LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. Benjamín Cole Vázquez; Comité Local del Partido Popular Democrático, y otros

2005 TSPR 46

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. Benjamín Cole Vázquez; Comité Local del Partido Popular Democrático, y otros

CC-2000-0211

Procedimiento Civil: Sentencia Sumaria; Doctrina de Enriquecimiento injusto; Art. VI, Sec. 9 de la Constitución: uso de fondos públicos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Demandante-recurrido

Certiorari

v.

2005 TSPR 46

Benjamín Cole Vázquez; Comité

Local del Partido Popular

Democrático, y otros

163 DPR ____

Demandados-peticionarios

Número del Caso: CC-2000-211

Fecha: 13 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional IV Aguadilla y Mayagüez

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez

Lcdo. Alberto J. Castro Laboy

Lcdo. Arquelio Rivera Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rosa N. Russe García

Subprocuradora General

Materia: Cobro de Fondos Públicos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Demandante-recurrido

v.

CC-2000-211

CERTIORARI

Benjamín Cole Vázquez; Comité

Local del Partido Popular

Democrático, y otros

Demandados-peticionarios

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2005

Como

resultado

realizada

por

la

de

una

Oficina

del

investigación

Contralor,1

el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico radicó una

demanda en cobro de fondos públicos contra el

Comité

Local

Municipal

del

Mayagüez

y

Democrático

en

alcalde

dicho

Vázquez,

de

en

su

Partido

contra

el

Municipio,

Sr.

carácter

personal

Popular

entonces

Benjamín

y

Cole

como

presidente de dicho Comité.2

1

Dicha investigación fue realizada durante el

periodo de 12 de agosto de 1980 al 10 de febrero

de 1986. Se rindió el Informe completo sobre la

investigación el 11 de octubre de 1988, Informe

de Intervención M-89-1. Apéndice, págs. 82-99.

2

Demanda original de 18 de marzo de 1991.

CC-2000-211

2

Basándose en el informe del Contralor, el E.L.A. alegó

que

el

empleado

realizando

municipal

labores

como

Miguel

Galo

encargado

Perocier

estuvo

Comité

Local

del

Municipal del P.P.D. en Mayagüez mientras cobraba sueldos

del

referido

Municipio

como

Auxiliar

General

de

Mantenimiento y Conservación de Edificios y como Pintor II.3

Asimismo, alegó que mientras el señor

realizando

sueldos,

labores

bonos

y

en

dicho

Galo Perocier estuvo

comité

beneficios

político,

ordinarios

recibió

--tales

como

licencias de vacaciones y enfermedad-- sufragados todos con

fondos del Municipio. De este modo, el E.L.A. reclamó el

reembolso solidario al erario público de los fondos pagados

al empleado. Finalmente, solicitó del Tribunal de Primera

Instancia que declarara que las acciones de los demandados

constituyeron una práctica ilegal e indebida al utilizar

fondos

públicos

para

propósitos

privados,

todo

ello

en

contravención a las disposiciones del Artículo VI, Sección

9, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

Como resultado de dicha reclamación, los demandados

presentaron demanda contra tercero en contra del Partido

Popular

3

Democrático,

a

nivel

central,

(en

adelante

el

Específicamente se alegó que estuvo realizando dichas

labores desde el mes de junio de 1980 a junio de 1986,

incluso, sábados y domingos, de manera ininterrumpida.

Véase, además: Informe de Intervención M-89-1 de 11 de

octubre de 1988 sobre el Municipio de Mayagüez realizado

por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Apéndice,

págs. 82-99.

CC-2000-211

3

P.P.D.) imputándole toda responsabilidad derivada por los

actos

alegados

propósito

de

en

que

la

el

demanda

P.P.D.

original.

respondiera

Ello

con

el

directamente

al

E.L.A. por cualquier reclamación que éste alegara y en su

día probara.

Específicamente, alegaron que no tenían personalidad

jurídica

independiente

político

y

que,

por

de

la

del

mencionado

consiguiente,

toda

partido

responsabilidad

ante los hechos alegados sería del partido o comité central

del P.P.D. Adujeron que las alegaciones imputadas por la

parte

demandante,

de

probarse

en

su

día,

fueron

consecuencias previsibles de los actos autorizados por el

comité central del partido, ya que el comité municipal del

partido en Mayagüez existe por necesidad y para beneficio

de

dicho

mediante

comité

central.

sentencia

demandantes

nunca

parcial

Esta

demanda

debido

a

diligenciaron

fue

que

desestimada

los

los

terceros

respectivos

emplazamientos dentro del término reglamentario.4

Así las cosas, el 12 de agosto de 1994, el E.L.A.

radicó demanda enmendada para incluir al Partido Popular

Democrático

como

parte

demandada.

Luego

de

las

autorizaciones correspondientes de parte del tribunal, el

28

de

diciembre

de

1995,

el

E.L.A.

radicó

una

segunda

demanda enmendada para desistir de la reclamación en contra

4

Sentencia Parcial, Tribunal de Primera

Instancia, de

fecha de 12 de noviembre de 1993, archivada en autos y

notificada la misma el 17 de noviembre de 1993. Apéndice,

pág. 193.

CC-2000-211

del

señor

4

Cole

Vázquez

(Sucesión

Cole

Vázquez)

en

su

carácter personal.5 Se reprodujeron las alegaciones en su

contra, pero esta vez en su carácter oficial y se incluyó

como codemandado al Municipio de Mayagüez.

En esta última demanda se alegó, en síntesis, que al

señor

Galo

se

le

pagó

con

fondos

municipales

por

una

jornada de trabajo rendida en labores propias del Comité

Municipal,

todo

ello

por

órdenes

e

instrucciones

del

entonces alcalde, señor Cole Vázquez.

Se planteó, además,

que

para

dichas

labores

Municipio,

sino

no

para

se

realizaron

beneficio

del

beneficio

Alcalde,

del

del

comité

local y del P.P.D. a nivel central.

La parte demandante le imputó a estos últimos haberse

beneficiado

de

Municipio,

constituyendo

injusto

parte

de

perjuicio

del

los

actos

del

culposos

tal

acción

y/o

un

negligentes

enriquecimiento

mencionado

partido

político

De

manera,

le

E.L.A.

igual

del

y

en

imputó

al

Municipio haber actuado de manera ilegal y fraudulenta al

pagar salarios y beneficios a un empleado que no le rendía

labor alguna y,

en la alternativa, le imputó haber actuado

negligentemente al no tomar las medidas correspondientes

para que este tipo de acción no se llevara a cabo. En

consecuencia,

se

alegó

Municipio

eran

solidariamente

5

le

que

tanto

el

P.P.D.

responsables

como

al

el

erario

El Sr. Cole Vázquez falleció el día 30 de enero de 1993, y

en consecuencia se había realizado la debida sustitución de

la parte demandada.

CC-2000-211

5

público de la suma de cuarenta y cuatro mil doscientos

ochenta

dólares

equivalente

a

los

($44,280.00),

salarios

pagados

cantidad

monetaria

de

ilegal

manera

al

señor Galo Perocier.

Luego de varios trámites procesales, el 30 de mayo de

1996, el Municipio presentó su contestación a la demanda y

levantó como defensas afirmativas que en la misma no se

aducían hechos constitutivos de una causa de acción en su

contra, que estaba prescrita y que no se benefició en forma

alguna de los hechos alegados en la demanda. Adujo que, en

todo caso, debería figurar como parte demandante y no como

parte demandada.

El P.P.D., por su parte, radicó su contestación el 26

de

septiembre

de

1996.

En

la

misma

negó

toda

responsabilidad y levantó como defensas afirmativas, entre

otras, que la reclamación en su contra estaba prescrita,

que el partido, a nivel central, no tenía conocimiento de

los actos que se alegaban en la demanda, por lo que no pudo

haber consentido a que éstos se llevaran a cabo y que la

reclamación no justificaba la concesión de un remedio.

Para el momento en que el P.P.D. contestó la

referida

demanda enmendada, el E.L.A. ya había radicado una primera

solicitud de sentencia sumaria.6 Acompañó a dicha moción el

Informe del Contralor de Puerto Rico; declaraciones juradas

del señor Galo Perocier; y cinco declaraciones juradas de

CC-2000-211

6

empleados y ex empleados municipales.7 De este modo, el

E.L.A.

solicitó

del

tribunal

que

dictara

sentencia

en

contra de los codemandados --P.P.D. y el Municipio-- por el

uso ilegal e indebido de fondos públicos y que ordenara la

inmediata restitución de dichos fondos al Estado.

En

su

solicitud

el

E.L.A.

alegó

que

no

existía

controversia de hechos en cuanto a la utilización de los

servicios de empleados y de fondos públicos en beneficio

y/o a favor del señor Cole Vázquez y del Partido Popular

Democrático sin autorización de ley para ello y en clara

contravención

a

la

disposición

constitucional

que

reglamenta el uso estricto de los bienes y fondos públicos.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

no

se

pronunció

con

relación a la referida moción de sentencia sumaria.

El 19 de julio de 1996, el E.L.A. radicó una segunda

moción

de

sentencia

sumaria.

En

la

misma

incluyó

los

documentos

presentados

anteriormente

y

añadió

una

declaración

jurada

Director

la

División

de

Municipios

de

la

del

Oficina

del

de

Contralor,

copia de los

______________________

Moción de Sentencia Sumaria de 27 de septiembre de 1995;

presentada ante el tribunal de instancia el día 4 de

octubre de 1995.

7

Declaraciones juradas prestadas por

el Sr. Miguel Galo

Perocier; su supervisor, Sr. René Ramos Muñoz; por el

Ingeniero Auxiliar del Departamento de Obras Públicas del

municipio, Sr. Héctor Rafael Bass Pineda; por el Director

de Obras Públicas del municipio desde mayo de 1982 a

septiembre de 1986, Sr. Bernabé Pérez Rodríguez; por la

Oficinista, Sra. Norma Rodríguez; por la secretaria del

Ing. Bass, Sra. Naida Rivera González; y por el Director en

la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Eduard Rivera

Correa. Apéndice, págs. 115-144.

6

CC-2000-211

7

cheques de pago de nómina y de las tarjetas de asistencia

ponchadas

por

el

señor

Galo

Perocier,

junto

con

varios

a

dicha

cheques endosados por éste.

El

P.P.D.

radicó

escrito

en

oposición

sentencia sumaria el 16 de diciembre de ese mismo año. No

acompañó

documento

alguno

con

la

misma.

Sostuvo

que

la

evidencia documental presentada por el E.L.A. no sostenía

su solicitud de que se dictara sentencia sumariamente, ello

por razón de que las alegaciones de la parte demandante,

acerca del beneficio obtenido por el partido, carecían de

prueba que las fundamentara. Arguyó que tal hecho impedía

que se dispusiera del caso por la vía sumaria y que, en

consecuencia,

dicha

evidencia

debía

ser

cuestionada

y

dirimida en una vista en su fondo. Asimismo, reiteró la

alegación de que desconocía los hechos imputados y levantó,

nuevamente, la defensa sobre prescripción.

En cuanto a este último aspecto, el P.P.D. sostuvo que

la

presente

acción

enriquecimiento

culposos

o

no

versa

sobre

sino

sobre

injusto,

negligentes

al

amparo

una

del

reclamación

actos

u

Artículo

por

omisiones

1802

del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, cuyo

término de prescripción es de un (1) año, contado a partir

del

momento

en

que

la

persona

agraviada

adquiere

conocimiento sobre los daños que le han sido causados. 31

L.P.R.A.

sec.

5298.

En

consecuencia,

alegó

que

como

la

investigación realizada por la Oficina del Contralor había

culminado con la preparación de un informe --fechado de 11

CC-2000-211

8

de octubre de 1988-- para tal momento la parte demandante

sabía, o debió haber sabido, sobre los acontecimientos del

caso. De este modo, alegó que la demanda presentada en su

contra el 26 de diciembre de 1995,8 fue radicada fuera del

término prescriptivo de un (1) año.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud

de

sentencia

sumaria

del

E.L.A.

y

procedió

a

dictar

sentencia en contra de los codemandados el 30 de junio de

1999, archivándose en autos copia de la misma el 31 de

agosto de ese mismo año. El referido foro determinó que la

documentación

presentada

por

solicitud

de

sentencia

sumaria,

sostenía

plenamente

las

el

E.L.A.,

de

su

abrumadora

y

que

en

a

los

era

alegaciones

en

apoyo

cuanto

desembolsos realizados por el Municipio a favor del señor

Galo y las labores que éste realizó en el referido Comité

Municipal

del

P.P.D.

Además,

concluyó

que

durante

el

periodo de tiempo transcurrido entre junio de 1980 a junio

de 1986, el Municipio de Mayagüez le pagó al señor Galo

Perocier

la

suma

de

$44,280.00

sin

que

dicho

empleado

hubiese prestado labor, trabajo o servicio alguno para el

referido

horas

8

Municipio,

laborables;

ni

en

horas

que,

por

el

laborables

contrario,

ni

dicha

fuera

de

persona

Entendemos pertinente señalar que dicha demanda enmendada

para incluir al P.P.D. como demandado, fue radicada el 12

de agosto de 1994 y no el 26 de diciembre de 1995, como

alega dicha parte.

A los fines de su alegación sobre

prescripción, el término de un (1) año para iniciar

reclamaciones al amparo del Artículo 1802, ante, había

transcurrido a fines de considerar tanto una como otra

fecha para computar dicho término.

CC-2000-211

9

realizó trabajo y funciones exclusivamente para el comité

local

del

sufragar

partido,

dicha

sin

haber

el

Municipio,

cantidad

de

dinero,

tribunal

sostuvo

no

obstante

recibido

beneficio

para

fecha

alguno por ello.

El

referido

que

la

en

cuestión el señor Cole fungía como presidente del Comité

Local del P.P.D. y que, conforme al Reglamento Oficial del

P.P.D.,

era

función

del

Presidente

establecer,

operar

y

hacer cumplir las funciones del comité local del P.P.D. en

el Municipio. Señaló que el P.P.D., como partido político

organizado en virtud de la Ley Electoral de Puerto Rico,

era el ente con capacidad jurídica para demandar y ser

demandado ya que los comités municipales y locales de un

partido político no tienen personalidad jurídica separada

del partido debidamente inscrito.9 Por último, sostuvo que

dichos comités existen por necesidad y para beneficio de

los partidos políticos, siendo así entidades subordinadas

al

partido

principal

y

representantes

del

mismo

en

el

municipio.

En consecuencia el foro de instancia concluyó que el

P.P.D. se había beneficiado de los actos del señor Cole

Vázquez, como presidente del comité municipal del P.P.D. en

Mayagüez,

en

enriquecimiento

contravención

injusto.

De

este

a

la

modo,

el

doctrina

del

referido

foro

descartó la procedencia de toda causa de acción en daños y

perjuicios por actos y omisiones ilícitas y negligentes.

CC-2000-211

Dispuso

10

que

la

enriquecimiento

restitución

injusto,

que

produce

dirigida

a

la

acción

por

restablecer

el

equilibrio entre los dos patrimonios afectados mediante el

desplazamiento de una cantidad de dinero equivalente a la

suma

por

la

cual

una

de

las

partes

se

enriqueció

injustamente, es una distinta a la indemnización que se

ordena en virtud de una acción en daños y perjuicios por

actos ilícitos.

Por otra parte, el foro de instancia señaló que el

término prescriptivo para la causa de acción en el caso de

autos, para reclamar el cobro de fondos públicos por razón

de pagos ilegales y fraudulentos, es de quince (15) años

por tratarse la misma de una reclamación análoga a la de

cobro de dinero, descartando así toda defensa relativa a la

prescripción de la acción.10

Finalmente, el foro primario le ordenó al Municipio

de

Mayagüez

solidaria,

ochenta

la

y

al

suma

dólares

P.P.D.

de

pagar

cuarenta

($44,280.00),

al

y

E.L.A.,

cuatro

cantidad

mil

de

manera

doscientos

monetaria

que

______________________

16 L.P.R.A. sec. 3101 et seq.

10

Dispone el Artículo 1864 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. sec. 5294, que las acciones personales que no

tengan

señalado

término

especial

de

prescripción,

prescriben a los quince años.

9

Este foro ha resuelto que “la acción estrictamente

para recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no

surge bajo el Artículo 1802 del Código Civil, supra . . .

Se trata más bien de una acción de naturaleza personal. . .

como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin

causa.” E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 322

(1992).

CC-2000-211

11

recibió como salario el señor Galo Perocier procedente de

fondos

públicos

municipales,

más

costas,

gastos

y

honorarios de abogado;11 impuso responsabilidad solidaria al

Municipio

en

conjunto

con

el

P.P.D.,

al

amparo

de

los

Artículos 201 y 216 del Código Penal de Puerto Rico, 33

L.P.R.A. secs. 4352, 4391, respectivamente.12

11

En cuanto al Municipio, el foro de instancia indicó que

la demanda por negligencia al no tomar las medidas

necesarias para evitar la presente situación estaba

prescrita. En cuanto a la alegación de que el Municipio

actuó de forma ilegal y fraudulenta al pagar salarios y

otros beneficios a un empleado que no le rendía labor

alguna, dicho foro resolvió que el señor Galo era empleado

municipal, pero que por instrucciones del Alcalde prestaba

servicios en el comité local del P.P.D., recibiendo salario

pagado por el Municipio sin éste beneficiarse de manera

alguna. No obstante, le impuso responsabilidad solidaria en

conjunto con el P.P.D., al amparo de los Artículos 201 y

216 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs.

4352, 4391, respectivamente. Determinó que dicha acción no

prescribía y que a esos delitos por pagos

ilegales con fondos públicos le aplicaba la doctrina de

enriquecimiento injusto.

12

El Artículo 201 del Código Penal de Puerto Rico, ante,

sobre aprovechamiento por funcionario de trabajos o

servicios públicos, dispone, en lo pertinente:

Todo funcionario o empleado público que

empleare en beneficio suyo o de un tercero

trabajos o servicios pagados por el Gobierno del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

los

municipios,

...será

sancionado

con

Pena

de

reclusión por un término fijo de tres (3) años...

Énfasis nuestro.

Por otra parte, el Artículo 216, ante, sobre delitos

contra fondos públicos, dispone, en lo pertinente:

Será sancionado con pena de reclusión ... todo

funcionario, empleado público o toda persona

encargada

de

recibir,

guardar,

traspasar,

desembolsar o en cualquier forma afectar fondos

públicos, que realizare cualesquiera siguientes

actos:

(Continúa . . .)

CC-2000-211

12

Inconforme con tales determinaciones, el Municipio de

Mayagüez acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de

Apelaciones mediante recurso de apelación.13 Del mismo modo,

el

P.P.D.

recurrió

ante

el

referido

foro

apelativo

intermedio en revisión de la sentencia sumaria dictada en

su contra por el foro de instancia. En síntesis, alegó que

no procedía dictar sentencia sumaria en el caso de autos

por

existir

cuestiones

de

credibilidad

que

sólo

podían

dirimirse luego de celebrada una vista en su fondo y que no

procedía adjudicar responsabilidad solidaria en su contra

por actos imputables al presidente del comité municipal.

Asimismo, alegó que no procedía aplicar la doctrina del

enriquecimiento injusto al caso de autos, por razón de que

la

causa

de

acción

correspondiente

era

una

en

daños

y

perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código Civil,

ante. Finalmente, adujo que por tratarse de una acción en

daños la misma estaba prescrita.

______________________

(a) Sin autoridad legal se los apropiare en todo

o en parte, para beneficio particular o el de

otra persona. Énfasis nuestro.

. . .

13

En su escrito el Municipio le imputó al foro de instancia

haber incidido al:

...interpretar que los Artículos 201 y 216 del

Código

Penal

de

Puerto

Rico,

le

imponen

responsabilidad a los Municipios y en este caso,

al Municipio de Mayagüez;

...aplicar la doctrina del Enriquecimiento Injusto

contra el Municipio de Mayagüez;

...resolver la Moción de Sentencia Sumaria en

contra del Municipio de Mayagüez.

CC-2000-211

13

Mediante sentencia de 18 de enero de 2000, el foro

apelativo

intermedio

responsabilidad

en

revocó

contra

del

la

Municipio

imposición

de

de

El

Mayagüez.

referido foro entendió que no procedía aplicar la doctrina

de enriquecimiento injusto contra dicha parte, ya que ésta

fue, precisamente, la que se empobreció como resultado de

las

actuaciones

enriqueció

de

del

los

Alcalde

pagos

y

hechos

en

a

ningún

favor

del

momento

se

señor

Galo

Perocier. En cuanto a la aplicación de los Artículos 201 y

216 del Código Penal al caso de autos, el foro primario

determinó que éstos no proceden en contra de instituciones,

como

lo

son

el

Municipio

o

el

Gobierno,

sino

contra

personas naturales y no jurídicas.

Por otra parte, el foro apelativo intermedio confirmó

la sentencia sumaria dictada por el

tribunal de instancia

en cuanto a la imposición de responsabilidad en contra del

P.P.D. a nivel central. Al fundamentar su conclusión, y

refiriéndose

específicamente

a

la

procedencia

de

la

solicitud de sentencia sumaria, el referido foro señaló que

los documentos y declaraciones juradas presentadas por el

E.L.A. en apoyo de su solicitud respaldaban totalmente, y

establecían

contenidas

incontrovertiblemente,

en

la

demanda

enmendada.14

las

alegaciones

En

consecuencia,

14

Dicha aseveración la hizo como consecuencia de un examen

que

hiciera

el

foro

apelativo

intermedio

de

las

declaraciones juradas prestadas por el Sr. Miguel Galo

Perocier; su supervisor, Sr. René Ramos Muñoz; por el

Ingeniero Auxiliar del Departamento de Obras Públicas del

municipio, Sr. Héctor Rafael Bass Pineda; por el Director

(Continúa . . .)

CC-2000-211

14

sostuvo que no existía controversia de hecho alguna que

tuviera que dirimirse en una vista en su fondo y que, a la

luz de los documentos sometidos, sólo restaba aplicar el

derecho.

Citando

referido

la

Ley

tribunal

Electoral

de

Puerto

concluyó

que

un

Rico,

partido

ante,

el

político

organizado como el P.P.D. tiene capacidad para demandar y

ser

demandado,

contrario

a

los

comités

locales

o

municipales, que no ostentan personalidad jurídica separada

e independiente del partido debidamente inscrito.15 De este

modo, confirmó la determinación del foro de instancia en

cuanto

a

que

los

comités

municipales

existen

para

el

beneficio del partido central y funcionan como subsidiarios

del

mismo

central

se

y

que,

había

en

tal

capacidad,

enriquecido

de

los

el

P.P.D.

servicios

a

nivel

de

una

______________________

de Obras Públicas del Municipio desde mayo de 1982 a

septiembre de 1986, Sr. Bernabé Pérez Rodríguez; por la

Oficinista, Sra. Norma Rodríguez; por la secretaria del

Ing. Bass, Sra. Naida Rivera González; y por el Director en

la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Eduard Rivera

Correa.

El foro apelativo sostuvo que dichas declaraciones

nunca fueron refutadas por la apelante, P.P.D., y que las

mismas establecían claramente la participación directa del

alcalde de Mayagüez al permitirle al señor Galo Perocier,

realizar labores a favor del comité local del P.P.D. a

costa del Municipio.

Dispuso, además, que nunca antes el apelante, P.P.D.,

había planteado la alegada controversia relacionada a la

credibilidad de las declaraciones del señor Galo Perocier,

en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria y que

era ante dicho foro donde por primera vez lo levantaba como

error.

CC-2000-211

15

persona cuyo salario fue sufragado por el Municipio al cual

estaba adscrita como empleado.

Por otra parte, el foro apelativo intermedio señaló

que en ningún momento se negó el hecho de que el Municipio

se había hecho responsable por dichos pagos; que la prueba

presentada por el E.L.A. claramente demostró el periodo de

tiempo durante el cual el señor Galo prestó servicios al

comité, el lugar donde los prestaba, y quién le hacía los

pagos. De este modo, concluyó que el tribunal de instancia

aplicó correctamente la doctrina de enriquecimiento injusto

al

caso

de

beneficiado

autos,

a

través

pues

el

de

su

partido

comité

se

local.

había

visto

Finalmente,

determinó que, siendo aplicable al caso de autos el término

prescriptivo de quince (15) años, análogo a las acciones

personales

en

cobro

de

dinero

que

no

tienen

término

señalado en la ley, la demanda no estaba prescrita.

Inconforme, el P.P.D. acudió --vía certiorari-- ante

este

Tribunal.

Alega

que

procede

revocar

la

sentencia

emitida por el referido foro apelativo, confirmatoria la

misma de la emitida por el foro de instancia, debido a que

dicho foro apelativo incidió al:

...

confirmar

que

procedía

dictar

sentencia

sumaria a favor de los demandantes, aun cuando

existe una cuestión de credibilidad en las

declaraciones juradas que sólo puede dirimirse

luego de celebrado el juicio;

... confirmar

solidaria

al

la imposición de responsabilidad

PPD

por

los

supuestos

actos

______________________

Véase: 16 L.P.R.A. secs. 1301 et. seq., P.S.P. v. E.L.A.,

107 D.P.R. 590 (1978).

15

CC-2000-211

16

imputables al presidente del comité municipal del

partido;

... determinar que en el caso aplica la doctrina

del enriquecimiento injusto;

... confirmar la sentencia en una causa de acción

que estaba prescrita.

Mediante Resolución a esos efectos, el 14 de abril de

2000, denegamos dicha petición de certiorari. Inconforme

con tal determinación, el P.P.D. presentó oportuna moción

de reconsideración, la cual denegamos mediante Resolución

emitida

el

19

de

mayo

de

2000.

Así

las

cosas,

el

peticionario radicó una segunda moción de reconsideración.

Examinada dicha moción, mediante Resolución de 9 de junio

de

2000,

decidimos

procediendo

a

reconsiderar

expedir

el

nuestra

recurso.

denegatoria

Contando

con

la

comparecencia de ambas partes, y estando en condiciones de

resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

En su primer señalamiento de error, el peticionario

alega

que

concluir

el

que

tribunal

en

el

apelativo

caso

de

intermedio

incidió

al

procedía,

conforme

a

autos

derecho, dictar sentencia sumaria. Veamos.

En

reiteradas

ocasiones

hemos

expresado

que

la

sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y

discrecional que tiene como propósito facilitar la solución

justa

y

presenten

rápida

de

los

litigios

y

controversias

genuinas

de

casos

civiles

hechos

que

no

materiales

y

CC-2000-211

17

que, por lo tanto, no ameritan la celebración de una vista

en su fondo. Management Administration Services, Corp. v.

E.L.A., res. el 29 de noviembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 174;

Hernández Villanueva v. Hernández, res. el 27 de enero de

2000, 2000 T.S.P.R. 14. La utilización de dicho mecanismo

permite dictar sentencia sin la necesidad de celebrar una

vista

evidenciaria,

controvertidos

que

cuando

se

de

acompañan

los

en

documentos

la

solicitud

no

de

la

misma, y de la totalidad de la evidencia presentada en

autos, surge que no existe controversia sobre los hechos

materiales, por lo cual sólo resta

y corresponde aplicar

el derecho. Partido Acción Civil v. Estado Libre Asociado

de

Puerto

Rico

,

res.

el

25

de

febrero

de

2000,

2000

T.S.P.R. 29; Medina v. M,S, & D Química P.R. Inc., 135

D.P.R. 716 (1994).

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, R. 36, regula todo lo concerniente a dicho mecanismo

procesal. Específicamente, la Regla 36.3, ante, dispone que

se

dictará

sentencia

sumaria

“inmediatamente

si

las

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios

y

admisiones

juradas,

ofrecidas,

en

unión

a

las

si

las

hubiere,

demostraren

controversia

real

sustancial

en

cuanto

de

derecho

material

y

sentencia

que

a

como

favor

de

Admnistration

v.

Packaging,

D.P.R.

132

cuestión

la

E.L.A.,

115

parte

ante;

(1992).

declaraciones

que

a

no

hay

ningún

hecho

debe

dictarse

promovente.”

Management

Rivera

Superior

Sólo

v.

procederá

dictar

CC-2000-211

sentencia

18

sumariamente

cuando

surja

claramente

que

el

promovido por la moción no puede prevalecer bajo ningún

supuesto

verdad

de

de

hechos

todos

controversia.

Rivera

y

los

cuando

el

hechos

necesarios

Management

Rodríguez

v.

tribunal

para

Administration

Dept.

Hacienda,

cuenta

con

la

resolver

la

Services,

res.

ante;

el

17

de

septiembre de 1999, 99 T.S.P.R. 139; Corp. Presiding Bishop

v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Por

otro

lado,

no

procede

declarar

con

lugar

una

moción solicitando que se dicte sentencia sumaria cuando

existe una disputa de hechos bona fide. Cuadrado Lugo v.

Santiago, 126 D.P.R. 272 (1990). Ésta sólo debe dictarse en

casos claros y cualquier duda sobre la existencia de una

controversia sobre los hechos materiales, debe resolverse

contra la parte que la solicita y a favor de la que se

opone a la concesión de la misma. Córdova Ramos v. Larín

Herrera, res. el 2 de junio de 2000, 2000 T.S.P.R. 79;

Audiovisual

Lang.

v.

Sistema

Est.

Natal

Hermanos,

144

D.P.R. 563 (1997).

Como regla general, la parte que solicita la sentencia

sumaria

está

instancia,

en

la

la

obligación

inexistencia

de

de

demostrar,

una

en

primera

controversia

real

sustancial en cuanto a todo hecho material que a la luz del

derecho sustantivo determinaría una sentencia a su favor

como cuestión de ley. Córdova Ramos v. Larín Herrera, ante.

De esa manera, el tribunal podrá considerar prueba que, de

CC-2000-211

19

no ser adecuadamente refutada, permita que se disponga del

pleito a favor de alguna de las partes.

Si

la

parte

opositora

desea

defenderse,

tiene

que

demostrar que existe controversia en cuanto a los hechos

presentados por la parte promovente. Ibíd. Para derrotar

una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe

presentar, como regla general, contradeclaraciones juradas

y contradocumentos que pongan en controversia los hechos

presentados por el promovente. Rivera v. Superior, ante;

Córdova

Ramos

v.

Larín

Herrera,

ante.

Si

se

cruza

de

brazos, corre el riesgo de que le dicten sentencia en su

contra sin juicio en su fondo. Cuadrado Lugo v. Santiago,

ante; Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991). No

basta,

pues,

con

presentar

meras

alegaciones

para

controvertir los hechos materiales que la parte promovente

sostiene

no

están

en

controversia.

Audiovisual

Lang.

v.

sumaria

se

controvertidos

que

Est. Natal, ante.

Al

considerar

la

ciertos

moción

tendrán

como

los

consten

en

los

documentos

presentadas

por

la

parte

de

sentencia

hechos

no

y

declaraciones

las

promovente.

Piñero

juradas

González

v.

A.A.A., res. el 23 de octubre de 1998, 98 T.S.P.R. 141.

Toda inferencia razonable que se realice a base de los

hechos y documentos presentados, en apoyo y en oposición a

la solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe

tomarse desde el punto de vista más favorable al que se

opone a la misma. Management Admnistration Services, ante.

CC-2000-211

20

Cuando, entonces, de los documentos no controvertidos que

se acompañan surge que no existe una legítima disputa de

hecho a ser dirimida, que sólo resta aplicar el derecho, y

que no se ponen en peligro los intereses de las partes, se

dictará sentencia sin necesidad de que se celebre una vista

en los méritos. Audiovisual Lang. v. Est. Natal, ante.

Así pues, tomando en consideración que la sentencia

sumaria es un remedio extraordinario y que su concesión

está a discreción del tribunal, “el sabio discernimiento es

el

principio

rector

para

su

uso

porque,

mal

utilizada,

puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en

corte’,

Roig

principio

Com.

Bank

elemental

v.

Rosario

del

debido

Cirino,

proceso

de

D.P.R.

613,

126

ley.”

617

(1990); Córdova Ramos v. Larín Herrera, ante; Management

Administration Services, ante.

De manera que, al dictar sentencia sumariamente, el

tribunal:

(a)

examinará

los

documentos

que

acompañan

la

moción solicitando la misma, los documentos incluidos con

la

moción

en

oposición

y

aquellos

que

expediente

del

tribunal;

(b)

determinará

obren

si

el

en

el

oponente

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en

forma alguna por los documentos. Management Administration

Services,

ante;

PFZ

Properties

v.

General

Accident,

D.P.R. 881 (1994); Corp. Presiding Bishop, ante.

136

CC-2000-211

21

II

Con estos principios en mente, analizamos si el foro

de

instancia

controversia

incidió

real

y

al

resolver

sustancial

alguna

que

no

existía

sobre

los

hechos

materiales del caso que impidiera dictar sentencia sumaria

a favor del demandante.

En la solicitud de sentencia sumaria presentada por el

E.L.A.,

se

planteó

constitucional

que,

otorgado

de

a

conformidad

la

Oficina

con

del

el

mandato

Contralor

de

Puerto Rico, dicha Oficina llevó a cabo una investigación

sobre el Municipio de Mayagüez;16 que según consta en el

documento, dicha investigación cubrió el periodo de tiempo

entre el 12 de agosto de 1981 al 10 de febrero de 1986,

culminando

la

misma

en

un

escrito

titulado

Informe

de

16

La Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, según enmendada

por la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1977, le concede

facultad

a

la

Oficina

del

Contralor,

adscrita

al

Departamento de Justicia, de instar acciones civiles ante

los tribunales que surjan como resultado de intervenciones

del Contralor en relación con los ingresos, cuentas, y

desembolsos de los municipios. Las investigaciones del

Contralor están revestidas del más alto interés público y

van dirigidas a fomentar la más sana administración de los

fondos públicos.

De acuerdo a la ley que crea la Oficina del Contralor,

Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, dicha Oficina tiene la

facultad de, a través sus auditores y empleados de

intervenir, supervisar, y de ser necesario, por descubrirse

irregularidades en lo relativo al uso de fondos públicos,

referir al Secretario de Justicia para que se tomen las

acciones legales pertinentes.

El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y

desembolsos

del

Estado,

de

sus

agencias

e

instrumentalidades y de los municipios, para determinar si

se han hecho de acuerdo a la ley. Artículo III, Sección 22

de la Constitución.

CC-2000-211

22

Intervención M-89-1 de fecha de 11 de octubre de 1988; que

entre los hallazgos contenidos en dicho Informe se señala

que

el

empleado

municipal

Miguel

Galo

Parocier

estuvo

desempeñándose como encargado de un comité político durante

las horas laborables comprendidas desde junio de 1980 a

junio de 1986 y que mientras esto sucedía dicho empleado

devengó salarios sufragados por el municipio de Mayagüez

como Auxiliar General de Mantenimiento y Conservación de

Edificios y como Pintor II.

Se acompañó a dicha solicitud de sentencia sumaria el

referido Informe conteniendo el aludido hallazgo, junto con

los siguientes documentos:

i)

Declaración jurada tomada por el auditor, Sr.

Eddie Cruz, al Sr. Miguel A. Galo los días 29

y 30 de septiembre de 1986, donde expresó

haber trabajado para el municipio de Mayagüez

como Pintor, Encargado del Comité Popular, y

como Guardián; expresó haber realizado dichas

labores desde el 1980 al 1986, durante todos

los días, y señaló que los fondos para el

pago de su sueldo provenían del Municipio;

ii)

Declaración jurada prestada por el señor Galo

Perocier ante la Fiscal Elvira Cora Ramsey,

donde reiteró que había realizado labores en

forma continua para el Comité Político del

P.P.D. en Mayagüez durante horas laborables.

Expresó,

además,

que

las

tarjetas

de

asistencia se las llenaban a mano en el

Departamento de Obras Públicas municipal

indicando que estaba realizando labores de

pintor. Nuevamente especificó que recibía su

sueldo como empleado de parte del Municipio;

iii)

En esta última declaración se describieron

ciento cincuenta y cinco (155) cheques hechos

a favor y en beneficio del señor Galo y

endosados por éste para cambio. Estos cheques

fueron debidamente identificados por el señor

Galo ante la fiscal Ramsey;

CC-2000-211

iv)

Declaración jurada prestada por el Ing.

Héctor Rafael Bass Pineda, ayudante general

del Departamento de Obras Públicas Municipal,

ante la Fiscal Elvira Cora Ramsey, donde

dicho

empleado

expresó

que

era

de

conocimiento general el hecho de que el señor

Galo atendía el comité político del P.P.D. en

horas laborables; declaró que durante ese

tiempo, la asistencia del señor Galo se

registraba mediante tarjetas de asistencia

preparadas

a

mano

por

secretarias

del

referido Departamento de Obras Públicas;

v)

Declaración jurada del Sr. Bernabé Pérez

Rodríguez, quien se desempeñó como Director

de Obras Públicas del Municipio desde mayo de

1982 hasta septiembre de 1985. Éste declaró

que el señor Galo era uno de los obreros del

Departamento y que estaba encargado de las

facilidades del Comité Político del P.P.D.

Expresó que lo observó allí personalmente

durante

horas

laborables

e

identificó

cincuenta

(50)

tarjetas

de

asistencia

pertenecientes al señor Galo;

vi)

Declaración jurada de la Sra. Norma Rodríguez

Pérez,

Oficinista

Dactilógrafa

II

del

Municipio. Declaró que conocía al señor Galo

por razón de que éste trabajaba en Obras

Municipales y que tenía conocimiento de que

éste trabajó durante horas laborables en el

referido comité;

vii)

Declaración jurada prestada por la Sra. Naida

Rivera González, Oficinista I del Municipio y

secretaria del Ing. Héctor Bass. Ésta declaró

tener conocimiento acerca de que el Sr. Galo

se desempeñaba como pintor en el Municipio;

viii)

Declaración jurada prestada por el Sr. Eduard

Rivera Correa, Director de la División de

Municipios en la Oficina de la Contralor de

Puerto Rico. Declaró que como parte de las

funciones

conferidas

a

la

Oficina

del

Contralor, se llevó a cabo una investigación

sobre el Municipio de Mayagüez. Que de los

hallazgos obtenidos en dicha investigación,

surgió que el Sr. Galo aparecía como empleado

del

Departamento

de

Obras

Públicas

del

Municipio, cuando en realidad se desempeñaba

como encargado del aludido comité político, y

que de conformidad con la labor de auditoría

realizada se le pagó la suma de $44,280.00 en

forma de salarios y aportaciones.

23

CC-2000-211

A

24

base

de

dicha

documentación,

la

parte

demandante

alegó que no existía controversia de hechos en cuanto a que

el

señor

Galo

Perocier

era

un

empleado

del

Municipio

cuando, en realidad, se dedicó a atender y trabajar en el

Comité Local del P.P.D. en Mayagüez; que a partir de junio

de 1980 a junio de 1986, el señor Galo Perocier recibió la

cantidad de $44,280.00, sufragada dicha cantidad con fondos

públicos

provenientes

del

Municipio,

sin

haberse

dicho

Municipio beneficiado por la labor del señor Galo; que el

P.P.D. se benefició de la labor del señor Galo al éste

estar encargado del referido comité y que, en su capacidad

de partido político organizado, a base a la Ley Electoral

de

Puerto

Rico,

era

responsable

del

uso

ilegal

de

los

fondos públicos con los que se le pagó a Galo Perocier.

Por

su

parte,

y

como

señaláramos

anteriormente,

el

P.P.D. no presentó declaración o documento alguno en su

escrito en oposición. En dicho escrito, el P.P.D. se limitó

a

alegar

que

la

evidencia

documental

presentada

por

el

E.L.A. no sostenía su solicitud de que se dictara sentencia

sumariamente, ello por razón de que las alegaciones de la

demandante

acerca

del

beneficio

obtenido

por

el

partido

carecían de prueba que las fundamentara. Por otro lado,

alegó que desconocía los hechos imputados y que la causa de

acción en su contra estaba prescrita. Como argumento en

apoyo

de

presente

la

defensa

acción

no

de

versa

prescripción,

sobre

una

sostuvo

que

reclamación

la

por

enriquecimiento injusto y sí sobre los actos u omisiones

CC-2000-211

culposos

o

25

negligentes

al

amparo

del

Artículo

1802

del

Código Civil, cuyo término de prescripción es de un (1) año

contado a partir del momento en que la persona agraviada

adquiere

conocimiento

sobre

los

daños

que

le

han

sido

causados; y que, en consecuencia, la acción se presentó

fuera del término dispuesto por ley.

Como

expresáramos

anteriormente,

la

Regla

36.5

de

Procedimiento Civil, ante, dispone que ante una solicitud

de sentencia sumaria la parte que se opone a la misma no

puede

descansar

exclusivamente

en

las

aseveraciones

o

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que vendrá

obligada

a

contestar

en

forma

detallada

y

específica,

exponiendo los hechos pertinentes que demuestren que existe

una controversia real que deba dirimirse en un juicio. En

otras

palabras,

para

derrotar

una

moción

de

sentencia

sumaria, no basta con presentar meras alegaciones. Córdova

Ramos v. Larín Herrera, ante; Audiovisual Lang. v. Sist.

Est. Natal, ante. En consecuencia, forzoso es concluir que,

en el presente caso, el P.P.D. no cumplió con su obligación

procesal

de

controvertir

las

aseveraciones,

documentos,

hechos y declaraciones presentadas por el E.L.A. pues no

presentó

documento

alguno

para

refutar

los

hechos

y

aseveraciones expuestos por el E.L.A. en su solicitud de

sentencia sumaria.

III

En

segundo

término,

el

peticionario

alega

que

el

Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la imposición

CC-2000-211

26

de responsabilidad solidaria al P.P.D, por actos imputables

al presidente del comité municipal del partido, ello debido

a que el P.P.D., a nivel central, alegadamente se había

enriquecido injustamente de los servicios realizados por el

señor Galo Perocier sin haber sufragado en cantidad alguna

el sueldo devengado por dicho empleado.

A

La

doctrina

de

enriquecimiento

injusto

es

casi

tan

antigua como el derecho mismo. Es un corolario del concepto

de equidad, lo cual equivale a decir que es un corolario

del concepto de justicia. Silva v. Comisión Industrial, 91

D.P.R. 891 (1965). En tal sentido, es un principio general

del

derecho

fundado

en

la

equidad

que

informa

todo

el

ordenamiento jurídico. Ortiz Andujar v. E.L.A., 122 D.P.R.

817 (1988). Al igual que otras acciones basadas en los

principios de equidad, la reclamación por enriquecimiento

injusto sólo procederá cuando no exista ley que provea para

otra causa de acción. Ibíd.17 “De enriquecimiento injusto se

habla

propiamente

situación

17

en

la

cuando

que

la

ley

no

ha

previsto

una

se produce un desplazamiento

Al confrontarse un tribunal a controversias para las que

el legislador no ha previsto expresamente o provisto

solución, es menester recurrir al mandato contenido en el

Artículo 7 del Código Civil, que dispone, “cuando no haya

ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a

equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón

natural de acuerdo con los principios generales del

derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

Ortiz Andujar v. E.L.A., ante, a la pág. 822.

CC-2000-211

27

patrimonial que no encuentra una explicación razonable en

el ordenamiento vigente.” Ibíd., a la pág. 822.18 En el caso

antes

mencionado,

resaltamos

el

hecho

de

que

como

todo

principio general, esta doctrina ha ido desarrollándose y

ganando concreción a través de la jurisprudencia, al punto

de que hoy en día nadie le niega su franco crecimiento.

Para que proceda la aplicación de dicha doctrina es

necesario

saber:

i)

que

concurran

existencia

ciertos

de

un

requisitos

básicos,

enriquecimiento;

ii)

a

un

correlativo empobrecimiento; iii) una conexión entre dicho

empobrecimiento y

enriquecimiento; iv) falta de una causa

que justifique el enriquecimiento; v) inexistencia de un

precepto

legal

que

excluya

la

aplicación

del

enriquecimiento sin causa. Ortiz Andujar, ante; Morales v.

Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987).

Aun cuando en nuestra jurisdicción esta doctrina no

está regulada por las disposiciones del Código Civil, la

encontramos subsumida en la figura de los cuasicontratos.

Ortiz

Andujar,

ante.

Ciertamente,

este

Tribunal

la

ha

incorporado plenamente con todos sus perfiles y alcance.

Específicamente, en

Plan de Bienestar Salud v. Alcalde

Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983), nos expresamos en

torno a los parámetros que deben ser evaluados siempre que

se presentan controversias en cuanto a la aplicación de

dicha doctrina. En dicho caso discutimos varios principios

18

Véase: J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.II, Vol. 3, págs. 43-74.

CC-2000-211

28

que rigen el enriquecimiento sin causa y enumeramos las

siguientes

normas:

i)

la

doctrina

de

enriquecimiento

injusto es aplicable, dentro de determinadas situaciones, a

los

órganos

doctrina

administrativos;

dependerá

de

las

ii)

la

aplicación

circunstancias

de

la

específicas

de

cada caso ya que el Código Civil no agota las situaciones a

las

que

la

doctrina

se

extiende;

iii)

la

doctrina

de

enriquecimiento injusto no es invocable cuando su efecto es

vulnerar un principio importante de orden público encarnado

en la Constitución o las leyes del País.

Más adelante, en Hatton v. Municipio de Ponce, 134

D.P.R.

1001,

1010

(1994),

reiteramos

esta

norma

y

expresamos, al definir el alcance de esta doctrina, que la

misma “no se aplicará cuando resulte contraria a una clara

política

pública,

Constitución.”

En

plasmada

en

un

estatuto

Municipio

de

Ponce

v.

o

en

la

Gobernador,

138

D.P.R. 431 (1995), recalcamos este aspecto de la doctrina y

dispusimos que al otorgar convenios que violenten de forma

abierta principios de sana administración pública plasmados

en

nuestras

leyes,

enriquecimiento

principios

de

no

debe

invocarse

injusto,

pues

su

suma

efecto

importancia

la

doctrina

sería

encarnados

del

violentar

en

la

Constitución y leyes del País.

B

Con dicho trasfondo doctrinario y jurisprudencial en

mente,

examinamos

la

procedencia

de

enriquecimiento injusto al caso de autos.

la

doctrina

de

CC-2000-211

En

29

cuanto

al

primer

requisito,

cuestiona el hecho de que los

llegado

a

central

la

conclusión

se

haya

dos

de

el

foros

que

el

enriquecido

a

peticionario

apelados

hayan

P.P.D.

a

nivel

través

de

los

servicios brindados por el señor Galo como encargado del

comité

que

municipal.

En

apoyo

de

partido,

a

nivel

central,

no

los

cuales

el

enriquecido

de

actos

sobre

dicho

argumento, alega

pudo

haberse

nunca

tuvo

conocimiento ni mucho menos consintió.

A estos efectos, entendemos indispensable señalar que

“el enriquecimiento puede ocurrir en dos (2) modalidades

diferentes: el positivo o aumento en el patrimonio (lucrum

emergens),

o

el

negativo

o

disminución

del

patrimonio

(damnum cessans). El negativo (damnun cessans) se apuntala

en la premisa de que un no gasto equivale a un ingreso. En

otras

palabras,

en

la

medida

en

que

alguien

sufre

una

pérdida que ordinariamente debería padecer otro, el primero

le ahorra un gasto al segundo. Esta situación no tiene

cabida

en

un

remediada.”

sistema

Ortiz

donde

Andujar,

impera

lo

justo

ante,

págs.

y

debe

826-27.

ser

Énfasis

suplido. El caso ante nos presenta claramente una situación

fáctica

en

la

que

se

refleja

la

modalidad

de

enriquecimiento injusto en su aspecto negativo.

No existe controversia en cuanto a que el señor Galo

era

el

encargado

del

comité

municipal

del

P.P.D.

en

Mayagüez y que su sueldo como tal fue sufragado por el

Municipio. Siendo así, es evidente que el Municipio pagó

CC-2000-211

30

por el P.P.D. el gasto relativo a la remuneración del señor

Galo

en

concepto

de

sueldos,

bonos,

licencias

por

vacaciones y por enfermedad. El Municipio se hizo cargo de

satisfacer

ejerció

todo

tipo

labores

de

beneficios

exclusivamente

a

para

un

empleado

dicha

que

entidad

u

organismo político.

No nos persuade el argumento del P.P.D. a los efectos

de que su organización no tenía conocimiento de que el

señor Galo laboraba en el comité municipal de Mayagüez,

pues probado el hecho de que el empleado rindió labores en

dicho lugar, y que su sueldo fue sufragado por el Municipio

de

Mayagüez,

es

evidente

que

tal

pago

constituyó

un

“ahorro” al partido. Ello es así, pues de otro modo, el

P.P.D.

hubiera

tenido

que

emplear

a

una

persona

a

su

propio costo para que se encargara del comité.

Debemos tener presente que bajo nuestra Ley Electoral,

ante, un comité local o municipal de un partido político no

tiene

personalidad

debidamente

jurídica

inscrito.

La

jurídica

independiente

políticos

organizados

separada

cualidad

le

bajo

de

pertenece

el

de

la

tener

a

mencionado

del

partido

personalidad

los

partidos

estatuto,

con

capacidad jurídica para demandar y ser demandados. P.S.P.

v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978). Los partidos políticos, a

su vez, son el elemento básico de toda democracia. P.P.D.

v. Gobernador, 139 D.P.R. 643 (1995). A través de nuestro

sistema electoral se contempla la existencia continua de

los partidos políticos y su participación en la discusión

CC-2000-211

31

de los asuntos de interés público. Ibíd. Ello es compatible

con el papel que éstos desempeñan en nuestra sociedad, pues

se caracterizan por ser las vías mediante las cuales se

canalizan pacíficamente las distintas tendencias políticas

y económicas de la sociedad. Ibíd.; P.S.P. v. E.L.A., ante.

Como

partidos

políticos,

gubernamentales,

tales

realizan

como

funciones

formular

cuasi-

programas

de

administración y proponer candidatos a puestos políticos.

Ibíd.

Por

otra

parte,

y

en

lo

que

respecta

al

segundo

requisito, es importante señalar que no hay la más mínima

duda

--ni

Municipio

controversia-de

Mayagüez

en

torno

al

hecho

sufragó

todo

tipo

de

de

que

el

remuneración

hecha a favor del señor Galo. En consecuencia sufrió una

disminución en sus arcas ascendente a cuarenta y cuatro mil

doscientos ochenta dólares ($44,280.00). Dicha cantidad de

dinero nunca estuvo en controversia. Esta fue la cantidad

de fondos públicos que la Oficina del Contralor de Puerto

Rico detalló en su Informe de Intervención como pagada por

el Municipio al señor Galo Perocier sin que éste hubiese

rendido labor alguna

en su beneficio y sí a favor del

Comité Municipal del P.P.D.

En

cuanto

al

tercer

presente

para

que

proceda

requisito

una

que

debida

tiene

que

aplicación

doctrina de enriquecimiento injusto --la correlación

estar

de

la

entre

el empobrecimiento de una parte y el enriquecimiento de la

otra--

debemos

señalar

que

la

relación

entre

CC-2000-211

32

empobrecimiento y enriquecimiento no exige que el efecto se

produzca

como

empobrecido

resultado

al

de

enriquecido.

una

prestación

Citando

al

directa

del

tratadista

Puig

Brutau,19 en Ortiz Andujar, ante, a la pág. 828, señalamos

que

lo

determinante

es

la

existencia

de

un

vínculo

de

conexión suficiente entre el patrimonio que ha sufrido la

pérdida y el que ha experimentado el beneficio. Ha de ser,

pues, una misma circunstancia la que haya generado por un

lado la pérdida y por otro la ganancia. No ha de entenderse

que

se

requiere

que

el

desplazamiento

producido

se

dé

directamente entre el perjudicado y el beneficiado, sino en

que

un mismo hecho haya dado lugar a la pérdida y a la

ganancia. Ibíd.

El

peticionario

alega

que

en

el

presente

caso

no

procede la aplicación de la doctrina, pues el P.P.D. no se

benefició, como institución, de la labor del señor Galo en

el referido comité municipal; razón por la cual sostiene

que no existe una relación entre el empobrecimiento del

Municipio y el alegado enriquecimiento del partido. No le

asiste la razón.

Conforme

al

Reglamento

Oficial

del

P.P.D.,

surge

claramente que entre las funciones propias de los comités

municipales

están:

(i)

ser

responsables

de

la

dirección

política del Partido en el área de su jurisdicción; (ii)

representar al Partido en todos los eventos electorales,

19

Véase: J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.II, Vol. 3, pág. 57.

CC-2000-211

33

actividades y asuntos de campaña; (iii) mantener un local

apropiado para llevar a cabo sus funciones básicas; (iv)

mantener

activo

movilización

actividades

el

de

y

a

plan

sus

los

de

finanzas;

partidarios

eventos

(v)

a

organizar

las

electorales;

la

diferentes

(vi)

organizar

actividades para promover los objetivos del Partido y (vii)

llevar

su

programa

mensaje

de

de

educación

forma

efectiva,

política,

entre

a

través

otras

de

un

funciones.20

Debe señalarse, además, que conforme con el Artículo 22 del

antes mencionado Reglamento, cada comité municipal será el

organismo rector del partido en su demarcación.21

Las anteriores funciones reglamentarias de los comités

municipales

del

entidades

están

central,

y

P.P.D.

demuestran

subordinadas

existen

por

al

claramente

P.P.D.,

necesidad

del

como

que

dichas

organismo

partido

en

el

municipio donde estén localizadas. En otras palabras, son

parte de una sola estructura del partido político, sea cual

sea, creados con el propósito y objetivo de promover su

ideal político.

Ciertamente, el P.P.D. no puede alegar ahora que no se

benefició de la labor efectuada por el señor Galo Perocier

como encargado del comité local municipal del partido en

Mayagüez,

pues

era

el

principal

beneficiario,

aunque

de

manera indirecta, de todo lo que lograra llevar a cabo el

20

Véase: Artículo 25 del Reglamento Oficial del Partido

Popular Democrático para la fecha de los hechos.

CC-2000-211

34

comité municipal en cumplimiento de sus deberes y funciones

reglamentarias.

En

cuanto

al

cuarto

requerimiento,

esto

es,

el

de

falta de causa que justifique el enriquecimiento, tal como

señaláramos en Ortiz Andujar, ante, pág. 829, “este término

‘causa’ no tiene aquí la acepción que se le da en materia

contractual,

sino

que

toma

en

el

significado

de

acto

jurídico que justifica la adquisición de una valor.” Citas

omitidas.

Así,

“el

enriquecimiento

no

debe

derivar

su

fuente de un acto jurídico que legitime su adquisición.”

Citas omitidas.

En el presente caso no existe razón o justificación

alguna que diera base a que el comité municipal utilizara

los servicios de un empleado municipal, ni mucho menos a

que el referido municipio costeara tales servicios.

Finalmente,

y

en

cuanto

al

requisito

de

la

inexistencia de precepto legal que excluya la aplicación

del enriquecimiento sin causa, el peticionario alega que la

doctrina referente a los actos u omisiones ilícitas --la

cual tiene su base en las disposiciones del Artículo 1802

del

Código

Civil--

impide

que

se

configure

un

enriquecimiento injusto de parte del P.P.D. No puede el

peticionario entremezclar conceptos relativos a una acción

de enriquecimiento injusto con una de daños y perjuicios.

Ortiz Andujar, ante. “La acción de enriquecimiento injusto

______________________

21

Véase: Artículo 22 del Reglamento Oficial del Partido

Popular Democrático para la fecha de los hechos.

CC-2000-211

35

es distinta a una de indemnización de daños y perjuicios

por actos ilícitos.” Ibíd, a la pág. 825.

En el antes citado caso señalamos, sobre la distinción

entre ambas acciones, que:

[L]a pretensión por daños se orienta siempre al

agente

provocador,

y

son

indispensables

los

conceptos de culpa e imputabilidad para determinar

el

deber

de

indemnizar.

La

pretensión

de

enriquecimiento se encamina siempre contra el

enriquecido sin causa, prescindiendo en absoluto

de aquellas nociones de culpa e imputabilidad, y

dejando en segundo término al agente provocador de

la atribución patrimonial. La pretensión por daños

necesita fijar la relación de causa a efecto entre

el agente provocador y el daño. La pretensión por

enriquecimiento fija dicha correlación entre el

patrimonio del enriquecido y el del empobrecido.

En la primera, la reparación se extiende al daño

total, sin limitación de derecho, salvo algunas

excepciones legales. En la segunda, la restitución

tiene su objeto y su medida --salvo desviaciones

concretas-- en la cuantía del enriquecimiento. El

daño puede constituir, a la vez, damnum emergens

(daño

positivo)

y

lucrum

cessans

(lucro

frustrado). El enriquecimiento puede producirse

por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o

por una no disminución del patrimonio (damnum

cessans). La pretensión por daños nace siempre de

un hecho ilícito. El daño se puede producir por

acción o por omisión. El enriquecimiento --como es

secundario

el

agente

provocador--,

sólo

positivamente, por desplazamiento de valor de un

patrimonio a otro”. Citas omitidas. Ibíd., págs.

825-26.

No cabe duda que el caso ante nos se presta para una

aplicación

clara

de

la

doctrina

del

enriquecimiento

injusto. No puede el peticionario alegar, con éxito, que

cualquier

reclamación

relacionada

a

los

actos

del

presidente del Comité Local debía haberse hecho al amparo

del Artículo 1802 del Código Civil. El enriquecimiento se

representó en la no disminución del patrimonio del P.P.D.,

CC-2000-211

36

al no tener que pagar sueldo alguno a un empleado que le

rendía servicios. “En la acción de indemnización de daños y

perjuicios por acto ilícito la indemnización se mide por el

daño experimentado por la víctima, independientemente de

que

haya

mientras

o

no

que

proporcionado

la

beneficios

restitución

que

al

responsable,

procede

en

caso

de

enriquecimiento injusto no puede ser superior al aumento

patrimonial

Andújar,

experimentado

ante,

a

la

pág.

por

la

otra

826.

Cita

parte”.

omitida

y

Ortiz

énfasis

suplido. Es precisamente la cantidad de dinero equivalente

al sueldo devengado por el señor Galo Perocier, con la cual

el P.P.D. se enriqueció al no tener que desembolsarla. En

conclusión, en el presente caso se dan todos lo requisitos

para

una

debida

aplicación

de

la

doctrina

de

error,

de

enriquecimiento injusto.

IV

Como

último

señalamiento

atendemos

brevemente el argumento presentado por el peticionario en

torno a la alegada prescripción de la causa de acción que

dio lugar a la presente demanda y a la reclamación en cobro

de fondos públicos.

Aduce el P.P.D. que la presente acción no versa sobre

una

reclamación

actos

u

por

omisiones

enriquecimiento

culposos

o

injusto,

negligentes

al

sino

sobre

amparo

del

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante, cuyo

término de prescripción es de un (1) año contado a partir

CC-2000-211

del

37

momento

conocimiento

en

que

la

persona

sobre

los

daños

que

le

agraviada

adquiere

han

causados.

sido

Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, ante.

Alega,

cabo

por

además,

la

que

como

la

investigación

Oficina

del

Contralor

llevada

a

con

la

culminó

preparación de un Informe,22 que para ese momento la parte

demandante

sabía

--o

debió

haber

sabido--

sobre

los

acontecimientos del caso y que, por lo tanto, la demanda

enmendada de 26 de diciembre de 1995, fue radicada fuera

del término prescriptivo de un (1) año.

Hemos

resuelto

que

“la

acción

estrictamente

para

recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no surge

bajo el Artículo 1802 del Código Civil, supra ... Se trata

más bien de una acción de naturaleza personal ... como la

que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa.”

E.L.A.

v.

Soto

Santiago,

131

D.P.R.

304,

322

(1992).

Énfasis suplido. En dicho caso sostuvimos que en “ocasión

de

considerar

una

acción

instada

por

el

Estado

para

recobrar un alegado desembolso ilegal de fondos públicos

... resolvimos que para fines de prescripción la acción

aludida era una personal de cobro de dinero ... siendo una

acción

personal

sin

término

de

prescripción

...

debe

aplicarse el término prescriptivo de quince (15) años que

dispone el Art. 1864 del Código Civil, supra, para las

acciones personales que no tengan señalado término especial

de

prescripción.”

Ibíd.,

págs.

322-323;

véase,

además,

CC-2000-211

38

E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., 126 D.P.R. 320

(1990).

Habiendo

presente

caso

concluido

versa

que

sobre

la

una

causa

de

reclamación

acción

en

en

el

cobro

de

fondos públicos ilegalmente utilizados y que la misma fue

probada por la parte demandante, concluimos que el error

señalado no se cometió, pues la demanda no estaba prescrita

al momento de presentarse.

V

No

podemos

disposiciones

terminar

del

sin

Artículo

hacer

VI,

referencia

Sección

9,

a

las

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la

cual dispone:

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos

públicos

para

fines

públicos

y

para

el

sostenimiento

y

funcionamiento

de

las

instituciones del Estado, y en todo caso por

autoridad de ley.

En Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 645

(1984), resolvimos que no pueden utilizarse los fondos o

recursos públicos por determinado partido político para sus

fines particulares. Adoptando los fundamentos del Tribunal

de Primera Instancia, señalamos que, en la medida en que

los fondos públicos se utilicen para propaganda políticopartidista, se está afectando detrimentalmente el derecho

de los demás electores.

______________________

22

Fechado el 11 de octubre de 1988.

CC-2000-211

39

Sobre este mismo tema en P.P.D. v. Gobernador, ante, a

la

pág.

688,

expresamos

que

bajo

la

restricción

constitucional al uso de los fondos públicos, no se permite

el uso político-partidista de dichos fondos ni que de otro

modo un partido político o candidato obtenga una ventaja

económica

a

expensas

del

erario

público.

“La

verdadera

esencia de un gobierno libre consiste en considerar los

puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el

bien del país y no para beneficio de determinado individuo

o

partido.”

Ibíd.,

a

la

pág.

690;

Ex

rel.

Pérez

v.

Manescau, 33 D.P.R. 739, 742 (1924).

En De Jesús v. Autoridad de Carreteras, res. el 30 de

abril de 1999, 99 T.S.P.R. 66, citando a A.E.E. v. P.N.P.,23

ante, señalamos que:

El concepto del ‘orden público’, como acopio y

reflejo de los principios generales del Derecho,

ciertamente recoge el alto valor jurídico que

varios jueces de este Foro expresaron de manera

esclarecida en Autoridad de Energía Eléctrica y

otros v. P.N.P., 128 D.P.R. 294 (1991), (voto

concurrente del Juez Asociado señor Negrón García

al cual se unieron los Jueces Asociados señores

Rebollo

López

y

Andréu

García),

cuando

determinamos que no podían usarse fondos públicos

para pagar salarios de personas contratadas por

agencias gubernamentales si tales personas no

desempeñaron labor alguna para esas agencias:

[E]l desembolso indebido o ilegal de

fondos

públicos

-en

sus

formas

múltiples,

a

veces

burdas

y

otras

sofisticadas son actos incompatibles con

el

sistema

de

gobierno

democrático

consagrado en nuestra Constitución y

apuntalado en el respeto a la dignidad

23

Véase: 128 D.P.R. 294, 299 (1991), Voto concurrente del

Juez Asociado señor Negrón García al cual se unieron los

Jueces Asociados señores Rebollo López y Andréu García.

CC-2000-211

40

humana y los dineros del pueblo, como

único

soberano.

No

importa

las

modalidades que adopten, ni la jerarquía

del funcionario envuelto, las mismas son

intolerables. En última instancia, quien

verdaderamente se perjudica, no sólo en

lo económico sino en lo moral, es la

ciudadanía en general ... Es pues,

obligación de los tribunales reivindicar

esos

valores

fundamentales.’

Énfasis

suplido.

Hemos

reiterado,

además,

fondos

públicos

está

público,

sin

que

importe

recordar

que

“es

importante,

que

saturado

la

el

de

prudente

intereses

cuantía

lo

manejo

de

de

orden

involucrada.

Merece

sería,

por

pequeña

que

fuera, cualquier suma, cuando se trata de los bienes, del

dinero de una comunidad municipal. Los intereses de esas

comunidades son los del pueblo, los de los contribuyentes;

y su empleo o inversión requieren un gran cuidado que se

traduce en las exigencias legales”. Énfasis suplido. Hatton

v.

Municipio

Municipio,

40

consecuencia,

de

Ponce,

ante,

pág.

1012;

512

(1930).

No

D.P.R.

509,

que

E.L.A.

el

tenía

plena

Vázquez

hay

v.

duda,

capacidad

en

para

radicar la demanda en el presente caso en reclamo o cobro

de

los

fondos

públicos

ilegalmente

desembolsados

por

el

Municipio de Mayagüez.

No

podemos

validar

la

erogación

de

fondos

públicos

para satisfacer el sueldo, bonos, licencias por vacaciones

y enfermedad a un empleado municipal cuando éste no realizó

labor alguna destinada a su empleo en el Municipio y sí en

beneficio privado de un

comité político. Esto constituye

un claro ejemplo del uso indebido de fondos públicos que

CC-2000-211

41

prohíbe nuestra Constitución. Como máximos intérpretes de

la misma, es nuestro deber y responsabilidad velar porque

dichos fondos respondan directamente a las necesidades de

la ciudadanía y no a los fines de un partido o candidato

político

alguno.

No

se

está

promoviendo

de

esa

manera

ninguna política pública plasmada en los estatutos ni en la

Constitución.

En esencia, nos vemos en la obligación de concluir que

la erogación de fondos públicos en el presente caso, para

satisfacer

el

sueldo,

beneficios,

etc.,

al

empleado

municipal Galo Perocier se hizo en total contravención al

postulado

constitucional

que

regula

toda

disposición

de

fondos públicos para fines públicos y no privados. Demás

está decir que de dicha erogación de fondos públicos se

benefició el P.P.D., pues fue un gasto realizado por el

Municipio de Mayagüez que debió haber sido hecho por dicho

partido. Constituye una clara política pública, que debe

ser fomentada por todo funcionario del gobierno, tanto a

nivel estatal como municipal, la de promover y velar por la

más sana y recta administración de los fondos del pueblo.

Así pues, reiteramos la capacidad del Estado, a base

del resultado de investigaciones realizadas por la Oficina

del Contralor al amparo de su facultad constitucional, para

entablar

demandas

como

la

del

caso

de

autos.24

Por

24

La Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, según enmendada

por la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1977, le concede

facultad

a

la

Oficina

del

Contralor,

adscrita

al

Departamento de Justicia, de instar acciones civiles ante

(Continúa . . .)

CC-2000-211

42

consiguiente,

en

constitucional

de

cumplimiento

velar

por

la

de

su

obligación

más

sana

y

recta

administración de los fondos públicos, tanto estatales como

municipales, el E.L.A, al así actuar, está salvaguardando

los intereses de todos los ciudadanos de Puerto Rico, en

específico,

cuanto,

los

dichos

del

Municipio

fondos

están

de

Mayagüez,

destinados

en

tanto

en

para

beneficio

al

Estado

general de los mismos.

No

obstante

la

capacidad

reconocida

de

reclamar fondos públicos estatales y municipales, debemos

recalcar que, aunque éste haya entablado la demanda en el

caso de autos, dichos fondos deben eventualmente revertir a

su fuente de origen, esto es, a las arcas del Municipio de

Mayagüez.

Llegamos a tal conclusión por la sencilla razón

de que, ante el conflicto de intereses existente en el

presente caso, en donde el propio Alcalde actuó en contra

______________________

los tribunales que surjan como resultado de intervenciones

del Contralor en relación con los ingresos, cuentas, y

desembolsos de los municipios. Las investigaciones del

Contralor están revestidas del más alto interés público y

van dirigidas a fomentar la más sana administración de los

fondos públicos.

De acuerdo a la ley que crea la Oficina del Contralor,

Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, dicha oficina tiene la

facultad

de,

a

través

sus

auditores,

empleados

de

intervenir, supervisar, y de ser necesario, por descubrirse

irregularidades en lo relativo al uso de fondos públicos,

referir al Secretario de Justicia para que se tomen las

acciones legales pertinentes.

El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y

desembolsos

del

Estado,

de

sus

agencias

e

instrumentalidades y de los municipios, para determinar si

se han hecho de acuerdo a la ley. Artículo III, Sección 22

de la Constitución.

CC-2000-211

de

los

43

intereses

utilizando

los

de

los

ciudadanos

referidos

fondos

de

su

para

Municipio,

propósitos

no

autorizados por ley, resultaba obvio que dicho funcionario

no

iba

a

recurrir

al

foro

judicial

con

el

fin

de

reclamarlos en representación del referido Municipio. Dicho

de otra manera, aun cuando el Municipio no haya recurrido a

los tribunales con el propósito de recobrar sus fondos,

esto

debido

incurrió

en

a

que

fue

los

actos

precisamente

que

dieron

el

Alcalde

margen

a

la

quien

presente

situación, reiteramos que le correspondía al Estado velar

por

los

esto

debido

cuestión,

intereses

el

a

la

que

dicho

naturaleza

Municipio

de

funcionario

no

pública

los

Mayagüez

de

tiene

salvaguardó,

fondos

derecho

a

en

los

mismos.25

VI

En vista de que concluimos que el desembolso de fondos

públicos en el presente caso fue realizado en contravención

al

Artículo

VI,

Sección

9

de

nuestra

Constitución,

confirmamos el dictamen del entonces Tribunal de Circuito

25

Resolver, de otra manera, implicaría que en todo caso en

que un alcalde participe en un esquema indebido, en que

ocurre una erogación ilegal de fondos públicos municipales,

y éste se niega a instar la acción correspondiente, dichos

fondos no podrían ser recobrados. Es por ello que el

E.L.A., necesariamente, tiene capacidad (standing) para

instar en el presente caso la acción de recobro de fondos

públicos ilegalmente desembolsados, contra la parte que

ilegalmente

se

benefició

de

dicho

desembolso,

en

representación de los ciudadanos de dicha municipalidad;

ello en cumplimiento del mandato constitucional contenido

en la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

CC-2000-211

44

de Apelaciones, en cuanto el mismo adjudicó responsabilidad

contra el Partido Popular Democrático26 y le ordenó a dicho

partido

político

fondos

al

la

erario

debida

restitución

público.

Ahora

de

bien,

los

referidos

tomando

en

consideración que el Municipio de Mayagüez fue el organismo

afectado y empobrecido por la erogación ilegal de fondos,

entendemos procedente ordenar al Estado que, una vez reciba

dichos fondos, a través de su agente fiscal y financiero,

proceda

a

realizar

correspondiente

a

la

favor

asignación

del

de

Municipio,

la

siendo

partida

ésta

la

entidad con verdadero derecho a recibirlos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

26

Con

la

confirmación

de

tal

determinación

de

responsabilidad, no estamos, sin embargo, abriendo las

puertas para que los partidos políticos, como organismos

centrales, tengan que responder, como regla general, por

todo acto fraudulento llevado a cabo por sus funcionarios.

Es precisamente, a la luz de los hechos y circunstancias

específicas de este caso, en que el P.P.D. se vio

beneficiado y enriquecido por las actuaciones de un

funcionario suyo, que ordenamos el reembolso de los fondos

públicos utilizados en contravención al Artículo VI,

Sección 9, de nuestra Constitución.

CC-2000-211

45

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Demandante-recurrido

v.

CC-2000-211

CERTIORARI

Benjamín Cole Vázquez; Comité

Local del Partido Popular

Democrático, y otros

Demandados-peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de

2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace

formar parte integra de la presente, se

dicta Sentencia condenando al Partido

Popular Democrático a pagar la cantidad de

$44,280.00 a la parte demandante. Se

ordena al Estado que una vez reciba dichos

fondos, a través de su agente fiscal y

financiero,

proceda

a

realizar

la

asignación de la referida cantidad a favor

del Municipio de Mayaguez.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo. Los Jueces Asociados señor Fuster

Berlingeri

y

señor

Rivera

Pérez

no

intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo