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Tribunal Supremo de Puerto Rico

R & J Motors, Inc., H/N/C Autos del Caribe v. Departamento de Asuntos del Consumidor

2005 TSPR 48

Poder Judicial de Puerto Rico

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R & J Motors, Inc., H/N/C Autos del Caribe v. Departamento de Asuntos del Consumidor

CC-2003-0573

Obligaciones y Contratos: Inscripción del Vehículo en el DTOP

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R & J Motors, Inc., H/N/C Autos

del Caribe

Recurrido

Certiorari

v.

2005 TSPR 48

Departamento de Asuntos del

Consumidor

163 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2003-573

Fecha: 19 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional de San Juan, Panel

Especial CR I

Juez Ponente:

Hon. Pierre E. Vivoni del Valle

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José A. Maisonet Trinidad

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Roberto Abesada-Agüet

Materia: Revisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R & J Motors, Inc.,H/N/C Autos

del Caribe

Recurrido

v.

CC-2003-573

Departamento de Asuntos del

Consumidor

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a

Mediante

el

recurso

19 de abril de 2005.

presentado

ante

nos,

el

peticionario solicita de este Tribunal la revisión y

revocación de la Sentencia emitida por el entonces

Tribunal de Circuito de Apelaciones el 26 de marzo

de 2003, mediante la cual se revocó una decisión del

Departamento de Asuntos del Consumidor que impuso

una multa al recurrido por no haber entregado al

Departamento

de

dentro

plazo

del

Transportación

y

Obras

Públicas,

correspondiente,

los

documentos

necesarios para la inscripción de un vehículo de

motor

usado,

a

favor

del

nuevo

dueño

2

CC-2003-573

I

El 10 de febrero de 2000, la señora Irma L.

Batista

Alvarado adquirió, mediante contrato de compraventa, de R & J

Motors,

Inc.,

haciendo

negocios

como

Autos

del

Caribe,

en

adelante Autos del Caribe o “dealer”, un vehículo de motor

usado,

marca

Mitsubishi,

modelo

Mirage,

del

año

1998.

El

financiamiento de dicha compra estuvo a cargo de la entidad

bancaria Citibank. Una vez perfeccionado el contrato de venta

al por menor a plazos o contrato de venta condicional, Autos

del Caribe, por motivo del financiamiento

del vehículo, le

cedió sus derechos como vendedor en el contrato a Citibank.

El 16 de febrero de 2000, Autos del Caribe pagó al

Departamento de Transportación y Obras Públicas, en adelante

D.T.O.P., las multas de tránsito que tenía el vehículo al

momento de la transacción. 1 Posteriormente, el 8 de marzo de

2000, Autos del Caribe envió al Citybank toda la documentación

de la compraventa condicional 2 para que éste realizara las

gestiones correspondientes a la inscripción del vehículo en el

D.T.O.P. 3 El 25 de octubre de 2000, Citibank le devolvió al

“dealer” los documentos del automóvil alegando que había unas

multas que no habían sido pagadas al D.T.O.P.

Dos

(2)

meses

después,

debido

realizada

el

21

diciembre

de

1

de

a

2000,

una

el

investigación

Departamento

de

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 60.

2

Íd., págs. 90-91; transcripción de la vista en su fondo,

págs. 6-7. Transcurrieron veintiséis (26) días desde la

compraventa hasta que le fueron entregados los documentos al

Citybank.

3

Apéndice del recurso de Certiorari. pág. 60.

3

CC-2003-573

Asuntos del Consumidor, en adelante D.A.C.O., emitió un aviso

de infracción 4 contra Autos del Caribe por no haber sometido,

en el término de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 8

del

Reglamento

correspondiente

de

Motor 5 ,

Garantías

de

Vehículos

de

documentación

al

D.T.O.P.,

para

la

la

debida

inscripción del vehículo. 6 Se le ordenó a Autos del Caribe

pagar una multa de cuatrocientos dólares ($400).

Autos del Caribe le solicitó a D.A.C.O. que se celebrara

una vista administrativa para discutir la procedencia de la

multa impuesta. En la misma, el “dealer” querellado presentó

los testimonios de la señora Olga Barreto, Gerente de Crédito

de Autos del Caribe, y de la señora Carmen Díaz, encargada de

procesar las licencias de vehículos de motor del “dealer”. 7 La

señora

Barreto

testificó

sobre

el

procedimiento

a

seguir

cuando una persona compra un vehículo de motor. Declaró que

cuando se perfecciona la compraventa de un vehículo de motor

usado, Autos del Caribe le provee una licencia provisional al

comprador, se cerciora de que el automóvil no adeude nada en

concepto de multas al D.T.O.P. y si debe alguna se encarga de

pagarlas.

8

Añadió,

que

luego

de

entregar

4

la

Este aviso fue notificado el 27 de diciembre

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 28.

licencia

de

2000.,

5

Artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de

Motor, Núm.4797, Departamento de asuntos del Consumidor, 30 de

septiembre de 1992.

6

Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 27-29.

7

Íd., pág. 61.

8

Íd., pág. 61., Transcripción de la vista en su fondo, págs.

4-5.

4

CC-2003-573

provisional y de pagar las multas, le entrega al banco o

entidad

encargada

del

financiamiento

todos

los

documentos

relacionados al negocio, quien a su vez presenta al D.T.O.P.

los

documentos

correspondientes

para

la

inscripción

del

vehículo. 9 Expresó, que después de presentada a la entidad

financiera,

la

documentación

correspondiente

al

negocio

de

compraventa, el “dealer” pierde el control del caso.10

Por su parte, la señora Díaz declaró que Autos del Caribe

pagó las multas que gravaban el automóvil vendido a la señora

Batista Alvarado. 11 Indicó que suele darse la situación en que

el D.T.O.P. se atrasa en la cancelación de las multas pagadas,

por lo que el proceso de inscripción del vehículo se demora. 12

Además, añadió que el banco o la entidad financiera solamente

le devuelve al “dealer” los documentos que éste le entregó,

cuando aparece que no se ha pagado alguna multa pendiente ante

el D.T.O.P.13

El 28 de agosto de 2001, D.A.C.O. emitió una resolución,

resolviendo que Autos del Caribe, tal como se le imputaba en

el

aviso

de

infracción,

había

violado

el

Artículo

8

del

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra, por no

haber sometido, en el término correspondiente, al D.T.O.P.

toda

la

documentación

9

Íd.

10

Íd., págs. 61-62.

11

Íd., pág. 62.

12

Íd.

13

Íd.

necesaria

para

la

inscripción

del

5

CC-2003-573

vehículo

en

imposición

esa

del

agencia

pago

de

y

por

una

lo

tanto

multa

confirmaba

la

administrativa

de

cuatrocientos dólares ($400).14

Autos de Caribe, oportunamente, solicitó reconsideración.

El 2 de octubre de 2001, el foro administrativo recurrido

emitió

una

resolución,

declarando

sin

lugar

la

moción

de

reconsideración y reiterando su dictamen. En dicha resolución

señaló lo siguiente:

No es al banco que provee el

financiamiento

sino

al

vendedor

del

vehículo de motor a quien claramente el

Reglamento de Garantías de Vehículos de

Motor, aprobado el 28 de septiembre de

1992, en su artículo 8, le impone la

responsabilidad

de

someter

ante

el

Departamento de Transportación y Obras

Públicas los documentos requeridos por

ley para la correspondiente inscripción

dentro de los 30 días siguientes a la

venta.

El recurrente no demostró que dentro

del

mencionado

término

sometió

los

referidos documentos al Departamento de

Transportación y Obras Públicas.

Los trámites que se efectúen entre

el banco y el vendedor no pueden en forma

alguna tener el efecto de modificar lo

dispuesto

por

el

artículo

8

antes

mencionado.15

Inconforme, el 1 de noviembre de 2001, Autos del Caribe

presentó ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones

recurso

de

revisión

revocación

del

dictamen

recurrente

adujo

14

Íd., 41.

15

Íd., págs. 45-46

que

administrativa,

agencia

solicitándole

de

la

recurrida.

la

determinación

de

la

El

la

allí

agencia

6

CC-2003-573

administrativa, por el alegado incumplimiento de Autos del

Caribe al artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos

de Motor, supra, y la imposición de la multa de cuatrocientos

dólares ($400), no estuvo apoyada en evidencia sustancial.

Arguyó que presentó prueba ante la referida agencia de que el

Citibank

es

el

responsable

de

presentar

al

D.T.O.P.

la

documentación pertinente, relacionada al contrato de venta al

por menor a plazos.

El entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones expidió

el auto de revisión solicitado y emitió sentencia el 26 de

marzo de 2003, en la cual revocó la determinación recurrida

del caso de autos. Concluyó lo siguiente:

...D.A.C.O. erró al imponer a Autos del

Caribe una multa por, alegadamente, no

haber

entregado

al

D.T.O.P.

los

documentos necesarios para la inscripción

de un vehículo a nombre de la compradora.

En

primer

lugar,

la

obligación

de

presentar tales documentos al D.T.O.P.

recae sobre el acreedor financiero una

vez éste asume control del caso, ya que,

simultánea

con

el

otorgamiento

del

contrato de compraventa a plazos, ocurre

una subrogación mediante la cual el

dealer cede sus derechos y obligaciones a

la entidad financiera.16

La parte allí recurrida, D.A.C.O., le solicitó al foro

intermedio apelativo la reconsideración de dicha Sentencia, la

cual fue denegada el 3 de junio de 2003, archivada en autos

copia de su notificación a las partes el 19 de junio de 2003.

Inconforme, D.A.C.O. acude ante nos mediante el presente

recurso de Certiorari. Señaló como único error, cometido por

el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, el siguiente:

16

Íd., pág. 73.

7

CC-2003-573

Erró

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones al señalar que le corresponde

a la entidad financiera cumplir con los

deberes que la reglamentación vigente le

impone al vendedor para beneficio del

comprador, liberando al vendedor de sus

responsabilidades

ante

el

comprador,

contradiciendo así la política pública

del Estado Libre Asociado, de que el

vendedor cedente no pueda liberarse de

sus responsabilidades ante el comprador,

según expuesta en la Ley de Ventas a

Plazos y Compañías de Financiamiento 17 ,

recogida en el Reglamento 18 y avalada por

este Honorable Tribunal en el caso

Berrios v. Zambrana 19 [sic]. (Citas

suplidas)

Contando

con

la

comparecencia

de

ambas

partes

nos

encontramos en posición de resolver.

II

Los

regulados

contratos

de

ventas

por

Ley

de

la

al

Ventas

por

menor

a

plazos

están

a

Plazos

y

Compañías

de

Financiamiento, supra. Esta ley, en su sección 749, establece

las disposiciones que estarán prohibidas en los contratos de

venta a plazos e incluye los derechos y deberes del comprador

y

del

vendedor.

Específicamente,

respecto

al

vendedor,

establece que ningún contrato de esta índole podrá contener

cláusula alguna en la cual “el comprador releve al vendedor de

la responsabilidad que pudiera éste tener para con él bajo el

17

Ley Número 68 de 19 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 731

et seq.

18

Se refiere al Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,

citado anteriormente en la nota al calce número cinco (5).

19

123 D.P.R. 317 (1989).

8

CC-2003-573

contrato o cualquier otro documento otorgado en conexión con

el mismo”.20

Cuando ocurre una cesión de un contrato de compraventa a

plazos, se crea una relación tripartita entre el comprador, el

vendedor y la compañía financiera. 21 La finalidad propia de la

cesión es la transmisión de la titularidad del contrato de

venta

condicional

del

cedente

al

cesionario. 22

Aunque

se

transmite la titularidad del crédito, el vendedor no queda

desligado

de

su

relación

originalmente

establecida

con

el

comprador. En Berríos v. Zambrana, supra, nos expresamos sobre

la aplicación, en casos como el presente, de las obligaciones

del vendedor contenidas en el Código Civil. Allí se establece

que las obligaciones principales del vendedor son la entrega y

el saneamiento de la cosa vendida. 23 Establecimos que en la

cesión de un contrato de venta al por menor a plazos, el

vendedor cedente no queda liberado, porque en virtud de la Ley

de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, el

legislador expresamente dispuso que el vendedor retiene su

responsabilidad frente al comprador. 24 Aunque el cedente haya

cedido el contrato de venta a plazos a la entidad financiera

(cesionaria),

no

queda

liberado

de

20

10 L.P.R.A. sec. 749 (f).

21

Berríos v. Zambrana, supra, pág. 328.

22

Íd. pág. 329.

23

toda

responsabilidad

Artículo 1350 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 3801.

24

Berríos v. Zambrana, supra, pág. 330.

9

CC-2003-573

surgida de su relación con el comprador como vendedor del

vehículo

de

motor.

Tal

como

mencionamos

en

Berríos

v.

Zambrana, supra, la figura o relación descrita, creada por el

legislador, constituye una “cesión atípica o sui géneris”.25

El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, supra,

adoptado y promulgado de acuerdo con los poderes conferidos al

D.A.C.O. por la ley número 5 de 23 de abril de 1973, 26 según

enmendada, la ley número 7 de 24 de septiembre de 1979 27 y la

ley número 170 de 12 de agosto de 1988, 28 según enmendada,

establece en su artículo 8 una obligación específica que todo

vendedor debe cumplir tras la venta de un vehículo de motor.

Dicho artículo dispone lo siguiente:

Todo vendedor de un vehículo de

motor

someterá

al

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas toda la

documentación exigida por ley para su

inscripción dentro de los treinta (30)

días siguientes a la fecha de venta.29

En su artículo 5, define vendedor, para efectos del cuerpo

reglamentario, como “toda entidad o persona que debidamente

25

Íd.

26

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. secs. 341

et seq.

27

Garantías de Vehículos de Motor, 10 L.P.R.A. secs. 2051 et

seq.

28

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A.

secs. 2101 et seq.

29

Artículo 8

Motor, supra.

del

Reglamento

de

Garantías

de

Vehículos

de

10

CC-2003-573

autorizada

por

ley

se

dedique

a

la

venta

o

permuta

de

vehículos de motor en Puerto Rico”.30

La parte peticionaria arguye que actuó incorrectamente el

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al ampliar la

letra clara del artículo 8 del Reglamento de Garantías de

Vehículos de Motor, supra. Sostiene que incurrió en error al

determinar que cuando ocurre la subrogación en la cesión del

contrato

de

venta

a

plazos,

el

vendedor

(cedente)

queda

liberado de la responsabilidad impuesta en dicho artículo, ya

que ésta se cede a la entidad que brindó el financiamiento

(cesionaria). Añade, además, que tal decisión es contraria a

derecho y a la política pública del Estado, expuesta en la

legislación vigente.31

El foro intermedio apelativo determinó que debido a las

prácticas vigentes en el negocio de compraventas condicionales

de vehículos de motor, se le debía dar una interpretación más

amplia al artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos

de Motor, supra, por lo que le correspondía al Citibank la

obligación de proveer al D.T.O.P. la información necesaria

para

inscribir

el

vehículo

a

nombre

de

la

señora

Batista

Alvarado. Señaló que interpretar lo contrario, o sea que la

responsabilidad que surge de tal artículo 8 no es del banco

sino del “dealer”, “impondría sobre los vendedores de autos

una carga adicional, ajena a sus intereses en el ámbito de su

30

Íd., artículo 5.

31

Recurso de Certiorari, pág. 6.

11

CC-2003-573

actividad comercial, que es la venta de autos” 32 . Bajo esa

conclusión, eximió a Autos del Caribe del pago de la multa de

cuatrocientos dólares ($400), impuesta por D.A.C.O.

No

compartimos

la

óptica

del

entonces

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones. Como vimos, en la Ley de Ventas a

Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, el legislador

estableció que en las ventas a plazos el vendedor no queda

liberado de sus obligaciones frente al comprador. En Berríos

v. Zambrana, supra, resolvimos que el vendedor mantiene sus

responsabilidades ante el comprador, aún cuando éste ceda a

una entidad financiera los derechos adquiridos de un contrato

de venta a plazos. Ante esta situación, el vendedor cedente

retiene sus obligaciones principales de saneamiento y entrega

de

la

cosa

vendida,

según

establecido

en

nuestro

Código

Civil. 33 No obstante, la responsabilidad del vendedor cedente

no se limita a las obligaciones principales establecidas en el

Código Civil. La Asamblea Legislativa le confirió al D.A.C.O.

el

poder

para

regular

de

forma

específica

los

asuntos

relacionados a la venta y garantías de vehículos de motor. 34

Por

lo

tanto,

la

obligación

impuesta

al

vendedor

en

el

artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,

supra, que consiste en entregar al D.T.O.P. los documentos

necesarios

para

la

inscripción

del

vehículo,

32

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 72.

33

31 L.P.R.A. sec. 3801.

34

surge

de

ese

Exposición de motivos de la Ley número 7 de 24 de septiembre

de 1979; 10 L.P.R.A. secs. 2053 y 2063; Artículo 2 del

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,supra.

12

CC-2003-573

poder delegado. Bajo los principios de hermenéutica, si un

estatuto

es

claro

y

susceptible

de

una

interpretación

inequívoca según el significado común de sus palabras, los

tribunales deben aplicar esta voluntad legislativa y no darle

o añadirle un significado que no está contenido en él. 35 De

igual manera, si de un reglamento, aprobado y promulgado según

el

poder

cuasilegislativo

conferido

por

la

Asamblea

Legislativa a una agencia administrativa, surge un lenguaje

claro y preciso, los tribunales no deben interferir con la

voluntad de la agencia especializada para así añadir o alterar

lo dispuesto por ésta dentro de sus facultades. El tribunal

interpreta, pero no legisla.

El

artículo

específicamente

8

del

que

la

Reglamento

en

controversia

responsabilidad

de

dispone

someter

los

documentos al D.T.O.P., para la inscripción del vehículo, es

del vendedor, definido como entidad o persona, debidamente

autorizada, dedicada a la venta de vehículos de motor. Por lo

tanto, esta obligación es del vendedor (cedente) y no de la

compañía que financió el vehículo. La compañía financiera

es

considerada

un

vendedor

a

los

efectos

de

la

no

referida

disposición reglamentaria, razón por la que no está llamada a

cumplir

con

esa

obligación

impuesta

por

dicho

cuerpo

reglamentario al vendedor (cedente).

35

Véase el Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 14. “Cuando la ley es clara se observará su

letra”; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656(1964);

R.E.

Vernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación

e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da. Ed., San

Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 43, pág. 311.

13

CC-2003-573

Autos

del

Caribe,

vendedor

cedente,

tiene

la

responsabilidad de cumplir con las obligaciones principales de

todo

vendedor,

establecidas

en

el

Código

Civil,

y

con

la

obligación impuesta por D.A.C.O. en virtud del Artículo 8 del

Reglamento

entregar

de

al

inscripción

Garantías

D.T.O.P.

del

de

los

vehículo

Vehículos

de

Motor,

supra,

de

documentos

pertinentes

para

la

de

motor

a

nombre

de

la

señora

Batista Alvarado.

Concluimos

Apelaciones

que

el

entonces

Tribunal

incidió

en

el

señalado.

error

de

Circuito

Por

lo

de

tanto,

corresponde a Autos del Caribe y no al Citibank, el pago de la

multa

de

$400

ordenada

por

D.A.C.O.,

por

la

violación

al

artículo 8 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor,

supra.

III

Por

sentencia

los

fundamentos

recurrida,

antes

emitida

por

expuestos,

el

entonces

revocamos

la

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones, y reinstalamos la Resolución dictada

por el Departamento de Asuntos del Consumidor, ordenando a

Autos

del

Caribe

a

pagar

una

multa

administrativa

cuatrocientos dólares ($400).

EFRAIN E. RIVERA PEREZ

Juez Asociado

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

R & J Motors, Inc. H/N/C Autos

del Caribe

Recurrido

CC-2003-573

v.

Departamento

Consumidor

de

Asuntos

del

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la sentencia recurrida, emitida

por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones,

y reinstalamos la Resolución

dictada por

el

Departamento de Asuntos del Consumidor, ordenando a

Autos del Caribe a pagar una multa administrativa de

cuatrocientos dólares ($400).

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado

sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo