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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Humberto J. Ramírez Ferrer

2005 TSPR 67

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Humberto J. Ramírez Ferrer

AB-2003-0193

La suspensión indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 67

Humberto J. Ramírez Ferrer

163 DPR ____

Número del Caso: AB-2003-193

Fecha: 6 de mayo de 2005

Abogado del Peticionario

Por Derecho Propio

Oficina del Procurador General

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 13 de mayo de 2005 fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata).

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Humberto J. Ramírez Ferrer

AB-2003-193

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2005

Luego de evaluar una queja que, contra el

Lcdo. Humberto J. Ramírez Ferrer, presentaran el

Sr.

Gipsy

Maldonado

Córdova

Oliveras,

Martínez

y

la

y

la

Sra.

Teresa

comparecencia

del

referido abogado, el Procurador General de Puerto

Rico nos rindió un informe, de fecha 16 de abril

de

2004,

en

el

cual

concluyó

“...que

el

querellado incurrió en violación al Canon 21 de

Ética Profesional.”

Mediante Resolución de 5 de mayo de 2004 le

concedimos

término

al

Lcdo.

Ramírez

Ferrer

“...para expresarse sobre el Informe presentado

por la Oficina del Procurador General.” Este no

compareció en cumplimiento de dicha Resolución.

2

AB-2003-193

El 16 de julio de 2004, le concedimos al Lcdo. Ramírez

Ferrer

un

segundo

término

“...para

expresarse

sobre

el

Informe del Procurador General”. El referido abogado tampoco

compareció. Mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, le

concedimos un nuevo término al Lcdo. Ramírez Ferrer “...para

mostrar

causa

por

la

cual

no

deba

ser

disciplinado

por

incumplir con nuestras Resoluciones de 5 de mayo y de 16 de

julio

de

2004,

acción

disciplinaria

que,

incluso,

puede

conllevar el desaforo”. (énfasis suplido).

En esta tercera ocasión, ordenamos que la Resolución

emitida

fuera

notificada

al

personalmente

Lcdo.

Ramírez

Ferrer por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Así se

hizo el 17 de febrero de 2005. Al día de hoy, el Lcdo.

Ramírez

Ferrer

no

ha

comparecido

cumplimiento

de

lo

ordenado.

transcurrido

en

exceso

de

ante

En

un

el

otras

(1)

año

Tribunal

en

palabras,

ha

sin

el

que

mencionado abogado se haya dignado a cumplir con nuestras

órdenes.

I

Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que un

abogado

ponga

en

riesgo

su

título

y

el

ejercicio

de

su

profesión por desacatar las órdenes que, con relación a su

conducta

profesional,

emita

este

Tribunal.

Nos

llama

la

atención la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta

a esta clase de situación. Somos del criterio que el tiempo

y esfuerzo invertido en obtener su grado académico, y los

3

AB-2003-193

sacrificios

que

conlleva

la

admisión

a

la

profesión,

deberían ser incentivos suficientes para que los miembros de

la

clase

togada

actúen

de

manera

distinta

ante

los

que

el

requerimientos que les hace este Tribunal.

En

reiteradas

ocasiones

hemos

expresado

compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un

orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr

la

más

completa

confianza

y

apoyo

de

la

ciudadanía,

se

extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas,

sino

también

a

la

jurisdicción

disciplinaria

de

este

Tribunal. In re Cuevas Vélez, res. el 30 de mayo de 2002,

2002 T.S.P.R. 108; In re Ríos Acosta, 143 D.P.R. 128 (1997).

Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza

pública de la profesión de abogado le impone a la clase

togada

la

obligación

de

observar

rigurosamente

los

requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se

trata

de

asuntos

consideración.

In

disciplinarios

re

Vázquez

sometidos

Santiago,

ante

res.

nuestra

el

20

de

que

el

diciembre de 2001, 2002 T.S.P.R. 19.

En

ese

sentido

incumplimiento

por

emitidas

este

por

disciplinario,

distinta

imposición

a

los

de

es

parte

importante

de

un

Tribunal

constituye

méritos

sanciones

una

de

la

resaltar

abogado

con

las

órdenes

dentro

del

procedimiento

falta

ética

separada

y

que

conlleva

la

queja,

disciplinarias

severas.

1

Ello

1

In re Pérez Brasa, res. el 10 de diciembre de 2002, 2002

T.S.P.R. 46; In re Vázquez Santiago, res. el 20 de diciembre

(Continúa . . .)

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considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento

con

nuestras

órdenes

en

la

esfera

disciplinaria

es

incompatible con el ejercicio de la abogacía.” In re Vargas

Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Como señaláramos en Colegio de Abogados de Puerto Rico

v.

Pizzini

res.

Arnott,

el

14

de

junio

de

2002,

2002

T.S.P.R. 103, el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso

de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura

del

buen

carácter

que

debe

profesión

legal.”

Dicho

exhibir

proceder

todo

miembro

constituye

un

de

la

acto

de

indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto

y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no

estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos

la

incomprensible

nuestro

foro

de

Guemárez

Santiago

y

obstinada

cumplir

I,

146

con

negativa

de

[nuestras]

D.P.R.

27,

28

un

miembro

órdenes.”

(1998);

In

de

re

véase,

además: In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

II

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el

Lcdo. Humberto J. Ramírez Ferrer ante la orden emitida por

este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que éste

no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho

_____________________

de 2001, 2001 T.S.P.R. 19; In re Figueroa Carrasquillo, res.

el 2 de enero de 2001, 2001 TSPR 11; In re López López, 149

D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998);

In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez

Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131

D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717

(1992).

5

AB-2003-193

proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal

que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

suspensión

indefinida

e

inmediata

Ferrer

ejercicio

de

la

del

de

abogacía

se

decreta

Humberto

J.

y

notaría

nuestra jurisdicción.

Se dictará Sentencia de conformidad.

de

la

la

Ramírez

en

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Humberto J. Ramírez Ferrer

AB-2003-193

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se decreta la suspensión

indefinida e inmediata de Humberto J. Ramírez Ferrer

del ejercicio de la abogacía y de la notaría en

nuestra jurisdicción.

Le imponemos a éste el deber de notificar a

todos sus clientes de su presente inhabilidad para

seguir representándolos, les devuelva cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados, e

informe oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

País. Además, deberá certificarnos dentro del

término de treinta días, a partir de la notificación

de esta Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.

El Alguacil de este Tribunal procederá a

incautarse de la obra y sello notarial de Humberto

J. Ramírez Ferrer, luego de lo cual entregará los

mismos a la Oficina de Inspección de Notarías para

su examen e informe a este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo