LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ángel Luis Romero v. Jorge L. Reyes Rivera y su esposa Myriam Carrasquillo Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales entre ellos constituida

2005 TSPR 58

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ángel Luis Romero v. Jorge L. Reyes Rivera y su esposa Myriam Carrasquillo Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales entre ellos constituida

CC-2000-0559

Procedimiento Civil: enmienda a las alegaciones; parte indispensable; Contratos: intervención de un notario en compraventa simulada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Luis Romero

Recurrido

Certiorari

v.

2005 TSPR 58

Jorge L. Reyes Rivera y su

esposa Myriam Carrasquillo

Santiago y la Sociedad Legal

de Gananciales entre ellos

constituida

163 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2000-559

Fecha: 28 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional VII de Carolina y Fajardo

Juez Ponente:

Hon. Frank Rodríguez García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael Angulo Rivera

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Wilfredo R. Picorelli Osorio

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Luis Romero

Recurrido

v.

Jorge L. Reyes Rivera y su

esposa Myriam Carrasquillo

Santiago y la Sociedad Legal de

Gananciales

entre

ellos

constituida

CC-2000-559

Certiorari

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2005.

Jorge L. Reyes Rivera, Myriam Carrasquillo y la

sociedad

legal

de

gananciales

compuesta

por

ambos

comparecen mediante petición de certiorari solicitando

la revocación, por falta de partes indispensables, de la

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia

que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones el 19

de mayo de 2000. En dicha sentencia, fechada 29 de

diciembre de 1999, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó la anulación en el Registro de la Propiedad de los

asientos provocados por la escritura de compraventa

otorgada entre las partes, por determinar que dicho

negocio fue simulado. Procedemos a resolver si el foro

de instancia actuó correctamente al permitir que se

enmendaran las alegaciones mediante el informe de la

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conferencia con antelación al juicio y si debemos revocar la

sentencia recurrida por entender que eran partes indispensables

en el presente litigio el notario autorizante de la escritura

de compraventa que el foro de instancia declaró simulada y el

Western Federal Savings Bank, acreedor garantizado con hipoteca

sobre el inmueble objeto del contrato de compraventa.

I.

El 25 de agosto de 1995 el recurrido Ángel Luis Romero,

presentó una demanda de cobro de dinero y reivindicación.

En

la demanda sólo se incluyeron como demandados a Jorge L. Reyes

Rivera, su esposa Myriam Carrasquillo y la sociedad legal de

gananciales

compuesta

por

ambos

(en

adelante

los

peticionarios). Se alegó que los peticionarios le adeudaban a

Romero parte de la suma acordada por concepto de la venta de un

inmueble y que, por esta razón, dicha compraventa no se había

consumado.

Romero

peticionarios

pagar

solicitó

la

que

cantidad

se

le

ordenara

adeudada,

los

a

los

intereses

acumulados, las costas del proceso y $10,000 de honorarios de

abogado. En la alternativa, Romero alegó que era el dueño

legítimo de la propiedad en controversia porque el contrato de

compraventa no se había consumado y que, por lo tanto, procedía

que se le entregara la finca.

El 20 de septiembre de 1995, los peticionarios contestaron

la demanda negando todas las alegaciones. Adujeron como defensa

afirmativa que era Romero quien le adeudaba dinero a los

peticionarios y que en la escritura de compraventa el demandante

había aceptado haber recibido la totalidad del precio pactado

por el referido inmueble.

El 25 de noviembre de 1997, luego

del proceso de descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera

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Instancia celebró la conferencia con antelación al juicio y

aprobó el informe sometido por las partes.

Al aprobar el

informe, el foro de instancia le permitió al demandante enmendar

la demanda para añadir la siguiente alegación:

En la alternativa se alega que la venta realizada

entre las partes fue una simulada con el propósito de

que se pagasen unas deudas y que posteriormente el

título de dominio se pasaría por los demandados al

demandante y este [sic] asumiría el pago de la

hipoteca vigente. Los demandados se han negado a

devolver el título y se lucran con las rentas que

produce el inmueble.

Habiéndose celebrado el juicio en su fondo, el foro de

instancia recibió prueba, sin objeción de la parte demandada,

sobre dicha alegación y determinó que las partes habían llevado

a cabo una venta simulada, con el propósito de que los

peticionarios gestionaran el financiamiento necesario para

obtener dinero para pagar las deudas del demandante. El Tribunal

de Primera Instancia determinó en su sentencia los hechos que

resumimos a continuación.

Romero

enfrentó

problemas

económicos que provocaron el embargo del inmueble.

su

crédito

afectado,

se

vio

impedido

de

Por estar

obtener

el

financiamiento necesario para pagar sus deudas por lo que

solicitó la ayuda de los peticionarios, Reyes y su esposa Myriam

Carrasquillo, quien era prima de Romero, para llevar a cabo una

venta simulada. El 28 de noviembre de 1990 las partes otorgaron

la escritura de compraventa número 145 ante el notario José M.

Biaggi Junquera. En ésta se hizo constar que el precio de venta

de $210,000 se había pagado antes del referido acto. En esa misma

fecha y ante el mismo notario, se otorgó la escritura número 146

de constitución de hipoteca sobre el inmueble objeto de la

compraventa

en

peticionarios.

garantía

del

Según

Exhibit

el

préstamo

III

concedido

(“Loan

a

los

Settlement

Statement”) sometido por estipulación de las partes, el 29 de

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4

noviembre de 1990, el Western Federal Savings Bank (en adelante

el

Banco)

le

concedió

a

los

peticionarios

un

préstamo

hipotecario por $157,000. Con el producto de ese financiamiento,

los peticionarios saldaron las deudas de Romero y le entregaron

a éste el remanente. Cabe señalar que después de haberse radicado

el

pleito,

el

5

de

octubre

de

1998,

los

peticionarios

refinanciaron la deuda.

En su sentencia, dictada el 29 de diciembre de 1999, el foro

de instancia declaró con lugar la demanda, determinó que la

compraventa celebrada entre las partes fue simulada y ordenó “la

anulación en el Registro de los asientos que provocó tal

escritura, de tal forma que el dominio del inmueble en ella

descrito permanezca inscrito” a favor de Romero. Ordenó, además,

que los peticionarios le entregaran a Romero la posesión del

inmueble y le ordenó a éste pagar a los peticionarios la suma

de $8,603.84 o lo que correspondiera a la diferencia entre las

rentas cobradas y el pago de la hipoteca hasta la entrega del

inmueble.

Se le impuso a los peticionarios las costas del

proceso y $1,500 en honorarios de abogados, por entender el foro

de instancia que fueron temerarios al litigar este pleito.

Inconformes con la determinación del Tribunal de Primera

Instancia,

los

Apelaciones

y

peticionarios

éste

confirmó

acudieron

la

al

sentencia

Tribunal

de

recurrida.

En

consecuencia, acuden ante este Tribunal señalando que el foro

apelativo erró (1) al no resolver que se viola el debido proceso

de ley cuando se permite enmendar la demanda en el informe de

conferencia con antelación al juicio; (2) al no resolver que el

Notario que autorizó la escritura de compraventa y el Banco que

era el acreedor hipotecario eran partes indispensables; (3) al

imponerle honorarios de abogados a la parte demandada, cuando

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la sentencia dictada obliga a la parte demandante a pagarle a

ellos una suma de dinero.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

expedimos el auto de certiorari. Por las razones que pasamos a

exponer, revocamos la sentencia recurrida.

II.

La Regla 37.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

R. 37 (2002), que regula los procedimientos de la conferencia

con antelación al juicio, dispone como sigue:

En cualquier pleito el tribunal podrá, en el ejercicio

de su discreción, ordenar a los abogados de las partes

que comparezcan a una conferencia para considerar:

(a) la simplificación de las cuestiones litigiosas;

(b) la necesidad o conveniencia de enmendar las

alegaciones; … (f) cualesquiera otras medidas que

puedan facilitar la más pronta determinación del

pleito. El tribunal dictará una orden en que expondrá

lo acordado en la conferencia, las enmiendas que se

hubieren permitido a las alegaciones y las

estipulaciones de las partes en relación con

cualesquiera de los asuntos considerados y que

limiten las cuestiones litigiosas a ser consideradas

en el juicio, a aquellas no resueltas mediante

admisiones o estipulaciones de los abogados; y dicha

orden, una vez dictada, gobernará el curso

subsiguiente del pleito, a menos que sea modificada

en el juicio para impedir manifiesta injusticia.

(énfasis nuestro).

Esta regla es consecuencia necesaria del principio básico

de nuestro sistema procesal de garantizar una solución justa,

rápida y económica. Su propósito es simplificar, reducir y hasta

evitar el juicio si es posible. JOSÉ A. CUEVAS SEGARRA, TRATADO DE

DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo II, Publicaciones JTS 620 (2000). Hemos

señalado que la conferencia con antelación al juicio le ofrece

a las partes la oportunidad para someter al tribunal posibles

enmiendas a las alegaciones antes de la vista en su fondo. Ortiz

Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 837 (1992).

Además, las enmiendas pueden ampliar una de las causas de acción

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alegadas en la demanda original, añadir una o más causas de

acción o plantear nuevas teorías. Cruz Cora v. UCB/Trans. Union

P.R. Div., 137 D.P.R. 917, 923 (1995). Un cambio de teoría por

sí sólo no es suficiente para denegar el permiso a menos que cause

perjuicio al demandado.

CUEVAS SEGARRA, supra, en la pág. 317.

Por otro lado, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil permite

a las partes enmendar sus alegaciones “una vez en cualquier

momento

antes

de

habérsele

notificado

una

alegación

respondiente”. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 13.1 (2002). Posterior

a ello sólo se podrá hacer “con permiso del tribunal o mediante

el consentimiento por escrito de la parte contraria; y el permiso

se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera”.

Id. (énfasis nuestro).

De ambas reglas se desprende que la decisión de permitir

enmendar las alegaciones es discrecional del tribunal. Sin

embargo, hemos establecido varios criterios para demarcar el

ejercicio adecuado de dicha discreción.

Estos son: (a) el

momento en que se solicita la enmienda; (b) el impacto de la

solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa;

(c) la razón o ausencia de ella para la demora e inacción original

del promovente de la enmienda; (d) el perjuicio que la misma

causaría a la otra parte; y (e) la naturaleza y méritos

intrínsecos de la defensa que se plantea. Epifanio Vidal, Inc.

v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1976). Por eso, si bien se ha

estatuido

la

liberalidad

como

parámetro

general

para

la

concesión del permiso, dicha liberalidad no es infinita, sino

que está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción,

que ha de ponderarse según los criterios antes mencionados. El

principal de estos es el perjuicio que se le pueda causar a la

otra parte al conceder la enmienda: “[n]o es permisible [sic]

enmiendas a la demanda cuando se introducen nuevas y separadas

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causas de acción o cuando hay incuria, mala fe o propósitos

dilatorios, causando perjuicio”. CUEVAS SEGARRA, supra, en la pág.

321 (énfasis nuestro).

En el caso de autos el demandante enmendó sus alegaciones

mediante el informe de la conferencia con antelación al juicio

para alegar, como teoría alterna para recuperar el inmueble, que

la compraventa celebrada con los peticionarios fue simulada.

Según se desprende de la minuta preparada al celebrarse la

conferencia con antelación al juicio, el foro de instancia

aprobó

dicho

informe

y,

por

consiguiente,

la

enmienda

solicitada. Cabe señalar, que ni del informe ni de la minuta

surge que los peticionarios hayan objetado a la enmienda

propuesta. Nada en el expediente indica que los peticionarios

hayan objetado a la enmienda solicitada y, mucho menos, que

expresaran que ésta les perjudicaba.1

A la luz de los criterios que el tribunal debió

considerar al ejercer su discreción es forzoso concluir que

el foro de instancia no erró al permitir la enmienda

solicitada

ni

violó

el

debido

proceso

de

ley

de

los

peticionarios. La enmienda se solicitó en un momento apropiado,

si consideramos que los peticionarios no alegaron perjuicio ni

presentaron objeción alguna y que uno de los propósitos del

informe con antelación al juicio es lograr un juicio justo,

evitar dilaciones y considerar la necesidad de enmendar las

alegaciones. Además, no se demostró falta de diligencia de parte

del demandante ni demoras injustificadas que nos obliguen a

Además, la evidencia que se presentó en el juicio y que

demostró la simulación de la compraventa a satisfacción del foro

de instancia, no fue objetada oportunamente. Ello tuvo el efecto

de enmendar las alegaciones conforme a lo dispuesto por la Regla

13.2 de Procedimiento Civil que dispone: “[c]uando con el

consentimiento expreso o implícito de las partes se sometan a

juicio cuestiones no suscitadas en las alegaciones, aquéllas se

considerarán a todos los efectos como si se hubieran suscitado

en las alegaciones.” 32 L.P.R.A. Ap, III, R. 13.2 (2002).

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intervenir con la discreción del juez de instancia. Mediante la

enmienda el demandante alegó que la venta fue simulada, lo cual

tuvo el único efecto de incluir una nueva teoría. Según

mencionáramos anteriormente, un cambio de teoría por sí sólo no

es suficiente para denegar una solicitud de enmienda.

El debido proceso de ley “le impone al Estado la obligación

de garantizar que la interferencia, con los intereses de

libertad y de propiedad del individuo, se haga a través de un

procedimiento que en esencia sea justo y equitativo”. C.E.S.

U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83, 109 (1994). En el caso de

autos el juez de instancia actuó dentro del marco de su

discreción para garantizar un procedimiento justo. No erró al

permitir la enmienda solicitada.

III.

Examinemos ahora si el acreedor hipotecario y el notario

que autorizó la escritura de compraventa que se declaró simulada

por el foro de instancia, son partes indispensables en el

presente litigio.

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R. 16.1 (2002), la cual dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se

harán partes y se acumularán como demandantes o

demandadas según corresponda. Cuando una persona que

deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podrá

unirse como demandada.

Los tratadistas son contestes en que la interpretación de

esta regla requiere de un enfoque pragmático, es decir, requiere

de una evaluación individual a la luz de las circunstancias

particulares que se presentan y no de una fórmula rígida para

determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen

que hacer un juicioso análisis que envuelva la determinación de

CC-2000-559

9

los derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido

como parte en el procedimiento. Es importante determinar si el

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y

completo sin afectar los intereses del ausente. 7 WRIGHT & MILLER,

FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE § 1601, en las págs. 9-18 (2001); CUEVAS

SEGARRA, supra, en la pág. 368.

Cabe señalar que el “interés

común” al que se hace referencia en la Regla 16.1 no es cualquier

interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que

impida la confección de un derecho sin afectarlo. Id., en la pág.

369. Además, el interés afectado tiene que ser real e inmediato,

al extremo de impedir la confección de un decreto adecuado ya

que “[b]ajo la Regla 16.1 una parte indispensable es aquella

persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o

inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando

esta persona ausente del litigio”. CUEVAS SEGARRA, supra, en las

págs. 371, 375 (énfasis nuestro).

En diversas ocasiones hemos reiterado que la regla sobre

acumulación indispensable de partes persigue el propósito de que

la persona que no está presente quede protegida de los efectos

legales de la sentencia y así evitar que se multipliquen los

pleitos.

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R.

623, 627 (1994). La falta de parte indispensable constituye un

planteamiento tan relevante y vital que puede presentarse en

cualquier momento, es decir, puede presentarse por primera vez

en apelación e incluso puede suscitarse “sua sponte” por un

tribunal apelativo ya que en ausencia de parte indispensable,

el tribunal carece de jurisdicción. Además, la omisión de traer

a una parte indispensable al pleito constituye una violación al

debido proceso de ley de dicho ausente.

Hernández Agosto v.

López Nieves, 114 D.P.R. 601, 625 (1983); Rodríguez Rodríguez

v. Moreno Rodríguez, supra, en la pág. 625.

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La Regla 16.1 busca evitar que la persona ausente se vea

privada de su propiedad sin un debido proceso de ley y que el

remedio adjudicado sea completo. Rodríguez Rodríguez v. Moreno

Rodríguez, supra, en la pág. 624. Por lo tanto, de reconocerse

que está ausente una parte indispensable, debe desestimarse la

acción. Sin embargo, esta desestimación no tendrá el efecto de

una adjudicación en los méritos con efecto de cosa juzgada. 32

L.P.R.A. Ap. III, R.39.2(c) (2002); Banco de la Vivienda de P.R.

v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730, 737 (1992).

Aplicando los criterios antes esbozados, concluimos que el

notario

que

autorizó

la

escritura

simulada

no

es

parte

indispensable en este litigio. Ello es contrario a la situación

del acreedor hipotecario, según explicaremos más adelante.

Veamos.

El notario es el custodio de la fe pública notarial y le

imparte veracidad, autenticidad y legalidad a los instrumentos

públicos y notariales que autoriza. SARAH TORRES PERALTA, EL DERECHO

NOTARIAL PUERTORRIQUEÑO 1.9 (1995).

como tal:

Por eso, hemos resuelto que,

“Al autorizar un documento presuntivamente da fe

pública y asegura que ese documento cumple con todas las

formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento

es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida

y legítima”. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).

En el desempeño de su gestión notarial el abogado está

obligado a cumplir

con los deberes que surgen de la ley, los

Cánones de Ética Profesional y el contrato entre las partes. La

inobservancia de esos deberes expone al notario a una posible

acción en daños por los perjuicios causados y a nuestra

jurisdicción correctiva y disciplinaria. In re Cruz Tollinche,

114 D.P.R. 205, 207 (1983). La responsabilidad civil del notario

por los daños que cause la violación de sus deberes notariales

CC-2000-559

11

se extiende también a terceros que hayan sufrido daños por las

actuaciones notariales del funcionario, en su función dual de

asesoramiento y de instrumentador del documento. TORRES PERALTA,

supra, en la pág. 1.38.

Respecto a la intervención de un notario en un negocio

simulado hemos señalado anteriormente que:

en tal situación se está atentando contra la propia

naturaleza de lo que la fe notarial y pública

representa en una sociedad que ha depositado

confianza en manos de dicho funcionario ... la validez

de los actos y documentos públicos no puede dejarse

al arbitrio de una norma ética débil, y que la

participación de un abogado como tal o como notario

en negocios simulados es conflictiva con los mejores

postulados de conducta que deben regir a los miembros

de nuestra profesión de abogado y en su consecuencia

ello de ordinario constituye suficiente base para el

desaforo.

In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599-600

(1975).

En Deliz Muñoz v. Igartúa Muñoz, res. el 23 de enero de 2003,

158

D.P.R.

__

(2003),

2003

T.S.P.R.

4,

resolvimos

una

controversia similar a la que nos ocupa. En ese caso se alegó

que el notario que autorizó el testamento impugnado era parte

indispensable. La alegación de nulidad se basaba en que el

testamento no cumplía con las formalidades requeridas por el

Código Civil. Resolvimos lo siguiente:

Somos del criterio que para resolver esa controversia

el notario Nolla Amado no resulta ser una ‘parte

indispensable’. Ello por razón de que en cualquier

caso de esta naturaleza, en que efectivamente se

decrete la nulidad absoluta de un testamento otorgado

ante notario, dicha determinación necesariamente no

conllevaría perjuicio para éste. Podría suceder que

el perjudicado por dicha determinación judicial sobre

nulidad testamentaria no radique acción judicial, en

daños y perjuicios, contra dicho notario. Aun si así

lo hiciera dicho perjudicado, éste, repetimos,

tendría que demostrar que la falta en que incurrió el

notario provino de su malicia o negligencia o

ignorancia inexcusables.

Deliz Muñoz v. Igartúa

Muñoz, supra.

Concluimos

entonces

que

el

notario

no

es

parte

indispensable, “por razón de que el posible perjuicio o lesión,

que pueda sufrir dicho notario no es uno real e inmediato siendo

CC-2000-559

12

el mismo, por el contrario, uno contingente, esto es, supeditado

a que ocurran en el futuro una serie de eventos y circunstancias

que, necesariamente, no tienen que darse”.

Deliz Muñoz v.

Igartúa Muñoz, supra (citas omitidas).

Resulta evidente que en el caso de autos el notario no es

parte indispensable en la acción para anular un contrato por

simulación

que

éste

autorizó,

pues

su

interés

en

dicha

controversia no es real e inmediato sino contingente a la

consecuencia de la acción instada.

El notario autorizante no

se verá privado de su derecho al debido proceso de ley por no

ser parte en la acción para anular el contrato, ya que su interés

aún no se ha concretado y depende, por el contrario, de un

sinnúmero de factores que podrán manifestarse, si acaso, luego

de advenir final y firme la anulación del contrato por

simulación. Incluso, de presentarse una acción disciplinaria o

una acción civil contra el notario a raíz de dicha determinación,

habrá que dilucidar si éste es responsable conforme a la

normativa aplicable. Por lo tanto, en el caso de autos el notario

no constituye una parte “sin cuya presencia no pueda dictarse

un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar

radicalmente sus derechos”.

Deliz Muñoz v. Igartúa Muñoz,

supra.

Con respecto al banco acreedor hipotecario la situación es

diferente.

El contrato de hipoteca, como todo contrato,

requiere para su validez que concurran los elementos esenciales

de consentimiento, objeto y causa. 31 L.P.R.A. § 3391 (2002).

La validez del contrato de hipoteca depende, además, de que se

cumplan los siguientes requisitos: (1) que se constituya para

asegurar el cumplimiento de una obligación principal; (2) que

la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca;

(3) que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre

CC-2000-559

13

disposición de sus bienes o en caso de no tenerla, se hallen

legalmente autorizadas para ello; y (4) que la escritura se

inscriba en el Registro de la Propiedad. 31 L.P.R.A. § 5001, 5042

(2002).

Al respecto la Ley Hipotecaria y del Registro de la

Propiedad dispone:

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes

o impuestas por disposición del dueño de los bienes

o derechos sobre que se constituyan y únicamente

podrán ser establecidas por quienes tengan la libre

disposición de dichos bienes o derechos o, en caso de

no tenerla se hallen autorizados para ello con arreglo

a las leyes. 30 L.P.R.A. § 2601 (2001).

Además, requiere que el contrato de hipoteca se haya

acordado en escritura pública y que la escritura se haya inscrito

en el Registro de la Propiedad.

30 L.P.R.A.§ 2607 (2001).

Como sabemos, la hipoteca presupone la existencia de una

obligación por la cual, como regla general, el deudor responde

con todos sus bienes presentes y futuros.

Por lo tanto, el

acreedor hipotecario tiene el derecho de hacer efectivo su

crédito contra todo el patrimonio del deudor y, además, posee

un derecho real sobre un bien determinado que responde de la

deuda aunque haya pasado a manos de un tercero. LUIS RAFAEL RIVERA

RIVERA, DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO PUERTORRIQUEÑO 496 (2002).

En

el

caso

de

autos,

el

demandante

Romero

y

los

peticionarios suscribieron un contrato de compraventa simulado,

lo cual tiene serias implicaciones para el acreedor hipotecario

ausente en el pleito.

Este contrató con los peticionarios,

actuando éstos como dueños de la propiedad hipotecada como

consecuencia de la compraventa simulada. Se trata, según surge

de los hechos probados en instancia, de una simulación absoluta

que conlleva, no el descubrimiento de otro negocio lícito y

verdadero, sino la nulidad absoluta. 31 L.P.R.A. § 3433 (2002);

COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES, XVII REVISTA DE DERECHO

CC-2000-559

14

PRIVADO 455-56 (Joaquín Rams Albesa, autor del comentario); 580

(Luis Humberto Claveria Gosalbez, autor del comentario) (1993).

Así lo decretó el foro de instancia. Por consiguiente, el

contrato simulado no produjo efectos jurídicos. Díaz García v.

Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989). Al anularse la compraventa

simulada en este caso, la titularidad del inmueble hipotecado

nunca perteneció a los peticionarios y éstos no tenían la

facultad de gravarlo. La ausencia de esta facultad ciertamente

incide en el convenio de garantía hipotecaria y puede afectar

el interés del Banco sobre el inmueble que garantiza el pago del

préstamo. COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES, supra, en

la pág. 597 (Luis Humberto Claveria Gosalbez, autor del

comentario); Sentencia del Tribunal Supremo de España de 19 de

diciembre de 1964.

Por otro lado, la declaración de nulidad de un contrato por

simulación, representa un problema para los acreedores de ambos

simulantes, cuyos intereses estarán en riesgo porque:

[a] los del vendedor fingido les interesa que el

patrimonio de su deudor no se vea disminuido con la

pérdida del bien: a los del adquirente fingido les

conviene, por el contrario, que el activo de su deudor

quede aumentado. Los primeros tienen legitimación

para impugnar el negocio por tener interés legítimo

en que la simulación se declare, y los segundos en

coadyuvar judicialmente a que se mantenga aquel

negocio. DÍEZ PICAZO & GULLÓN, supra, en la pág. 523.

Los

derechos

del

Banco

como

acreedor

de

la

parte

peticionaria en este caso indudablemente se verán amenazados al

declararse nula la compraventa mediante sentencia válida.

El

Banco no sólo verá disminuido el patrimonio de su deudor al

revertir la titularidad del inmueble al demandante sino que, más

importante aún, podría afectarse el derecho real que posee sobre

el inmueble en controversia, que garantiza el préstamo concedido

a los peticionarios.

CC-2000-559

15

A la luz de lo antes expuesto, resulta forzoso concluir que

el Western Federal Savings Bank es parte indispensable en este

pleito. Ciertamente, al Banco se le privó de su derecho al debido

proceso de ley, al no incluírsele como parte en el presente

litigio y al pretender dar finalidad a una sentencia que declaró

la nulidad del contrato de compraventa y que ordenó la anulación

en el Registro de la Propiedad de los asientos provocados por

dicha escritura.

Al banco, como acreedor hipotecario, debió

habérsele dado la oportunidad de defender sus intereses ya que

la sentencia del foro de instancia podía lesionar directamente

dichos intereses. En estas circunstancias, la falta de incluir

al banco como parte en el presente litigio conlleva la revocación

de la sentencia recurrida.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

sentencia recurrida y desestimamos la presente acción contra los

peticionarios, sin perjuicio. En vista de esta determinación,

resulta innecesario discutir el cuarto señalamiento de error en

que se solicita que revisemos la imposición de honorarios de

abogados.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

CC-2000-559

16

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ángel Luis Romero

Recurrido

v.

Jorge L. Reyes Rivera y su

esposa Myriam Carrasquillo

Santiago y la Sociedad Legal de

Gananciales

entre

ellos

constituida

CC-2000-559

Certiorari

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la

presente

Sentencia,

revocamos

la

sentencia

recurrida y desestimamos la presente acción contra

los peticionarios, sin perjuicio.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rivera Pérez inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria General