LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco Products, Inc.

2005 TSPR 41

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco Products, Inc.

CC-2002-0427

Ley 75 de Contratos de Distribución: indemnización por menoscabo a la plusvalía y por pérdida de ingresos al terminar contrato sin justa causa; imposición de honorarios de abogados

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Oil Company, Inc.

Demandante Peticionario

Certiorari

v.

2005 TSPR 41

Dayco Products, Inc.

163 DPR ____

Demandado Recurrido

Número del Caso: CC-2002-427

Fecha: 6 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional I, San Juan

Juez Ponente:

Hon. Héctor Urgell Cuebas

Abogados del Recurrido:

Lcdo. Salvador Antonetti Zequeira

Lcda. Luz Nereida Carrero Muñiz

Abogado del Peticionario:

Lcdo. Rafael Mayoral Morales

Abogado del Centro Unido de Detallista

Lcdo. Luis A. Meléndez Albizu

Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Oil Company, Inc.

Demandante Peticionario

v.

CC-2002-427

Dayco Products, Inc.

Demandado Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.

Mediante el recurso presentado ante nos,

la parte peticionaria solicita de este Tribunal

se

modifique

Tribunal

de

la

Apelaciones

2001,

mediante

partida

de

terminación

Sentencia

la

el

cual

se

dictada

16

de

por

el

agosto

de

eliminó

cierta

daños,

relativa

al

menoscabo

de

contrato

de

distribución,

un

y

incluida en la compensación concedida por el

Tribunal de Primera Instancia y se le imponga a

la

parte

abogado.

recurrida

el

pago

de honorarios

de

2

CC-2002-427

I

Puerto Rico Oil Company, Inc., en adelante Proico,

es una corporación local, establecida en 1949 y dedicada

a la distribución y venta de productos automotrices e

industriales.

En

el

año

1980,

esta

corporación

fue

adquirida por Ready Mix Concrete, Inc., la cual en el

año 1995 fue adquirida por Puerto Rican Cement Co., y

sus acciones pasaron a manos de Capital Assets, Inc.

Proico

todavía

consta

registrada

como

corporación

en

Puerto Rico, pero no opera como tal desde mediados de

1995.1

Dayco Products, Inc., en adelante Dayco, es una

corporación

foránea,

organizada

bajo

las

leyes

del

estado de Ohio, cuyas oficinas principales están en esa

jurisdicción. Se dedica a la manufactura de correas y

mangas para motores, tanto de automóviles, como para

usos industriales.2

En

el

año

1980,

comenzaron

las

relaciones

comerciales entre Proico y Dayco. Pactaron verbalmente

la distribución de productos Dayco en Puerto Rico. El 27

de marzo de 1981 firmaron un documento contractual, una

“carta contrato”, en la cual “Dayco ratificó a Proico

como distribuidor exclusivo para Puerto Rico e Islas

Vírgenes de sus productos automotrices e industriales”3.

1

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 4.

2

Íd., pág. 5.

3

Íd., págs. 5 y 500.

3

CC-2002-427

El 23 de abril de 1982, las partes suscribieron dos

acuerdos, uno que mantenía a Proico como distribuidor

exclusivo

de

los

productos

automotrices,

y

otro

con

términos similares al primero pero con la salvedad de

que no se le concedía a Proico la distribución exclusiva

de

los

productos

industriales.

distribución

exclusiva

tendría

una

duración

cosas,

las

partes

de

de

los

tres

acordaron

4

El

contrato

de

productos

automotrices

(3)

años.

Entre

en

dicho

contrato

otras

lo

siguiente:

2.EXCLUSIVE

APPOINTMENT

(...)

DAYCO

appoints

DISTRIBUTOR 5

as

a

DAYCO

exclusive distributor in Puerto Rico and

the U.S Virgin Islands for the sale of

DAYCO AUTOMOTIVE PRODUCTS.

(…)

8.DAYCO´S OBLIGATIONS. DAYCO agrees not

to appoint any other person or entity in

the TERRITORY for the distribution of

the PRODUCTS without the prior written

consent of DISTRIBUTOR. Further, DAYCO

will provide DISTRIBUTOR with:

(a)

Reasonable supplies of literature

and necessary data in order to

assist DISTRIBUTOR in the promotion

and sale of DAYCO PRODUCTS.

(b) Prompt service on all request and

orders subject to the terms and

conditions contained herein.

(c)

All

information

and

inquiries

received from the TERRITORY for the

4

Íd.,

págs.

5,

503,

3116. Moción

Informativa,

Estipulaciones de las Partes, presentada el 29 de mayo

de 1996, página 2.

5

Entiéndase

que

cuando

se

hace

“DISTRIBUTOR”, se refiere a Proico.

referencia

a

4

CC-2002-427

PRODUCTS

for

follow-up.

sales

actions

and

(…)

9.

DISTRIBUTOR´S

OBLIGATIONS.

DISTRIBUTOR shall actively promote and

sell the PRODUCTS in accordance with the

prices, terms and conditions set forth

herein. Further, in order to promote

sales of DAYCO PRODUCTS DISTRIBUTOR

agrees to:

(a) Provide an aggressive merchandising

effort to meet competition and keep

pace with the growth of the market.

(…)

(f) Maintain sufficient inventory to

meet customer requirements.6

La

relación

existente

entre

las

partes

continuó

hasta el momento en que venció el plazo de tres años. No

obstante,

se

mantuvieron

observando

generalmente

los

mismos términos y condiciones que habían dispuesto en

los

contratos

entonces. 7

A

sustancialmente

escritos

y

que

habían

observado

del

año

1986,

Dayco

número

de

catálogos

partir

el

hasta

disminuyó

provistos

a

Proico, los cuales se había comprometido a suplir.

Esta

disminución

los

sustancial

provocó

que

no

hubiese

suficientes catálogos para satisfacer las necesidades de

los clientes de Proico, por lo que sus ventas se vieron

adversamente afectadas. 8 Este mismo año comenzaron a

surgir otros problemas que también afectaron la relación

contractual

entre

Proico

6

Íd., págs. 503-505.

7

Íd., págs. 6 y 3117.

8

Íd., págs. 6, 7 y 3117.

y

Dayco.

Tales

problemas

5

CC-2002-427

fueron: demoras en el despacho de la mercancía ordenada

por Proico (en ocasiones por periodos de varios meses),

órdenes incompletas, y problemas de “back orders”. 9 Las

repercusiones

de

estos

reflejar

el

año

para

problemas

1989,

se

provocando

comenzaron

a

discrepancias

entre las partes.

...el problema de despacho de órdenes

incompletas trajo consigo discrepancias

entre Proico y Dayco respecto al monto

de ciertas facturas, las cuales eran

facturadas

cual

si

hubiesen

sido

despachadas en su totalidad. Al Proico

protestar el pago de ciertas facturas

que

incluían

mercancía

aún

no

despachada, Dayco procedió a retener el

despacho

de

órdenes

de

compra

posteriores

sin

antes

verificar

la

corrección de las facturas protestadas.

Ello exacerbó la situación e incrementó

los problemas existentes de inventario.10

Tras estos problemas, a mediados del año 1990, Dayco

decidió buscar otro distribuidor en Puerto Rico para sus

productos

automotrices.

El

31

de

octubre

de

1990,

le

informó a Proico que tenía interés en darle fin al contrato

de exclusividad y nombrar un nuevo distribuidor. Además, en

la

misma

comunicación,

le

incluyó

un

relevo

de

responsabilidad y renuncia de derechos para que éste lo

suscribiera.

Proico

se

negó

a

firmar

tal

relevo

y

a

Proico

de

renunciar a sus derechos de exclusividad.

Sin

embargo,

a

pesar

de

la

negativa

de

renunciar a sus derechos de exclusividad, Dayco comenzó a

9

Íd., págs. 7 y 3118.

10

Íd.

6

CC-2002-427

hacer gestiones, a través de John Prior, Inc., con la firma

Auto Parts International, en adelante API, para ofrecer a

éstos la distribución no exclusiva de sus productos en

Puerto

Rico.

relación

Antes

de

contractual

estas

con

gestiones

Proico,

y

Dayco

aparte

de

su

tenía

ciertas

relaciones de distribución con John Prior Inc., compañía

localizada en el estado de Nueva York. Mientras Proico

distribuía

productos

manufacturaba

y

automotrices

mercadeaba

algunos

marca

de

Dayco,

sus

Dayco

productos

mediante el sistema de marcas privadas (“private labels”),

los cuales eran distribuidos por John Prior, Inc.

Dicho sistema consiste en mercadear con

precios más bajos productos equivalentes

a aquellos que llevan la etiqueta Dayco,

pero

utilizando

etiquetas

que

los

identifican con nombres distintos.11

Dayco estableció una relación con API, la cual recibió

trato preferencial frente a la relación con Proico. Esta

nueva relación recibió tratos preferenciales tales como:

los costos de flete de los productos eran divididos entre

Dayco y API; se establecieron mecanismos para asegurar una

entrega más rápida y completa de los productos a API; y se

le brindaron mejores precios que los ofrecidos a Proico. 12

Sin embargo, Proico tenía que pagar los costos de flete en

su totalidad y los mecanismos de entrega de productos no

habían resultado del todo efectivos.

11

Íd., pág. 6.

12

Íd., pág. 9.

7

CC-2002-427

Contribuyó a la disminución del despacho de mercancía,

la situación de que en varias ocasiones Dayco le impuso a

Proico

condiciones

órdenes.

El

30

de

que

restringían

noviembre

de

la

1992,

entrega

de

Dayco

negó

se

las

a

despachar una orden a menos que Proico renunciase a sus

derechos de exclusividad.13 Luego, ya presentada la demanda,

Dayco nuevamente se negó a despachar otra orden aduciendo

que Proico le adeudaba la suma de $28,917.94.14 Este tipo de

situación fue empeorando la entrega de productos a Proico y

culminó en la suspensión del despacho de piezas en 1992.

El 1ero de octubre de 1992 Proico radicó una demanda

contra

Dayco

al

amparo

de

la

Ley

de

Contratos

de

Distribución 15 . El Tribunal de Primera Instancia, en la

sentencia

emitida,

describió

la

reclamación

de

la

demandante de la siguiente forma:

En primer lugar la parte demandante

alegó la existencia de un contrato para

la distribución por parte de ésta de

productos automotrices y de productos

industriales de Dayco. Alegó además que

Dayco había incurrido en un patrón de

menoscabo de la relación contractual de

distribución

que

culminó

en

la

terminación del alegado contrato sin que

mediare justa causa y el nombramiento de

un

nuevo

distribuidor

para

dichos

productos en Puerto Rico, todo ello en

violación a los términos del contrato.16

13

Íd.

14

Íd., pág. 9 y 10.

15

Ley Número 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs.

278-278e.

16

Apéndice del recurso de Certiorari, Pág. 3114.

8

CC-2002-427

Además,

incluyó

compensación

en

interferencia

preexistente

a

API

como

demandada

daños

y

perjuicios

torticera

entre

Proico

con

la

y

Dayco.

y

le

por

relación

La

reclamó

su

una

alegada

contractual

codemandada

API

contestó la demanda y levantó como defensa afirmativa, la

prescripción de la acción de daños.

Por su parte, Dayco,

al contestar la demanda, negó la existencia del alegado

contrato

de

distribución

y

alegó

relación con Proico, la misma

que

de

existir

una

terminó por justa causa.

Además, arguyó que las ventas de Proico habían mermado y

que

los

daños

reclamados

por

concepto

de

la

alegada

terminación eran exagerados y especulativos.17

Dayco instó reconvención mediante la cual le reclamó a

Proico una supuesta deuda de $28,917.94. Proico reconoció

una deuda de $23,942.20, pero alegó que ya había expedido

un cheque por tal cantidad. Respecto a la codemandada API,

la demandante desistió con perjuicio de la demanda en su

contra, a cambio de que ésta se comprometiera

a poner a su

disposición dos testigos para ser utilizados en el juicio.

Tras celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia el 18 de septiembre de

1998 resolviendo a favor de la parte demandante. Concluyó

que Dayco violó el contrato de distribución que tenía con

Proico

al

distribuir

utilizar

sus

en

Puerto

productos

y

Rico

darle

otros

trato

agentes

para

preferencial

a

éstos. En cuanto a la reconvención instada por Dayco y la

17

Íd., pág. 11.

9

CC-2002-427

alegada falta de pago, determinó que ello no constituía

justa causa para terminar el contrato, pues Proico siempre

había pagado sus facturas y Dayco nunca había cuestionado

su

solvencia

económica

ni

su

capacidad

de

pago,

ni

le

exigió colateral para respaldar su crédito. Además, Dayco

no recibió jamás de Proico un cheque de pago que no tuviese

fondos.18

Concluyó

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

que

las

actuaciones de Dayco, además de tener carácter doloso por

responder a su interés de castigar a Proico por negarse a

renunciar

al

contrato

de

exclusividad

19

,

afectaron

adversamente la relación de la demandante con sus clientes

y sus ventas. La conclusión de la sala sentenciadora fue la

siguiente:

En resumen, fue la conducta reiterada de

menoscabo por parte de Dayco la causa

directa del deterioro y merma en ventas

y/o

ganancias

de

Proico

en

lo

relacionado con la distribución de los

productos Dayco. Las demoras en el

despacho,

despacho

incompleto,

limitaciones en cuanto a los materiales

de apoyo en ventas, tales como los

catálogos, que eran imprescindibles para

trabajar las ventas y finalmente el

trato preferencial concedido a API como

nuevo distribuidor no exclusivo tuvieron

el efecto directo de causar en la

operación de Proico mermas en la venta

de los productos de Dayco hasta la

eventual terminación de la relación. La

prueba documental y las declaraciones de

los

testigos

sustentan

nuestra

determinación

y

restan

apoyo

al

argumento

de

Dayco

para

intentar

18

Íd., pág. 11, 12, 3120.

19

Íd., pág. 9.

10

CC-2002-427

establecer

que

la

merma

en

ventas

constituyó

causa

justificada

para

terminar

la

relación.

La

prueba

documental estipulada apoya la posición

de Proico y demuestra la buena intención

y disposición de Proico para lograr [un]

aumento en las ventas así como los

numerosos intentos y solicitudes de ésta

a

Dayco

para

que

corrigiera

los

problemas que estaban afectando dichas

ventas.20

En cuanto a la cuantía de los daños a compensar, el

Tribunal

de

Primera

Instancia

consideró

el

informe

del

perito de Proico, el Contador Público Autorizado, señor

Fernando Rodríguez Amaro, por considerarlo más acertado que

el informe del perito de Dayco. Utilizó este informe para

computar los daños a conceder al amparo de la Ley 75,

supra. El cómputo para determinar la cuantía incluía: la

suma de $95,049, correspondiente al inventario en poder de

Proico; $719,445 como beneficio anual recibido por Proico

durante

los

últimos

cinco

años

del

contrato

y

como

consecuencia de la distribución de productos automotrices e

industriales; y $124,461 como compensación por concepto de

plusvalía.

compensación

Concediendo

un

total

de

$938,955.

concedida,

no

hizo

ninguna

De

la

deducción

por

concepto de impuestos. A la parte perdidosa no se le impuso

el pago de costas u honorarios de abogado.

Ambas partes presentaron recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones.

Proico alegó que el Tribunal de

Primera Instancia incidió al no ordenar a Dayco el pago de

20

Íd., pág. 12 y 3120-3121.

11

CC-2002-427

costas

y

al

no

conceder

honorarios

de

abogado.

Por

su

parte, Dayco arguyó que el foro sentenciador incidió en

varios asuntos: (1) al concluir que la propuesta comunicada

por

Dayco

el

31

de

octubre

de

1990

constituyó

una

terminación de la relación contractual; (2) al no concluir

que

había

justa

distribución

causa

exclusiva

para

con

terminar

Proico

y

el

contrato

nombrar

un

de

nuevo

distribuidor; (3) al estimar que la demora en el envío de

catálogos y órdenes a Proico anuló cualquier justa causa

que Dayco pudiese tener para nombrar otro distribuidor; y

(4) al computar y conceder a Proico daños excesivos.21

El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y

emitió sentencia el 16 de agosto de 2001. Determinó que no

incidió el Tribunal de Primera Instancia al declarar con

lugar la demanda de autos presentada por Proico y que no

cometió

cuanto

los

errores

planteados

a

la

determinación

concepto

de

daños,

la

de

cual

por

la

Dayco,

cuantía

modificó

excepto

en

concedida

en

para

reducirla.

Respecto al señalamiento de error levantado por Proico,

relacionado a las costas y a los honorarios de abogado,

determinó que el foro de primera instancia incidió al no

ordenar el pago de costas a favor de Proico, mas concluyó

que no procedía la imposición de honorarios de abogado

debido a la ausencia de conducta temeraria de parte de

Dayco. Confirmó la sentencia apelada y ordenó al Tribunal

de Primera Instancia modificar la compensación otorgada a

21

Íd., pág. 13 y 20.

12

CC-2002-427

Proico, en cuanto a la partida concedida en concepto de

daños y concesión de costas, en forma consistente con lo

allí pautado. La demandante Proico le solicitó al foro

intermedio

apelativo

la

reconsideración

de

dicha

Sentencia, la cual fue declarada “sin lugar” el 29 de

abril de 2002, archivada en autos copia de su notificación

a las partes el 3 de mayo de 2002.

Inconformes,

el

3

de

junio

de

2002,

ambas

partes

acuden ante nos mediante sendos recursos de Certiorari, de

los cuales expedimos únicamente el presentado por la parte

demandante de autos, Proico.

La parte peticionaria señaló como errores cometidos

por el foro intermedio apelativo los siguientes:

I.

Erró el TCA al eliminar la partida

de daños por concepto de menoscabo

al

contrato

no

exclusivo

de

productos industriales, así como

por la terminación “DE FACTO” del

mismo.

II.

Erró el TCA al eliminar, bajo la

premisa equivocada de que se trata

de

una

doble

compensación,

la

partida de daños concedida por el

TPI por concepto de plusvalía.

III. Erró

el

TCA

al

negarse

a

determinar,

ante

los

hechos

probados ante el TPI y sostenidos

por

el

TCA,

que

la

conducta

litigiosa de Dayco fue temeraria,

al haber negado desde un principio,

no solo una total ausencia de

responsabilidad, sino también la

existencia misma de la relación

contractual.

El 6 de noviembre de 2002, Centro Unido de Detallistas

y la corporación Tech Medical Group, Inc. presentaron ante

13

CC-2002-427

nos una moción, solicitando permiso para comparecer como

Amicus

en

Curiae

Detallistas

es

significativo

el

una

de

caso

de

marras.

asociación

pequeños

que

Centro

agrupa

comerciantes

Unido

un

de

número

puertorriqueños,

muchos de los cuales son distribuidores de productos y

servicios. 22 Tech Medical Group, Inc. es una corporación

local

dedicada

principalmente

a

la

distribución

de

productos médicos especializados en el área de cirugías de

espina dorsal.23

Los comparecientes arguyen tener un interés real en la

resolución de la controversia de derecho levantada mediante

el segundo error señalado en el recurso ante nos, por ser

ésta

de

gran

distribuidores

envergadura

e

puertorriqueños

importancia

para

cobijados

por

todos

la

Ley

los

75,

supra. Sostienen que pueden ilustrar adecuadamente a este

foro en este asunto que alegan es de gran interés público.24

Nos plantean que su interés se circunscribe a resolver la

siguiente cuestión:

Esta es, a tenor con la fórmula de daños

de la Sección 3 de la Ley 75 (10

L.P.R.A. § 278b), ¿puede un tribunal

denegarle a un distribuidor terminado o

menoscabado,

daños

por

concepto

de

pérdida de plusvalía bajo la premisa de

que ello constituye doble compensación

por haberse concedido daños por concepto

22

Moción solicitando permiso para comparecer como Amicus

Curiae y solicitando término, presentada el 6 de noviembre

de 2002, página 1.

23

Íd.

24

Íd., pág. 3.

14

CC-2002-427

de pérdida de ingreso, no obstante el

hecho de que ambas partidas aparecen

como partidas de daños separadas y

diferentes en la Sección 3 de la Ley

75?25

El

7

de

notificada

a

Declaramos

con

febrero

las

de

partes

lugar

la

2003,

el

11

emitimos

de

solicitud

resolución,

febrero

para

de

2003.

comparecer

como

Amicus Curiae en cuanto al Centro Unido de Detallistas y

denegamos la presentada por Tech Medical Group, Inc. El

Centro Unido de Detallistas presentó su escrito como amigo

de la corte el 26 de marzo del 2003.

Contando

con

la

comparecencia

de

las

partes

nos

por

el

encontramos en posición de resolver.

II

Los

primeros

peticionario

están

aplicación

la

de

dos

errores

relacionados

Ley

75

de

con

levantados

la

Contratos

interpretación

de

y

Distribución,

supra. Esta ley tiene el propósito de proteger los derechos

legítimos de los distribuidores frente a los abusos de los

suplidores

o

principales,

que

sin

justa

causa

dan

por

terminadas o menoscaban sus relaciones contractuales con

éstos tan pronto han creado un mercado favorable para los

productos. 26 Además, persigue reconocer el valor creado por

los

25

26

distribuidores

al

desarrollar

el

mercado

de

un

Íd., pág. 2.

Systema de Puerto Rico, Inc. v. Interface International,

Inc., 123 D.P.R. 379 (1989); Medina & Medina v. Country

Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988).

CC-2002-427

15

producto. 27

La creación de esta ley surge a raíz de los

abusos e incumplimientos de parte de los principales y para

evitar

que

éstos

terminen

su

relación

contractual

de

distribución con los distribuidores sin reembolsarles los

gastos

incurridos

en

el

desarrollo

del

mercado

y

la

plusvalía del producto.28

La Ley 75, supra, define el contrato de distribución

de la siguiente forma:

(b)Contrato de Distribución- Relación

establecida entre un distribuidor y un

principal o concedente, mediante la

cual, e irrespectivamente de la forma

en

que

las

partes

denominen,

caractericen

o

formalicen

dicha

relación, el primero se hace real y

efectivamente cargo de la distribución

de una mercancía, o de la prestación de

un

servicio

mediante

concesión

o

franquicia, en el mercado de Puerto

Rico.29

Dicha ley crea una causa de acción a favor del distribuidor

cuando

el

principal

menoscaba

o

da

por

terminado

el

contrato de distribución sin justa. El Artículo 2 dispone:

No empece la existencia en un

contrato de distribución de una cláusula

reservándole[s] a las partes el derecho

unilateral a poner fin a la relación

existente, ningún principal o concedente

podrá dar por terminada dicha relación,

o directa o indirectamente realizar acto

alguno en menoscabo de la relación

27

Ronald Martínez Cuevas, El Estimado del Valor Perdido

por la Cancelación de Contratos de Distribución bajo la

Ley 75 de Puerto Rico, 64 Rev. Jur. U.P.R. 149 (1995).

28

Yarimar González Carrasquillo, Vertical Maximum Price

Fixing and Distribution Contracts Under Puerto Rican Law,

68 Rev. Jur. U.P.R. 677, 684. (1999).

29

10 L.P.R.A. sec. 278.

16

CC-2002-427

establecida, o negarse a renovar dicho

contrato

a

su

vencimiento

normal,

excepto

por

justa

causa.(Énfasis

nuestro)30

De

determinarse

que

no

hubo

justa

causa

para

la

terminación o menoscabo del contrato, procede determinar la

indemnización

correspondiente

Hemos

que

resuelto

la

al

distribuidor

acción

que

surge

afectado.

de

este

estatuto es una torticera y como tal, es requisito esencial

de la misma, la prueba sobre los daños sufridos, cuyo peso

recae sobre quien los alega. 31 La parte demandante tiene la

obligación de poner al tribunal en condiciones de poder

hacer una determinación clara y específica, mediante la

presentación de prueba, de la reclamación invocada. Una vez

presentada la prueba y demostrados los daños, el principal

tendrá que indemnizar al distribuidor en la medida de los

daños causados.

La parte peticionaria levanta como primer error que

incidió el Tribunal de Apelaciones al eliminar la partida

de daños, atribuible al menoscabo y terminación “de facto”

del contrato no exclusivo de productos industriales.

El legislador, al definir un contrato de distribución

a los efectos de esta ley, no limitó la aplicación del

estatuto a los contratos de distribución exclusiva. La ley

en cuestión hace referencia a los contratos de distribución

en general. Por lo tanto, todo distribuidor que sea parte

30

31

Íd., sec. 278a.

Marina Industrial, Inc. v. Brown Boveri Corporation, 114

D.P.R. 64, 90 (1983); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R.

644, 650-651 (1985).

17

CC-2002-427

en un contrato de distribución, sea o no éste de carácter

exclusivo,

tendrá

una

causa

de

acción

en

contra

del

principal que menoscabe o termine el contrato sin justa

causa.

El

foro

apelativo

intermedio,

en

su

sentencia,

determinó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al

conceder daños a Proico por las pérdidas sufridas por la

línea industrial, debido a que el contrato de distribución

exclusiva

no

incluía

dicha

línea,

sino

únicamente

la

automotriz. Determinó que la cantidad de $719,445, estimada

y concedida por el Tribunal de Primera Instancia a Proico,

en concepto de pérdida de beneficios, debía ser ajustada

para incluir solamente aquellas ganancias atribuibles a la

línea automotriz, por ser ésta la única incluida en el

contrato de distribución exclusiva.

Posteriormente, en la resolución en la que declaró no

ha

lugar

la

reconsideración

sometida

ante

sí,

aclaró,

contrario a lo dispuesto en la Sentencia, estar consciente

que la Ley 75, supra, también protege a los distribuidores

no exclusivos.32 Añadió como fundamento, para reafirmarse en

su determinación de disminuir la cantidad en concepto de

beneficios, que no surge de la determinación del foro de

primera instancia que Dayco hubiese menoscabado o terminado

sin justa causa el contrato de distribución no exclusiva de

los productos industriales. Determinó lo siguiente:

32

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 3108.

18

CC-2002-427

La intención del tribunal a quo es

clara, la cuantía de daños que la

sentencia concede es la relacionada a la

distribución

de

los

productos

automotrices. Ello refleja la pérdida de

exclusividad que conllevó la designación

de Auto Parts International of Puerto

Rico, Inc. (API) como distribuidor, no

exclusivo,

de

los

productos

automotrices.

Dicha

designación

no

afectó la distribución no exclusiva de

los productos industriales, pues Proico

no tenía derecho de exclusividad sobre

los mismos y, además, API no vendía los

productos industriales.33

La determinación del Tribunal de Apelaciones, de que

la intención del Tribunal de Primera Instancia es clara y

dirigida

únicamente

automotrices,

conclusión

a

indemnizar

no

nos

parece

sobre

la

falta

por

correcto,

de

prueba

los

productos

como

tampoco

su

para

sostener

el

alegado menoscabo al contrato no exclusivo de distribución.

El foro primario determinó, como cuestión de hecho,

que la reiterada conducta de Dayco, la cual comenzó antes

de

la

designación

de

API

como

nuevo

distribuidor,

consistente en demoras en el despacho, despacho incompleto,

y limitaciones en cuanto a los recursos para propiciar las

ventas, por ejemplo los catálogos, menoscabó directamente

las ventas y ganancias de Proico en lo relacionado con la

distribución

industrial

y

de

ambas

líneas

la

automotriz,

de

y

productos

por

ende

Dayco,

el

la

contrato

exclusivo y el no exclusivo. Esta conducta obstinada de

Dayco afectó ambos contratos, pues la falta de catálogos

fue

33

crucial

al

Íd., pág. 3109.

deterioro

de

las

ventas,

tanto

de

los

19

CC-2002-427

productos industriales como de los automotrices. Además,

afectó el inventario disponible para la venta, perjudicando

así la relación de Proico con sus clientes.

La

posterior

distribuidor,

designación

menoscabó

de

API

como

el

contrato

directamente

nuevo

de

distribución exclusiva de los productos automotrices, mas

no el contrato no exclusivo de los productos industriales.

La distribución no exclusiva de productos industriales no

se vio afectada directamente por la designación de API, por

estar

ésta

dirigida

a

la

automotrices.

No

obstante,

designación,

el

contrato

distribución

de

productos

independientemente

no

exclusivo

ya

de

ésta

había

sido

menoscabado por las actuaciones de Dayco, sin mediar justa

causa para ello.

Según el informe pericial presentado por Proico, en el

cual se basó el Tribunal de Primera Instancia para calcular

y

establecer

la

cuantía

de

daños,

la

suma

de

$719,445

corresponde a la pérdida de beneficios de ambas líneas, la

automotriz y la industrial. Por lo tanto, sí se presentó

prueba

de

cómo

se

perjudicaron

los

dos

contratos

de

distribución, el exclusivo y el no exclusivo y surge de la

sentencia la intención del foro primario de conceder daños

por el menoscabo causado a ambos.

Concluimos que sí erró el Tribunal de Apelaciones al

eliminar la partida por concepto de menoscabo y terminación

del contrato no exclusivo.

20

CC-2002-427

El segundo señalamiento de error levantado plantea que

incidió

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

eliminar

la

compensación por concepto de plusvalía, bajo la premisa

equivocada de que se trata de una doble compensación, por

también haberse concedido daños por pérdida de ingresos y

haberse calculado ambas partidas según el monto de los

beneficios obtenidos de la distribución durante los últimos

cinco años.

El Artículo 3, de la Ley de Contratos de Distribución,

supra, provee una serie de factores para la determinación

de daños. Dispone:

De no existir justa causa para la

terminación

del

contrato

de

distribución, para el menoscabo de la

relación establecida, o para la negativa

a renovar dicho contrato, el principal

habrá ejecutado un acto torticero contra

el distribuidor y deberá indemnizarle en

la medida de los daños que le cause,

cuya cuantía se fijará a base de los

siguientes factores:

(a)El valor actual de lo invertido por

el distribuidor para la adquisición y la

adecuación

de

locales,

equipo,

instalaciones, mobiliario y útiles, en

la medida en que éstos no fueren fácil y

razonablemente aprovechables para alguna

otra actividad a que el distribuidor

estuviere normalmente dedicado.

(b)El costo de las mercaderías, partes,

piezas, accesorios y útiles que el

distribuidor tenga en existencia, y de

cuya

venta

o

explotación

no

pueda

beneficiarse.

(c)La plusvalía del negocio, o aquella

parte

de

ésta

atribuible

a

la

distribución

de

la

mercancía

o

la

prestación de los servicios de que se

trate, a ser determinada dicha plusvalía

21

CC-2002-427

tomando en consideración los siguientes

factores:

1.

Número

de

años

que

el

distribuidor ha tenido a su cargo

la distribución;

2.

volumen actual de distribución

de la mercancía o prestación de los

servicios de que se trate y la

proporción que representa en el

negocio del distribuidor;

3.

proporción

del

mercado

de

Puerto

Rico

que

dicho

volumen

representa;

4.

cualquier

otro

factor

que

ayude a establecer equitativamente

el monto de dicha plusvalía.

(d)El monto de los beneficios que se

hayan obtenido en la distribución de la

mercancía o en la prestación de los

servicios, según sea el caso, durante

los últimos cinco años o si no llegaren

a cinco, cinco veces el promedio de los

beneficios anuales obtenidos durante los

últimos años, cualesquiera que fuesen. 34

(Énfasis nuestro)

En

Marina

Corporation,

Industrial,

supra,

Inc.

v.

sobre

estos

expresamos

Brown

Boveri

factores

lo

siguiente:

Los factores enumerados son sólo

guías

para

la

determinación

de

la

cuantía de los daños y no obligan al

tribunal

a

conceder

automáticamente

indemnización aplicando todos y cada uno

de los factores. El tribunal tiene

discreción para aplicar los factores

enumerados

a

la

luz

de

las

circunstancias específicas de cada caso

conforme la prueba desfilada.35

Como en toda acción torticera, y como mencionamos al

discutir

34

35

el

primer

señalamiento

de

error

levantado,

10 L.P.R.A. sec. 278b.

Marina Industrial, Inc. v. Brown Boveri Corporation,

supra, pág. 90.

la

22

CC-2002-427

parte que alega haber sufrido daños tendrá el peso de la

prueba. La determinación de la cuantía de los daños, que se

fijará a base de los factores del antes citado artículo,

queda bajo la discreción del tribunal a la luz de los

hechos específicos de cada caso y conforme con la prueba

desfilada.

No

se

trata

de

una

fórmula

matemática,

definitiva o de aplicación mecánica, pues no existe una

cantidad

específica

tribunales

los

que

asignada

a

aprecien

cada

factor.

Serán

la

prueba

documental,

testifical y pericial y así determinarán los

los

daños que

correspondan según la prueba demostrada. No obstante, esta

determinación

tiene

como

punto

de

partida

los

factores

guías de la Ley 75, supra. Si un distribuidor presenta una

acción bajo esta ley, somete prueba sobre los

diversos

daños sufridos y éstos se encuentran recogidos en varios

factores de los enumerados en dicho estatuto, una vez el

tribunal sentenciador haya aquilatado la prueba y entendido

que éstos fueron sufridos, no vemos razón por la cual no

deba concederse la indemnización correspondiente. No surge

del estatuto, ni podemos interpretar del espíritu que lo

inspiró, que la concesión de ciertos daños, compensables

bajo alguno de los factores enumerados, excluyan otros,

resarcibles bajo otro criterio. Los daños reconocidos en

cada criterio a evaluar por el tribunal sentenciador, no

son excluyentes.

En el caso de marras están en discusión el inciso (c),

relacionado a la plusvalía y el inciso (d), relativo al

23

CC-2002-427

monto

de

los

beneficios

que

se

hayan

obtenido

de

la

distribución durante los últimos cinco años, cantidad que

corresponde a la pérdida de ingresos.

La plusvalía es uno de los factores a considerar para

fijar la cuantía de los daños en una acción bajo la Ley 75,

supra. Dicha ley no define el concepto de plusvalía, pero

éste ha sido definido por reconocidos tratadistas y por

este Tribunal en decisiones anteriores. La Real Academia

Española define la plusvalía como el “acrecentamiento del

valor de una cosa por causas extrínsecas a ella”36. En Calvo

Mangas v. Aragonés Jiménez37 definimos la plusvalía como “el

valor comercial desarrollado”. También, los tratadistas la

han definido como la capacidad de un negocio de obtener una

ganancia sobre sus activos netos en exceso del rendimiento

normal

que

obtienen

otras

firmas

en

la

misma

línea

de

negocios.38

En el caso de autos, ante esta controversia sobre la

alegada duplicación de daños, el Tribunal de Apelaciones

decidió que otorgar la partida correspondiente a la pérdida

de

ingresos,

último

cinco

calculada

(5)

a

base

de

las

ganancias

de

los

años,

más

la

correspondiente

a

la

plusvalía, constituye una duplicidad en la concesión de los

daños.

Sostuvo

que

la

plusvalía

fue

computada

36

Diccionario de la Lengua Española, Ed. 20 (1984).

37

115 D.P.R. 219, 229 (1984).

38

Salvador Antonetti Zequeira, La Medida de los Daños Bajo

la Ley 75, 58:2 Rev. Jur. U.P.R. 227, 239 (1989).

24

CC-2002-427

exclusivamente con las ganancias que en el pasado Proico

había obtenido de la venta de productos Dayco y que por lo

tanto se estaba concediendo dos veces la misma partida de

daños.39

Antes de dilucidar si existe o no una duplicación de

compensación

por

señalada,

necesario

es

los

mismos

daños,

en

que

para

aclarar

la

situación

determinar

la

cuantía de la plusvalía, existen varios métodos aceptados

en el campo de la valoración de negocios. Existe el método

de capitalización del exceso de ingresos y el de beneficios

futuros

descontados

al

presente,

ambos

reconocidos

y

frecuentemente utilizados en tal campo. 40 La ley no dispone

qué método específico utilizar para calcular la partida de

la plusvalía. El informe del perito de Proico incluye una

descripción

de

estos

utilizados

para

calcular

concepto de plusvalía.

dos

métodos,

la

ya

cuantía

que

de

los

fueron

los

daños

en

El Tribunal de Primera Instancia le

dio entera credibilidad y peso a este informe pericial y

basándose

en

él,

impuso

indemnización

por

la

la

partida

cuantía

a

de

por

daños

conceder

como

concepto

de

plusvalía. El Tribunal de Apelaciones no entró a dilucidar

si el método utilizado por el perito de Proico es el más

preciso

o

el

más

adecuado

para

computar

la

partida

en

discusión, sino que el utilizar la partida de las ganancias

de

los

últimos

cinco

años

(5)

años

para

39

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 35.

40

Salvador Antonetti Zequeira, supra.

computar

la

25

CC-2002-427

plusvalía condujo a que se otorgara una doble compensación.

Proico arguyó sobre este particular:

Es cierto que el perito de Proico

consideró las ganancias históricas de

Proico de los últimos cinco (5) años,

pero ello fue solamente para determinar

cuál era el margen de ganancia que tenía

Proico

comparado

con

el

margen

de

ganancia

normal

reportado

por

la

industria. En ningún momento, el perito

consideró dichas ganancias históricas

como parte de la plusvalía.41

Surge

del

informe

del

perito

de

Proico

que

sí

se

utilizó la partida de ganancias de los últimos cinco (5)

años

para

computar

la

plusvalía.

No

obstante,

no

es

correcto el argumento del foro intermedio apelativo de que

éste fue el único criterio que se evaluó para el cómputo de

la

partida

sobre

plusvalía.

Entre

los

factores

se

encuentran: ventas de productos Dayco, costo de ventas,

ganancia

bruta,

porciento

de

ganancia

bruta

de

la

industria, ganancia bruta de la industria, gastos que no

continúan y exceso de ganancia bruta de productos Dayco

sobre la ganancia bruta de la industria. 42 El informe del

perito

de

Proico

utiliza

un

método

para

computar

la

plusvalía que es reconocido; concluimos que fue correcta la

apreciación que de este informe, como prueba, realizara el

Tribunal de Primera Instancia.

41

Alegato de Proico, presentado el 11 de diciembre de

2002. pág. 12.

42

Véase informe pericial de Proico, anejo 2, Apéndice del

Alegato de Dayco, pág. 17.

26

CC-2002-427

Nos

persuaden

Centro Unido de

y

coincidimos

con

los

argumentos

de

Detallistas, admitido como amigo de la

corte. Dicha entidad enfatiza el criterio que los daños se

prueben

con

certeza

razonable

y

no

con

meras

especulaciones. Añade, en beneficio del distribuidor, que

si

toda

la

prueba

desfilada

demuestra

efectivamente

el

menoscabo de la plusvalía y el cálculo de esta partida se

realiza

mediante

algún

valoración

de

indemnizada

según

método

negocios,

la

aceptado

parte

corresponda,

por

en

el

campo

de

debe

ser

razón

para

afectada

no

haber

denegar tales daños.

El hecho que la partida en concepto de ganancias de

los últimos cinco (5) años, compensable bajo el inciso (d)

del

Artículo

3,

supra,

sea

utilizada

para

computar

la

plusvalía, no implica una duplicación de la compensación,

pues

se

trata

de

partidas

distintas.

La

cantidad

de

$719,445, concedida en concepto de las ganancias de los

últimos cinco (5) años, representa el ingreso futuro dejado

de

percibir

a

causa

de

la

terminación

o

menoscabo

del

contrato, o sea la pérdida de ingresos. La cantidad de

$124,461, en concepto de plusvalía, representa el menoscabo

al

valor

creado

a

la

operación

del

establecimiento

comercial con el desarrollo del mercado de un producto. Es

ese

valor

añadido

de

un

negocio

en

operación

o

de

un

producto que surge del patrocinio del distribuidor o de su

esfuerzo,

de

la

lealtad

de

los

clientes

o

de

la

mera

27

CC-2002-427

localización. 43 Estamos de acuerdo con el

planteamiento de

la parte peticionaria cuando señala lo siguiente:

Se trata pues, de un reconocimiento al

aumento de valor y al rendimiento, en

exceso del rendimiento promedio reportado

por

la

industria

para

productos

similares, que Proico logró crear para la

línea de productos Dayco en Puerto Rico

durante

el

período

en

que

fue

su

distribuidor.44

Concluimos

que

procede

la

concesión

de

daños

por

menoscabo a la plusvalía y por pérdida de ingresos, cuando

los hechos del caso lo ameriten y cuando se presente la

prueba que apoye el resarcimiento de ambos tipos de daños.

Erró el Tribunal de Apelaciones al eliminar la partida

concedida por el Tribunal de Primera Instancia por concepto

de plusvalía.

El último error levantado por la parte peticionaria

cuestiona la determinación del Tribunal de Apelaciones de

no conceder honorarios de abogado, por entender que el

recurrido no incurrió en conducta temeraria.

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil 45 provee para la

concesión de costas y para la imposición de honorarios de

abogado. Respecto a los honorarios de abogado dispone lo

siguiente:

43

Rudolf Callmann, Unfair Competition, Trademarks &

Monopolies, 4ta. ed, Massachusetts, Publicaciones West,

1981, Vol.1, págs. 1:57-1:68; Salvador Antonetti Zequeira,

supra, pág. 239.

44

Alegato de Proico, supra,

45

32 L.P.R.A. Ap. III R. 44.1.

pág. 13.

28

CC-2002-427

En caso que cualquier parte o su abogado

haya

procedido

con

temeridad

o

frivolidad, el tribunal deberá imponerle

en su sentencia al responsable el pago

de una suma por concepto de honorarios

de abogado que el tribunal entienda

correspondan a tal conducta.

La regla no define lo que constituye conducta temeraria;

pero

esta

Curia

ha

expresado

que

“la

temeridad

es

una

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta

el

buen

funcionamiento

y

la

administración

de

la

justicia”46. También hemos resuelto, que constituye conducta

temeraria el que una parte haga necesario un pleito que

pudo evitarse o interponga pleitos frívolos y así obligue a

la

otra

parte

a

v.

San

Fernández

incurrir

Juan

en

Cement

gastos

Co.,

innecesarios. 47

En

señalamos,

a

supra,

manera de ejemplo, situaciones que hemos considerado como

conducta

temeraria.

Sobre

esos

extremos

expresamos

lo

siguiente:

Hemos resuelto que existe temeridad si

el demandado contesta una demanda y

niega su responsabilidad total, aunque

la acepte posteriormente; si se defiende

injustificadamente de la acción; si la

parte demandada en efecto cree que la

cantidad reclamada es exagerada y esa es

la única razón que tiene para oponerse a

las peticiones del demandante y no

admite francamente su responsabilidad

limitando la controversia a la fijación

46

Jarra Corp. V. Axxis Corp.,155 D.P.R.___(2001), 2001

J.T.S. 167, 491; Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141

D.P.R. 900, 935 (1996).

47

Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R.___ (2002), 2002 J.T.S.

110; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695

(1999); Fernández v. San Juan Cement Co., 118 D.P.R. 713

(1987).

29

CC-2002-427

de la cuantía a ser concedida; si se

arriesga a litigar un caso del que se

desprendía prima facie la negligencia.

(...) Negar un hecho que le consta es

cierto al que hace la alegación, también

constituye temeridad.48

Una

vez

el

tribunal

sentenciador

concluye

que

una

parte ha sido temeraria, es imperativo la imposición de

honorarios de abogado 49 . La determinación de si una parte

ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción

del tribunal50 . Por lo cual, debido a que tal determinación

es un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los

tribunales

revisores

intervendrán

cuando

surja

de

tal

actuación un claro abuso de discreción.51

El imponer honorarios de abogado persigue penalizar a

aquel

litigante

perdidoso

terquedad,

contumacia

desprovista

de

e

que

por

su

obstinación,

insistencia

en

una

actitud

la

otra

parte,

fundamentos,

obliga

a

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo

e inconvenientes de un pleito.52

En

el

caso

de

marras,

el

Tribunal

de

Apelaciones

entendió que el aquí recurrido, Dayco, no actuó de forma

48

Fernández v. San Juan Cement Co., supra, pág. 719.

49

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 702;

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38,

39-40 (1962).

50

Ramirez Anglada v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339,

349 (1989); Fernández v. San Juan Cement Co.,supra.

51

52

Jarra Corp. V. Axxis Corp.,supra.

Domínguez

Inc., supra.

v. GA Life, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa,

30

CC-2002-427

terca, frívola u obstinada, pues su litigación se limitó a

defender sus derechos e intereses.

Concluimos que no hubo abuso de discreción por parte

del Tribunal de Primera Instancia al decidir no imponer

honorarios de abogado y que por lo tanto fue correcta la

decisión del Tribunal de Apelaciones de no intervenir con

tal decisión. El tercer error levantado no fue cometido.

III

Por

los

sentencia

fundamentos

recurrida,

antes

emitida

expuestos,

se

por

Tribunal

el

revoca

la

de

Apelaciones, a los fines de reinstalar las determinaciones

originales

del

Tribunal

de

concesión

de

compensación

menoscabo

al

contrato

Primera

a

no

Proico

Instancia

por

exclusivo

sobre

la

concepto

de

de

productos

automotrices, así como la partida concedida a esa parte por

concepto de plusvalía. Se confirma en cuanto a todos sus

demás extremos.

EFRAIN E. RIVERA PEREZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Oil Company, Inc.

Demandante Peticionario

v.

CC-2002-427

Dayco Products, Inc.

Demandado Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la sentencia recurrida, emitida por el

Tribunal de Apelaciones, a los fines de reinstalar las

determinaciones

originales

del

Tribunal

de

Primera

Instancia sobre la concesión de compensación a Proico por

concepto de menoscabo al contrato no exclusivo de productos

automotrices, así como la partida concedida a esa parte por

concepto de plusvalía. Se confirma en cuanto a todos sus

demás extremos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo