Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Juan Sáez Burgos
2005 TSPR 63
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Juan Sáez Burgos
TS-000004464
Suspensión del ejercicio de la profesión de abogado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 63
Juan Sáez Burgos
163 DPR ____
Número del Caso: TS-4464
Fecha: 29 de abril de 2005
Abogado de la Parte Peticionaria:
Por Derecho Propio
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 6 de mayo de 2005
fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.)
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan Sáez Burgos
TS-4464
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2005.
El 30 de enero de 2004, mediante Opinión
Per
Curiam,
suspendimos
al
licenciado
ejercicio
la
notaría. 1
Burgos
del
fuera
ordenado,
notarial.2 En
se
de
incautó
ese momento, la
su
Juan
sello
única
obra
Sáez
Conforme
y
obra
que se
1
La sanción respondió al incumplimiento del
Lcdo. Sáez Burgos con su obligación de remitir
índices mensuales sobre actividad notarial.
2
El abogado entregó en la Oficina del Alguacil del
Tribunal Supremo su sello y un Registro de
Testimonios luego de dos intentos frustrados del
Alguacil del Tribunal de llevar a cabo la orden de
incautación. En ambas ocasiones el Lcdo. Sáez
Burgos expresó que le era imposible entregar los
referidos objetos porque se encontraban bajo la
custodia de un amigo en una finca cuya dirección
exacta desconocía.
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2
pudo incautar fue un Registro de Testimonios.3
Concluidos
los
trámites
de
la
suspensión
de
la
notaría y la aprobación del Registro de Testimonios, la
Directora
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notaría,
Lcda. Carmen H. Carlos, compareció ante este Tribunal por
motivo
de
otro
problema
con
la
obra
Lcdo. Sáez Burgos. En esta ocasión nos
ciudadanos
habían
llamado
a
su
notarial
del
informó que varios
oficina
pidiendo
la
expedición de copia certificada de escrituras autorizadas
por el Lcdo. Sáez Burgos en el año 1993, las cuales no
constaban en los documentos incautados. Luego de realizar
una
búsqueda
en
los
índices
notariales
del
referido
abogado, se encontró que éste había autorizado doscientas
veintitrés (223) escrituras en 1993 y dos (2) escrituras
en
1995
y
no
había
entregado
los
protocolos
correspondientes a esos años. Al requerirle la Inspectora
de Protocolos explicaciones, el Lcdo. Sáez Burgos expresó
que no había entregado sus protocolos porque los había
dejado bajo la custodia de otra persona a quien no podía
localizar.
Enterados
de
esto,
el
11
de
febrero
de
2005
concedimos un término de veinte (20) días al Lcdo. Sáez
Burgos para entregar los protocolos de los años 1993, 1994
y 1995. Le apercibimos que el incumplimiento con nuestra
3
Luego de notificar unas deficiencias, y que el
Lcdo. Sáez Burgos las corrigiese, la Oficina de Inspección
de Notarías aprobó el referido registro.
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3
Resolución
conllevaría
la
suspensión
de
de
2005,
inmediata
de
la
abogacía.
El
15
marzo
el
Lcdo.
Sáez
Burgos
compareció y solicitó una prórroga de seis (6) meses para
“tratar de localizar y/o reconstruir” su obra notarial.
Expresó que creía que ésta se encontraba en una finca en
Vega
Baja
que
había
sido
confiscada
por
una
agencia
federal y luego saqueada y vandalizada.
Con el beneficio de las comparecencias del Lcdo. Sáez
Burgos
y
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías,
procedemos a resolver.
I.
El Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA
sec. 2072, dispone que los protocolos pertenecen al Estado
aun cuando su conservación se confía en los notarios. Son
éstos los que responden por la integridad de un protocolo
y, de perderse o deteriorarse, se repondrán a expensas del
notario. En otras palabras, el notario es custodio de los
protocolos,
y
tiene
responsablemente.
In
el
deber
de
guardarlos
celosa
re:
González
Maldonado,
2000
y
TSPR
192, res. el 20 de diciembre de 2000, In re: Sánchez
Quijano, 148 DPR 509 (1999), In re: Ríos Acosta, 128 DPR
412 (1991). Conforme al concepto de que la propiedad del
protocolo pertenece al Estado y es sólo su custodia la que
corresponde al notario, el Art. 23 de la referida Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2077, prohíbe que se extraiga el
protocolo de la oficina en que se custodie, salvo por
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4
orden judicial o autorización de la Oficina de Inspección
de Notarías. In re: Sánchez Quijano, supra.
El
Reglamento
Notarial
también
recoge
dicha
prohibición en su regla 58, 4 LPRA Ap. XXIV R.58, en la
que condiciona el traslado físico de los protocolos de la
oficina del notario a obtener la autorización previa de la
Directora
de
la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías.
Ni
siquiera el que ha sido autorizado como notario sustituto
podrá remover los protocolos de la oficina en donde se
custodien. 4 LPRA Ap. XXIV, R. 18. Sólo se puede obviar el
requisito de autorización previa de la Directora cuando
existe una emergencia que ponga en peligro la integridad
del protocolo. En esos casos se podrá proceder con el
traslado
a
un
lugar
seguro,
pero
deberá
notificarse
y
justificarse la actuación de emergencia inmediatamente a
la Oficina de Inspección de Notarías. 4 LPRA Ap. XXIV,
R. 58.
Examinado el derecho, veamos su aplicación en este
caso.
II.
Los hechos ante nos revelan un craso incumplimiento
del Lcdo. Sáez Burgos con las disposiciones de la Ley
Notarial
y
su
Reglamento.
Dicho
incumplimiento
es
independiente del que motivó su suspensión del ejercicio
de la notaría.
En primer lugar, el Lcdo. Sáez Burgos ignoró su deber
de custodio de los protocolos e hizo caso omiso de la
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prohibición
de
removerlos
de
su
oficina
sin
la
debida
autorización. Según la propia admisión del abogado a la
Inspectora
de
Protocolos,
la
licenciada
Marla
D.
Ríos
Díaz, él dejó los protocolos bajo la custodia de otra
persona
cuyo
paradero
ahora
ignora.
En
su
última
comparecencia ante nos, en la moción solicitando prórroga
para entregar los protocolos, el Lcdo. Sáez Burgos una vez
más puso de manifiesto su violación al deber de guardián
de sus protocolos puesto que expresó que éstos “deben”
estar “en una finca que frecuentaba durante esos años, en
el
Municipio
Lcdo.
Sáez
de
Vega
Burgos
Baja.”
en
La
cuanto
falta
al
de
lugar
certeza
en
dónde
del
se
encuentran sus protocolos no permite otra conclusión que
no sea que fue un muy pobre celador de éstos y que no
observó la norma que exige una autorización previa de la
Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para
trasladarlos físicamente.
Por otra parte, la conducta del Lcdo. Sáez Burgos con
relación
a
la
incautación
de
su
obra
notarial
desinterés
en
el
cumplimiento
de
las
órdenes
indica
de
este
Tribunal. Aun consciente de que el Alguacil del Tribunal
actuaba por órdenes nuestras, el Lcdo. Sáez Burgos en dos
ocasiones
se
negó
a
entregarle
sello
u
obra
notarial
alguna, por razón de que se encontraban en una finca y con
un amigo cuya dirección desconocía. Cuando por fin hizo
entrega al alguacil de su “obra notarial”, incluyó sólo un
Registro de Testimonios, sin expresar que ésa no era toda
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su obra notarial, induciendo a error tanto al Alguacil
como a la Oficina de Inspección de Notarías, que dieron
por cumplida nuestra orden de incautación.
Por último, debe notarse que en nuestra Resolución de
11 de febrero de 2005 le concedimos un término de veinte
(20) días al Lcdo. Sáez Burgos para hacer entrega de los
protocolos de los años 1993 al 1995 y le apercibimos que
su
incumplimiento
con
la
Resolución
conllevaría
su
suspensión inmediata de la abogacía. No cumplió.
III.
Las
actuaciones
incumplimiento
trascienden
con
de
del
la
la
Lcdo.
Sáez
Burgos,
y
Ley
Notarial
y
su
esfera
notarial
y
requieren
su
reglamento
que
ejercitemos nuestra facultad disciplinaria con relación a
su
función
como
abogado.
Véase,
In
re:
Capestrany
Rodríguez, 148 DPR 728 (1999). Ante su inobservancia de
las normas más fundamentales que rigen a los notarios y su
falta de interés en el fiel cumplimiento de las órdenes de
este Tribunal, se suspende inmediata e indefinidamente al
Lcdo. Sáez Burgos del ejercicio de la abogacía.
Juan
Sáez
Burgos
deberá
notificar
a
todos
sus
clientes de su suspensión y consiguiente inhabilidad para
continuar representándolos. Deberá también devolverles sus
expedientes y los honorarios correspondientes a trabajos
no realizados. Además, deberá notificar oportunamente su
suspensión
a
los
distintos
foros
judiciales
y
administrativos del país. Dentro del término de treinta
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7
(30) días, el abogado suspendido deberá certificar a este
Tribunal el cumplimiento de estos deberes, notificando de
ello también al Procurador General.
Para
facilitar
al
incautarse
de
los
protocolos
en
controversia
cualquier
otra
obra
notarial
que
aún
entregada,
el
señor
completo
de
nombre
protocolos,
así
Alguacil
Sáez
la
como
Burgos
persona
sus
a
de
este
deberá
cuyo
teléfonos
y
Tribunal
no
y
haya
a
de
sido
informarle
el
cargo
dejó
los
última
dirección
conocida. También deberá informar los datos de la finca en
que dejó los protocolos y de cualquier otra persona que
pudiese ayudar a localizar los mismos. De encontrarse los
protocolos, el Alguacil los incautará y entregará a la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
el
trámite
correspondiente. Si no se localizaren los protocolos, el
Alguacil deberá informarlo a este Tribunal para que se
inicie el procedimiento de reconstrucción conforme dispone
la Ley Notarial.4
Se dictará Sentencia de conformidad.
4
El Art. 55 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2079, regula
el procedimiento a seguirse cuando se ha perdido o
destruido un protocolo. Debe señalarse que, conforme
dispone el Art. 48 de la referida Ley, 4 LPRA sec. 2072,
un protocolo perdido o deteriorado se repondrá a expensas
del notario.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Juan Sáez Burgos
TS-4464
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra
de
la
presente,
se
dicta
sentencia
decretando la suspensión inmediata e indefinida de
Juan Sáez Burgos del ejercicio de la profesión de
abogado. Se le impone el deber de notificar a todos
sus clientes de su presente inhabilidad para
continuar representándolos y de devolverles sus
expedientes y cualesquiera honorarios recibidos por
trabajo no realizado. Además, deberá informar de su
suspensión a los foros administrativos y judiciales
del país. Dentro del término de treinta (30) días a
partir de la notificación de la presente, deberá
certificar al Tribunal el cumplimiento de estos
deberes, notificando también al Procurador General
de Puerto Rico.
Por ultimo, se le impone a Juan Sáez Burgos el
deber de proveer al Alguacil de este Tribunal toda
información pertinente para la localización de sus
protocolos. Se ordena al Alguacil de este Tribunal,
de
encontrar
los
protocolos,
a
incautarlos
inmediatamente y entregarlos a la Directora de la
TS-4464
2
Oficina de Inspección de Notarías. Si no se proveyere
información conducente a encontrar los protocolos o, aun
proveyéndose, éstos no se pudieren localizar, el Alguacil
lo informará a este Tribunal para que, a expensas del señor
Sáez Burgos, se reconstruyan los protocolos perdidos.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo