LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos Roca Rosselli

2005 TSPR 60

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos Roca Rosselli

CP-2003-0015

Suspensión de la abogacía

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 60

Carlos Roca Rosselli

163 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-0015

Fecha: 1 de abril de 2005

Oficina del Procurador General:

Lcda. Edna Evelyn Rodríguez Benítez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Peticionario:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día 28

de abril de 2005.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y

publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Roca Rosselli

CP-2003-15

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 2005.

Hoy nos compete atender una querella contra un

abogado que asumió la representación legal de su

cliente, en un litigio de naturaleza laboral, asumiendo

que la reclamación del demandante no iba a prosperar.

Contrario a sus predicciones, la sentencia del Tribunal

de Primera Instancia fue adversa al cliente.

No

obstante, el abogado notificó a su cliente sobre el

fallo de instancia cuando ya había vencido el plazo para

solicitar reconsideración y acudir en apelación a un

foro de mayor jerarquía. Hemos estudiado el expediente

personal

del

abogado,

así

como

el

Informe

del

Comisionado Especial, en conjunto con el expediente de

la

querella

y

por

las

razones

que

CP-2003-15

2

exponemos a continuación, resolvemos que esta conducta violenta

los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional.

A continuación

exponemos los hechos que motivaron la presentación de esta

querella, según expuestos en el informe sometido por el

Comisionado Especial el 24 de junio de 2003.

I.

El Lcdo. Carlos Roca Rosselli fue admitido al ejercicio de

la profesión legal el 28 de diciembre de 1983. Desde antes de

su admisión se desempeñaba como catedrático de la Universidad

de Puerto Rico. Continuó dedicándose a la cátedra después de

convertirse en abogado y según él mismo expuso, su práctica legal

es limitada.

En el año 1995 el Sr. Francisco Caamaño instó una demanda

sobre despido injustificado en el entonces Tribunal de Distrito,

Sala de Arecibo, en contra de Arecibo Business Machines (Caso

Núm. CD 1995-954).

La Sra. Margarita Carrucini y su hijo, el

Sr. Waldo Vázquez Carrucini, dueños del negocio Arecibo Business

Machines,

contrataron

los

servicios

profesionales

del

licenciado Roca para que los representara en ese litigio, porque

éste tenía conocimiento de asuntos laborales. La contratación

fue verbal. La señora Caruccini pagó al licenciado Roca $600.00

en concepto de honorarios y su hijo le pagó una suma adicional

no especificada en la prueba.

El licenciado Roca aceptó la representación legal porque

entendía que era un caso sencillo y anticipaba que la decisión

del tribunal de instancia sería favorable a la señora Caruccini

y su hijo. Aunque él tenía conocimiento sobre asuntos laborales,

dedicaba la mayor parte de sus esfuerzos a la docencia y no

contaba con experiencia representando casos en apelación o

revisión.

A pesar de que

CP-2003-15

3

estaba consciente de que si asumía la representación legal

podría surgir la necesidad de recurrir de cualquier dictamen

adverso, no contemplaba esa posibilidad, ya que a base de la

información que le proveyó la señora Caruccini, el empleado que

la había demandado debía ser considerado como “gerente” bajo las

disposiciones legales laborales. Por esa razón entendió que la

demanda instada en contra de su cliente no debía prosperar.

El Tribunal de Primera Instancia celebró vista en su fondo.

El 30 de diciembre de 1996 emitió sentencia adversa a los

clientes del licenciado Roca. El 22 de enero de 1997 se archivó

en autos copia de la notificación.

A principios del mes de enero de 1997 el licenciado Roca

viajó a Boston, Massachussets por motivo de la grave enfermedad

de su hijo.1 A pesar de que representaba a la señora Caruccini

en el pleito laboral y se había ausentado del país, el licenciado

R oca no notificó de ello a la Sala del Distrito de Arecibo del

Tribunal de Primera Instancia, ni a sus clientes. Tampoco hizo

arreglos para que alguna persona recogiera la correspondencia

profesional que recibía en un apartado de correo de la

Universidad de Puerto Rico. La ausencia del país, que había

anticipado que

duraría una semana, se extendió durante

dos

semanas.

El viernes, 24 de enero de 1997, el licenciado Roca regresó

a

Puerto

Rico.

El

lunes

siguiente

fue

a

recoger

su

correspondencia. En ese momento se enteró de la sentencia

adversa emitida en contra de su cliente.2 El licenciado Roca no

solicitó reconsideración ni inició ninguna acción encaminada a

1

Posteriormente su hijo, Luis Mario Roca, q.d.e.p., murió como

consecuencia de dicha enfermedad.

2

Aunque durante la vista el licenciado Roca declaró que cuando

regresó a Puerto Rico había expirado el plazo para pedir

reconsideración, lo cierto es que no había transcurrido dicho

término.

CP-2003-15

4

recurrir de la sentencia, pues desconocía sobre la práctica

apelativa. Pocos días después, el licenciado Roca comenzó a

laborar como asesor del Capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja

Americana. Mientras tanto, continuó su cátedra universitaria.

No fue hasta principios del mes de marzo de 1997 que el

licenciado Roca notificó a sus clientes de la sentencia del foro

de instancia.3 Para esa fecha ya había vencido el término para

recurrir a un foro de mayor jerarquía.

Durante ese mismo mes

le entregó a sus clientes el expediente del caso.

El 27 de marzo de 2002, la señora Carrucini y el señor

Vázquez

presentaron

queja

contra

el

licenciado

Roca,

imputándole negligencia profesional en la defensa del caso

Francisco Caamaño v. Arecibo Business Machines, et. Al, Civl CD

1995-954. Según ellos, el abogado no presentó la prueba

necesaria para derrotar y controvertir las alegaciones y la

prueba que la parte demandante presentó contra ellos durante el

juicio. Además, alegaron que cuando el licenciado Roca les

notificó que la sentencia emitida en el caso les había sido

adversa,

les

entregó

su

expediente

y

renunció

a

la

representación profesional, ya los términos para reconsiderar

o apelar habían vencido.

Luego de presentar dos informes y de contar con más

evidencia y con la reacción del licenciado Roca, el 10 de junio

3

El Comisionado Especial aclara en su informe que en la vista

en su fondo el licenciado Roca, “luego de un breve titubeo,

indicó que no estaba seguro si notificó a las clientes sobre la

sentencia a fines de enero o fines de febrero.” La versión de

la señora Caruccini, quien testificó que fue en el mes de marzo

cuando conoció de la sentencia en su contra, le mereció mayor

crédito al Comisionado Especial.

Ante estos testimonios

conflictivos el Comisionado adjudicó, como le correspondía, la

cuestión de credibilidad. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012

(1994).

CP-2003-15

5

de 2003 el Procurador General presentó la querella en contra del

abogado, la cual consiste de un solo cargo, a saber:

El Lcdo. Carlos Roca Rosselli violentó los principios

de diligencia e información establecidos en el Canon

18 de los de Ética Profesional, al notificar

tardíamente sobre una sentencia que le era adversa a

sus clientes y al no salvaguardar el derecho a apelar

de éstos.

El 24 de junio de 2003 el licenciado Roca contestó la

querella radicada en su contra. En la misma señaló que de haber

cometido alguna falta, su negligencia consistió en no informar

al tribunal de instancia de su viaje fuera de Puerto Rico, que

en lugar de una semana se prolongó por dos semanas. Además, alegó

que cuando fue a

informar a su cliente sobre la sentencia

renunció a su caso y le recomendó que buscara un abogado con

conocimiento en práctica apelativa.

El 30 de junio de 2003 nombramos como Comisionado Especial

al Hon. Enrique Rivera Santana, quien celebró vista en su fondo

para dilucidar la querella, el 21 de enero de 2004. El Procurador

General, representado por la licenciada Rodríguez Benítez,

presentó el testimonio de la Sra. Margarita Caruccini y sometió

el caso con dicho testimonio y el expediente de la queja. Por

su parte, el licenciado Roca compareció por derecho propio y dejó

sometido el caso con su testimonio.

El 27 de febrero de 2004 el Comisionado Especial sometió

su Informe, el cual contiene las determinaciones de hechos en

que hemos basado nuestra decisión. Según el Comisionado, a pesar

de que el Procurador General tan sólo imputó al licenciado Roca

violación al Canon 19, la conducta imputada también configura

prohibiciones al Canon 18, debido a la notificación tardía de

la sentencia. Según él, aunque la violación a este Canon “no

estuviera especificad[a] en el cargo, éste quedó enmendado por

la prueba presentada por el propio querellado.”

CP-2003-15

6

II.

El Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18,

dispone, en lo que nos concierne:

Será impropio de un abogado asumir una representación

profesional cuando está consciente de que no puede

rendir una labor idónea competente y que no puede

prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos

o demoras irrazonables a su cliente o a la

administración de la justicia.

Es deber del abogado defender los intereses del

cliente diligentemente, desplegando en cada caso su

más profundo saber y habilidad y actuando en aquella

forma que la profesión jurídica en general estima

adecuada y responsable.

...

Al interpretar este Canon hemos establecido que un abogado

que luego de aceptar un caso no demuestra la competencia y

diligencia que exige la práctica de la abogacía y que no mantiene

informado a su cliente de los desarrollos del caso incurre en

una seria violación de la ética profesional.

In re Arroyo

Rivera, res. el 19 de mayo de 1999, 148 DPR __ (1999); 99 TSPR

78; In re Verdejo Roque, 145 DPR 83 (1998).

Por otra parte, el Canon 19 claramente establece que “[e]l

abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo

asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha

sido encomendado.” 4 LPRA Ap. IX, C.19. De no hacerlo incurre

en conducta irresponsable que viola la ética profesional. In re

Rosario, 116 DPR 642 (1985); In re Acosta Grubb, 119 DPR 595

(1987); In re Cardona Vázquez, 108 DPR 6 (1978). Precisamente,

en In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288 (2000), reiteramos que uno

de los asuntos importantes a los que se refiere el Canon 19

comprende la notificación al cliente de que se dictó sentencia.

Esta notificación ha de ser inmediata, en tiempo para que el

CP-2003-15

cliente

tome

7

la

decisión

que

éste

interese

sobre

los

procedimientos disponibles para revisar la misma. Por tanto, no

informar al cliente inmediatamente de una sentencia de archivo

o en sus méritos contraviene lo establecido en el Canon 19,

supra. In re Hernández, Demiel-Le Blanc, res. del 28 de marzo

de 2003, 159 DPR __ (2003), 2003 TSPR 45.

En esa ocasión

resolvimos que violentaron el Canon 19 dos abogados quienes

luego de recibir la notificación de la Junta de Síndicos

negándose a reconsiderar el caso de su cliente, no se comunicaron

con ésta ni le informaron nuevamente sobre su derecho a recurrir

y los términos para ello, aun cuando la Junta de Síndicos también

había notificado al

cliente de su decisión.

Como regla general, en ausencia de un convenio, un abogado

que actúa como tal en la celebración de un juicio o en los

trámites

judiciales

seguidos

en

un

tribunal

de

primera

instancia, no tiene la obligación para con su cliente de

continuar como abogado en los trámites de apelación, una vez

dictada sentencia. Pueblo v. Jiménez, 77 DPR 687, 691 (1954).

Esta norma nunca debe confundirse con la responsabilidad que

existe de salvaguardar el derecho de apelar.

Colón Prieto v.

Géigel, 115 DPR 232 (1984). La misma existe independientemente

de que haya o no pacto al respecto, porque surge del deber de

todo abogado de comunicar a su cliente todo asunto importante

y de ofrecer una labor idónea, responsable y diligente, según

disponen los cánones 18 y 19.

III.

En la vista en su fondo celebrada por el Comisionado

Especial, el licenciado Roca testificó que, además de desconocer

la práctica apelativa, el hecho de estar desempeñándose como

catedrático y asesor de la Cruz Roja Americana fueron el motivo

CP-2003-15

8

para que no apelara la sentencia. Además, en su contestación al

Informe Suplementario del Procurador General de 14 de noviembre

de 2002 indicó que cuando recogió su correspondencia y advino

en conocimiento de la sentencia del foro de instancia, el plazo

de reconsideración había vencido y faltaban pocos días para que

venciera el término para acudir en alzada, por lo que fue donde

sus clientes para indicarles que debían “inmediatamente buscar

un abogado para que le preparara el escrito de apelación.” Esta

versión no fue creída por el Comisionado, quien concluyó en su

determinaciones de hechos que cuando el licenciado Roca notificó

a sus clientes del fallo en su contra ya habían vencido todos

los términos para recurrir de la sentencia.

Al no informar a sus clientes sobre el fallo en su contra,

el licenciado Roca impidió que éstos ejercieran su derecho a

apelar. Aunque el propio Comisionado especifica que durante el

procedimiento disciplinario no se sometió prueba sobre la

posibilidad de que la sentencia fuera modificada o revocada de

haberse acudido en revisión, esto en nada altera el hecho de que

la conducta del licenciado Roca violentó las normas que rigen

nuestra profesión.

Nos preocupa, además, un asunto que no debería pasar

inadvertido. El licenciado Roca admitió que su práctica legal

es

limitada,

que

no

tiene

conocimientos

sobre

trámites

apelativos y que su tiempo lo dedica a la cátedra y a laborar

en la Cruz Roja Americana. Estas circunstancias propiciaron que

el caso de los querellantes quedase relegado a un segundo plano.

Hacemos hincapié en que el abogado que

practica la profesión

tan sólo a tiempo parcial no está exento de cumplir fielmente

sus deberes profesionales.

Independientemente de la carga de

otros trabajos no legales, el abogado debe desplegar diligencia

y rendir una labor idónea. De lo contrario, la sensatez lo obliga

CP-2003-15

9

a no aceptar la representación del cliente. El ejercicio de la

abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. In

re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

En este caso, la falta cometida por el licenciado Roca tuvo

consecuencias, a todas luces, irreversibles. La sentencia en

contra de sus clientes es ya final y firme, por lo que han sido

privados de su derecho de apelación.

Resolvemos que con su

conducta el licenciado Roca violó los cánones 18 y 19 de los

Cánones de Ética Profesional. Tomando en consideración que ésta

es la primera querella radicada en contra del licenciado Roca,

que fue una conducta aislada y que durante el tiempo de los hechos

por los cuales se originó esta querella estaba lidiando con la

enfermedad de su hijo, lo suspendemos del ejercicio de la

abogacía por el término de seis (6) meses, a partir de la

notificación de esta Opinión, y lo apercibimos de que el

incumplimiento con sus deberes profesionales en el futuro puede

conllevar una sanción más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos Roca Rosselli

CP-2003-15

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de

2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, se dicta sentencia decretando

la suspensión del Lcdo. Carlos Roca Rosselli del

ejercicio de la abogacía por el término de seis (6)

meses.

Se impone a éste el deber de notificar a todos sus

clientes de su presente inhabilidad para seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados, e

informar oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

País. Además, deberá certificarnos el cumplimiento

con lo anterior dentro del término de treinta (30)

días, a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse

de la obra y sello notarial del Sr. Carlos Roca

Rosselli.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita, por

entender que no es procedente disciplinar al

querellado por violación al Canon 19 pues no fue

presentado cargo alguno por el

CP-2003-15

2

Procurador General por virtud del mismo y porque, por

imperativo del debido proceso de ley, estamos impedidos

de hacerlo.

Por esa razón entiende que la sanción

impuesta es excesiva. El Juez Asociado señor Corrada del

Río no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

3