Tribunal Supremo de Puerto Rico
Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco Products, Inc.
2005 TSPR 41
Poder Judicial de Puerto Rico
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Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco Products, Inc.
CC-2002-0427
Ley 75 de Contratos de Distribución: indemnización por menoscabo a la plusvalía y por pérdida de ingresos al terminar contrato sin justa causa; imposición de honorarios de abogados
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Oil Company, Inc.
Demandante Peticionario
Certiorari
v.
2005 TSPR 41
Dayco Products, Inc.
163 DPR ____
Demandado Recurrido
Número del Caso: CC-2002-427
Fecha: 6 de abril de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional I, San Juan
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogados del Recurrido:
Lcdo. Salvador Antonetti Zequeira
Lcda. Luz Nereida Carrero Muñiz
Abogado del Peticionario:
Lcdo. Rafael Mayoral Morales
Abogado del Centro Unido de Detallista
Lcdo. Luis A. Meléndez Albizu
Lcdo. Moisés Rodríguez Rodríguez
Materia: Acción Civil
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que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Oil Company, Inc.
Demandante Peticionario
v.
CC-2002-427
Dayco Products, Inc.
Demandado Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2005.
Mediante el recurso presentado ante nos,
la parte peticionaria solicita de este Tribunal
se
modifique
Tribunal
de
la
Apelaciones
2001,
mediante
partida
de
terminación
Sentencia
la
el
cual
se
dictada
16
de
por
el
agosto
de
eliminó
cierta
daños,
relativa
al
menoscabo
de
contrato
de
distribución,
un
y
incluida en la compensación concedida por el
Tribunal de Primera Instancia y se le imponga a
la
parte
abogado.
recurrida
el
pago
de honorarios
de
2
CC-2002-427
I
Puerto Rico Oil Company, Inc., en adelante Proico,
es una corporación local, establecida en 1949 y dedicada
a la distribución y venta de productos automotrices e
industriales.
En
el
año
1980,
esta
corporación
fue
adquirida por Ready Mix Concrete, Inc., la cual en el
año 1995 fue adquirida por Puerto Rican Cement Co., y
sus acciones pasaron a manos de Capital Assets, Inc.
Proico
todavía
consta
registrada
como
corporación
en
Puerto Rico, pero no opera como tal desde mediados de
1995.1
Dayco Products, Inc., en adelante Dayco, es una
corporación
foránea,
organizada
bajo
las
leyes
del
estado de Ohio, cuyas oficinas principales están en esa
jurisdicción. Se dedica a la manufactura de correas y
mangas para motores, tanto de automóviles, como para
usos industriales.2
En
el
año
1980,
comenzaron
las
relaciones
comerciales entre Proico y Dayco. Pactaron verbalmente
la distribución de productos Dayco en Puerto Rico. El 27
de marzo de 1981 firmaron un documento contractual, una
“carta contrato”, en la cual “Dayco ratificó a Proico
como distribuidor exclusivo para Puerto Rico e Islas
Vírgenes de sus productos automotrices e industriales”3.
1
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 4.
2
Íd., pág. 5.
3
Íd., págs. 5 y 500.
3
CC-2002-427
El 23 de abril de 1982, las partes suscribieron dos
acuerdos, uno que mantenía a Proico como distribuidor
exclusivo
de
los
productos
automotrices,
y
otro
con
términos similares al primero pero con la salvedad de
que no se le concedía a Proico la distribución exclusiva
de
los
productos
industriales.
distribución
exclusiva
tendría
una
duración
cosas,
las
partes
de
de
los
tres
acordaron
4
El
contrato
de
productos
automotrices
(3)
años.
Entre
en
dicho
contrato
otras
lo
siguiente:
2.EXCLUSIVE
APPOINTMENT
(...)
DAYCO
appoints
DISTRIBUTOR 5
as
a
DAYCO
exclusive distributor in Puerto Rico and
the U.S Virgin Islands for the sale of
DAYCO AUTOMOTIVE PRODUCTS.
(…)
8.DAYCO´S OBLIGATIONS. DAYCO agrees not
to appoint any other person or entity in
the TERRITORY for the distribution of
the PRODUCTS without the prior written
consent of DISTRIBUTOR. Further, DAYCO
will provide DISTRIBUTOR with:
(a)
Reasonable supplies of literature
and necessary data in order to
assist DISTRIBUTOR in the promotion
and sale of DAYCO PRODUCTS.
(b) Prompt service on all request and
orders subject to the terms and
conditions contained herein.
(c)
All
information
and
inquiries
received from the TERRITORY for the
4
Íd.,
págs.
5,
503,
3116. Moción
Informativa,
Estipulaciones de las Partes, presentada el 29 de mayo
de 1996, página 2.
5
Entiéndase
que
cuando
se
hace
“DISTRIBUTOR”, se refiere a Proico.
referencia
a
4
CC-2002-427
PRODUCTS
for
follow-up.
sales
actions
and
(…)
9.
DISTRIBUTOR´S
OBLIGATIONS.
DISTRIBUTOR shall actively promote and
sell the PRODUCTS in accordance with the
prices, terms and conditions set forth
herein. Further, in order to promote
sales of DAYCO PRODUCTS DISTRIBUTOR
agrees to:
(a) Provide an aggressive merchandising
effort to meet competition and keep
pace with the growth of the market.
(…)
(f) Maintain sufficient inventory to
meet customer requirements.6
La
relación
existente
entre
las
partes
continuó
hasta el momento en que venció el plazo de tres años. No
obstante,
se
mantuvieron
observando
generalmente
los
mismos términos y condiciones que habían dispuesto en
los
contratos
entonces. 7
A
sustancialmente
escritos
y
que
habían
observado
del
año
1986,
Dayco
número
de
catálogos
partir
el
hasta
disminuyó
provistos
a
Proico, los cuales se había comprometido a suplir.
Esta
disminución
los
sustancial
provocó
que
no
hubiese
suficientes catálogos para satisfacer las necesidades de
los clientes de Proico, por lo que sus ventas se vieron
adversamente afectadas. 8 Este mismo año comenzaron a
surgir otros problemas que también afectaron la relación
contractual
entre
Proico
6
Íd., págs. 503-505.
7
Íd., págs. 6 y 3117.
8
Íd., págs. 6, 7 y 3117.
y
Dayco.
Tales
problemas
5
CC-2002-427
fueron: demoras en el despacho de la mercancía ordenada
por Proico (en ocasiones por periodos de varios meses),
órdenes incompletas, y problemas de “back orders”. 9 Las
repercusiones
de
estos
reflejar
el
año
para
problemas
1989,
se
provocando
comenzaron
a
discrepancias
entre las partes.
...el problema de despacho de órdenes
incompletas trajo consigo discrepancias
entre Proico y Dayco respecto al monto
de ciertas facturas, las cuales eran
facturadas
cual
si
hubiesen
sido
despachadas en su totalidad. Al Proico
protestar el pago de ciertas facturas
que
incluían
mercancía
aún
no
despachada, Dayco procedió a retener el
despacho
de
órdenes
de
compra
posteriores
sin
antes
verificar
la
corrección de las facturas protestadas.
Ello exacerbó la situación e incrementó
los problemas existentes de inventario.10
Tras estos problemas, a mediados del año 1990, Dayco
decidió buscar otro distribuidor en Puerto Rico para sus
productos
automotrices.
El
31
de
octubre
de
1990,
le
informó a Proico que tenía interés en darle fin al contrato
de exclusividad y nombrar un nuevo distribuidor. Además, en
la
misma
comunicación,
le
incluyó
un
relevo
de
responsabilidad y renuncia de derechos para que éste lo
suscribiera.
Proico
se
negó
a
firmar
tal
relevo
y
a
Proico
de
renunciar a sus derechos de exclusividad.
Sin
embargo,
a
pesar
de
la
negativa
de
renunciar a sus derechos de exclusividad, Dayco comenzó a
9
Íd., págs. 7 y 3118.
10
Íd.
6
CC-2002-427
hacer gestiones, a través de John Prior, Inc., con la firma
Auto Parts International, en adelante API, para ofrecer a
éstos la distribución no exclusiva de sus productos en
Puerto
Rico.
relación
Antes
de
contractual
estas
con
gestiones
Proico,
y
Dayco
aparte
de
su
tenía
ciertas
relaciones de distribución con John Prior Inc., compañía
localizada en el estado de Nueva York. Mientras Proico
distribuía
productos
manufacturaba
y
automotrices
mercadeaba
algunos
marca
de
Dayco,
sus
Dayco
productos
mediante el sistema de marcas privadas (“private labels”),
los cuales eran distribuidos por John Prior, Inc.
Dicho sistema consiste en mercadear con
precios más bajos productos equivalentes
a aquellos que llevan la etiqueta Dayco,
pero
utilizando
etiquetas
que
los
identifican con nombres distintos.11
Dayco estableció una relación con API, la cual recibió
trato preferencial frente a la relación con Proico. Esta
nueva relación recibió tratos preferenciales tales como:
los costos de flete de los productos eran divididos entre
Dayco y API; se establecieron mecanismos para asegurar una
entrega más rápida y completa de los productos a API; y se
le brindaron mejores precios que los ofrecidos a Proico. 12
Sin embargo, Proico tenía que pagar los costos de flete en
su totalidad y los mecanismos de entrega de productos no
habían resultado del todo efectivos.
11
Íd., pág. 6.
12
Íd., pág. 9.
7
CC-2002-427
Contribuyó a la disminución del despacho de mercancía,
la situación de que en varias ocasiones Dayco le impuso a
Proico
condiciones
órdenes.
El
30
de
que
restringían
noviembre
de
la
1992,
entrega
de
Dayco
negó
se
las
a
despachar una orden a menos que Proico renunciase a sus
derechos de exclusividad.13 Luego, ya presentada la demanda,
Dayco nuevamente se negó a despachar otra orden aduciendo
que Proico le adeudaba la suma de $28,917.94.14 Este tipo de
situación fue empeorando la entrega de productos a Proico y
culminó en la suspensión del despacho de piezas en 1992.
El 1ero de octubre de 1992 Proico radicó una demanda
contra
Dayco
al
amparo
de
la
Ley
de
Contratos
de
Distribución 15 . El Tribunal de Primera Instancia, en la
sentencia
emitida,
describió
la
reclamación
de
la
demandante de la siguiente forma:
En primer lugar la parte demandante
alegó la existencia de un contrato para
la distribución por parte de ésta de
productos automotrices y de productos
industriales de Dayco. Alegó además que
Dayco había incurrido en un patrón de
menoscabo de la relación contractual de
distribución
que
culminó
en
la
terminación del alegado contrato sin que
mediare justa causa y el nombramiento de
un
nuevo
distribuidor
para
dichos
productos en Puerto Rico, todo ello en
violación a los términos del contrato.16
13
Íd.
14
Íd., pág. 9 y 10.
15
Ley Número 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs.
278-278e.
16
Apéndice del recurso de Certiorari, Pág. 3114.
8
CC-2002-427
Además,
incluyó
compensación
en
interferencia
preexistente
a
API
como
demandada
daños
y
perjuicios
torticera
entre
Proico
con
la
y
Dayco.
y
le
por
relación
La
reclamó
su
una
alegada
contractual
codemandada
API
contestó la demanda y levantó como defensa afirmativa, la
prescripción de la acción de daños.
Por su parte, Dayco,
al contestar la demanda, negó la existencia del alegado
contrato
de
distribución
y
alegó
relación con Proico, la misma
que
de
existir
una
terminó por justa causa.
Además, arguyó que las ventas de Proico habían mermado y
que
los
daños
reclamados
por
concepto
de
la
alegada
terminación eran exagerados y especulativos.17
Dayco instó reconvención mediante la cual le reclamó a
Proico una supuesta deuda de $28,917.94. Proico reconoció
una deuda de $23,942.20, pero alegó que ya había expedido
un cheque por tal cantidad. Respecto a la codemandada API,
la demandante desistió con perjuicio de la demanda en su
contra, a cambio de que ésta se comprometiera
a poner a su
disposición dos testigos para ser utilizados en el juicio.
Tras celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia el 18 de septiembre de
1998 resolviendo a favor de la parte demandante. Concluyó
que Dayco violó el contrato de distribución que tenía con
Proico
al
distribuir
utilizar
sus
en
Puerto
productos
y
Rico
darle
otros
trato
agentes
para
preferencial
a
éstos. En cuanto a la reconvención instada por Dayco y la
17
Íd., pág. 11.
9
CC-2002-427
alegada falta de pago, determinó que ello no constituía
justa causa para terminar el contrato, pues Proico siempre
había pagado sus facturas y Dayco nunca había cuestionado
su
solvencia
económica
ni
su
capacidad
de
pago,
ni
le
exigió colateral para respaldar su crédito. Además, Dayco
no recibió jamás de Proico un cheque de pago que no tuviese
fondos.18
Concluyó
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
que
las
actuaciones de Dayco, además de tener carácter doloso por
responder a su interés de castigar a Proico por negarse a
renunciar
al
contrato
de
exclusividad
19
,
afectaron
adversamente la relación de la demandante con sus clientes
y sus ventas. La conclusión de la sala sentenciadora fue la
siguiente:
En resumen, fue la conducta reiterada de
menoscabo por parte de Dayco la causa
directa del deterioro y merma en ventas
y/o
ganancias
de
Proico
en
lo
relacionado con la distribución de los
productos Dayco. Las demoras en el
despacho,
despacho
incompleto,
limitaciones en cuanto a los materiales
de apoyo en ventas, tales como los
catálogos, que eran imprescindibles para
trabajar las ventas y finalmente el
trato preferencial concedido a API como
nuevo distribuidor no exclusivo tuvieron
el efecto directo de causar en la
operación de Proico mermas en la venta
de los productos de Dayco hasta la
eventual terminación de la relación. La
prueba documental y las declaraciones de
los
testigos
sustentan
nuestra
determinación
y
restan
apoyo
al
argumento
de
Dayco
para
intentar
18
Íd., pág. 11, 12, 3120.
19
Íd., pág. 9.
10
CC-2002-427
establecer
que
la
merma
en
ventas
constituyó
causa
justificada
para
terminar
la
relación.
La
prueba
documental estipulada apoya la posición
de Proico y demuestra la buena intención
y disposición de Proico para lograr [un]
aumento en las ventas así como los
numerosos intentos y solicitudes de ésta
a
Dayco
para
que
corrigiera
los
problemas que estaban afectando dichas
ventas.20
En cuanto a la cuantía de los daños a compensar, el
Tribunal
de
Primera
Instancia
consideró
el
informe
del
perito de Proico, el Contador Público Autorizado, señor
Fernando Rodríguez Amaro, por considerarlo más acertado que
el informe del perito de Dayco. Utilizó este informe para
computar los daños a conceder al amparo de la Ley 75,
supra. El cómputo para determinar la cuantía incluía: la
suma de $95,049, correspondiente al inventario en poder de
Proico; $719,445 como beneficio anual recibido por Proico
durante
los
últimos
cinco
años
del
contrato
y
como
consecuencia de la distribución de productos automotrices e
industriales; y $124,461 como compensación por concepto de
plusvalía.
compensación
Concediendo
un
total
de
$938,955.
concedida,
no
hizo
ninguna
De
la
deducción
por
concepto de impuestos. A la parte perdidosa no se le impuso
el pago de costas u honorarios de abogado.
Ambas partes presentaron recurso de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones.
Proico alegó que el Tribunal de
Primera Instancia incidió al no ordenar a Dayco el pago de
20
Íd., pág. 12 y 3120-3121.
11
CC-2002-427
costas
y
al
no
conceder
honorarios
de
abogado.
Por
su
parte, Dayco arguyó que el foro sentenciador incidió en
varios asuntos: (1) al concluir que la propuesta comunicada
por
Dayco
el
31
de
octubre
de
1990
constituyó
una
terminación de la relación contractual; (2) al no concluir
que
había
justa
distribución
causa
exclusiva
para
con
terminar
Proico
y
el
contrato
nombrar
un
de
nuevo
distribuidor; (3) al estimar que la demora en el envío de
catálogos y órdenes a Proico anuló cualquier justa causa
que Dayco pudiese tener para nombrar otro distribuidor; y
(4) al computar y conceder a Proico daños excesivos.21
El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y
emitió sentencia el 16 de agosto de 2001. Determinó que no
incidió el Tribunal de Primera Instancia al declarar con
lugar la demanda de autos presentada por Proico y que no
cometió
cuanto
los
errores
planteados
a
la
determinación
concepto
de
daños,
la
de
cual
por
la
Dayco,
cuantía
modificó
excepto
en
concedida
en
para
reducirla.
Respecto al señalamiento de error levantado por Proico,
relacionado a las costas y a los honorarios de abogado,
determinó que el foro de primera instancia incidió al no
ordenar el pago de costas a favor de Proico, mas concluyó
que no procedía la imposición de honorarios de abogado
debido a la ausencia de conducta temeraria de parte de
Dayco. Confirmó la sentencia apelada y ordenó al Tribunal
de Primera Instancia modificar la compensación otorgada a
21
Íd., pág. 13 y 20.
12
CC-2002-427
Proico, en cuanto a la partida concedida en concepto de
daños y concesión de costas, en forma consistente con lo
allí pautado. La demandante Proico le solicitó al foro
intermedio
apelativo
la
reconsideración
de
dicha
Sentencia, la cual fue declarada “sin lugar” el 29 de
abril de 2002, archivada en autos copia de su notificación
a las partes el 3 de mayo de 2002.
Inconformes,
el
3
de
junio
de
2002,
ambas
partes
acuden ante nos mediante sendos recursos de Certiorari, de
los cuales expedimos únicamente el presentado por la parte
demandante de autos, Proico.
La parte peticionaria señaló como errores cometidos
por el foro intermedio apelativo los siguientes:
I.
Erró el TCA al eliminar la partida
de daños por concepto de menoscabo
al
contrato
no
exclusivo
de
productos industriales, así como
por la terminación “DE FACTO” del
mismo.
II.
Erró el TCA al eliminar, bajo la
premisa equivocada de que se trata
de
una
doble
compensación,
la
partida de daños concedida por el
TPI por concepto de plusvalía.
III. Erró
el
TCA
al
negarse
a
determinar,
ante
los
hechos
probados ante el TPI y sostenidos
por
el
TCA,
que
la
conducta
litigiosa de Dayco fue temeraria,
al haber negado desde un principio,
no solo una total ausencia de
responsabilidad, sino también la
existencia misma de la relación
contractual.
El 6 de noviembre de 2002, Centro Unido de Detallistas
y la corporación Tech Medical Group, Inc. presentaron ante
13
CC-2002-427
nos una moción, solicitando permiso para comparecer como
Amicus
en
Curiae
Detallistas
es
significativo
el
una
de
caso
de
marras.
asociación
pequeños
que
Centro
agrupa
comerciantes
Unido
un
de
número
puertorriqueños,
muchos de los cuales son distribuidores de productos y
servicios. 22 Tech Medical Group, Inc. es una corporación
local
dedicada
principalmente
a
la
distribución
de
productos médicos especializados en el área de cirugías de
espina dorsal.23
Los comparecientes arguyen tener un interés real en la
resolución de la controversia de derecho levantada mediante
el segundo error señalado en el recurso ante nos, por ser
ésta
de
gran
distribuidores
envergadura
e
puertorriqueños
importancia
para
cobijados
por
todos
la
Ley
los
75,
supra. Sostienen que pueden ilustrar adecuadamente a este
foro en este asunto que alegan es de gran interés público.24
Nos plantean que su interés se circunscribe a resolver la
siguiente cuestión:
Esta es, a tenor con la fórmula de daños
de la Sección 3 de la Ley 75 (10
L.P.R.A. § 278b), ¿puede un tribunal
denegarle a un distribuidor terminado o
menoscabado,
daños
por
concepto
de
pérdida de plusvalía bajo la premisa de
que ello constituye doble compensación
por haberse concedido daños por concepto
22
Moción solicitando permiso para comparecer como Amicus
Curiae y solicitando término, presentada el 6 de noviembre
de 2002, página 1.
23
Íd.
24
Íd., pág. 3.
14
CC-2002-427
de pérdida de ingreso, no obstante el
hecho de que ambas partidas aparecen
como partidas de daños separadas y
diferentes en la Sección 3 de la Ley
75?25
El
7
de
notificada
a
Declaramos
con
febrero
las
de
partes
lugar
la
2003,
el
11
emitimos
de
solicitud
resolución,
febrero
para
de
2003.
comparecer
como
Amicus Curiae en cuanto al Centro Unido de Detallistas y
denegamos la presentada por Tech Medical Group, Inc. El
Centro Unido de Detallistas presentó su escrito como amigo
de la corte el 26 de marzo del 2003.
Contando
con
la
comparecencia
de
las
partes
nos
por
el
encontramos en posición de resolver.
II
Los
primeros
peticionario
están
aplicación
la
de
dos
errores
relacionados
Ley
75
de
con
levantados
la
Contratos
interpretación
de
y
Distribución,
supra. Esta ley tiene el propósito de proteger los derechos
legítimos de los distribuidores frente a los abusos de los
suplidores
o
principales,
que
sin
justa
causa
dan
por
terminadas o menoscaban sus relaciones contractuales con
éstos tan pronto han creado un mercado favorable para los
productos. 26 Además, persigue reconocer el valor creado por
los
25
26
distribuidores
al
desarrollar
el
mercado
de
un
Íd., pág. 2.
Systema de Puerto Rico, Inc. v. Interface International,
Inc., 123 D.P.R. 379 (1989); Medina & Medina v. Country
Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988).
CC-2002-427
15
producto. 27
La creación de esta ley surge a raíz de los
abusos e incumplimientos de parte de los principales y para
evitar
que
éstos
terminen
su
relación
contractual
de
distribución con los distribuidores sin reembolsarles los
gastos
incurridos
en
el
desarrollo
del
mercado
y
la
plusvalía del producto.28
La Ley 75, supra, define el contrato de distribución
de la siguiente forma:
(b)Contrato de Distribución- Relación
establecida entre un distribuidor y un
principal o concedente, mediante la
cual, e irrespectivamente de la forma
en
que
las
partes
denominen,
caractericen
o
formalicen
dicha
relación, el primero se hace real y
efectivamente cargo de la distribución
de una mercancía, o de la prestación de
un
servicio
mediante
concesión
o
franquicia, en el mercado de Puerto
Rico.29
Dicha ley crea una causa de acción a favor del distribuidor
cuando
el
principal
menoscaba
o
da
por
terminado
el
contrato de distribución sin justa. El Artículo 2 dispone:
No empece la existencia en un
contrato de distribución de una cláusula
reservándole[s] a las partes el derecho
unilateral a poner fin a la relación
existente, ningún principal o concedente
podrá dar por terminada dicha relación,
o directa o indirectamente realizar acto
alguno en menoscabo de la relación
27
Ronald Martínez Cuevas, El Estimado del Valor Perdido
por la Cancelación de Contratos de Distribución bajo la
Ley 75 de Puerto Rico, 64 Rev. Jur. U.P.R. 149 (1995).
28
Yarimar González Carrasquillo, Vertical Maximum Price
Fixing and Distribution Contracts Under Puerto Rican Law,
68 Rev. Jur. U.P.R. 677, 684. (1999).
29
10 L.P.R.A. sec. 278.
16
CC-2002-427
establecida, o negarse a renovar dicho
contrato
a
su
vencimiento
normal,
excepto
por
justa
causa.(Énfasis
nuestro)30
De
determinarse
que
no
hubo
justa
causa
para
la
terminación o menoscabo del contrato, procede determinar la
indemnización
correspondiente
Hemos
que
resuelto
la
al
distribuidor
acción
que
surge
afectado.
de
este
estatuto es una torticera y como tal, es requisito esencial
de la misma, la prueba sobre los daños sufridos, cuyo peso
recae sobre quien los alega. 31 La parte demandante tiene la
obligación de poner al tribunal en condiciones de poder
hacer una determinación clara y específica, mediante la
presentación de prueba, de la reclamación invocada. Una vez
presentada la prueba y demostrados los daños, el principal
tendrá que indemnizar al distribuidor en la medida de los
daños causados.
La parte peticionaria levanta como primer error que
incidió el Tribunal de Apelaciones al eliminar la partida
de daños, atribuible al menoscabo y terminación “de facto”
del contrato no exclusivo de productos industriales.
El legislador, al definir un contrato de distribución
a los efectos de esta ley, no limitó la aplicación del
estatuto a los contratos de distribución exclusiva. La ley
en cuestión hace referencia a los contratos de distribución
en general. Por lo tanto, todo distribuidor que sea parte
30
31
Íd., sec. 278a.
Marina Industrial, Inc. v. Brown Boveri Corporation, 114
D.P.R. 64, 90 (1983); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R.
644, 650-651 (1985).
17
CC-2002-427
en un contrato de distribución, sea o no éste de carácter
exclusivo,
tendrá
una
causa
de
acción
en
contra
del
principal que menoscabe o termine el contrato sin justa
causa.
El
foro
apelativo
intermedio,
en
su
sentencia,
determinó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al
conceder daños a Proico por las pérdidas sufridas por la
línea industrial, debido a que el contrato de distribución
exclusiva
no
incluía
dicha
línea,
sino
únicamente
la
automotriz. Determinó que la cantidad de $719,445, estimada
y concedida por el Tribunal de Primera Instancia a Proico,
en concepto de pérdida de beneficios, debía ser ajustada
para incluir solamente aquellas ganancias atribuibles a la
línea automotriz, por ser ésta la única incluida en el
contrato de distribución exclusiva.
Posteriormente, en la resolución en la que declaró no
ha
lugar
la
reconsideración
sometida
ante
sí,
aclaró,
contrario a lo dispuesto en la Sentencia, estar consciente
que la Ley 75, supra, también protege a los distribuidores
no exclusivos.32 Añadió como fundamento, para reafirmarse en
su determinación de disminuir la cantidad en concepto de
beneficios, que no surge de la determinación del foro de
primera instancia que Dayco hubiese menoscabado o terminado
sin justa causa el contrato de distribución no exclusiva de
los productos industriales. Determinó lo siguiente:
32
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 3108.
18
CC-2002-427
La intención del tribunal a quo es
clara, la cuantía de daños que la
sentencia concede es la relacionada a la
distribución
de
los
productos
automotrices. Ello refleja la pérdida de
exclusividad que conllevó la designación
de Auto Parts International of Puerto
Rico, Inc. (API) como distribuidor, no
exclusivo,
de
los
productos
automotrices.
Dicha
designación
no
afectó la distribución no exclusiva de
los productos industriales, pues Proico
no tenía derecho de exclusividad sobre
los mismos y, además, API no vendía los
productos industriales.33
La determinación del Tribunal de Apelaciones, de que
la intención del Tribunal de Primera Instancia es clara y
dirigida
únicamente
automotrices,
conclusión
a
indemnizar
no
nos
parece
sobre
la
falta
por
correcto,
de
prueba
los
productos
como
tampoco
su
para
sostener
el
alegado menoscabo al contrato no exclusivo de distribución.
El foro primario determinó, como cuestión de hecho,
que la reiterada conducta de Dayco, la cual comenzó antes
de
la
designación
de
API
como
nuevo
distribuidor,
consistente en demoras en el despacho, despacho incompleto,
y limitaciones en cuanto a los recursos para propiciar las
ventas, por ejemplo los catálogos, menoscabó directamente
las ventas y ganancias de Proico en lo relacionado con la
distribución
industrial
y
de
ambas
líneas
la
automotriz,
de
y
productos
por
ende
Dayco,
el
la
contrato
exclusivo y el no exclusivo. Esta conducta obstinada de
Dayco afectó ambos contratos, pues la falta de catálogos
fue
33
crucial
al
Íd., pág. 3109.
deterioro
de
las
ventas,
tanto
de
los
19
CC-2002-427
productos industriales como de los automotrices. Además,
afectó el inventario disponible para la venta, perjudicando
así la relación de Proico con sus clientes.
La
posterior
distribuidor,
designación
menoscabó
de
API
como
el
contrato
directamente
nuevo
de
distribución exclusiva de los productos automotrices, mas
no el contrato no exclusivo de los productos industriales.
La distribución no exclusiva de productos industriales no
se vio afectada directamente por la designación de API, por
estar
ésta
dirigida
a
la
automotrices.
No
obstante,
designación,
el
contrato
distribución
de
productos
independientemente
no
exclusivo
ya
de
ésta
había
sido
menoscabado por las actuaciones de Dayco, sin mediar justa
causa para ello.
Según el informe pericial presentado por Proico, en el
cual se basó el Tribunal de Primera Instancia para calcular
y
establecer
la
cuantía
de
daños,
la
suma
de
$719,445
corresponde a la pérdida de beneficios de ambas líneas, la
automotriz y la industrial. Por lo tanto, sí se presentó
prueba
de
cómo
se
perjudicaron
los
dos
contratos
de
distribución, el exclusivo y el no exclusivo y surge de la
sentencia la intención del foro primario de conceder daños
por el menoscabo causado a ambos.
Concluimos que sí erró el Tribunal de Apelaciones al
eliminar la partida por concepto de menoscabo y terminación
del contrato no exclusivo.
20
CC-2002-427
El segundo señalamiento de error levantado plantea que
incidió
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
eliminar
la
compensación por concepto de plusvalía, bajo la premisa
equivocada de que se trata de una doble compensación, por
también haberse concedido daños por pérdida de ingresos y
haberse calculado ambas partidas según el monto de los
beneficios obtenidos de la distribución durante los últimos
cinco años.
El Artículo 3, de la Ley de Contratos de Distribución,
supra, provee una serie de factores para la determinación
de daños. Dispone:
De no existir justa causa para la
terminación
del
contrato
de
distribución, para el menoscabo de la
relación establecida, o para la negativa
a renovar dicho contrato, el principal
habrá ejecutado un acto torticero contra
el distribuidor y deberá indemnizarle en
la medida de los daños que le cause,
cuya cuantía se fijará a base de los
siguientes factores:
(a)El valor actual de lo invertido por
el distribuidor para la adquisición y la
adecuación
de
locales,
equipo,
instalaciones, mobiliario y útiles, en
la medida en que éstos no fueren fácil y
razonablemente aprovechables para alguna
otra actividad a que el distribuidor
estuviere normalmente dedicado.
(b)El costo de las mercaderías, partes,
piezas, accesorios y útiles que el
distribuidor tenga en existencia, y de
cuya
venta
o
explotación
no
pueda
beneficiarse.
(c)La plusvalía del negocio, o aquella
parte
de
ésta
atribuible
a
la
distribución
de
la
mercancía
o
la
prestación de los servicios de que se
trate, a ser determinada dicha plusvalía
21
CC-2002-427
tomando en consideración los siguientes
factores:
1.
Número
de
años
que
el
distribuidor ha tenido a su cargo
la distribución;
2.
volumen actual de distribución
de la mercancía o prestación de los
servicios de que se trate y la
proporción que representa en el
negocio del distribuidor;
3.
proporción
del
mercado
de
Puerto
Rico
que
dicho
volumen
representa;
4.
cualquier
otro
factor
que
ayude a establecer equitativamente
el monto de dicha plusvalía.
(d)El monto de los beneficios que se
hayan obtenido en la distribución de la
mercancía o en la prestación de los
servicios, según sea el caso, durante
los últimos cinco años o si no llegaren
a cinco, cinco veces el promedio de los
beneficios anuales obtenidos durante los
últimos años, cualesquiera que fuesen. 34
(Énfasis nuestro)
En
Marina
Corporation,
Industrial,
supra,
Inc.
v.
sobre
estos
expresamos
Brown
Boveri
factores
lo
siguiente:
Los factores enumerados son sólo
guías
para
la
determinación
de
la
cuantía de los daños y no obligan al
tribunal
a
conceder
automáticamente
indemnización aplicando todos y cada uno
de los factores. El tribunal tiene
discreción para aplicar los factores
enumerados
a
la
luz
de
las
circunstancias específicas de cada caso
conforme la prueba desfilada.35
Como en toda acción torticera, y como mencionamos al
discutir
34
35
el
primer
señalamiento
de
error
levantado,
10 L.P.R.A. sec. 278b.
Marina Industrial, Inc. v. Brown Boveri Corporation,
supra, pág. 90.
la
22
CC-2002-427
parte que alega haber sufrido daños tendrá el peso de la
prueba. La determinación de la cuantía de los daños, que se
fijará a base de los factores del antes citado artículo,
queda bajo la discreción del tribunal a la luz de los
hechos específicos de cada caso y conforme con la prueba
desfilada.
No
se
trata
de
una
fórmula
matemática,
definitiva o de aplicación mecánica, pues no existe una
cantidad
específica
tribunales
los
que
asignada
a
aprecien
cada
factor.
Serán
la
prueba
documental,
testifical y pericial y así determinarán los
los
daños que
correspondan según la prueba demostrada. No obstante, esta
determinación
tiene
como
punto
de
partida
los
factores
guías de la Ley 75, supra. Si un distribuidor presenta una
acción bajo esta ley, somete prueba sobre los
diversos
daños sufridos y éstos se encuentran recogidos en varios
factores de los enumerados en dicho estatuto, una vez el
tribunal sentenciador haya aquilatado la prueba y entendido
que éstos fueron sufridos, no vemos razón por la cual no
deba concederse la indemnización correspondiente. No surge
del estatuto, ni podemos interpretar del espíritu que lo
inspiró, que la concesión de ciertos daños, compensables
bajo alguno de los factores enumerados, excluyan otros,
resarcibles bajo otro criterio. Los daños reconocidos en
cada criterio a evaluar por el tribunal sentenciador, no
son excluyentes.
En el caso de marras están en discusión el inciso (c),
relacionado a la plusvalía y el inciso (d), relativo al
23
CC-2002-427
monto
de
los
beneficios
que
se
hayan
obtenido
de
la
distribución durante los últimos cinco años, cantidad que
corresponde a la pérdida de ingresos.
La plusvalía es uno de los factores a considerar para
fijar la cuantía de los daños en una acción bajo la Ley 75,
supra. Dicha ley no define el concepto de plusvalía, pero
éste ha sido definido por reconocidos tratadistas y por
este Tribunal en decisiones anteriores. La Real Academia
Española define la plusvalía como el “acrecentamiento del
valor de una cosa por causas extrínsecas a ella”36. En Calvo
Mangas v. Aragonés Jiménez37 definimos la plusvalía como “el
valor comercial desarrollado”. También, los tratadistas la
han definido como la capacidad de un negocio de obtener una
ganancia sobre sus activos netos en exceso del rendimiento
normal
que
obtienen
otras
firmas
en
la
misma
línea
de
negocios.38
En el caso de autos, ante esta controversia sobre la
alegada duplicación de daños, el Tribunal de Apelaciones
decidió que otorgar la partida correspondiente a la pérdida
de
ingresos,
último
cinco
calculada
(5)
a
base
de
las
ganancias
de
los
años,
más
la
correspondiente
a
la
plusvalía, constituye una duplicidad en la concesión de los
daños.
Sostuvo
que
la
plusvalía
fue
computada
36
Diccionario de la Lengua Española, Ed. 20 (1984).
37
115 D.P.R. 219, 229 (1984).
38
Salvador Antonetti Zequeira, La Medida de los Daños Bajo
la Ley 75, 58:2 Rev. Jur. U.P.R. 227, 239 (1989).
24
CC-2002-427
exclusivamente con las ganancias que en el pasado Proico
había obtenido de la venta de productos Dayco y que por lo
tanto se estaba concediendo dos veces la misma partida de
daños.39
Antes de dilucidar si existe o no una duplicación de
compensación
por
señalada,
necesario
es
los
mismos
daños,
en
que
para
aclarar
la
situación
determinar
la
cuantía de la plusvalía, existen varios métodos aceptados
en el campo de la valoración de negocios. Existe el método
de capitalización del exceso de ingresos y el de beneficios
futuros
descontados
al
presente,
ambos
reconocidos
y
frecuentemente utilizados en tal campo. 40 La ley no dispone
qué método específico utilizar para calcular la partida de
la plusvalía. El informe del perito de Proico incluye una
descripción
de
estos
utilizados
para
calcular
concepto de plusvalía.
dos
métodos,
la
ya
cuantía
que
de
los
fueron
los
daños
en
El Tribunal de Primera Instancia le
dio entera credibilidad y peso a este informe pericial y
basándose
en
él,
impuso
indemnización
por
la
la
partida
cuantía
a
de
por
daños
conceder
como
concepto
de
plusvalía. El Tribunal de Apelaciones no entró a dilucidar
si el método utilizado por el perito de Proico es el más
preciso
o
el
más
adecuado
para
computar
la
partida
en
discusión, sino que el utilizar la partida de las ganancias
de
los
últimos
cinco
años
(5)
años
para
39
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 35.
40
Salvador Antonetti Zequeira, supra.
computar
la
25
CC-2002-427
plusvalía condujo a que se otorgara una doble compensación.
Proico arguyó sobre este particular:
Es cierto que el perito de Proico
consideró las ganancias históricas de
Proico de los últimos cinco (5) años,
pero ello fue solamente para determinar
cuál era el margen de ganancia que tenía
Proico
comparado
con
el
margen
de
ganancia
normal
reportado
por
la
industria. En ningún momento, el perito
consideró dichas ganancias históricas
como parte de la plusvalía.41
Surge
del
informe
del
perito
de
Proico
que
sí
se
utilizó la partida de ganancias de los últimos cinco (5)
años
para
computar
la
plusvalía.
No
obstante,
no
es
correcto el argumento del foro intermedio apelativo de que
éste fue el único criterio que se evaluó para el cómputo de
la
partida
sobre
plusvalía.
Entre
los
factores
se
encuentran: ventas de productos Dayco, costo de ventas,
ganancia
bruta,
porciento
de
ganancia
bruta
de
la
industria, ganancia bruta de la industria, gastos que no
continúan y exceso de ganancia bruta de productos Dayco
sobre la ganancia bruta de la industria. 42 El informe del
perito
de
Proico
utiliza
un
método
para
computar
la
plusvalía que es reconocido; concluimos que fue correcta la
apreciación que de este informe, como prueba, realizara el
Tribunal de Primera Instancia.
41
Alegato de Proico, presentado el 11 de diciembre de
2002. pág. 12.
42
Véase informe pericial de Proico, anejo 2, Apéndice del
Alegato de Dayco, pág. 17.
26
CC-2002-427
Nos
persuaden
Centro Unido de
y
coincidimos
con
los
argumentos
de
Detallistas, admitido como amigo de la
corte. Dicha entidad enfatiza el criterio que los daños se
prueben
con
certeza
razonable
y
no
con
meras
especulaciones. Añade, en beneficio del distribuidor, que
si
toda
la
prueba
desfilada
demuestra
efectivamente
el
menoscabo de la plusvalía y el cálculo de esta partida se
realiza
mediante
algún
valoración
de
indemnizada
según
método
negocios,
la
aceptado
parte
corresponda,
por
en
el
campo
de
debe
ser
razón
para
afectada
no
haber
denegar tales daños.
El hecho que la partida en concepto de ganancias de
los últimos cinco (5) años, compensable bajo el inciso (d)
del
Artículo
3,
supra,
sea
utilizada
para
computar
la
plusvalía, no implica una duplicación de la compensación,
pues
se
trata
de
partidas
distintas.
La
cantidad
de
$719,445, concedida en concepto de las ganancias de los
últimos cinco (5) años, representa el ingreso futuro dejado
de
percibir
a
causa
de
la
terminación
o
menoscabo
del
contrato, o sea la pérdida de ingresos. La cantidad de
$124,461, en concepto de plusvalía, representa el menoscabo
al
valor
creado
a
la
operación
del
establecimiento
comercial con el desarrollo del mercado de un producto. Es
ese
valor
añadido
de
un
negocio
en
operación
o
de
un
producto que surge del patrocinio del distribuidor o de su
esfuerzo,
de
la
lealtad
de
los
clientes
o
de
la
mera
27
CC-2002-427
localización. 43 Estamos de acuerdo con el
planteamiento de
la parte peticionaria cuando señala lo siguiente:
Se trata pues, de un reconocimiento al
aumento de valor y al rendimiento, en
exceso del rendimiento promedio reportado
por
la
industria
para
productos
similares, que Proico logró crear para la
línea de productos Dayco en Puerto Rico
durante
el
período
en
que
fue
su
distribuidor.44
Concluimos
que
procede
la
concesión
de
daños
por
menoscabo a la plusvalía y por pérdida de ingresos, cuando
los hechos del caso lo ameriten y cuando se presente la
prueba que apoye el resarcimiento de ambos tipos de daños.
Erró el Tribunal de Apelaciones al eliminar la partida
concedida por el Tribunal de Primera Instancia por concepto
de plusvalía.
El último error levantado por la parte peticionaria
cuestiona la determinación del Tribunal de Apelaciones de
no conceder honorarios de abogado, por entender que el
recurrido no incurrió en conducta temeraria.
La Regla 44.1 de Procedimiento Civil 45 provee para la
concesión de costas y para la imposición de honorarios de
abogado. Respecto a los honorarios de abogado dispone lo
siguiente:
43
Rudolf Callmann, Unfair Competition, Trademarks &
Monopolies, 4ta. ed, Massachusetts, Publicaciones West,
1981, Vol.1, págs. 1:57-1:68; Salvador Antonetti Zequeira,
supra, pág. 239.
44
Alegato de Proico, supra,
45
32 L.P.R.A. Ap. III R. 44.1.
pág. 13.
28
CC-2002-427
En caso que cualquier parte o su abogado
haya
procedido
con
temeridad
o
frivolidad, el tribunal deberá imponerle
en su sentencia al responsable el pago
de una suma por concepto de honorarios
de abogado que el tribunal entienda
correspondan a tal conducta.
La regla no define lo que constituye conducta temeraria;
pero
esta
Curia
ha
expresado
que
“la
temeridad
es
una
actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta
el
buen
funcionamiento
y
la
administración
de
la
justicia”46. También hemos resuelto, que constituye conducta
temeraria el que una parte haga necesario un pleito que
pudo evitarse o interponga pleitos frívolos y así obligue a
la
otra
parte
a
v.
San
Fernández
incurrir
Juan
en
Cement
gastos
Co.,
innecesarios. 47
En
señalamos,
a
supra,
manera de ejemplo, situaciones que hemos considerado como
conducta
temeraria.
Sobre
esos
extremos
expresamos
lo
siguiente:
Hemos resuelto que existe temeridad si
el demandado contesta una demanda y
niega su responsabilidad total, aunque
la acepte posteriormente; si se defiende
injustificadamente de la acción; si la
parte demandada en efecto cree que la
cantidad reclamada es exagerada y esa es
la única razón que tiene para oponerse a
las peticiones del demandante y no
admite francamente su responsabilidad
limitando la controversia a la fijación
46
Jarra Corp. V. Axxis Corp.,155 D.P.R.___(2001), 2001
J.T.S. 167, 491; Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141
D.P.R. 900, 935 (1996).
47
Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R.___ (2002), 2002 J.T.S.
110; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695
(1999); Fernández v. San Juan Cement Co., 118 D.P.R. 713
(1987).
29
CC-2002-427
de la cuantía a ser concedida; si se
arriesga a litigar un caso del que se
desprendía prima facie la negligencia.
(...) Negar un hecho que le consta es
cierto al que hace la alegación, también
constituye temeridad.48
Una
vez
el
tribunal
sentenciador
concluye
que
una
parte ha sido temeraria, es imperativo la imposición de
honorarios de abogado 49 . La determinación de si una parte
ha actuado o no con temeridad descansa en la discreción
del tribunal50 . Por lo cual, debido a que tal determinación
es un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los
tribunales
revisores
intervendrán
cuando
surja
de
tal
actuación un claro abuso de discreción.51
El imponer honorarios de abogado persigue penalizar a
aquel
litigante
perdidoso
terquedad,
contumacia
desprovista
de
e
que
por
su
obstinación,
insistencia
en
una
actitud
la
otra
parte,
fundamentos,
obliga
a
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo
e inconvenientes de un pleito.52
En
el
caso
de
marras,
el
Tribunal
de
Apelaciones
entendió que el aquí recurrido, Dayco, no actuó de forma
48
Fernández v. San Juan Cement Co., supra, pág. 719.
49
Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 702;
Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38,
39-40 (1962).
50
Ramirez Anglada v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339,
349 (1989); Fernández v. San Juan Cement Co.,supra.
51
52
Jarra Corp. V. Axxis Corp.,supra.
Domínguez
Inc., supra.
v. GA Life, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa,
30
CC-2002-427
terca, frívola u obstinada, pues su litigación se limitó a
defender sus derechos e intereses.
Concluimos que no hubo abuso de discreción por parte
del Tribunal de Primera Instancia al decidir no imponer
honorarios de abogado y que por lo tanto fue correcta la
decisión del Tribunal de Apelaciones de no intervenir con
tal decisión. El tercer error levantado no fue cometido.
III
Por
los
sentencia
fundamentos
recurrida,
antes
emitida
expuestos,
se
por
Tribunal
el
revoca
la
de
Apelaciones, a los fines de reinstalar las determinaciones
originales
del
Tribunal
de
concesión
de
compensación
menoscabo
al
contrato
Primera
a
no
Proico
Instancia
por
exclusivo
sobre
la
concepto
de
de
productos
automotrices, así como la partida concedida a esa parte por
concepto de plusvalía. Se confirma en cuanto a todos sus
demás extremos.
EFRAIN E. RIVERA PEREZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Oil Company, Inc.
Demandante Peticionario
v.
CC-2002-427
Dayco Products, Inc.
Demandado Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la sentencia recurrida, emitida por el
Tribunal de Apelaciones, a los fines de reinstalar las
determinaciones
originales
del
Tribunal
de
Primera
Instancia sobre la concesión de compensación a Proico por
concepto de menoscabo al contrato no exclusivo de productos
automotrices, así como la partida concedida a esa parte por
concepto de plusvalía. Se confirma en cuanto a todos sus
demás extremos.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López no
intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo