Tribunal Supremo de Puerto Rico
R & J Motors, Inc., H/N/C Autos del Caribe v. Departamento de Asuntos del Consumidor
2005 TSPR 48
Poder Judicial de Puerto Rico
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R & J Motors, Inc., H/N/C Autos del Caribe v. Departamento de Asuntos del Consumidor
CC-2003-0573
Obligaciones y Contratos: Inscripción del Vehículo en el DTOP
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
R & J Motors, Inc., H/N/C Autos
del Caribe
Recurrido
Certiorari
v.
2005 TSPR 48
Departamento de Asuntos del
Consumidor
163 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-573
Fecha: 19 de abril de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional de San Juan, Panel
Especial CR I
Juez Ponente:
Hon. Pierre E. Vivoni del Valle
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. Maisonet Trinidad
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Roberto Abesada-Agüet
Materia: Revisión Administrativa
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
R & J Motors, Inc.,H/N/C Autos
del Caribe
Recurrido
v.
CC-2003-573
Departamento de Asuntos del
Consumidor
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a
Mediante
el
recurso
19 de abril de 2005.
presentado
ante
nos,
el
peticionario solicita de este Tribunal la revisión y
revocación de la Sentencia emitida por el entonces
Tribunal de Circuito de Apelaciones el 26 de marzo
de 2003, mediante la cual se revocó una decisión del
Departamento de Asuntos del Consumidor que impuso
una multa al recurrido por no haber entregado al
Departamento
de
dentro
plazo
del
Transportación
y
Obras
Públicas,
correspondiente,
los
documentos
necesarios para la inscripción de un vehículo de
motor
usado,
a
favor
del
nuevo
dueño
2
CC-2003-573
I
El 10 de febrero de 2000, la señora Irma L.
Batista
Alvarado adquirió, mediante contrato de compraventa, de R & J
Motors,
Inc.,
haciendo
negocios
como
Autos
del
Caribe,
en
adelante Autos del Caribe o “dealer”, un vehículo de motor
usado,
marca
Mitsubishi,
modelo
Mirage,
del
año
1998.
El
financiamiento de dicha compra estuvo a cargo de la entidad
bancaria Citibank. Una vez perfeccionado el contrato de venta
al por menor a plazos o contrato de venta condicional, Autos
del Caribe, por motivo del financiamiento
del vehículo, le
cedió sus derechos como vendedor en el contrato a Citibank.
El 16 de febrero de 2000, Autos del Caribe pagó al
Departamento de Transportación y Obras Públicas, en adelante
D.T.O.P., las multas de tránsito que tenía el vehículo al
momento de la transacción. 1 Posteriormente, el 8 de marzo de
2000, Autos del Caribe envió al Citybank toda la documentación
de la compraventa condicional 2 para que éste realizara las
gestiones correspondientes a la inscripción del vehículo en el
D.T.O.P. 3 El 25 de octubre de 2000, Citibank le devolvió al
“dealer” los documentos del automóvil alegando que había unas
multas que no habían sido pagadas al D.T.O.P.
Dos
(2)
meses
después,
debido
realizada
el
21
diciembre
de
1
de
a
2000,
una
el
investigación
Departamento
de
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 60.
2
Íd., págs. 90-91; transcripción de la vista en su fondo,
págs. 6-7. Transcurrieron veintiséis (26) días desde la
compraventa hasta que le fueron entregados los documentos al
Citybank.
3
Apéndice del recurso de Certiorari. pág. 60.
3
CC-2003-573
Asuntos del Consumidor, en adelante D.A.C.O., emitió un aviso
de infracción 4 contra Autos del Caribe por no haber sometido,
en el término de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 8
del
Reglamento
correspondiente
de
Motor 5 ,
Garantías
de
Vehículos
de
documentación
al
D.T.O.P.,
para
la
la
debida
inscripción del vehículo. 6 Se le ordenó a Autos del Caribe
pagar una multa de cuatrocientos dólares ($400).
Autos del Caribe le solicitó a D.A.C.O. que se celebrara
una vista administrativa para discutir la procedencia de la
multa impuesta. En la misma, el “dealer” querellado presentó
los testimonios de la señora Olga Barreto, Gerente de Crédito
de Autos del Caribe, y de la señora Carmen Díaz, encargada de
procesar las licencias de vehículos de motor del “dealer”. 7 La
señora
Barreto
testificó
sobre
el
procedimiento
a
seguir
cuando una persona compra un vehículo de motor. Declaró que
cuando se perfecciona la compraventa de un vehículo de motor
usado, Autos del Caribe le provee una licencia provisional al
comprador, se cerciora de que el automóvil no adeude nada en
concepto de multas al D.T.O.P. y si debe alguna se encarga de
pagarlas.
8
Añadió,
que
luego
de
entregar
4
la
Este aviso fue notificado el 27 de diciembre
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 28.
licencia
de
2000.,
5
Artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de
Motor, Núm.4797, Departamento de asuntos del Consumidor, 30 de
septiembre de 1992.
6
Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 27-29.
7
Íd., pág. 61.
8
Íd., pág. 61., Transcripción de la vista en su fondo, págs.
4-5.
4
CC-2003-573
provisional y de pagar las multas, le entrega al banco o
entidad
encargada
del
financiamiento
todos
los
documentos
relacionados al negocio, quien a su vez presenta al D.T.O.P.
los
documentos
correspondientes
para
la
inscripción
del
vehículo. 9 Expresó, que después de presentada a la entidad
financiera,
la
documentación
correspondiente
al
negocio
de
compraventa, el “dealer” pierde el control del caso.10
Por su parte, la señora Díaz declaró que Autos del Caribe
pagó las multas que gravaban el automóvil vendido a la señora
Batista Alvarado. 11 Indicó que suele darse la situación en que
el D.T.O.P. se atrasa en la cancelación de las multas pagadas,
por lo que el proceso de inscripción del vehículo se demora. 12
Además, añadió que el banco o la entidad financiera solamente
le devuelve al “dealer” los documentos que éste le entregó,
cuando aparece que no se ha pagado alguna multa pendiente ante
el D.T.O.P.13
El 28 de agosto de 2001, D.A.C.O. emitió una resolución,
resolviendo que Autos del Caribe, tal como se le imputaba en
el
aviso
de
infracción,
había
violado
el
Artículo
8
del
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra, por no
haber sometido, en el término correspondiente, al D.T.O.P.
toda
la
documentación
9
Íd.
10
Íd., págs. 61-62.
11
Íd., pág. 62.
12
Íd.
13
Íd.
necesaria
para
la
inscripción
del
5
CC-2003-573
vehículo
en
imposición
esa
del
agencia
pago
de
y
por
una
lo
tanto
multa
confirmaba
la
administrativa
de
cuatrocientos dólares ($400).14
Autos de Caribe, oportunamente, solicitó reconsideración.
El 2 de octubre de 2001, el foro administrativo recurrido
emitió
una
resolución,
declarando
sin
lugar
la
moción
de
reconsideración y reiterando su dictamen. En dicha resolución
señaló lo siguiente:
No es al banco que provee el
financiamiento
sino
al
vendedor
del
vehículo de motor a quien claramente el
Reglamento de Garantías de Vehículos de
Motor, aprobado el 28 de septiembre de
1992, en su artículo 8, le impone la
responsabilidad
de
someter
ante
el
Departamento de Transportación y Obras
Públicas los documentos requeridos por
ley para la correspondiente inscripción
dentro de los 30 días siguientes a la
venta.
El recurrente no demostró que dentro
del
mencionado
término
sometió
los
referidos documentos al Departamento de
Transportación y Obras Públicas.
Los trámites que se efectúen entre
el banco y el vendedor no pueden en forma
alguna tener el efecto de modificar lo
dispuesto
por
el
artículo
8
antes
mencionado.15
Inconforme, el 1 de noviembre de 2001, Autos del Caribe
presentó ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones
recurso
de
revisión
revocación
del
dictamen
recurrente
adujo
14
Íd., 41.
15
Íd., págs. 45-46
que
administrativa,
agencia
solicitándole
de
la
recurrida.
la
determinación
de
la
El
la
allí
agencia
6
CC-2003-573
administrativa, por el alegado incumplimiento de Autos del
Caribe al artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos
de Motor, supra, y la imposición de la multa de cuatrocientos
dólares ($400), no estuvo apoyada en evidencia sustancial.
Arguyó que presentó prueba ante la referida agencia de que el
Citibank
es
el
responsable
de
presentar
al
D.T.O.P.
la
documentación pertinente, relacionada al contrato de venta al
por menor a plazos.
El entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones expidió
el auto de revisión solicitado y emitió sentencia el 26 de
marzo de 2003, en la cual revocó la determinación recurrida
del caso de autos. Concluyó lo siguiente:
...D.A.C.O. erró al imponer a Autos del
Caribe una multa por, alegadamente, no
haber
entregado
al
D.T.O.P.
los
documentos necesarios para la inscripción
de un vehículo a nombre de la compradora.
En
primer
lugar,
la
obligación
de
presentar tales documentos al D.T.O.P.
recae sobre el acreedor financiero una
vez éste asume control del caso, ya que,
simultánea
con
el
otorgamiento
del
contrato de compraventa a plazos, ocurre
una subrogación mediante la cual el
dealer cede sus derechos y obligaciones a
la entidad financiera.16
La parte allí recurrida, D.A.C.O., le solicitó al foro
intermedio apelativo la reconsideración de dicha Sentencia, la
cual fue denegada el 3 de junio de 2003, archivada en autos
copia de su notificación a las partes el 19 de junio de 2003.
Inconforme, D.A.C.O. acude ante nos mediante el presente
recurso de Certiorari. Señaló como único error, cometido por
el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, el siguiente:
16
Íd., pág. 73.
7
CC-2003-573
Erró
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones al señalar que le corresponde
a la entidad financiera cumplir con los
deberes que la reglamentación vigente le
impone al vendedor para beneficio del
comprador, liberando al vendedor de sus
responsabilidades
ante
el
comprador,
contradiciendo así la política pública
del Estado Libre Asociado, de que el
vendedor cedente no pueda liberarse de
sus responsabilidades ante el comprador,
según expuesta en la Ley de Ventas a
Plazos y Compañías de Financiamiento 17 ,
recogida en el Reglamento 18 y avalada por
este Honorable Tribunal en el caso
Berrios v. Zambrana 19 [sic]. (Citas
suplidas)
Contando
con
la
comparecencia
de
ambas
partes
nos
encontramos en posición de resolver.
II
Los
regulados
contratos
de
ventas
por
Ley
de
la
al
Ventas
por
menor
a
plazos
están
a
Plazos
y
Compañías
de
Financiamiento, supra. Esta ley, en su sección 749, establece
las disposiciones que estarán prohibidas en los contratos de
venta a plazos e incluye los derechos y deberes del comprador
y
del
vendedor.
Específicamente,
respecto
al
vendedor,
establece que ningún contrato de esta índole podrá contener
cláusula alguna en la cual “el comprador releve al vendedor de
la responsabilidad que pudiera éste tener para con él bajo el
17
Ley Número 68 de 19 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 731
et seq.
18
Se refiere al Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,
citado anteriormente en la nota al calce número cinco (5).
19
123 D.P.R. 317 (1989).
8
CC-2003-573
contrato o cualquier otro documento otorgado en conexión con
el mismo”.20
Cuando ocurre una cesión de un contrato de compraventa a
plazos, se crea una relación tripartita entre el comprador, el
vendedor y la compañía financiera. 21 La finalidad propia de la
cesión es la transmisión de la titularidad del contrato de
venta
condicional
del
cedente
al
cesionario. 22
Aunque
se
transmite la titularidad del crédito, el vendedor no queda
desligado
de
su
relación
originalmente
establecida
con
el
comprador. En Berríos v. Zambrana, supra, nos expresamos sobre
la aplicación, en casos como el presente, de las obligaciones
del vendedor contenidas en el Código Civil. Allí se establece
que las obligaciones principales del vendedor son la entrega y
el saneamiento de la cosa vendida. 23 Establecimos que en la
cesión de un contrato de venta al por menor a plazos, el
vendedor cedente no queda liberado, porque en virtud de la Ley
de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, el
legislador expresamente dispuso que el vendedor retiene su
responsabilidad frente al comprador. 24 Aunque el cedente haya
cedido el contrato de venta a plazos a la entidad financiera
(cesionaria),
no
queda
liberado
de
20
10 L.P.R.A. sec. 749 (f).
21
Berríos v. Zambrana, supra, pág. 328.
22
Íd. pág. 329.
23
toda
responsabilidad
Artículo 1350 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
sec. 3801.
24
Berríos v. Zambrana, supra, pág. 330.
9
CC-2003-573
surgida de su relación con el comprador como vendedor del
vehículo
de
motor.
Tal
como
mencionamos
en
Berríos
v.
Zambrana, supra, la figura o relación descrita, creada por el
legislador, constituye una “cesión atípica o sui géneris”.25
El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra,
adoptado y promulgado de acuerdo con los poderes conferidos al
D.A.C.O. por la ley número 5 de 23 de abril de 1973, 26 según
enmendada, la ley número 7 de 24 de septiembre de 1979 27 y la
ley número 170 de 12 de agosto de 1988, 28 según enmendada,
establece en su artículo 8 una obligación específica que todo
vendedor debe cumplir tras la venta de un vehículo de motor.
Dicho artículo dispone lo siguiente:
Todo vendedor de un vehículo de
motor
someterá
al
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas toda la
documentación exigida por ley para su
inscripción dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de venta.29
En su artículo 5, define vendedor, para efectos del cuerpo
reglamentario, como “toda entidad o persona que debidamente
25
Íd.
26
Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. secs. 341
et seq.
27
Garantías de Vehículos de Motor, 10 L.P.R.A. secs. 2051 et
seq.
28
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A.
secs. 2101 et seq.
29
Artículo 8
Motor, supra.
del
Reglamento
de
Garantías
de
Vehículos
de
10
CC-2003-573
autorizada
por
ley
se
dedique
a
la
venta
o
permuta
de
vehículos de motor en Puerto Rico”.30
La parte peticionaria arguye que actuó incorrectamente el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al ampliar la
letra clara del artículo 8 del Reglamento de Garantías de
Vehículos de Motor, supra. Sostiene que incurrió en error al
determinar que cuando ocurre la subrogación en la cesión del
contrato
de
venta
a
plazos,
el
vendedor
(cedente)
queda
liberado de la responsabilidad impuesta en dicho artículo, ya
que ésta se cede a la entidad que brindó el financiamiento
(cesionaria). Añade, además, que tal decisión es contraria a
derecho y a la política pública del Estado, expuesta en la
legislación vigente.31
El foro intermedio apelativo determinó que debido a las
prácticas vigentes en el negocio de compraventas condicionales
de vehículos de motor, se le debía dar una interpretación más
amplia al artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos
de Motor, supra, por lo que le correspondía al Citibank la
obligación de proveer al D.T.O.P. la información necesaria
para
inscribir
el
vehículo
a
nombre
de
la
señora
Batista
Alvarado. Señaló que interpretar lo contrario, o sea que la
responsabilidad que surge de tal artículo 8 no es del banco
sino del “dealer”, “impondría sobre los vendedores de autos
una carga adicional, ajena a sus intereses en el ámbito de su
30
Íd., artículo 5.
31
Recurso de Certiorari, pág. 6.
11
CC-2003-573
actividad comercial, que es la venta de autos” 32 . Bajo esa
conclusión, eximió a Autos del Caribe del pago de la multa de
cuatrocientos dólares ($400), impuesta por D.A.C.O.
No
compartimos
la
óptica
del
entonces
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones. Como vimos, en la Ley de Ventas a
Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, el legislador
estableció que en las ventas a plazos el vendedor no queda
liberado de sus obligaciones frente al comprador. En Berríos
v. Zambrana, supra, resolvimos que el vendedor mantiene sus
responsabilidades ante el comprador, aún cuando éste ceda a
una entidad financiera los derechos adquiridos de un contrato
de venta a plazos. Ante esta situación, el vendedor cedente
retiene sus obligaciones principales de saneamiento y entrega
de
la
cosa
vendida,
según
establecido
en
nuestro
Código
Civil. 33 No obstante, la responsabilidad del vendedor cedente
no se limita a las obligaciones principales establecidas en el
Código Civil. La Asamblea Legislativa le confirió al D.A.C.O.
el
poder
para
regular
de
forma
específica
los
asuntos
relacionados a la venta y garantías de vehículos de motor. 34
Por
lo
tanto,
la
obligación
impuesta
al
vendedor
en
el
artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,
supra, que consiste en entregar al D.T.O.P. los documentos
necesarios
para
la
inscripción
del
vehículo,
32
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 72.
33
31 L.P.R.A. sec. 3801.
34
surge
de
ese
Exposición de motivos de la Ley número 7 de 24 de septiembre
de 1979; 10 L.P.R.A. secs. 2053 y 2063; Artículo 2 del
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,supra.
12
CC-2003-573
poder delegado. Bajo los principios de hermenéutica, si un
estatuto
es
claro
y
susceptible
de
una
interpretación
inequívoca según el significado común de sus palabras, los
tribunales deben aplicar esta voluntad legislativa y no darle
o añadirle un significado que no está contenido en él. 35 De
igual manera, si de un reglamento, aprobado y promulgado según
el
poder
cuasilegislativo
conferido
por
la
Asamblea
Legislativa a una agencia administrativa, surge un lenguaje
claro y preciso, los tribunales no deben interferir con la
voluntad de la agencia especializada para así añadir o alterar
lo dispuesto por ésta dentro de sus facultades. El tribunal
interpreta, pero no legisla.
El
artículo
específicamente
8
del
que
la
Reglamento
en
controversia
responsabilidad
de
dispone
someter
los
documentos al D.T.O.P., para la inscripción del vehículo, es
del vendedor, definido como entidad o persona, debidamente
autorizada, dedicada a la venta de vehículos de motor. Por lo
tanto, esta obligación es del vendedor (cedente) y no de la
compañía que financió el vehículo. La compañía financiera
es
considerada
un
vendedor
a
los
efectos
de
la
no
referida
disposición reglamentaria, razón por la que no está llamada a
cumplir
con
esa
obligación
impuesta
por
dicho
cuerpo
reglamentario al vendedor (cedente).
35
Véase el Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 14. “Cuando la ley es clara se observará su
letra”; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656(1964);
R.E.
Vernier
y
J.A.
Cuevas
Segarra,
Aprobación
e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da. Ed., San
Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 43, pág. 311.
13
CC-2003-573
Autos
del
Caribe,
vendedor
cedente,
tiene
la
responsabilidad de cumplir con las obligaciones principales de
todo
vendedor,
establecidas
en
el
Código
Civil,
y
con
la
obligación impuesta por D.A.C.O. en virtud del Artículo 8 del
Reglamento
entregar
de
al
inscripción
Garantías
D.T.O.P.
del
de
los
vehículo
Vehículos
de
Motor,
supra,
de
documentos
pertinentes
para
la
de
motor
a
nombre
de
la
señora
Batista Alvarado.
Concluimos
Apelaciones
que
el
entonces
Tribunal
incidió
en
el
señalado.
error
de
Circuito
Por
lo
de
tanto,
corresponde a Autos del Caribe y no al Citibank, el pago de la
multa
de
$400
ordenada
por
D.A.C.O.,
por
la
violación
al
artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,
supra.
III
Por
sentencia
los
fundamentos
recurrida,
antes
emitida
por
expuestos,
el
entonces
revocamos
la
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones, y reinstalamos la Resolución dictada
por el Departamento de Asuntos del Consumidor, ordenando a
Autos
del
Caribe
a
pagar
una
multa
administrativa
cuatrocientos dólares ($400).
EFRAIN E. RIVERA PEREZ
Juez Asociado
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
R & J Motors, Inc. H/N/C Autos
del Caribe
Recurrido
CC-2003-573
v.
Departamento
Consumidor
de
Asuntos
del
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la sentencia recurrida, emitida
por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones,
y reinstalamos la Resolución
dictada por
el
Departamento de Asuntos del Consumidor, ordenando a
Autos del Caribe a pagar una multa administrativa de
cuatrocientos dólares ($400).
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado
sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo