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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Global Gas, Inc. vs. Salaam Realty Corp.

2005 TSPR 42

Poder Judicial de Puerto Rico

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Global Gas, Inc. vs. Salaam Realty Corp.

CC-2004-0054

Procedimiento Civi l- Regla 4.3 (b) : Justa causa para prorrogar término de emplazamiento

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Global Gas, Inc.

Demandante-Recurrido

Certiorari

Vs.

2005 TSPR 42

Salaam Realty Corp.

163 DPR ____

Demandado-Peticionario

Número del Caso: CC-2004-54

Fecha: 6 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional Bayamón

Juez Ponente:

Hon. José M. Aponte Jiménez

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Ángel López Hidalgo

Abogado del Recurrido:

Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz

Materia: Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Global Gas, Inc.

Demandante-Recurrido

Vs.

CC-2004-54

Certiorari

Salaam Realty Corp.

Demandado-Peticionario

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.

Nos toca resolver si el término dispuesto en la

Regla

4.3(b)

de

Procedimiento

Civil

puede

ser

prorrogado tácitamente.

I

El 17 de mayo de 2000, Global Gas, Inc. (en

adelante

Global)

incumplimiento

de

instó

contrato

una

y

demanda

daños

y

sobre

perjuicios

contra Salaam Realty Corp. (en adelante Salaam) en

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón.

En

esa

misma

fecha

se

expidieron

los

emplazamientos correspondientes.

El 5 de octubre de 2000, más de cuatro meses

después

de

expedidos

los

emplazamientos,

Global

CC-2004-54

2

presentó dos mociones en las cuales, respectivamente, anunció

una nueva representación legal y solicitó autorización para

emplazar

a

Salaam

mediante

edictos.

Esta

solicitud

se

acompañó con una declaración jurada del emplazador, quien

narró las múltiples gestiones que realizó, sin éxito, para

tratar de emplazar personalmente a Salaam.

De conformidad con lo solicitado por Global, el 17 de

octubre de 2000 el Tribunal de Primera Instancia emitió una

orden autorizando que se emplazara a Salaam por edictos.

Dicha orden fue notificada el 25 de octubre de 2000, fecha en

la cual el edicto correspondiente fue expedido. El 23 de

enero de 2001 el edicto fue publicado en el periódico El

Nuevo

Día.

Dentro

del

plazo

de

diez

(10)

días

desde

la

publicación del edicto, Global le envió a Salaam, mediante

correo

certificado

con

acuse

de

recibo

y

a

su

última

dirección conocida, copia de la demanda, del emplazamiento,

del edicto y de la moción mediante la cual anunció la nueva

representación legal.

El

27

de

febrero

de

2001,

sin

tribunal,

Salaam

compareció

jurisdicción

del

mediante

escrito

un

titulado

“Moción

someterse

sobre

a

la

ante

éste

nulidad

de

emplazamiento y desestimación de la demanda”. Argumentó que

no había sido emplazada válidamente, toda vez que no se actuó

dentro del término reglamentario para ello, a tenor con la

Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En

consecuencia,

solicitó

que

se

desestimara

la

demanda

con

perjuicio. La demandante, Global, se opuso a la desestimación

CC-2004-54

3

solicitada. Argumentó que el punto de partida para computar

el término para emplazar, cuando se hace por edictos, es

desde la fecha en que se autoriza su publicación y no desde

la que se expidió el emplazamiento original.

Luego de varios incidentes procesales, el 14 de mayo de

2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia y

desestimó con perjuicio la reclamación referida, al concluir

que el emplazamiento se diligenció fuera del término de seis

meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil,

supra, sin que se solicitara prórroga para emplazar.

Inconforme con el dictamen referido, Global apeló ante

el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 31 de

octubre de 2003 dicho foro revocó la decisión del tribunal de

instancia. Concluyó que al autorizarse el emplazamiento por

edictos,

el

tácitamente,

término

ya

que

se

para

emplazar

trataba

de

quedó

nuevos

prorrogado

emplazamientos,

distintos a los emplazamientos personales que se expidieron

automáticamente con la presentación de la demanda. El foro

apelativo entendió que aceptar la interpretación del foro de

instancia sobre el asunto en cuestión en este caso implicaría

que el demandante tendría menos de un mes para emplazar por

edicto, lo cual distorsionaría el significado y alcance de

las Reglas de Procedimiento Civil. Determinó, además, que el

tribunal

de

instancia

había

errado

al

desestimar

con

perjuicio la demanda, tomando en cuenta que dicha medida es

la sanción más grave que puede decretar un tribunal por la

dilación en el trámite de una acción, y que en este caso no

CC-2004-54

se

4

justificaba

tan

drástica

sanción

porque

no

se

había

demostrado que la parte demandante se hubiera quedado cruzada

de brazos o dejara de cumplir las órdenes del tribunal.

De este dictamen recurrió ante nos la demandada mediante

una petición de certiorari e hizo el siguiente señalamiento

de error:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

revocar al Tribunal de Instancia y crear el

concepto de prórroga tácita para emplazar mediante

la cual sin que la parte lo solicite ni demuestre

causa justificada, se prorroga automáticamente el

término establecido en la Regla 4.3(b) por un

periodo adicional de seis meses. Erró además el

Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar

que el término de seis meses para emplazar

establecido en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil

no aplica de igual forma a un emplazamiento

personal y a un emplazamiento mediante edictos.

El 20 de febrero de 2004 expedimos el auto solicitado a

fin de revisar la sentencia dictada el 31 de octubre de 2003

por el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 7 de

abril de 2004 la parte demandante y recurrida presentó su

escrito de oposición al certiorari. Posteriormente, la parte

recurrente

solicitó

mediante

moción

que

se

le

permitiera

someter su petición de certiorari sin necesidad de presentar

un

alegato

separado,

a

lo

cual

consentimos.

Estando

en

posición de resolver, procedemos a hacerlo.

II

Como se sabe, el emplazamiento es el mecanismo procesal

mediante el cual se le notifica a un demandado que hay una

reclamación judicial en su contra. Quiñones Román v. Compañía

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5

ABC, res. el 31 de octubre de 2000, 152 D.P.R. ___, 2000 TSPR

160, 2000 JTS 172; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc.,

144 D.P.R. 901, 913 (1998). A través del emplazamiento se

satisfacen las exigencias del debido proceso de ley, que

requiere “que se notifique al demandado toda reclamación en

su contra para que tenga la oportunidad de comparecer a

juicio, ser oído y presentar prueba a su favor”. Id. De esta

forma un tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del

demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se

emita eventualmente. Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142

(1997). Dada la dimensión constitucional del procedimiento de

emplazamiento, hemos establecido que sus requisitos deben

cumplirse

estrictamente

y

que

su

inobservancia

priva

de

jurisdicción al tribunal. Datiz Vélez v. Hospital Episcopal

San Lucas, res. el 22 de septiembre de 2004, 162 D.P.R. ____,

2004 TSPR 152, 2004 JTS 159, 236;

First Bank of P.R., 144

D.P.R. en la pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93,

98-99 (1986).

La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, dispone

que los emplazamientos serán diligenciados dentro del término

de seis meses (6) meses de haber sido expedidos. Dicha Regla

le

confiere

discreción

a

los

tribunales

para

conceder

prórrogas con respecto a dicho término siempre y cuando el

demandante muestre justa causa para ello. Transcurrido el

término o su prórroga sin que los emplazamientos hayan sido

diligenciados, se tendrá a la parte actora por desistida de

su reclamación con perjuicio. Regla 4.3(b) de Procedimiento

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6

Civil, supra. Sin embargo, hemos resuelto que el término de

seis (6) meses para diligenciar los emplazamientos es de

cumplimiento estricto, no de carácter jurisdiccional, y que

los tribunales tienen discreción para prorrogarlo aun después

de que haya vencido. López v. Porrata-Doria, 140 D.P.R. 96,

103 (1996); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721,

725 (1981).

La

concesión

de

alguna

prórroga

para

diligenciar

el

emplazamiento dependerá de la sana discreción del tribunal de

instancia, que debe determinar, en el momento procesal en que

se suscite la cuestión, si existió justa causa o negligencia

excusable

para

no

haber

emplazado

dentro

del

término

prescrito. Banco Metropolitano, 110 D.P.R. en la pág. 725. La

discreción, hemos resuelto, es el instrumento más poderoso

reservado

a

discreción,

Municipio

los

sin

de

jueces

para

embargo,

no

Bayamón,

111

hacer

justicia.

opera

en

D.P.R.

679,

el

Id.

vacío.

680

Dicha

Lugo

(1981).

v.

Debe

existir razón bien fundada que mueva la conciencia judicial a

conceder el remedio. Recae sobre el demandante la carga de

justificar, con relación a los hechos y las circunstancias

del caso, la razón para haber dejado transcurrir el término

original sin emplazar. First Bank of P.R., 144 D.P.R. en las

págs. 914-15; Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 703 (1985).

Sobre el

mecanismo provisto en la Regla 4.3(b) de

Procedimiento Civil, supra, en virtud del cual el tribunal

puede considerar la acción desistida con perjuicio cuando no

se haya diligenciado el emplazamiento en el término dispuesto

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7

por ésta o en el término de la prórroga, hemos resuelto que

dicho mecanismo es un recurso de ese foro para promover la

agilización de la tramitación de los pleitos y que las partes

sean diligentes, más que una defensa de la parte demandada,

quien, no obstante, podrá promoverla señalando oportunamente

al tribunal la expiración del término. Banco Metropolitano,

110 D.P.R. en la pág. 724.

La Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, por su parte, establece las circunstancias en que los

tribunales

podrán

autorizar

un

emplazamiento

por

edicto.

Dicha Regla, en lo pertinente, dispone:

Cuando la persona a ser emplazada estuviere

fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico no

pudiere ser localizada después de realizadas las

diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser

emplazada, o si fuere una corporación extranjera

sin agente residente, y así se comprobare a

satisfacción del tribunal mediante declaración

jurada, con expresión de dichas diligencias, y

apareciere también de dicha declaración, o de la

demanda

jurada

presentada,

que

existe

una

reclamación que justifica la concesión de algún

remedio contra la persona que ha de ser emplazada,

o que dicha persona es parte apropiada en el

pleito,

el

tribunal

podrá

dictar

una

orden

disponiendo que el emplazamiento se haga por un

edicto.

Como

puede

verse,

antes

de

que

se

autorice

la

publicación de un edicto, la Regla citada “requiere que el

juez compruebe a su ‘satisfacción’ las diligencias efectuadas

para lograr el emplazamiento personal por quien en esa etapa

ulterior desea emplazar mediante edicto. Esa comprobación se

realiza mediante la presentación de una ‘declaración jurada .

. .’ suficiente en derecho”. Reyes v. Oriental Fed. Savs.

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8

Bank, 133 D.P.R. 15, 25 (1993) (citas omitidas). En lo que

respecta

a

declaración

las

diligencias

jurada

que

que

se

deben

someta

con

acreditarse

la

en

la

solicitud

de

autorización para emplazar por edictos, hemos señalado lo

siguiente:

La declaración jurada que a ese efecto se

preste

debe

contener

hechos

específicos

demostrativos

de

esa

diligencia

y

no

meras

generalidades que no son otra cosa que prueba de

referencia. En los casos que hemos estudiado

aparecen específicamente las gestiones hechas con

expresión de las personas con quiénes se investigó

y la dirección de éstas. Hacerlo constar es de

incalculable valor para evitar el fraude. Es buena

práctica

inquirir

de

las

autoridades

de

la

comunidad,

la

policía,

el

alcalde,

del

administrador de correos que son las personas más

llamadas a conocer la residencia o el paradero de

las personas que viven en la comunidad. Demostrar

que se han hecho todas estas diligencias es la

única

forma

en

que

puede

establecérsele

satisfactoriamente al juez la imposibilidad de

notificar personalmente al demandado.

El juez de instancia a quien se le presente

una moción para que se autorice la citación por

edictos debe cerciorarse de que “se han hecho las

diligencias necesarias para determinar el paradero

del demandado”.

Mundo

v.

Fuster,

87

D.P.R.

363,

371-72

(1963)

(citas

omitidas).

En Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 D.P.R. 507

(1993), contextualizamos las expresiones citadas a la luz de

los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones y

los cambios culturales y demográficos habidos en nuestro país

en las últimas décadas:

Las

diligencias

que

describimos

específicamente en Mundo v. Fuster constituyen

meros ejemplos de lo que sería una buena práctica

al intentar encontrar al demandado con el propósito

CC-2004-54

9

de notificarle acerca de la acción en su contra . .

. [y no un] fundamento para la recitación automática

de alegaciones evidentemente estereotipadas con el

fin de obtener, sin más, la autorización para

emplazar mediante edictos, con total abstracción de

las circunstancias particulares del caso tratado.

Lanzó Llanos, 133 D.P.R. en la pág. 514.

En consecuencia, lo fundamental para que se autorice el

emplazamiento por edictos es que en la declaración jurada que

acompañe

la

solicitud

específicos

que

particulares

del

correspondiente

demuestren,

caso

en

que

en

surja

se

aduzcan

las

la

hechos

circunstancias

cuestión,

que

el

demandante ha realizado gestiones potencialmente efectivas

para

tratar

de

localizar

personalmente,

y

que

a

encontrarlo.

Id.

en

las

al

pesar

demandado

de

págs.

ello

ha

513-14.

y

emplazarlo

sido

imposible

Al

evaluar

la

suficiencia de tales diligencias, el tribunal deberá tener en

cuenta

todos

los

recursos

razonablemente

accesibles

al

demandante para intentar hallar al demandado, y si se ha

agotado toda posibilidad razonable disponible al demandante

para poder localizarlo. Id. en la pág. 515.

III

En el caso de autos la demanda fue presentada el 17 de

mayo

de

2000.

emplazamientos

demandante

tenía

En

esa

misma

fecha

correspondientes.

hasta

el

13

de

Por

se

expidieron

los

consiguiente,

el

noviembre

de

2000

para

efectuar el diligenciamiento de los emplazamientos. El 16 de

agosto de 2000, el emplazador designado por Global acudió al

Centro Comercial Levittville para emplazar a Salaam, pero las

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10

oficinas de dicha compañía ya no se encontraban en ese lugar.

El

24

de

agosto

de

2000,

se

dirigió

al

Registro

de

Corporaciones del Departamento de Estado para averiguar quién

era

el

agente

residente

de

Salaam

Realty,

que

es

una

corporación foránea.1

Del registro surgió que el agente residente de Salaam lo

era CT Corporation System, ubicada en la Calle Tetuán #206 en

el edificio del Banco Popular en el viejo San Juan. Ese mismo

día, el emplazador acudió a la dirección indicada, pero la

oficina de CT Corporation System no se encontraba allí. El

emplazador

se

comunicó

entonces

con

el

administrador

del

edificio quien le informó que laboraba allí desde 1993 y no

conocía de ninguna compañía llamada CT Corporation System o

Salaam Realty Corp. Posteriormente, el emplazador acudió al

correo y al Cuartel de la Policía localizados en Puerta de

Tierra y a la Alcaldía de San Juan, pero no encontró ninguna

información sobre las compañías mencionadas.

A causa de lo anterior, el 5 de octubre de 2000, Global

solicitó que se le permitiera emplazar a Salaam por edictos.

El

17

de

octubre

de

2000,

el

tribunal

de

instancia

lo

autorizó. El 25 de octubre de 2000, o sea, diecinueve (19)

días antes de que venciera el término original para emplazar,

1

La Ley General de Corporaciones de 1995, Ley núm. 144 de 10

de agosto de 1995, 14 L.P.R.A. §§

2601-3455, requiere que

toda corporación admitida a hacer negocios en Puerto Rico

mantenga una oficina designada y un agente residente en

Puerto Rico. Id. §§ 2682, 3170. Esta exigencia tiene como

propósito que “cualquier persona interesada, en cualquier

momento, pueda encontrar a esa persona jurídica que es la

corporación y adquirir jurisdicción sobre ella”. CARLOS E. DÍAZ

OLIVO, CORPORACIONES 70 (1999).

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11

se notificó la orden del foro de instancia y se expidió el

edicto correspondiente, el cual se publicó el 23 de enero de

2001 en el periódico El Nuevo Día y fue notificado a la

última dirección conocida de Salaam el 2 de febrero del mismo

año. Posteriormente, Salaam compareció sin someterse

a la

jurisdicción del tribunal y solicitó la desestimación de la

demanda.

Indiscutiblemente, el análisis del trámite procesal de

este caso revela que Global actuó diligentemente al tratar de

diligenciar los emplazamientos dentro del término de seis (6)

meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil,

supra. También dentro de dicho término, Global presentó una

moción solicitándole al Tribunal de Primera Instancia que le

autorizara a emplazar por edictos a Salaam. En dicha moción,

la cual fue declarada “con lugar” por el foro de instancia,

el recurrido expuso justa y suficiente causa para ello pues

acreditó bajo juramento que a pesar de haber realizado varias

gestiones

potencialmente

efectivas

para

emplazar

personalmente a la demandada-recurrente dentro del término

prescrito, esto no fue posible debido a que, entre otras

cosas, el agente residente de ésta no se encontraba en la

dirección que aparecía en el Registro de Corporaciones del

Departamento de Estado. Dicha justificación para la solicitud

de

un

emplazamiento

por

edicto

también

constituía

una

justificación suficiente para la concesión de una prórroga

del término para emplazar. Teniendo la prueba referida ante

sí, unida al hecho de que al momento procesal en que se

CC-2004-54

12

suscitó

la

cuestión

original

para

que

emplazar

aquí

nos

concierne,

el

término

estaba

por

expirar,

el

foro

de

instancia tenía la obligación de conceder el remedio que la

situación procesal ameritaba, esto es, señalarle un término

al demandante para que efectuara el emplazamiento por edicto,

aunque no se le hubiera solicitado una prórroga para emplazar

expresamente.

En

estas

circunstancias,

no

erró

el

foro

apelativo al resolver que cuando el tribunal de instancia

autorizó

emplazar,

el

emplazamiento

según

por

establecido

Procedimiento Civil,

edicto,

en

la

el

Regla

término

para

4.3(b)

de

supra, fue prorrogado tácitamente.

Como consecuencia de lo anterior, y en consonancia con

la reiterada política judicial de que los casos se ventilen

en sus méritos, Datiz Vélez, 2004 JTS en la pág. 238; Sánchez

Torres v. Hospital Dr. Pila, res. el 26 de febrero de 2003,

158 D.P.R. ___, 2003 TSPR 25, 2003 JTS 30, 599; Valentín v.

Mun. De Añasco, 145 D.P.R. 887, 897 (1998), resulta forzoso

concluir que incidió el Tribunal de Primera Instancia

al

desestimar con perjuicio la reclamación del demandante.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

procede

que

se

confirme la determinación del antiguo Tribunal de Circuito de

Apelaciones y se devuelva el caso al foro de instancia para

que continúen los procedimientos allí de forma consistente

con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Global Gas, Inc.

Demandante-Recurrido

Vs.

Certiorari

CC-2004-54

Salaam Realty Corp.

Demandado-Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la

presente, se confirma la determinación del antiguo

Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el

caso al foro de instancia para que continúen los

procedimientos allí de forma consistente con lo aquí

resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo