Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Humberto J. Ramírez Ferrer
2005 TSPR 67
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Humberto J. Ramírez Ferrer
AB-2003-0193
La suspensión indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 67
Humberto J. Ramírez Ferrer
163 DPR ____
Número del Caso: AB-2003-193
Fecha: 6 de mayo de 2005
Abogado del Peticionario
Por Derecho Propio
Oficina del Procurador General
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 13 de mayo de 2005 fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata).
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Humberto J. Ramírez Ferrer
AB-2003-193
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2005
Luego de evaluar una queja que, contra el
Lcdo. Humberto J. Ramírez Ferrer, presentaran el
Sr.
Gipsy
Maldonado
Córdova
Oliveras,
Martínez
y
la
y
la
Sra.
Teresa
comparecencia
del
referido abogado, el Procurador General de Puerto
Rico nos rindió un informe, de fecha 16 de abril
de
2004,
en
el
cual
concluyó
“...que
el
querellado incurrió en violación al Canon 21 de
Ética Profesional.”
Mediante Resolución de 5 de mayo de 2004 le
concedimos
término
al
Lcdo.
Ramírez
Ferrer
“...para expresarse sobre el Informe presentado
por la Oficina del Procurador General.” Este no
compareció en cumplimiento de dicha Resolución.
2
AB-2003-193
El 16 de julio de 2004, le concedimos al Lcdo. Ramírez
Ferrer
un
segundo
término
“...para
expresarse
sobre
el
Informe del Procurador General”. El referido abogado tampoco
compareció. Mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, le
concedimos un nuevo término al Lcdo. Ramírez Ferrer “...para
mostrar
causa
por
la
cual
no
deba
ser
disciplinado
por
incumplir con nuestras Resoluciones de 5 de mayo y de 16 de
julio
de
2004,
acción
disciplinaria
que,
incluso,
puede
conllevar el desaforo”. (énfasis suplido).
En esta tercera ocasión, ordenamos que la Resolución
emitida
fuera
notificada
al
personalmente
Lcdo.
Ramírez
Ferrer por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Así se
hizo el 17 de febrero de 2005. Al día de hoy, el Lcdo.
Ramírez
Ferrer
no
ha
comparecido
cumplimiento
de
lo
ordenado.
transcurrido
en
exceso
de
ante
En
un
el
otras
(1)
año
Tribunal
en
palabras,
ha
sin
el
que
mencionado abogado se haya dignado a cumplir con nuestras
órdenes.
I
Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que un
abogado
ponga
en
riesgo
su
título
y
el
ejercicio
de
su
profesión por desacatar las órdenes que, con relación a su
conducta
profesional,
emita
este
Tribunal.
Nos
llama
la
atención la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta
a esta clase de situación. Somos del criterio que el tiempo
y esfuerzo invertido en obtener su grado académico, y los
3
AB-2003-193
sacrificios
que
conlleva
la
admisión
a
la
profesión,
deberían ser incentivos suficientes para que los miembros de
la
clase
togada
actúen
de
manera
distinta
ante
los
que
el
requerimientos que les hace este Tribunal.
En
reiteradas
ocasiones
hemos
expresado
compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un
orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr
la
más
completa
confianza
y
apoyo
de
la
ciudadanía,
se
extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas,
sino
también
a
la
jurisdicción
disciplinaria
de
este
Tribunal. In re Cuevas Vélez, res. el 30 de mayo de 2002,
2002 T.S.P.R. 108; In re Ríos Acosta, 143 D.P.R. 128 (1997).
Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza
pública de la profesión de abogado le impone a la clase
togada
la
obligación
de
observar
rigurosamente
los
requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se
trata
de
asuntos
consideración.
In
disciplinarios
re
Vázquez
sometidos
Santiago,
ante
res.
nuestra
el
20
de
que
el
diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 19.
En
ese
sentido
incumplimiento
por
emitidas
este
por
disciplinario,
distinta
imposición
a
los
de
es
parte
importante
de
un
Tribunal
constituye
méritos
sanciones
una
de
la
resaltar
abogado
con
las
órdenes
dentro
del
procedimiento
falta
ética
separada
y
que
conlleva
la
queja,
disciplinarias
severas.
1
Ello
1
In re Pérez Brasa, res. el 10 de diciembre de 2002, 2002
T.S.P.R. 46; In re Vázquez Santiago, res. el 20 de diciembre
(Continúa . . .)
4
AB-2003-193
considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento
con
nuestras
órdenes
en
la
esfera
disciplinaria
es
incompatible con el ejercicio de la abogacía.” In re Vargas
Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).
Como señaláramos en Colegio de Abogados de Puerto Rico
v.
Pizzini
res.
Arnott,
el
14
de
junio
de
2002,
2002
T.S.P.R. 103, el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso
de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura
del
buen
carácter
que
debe
profesión
legal.”
Dicho
exhibir
proceder
todo
miembro
constituye
un
de
la
acto
de
indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto
y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no
estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos
la
incomprensible
nuestro
foro
de
Guemárez
Santiago
y
obstinada
cumplir
I,
146
con
negativa
de
[nuestras]
D.P.R.
27,
28
un
miembro
órdenes.”
(1998);
In
de
re
véase,
además: In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).
II
La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el
Lcdo. Humberto J. Ramírez Ferrer ante la orden emitida por
este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que éste
no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho
_____________________
de 2001, 2001 T.S.P.R. 19; In re Figueroa Carrasquillo, res.
el 2 de enero de 2001, 2001 TSPR 11; In re López López, 149
D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998);
In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez
Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131
D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717
(1992).
5
AB-2003-193
proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal
que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
suspensión
indefinida
e
inmediata
Ferrer
ejercicio
de
la
del
de
abogacía
se
decreta
Humberto
J.
y
notaría
nuestra jurisdicción.
Se dictará Sentencia de conformidad.
de
la
la
Ramírez
en
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Humberto J. Ramírez Ferrer
AB-2003-193
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se decreta la suspensión
indefinida e inmediata de Humberto J. Ramírez Ferrer
del ejercicio de la abogacía y de la notaría en
nuestra jurisdicción.
Le imponemos a éste el deber de notificar a
todos sus clientes de su presente inhabilidad para
seguir representándolos, les devuelva cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados, e
informe oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del
País. Además, deberá certificarnos dentro del
término de treinta días, a partir de la notificación
de esta Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.
El Alguacil de este Tribunal procederá a
incautarse de la obra y sello notarial de Humberto
J. Ramírez Ferrer, luego de lo cual entregará los
mismos a la Oficina de Inspección de Notarías para
su examen e informe a este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo