Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Penny López Cordero
2005 TSPR 64
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Penny López Cordero
TS-000008175
Suspensión del ejercicio de la notaría
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 64
Penny López Cordero
163 DPR ____
Número del Caso: TS-8175
Fecha: 29 de abril de 2005
Abogada de la Parte Peticionaria:
Por Derecho Propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 6 de mayo de 2005 fecha
en que se le notificó a la abogada de su suspensión
inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Penny López Cordero
TS-8175
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2005.
I
La
Sra.
Penny
López
Cordero
fue
admitida
al
ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al
ejercicio del notariado el 24 de enero del mismo año. A
finales
del
1999,
la
Lcda.
López
Cordero
dirigió
una
misiva al entonces Juez Presidente, Hon. José A. Andréu
García,
informándole
que
se
le
habían
extraviado
los
protocolos de su obra notarial correspondientes a los años
1993 y 1995. Mediante Resolución de 9 de febrero de 2000,
concedimos a la mencionada notario tres (3) meses para
que, en coordinación con la Oficina de la Directora de
Inspección
de
Notarías,
reconstruyera
los
referidos
TS-8175
2
protocolos. Posteriormente, la Lcda. López Cordero solicitó
prórroga para completar la reconstrucción de sus protocolos,
por lo cual concedimos un término adicional de sesenta (60)
días para culminar con dicho procedimiento.
En
enero
de
2002,
solicitamos
a
la
Oficina
de
la
Directora de Inspección de Notarías que nos informara si la
Lcda. López Cordero había culminado con la reconstrucción
ordenada.
oficina
En
nos
terminado
respuesta
indicó
con
protocolos.
el
a
que
lo
la
solicitado,
referida
procedimiento
Asimismo,
añadió
que
la
notario
mencionada
no
había
de
reconstrucción
se
habían
de
descubierto
serias deficiencias en la obra notarial de la Lcda. López
Cordero para los años 1988 a 1992, entre ellas, la ausencia
de consignación en varios testamentos abiertos de que los
testigos conocían al testador; expresión incompleta de las
circunstancias personales de los comparecientes; y falta de
iniciales y firma de uno de los otorgantes. Estos hallazgos
fueron aceptados por la Lcda. López Cordero.
Mediante
Resolución
de
18
de
octubre
de
2002,
apercibimos a la Lcda. López Cordero sobre la seriedad y
gravedad de los procedimientos pendientes, lo cual requería
su atención inmediata a los señalamientos de la Oficina de
la Directora de Inspección de Notarías.
A principios del año 2005, la Oficina de la Directora
de Inspección de Notarías compareció ante nos mediante la
presentación de un Informe Suplementario. En el mismo esbozó
los trámites llevados a cabo por la referida oficina para
TS-8175
3
evaluar
la
labor
notarial
de
la
Lcda.
cuanto
a
los
previos
señalamientos
López
de
Cordero
en
deficiencias
notariales y respecto a la reconstrucción de los protocolos
extraviados. En cuanto a esto último, dicha oficina señaló
que no se había logrado la reconstrucción y que, según las
expresiones de la Lcda. López Cordero, no se podrá cumplir
con la misma. Sobre las deficiencias notariales, informó que
muy
pocas
habían
sido
corregidas
o
subsanadas.
Concluyó
dicho informe con una relación de las serias deficiencias
notariales
notario
descubiertas
para
los
años
en
los
1998
a
protocolos
de
2001,
las
entre
la
referida
cuales
se
encuentran la comparecencia como testigos de los hermanos
del testador; no hacer constar la hora del otorgamiento del
testamento; y la expresión incompleta de las circunstancias
personales de comparecientes o testigos.
Así
las
cosas,
concedimos
término
a
la
Lcda.
López
Cordero para que expresara su posición respecto al referido
Informe Suplementario y mostrara causa por la cual no debía
ser
suspendida
del
ejercicio
de
la
profesión.
Ésta
compareció y, aunque acepta en su mayoría el contenido del
mencionado informe, aduce que no ha podido reconstruir los
protocolos extraviados debido a la muerte o desconocimiento
del paradero de comparecientes o testigos. En cuanto a la
falta de corrección de las deficiencias notariales, alega
que algunas han sido subsanadas y las demás no han producido
daños
a
las
partes
involucradas,
o
que
según
las
circunstancias actuales no resulta necesaria su corrección.
TS-8175
4
Estando en posición de evaluar el desempeño notarial de
la Lcda. López Cordero, procedemos.
II
A
Se
define
al
notario
como
aquel
“profesional
del
Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar
fe
y
autenticidad
conforme
a
las
leyes
de
los
negocios
jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él
se realicen...”.1 El notario es el guardián de la fe pública.
In
re:
González
Jiménez
Brackel,
Maldonado,
148
152
D.P.R.
DPR
287
871
(2000);
(1999).
Su
In
re:
función
fundamental es asegurar que el documento que otorga cumple
con
todas
las
formalidades
de
ley,
tanto
formales
como
sustantivas; que ese documento es legal y verdadero; y que
el mismo recoge una transacción válida y legítima. In re:
Rivera Alvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993); In
re: Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).
Reiteradamente, hemos expresado que la notaría es una
función de cuidado que debe ser ejercida con sumo esmero,
diligencia y celo profesional. In re: Amundaray Rivera, res.
el 12 de noviembre de 2004, 2004 TSPR 191; In re: Vera
Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999). Ello implica que el notario está
obligado
4
a
L.P.R.A.
Cánones
de
observar
rigurosamente
secs.
2001
Ética
Profesional,
et
--y
seq.
4
la
su
Ley
Notarial,
reglamento--,
L.P.R.A.
Ap.
IX,
y
los
el
contrato entre las partes. In re: Aponte Berdecía, res. el
Art. 2 de
sec. 2002.
1
la Ley
Notarial
de Puerto
Rico,
4 L.P.R.A.
TS-8175
22
de
5
enero
Maldonado,
de
2004,
El
supra.
2004
TSPR
24;
In
re:
incumplimiento
con
alguna
González
de
estas
disposiciones constituye una violación a las normas éticas
que rigen la profesión legal y sujeta al notario a la acción
disciplinaria
supra;
In
Rodríguez
correspondiente.
In
re:
Amundaray
Rivera,
1
In
re:
Vera
Vélez,
148
D.P.R.
Báez,
129
D.P.R.
819
(1992).
(1999);
re:
Particularmente,
hemos expresado que constituye una violación al Canon 38 del
Código de Ética Profesional, supra,2 cuando el notario otorga
un documento notarial en violación de la Ley Notarial de
Puerto Rico. In re: Torres Olmeda, 145 D.P.R. 384 (1998).
La exaltación de la función notarial a los confines de
la excelencia profesional se debe a que, por un lado, “la fe
pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a
través
de
la
compareciente,
persona
del
es
espina
la
notario
con
dorsal
la
de
presencia
todo
del
esquema
de
autenticidad documental”. In re: Montañez Miranda, res. 18
de junio de 2002, 2002 TSPR 122; In re: Vargas Hernández,
135
D.P.R.
603
autenticidad
(1994).
de
un
Por
el
otro
lado,
instrumento
la
público
validez
y
dependen
esencialmente de que el notario observe con escrúpulo --y
ejecute
impuestos
con
por
cautela-la
Ley
los
requisitos
Notarial,
supra.
y
In
formalidades
re:
González
Maldonado, supra.
2
Este canon exige de los abogados que se esfuercen al máximo
de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de
su profesión.
TS-8175
6
B
De
otra
parte,
el
protocolo
de
un
notario
es
la
colección ordenada de las escrituras matrices y actas que
éste autoriza durante un año natural. Art. 47 de la Ley
Notarial
de
disposición
Estado.
Puerto
expresa
Art.
48
Rico,
de
de
4
ley,
la
L.P.R.A.
los
Ley
sec.
protocolos
Notarial
2071.
Por
pertenecen
al
de
Puerto
Rico,
4 L.P.R.A. sec. 2072. El notario es simplemente su custodio,
encargado de guardarlos celosa y responsablemente para que
no se pierdan y/o deterioren. In re: González Maldonado,
supra; In re: Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 508 (1999). “[L]a
custodia
y
conservación
importancia
para
la
de
los
protocolos
secretividad
[sic],
es
de
vital
protección
e
integridad de los mismos”. In re: Algarín Otero, 117 D.P.R.
365, 369-370 (1986). Es por ello que el notario, aun cuando
posee la tenencia física temporera de los protocolos, no
posee
la
autoridad
conveniencia,
Inspección
de
disponer
necesitando
de
Notarías
de
ellos
autorización
o
decreto
de
a
la
judicial
su
antojo
Oficina
para
o
de
poder
extraerlos de la oficina en la cual los custodia. Art. 53 de
la
Ley
Notarial,
4
L.P.R.A.
sec.
2077;
In
re:
Sánchez
Quijano, supra.
La
importancia
que
reviste
esta
función
notarial
descansa en lo siguiente:
La finalidad del protocolo es la de preservar la
eficacia
probatoria
del
instrumento
público
frente a los riesgos que conlleva la posible
pérdida de sus copias por los interesados.
Mediante la conservación de las escrituras
matrices en el protocolo, los instrumentos
TS-8175
7
públicos
adquieren
mayor
durabilidad
y
permanencia.
Por
la
naturaleza
de
los
instrumentos públicos así preservados y la
posibilidad de que afecten a terceros, como es
usual y corriente, se considera aconsejable que
los conserve el representante del Estado que los
autorizó. S. Torres Peralta, El Derecho Notarial
Puertorriqueño, Ed. Publicaciones STP, Inc., San
Juan, 1995, pág. 14.1.
Así pues, resulta en una función inherente a la del
otorgamiento
correcto
de
los
instrumentos
públicos,
el
celoso resguardo de los mismos por el notario autorizante,
sin que se entienda esta función como una inferior a la
propia
autorización
función
de
dador
de
del
documento
público.
fe
pública
el
“[S]i
en
su
ha
de
ser
notario
pundonoroso, nada más lógico admitir que también ha de serlo
en su carácter de guardador”. In re: Ríos Acosta, 128 D.P.R.
412,
415
práctico
(1991)
de
citando
derecho
A.
a
notarial,
Neri,
Buenos
Tratado
Aires,
teórico
Ed.
y
Depalma,
1971, T. 4, pág. 90.
Como
deterioro
custodio,
o
diligencia,
la
el
pérdida
teniendo
notario
de
éste
los
la
será
responsable
protocolos
obligación
de
por
del
falta
de
reponerlos
o
restaurarlos a sus expensas. Art. 48 de la Ley Notarial de
Puerto
Rico,
4
L.P.R.A.
sec.
2072;
In
re:
González
Maldonado, supra. Ahora bien, lo anterior no es óbice para
que este Tribunal imponga al notario las sanciones o medidas
disciplinarias adecuadas. Id.; In re: Ríos Acosta, supra.
En casos de pérdida o destrucción de protocolos, el
art. 55 de la Ley Notarial dispone de un mecanismo para
reconstruirlos. Dicha disposición reza:
TS-8175
8
En caso de inutilizarse o perderse el todo o
parte de un protocolo el notario dará cuenta al
Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien
ordenará reconstruir, con citación de partes, el
oportuno expediente. Se cotejarán los índices y
libros y examinará cuantos antecedentes fueren
necesarios, procurando que se reponga en lo
posible lo que se haya inutilizado o destruido.
El Tribunal Supremo, a recomendación del Director
de la Oficina de Inspección de Notarías aprobará
el expediente. 4 L.P.R.A. sec. 2079.
Al utilizar este mecanismo, el notario debe obrar con
diligencia y probado esfuerzo, toda vez que de su gestión
dependerán terceras personas que confiaron en dicho abogado
para preservar diversos negocios jurídicos. Sencillamente,
el notario debe desplegar el mismo celo, esmero y dedicación
que se le exige para la ejecución de las demás funciones
notariales al momento de reconstruir protocolos extraviados
o inutilizados.
Visto este marco normativo, veamos su aplicación a los
hechos del caso ante nos.
III
La
pérdida
Lcda.
de
López
sus
Cordero
protocolos
notificó
para
los
a
este
años
1993
Tribunal
y
1995
la
en
diciembre de 1999. En febrero del año siguiente, concedimos
a la mencionada notario un término de tres (3) meses para
que
iniciara
y
completara
la
reconstrucción
de
sus
protocolos. Mediante resolución emitida en octubre de 2000,
concedimos a la Lcda. López Cordero un término adicional de
sesenta
(60)
días
para
completar
la
reconstrucción
del
protocolo, según nos lo solicitó. Posteriormente, en enero
de 2001, la Lcda. López Cordero comunicó a este Tribunal la
TS-8175
9
escabrosa tarea que le había resultado el reproducir ciertas
escrituras,
por
lo
que
solicitó
prórroga
del
ya
vencido
término para culminar la reconstrucción de los protocolos.
Así las cosas, a mediados del año 2002, la Oficina de
la Directora de Inspección de Notarías nos informó que la
Lcda.
López
Cordero
procedimiento
hecho
fue
de
aún
reconstrucción
reiterado
había
sus
de
la
Oficina
en
el
de
Notarías
presentado
ante
nos
último,
referida
a
principios
oficina
cumplido
de
por
Inspección
la
no
con
protocolos.
la
el
Este
Directora
Informe
de
Suplementario
del
año
2005.
En
este
concluyó
que
la
Lcda.
López
Cordero no había desplegado las diligencias necesarias para
concluir la reconstrucción de los protocolos de 1993 y 1995.
El reseñado trasfondo procesal es suficiente evidencia
para concluir que la Lcda. López Cordero no ejerció con celo
profesional
y
esmerada
dedicación
su
función
notarial
de
reconstrucción de protocolos extraviados. A pesar de que han
trascurrido más de cinco (5) años desde que la referida
notario nos comunicó la pérdida de sus protocolos, y de las
periódicas visitas de los inspectores de la Oficina de la
Directora
de
Inspección
de
Notarías
a
la
oficina
de
la
Lcda. López Cordero, ésta no ha completado el proceso de
reconstrucción de los mismos.
El anterior cuadro fáctico se agrava ante las serias
deficiencias
descubiertas
en
las
escrituras
de
los
protocolos de la Lcda. López Cordero para los años 1988 a
1992 y 1998 a 2001, deficiencias que fueron aceptadas por la
TS-8175
10
propia notario y que no han sido corregidas o subsanadas, en
un número considerable de ellas.
Entendemos que la función notarial desempeñada por la
Lcda. López Cordero habla por sí sola. La misma no refleja
la pulcritud, la dedicación y el puntilloso cumplimiento con
la Ley Notarial, elementos esenciales para la validez y el
efecto de la obra notarial. Además, la falta de diligencia
en
la
pérdida
cierto
y
reconstrucción
desconocimiento
de
lo
de
que
los
protocolos
denota
implica
la
función
de
decretamos
la
suspensión
custodia inherente al notariado.
IV
En
vista
de
lo
anterior,
inmediata e indefinida de la Lcda. Penny López Cordero del
ejercicio de la notaría, a partir de la notificación de esta
Opinión
Per
Curiam
y
hasta
que
otra
cosa
disponga
este
Tribunal. Le imponemos a ésta el deber de notificar a todos
sus clientes de su presente inhabilidad de seguir actuando
como
notario
recibidos
público,
por
devolver
trabajos
no
cualesquiera
realizados,
honorarios
e
informar
oportunamente de su suspensión como notario público a los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos
del
País.
Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta
(30) días a partir de su notificación el cumplimiento de
estos deberes.
La oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a
incautarse del sello y la obra notarial de la Sra. Penny
TS-8175
11
López Cordero, y la entregará a la Oficina de Inspección de
Notarías para su examen e informe a este Tribunal.
Se dictará la Sentencia correspondiente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Penny López Cordero
TS-8175
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra
de
la
presente,
se
dicta
sentencia
decretando la suspensión inmediata e indefinida de
Penny López Cordero del ejercicio de la notaría, a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam
y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Le
imponemos a ésta el deber de notificar a todos sus
clientes de su presente inhabilidad de seguir
actuando como notario público, devolver cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados, e
informar oportunamente de su suspensión como notario
público
a
los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos
del
País.
Deberá,
además,
certificarnos dentro del término de treinta (30)
días a partir de su notificación el cumplimiento de
estos deberes.
El Alguacil de este Tribunal se incautará de
inmediato del sello y la obra notarial de Penny
López Cordero, y la entregará a la Directora de la
Oficina de Inspección de Notarías para su examen e
informe a este Tribunal.
TS-8175
2
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López no intervino. La Jueza Asociada señora
Rodríguez Rodríguez no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo