82

D.P.R. 264 (1960).

MD-2005-4

y

16

proteger

los

intereses

públicos

que

puedan

ser

perjudicados con la expedición del auto solicitado.

Tiene

el deber ineludible de proteger y garantizar nuestra forma

republicana de gobierno, evitando una intromisión indebida

de

la

Rama

Judicial

en

los

procedimientos

del

Poder

Legislativo. El criterio que gobierna el asunto ante nos

consiste en el impacto

que

solicitado

intervención

interés

y

nuestra

público

inmanente

la

expedición

del

pudiera

esquema

del

tener

auto

sobre

democrático

el

de

la

Constitución de Puerto Rico.

En nuestro sistema democrático de gobierno, fundado en la

separación

de

poderes,

entendimiento

de

las

resulta

funciones

del

imprescindible

parlamento.

el

Entre

las

muchas funciones, que dentro de nuestro sistema democrático

ejerce

el

parlamento,

Ejecutivo.

Esto

está

incluye

consentimiento

a

las

Gobernador(a)

de

Puerto

incluyendo

la

del(la)

la

su

de

fiscalizar

facultad

nominaciones

Rico

a

de

al

consejo

realizadas

distintas

Secretario(a)

de

Poder

y

por

el

posiciones,

Estado.

Dicha

prerrogativa legislativa proviene del concepto mismo de un

gobierno dividido en tres poderes coordinados, separados,

independientes,

y

de

idéntico

rango,

unos

otros

mediante

las

con

los

que

medidas

intervienen

de

los

“balance

y

equilibrio” establecidas en la Constitución de Puerto Rico.

La

función,

Legislativo

misma

su

como

de

“balance

“consejo

propia

y

y

equilibrio”,

consentimiento”

justificación,

en

cuanto

del

contiene

Poder

en

si

contribuye

al

MD-2005-4

17

desempeño de una Asamblea Legislativa representativa de su

rol

constitucional.

El

despojo

o

la

limitación

al

Poder

Legislativo de esa función básica en un sistema como el

vigente en Puerto Rico socavaría la base misma de nuestra

democracia.18

Los

cuerpos

legislativos

gobierno

interno

como

controlar

sus

pueden

corolario

procedimientos.

tienen poder expreso, a

adoptar

del

poder

Las

cámaras

reglas

de

inherente

de

legislativas

tenor con el Artículo III, sección

9 de la Constitución de Puerto Rico 19 , para adoptar reglas

para sus procedimientos y gobierno interno.

función

de

reglamentar,

la

Asamblea

Al ejercer la

Legislativa

no

puede

obviar e ignorar sus limitaciones constitucionales. Cuando

haya

conflicto

constitucionales

sobre

de

una

el

alcance

rama

de

de

gobierno

los

los

poderes

tribunales

deben intervenir, con prudencia y deferencia, para aclarar

los

18

contornos

Romero

(1984).

19

de

la

Constitución

Barceló

v.

Hernández

de

Agosto,

Puerto

115

Rico.

D.P.R.

La

368

Const. E.L.A., Art. III, Sec. 9, 1 L.P.R.A. La referida

disposición constitucional lee de la forma siguiente:

Cada cámara será el único juez de la capacidad

legal de sus miembros, de la validez de las actas

y del escrutinio de su elección; elegirá sus

funcionarios, adoptará las reglas propias de

cuerpos legislativos para sus procedimientos y

gobierno interno; y con la concurrencia de tres

cuartas partes del número total de los miembros

de que se compone, podrá decretar la expulsión de

cualquiera de ellos por las mismas causas que se

señalan para autorizar juicios de residencias en

la Sección 21 de este Artículo.

Cada cámara

elegirá un presidente de entre sus miembros

respectivos. (Énfasis suplido).

MD-2005-4

18

determinación sobre la validez constitucional de una norma

contenida en el Reglamento de la Cámara de Representantes

corresponde

a

los

tribunales.

Para

determinar

si

una

actuación de la Cámara de Representantes está cobijada o no

bajo

la

examinar

protección

no

sólo

de

inmunidad

la

misma

si

parlamentaria

es

parte

hay

que

integrante

de

actividades legislativas legítimas sino también si cumple

constitucionales20.

con los parámetros

El mandamus es un recurso extraordinario que sólo debe

expedirse

cuando

adecuado

y

el

peticionario

eficaz

en

el

carece

curso

de

otro

ordinario

recurso

de

los

procedimientos dispuestos por ley, y su derecho es claro. 21

Es

improcedente

el

vehículo

procesal

de

mandamus,

cuando

existe otro mecanismo procesal de la naturaleza mencionada,

para

atender

recurso

de

el

remedio

mandamus

solicitado.

cuando

Es

pretende

improcedente

el

la

y

atención

consideración por este Tribunal de un planteamiento sobre la

inconstitucionalidad de alguna disposición del Reglamento de

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, o de alguna de

sus actuaciones, por tener disponible el mecanismo de la

sentencia declaratoria ante el Tribunal de

Primera Instancia22.

Es

improcedente

un

reclamo como el

20

Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

Espina v. Calderón, 75 D.P.R. 76 (1953);

Lavandero v. Tilén, 71 D.P.R. 754 (1950).

21

22

Santiago

Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.

59; El Vocero v. C.E.E., 130 D.P.R. 525 (1992); Gierbolini

Rodríguez v. Hernández Colón, 129 D.P.R. 402 (1991); Márquez

v. Gierbolini, 100 D.P.R. 839 (1972).

MD-2005-4

19

presente,

cuando

el

alegado

derecho

de

la

parte

peticionaria, y su razón de pedir, no es claro. Esa es la

situación del caso ante nos.

En este caso la petición no se

sostiene

de

sobre

el

reclamo

unos

exigibles, como cuestión de derecho.

derechos

que

sean

Veamos.

El Gobernador de Puerto Rico no ha establecido, como

peticionario, en que forma se ha vulnerado el “balance y

equilibrio” que debe existir entre la Rama Ejecutiva y la

Legislativa

el

referido

la

Cámara

de

establecido,

además,

como

lo

Representantes

violó

el

celebrado

durante

ante

proceso

legislativo,

Representantes.

actuado

principio

en

la

No

ha

Cámara

de

constitucional

de

la

separación de poderes. No ha demostrado como el proceso de

votación

original

y

posteriormente

de

votación,

en

reconsideración, ha intervenido con su prerrogativa y rol

constitucional de nominación al(la) Secretario(a) de Estado.

No ha ilustrado a este Tribunal sobre la violación de sus

prerrogativas. Lo actuado por el referido Cuerpo legislativo

no limitó su facultad de nominación del(la) Secretario(a) de

Estado. Tampoco concentró el “poder de nombramiento con el

consejo y

actuación

consentimiento” en la Rama Legislativa.

no

disminuyó

su

independencia,

como

Tal

Poder

Ejecutivo, para realizar tal nominación. El Primer Ejecutivo

pretende,

como

prerrogativas

expresaron

contabilizado

litigante,

de

que

y

dos

(2)

reclamar

violación

legisladores

efectivamente

anunciado,

la

de

votaron,

una

forma

de

y

de

las

mayoría

que

así

fue

distinta

a

su

MD-2005-4

20

intención,

cuando

oportunamente

los

esos

dos

legisladores

mecanismos

no

utilizaron

parlamentarios

que

tenían

disponibles para pedir un remedio al Presidente o al Cuerpo

mismo.

Pretende el Primer Ejecutivo, mediante un recurso

extraordinario

Tribunal,

de

mandamus,

apoyándose

prerrogativas

en

una

legislativas,

pedir

un

remedio

a

este

alegada

vindicación

de

esas

de

esos

(2)

legisladores

de

mayoría que no figuran como partes peticionarias ante este

Tribunal.

No

existe

ningún

deber

ministerial

que

pueda

reclamar el Gobernador de Puerto Rico al Secretario de la

Cámara

de

Representantes,

circunstancias

de

este

dentro

lo

del

marco

alegado

por

caso

y

Pont

Marchese,

de

la

las

parte

peticionaria ante nos.

La

señora

Gobernador

de

Marisara

Puerto

Rico

como

nominada

Secretaria

de

por

el

Estado,

pretende que este Tribunal determine que por medio de la

votación

original

que

produjo

un

resultado

mayoritario

a

favor del consentimiento a su nominación ella adquirió un

interés o derecho propietario en dicho cargo.

Sostiene que

era improcedente una segunda votación, en reconsideración,

por el Cuerpo por tal motivo, por lo que el resultado de la

misma, de no conceder el consentimiento a su nominación, es

inválido.

Por ser incorrecta, como cuestión de derecho, tal

contención

no

justifica

reclamo

alguno

que

le

permita

sostener el tener y disfrutar de algún derecho frente al

MD-2005-4

21

Secretario de la Cámara de Representantes 23 . No expuso una

reclamación que, por su razón de pedir, la hiciera acreedora

a la concesión de un remedio.

Tampoco puede, como litigante

reclamar las prerrogativas legislativas

dos (2) legisladores.

de los referidos

Es improcedente el remedio solicitado

por la señora Pont Marchese a los efectos que este Tribunal

le ordene al Secretario de la Cámara de Representantes, como

un deber ministerial impuesto por ley, que certifique que

dicho Cuerpo ha consentido a su nominación como Secretaria

de

Estado

porque

ella

adquirió

un

interés

o

derecho

propietario en dicho cargo como resultado de la votación

original, o porque, en representación de los referidos

dos

(2)

legisladores

derechos

y

de

mayoría,

prerrogativas,

ella

y

pueda

reclamar

sus

alegadamente

vindicar

la

voluntad mayoritaria de la Cámara de Representantes.

El Honorable Héctor Ferrer Ríos, portavoz de la minoría

del

Partido

Popular

Democrático

Representantes,

pretende

ante

prerrogativas

dos

Partido

de

Nuevo

oportunamente

(2)

la

Cámara

de

Tribunal

reclamar

las

mayoría

del

legisladores

Progresista,

remedio

este

en

alguno

de

la

estos

no

reclamaron

Presidente

y

al

cuando

al

Cuerpo,

mediante los mecanismos del procedimiento parlamentario, ni

tampoco

Tribunal

23

ante

este

revise

la

Tribunal.

Pretende,

interpretación

que

además,

el

que

este

Presidente

le

La improcedencia de la pretensión de la señora Pont

Marchese es discutida ampliamente más adelante, en el

análisis de la existencia o no de legitimación para ser

actora y promovente del recurso de mandamus.

MD-2005-4

22

brindó

al

Reglamento

de

la

Cámara

de

Representantes,

al

atender su planteamiento, y que él no apeló ante ese Cuerpo.

La expedición del auto de mandamus sólo procede cuando

“el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea

evidente y aparezca que no podrá dar ninguna excusa para no

ejecutarlo”.

El Tribunal podrá ordenar perentoriamente la

La petición deber ser juramentada24.

concesión del remedio.

No surge de los alegatos de la parte peticionaria cual es su

derecho

para

exigir

la

inmediata

ejecución

del

acto

pretendido, consistente en que el Secretario de la Cámara de

Representantes certifique el consentimiento del Cuerpo a la

nominación por el Gobernador de Puerto Rico a la señora

Marisara Pont Marchese como Secretaria de Estado.

surge

que

los

cumplimiento

aquí

de

peticionarios

tal

acto

a

le

ese

Tampoco

hubieren

exigido

el

funcionario,

antes

de

recurrir ante este Tribunal, y cual fue la respuesta del

mismo

para

entonces

ilustrar

al

Tribunal

sobre

la

injustificación del motivo para denegar su solicitud.

No debemos nunca considerar la expedición del auto de

mandamus cuando al así hacerlo se produzca, como resultado

neto,

una

intromisión

de

la

Rama

Judicial

procedimientos de otra rama de gobierno.

es

uno

inherentes

claro

al

constitucionales

24

que

involucra

ejercicio

de

la

Rama

las

Legislativa,

los

El presente caso

procedimientos

de

en

internos

prerrogativas

por

lo

que

una

Regla 55 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.

55.

MD-2005-4

23

intervención

de

republicana

Tribunal

de

en

este

Tribunal,

nuestro

gobierno.

este

asunto

laceraría

De

la

forma

intervenir

afectaría

los

este

derechos

constitucionales de los Representantes a la Cámara; entre

otros, la forma como ejercen su derecho al voto.

La alegación de la parte peticionaria a los efectos que

prevalece el principio de mayoría simple sobre el de mayoría

absoluta en la consideración por la Cámara de Representantes

de la nominación al cargo de Secretario(a) de Estado resulta

inmeritoria ante el hecho que ese Cuerpo negó, en forma

válida,

su

consentimiento

reconsideración.

posición

del

Discrepamos

Juez

este asunto.

Asociado

a

muy

señor

tal

nominación,

respetuosamente

Fuster

en

de

Berlingeri

la

sobre

Los legisladores de mayoría que expresaron que

no fue su intención votar, en reconsideración, en contra del

consentimiento a la nominación no utilizaron los mecanismos

que tenían disponibles en el Reglamento de la Cámara de

Representantes y en el Manual de Procedimiento Parlamentario

para requerir oportunamente un cambio de su voto, antes que

fuera contabilizado y anunciado. El planteamiento hecho por

el portavoz de la minoría del P.P.D. sobre tal asunto, y

resuelto

por

Cuerpo.

No

prerrogativas

protegidas.

el

Presidente

fueron

de

esos

no

fue

afectados

apelado

en

legisladores,

forma

por

éste

alguna

al

las

constitucionalmente

Tampoco fue afectada prerrogativa alguna del

Gobernador de Puerto Rico protegida por la Constitución de

Puerto Rico. No presenta para nosotros duda alguna que este

MD-2005-4

caso

24

involucra

procedimientos

internos

inherentes

al

ejercicio de las prerrogativas constitucionales de la Cámara

de Representantes.

La intervención de este Tribunal en este

asunto equivaldría a una supervisión sobre la forma como los

legisladores ejercen su derecho al voto.

III

CUESTION POLÍTICA

NO JUSTICIABILIDAD DE LAS CAUSAS

Consideramos que el asunto que plantea este caso, es uno

que no debe ser objeto de determinación judicial, por ser

una

cuestión

política.

La

autoridad

para

analizar

los

aspectos relacionados a la justiciabilidad de las causas,

nace del elemental principio de que los tribunales existen

únicamente

para

resolver

controversias

genuinas

surgidas

entre partes opuestas, que tienen interés real en obtener un

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas. 25 Los

tribunales nos imponemos las limitaciones que emanan de esa

doctrina para, entre otras cosas, observar y garantizar el

justo balance que se requiere de las distintas ramas de

gobierno

en

la

administración

de

la

cosa

pública.

El

análisis de este principio es, por lo tanto, imperativo y

necesario

poderes.

25

dentro

Las

de

nuestro

limitaciones

que

sistema

surgen

de

de

separación

éste

imponen

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).

de

un

MD-2005-4

25

mínimo de condiciones para el ejercicio discreto y tolerable

de

un

poder

que,

de

otro

modo,

constituiría

una

clara

amenaza para la calidad democrática de nuestro sistema.26

La aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al

principio de justiciabilidad determinan la jurisdicción de

los

tribunales,

particularmente

con

relación

a

las

controversias que se le presentan, al amparo de los derechos

que

garantiza

nuestra

Constitución

y

la

democracia

que

instrumenta. Se trata, pues, de una cuestión de umbral que

debemos analizar ante las controversias que nos ocupan.27

La doctrina de cuestión política, según desarrollada en

la jurisdicción federal, surge de consideraciones sobre el

principio constitucional de separación de poderes. 28 Si en un

caso hay presente una cuestión política, el caso no será

justiciable, y el tribunal debe abstenerse de adjudicarlo.

La doctrina de cuestión política plantea, en esencia, que

hay

asuntos

que

no

son

susceptibles

de

determinación

judicial, porque su resolución corresponde a las otras ramas

del

Gobierno,

la

Legislativa

o

Ejecutiva,

o

en

última

instancia al electorado.29

Una cuestión política no es susceptible de determinación

judicial, porque su resolución corresponde propiamente al

26

Íd., pág. 597.

27

P.P.D. v. Peña Clos I, 140 D.P.R.779 (1996).

28

Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 210 (1962).

29

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra, pág. 422.

MD-2005-4

26

proceso político de gobierno, que se produce en las otras

dos (2) ramas, y no al Poder Judicial.30

Los criterios judiciales para determinar qué constituye

una cuestión política son:

(A)

La

Constitución

delega

expresamente

el

asunto

en

controversia a otra rama del Gobierno.

(B) No existen criterios o normas judiciales apropiadas

para resolver la controversia.

(C) Resulta imposible decidir sin hacer una determinación

inicial de política pública que no le corresponde a los

tribunales.

(D) Resulta imposible tomar una decisión sin expresar una

falta

(E)

de

Hay

respeto

una

hacia

necesidad

otra

poco

rama

usual

de

de

gobierno.

adherirse

sin

cuestionar a una decisión política tomada previamente.

(F)

Hay

el

potencial

de

confusión

proveniente

de

pronunciamientos múltiples de varios departamentos del

Gobierno sobre un punto.31

Sobre este tema expresan Rotunda y Nowak lo siguiente:

The

political

question

doctrine-which

holds that certain matters are really

political in nature and best resolved by

the body politic rather than by courts

exercising

judicial

reviewis

[sic]

a

misnomer. It should more properly be

called the doctrine of nonjusticiability,

30

Silva v. Hernández Agosto, supra; Santa Aponte v. Srio.

del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977); Powell v. McCormack, 395

U.S. 486 (1969).

31

Baker v. Carr, supra; reafirmado en nuestra jurisdicción

en Silva v. Hernández Agosto, supra.

MD-2005-4

27

that is, a holding that the subject matter

is

inappropriate

for

judicial

consideration. An important consequence of

the political question doctrine is that a

holding of its applicability to a theory

of

a

cause

of

action

renders

the

government conduct immune from judicial

review.

Unlike

other

restrictions

on

judicial review-doctrines such as case or

controversy

requirements,

standing,

ripeness and prematurely, abstractness,

mootness, and abstention-- all of which

may

be

cured

by

different

factual

circumstances,

a

holding

of

nonjusticiability

is

absolute

in

its

foreclosure

of

judicial

scrutiny. 32

(Énfasis suplido).

Hemos

expresado,

aludiendo

al

profesor

Raúl

Serrano

Geyls, que existen tres (3) vertientes de la doctrina de

cuestión política, a saber: (1) la que requiere que los

tribunales

no asuman

jurisdicción sobre un asunto, porque

éste ha sido asignado textualmente por la Constitución a

otra

rama

del

Gobierno;

(2)

aquella

según

la

cual

los

tribunales deben abstenerse de intervenir, bien porque no

existen criterios de decisión susceptibles de descubrirse y

administrarse por los tribunales, o bien por la presencia de

otros factores análogos, y (3) la que aconseja la abstención

judicial por consideraciones derivadas de la prudencia.33

Si la Constitución confiere una facultad expresa a una

rama de gobierno y ésta es de naturaleza política, no estará

sujeta

a

revisión

judicial,

salvo

que

se

ejecute

32

1 Rotunda y Nowak, Treatise on Constitutional Law:

Substance and Procedure 3er ed., Sec. 2.16(a), págs. 311-312

(1999).

33

C.E.S. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83, 102 (1994); Noriega

Rodríguez v. Hernández Colón, supra.

MD-2005-4

28

incorrectamente afectando derechos constitucionales de igual

jerarquía.34

Lo realmente importante en los casos que encierran la

doctrina de cuestión política, es el análisis sobre si una

cláusula

constitucional

provee

derechos

que

puedan

ser

compelidos mediante una acción judicial.35

La doctrina de cuestión política debe ser aplicada en

términos funcionales, a tenor con los hechos específicos de

cada caso en particular. La doctrina no es aplicable cuando

existen

derechos

constitucionales

individuales

importantes

que serían afectados si el Poder Judicial no actúa.36

Como regla general, la doctrina de cuestión política

impide

la

revisión

judicial

de

asuntos

cuya

resolución

corresponde a las otras ramas políticas del Gobierno o al

electorado. 37 En Silva v. Hernández Agosto, supra, reiteramos

nuestros pronunciamientos anteriores y expresamos que "ante

reclamos de cuestión política hemos reafirmado el poder de

los

tribunales

de

ser

los

intérpretes

finales

de

los

contornos de la Constitución, y para determinar si los actos

34

Silva v. Hernández Agosto, supra; United States v. Nixon,

418 U.S. 683 (1974); Powell v. McCormack, supra; R. Serrano

Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto

Rico, San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986,

Vol. I, págs. 697-698.

35

L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da. Ed., Nueva

York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 98 y 106.

36

Véase F.W. Scharpf, Judicial Review and The Political

Question: A Functional Analysis, 75 Yale L.J. 566-597

(1966); Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R. 497 (1994).

37

Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra.

MD-2005-4

de

29

una

rama

de

gobierno

exceden

su

autoridad

constitucional."38

La controversia ante nos presenta una cuestión política,

que

no

es

justiciable.

La

actuación

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico está dentro de los poderes

delegados

por

la

Asamblea

Constituyente

gobierno.

No

encontramos

en

incorrecto

de

su

constitucional.

autoridad

tal

a

esa

rama

actuación

un

ejercicio

Dicho

de

Cuerpo

legislativo se limitó a ejercer su facultad de considerar la

nominación

al

cargo

de

Gobernador

de

Puerto

prevaleció

el

Secretario(a)

Rico.

criterio

una

mayoritario

consentimiento

a

votación,

reconsideración,

en

la

En

de

referida

Estado,

primera

de

nominación.

prevaleció

por

votación

conceder

En

el

la

el

el

segunda

criterio

mayoritario contrario, de no conceder el consentimiento a la

misma.

Este último fue certificado por el Secretario del

Cuerpo al Gobernador de Puerto Rico, como deber ministerial

impuesto por el Reglamento de la Cámara de Representantes de

Puerto Rico.

IV

LEGITIMACIÓN ACTIVA

Tenemos la obligación ineludible de cerciorarnos de que las

partes que promueven la controversia ante nos están particular

e individualmente capacitados para así hacerlo, y de que su

interés es uno de tal naturaleza que, con toda probabilidad,

38

United States v. Nixon, supra.

MD-2005-4

30

habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente, y habrá

de

traer

a

la

atención

del

tribunal

las

cuestiones

en

controversia.39

La

doctrina

promovente

de

de

legitimación

la

acción

activa

demuestre

que

exige

que

el

cumple

con

determinados requisitos indispensables, a saber: (1) que ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real,

inmediato y preciso y no uno abstracto e hipotético; (3) que

la

causa

de

acción

debe

surgir

bajo

el

palio

de

la

Constitución o de una ley; y (4) que exista una conexión

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada.40

¿Tiene el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador de

Puerto Rico legitimación activa para presentar el recurso de

mandamus ante nos?

negativa.

Contestamos dicha interrogativa en la

El Gobernador no ha establecido y demostrado los

requisitos indispensables, que establecen la doctrina, para

acreditar

su

legitimidad

como actor promovente del

recurso de mandamus presentado.

Tribunal

cual

de

sus

No ha ilustrado a este

prerrogativas

constitucionales

como

Primer Ejecutivo a sido violentada por la actuación de la

Cámara de Representantes.

No ha demostrado cual es el “daño

claro y palpable” a cualquiera de esas prerrogativas, que

sea “real, inmediato y preciso”.

39

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra; Hernández

Agosto v. Romero Barceló, supra.

40

Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra; Hernández

Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992); Hernández

Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992).

MD-2005-4

31

¿Tiene

activa

para

la

señora

Marisara

presentar

el

Pont

recurso

Marchese

de

legitimación

mandamus

ante

nos?

Contestamos dicha interrogante en la negativa.

La señora

Pont

o

Marchese

propietario,

no

adquirió

un

valor,

constitucionalmente

interés

protegido,

a

derecho

través

del

proceso de su nominación, por el Gobernador de Puerto Rico,

y el de consejo y consentimiento en el Senado y la Cámara de

Representantes.

Por lo que no ha sufrido un “daño claro y

palpable que sea real, inmediato y preciso”. Veamos.

Apoyándose en lo resuelto por el Tribunal Supremo de

Estados

Unidos

en

U.S.

v.

Smith 41 ,

y

en

una

alegada

similitud fáctica entre dicho caso y el que nos ocupa, la

señora Marisara Pont Marchese arguye, que una vez la Cámara

de

Representantes

prestó

su

consentimiento,

en

votación

original, a su nominación como Secretaria de Estado, ésta

adquirió un interés o derecho propietario en el cargo al

que fue nominada. Alega que la segunda votación del Cuerpo,

en

reconsideración,

resultó

improcedente

y

carente

de

validez jurídica. Sostiene que, en su lugar, procedía que

el recurrido, Secretario de la Cámara de Representantes,

certificara inmediatamente al Gobernador de Puerto Rico el

resultado de la votación original emitida por el Cuerpo de

24-16, a favor del consentimiento a la nominación.

Contrario a lo aducido como precedente por la parte

peticionaria, el cuadro fáctico de U.S. v. Smith, supra,

41

286 U.S. 6, 52 S.Ct. 475 (1932).

MD-2005-4

32

resulta, en varios extremos medulares, disímil a los hechos

ante nos. Veamos.

En

U.S.

v.

Smith,

el

supra,

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos acogió un auto de certificación procedente

de

la

Corte

de

Apelaciones

del

Distrito

de

Columbia,

concerniente a un recurso de quo warranto interpuesto por

el

Senado

Smith

federal

ocupaba

presidente

de

cuestionando

legalmente

la

si

la

“Federal

el

señor

posición

Power

de

George

Otis

miembro

Commission”. En

y

primera

instancia, la Corte Suprema del Distrito de Columbia emitió

una

sentencia

denegando

el

referido

recurso

de

quo

warranto; subsiguientemente, el Senado apeló a la Corte de

Apelaciones del Distrito de Columbia, la cual certificó el

asunto

ante

el

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos.

Los

hechos que dieron margen al citado caso son los siguientes:

El 3 de diciembre de 1930, el Presidente de Estados

Unidos, Herbert Hoover, envió al Senado, para su consejo y

consentimiento, la nominación del señor George Otis Smith

como miembro de la “Federal Power Commission”. El 20 de

diciembre

de

ese

año,

en

concedió

el

consentimiento

sesión

a

votación mayoritaria de 38 a 22.

tal

ejecutiva,

nominación

el

Senado

mediante

Ese mismo día el Senado

ordenó que la Resolución emitida sobre esos extremos fuera

notificada al Presidente. La Resolución fue emitida tarde

en la noche del mismo día y, a renglón seguido, el Senado

levantó la sesión.

MD-2005-4

33

El 22 de diciembre de 1930, el Secretario del Senado

notificó

al

Presidente

de

Estados

Unidos

la

referida

Resolución concediendo el consentimiento del Cuerpo a la

nominación.

Con

idéntica

fecha,

el

Presidente emitió

el

nombramiento; suscribió, y por conducto del Departamento de

Estado,

entregó

al

señor

Smith una

comisión

nombrándole

como miembro de la “Federal Power Commission”, designándole

presidente de la misma. Ese mismo día, el señor Smith juró

al

cargo

y

comenzó

a

descargar

enero

1931,

sus

deberes

como

comisionado.

El

5

de

de

día

en

que

continuó

la

celebración de la sesión ejecutiva del Cuerpo, un senador

que había votado inicialmente a favor de la nominación del

señor

Smith

presentó

una

moción

para

reconsiderar

la

votación original. También, se presentó otra moción para

que

el

Presidente

Secretario

del

notificada

sobre

de

Cuerpo

el

Estados

la

el

Cuerpo

y

el

Resolución

que

consentimiento

nominación del señor Smith.

por

Unidos

devolviera

le

había

concedido

al

sido

a

la

Ambas mociones fueron acogidas

Presidente

de

Estados

Unidos

fue

notificado de ello debidamente. El 10 de enero de ese mismo

año, mediante comunicación escrita, el Presidente informó

al Senado que rehusaba acceder a lo pretendido toda vez

que, tras recibir notificación formal del consentimiento

del

Cuerpo

nombramiento

funciones.

a

la

nominación,

al

señor

Smith

y

ya

había

extendido

el

le

había

asignado

sus

MD-2005-4

34

El 4 de febrero de 1931, la nominación del señor Smith

fue traída nuevamente ante la consideración del Senado, en

reconsideración.

En

esta

ocasión,

una

mayoría

de

los

senadores votó en contra de conceder el consentimiento. El

Presidente de Estados Unidos fue notificado de la acción

tomada por el Senado y, posteriormente, el referido Cuerpo

presentó

el

recurso

de

quo

para

warranto

cuestionar

el

derecho del señor Smith a permanecer en el cargo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a la

interrogante

propias

de

reglas,

si

el

Senado

ostentaba

el

federal,

poder

a

para

tenor

con

sus

reconsiderar

su

voto original de consentir a la nominación del señor Smith,

aún

cuando

la

Resolución

otorgando

el

consentimiento

ya

había sido notificada al Presidente y éste, actuando sobre

ésta,

había

extendido

el

nombramiento

y

el

señor

Smith

había prestado juramento al cargo y comenzado a ejercer las

funciones del mismo.

El

Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

confirmó

la

Sentencia de la Corte Suprema del Distrito de Columbia,

denegando

el

auto

de

quo

warranto.

Al

así

resolver,

determinó que el Senado había violado su propio reglamento,

por lo que estaba impedido de retirar en reconsideración,

el consentimiento otorgado a la nominación del señor Smith.

La disposición reglamentaria allí en controversia era la

Regla XXXVIII, la cual disponía, en su tercer y cuarto

acápite, lo siguiente:

3. When a nomination is confirmed or

rejected, any Senator voting in the

MD-2005-4

35

majority may move for a reconsideration

on the same day on which the vote was

taken, or on either of the next two days

of actual executive session of the

Senate; but if a notification of the

confirmation

or

rejection

of

a

nomination shall have been sent to the

President before the expiration of the

time within which a motion to reconsider

may be made, the motion to reconsider

shall be accompanied by a motion to

request the President to return such

notification to the Senate. Any motion

to reconsider the vote on a nomination

may be laid on the table without

prejudice to the nomination, and shall

be a final disposition of such motion.

4. Nomination confirmed or rejected by

the Senate shall not be returned by the

Secretary to the President until the

expiration of the time limited for

making a motion to reconsider the same,

or while a motion to reconsider is

pending unless otherwise ordered by the

Senate. (Énfasis suplido)

Examinada la disposición reglamentaria antes citada, el

Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que la cuestión

primordial a resolver no residía en la constitucionalidad

de la referida disposición en sí, sino en la interpretación

que a ella le había dado el Senado de Estados Unidos, en

aquella situación particular. A pesar de que el Tribunal

Supremo de Estados Unidos reconoció que al ejercer su poder

de revisión judicial debía otorgarle gran peso y deferencia

a las interpretaciones que el referido cuerpo legislativo

realizara

de

sus

propias

reglas,

siempre

y

cuando

las

aplicara dentro de los parámetros constitucionales, sostuvo

que

el

historial

demostraban

que

y

el

los

precedentes

Senado

tuviera

del

la

Cuerpo

no

facultad

constitucional para reconsiderar un voto de consentimiento

MD-2005-4

36

a una nominación después de que el nominado hubiera tomado

posesión de su cargo y comenzado a ejercer sus deberes.42

De

lo

antes

expuesto,

claridad,

que

el

invalidó

la

acción

consentimiento,

se

Tribunal

en

del

desprende,

Supremo

Senado

con

de

de

reconsideración,

meridiana

Estados

no

a

Unidos

conceder

una

su

nominación

previamente aprobada43. Sostuvo su decisión en que el Senado

no podía reconsiderar el voto concediendo el consentimiento

al señor Smith y rechazarlo, en reconsideración, luego que

una

notificación

consentimiento

formal

había

sido

del

Cuerpo

remitida

al

concediendo

Presidente

y

el

éste

había procedido a extender el nombramiento, a tenor con

ella.

Como

cuestión

reconsideración,

nombramiento,

el

de

hecho,

Presidente

suscrito

la

ya

comisión

al

momento

había

de

la

extendido

el

designando

al

señor

Smith y éste último había prestado juramento al cargo y

42

Con respecto a este particular, el máximo Foro judicial

federal manifestó en U.S. v. Smith, supra, pág. 48, lo

siguiente:

Even in the view most favorable to the

Senate’s contention they fall far short

of clear recognition of the power, never

heretofore

asserted

by

the

Senate

itself,

to

reconsider

a

vote

of

confirmation, after an appointee has

actually assumed office and entered upon

the discharge of his duties. (Énfasis

suplido)

43

La antigua Regla XXXVIII del Senado federal, supra,

autorizaba al referido Cuerpo a reconsiderar un voto

confirmando o rechazando una nominación, incluso cuando una

notificación de confirmación o rechazo hubiera sido enviada

al

Presidente

antes

de

que

expirara

el

término

reglamentario dispuesto para presentar una moción de

reconsideración.

MD-2005-4

37

comenzado

a

ejercer

Evidentemente,

éstas

sus

prerrogativas

no

son

como

comisionado.

las circunstancias

del

caso

ante nuestra consideración.

Por último, es de rigor puntualizar que el Tribunal

Supremo

otras

de

Estados

cosas,

en

Unidos

la

fundamentó

interpretación

su

decisión,

inconsistente

entre

que

el

Senado le impartió a sus propias reglas y en la formalidad

que debe observarse en las relaciones entre las diferentes

ramas

del

gobierno,

que

tienen deberes

concurrentes,

de

manera que cada rama pueda descansar en la notificación

formal y definitiva que reciba de una acción tomada por

otra

rama.

En

ningún

momento

el

máximo

Foro

judicial

federal hizo expresión alguna en su decisión, a los efectos

de

que

el

Senado

estuviera

impedido

de

reconsiderar

el

consentimiento otorgado a la nominación del señor Smith,

dentro

del

término

establecido

por

el

Reglamento

del

Cuerpo, porque éste hubiera adquirido un valor propietario

en el cargo para el que fue nominado, después de celebrada

la primera votación y antes de vencer el referido término

reglamentario para así hacerlo. No obstante, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos partió de la premisa inarticulada

que cuando se dan las circunstancias específicas acaecidas

en el caso del señor Smith, el funcionario adquiere un

interés o derecho propietario en el cargo.

MD-2005-4

38

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LEGISLADORES

Sobre el tema de la legitimación activa de legisladores

expresamos en Noriega Rodríguez v. Hernández Colón 44 , en el

1994, lo siguiente:

[C]on respecto al caso particular de los

legisladores,

existen

diversas

instancias

bajo las cuales este Tribunal, en el pasado,

le ha reconocido legitimación activa a un

legislador para incoar su acción. Se observa

que le hemos permitido defender un interés

individual

tradicional

vinculado

con

el

proceso legislativo e invocado frente a

funcionarios de dicho Cuerpo tanto en su

calidad individual de legislador como en

representación de un grupo de dicho Cuerpo. A

modo de ejemplo, en Santa Aponte v. Srio. del

Senado,

ante,

este

Foro

le

confirió

legitimación activa a un Senador de Distrito

para impugnar el intento de dicho cuerpo de

excluirle

de

su

escaño

mientras

se

determinaba

si

éste

había

sido

electo

válidamente. En Silva v. Hernández Agosto,

ante, también se permitió que unos Senadores,

en representación de una minoría política de

dicho

cuerpo,

cuestionaran

una

regla

senatorial que alegadamente coartaba sus

derechos constitucionales a participar en las

etapas esenciales y significativas de los

procesos investigativos o deliberativos en

las

comisiones

de

ese

cuerpo.

(Énfasis

suplido).

De igual manera, tradicionalmente se ha

reconocido

que

un

legislador

tiene

legitimación

activa,

como

representante

oficialmente autorizado por dicho cuerpo,

para

impugnar

una

actuación

ilegal

del

ejecutivo. En este contexto, también hemos

reconocido

que

un

legislador

tiene

legitimación activa para vindicar un interés

personal en el ejercicio pleno de sus

funciones

legislativas

afectadas

por

actuaciones u omisiones del poder ejecutivo.

Tribe, op. cit., pág. 150. Ejemplo de lo

antes expuesto lo es el caso de Hernández

Agosto v. Romero Barceló, ante. Allí el

Presidente del Senado, autorizado por una

44

135 D.P.R. 406, 427-431 (1994).

MD-2005-4

39

resolución

de

dicho

Cuerpo,

radicó

un

mandamus para ordenar al Gobernador a enviar

al Senado, para su consejo y consentimiento,

las nominaciones de aquellos funcionarios del

Gabinete

gubernamental

que

éste

había

decidido retener para su segundo término en

la Gobernación. Este Tribunal le reconoció

legitimación activa, tanto en su capacidad de

Presidente del Senado para comparecer a

nombre del Cuerpo, así como en su carácter

individual de legislador, por entender que

como miembro del Senado, tenía "un legítimo

interés en participar en el ejercicio de la

función constitucional de ese cuerpo de

consejo y consentimiento. La omisión del

alegado deber del Gobernador de enviar la

nominación al Senado ciertamente le impediría

intervenir en el proceso de confirmación y

menoscabaría sus funciones constitucionales

como senador". Íd., pág. 415. Conforme a

ello, se concluyó que "los legisladores en su

condición

de

miembros

de

la

Asamblea

Legislativa tienen capacidad jurídica para

vindicar

sus

prerrogativas

y

funciones

constitucionales tales como, en este caso, la

participación de los miembros del Senado en

el

proceso

de

confirmación

alegadamente

menoscabada por el Gobernador". Íd., pág.

416.45 (Énfasis suplido).

Los requisitos exigidos a un legislador,

conforme

a

la

doctrina

de

legitimación

activa, fueron recientemente avalados por

este Tribunal en dos casos. En el primero de

éstos, Hernández Torres v. Gobernador, ante,

dos Representantes de la Cámara, por sí y en

representación de la entonces minoría del

Partido

Nuevo

Progresista

(en

adelante

P.N.P.)

de

dicho

cuerpo

legislativo,

impugnaron

la

constitucionalidad

de

la

Resolución Conjunta de Presupuesto de Mejoras

Capitales y Gastos de Funcionamiento del

Estado Libre Asociado (en adelante E.L.A.) en

45

Véanse, además: Nogueras Cartagena v.

Hernández Colón, 127 D.P.R. 638 (1991);

Nogueras Cartagena v. Hernández Colón, [127

D.P.R. 405 (1990)]; Peña Clos v. Cartagena

Ortiz,[114

D.P.R.

576

(1983)];

Nota,

Congressional Access to the Federal Courts,

[90 (Núm. 8) Harv. L. Rev. 1632, 1641-1642

(1977)].

MD-2005-4

40

defensa del interés público. Una mayoría de

este Tribunal determinó que los legisladores

promoventes no tenían legitimación activa

para impugnar una ley en representación de

sus votantes o del interés público en vista

de que el agravio alegado era uno de índole

general y no uno para vindicar un interés

personal vinculado con el ejercicio de sus

prerrogativas y funciones legislativas. Se

indicó que los legisladores, a base de un

perjuicio

general,

pretendían

que

los

tribunales revocaran una decisión aprobada

por mayoría en un proceso democrático en el

que

no

hubo

menoscabo

alguno

de

sus

prerrogativas legislativas, por lo que éstos

no podían trasladar al foro judicial el

debate legislativo en el que no pudieron

persuadir a sus colegas de los méritos de su

postura.

Íd.,

págs.

841-842.

(Énfasis

suplido).

En dicho caso, los demandantes alegaron,

como parte de sus prerrogativas legislativas

afectadas por la ley impugnada, "el derecho y

el deber de fiscalizar la obra pública y el

funcionamiento del Gobierno ...". Hernández

Torres v. Gobernador, ante, pág. 843. La

Opinión mayoritaria de este Tribunal rechazó

tal contención. A esos efectos, se concluyó

que tales prerrogativas no fueron lesionadas

dado

que

los

demandantes

ejercieron

su

función fiscalizadora a cabalidad en dicho

cuerpo;

éstos

tuvieron

los

instrumentos

necesarios e igualdad de oportunidades en

todas las etapas significativas del proceso

legislativo,

defendieron

sus

posturas

y

participaron a plenitud en el mismo. Íd.,

pág. 846.(Énfasis suplido).

En el subsiguiente caso de Hernández

Torres v. Hernández Colón et al., ante, la

demandante Hernández Torres, en su condición

de Representante a la Cámara, impugnó la

constitucionalidad de la Ley del Departamento

de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña (en

adelante D.A.C.P.). Alegó que la asignación

de fondos al D.A.C.P., por estar sito fuera

de los límites territoriales de la isla, "'le

est[aba]

causando

un

daño

inmediato

e

irreparable al pueblo de Puerto Rico'" y que

sus prerrogativas legislativas se estaban

viendo afectadas por tener que "'legislar

para

la

consideración

y

asignación

de

recursos a un departamento gubernamental

MD-2005-4

41

creado mediante la aprobación de

inconstitucional'". Íd., pág. 597.

una

ley

Nuevamente, una mayoría de este Tribunal

le

denegó

legitimación

activa

a

la

legisladora demandante.46 (Énfasis suplido).

Se reiteró la normativa sentada en el caso

previo a los efectos de que un legislador no

podrá acreditar su legitimación activa con sólo

alegar que sus prerrogativas legislativas se

veían afectadas por no permitírsele fiscalizar

adecuadamente la obra legislativa y se indicó

que esta función fiscalizadora sólo envolvía

"los mecanismos razonables y necesarios que

[hicieran] viabl[e] su participación plena en

todas

las

etapas

críticas

del

proceso

legislativo". Hernández Torres v. Hernández

Colón et al., ante, pág. 602. Conforme a ello,

se concluyó que no se le estaba causando un

daño claro e inmediato a las prerrogativas

legislativas de la demandante; que ésta no

estaba privada de ejercer su voto en contra de

aquella legislación que a su juicio fuera

perjudicial para el País ni de convencer a los

demás legisladores de los defectos de tal

legislación. Por lo que la demandante no podía

trasladar al foro judicial su intento fallido

en el proceso legislativo válido en aras de ser

allí victoriosa debido a que ello tendría el

efecto de trastocar la separación de poderes de

nuestra Isla. Íd., pág. 604. Dichas decisiones

46

Se señaló que para que un legislador ostente

legitimación activa en un pleito deberá: (1)

demostrar que ha sufrido un daño claro e

inmediato a sus prerrogativas legislativas; (2)

demostrar que no se trata de prerrogativas

abstractas ajenas al ejercicio de sus funciones

legislativas

sino,

más

bien,

aquellas

prerrogativas que tiene todo legislador a

ejercitar plenamente su derecho constitucional

a legislar según dispuesto por la Sec. 1 del

Art. III de nuestra Constitución, L.P.R.A.,

Tomo 1, y (3) probar la conexión entre el daño

sufrido y la acción que pretende ejercitar, no

pudiendo basar sus alegaciones en que acude al

tribunal

en

representación

de

sus

constituyentes

para

vindicar

un

interés

general. Hernández Torres v. Hernández Colón et

al., [131 D.P.R. 593, 600-601 (1992)]. (Énfasis

suplido).

MD-2005-4

42

constituyen

la

norma

imperante

jurisdicción. (Énfasis suplido).

en

Jarabo, 47

en

En

Noriega

Rodríguez

v.

esta

el

1994,

éste

Tribunal reconoció legitimación activa a dos(2) legisladores

de minoría para impugnar la entonces vigente Regla XXXIII,

incisos 5-6 del Reglamento de la Cámara de Representantes,

1982, página 1, que requería el consentimiento mayoritario

del Cuerpo para

que un legislador pudiera abstenerse de

votar en un asunto,48, por

alegadamente

violarse

sus

prerrogativas

y

funciones

legislativas, protegidas por la Constitución de Puerto Rico.

Allí concluimos que la Constitución de Puerto Rico no crea

derechos de rango constitucional a favor de la abstención de

los legisladores en la votación de los proyectos de ley.

Concluimos,

además,

que

la

abstención

en

las

votaciones

legislativas

es

materia

regulada

por

las

normas

una

derecho parlamentario y por las

47

de

reglas internas de cada

136 D.P.R. 497 (1994).

48

La Regla XXXIII, incisos 5 y 6 del Reglamento de la

Cámara de Representantes, 1982, págs. 72-73, dispone:

5. Todo representante estará obligado a

emitir su voto en los asuntos sometidos a

votación y si tiene en ellos interés personal

directo deberá abstenerse de votar.

Podrá

abstenerse con el consentimiento mayoritario

de

la

Cámara,

por

razones

de

alta

trascendencia

moral

o

cuando

no

esté

preparado, por desconocimiento del asunto en

discusión, para emitir su voto.

6. La Cámara a solicitud de cualquier

Representante, resolverá sin debate cuándo

una cuestión debe ser considerada de alta

trascendencia moral, una vez explicada ésta

por el Representante. (Énfasis suplido).

MD-2005-4

43

Cuerpo

legislativo.

Expresamos

que,

la

sabiduría,

la

eficiencia o la justicia de las reglas parlamentarias de las

Cámaras Legislativas de Puerto

Rico no son materia para

juzgarse

si

por

los

tribunales

no

se

han

violado

prerrogativas y funciones de los legisladores, protegidas

por la Constitución de Puerto Rico, ni existe infracción

constitucional alguna.

Este Tribunal se ha expresado ampliamente, a través de

los años, sobre el tema de la legitimación activa de los

legisladores. En Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R.

824 (1992), de aquí en adelante Hernández Torres I, y en

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992),

de aquí en adelante Hernández Torres II, este Tribunal, en

el año 1992, adoptó una doctrina de legitimación activa

aplicada

a

los

legisladores,

que

resultó

diferente

al

criterio que había aplicado en época reciente y anterior a

ese año.

En el caso de Hernández Torres I este Tribunal no

reconoció legitimación activa a legisladores de minoría en

la Cámara de Representantes para impugnar ante el Tribunal

de Primera Instancia, mediante un procedimiento de sentencia

declaratoria

e

injunction

permanente,

la

presunción

de

validez de la Resolución Conjunta de Presupuesto de Mejoras

Capitales

y

Gastos

de

Asociado

de

Puerto

Rico

funcionamiento

para

el

del

año

Estado

fiscal

Libre

1991-1992,

Resolución Núm. 163 de 10 de agosto de 1991, aprobado por la

mayoría parlamentaria de ese Cuerpo.

Los legisladores de

minoría plantearon ante el Tribunal de Primera Instancia que

MD-2005-4

44

tal

actuación

de

la

inconstitucional

por

crear

momento

de

su

mayoría

un

aprobación.

parlamentaria

presupuesto

En

Hernández

era

deficitario

Torres

II

al

este

Tribunal no reconoció legitimación activa a legisladores de

minoría para impugnar la presunción de validez de la Ley

Núm. 58 de 16 de agosto de 1989 mediante la cual se creó el

Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña, 49

para prestar servicios a los puertorriqueños domiciliados en

el estado de Nueva York.

Dicha agencia, a la cual se le

asignaban fondos públicos, estaba destinada a “...ayudar a

la comunidad puertorriqueña que vive y se desempeña en los

Estados Unidos, incluyendo a

los

trabajadores

agrícolas

inmigrantes,

en

su

lucha

por

alcanzar la calidad de vida material y espiritual que le

dignifique

y

enorgullezca...

así

como

el

fortalecer

los

mecanismos que le habrán de permitir procurarse ella misma

los medios para la convivencia digna en aquel medio social”.

Los casos de Hernández Torres I y II dieron margen a la

formulación de una doctrina de legitimación activa que no

existía previamente. En el 1994, este Tribunal emitió las

decisiones en Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra, y

en Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra.

Escasamente dos (2)

años después, este Tribunal puso a prueba, en esos casos, la

norma

sentada

en

Hernández

Torres

I

y

II.

En

Noriega

Rodríguez v. Hernández Colón, supra, el pleito surgió como

49

Derogada por la Ley Núm. 6 del 15 de abril de 1993,

puesta en vigor el 1 de julio de dicho año.

MD-2005-4

45

consecuencia

de

la

Puerto

de

permitir,

Rico

negativa

fondos

del

entonces

por

ser

su

del

“barril

desembolso

de

los

dispuesto

en

Resoluciones

Conjuntas

efectos.

Los

legisladores

de

Gobernador

de

prerrogativa,

el

de

tocino”,

aprobadas,

mayoría

de

la

según

a

esos

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico, del mismo partido político

del entonces Gobernador, presentaron un recurso de mandamus

contra el Gobernador y contra la Administración de Servicios

Municipales, agencia del ejecutivo encargada de los fondos

del “barril de tocino”.

Por otro lado, el Representante a

la Cámara, Honorable David Noriega Rodríguez, miembro de uno

de los partidos de minoría, aunque había votado a favor de

una

de

las

resoluciones

aprobadas

en

ambas

Cámaras,

en

acción separada impugnó la validez constitucional de ambas.

Este Tribunal resolvió, a tenor con Hernández Torres I y II

que

el

legislador

de

minoría,

Honorable

David

Noriega,

carecía de legitimación activa, porque no demostró haber

sufrido

un

funciones

daño

claro

y

legislativas.

palpable

Resolvió

a

sus

prerrogativas

y

que

los

legisladores

de

mayoría, Representantes a la Cámara por Distrito, tenían

legitimación activa porque eran beneficiarios o receptores

de esos fondos, a tenor con la ley, y mediante su desembolso

adelantaban

la

obra

de

sus

distritos.

Este

Tribunal

concluyó, que la actuación del entonces Gobernador les había

causado

a

los

referidos

legisladores

grave

daño

a

sus

prerrogativas legislativas al no permitirles adjudicar los

fondos que por ley les correspondía distribuir.

MD-2005-4

46

¿Tiene el Honorable Héctor Ferrer Ríos, portavoz de la

minoría

parlamentaria

por

el

Partido

Popular

Democrático

legitimación activa para presentar el recurso de mandamus

ante nos?

Contestamos dicha interrogante en la negativa.

El portavoz de la minoría del P.P.D. no ha establecido ni

acreditado en ninguno de los alegatos presentados ante nos,

ni ha demostrado en forma alguna que la actuación de la

Cámara

de

violentado

Representantes

sus

le

haya

limitado,

infringido

y

funciones

legislativas,

prerrogativas

constitucionalmente

protegidas.

Lo

que

si

ha

o

quedado

ampliamente demostrado es que este legislador no utilizó los

mecanismos que

tenía disponibles en el Reglamento de la

Cámara de Representantes y en el Manual de Procedimiento

Parlamentario para traer su planteamiento a la consideración

del Cuerpo. Ese era el foro constitucionalmente autorizado

para resolverlo, mediante apelación.50

50

La sección 42.5 de la Regla 42 del Reglamento de la

Cámara de Representantes, la cual reconoce el derecho de

apelación al Cuerpo, dispone lo siguiente:

Los Representantes tienen derecho a

apelar ante la Cámara las decisiones del

Presidente en cuanto a cuestiones de

orden. La apelación será planteada por

el

Representante

que

hiciere

el

planteamiento de orden inmediatamente se

conozca la decisión.

Al solicitarse la apelación, a menos que

la

Cámara

decida

otra

cosa,

el

Presidente podrá conceder un turno a

favor y uno en contra, de cinco (5)

minutos

cada

uno,

para

que

los

Representantes se expresen sobre la

misma. La apelación se resolverá por

(Continúa . . .)

MD-2005-4

47

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE UN LITIGANTE PARA RECLAMAR

DERECHOS DE TERCEROS

Un litigante no puede, como regla general, impugnar la

constitucionalidad

de

una

ley,

reglamento

o

actuación

gubernamental aduciendo que la misma infringe los derechos

constitucionales de terceras personas.

Se ha reconocido,

como excepción, a un litigante su facultad de reclamar los

derechos

constitucionales

de

terceros,

cuando

concurren

ciertas y determinadas circunstancias.51

Al

determinar

sobre

la

legitimación

activa

de

un

litigante para cuestionar la constitucionalidad de una ley,

reglamento, o de una actuación administrativa, al amparo de

los derechos de terceras personas, un tribunal deberá quedar

satisfecho plenamente de que dicho litigante cumple con los

cuatro (4) elementos o factores siguientes: (a) el interés

del litigante; (b) la naturaleza del derecho invocado; (c)

la relación existente entre el

litigante y las terceras

personas; y, (d) la factibilidad de que los terceros puedan

hacer valer tales derechos en una acción independiente.52

¿Tiene el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador de

Puerto Rico, la señora Marisara Pont Marchese y el Honorable

_________________________

mayoría de los Representantes presentes.

(Énfasis suplido).

Sobre el derecho a apelar las decisiones del presidente

del cuerpo deliberativo con respecto a las cuestiones de

orden, véase, además, Mason, op. cit., págs. 179-84.

51

Col. Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, 124,

D.P.R. 559, 565 (1989); Zachry International v. Tribunal

Superior, 104 D.P.R. 267, 271 (1975).

52

Íd.

MD-2005-4

48

Héctor Ferrer Ríos, portavoz de la minoría parlamentaria

en

la Cámara

Partido

de

Representantes,

Popular

litigantes,

Democrático,

para

reclamar

por

el

legitimación

los

derechos

activa,

y

como

prerrogativas

legislativas del Honorable Francisco González y el Honorable

Bernardo

Vázquez,

ambos

legisladores

de

mayoría

por

el

Partido Nuevo Progresista en dicho Cuerpo? La contestación

es

en

la

negativa.

peticionarios,

legítimo

ni

Gobernador

como

El

interés

litigantes

constitucionalmente

de

Puerto

Rico

y

de

los

ante

este

Foro,

no

es

válido.

El

interés

del

señora

Pont

Marchese

se

la

reduce y reside en prevalecer sobre la mayoría parlamentaria

en ese Cuerpo en una pugna que surge del ejercicio del

Primer Ejecutivo de su “poder de nominación” y el ejercicio

de

ese

Cuerpo

legislativo

de

su

“poder

de

consejo

y

consentimiento”. El interés del Honorable Héctor Ferrer Ríos

se reduce y reside en prevalecer sobre la decisión de la

mayoría parlamentaria de no consentir, en reconsideración, a

la nominación de la señora Pont Marchese como Secretaria de

Estado, planteando la violación

legisladores

de

mayoría

de

a los referidos dos (2)

sus

alegadas

prerrogativas

legislativas.

La naturaleza del derecho invocado por los peticionarios

reside, fundamentalmente, en las alegadas prerrogativas y

funciones legislativas de los referidos dos (2) legisladores

de mayoría, que no reclamaron oportunamente ningún remedio

al

Cuerpo,

mediante

los

mecanismos

reglamentarios

MD-2005-4

49

disponibles.

No existe relación vinculante alguna entre los

peticionarios,

como

litigantes,

y

los

referidos

dos

(2)

legisladores de mayoría, para que puedan reclamar ante este

Tribunal sus derechos y prerrogativas.

que

pueden

reclamar

legislativas

ante

el

Ellos son los únicos

oportunamente

foro

sus

legislativo;

y

prerrogativas

aquellas

otras

protegidas constitucionalmente ante los Tribunales, bajo la

doctrina de legitimación activa de legisladores adoptada por

este Tribunal en Hernández Torres I y II.

V

El asunto ante nos, como mucha de la litigación reciente

en Puerto Rico, tiene su génesis

en

las

pugnas entre

las

élites que gobiernan y ejercen el poder político en las

ramas políticas, o entre sectores de una misma élite. El

creciente número de casos, sobre estos temas, presentados

ante este Tribunal demuestran claramente que la litigación

se

considera

por

algunos

sectores

políticos,

y

de

otra

índole, en el país como un método eficaz para adelantar sus

causas. Los beneficios que se derivan de éstos litigios por

quienes no son las partes ni sus abogados, es decir, el

pueblo en general son muy difíciles de estimar.

Estamos

conforme

Tribunal,

de

Estamos,

además,

con

denegar

al

conforme

el

resultado,

auto

con

para sostener tal denegatoria.

conforme

con

el

curso

utilizados

para

atender

de

de

a

que

llega

el

mandamus

solicitado.

fundamentos

utilizados

No obstante,

no estamos

los

acción

separadamente

y

los

el

fundamentos

asunto

de

la

MD-2005-4

50

validez de los actos de la Cámara de Representantes, por

entender que son parte integral del criterio y fundamentos

que

tienen que ser utilizados para sostener la denegatoria

al auto de mandamus solicitado.

Por lo que concurrimos con

relación a esa última parte de la Opinión del Tribunal.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Aníbal Acevedo Vilá

y Otros

Peticionarios

vs.

MD-2005-4

Mandamus

José E. Meléndez Ortiz

Recurrido

Opinión Disidente

Berlingeri.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Fuster

San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2005.

Una

mayoría

del

Tribunal

deniega

el

mandamus

solicitado en el presente caso, y lo hace por dos

razones, ninguna de las cuales se refiere al asunto

medular planteado ante nos.

La controversia substantiva que dio lugar a este

caso es sencilla: ¿qué voto se requiere en la Cámara

de Representantes para confirmar a la persona que el

Gobernador

de

Puerto

Rico

ha

nombrado

a

la

elude

contestar

la

amparándose

en

dos

Secretaría de Estado?

La

mayoría

referida

del

Tribunal

controversia

fundamentos. El primero de ellos es que las partes

peticionarias

no

(“standing”)

para

tienen

traer

legitimación

dicha

activa

controversia

ante

nuestra consideración. En términos sencillos, esto

quiere

decir

que

la

mayoría

MD-2005-4

del

2

Tribunal

entiende

que

ninguno

de

los

peticionarios

tiene

suficiente interés en la controversia aludida como para solicitar

la intervención de este Tribunal.

Yo debo disentir enfáticamente de este primer fundamento.

Para

mí

al

menos

el

Gobernador

de

Puerto

Rico

tiene

clara

legitimación activa en este caso. El Gobernador tiene un interés

muy

particular

en

escoger

y

nombrar

a

la

persona

que

es

el

colaborador de más jerarquía de su gobierno; la persona que por

mandato

constitucional

lo

sustituye

como

Gobernador

en

las

situaciones correspondientes. El Gobernador ciertamente tiene un

gran interés en que el proceso de confirmación por la Cámara de

Representantes de su principal Secretario se realice debidamente.

La acción del Presidente de la Cámara de Representantes, que aquí

se impugna como errónea, menoscaba la autoridad del Gobernador

para escoger al Secretario de Estado de su preferencia, ya que tal

autoridad

apareja

que

el

proceso

de

confirmación

se

realice

debidamente. Por ello, el Gobernador sufre un daño específico

cuando su nombramiento es rechazado mediante un proceso errado. El

Gobernador, pues, tiene plena capacidad para invocar la protección

judicial en el caso de autos. Véase, Warth v. Seldin, 422 US 490

(1975).

Nótese que el caso de autos apareja precisamente un

conflicto entre el interés del Gobernador en que se confirme

la persona que

nombró al cargo de Secretario

de Estado y la

decisión del Presidente de la Cámara de Representantes de que

ese nombramiento no obtuvo votos suficientes para la

MD-2005-4

3

confirmación. La controversia trabada es entre el

Gobernador

y el Presidente de la Cámara de Representantes como protagonistas

centrales de la cuestión ante nos. Por así decirlo, ellos son los

dos contendientes reales en esta pugna. Por eso no tiene sentido

para

mí

que

este

Tribunal,

que

es

el

arbitro

en

dicha

controversia, resuelva que uno de los dos contendientes de ella no

tiene

legitimación

activa.

¿Cómo

es

posible

que

se

pueda

considerar que no tiene interés suficiente en la controversia

precisamente uno de los dos contendientes de ella?

El otro fundamento de la decisión de la mayoría del Tribunal

en este caso es igualmente problemático. Según la mayoría del

Tribunal, no procede el mandamus solicitado porque el nombramiento

en cuestión fue rechazado al obtener en reconsideración 20 votos a

favor y 22 votos en contra. Este fundamento constituye un falaz

argumento circular. En el presente caso, los peticionarios están

cuestionando precisamente si es válido el voto de reconsideración

supuestamente

adverso.

Por

ende,

planteamiento

meramente

reiterando

no

puede

que

hubo

denegarse

su

un

de

voto

reconsideración adverso. La cuestión de si tal reconsideración fue

válida,

no

puede

resolverse

afirmando

que

hubo

una

reconsideración. Ello no es fundamento alguno.

En resumen, las dos razones específicas en que se apoya la

mayoría del Tribunal para denegar el recurso solicitado por los

peticionarios

son

inadecuadas

y

defectuosas

en

lo

concierne, por lo que no puedo suscribir la decisión del

que

a

mí

MD-2005-4

4

Tribunal de ningún modo.

mayoritario

hay

una

Sin embargo, en el fondo del dictamen

consideración

de

gran

peso

que

amerita

ponderación. Veamos.

II

La doctrina de separación de poderes requiere sin lugar a

duda alguna que este Foro se mueva con pies de plomo cuando tiene

ante sí una cuestión relativa a una decisión legislativa sobre las

reglas y procedimientos de la Rama Legislativa. En virtud del

amplio

poder

que

le

Constitución

del

Estado

cámara

legislativa

otorga

para

la

Libre

Sección

Asociado

adoptar

las

4

del

de

Puerto

reglas

Art.

para

V

de

la

Rico

a

cada

sus

propios

procedimientos y gobierno interno, “debemos actuar con mesura,

respetando el criterio de otros cuerpos gubernamentales sobre la

extensión de sus propios poderes”. Noriega Rodríguez v. Jarabo,

136

D.P.R.

497,

circunspección

516

(1994).

judicial

que

Evidentemente,

hemos

la

reconocido

norma

antes

de

en

gran

casos

parecidos al de autos ha pesado mucho en la decisión mayoritaria

aquí.

Sin embargo, si penetramos al fondo de la particular disputa

ante

nos,

me

parece

claro

que

no

estamos

realmente

en

una

situación que requiera nuestra abstención de intervenir o nuestra

anuencia a la decisión impugnada.

Nótese, en primer lugar, que nuestra clara doctrina

aplicable aquí es la de deferencia judicial a la facultad

decisoria legislativa excepto cuando es menester que se

MD-2005-4

5

determine con finalidad la norma constitucional que rige el asunto

concreto. La norma de deferencia judicial referida parte de la

premisa de que “al ejercer su función de reglamentar, la Asamblea

Legislativa

no

puede

obviar

e

ignorar

las

limitaciones

constitucionales.” Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 56. Por

ello, al señalar antes los contornos de la separación de poderes

entre las tres ramas de gobierno, claramente pautamos también que:

“. . . cuando haya conflicto sobre el alcance de los

poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los

tribunales interven[drán] con prudencia y deferencia

para aclarar los contornos de la Constitución y

facilitar la resolución de las diferencias.” Id. pág.

57.

En el caso de autos, existe cuando menos una fundamental

diferencia

de

criterio

sobre

el

asunto

medular

de

si

la

confirmación por la Cámara de Representantes de la Secretaria de

Estado nominada por el Gobernador requiere un voto de mayoría

absoluta. Resolver con finalidad tal diferencia de criterio es

“función ineludible” de este Foro y hacerlo “no constituye una

indebida intromisión en los trabajos de la Rama Legislativa”.

Silva

v.

Hernández

Agosto,

supra,

pág.

57.

Desde

hace

varias

décadas ya, ha sido la firme doctrina constitucional en Puerto

Rico que son los tribunales los que tienen la responsabilidad que

no

se

puede

evadir

“de

interpretar

el

derecho

en

casos

de

conflicto entre las ramas gubernamentales, ya que éstas no pueden

convertirse en árbitros de sus propios actos” Noriega Rodríguez v.

Jarabo, 136 D.P.R. 497, 516 (1994); Peña Clós v. Cartagena Ortiz,

114 D.P.R. 576, 591 (1983); P.S.P v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 596

MD-2005-4

6

(1978); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759

(1977).

Debe

disputa

notarse

entre

el

que

con

respecto

Gobernador

y

el

al

asunto

Presidente

de

de

la

la

presente

Cámara

de

Representantes, no hay ninguna norma constitucional, estatutaria o

reglamentaria que directa y expresamente resuelva esta importante

disputa. Existe, pues, una laguna jurídica, que ha provocado una

fundamental diferencia de criterio entre la cabeza de la Rama

Ejecutiva

y

la

cabeza

de

una

de

las

cámaras

de

la

Rama

Legislativa. El único Foro que puede resolver jurídicamente esa

diferencia de criterio con finalidad es este Tribunal, y hacerlo

constituye

insoslayablemente

una

de

nuestras

funciones

principales. Por eso no puede considerarse de ningún modo que la

doctrina de separación de poderes nos requiere dar deferencia al

criterio del Presidente de la Cámara, aunque el asunto trate sobre

una facultad propia del cuerpo que preside. Sencillamente, el

Presidente

de

la

Cámara

de

Representantes

no

puede

obviar

o

ignorar las limitaciones jurídicas que puedan existir aun sobre

los poderes de gobierno interno de su Cámara. Y es al Tribunal

Supremo a quien le corresponde aclarar los contornos de tales

poderes. Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 517.

Por otro lado, debe destacarse que en el caso de autos,

existe

un

conflicto

jurídico

no

sólo

entre

el

Gobernador

Presidente de la Cámara de Representantes sino además entre los

y

MD-2005-4

7

adláteres de éste último y otro grupo bipartita de miembros del

cuerpo

legislativo

que

él

preside.

Entre

los

propios

representantes que integran la Cámara existe una honda división

sobre el asunto que aquí nos concierne, por lo que el sector que

ha

comparecido

como

parte

recurrida

aquí

difícilmente

puede

invocar para sí la deferencia a su postura que le corresponde a la

Rama Legislativa como tal. En otras palabras, nos toca decidir el

conflicto jurídico entre dos grupos de representantes, sin que

ninguno de ellos pueda reclamar que su particular interpretación

merece

más

deferencia

judicial

que

la

otra.

Evidentemente

la

doctrina de separación de poderes alude a las relaciones entre las

ramas de gobierno. Las deferencias y abstenciones de intervenir

que puedan derivarse de sus esenciales principios de respeto mutuo

y reciprocidad, atañen a las ramas propiamente. No aplican ni

pueden invocarse cuando el asunto trata de un conflicto intrarama, como es en gran medida el que aquí nos concierne. Nótese que

ni

siquiera

en

la

reconsideración

del

voto

de

confirmación

impugnado ante nos la parte recurrida obtuvo la mayoría de los

votos

de

supuesta

los

51

miembros

reconsideración

de

con

la

Cámara

voto

de

de

22-20

Representantes.

delata

una

La

honda

división en una de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, por

lo que ninguno de esos dos grupos de legisladores de la Cámara de

Representantes

puede

reclamar,

frente

al

otro

grupo,

que

su

criterio está protegido por una supuesta inmunidad que nace de la

doctrina de separación de poderes.

MD-2005-4

8

En resumen, pues, el caso de autos presenta una controversia

de

índole

constitucional

de

las

que

le

compete

resolver

con

finalidad precisamente a este Foro. Se trata de un asunto que no

podemos soslayar sin menoscabar a la vez nuestro rol fundamental

de ser el interprete final de la Constitución y nuestra importante

función de definir los contornos de las facultades respectivas del

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y de determinar la validez

de sus actos, Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra. Es por todo

lo anterior que estimo que la mayoría de este Tribunal ha errado

al soslayar resolver la controversia de fondo presente en este

caso.

III

Para concluir, debo expresar mi criterio sobre lo que debió

resolverse en este caso, considerado en sus méritos.

La norma que aquí nos concierne de modo medular, que dispone

cuál votación es necesaria para la confirmación de un Secretario

de

Estado—-mayoría

absoluta

o

simple—-no

está

directamente

consignada en la Constitución del E.L.A., pero mediante conocidos

principios

de

hermenéutica,

puede

establecerse

con

certeza.

Veamos.

Los

que

redactaron

nuestra

cabalidad

la

confirmación

legislativa

Gobernador

por

mayoría

absoluta

ley

de

fundamental

de

votos.

un

La

conocían

a

nombramiento

del

dispusieron

así

expresamente para la confirmación de la persona que el Gobernador

nombre al cargo de Contralor, en la Sección 22 del Art. III de la

MD-2005-4

9

Constitución. De modo expreso también dispusieron en la Sección 9

del Art. IV de ésta que se elegiría “por mayoría del número total

de

los

miembros

Gobernador

en

que

componen

casos

de

cada

vacante

cámara”

cuando

al

sucesor

del

tampoco

hubiese

un

Secretario de Estado. Más aun, en las discusiones en la Convención

Constituyente, uno de sus miembros más prominentes, el Procurador

General de Puerto Rico Víctor Gutiérrez Franqui, llegó a proponer

que el Secretario de Estado fuese confirmado por mayoría absoluta

de ambas cámaras legislativas (Véase, 3 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente pág. 2312, Equity, 1961).

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, al configurarse el

cargo de Secretario de Estado en la Constitución y ordenarse en la

Sección

5

del

confirmado

Art.

tanto

Representantes,

no

IV

de

ésta

que

por

el

Senado

se

dispuso

que

tal

Secretario

debía

ser

como

por

Cámara

de

sería

por

su

la

confirmación

mayoría absoluta. A pesar de que tal confirmación se propuso, y a

pesar de que tal confirmación o voto se dispuso para otros cargos,

no

se

adoptó

para

el

de

Secretario

de

Estado.

Evidentemente

prevaleció en la Convención Constituyente la idea de que no debía

hacerse

una

excepción

con

respecto

al

voto

necesario

para

la

confirmación del Secretario de Estado, por lo que este cargo debía

ser

tratado,

como

mencionó

un

miembro

de

la

Convención

Constituyente, el señor Iriarte, “como los demás secretarios del

gobierno”. (3 Diario de Sesiones, supra, pág. 2316). El historial

referido, y el hecho contundente de que el propio

MD-2005-4

10

texto constitucional no dispone un voto de mayoría absoluta para

la confirmación de los nombrados a este cargo, pero sí lo dispone

para

otras

posiciones,

constituye

prueba

clara

de

que

no

hay

requisito constitucional alguno de que el cargo de Secretario de

Estado requiere confirmación por mayoría absoluta de los miembros

de la Cámara de Representantes.

Con arreglo a lo anterior, es evidente que el Presidente de

la Cámara de Representantes no tenía fundamento constitucional

alguno para decidir como decidió el 9 de mayo de 2005 que la

votación de 24 a favor y 16 en contra para la confirmación de

Marisara Pont como Secretaria de Estado no era suficiente, porque

se requería un voto de mayoría absoluta; es decir, 26 votos a

favor. Como la Constitución no establece tal requisito, ni lo hace

ley o reglamento alguno, la decisión referida fue errónea, y así

debería resolverlo este Tribunal. La señora Pont recibió votos

suficientes para ser confirmada, por lo que este Tribunal debería

ordenarle

al

Secretario

de

la

Cámara

que

emita

la

resolución

correspondiente.

Es

cierto

posterior,

confirmación

en

que

el

9

de

mayo

reconsideración,

referida

fue

de

en

2005,

la

rechazada.

que

Pero

hubo

una

votación

alegadamente

tal

votación

la

en

reconsideración estuvo tan plagada de irregularidades que desde el

punto de vista jurídico no puede estimarse razonablemente que fue

una reconsideración eficaz. Nótese, en primer lugar, que dicha

reconsideración fue realizada al amparo de la errónea premisa de

que en la votación anterior no se había confirmado a la designada

MD-2005-4

11

Secretaria de Estado por no contar ésta con una mayoría absoluta.

El

móvil

mismo

para

realizar

la

reconsideración

aludida

fue

erróneo.

En segundo lugar, existe una disputa seria sobre cuál fue la

votación real en dicha reconsideración. La parte recurrida alega,

en esencia, que la votación fue registrada como 20 votos a favor

de la confirmación y 22 votos en contra. Sin embargo, la propia

parte recurrida admite que dos miembros del mismo partido del

Presidente de la Cámara expresaron en el hemiciclo después de la

votación referida que su intención había sido votar a favor de la

confirmación de la señora Pont, y no en contra como fue contado su

voto.

Así

que

es

evidente

que

el

verdadero

resultado

de

la

votación en reconsideración fue de 22 votos a favor y 20 en

contra, aunque no fue registrado así. Se trata de otra enorme

irregularidad, que debemos repudiar aunque los legisladores en

cuestión no hayan comparecido ante nos, ya que la propia parte

recurrida, como la recurrente, admite lo acontecido.

Finalmente, también se ha cuestionado si la reconsideración

aludida fue procesalmente válida, en vista de que el legislador

que la solicitó aparentemente no tenía facultad para hacerlo según

el Reglamento de la Cámara, por no haber sido uno de los que

prevalecieron

en

la

votación

reconsiderada;

y

luego,

dicho

legislador no participó en la reconsideración, que se solicita

precisamente cuando uno de la parte prevaleciente desea cambiar su

voto. Se alude, pues, a aun otras irregularidades, que invalidan

la reconsideración referida.

MD-2005-4

12

A la luz de todo lo anterior, no puede concluirse de ningún

modo razonable que fue válido el proceso mediante el cual se

determinó el 9 de mayo de 2005 que la nominada para el cargo de

Secretaria de Estado no fue confirmada. La certificación a tales

efectos emitida por el Secretario de la

Cámara no tiene ningún

fundamento constitucional válido, y es el producto de una madeja

de

errores

e

irregularidades.

Es

verdaderamente

lamentable

y

ominoso que una mayoría de este Tribunal le dé su aprobación. Lo

que procedía aquí era que se pautase el derecho aplicable, se

dejara sin efecto la certificación referida, y se ordenase al

Secretario

de

la

Cámara

de

Representantes

a

emitir

una

certificación de que la señora Pont había sido confirmada al cargo

de Secretaria de Estado. De otro modo, lo sucedido el 9 de mayo de

2005

pasará

a

la

historia

como

una

actuación

carente

de

legitimidad, avalada aun así por una mayoría de este Tribunal.

Como

no

estoy

conforme

con

este

proceder

judicial,

DISIENTO.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado

yo