Tribunal Supremo de Puerto Rico
Global Gas, Inc. vs. Salaam Realty Corp.
2005 TSPR 42
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Global Gas, Inc. vs. Salaam Realty Corp.
CC-2004-0054
Procedimiento Civi l- Regla 4.3 (b) : Justa causa para prorrogar término de emplazamiento
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Global Gas, Inc.
Demandante-Recurrido
Certiorari
Vs.
2005 TSPR 42
Salaam Realty Corp.
163 DPR ____
Demandado-Peticionario
Número del Caso: CC-2004-54
Fecha: 6 de abril de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional Bayamón
Juez Ponente:
Hon. José M. Aponte Jiménez
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Ángel López Hidalgo
Abogado del Recurrido:
Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz
Materia: Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Global Gas, Inc.
Demandante-Recurrido
Vs.
CC-2004-54
Certiorari
Salaam Realty Corp.
Demandado-Peticionario
Opinión del
BERLINGERI.
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
SEÑOR
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.
Nos toca resolver si el término dispuesto en la
Regla
4.3(b)
de
Procedimiento
Civil
puede
ser
prorrogado tácitamente.
I
El 17 de mayo de 2000, Global Gas, Inc. (en
adelante
Global)
incumplimiento
de
instó
contrato
una
y
demanda
daños
y
sobre
perjuicios
contra Salaam Realty Corp. (en adelante Salaam) en
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Bayamón.
En
esa
misma
fecha
se
expidieron
los
emplazamientos correspondientes.
El 5 de octubre de 2000, más de cuatro meses
después
de
expedidos
los
emplazamientos,
Global
CC-2004-54
2
presentó dos mociones en las cuales, respectivamente, anunció
una nueva representación legal y solicitó autorización para
emplazar
a
Salaam
mediante
edictos.
Esta
solicitud
se
acompañó con una declaración jurada del emplazador, quien
narró las múltiples gestiones que realizó, sin éxito, para
tratar de emplazar personalmente a Salaam.
De conformidad con lo solicitado por Global, el 17 de
octubre de 2000 el Tribunal de Primera Instancia emitió una
orden autorizando que se emplazara a Salaam por edictos.
Dicha orden fue notificada el 25 de octubre de 2000, fecha en
la cual el edicto correspondiente fue expedido. El 23 de
enero de 2001 el edicto fue publicado en el periódico El
Nuevo
Día.
Dentro
del
plazo
de
diez
(10)
días
desde
la
publicación del edicto, Global le envió a Salaam, mediante
correo
certificado
con
acuse
de
recibo
y
a
su
última
dirección conocida, copia de la demanda, del emplazamiento,
del edicto y de la moción mediante la cual anunció la nueva
representación legal.
El
27
de
febrero
de
2001,
sin
tribunal,
Salaam
compareció
jurisdicción
del
mediante
escrito
un
titulado
“Moción
someterse
sobre
a
la
ante
éste
nulidad
de
emplazamiento y desestimación de la demanda”. Argumentó que
no había sido emplazada válidamente, toda vez que no se actuó
dentro del término reglamentario para ello, a tenor con la
Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En
consecuencia,
solicitó
que
se
desestimara
la
demanda
con
perjuicio. La demandante, Global, se opuso a la desestimación
CC-2004-54
3
solicitada. Argumentó que el punto de partida para computar
el término para emplazar, cuando se hace por edictos, es
desde la fecha en que se autoriza su publicación y no desde
la que se expidió el emplazamiento original.
Luego de varios incidentes procesales, el 14 de mayo de
2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia y
desestimó con perjuicio la reclamación referida, al concluir
que el emplazamiento se diligenció fuera del término de seis
meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil,
supra, sin que se solicitara prórroga para emplazar.
Inconforme con el dictamen referido, Global apeló ante
el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 31 de
octubre de 2003 dicho foro revocó la decisión del tribunal de
instancia. Concluyó que al autorizarse el emplazamiento por
edictos,
el
tácitamente,
término
ya
que
se
para
emplazar
trataba
de
quedó
nuevos
prorrogado
emplazamientos,
distintos a los emplazamientos personales que se expidieron
automáticamente con la presentación de la demanda. El foro
apelativo entendió que aceptar la interpretación del foro de
instancia sobre el asunto en cuestión en este caso implicaría
que el demandante tendría menos de un mes para emplazar por
edicto, lo cual distorsionaría el significado y alcance de
las Reglas de Procedimiento Civil. Determinó, además, que el
tribunal
de
instancia
había
errado
al
desestimar
con
perjuicio la demanda, tomando en cuenta que dicha medida es
la sanción más grave que puede decretar un tribunal por la
dilación en el trámite de una acción, y que en este caso no
CC-2004-54
se
4
justificaba
tan
drástica
sanción
porque
no
se
había
demostrado que la parte demandante se hubiera quedado cruzada
de brazos o dejara de cumplir las órdenes del tribunal.
De este dictamen recurrió ante nos la demandada mediante
una petición de certiorari e hizo el siguiente señalamiento
de error:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
revocar al Tribunal de Instancia y crear el
concepto de prórroga tácita para emplazar mediante
la cual sin que la parte lo solicite ni demuestre
causa justificada, se prorroga automáticamente el
término establecido en la Regla 4.3(b) por un
periodo adicional de seis meses. Erró además el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar
que el término de seis meses para emplazar
establecido en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil
no aplica de igual forma a un emplazamiento
personal y a un emplazamiento mediante edictos.
El 20 de febrero de 2004 expedimos el auto solicitado a
fin de revisar la sentencia dictada el 31 de octubre de 2003
por el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 7 de
abril de 2004 la parte demandante y recurrida presentó su
escrito de oposición al certiorari. Posteriormente, la parte
recurrente
solicitó
mediante
moción
que
se
le
permitiera
someter su petición de certiorari sin necesidad de presentar
un
alegato
separado,
a
lo
cual
consentimos.
Estando
en
posición de resolver, procedemos a hacerlo.
II
Como se sabe, el emplazamiento es el mecanismo procesal
mediante el cual se le notifica a un demandado que hay una
reclamación judicial en su contra. Quiñones Román v. Compañía
CC-2004-54
5
ABC, res. el 31 de octubre de 2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR
160, 2000 JTS 172; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc.,
144 D.P.R. 901, 913 (1998). A través del emplazamiento se
satisfacen las exigencias del debido proceso de ley, que
requiere “que se notifique al demandado toda reclamación en
su contra para que tenga la oportunidad de comparecer a
juicio, ser oído y presentar prueba a su favor”. Id. De esta
forma un tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del
demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se
emita eventualmente. Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142
(1997). Dada la dimensión constitucional del procedimiento de
emplazamiento, hemos establecido que sus requisitos deben
cumplirse
estrictamente
y
que
su
inobservancia
priva
de
jurisdicción al tribunal. Datiz Vélez v. Hospital Episcopal
San Lucas, res. el 22 de septiembre de 2004, 162 D.P.R. ____,
2004 TSPR 152, 2004 JTS 159, 236;
First Bank of P.R., 144
D.P.R. en la pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93,
98-99 (1986).
La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, dispone
que los emplazamientos serán diligenciados dentro del término
de seis meses (6) meses de haber sido expedidos. Dicha Regla
le
confiere
discreción
a
los
tribunales
para
conceder
prórrogas con respecto a dicho término siempre y cuando el
demandante muestre justa causa para ello. Transcurrido el
término o su prórroga sin que los emplazamientos hayan sido
diligenciados, se tendrá a la parte actora por desistida de
su reclamación con perjuicio. Regla 4.3(b) de Procedimiento
CC-2004-54
6
Civil, supra. Sin embargo, hemos resuelto que el término de
seis (6) meses para diligenciar los emplazamientos es de
cumplimiento estricto, no de carácter jurisdiccional, y que
los tribunales tienen discreción para prorrogarlo aun después
de que haya vencido. López v. Porrata-Doria, 140 D.P.R. 96,
103 (1996); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721,
725 (1981).
La
concesión
de
alguna
prórroga
para
diligenciar
el
emplazamiento dependerá de la sana discreción del tribunal de
instancia, que debe determinar, en el momento procesal en que
se suscite la cuestión, si existió justa causa o negligencia
excusable
para
no
haber
emplazado
dentro
del
término
prescrito. Banco Metropolitano, 110 D.P.R. en la pág. 725. La
discreción, hemos resuelto, es el instrumento más poderoso
reservado
a
discreción,
Municipio
los
sin
de
jueces
para
embargo,
no
Bayamón,
111
hacer
justicia.
opera
en
D.P.R.
679,
el
Id.
vacío.
680
Dicha
Lugo
(1981).
v.
Debe
existir razón bien fundada que mueva la conciencia judicial a
conceder el remedio. Recae sobre el demandante la carga de
justificar, con relación a los hechos y las circunstancias
del caso, la razón para haber dejado transcurrir el término
original sin emplazar. First Bank of P.R., 144 D.P.R. en las
págs. 914-15; Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 703 (1985).
Sobre el
mecanismo provisto en la Regla 4.3(b) de
Procedimiento Civil, supra, en virtud del cual el tribunal
puede considerar la acción desistida con perjuicio cuando no
se haya diligenciado el emplazamiento en el término dispuesto
CC-2004-54
7
por ésta o en el término de la prórroga, hemos resuelto que
dicho mecanismo es un recurso de ese foro para promover la
agilización de la tramitación de los pleitos y que las partes
sean diligentes, más que una defensa de la parte demandada,
quien, no obstante, podrá promoverla señalando oportunamente
al tribunal la expiración del término. Banco Metropolitano,
110 D.P.R. en la pág. 724.
La Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III, por su parte, establece las circunstancias en que los
tribunales
podrán
autorizar
un
emplazamiento
por
edicto.
Dicha Regla, en lo pertinente, dispone:
Cuando la persona a ser emplazada estuviere
fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico no
pudiere ser localizada después de realizadas las
diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser
emplazada, o si fuere una corporación extranjera
sin agente residente, y así se comprobare a
satisfacción del tribunal mediante declaración
jurada, con expresión de dichas diligencias, y
apareciere también de dicha declaración, o de la
demanda
jurada
presentada,
que
existe
una
reclamación que justifica la concesión de algún
remedio contra la persona que ha de ser emplazada,
o que dicha persona es parte apropiada en el
pleito,
el
tribunal
podrá
dictar
una
orden
disponiendo que el emplazamiento se haga por un
edicto.
Como
puede
verse,
antes
de
que
se
autorice
la
publicación de un edicto, la Regla citada “requiere que el
juez compruebe a su ‘satisfacción’ las diligencias efectuadas
para lograr el emplazamiento personal por quien en esa etapa
ulterior desea emplazar mediante edicto. Esa comprobación se
realiza mediante la presentación de una ‘declaración jurada .
. .’ suficiente en derecho”. Reyes v. Oriental Fed. Savs.
CC-2004-54
8
Bank, 133 D.P.R. 15, 25 (1993) (citas omitidas). En lo que
respecta
a
declaración
las
diligencias
jurada
que
que
se
deben
someta
con
acreditarse
la
en
la
solicitud
de
autorización para emplazar por edictos, hemos señalado lo
siguiente:
La declaración jurada que a ese efecto se
preste
debe
contener
hechos
específicos
demostrativos
de
esa
diligencia
y
no
meras
generalidades que no son otra cosa que prueba de
referencia. En los casos que hemos estudiado
aparecen específicamente las gestiones hechas con
expresión de las personas con quiénes se investigó
y la dirección de éstas. Hacerlo constar es de
incalculable valor para evitar el fraude. Es buena
práctica
inquirir
de
las
autoridades
de
la
comunidad,
la
policía,
el
alcalde,
del
administrador de correos que son las personas más
llamadas a conocer la residencia o el paradero de
las personas que viven en la comunidad. Demostrar
que se han hecho todas estas diligencias es la
única
forma
en
que
puede
establecérsele
satisfactoriamente al juez la imposibilidad de
notificar personalmente al demandado.
El juez de instancia a quien se le presente
una moción para que se autorice la citación por
edictos debe cerciorarse de que “se han hecho las
diligencias necesarias para determinar el paradero
del demandado”.
Mundo
v.
Fuster,
87
D.P.R.
363,
371-72
(1963)
(citas
omitidas).
En Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 D.P.R. 507
(1993), contextualizamos las expresiones citadas a la luz de
los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones y
los cambios culturales y demográficos habidos en nuestro país
en las últimas décadas:
Las
diligencias
que
describimos
específicamente en Mundo v. Fuster constituyen
meros ejemplos de lo que sería una buena práctica
al intentar encontrar al demandado con el propósito
CC-2004-54
9
de notificarle acerca de la acción en su contra . .
. [y no un] fundamento para la recitación automática
de alegaciones evidentemente estereotipadas con el
fin de obtener, sin más, la autorización para
emplazar mediante edictos, con total abstracción de
las circunstancias particulares del caso tratado.
Lanzó Llanos, 133 D.P.R. en la pág. 514.
En consecuencia, lo fundamental para que se autorice el
emplazamiento por edictos es que en la declaración jurada que
acompañe
la
solicitud
específicos
que
particulares
del
correspondiente
demuestren,
caso
en
que
en
surja
se
aduzcan
las
la
hechos
circunstancias
cuestión,
que
el
demandante ha realizado gestiones potencialmente efectivas
para
tratar
de
localizar
personalmente,
y
que
a
encontrarlo.
Id.
en
las
al
pesar
demandado
de
págs.
ello
ha
513-14.
y
emplazarlo
sido
imposible
Al
evaluar
la
suficiencia de tales diligencias, el tribunal deberá tener en
cuenta
todos
los
recursos
razonablemente
accesibles
al
demandante para intentar hallar al demandado, y si se ha
agotado toda posibilidad razonable disponible al demandante
para poder localizarlo. Id. en la pág. 515.
III
En el caso de autos la demanda fue presentada el 17 de
mayo
de
2000.
emplazamientos
demandante
tenía
En
esa
misma
fecha
correspondientes.
hasta
el
13
de
Por
se
expidieron
los
consiguiente,
el
noviembre
de
2000
para
efectuar el diligenciamiento de los emplazamientos. El 16 de
agosto de 2000, el emplazador designado por Global acudió al
Centro Comercial Levittville para emplazar a Salaam, pero las
CC-2004-54
10
oficinas de dicha compañía ya no se encontraban en ese lugar.
El
24
de
agosto
de
2000,
se
dirigió
al
Registro
de
Corporaciones del Departamento de Estado para averiguar quién
era
el
agente
residente
de
Salaam
Realty,
que
es
una
corporación foránea.1
Del registro surgió que el agente residente de Salaam lo
era CT Corporation System, ubicada en la Calle Tetuán #206 en
el edificio del Banco Popular en el viejo San Juan. Ese mismo
día, el emplazador acudió a la dirección indicada, pero la
oficina de CT Corporation System no se encontraba allí. El
emplazador
se
comunicó
entonces
con
el
administrador
del
edificio quien le informó que laboraba allí desde 1993 y no
conocía de ninguna compañía llamada CT Corporation System o
Salaam Realty Corp. Posteriormente, el emplazador acudió al
correo y al Cuartel de la Policía localizados en Puerta de
Tierra y a la Alcaldía de San Juan, pero no encontró ninguna
información sobre las compañías mencionadas.
A causa de lo anterior, el 5 de octubre de 2000, Global
solicitó que se le permitiera emplazar a Salaam por edictos.
El
17
de
octubre
de
2000,
el
tribunal
de
instancia
lo
autorizó. El 25 de octubre de 2000, o sea, diecinueve (19)
días antes de que venciera el término original para emplazar,
1
La Ley General de Corporaciones de 1995, Ley núm. 144 de 10
de agosto de 1995, 14 L.P.R.A. §§
2601-3455, requiere que
toda corporación admitida a hacer negocios en Puerto Rico
mantenga una oficina designada y un agente residente en
Puerto Rico. Id. §§ 2682, 3170. Esta exigencia tiene como
propósito que “cualquier persona interesada, en cualquier
momento, pueda encontrar a esa persona jurídica que es la
corporación y adquirir jurisdicción sobre ella”. CARLOS E. DÍAZ
OLIVO, CORPORACIONES 70 (1999).
CC-2004-54
11
se notificó la orden del foro de instancia y se expidió el
edicto correspondiente, el cual se publicó el 23 de enero de
2001 en el periódico El Nuevo Día y fue notificado a la
última dirección conocida de Salaam el 2 de febrero del mismo
año. Posteriormente, Salaam compareció sin someterse
a la
jurisdicción del tribunal y solicitó la desestimación de la
demanda.
Indiscutiblemente, el análisis del trámite procesal de
este caso revela que Global actuó diligentemente al tratar de
diligenciar los emplazamientos dentro del término de seis (6)
meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil,
supra. También dentro de dicho término, Global presentó una
moción solicitándole al Tribunal de Primera Instancia que le
autorizara a emplazar por edictos a Salaam. En dicha moción,
la cual fue declarada “con lugar” por el foro de instancia,
el recurrido expuso justa y suficiente causa para ello pues
acreditó bajo juramento que a pesar de haber realizado varias
gestiones
potencialmente
efectivas
para
emplazar
personalmente a la demandada-recurrente dentro del término
prescrito, esto no fue posible debido a que, entre otras
cosas, el agente residente de ésta no se encontraba en la
dirección que aparecía en el Registro de Corporaciones del
Departamento de Estado. Dicha justificación para la solicitud
de
un
emplazamiento
por
edicto
también
constituía
una
justificación suficiente para la concesión de una prórroga
del término para emplazar. Teniendo la prueba referida ante
sí, unida al hecho de que al momento procesal en que se
CC-2004-54
12
suscitó
la
cuestión
original
para
que
emplazar
aquí
nos
concierne,
el
término
estaba
por
expirar,
el
foro
de
instancia tenía la obligación de conceder el remedio que la
situación procesal ameritaba, esto es, señalarle un término
al demandante para que efectuara el emplazamiento por edicto,
aunque no se le hubiera solicitado una prórroga para emplazar
expresamente.
En
estas
circunstancias,
no
erró
el
foro
apelativo al resolver que cuando el tribunal de instancia
autorizó
emplazar,
el
emplazamiento
según
por
establecido
Procedimiento Civil,
edicto,
en
la
el
Regla
término
para
4.3(b)
de
supra, fue prorrogado tácitamente.
Como consecuencia de lo anterior, y en consonancia con
la reiterada política judicial de que los casos se ventilen
en sus méritos, Datiz Vélez, 2004 JTS en la pág. 238; Sánchez
Torres v. Hospital Dr. Pila, res. el 26 de febrero de 2003,
158 D.P.R. ___, 2003 TSPR 25, 2003 JTS 30, 599; Valentín v.
Mun. De Añasco, 145 D.P.R. 887, 897 (1998), resulta forzoso
concluir que incidió el Tribunal de Primera Instancia
al
desestimar con perjuicio la reclamación del demandante.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
procede
que
se
confirme la determinación del antiguo Tribunal de Circuito de
Apelaciones y se devuelva el caso al foro de instancia para
que continúen los procedimientos allí de forma consistente
con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Jaime B. Fuster Berlingeri
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Global Gas, Inc.
Demandante-Recurrido
Vs.
Certiorari
CC-2004-54
Salaam Realty Corp.
Demandado-Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la
presente, se confirma la determinación del antiguo
Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el
caso al foro de instancia para que continúen los
procedimientos allí de forma consistente con lo aquí
resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo