LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Aprobación del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

2005 TSPR 44

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Aprobación del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

ER-2005-0004

Resolución Especial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2005 TSPR 44

Aprobación del

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

163 DPR ____

Número del Caso: ER-2005-4

Fecha: 8 de abril de 2005

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Aprobación del

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2005.

En virtud del poder inherente del Tribunal de

reglamentar la profesión jurídica en Puerto Rico y

en virtud del cumplimiento de la facultad conferida

a la Junta de Educación Jurídica Continua en la

Regla 8(d)(7) del Reglamento de Educación Jurídica

Continua aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico el 30 de junio de 1998, se promulga el

presente Reglamento del Programa de Educación

Jurídica Continua, el cual entrará en vigor 18

meses a partir de su aprobación. El texto completo

del Reglamento se hace formar parte de esta

Resolución.

El Tribunal agradece a los miembros de la Junta

de Educación Jurídica Continua su excelente labor y

cumplimiento con la encomienda que les fue

delegada. Agradece, también, la contribución y

participación del Colegio de Abogados de Puerto

Rico en el proceso de elaboración del Proyecto

presentado por la Junta.

La presente Resolución tiene efectividad

inmediata.

2

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri emitió un voto disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Aprobación del

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

Voto Disidente del Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2005.

“Mandatory continuing legal

education

is

an

extreme

solution when the scope of

the

problem

hasn’t

been

identified”.

David Epstein,

Pasado Presidente

Programa Educación Jurídica

Continúa del D.C.

Hace alrededor de veinticinco años acepté

una encomienda del Colegio de Abogados y organicé

junto

con

otros

colegiados

su

Instituto

de

Educación Práctica. Dicho Instituto se creó con el

fin

particular

de

atender

el

creciente

reclamo

dentro de la profesión puertorriqueña para que se

ofrecieran más programas de educación continua en

el país que los que existían hasta entonces. Fui

el primer director de dicha entidad y establecí su

primer

programa

abogados.

de

educación

continua

para

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 2

Durante mi incumbencia allí se celebraron numerosas actividades de

educación

continua

a

las

que

asistieron

en

conjunto

miles

de

abogados.

Menciono el dato anterior para hacer hincapié en que desde

décadas he sido un fiel creyente en la educación continua de los

miembros de la profesión jurídica; y que fui uno de los pioneros

del

esfuerzo

por

lograr

que

hubiesen

en

el

país

programas

educativos adecuados y suficientes para que los abogados de Puerto

Rico pudiesen mantenerse al día y mejorar sus conocimientos y

destrezas profesionales a través de dichos programas.

Ahora,

conciencia,

sin

a

embargo,

expresar

mis

me

veo

serias

obligado

reservas

por

con

razones

respecto

a

de

la

implantación por el Tribunal Supremo de un programa de educación

jurídica continua obligatoria. No es que no siga creyendo de modo

entusiasta en la educación continua. Lo que me preocupa es que se

imponga un programa obligatorio.

Mis serias reservas surgen, en primer lugar, porque no creo

que la imposición de un programa obligatorio sea necesaria. En la

actualidad

existen

en

Puerto

Rico

múltiples

ofrecimientos

de

educación continua que son aprovechados por miles de abogados

todos los años. El Colegio de Abogados, las cuatro escuelas de

Derecho del país, varios bufetes de abogados, la Asociación de

Notarios, el Fondo de Fianza Notarial, OCALARH 1 , el National

Business

Institute

(NBI),

la

Association

of

Labor

Relations

Practitioners, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y

varias otras entidades profesionales o privadas llevan a cabo

1

Oficina

Central

de

Asesoramiento

Administración de Recursos Humanos.

Laboral

y

de

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 3

regularmente numerosas actividades de educación jurídica continua,

que son aprovechadas según nos consta por muchos miles de abogados

todos

los

años.

Existe

en

Puerto

Rico

ya,

pues,

una

red

de

organizaciones bien afincadas que se encargan de ofrecer a la

profesión jurídica una amplia y variada selección de ofrecimientos

de

educación

continua.

Todo

ello

sin

contar

las

múltiples

oportunidades de educación continua que existen en Estados Unidos

y en países del extranjero a las que acuden cientos de abogados

puertorriqueños todos los años.

Cabe entonces preguntarse para qué o porqué es necesario que

el

Tribunal

Supremo

sobre

imponga

ahora,

por

encima

de

esta

realidad, su propio programa de educación jurídica obligatoria.

¿Qué razones de preeminente interés público justifican que, en una

época en que la profesión misma está auspiciando los múltiples

programas de educación jurídica continua que han proliferado en el

país,

el

Tribunal

Supremo

imponga

so

pena

de

desaforo

la

obligación de cursar un mínimo de créditos de educación continua?

No es razonable suponer que el motivo para ello sea que el

Tribunal estima que la referida educación continua que existe

actualmente es inadecuada o insuficiente. No lo es porque ni el

Tribunal ni su Junta de Educación Continua han realizado estudio a

fondo alguno que permita tales conclusiones. Es decir, el Tribunal

ha aprobado su referido programa de educación continua sin tener

ninguna prueba de peso de que la educación continua que se ofrece

actualmente en el país sea inadecuada o insuficiente.

Sobre este particular, debe señalarse además

que ante el

Tribunal de ordinario no se presentan querellas contra abogados

por falta de competencia o por no estar al día con los nuevos

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 4

desarrollos jurídicos. Si se examinan las docenas de casos de

disciplina que este Foro atiende todos los años, se encontrará que

nunca se ha sancionado a algún abogado por falta de conocimiento

o destrezas jurídicas.

Es por todo lo anterior que persiste la interrogante crucial

de

a

qué

interés

público

preeminente

responde

el

programa

de

educación continua obligatoria que el Tribunal le impone a la

profesión ahora.

Puede conjeturarse que la mayoría del Tribunal estima que el

programa obligatorio es necesario porque no todos los abogados del

país

asisten

a

los

programas

de

educación

jurídica

continua

voluntarios que se ofrecen en la isla o fuera de ella actualmente.

No cabe duda de que deben haber muchos abogados en el país que no

cursan ningún programa de educación continua regularmente. Sin

embargo, esta realidad, cuya dimensión desconocemos, no justifica

el “remedio” de un programa de educación continua obligatoria como

el que el Tribunal ahora impone. El que haya un número de abogados

que no cursen los programas existentes de educación continua no

justifica el decreto obligatorio de este Tribunal porque siempre

habrán profesionales que no necesitan de estos programas. Nótese,

en primer lugar, que el propio programa del Tribunal exime a miles

de abogados del requisito en cuestión. Este no aplica a los jueces

y magistrados estatales o federales, a los profesores de derecho,

a los abogados inactivos, a determinados abogados en el servicio

público, a los abogados con sólo dos años o menos de ejercicio

profesional, y a otros.

En segundo lugar, en la profesión existen muchos abogados que

son autodidactas, es decir, que se ocupan de mantenerse al día y

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 5

mejorarse

estos,

continuamente

por

ejemplo,

por

sus

utilizan

propios

los

esfuerzos.

medios

Muchos

tecnológicos

de

que

crecientemente existen para tales fines, desde el advenimiento de

las computadoras. Para estos abogados, los programas educativos

formales

no

son

necesarios.

Otros

abogados

aprovechan

sus

vacaciones, o recesos laborales análogos, para viajar a Estados

Unidos o al extranjero y asistir a programas educativos que son de

su particular interés, y por ello no patrocinan los de Puerto

Rico.

Existe,

por

otro

lado,

una

razón

muy

distinta

a

las

anteriores en virtud de la cual no se justifica que el Tribunal

pretenda imponerle un requisito de educación continua a lo que

creo es una minoría de abogados que no cursan ninguno de los

programas ya existentes en el país. Es que el intento de obligar a

educarse al que no quiere hacerlo, es una vana ilusión. No dudo de

que debe existir alguna minoría de abogados a quienes la educación

continua propia o formal no les interesa. Posiblemente se trate de

abogados

rutinarias

cuyo

ejercicio

sencillas,

profesional

por

lo

que

no

consiste

sienten

de

la

prácticas

necesidad

de

continuar educándose. A estos “letrados” le será de poca o ninguna

utilidad la asistencia por obligación legal a unas pocas horas de

educación

continua.

Si

hay

alguna

idea

que

abrumadoramente

sostienen los especialistas en educación y en psicología educativa

hoy día es que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de

personas adultas, acontece en función del interés que la persona

tenga en aprender y del envolvimiento activo de ésta que resulte

de ese interés. Es prácticamente imposible educar al que no quiere

aprender. Es precisamente por ello que los programas de educación

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 6

continua

obligatoria

en

otras

jurisdicciones

y

en

otras

profesiones han fracasado en cuanto a los que más lo necesitaban.2

Y es también por ello que la educación continua obligatoria ha

adquirido mala fama en otras jurisdicciones y otras profesiones

cuando

para

hacer

desarrollarlos

en

atractivos

los

hoteles

cruceros

o

programas

ha

exóticos

sido

en

necesario

los

que

el

aspecto de diversión predomina por mucho el mínimo educativo.

Resulta, pues, una terrible y onerosa ironía que el costoso y

complicado programa que el Tribunal intenta establecer ha de ser

ineficaz

precisamente

para

los

destinatarios

particulares

a

quienes el Tribunal más pretende afectar. No ha querido la mayoría

de este Foro aceptar la triste realidad que recoge el aforismo que

dice

que

2

“al

En muchos de los programas referidos es conocida la

práctica de muchos de matricularse en el programa para recibir el

certificado del curso, pagar la cuota y luego no asistir a las

conferencias o al componente académico del programa.

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 7

caballo se puede llevar obligado al abrevadero, pero no se le

puede obligar a beber”. Para imponer su inlograble propósito la

mayoría está dispuesta a establecer todo un elaborado entramado

de una Junta con director ejecutivo, reglamentos, procesos de

acreditación,

cuotas,

certificación

de

proveedores,

disciplinamiento, mecanismos alternos, etc., cuyo único impacto

real será añadirle más engorroso trabajo al propio Tribunal, y

complicarle la vida a la mayoría de los abogados que sí interesan

cursar estudios de educación continua, según sus propios medios,

circunstancias y preferencias se lo permitan. Tales abogados se

verán precisados a ajustar sus propias intenciones con respecto a

la educación continua que planificaban cursar, a las exigencias

del programa del Tribunal. En lugar de seguir sus propios planes

tendrán

que

ajustarse

a

lo

requerido

judicialmente.

Y

así

se

coacciona la voluntad y se menoscaba la autonomía de la mayoría de

los abogados, los interesados en mejorarse, en aras del fútil

intento

de

obligar

a

educarse

a

las

minorías

a

quien

no

le

interesa hacerlo. En efecto, el programa de educación continua que

la mayoría del Tribunal ha de imponer ahora tiene la naturaleza de

una “camisa de fuerza” sobre lo que debía ser un proceso abierto y

flexible, afincado en lo que los propios abogados promueven y

auspicien auténticamente conforme a lo que les interesa. En una

época cuando prevalece la idea de que la educación sólo florece en

el terreno fértil de la participación activa y entusiasta del que

se educa, una mayoría del Tribunal se aferra a la retrograda e

ilusoria noción de la “educación” obligatoria.

II

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 8

Para poner en perspectiva mi fundamental reserva a que se

obligue a los abogados que no lo interesan a cursar un currículo

mandatorio

de

educación

brevemente

la

historia

jurídica

de

la

continua,

educación

conviene

continua

repasar

en

Estados

Unidos, 3 de donde se ha copiado lo que la mayoría del Tribunal

ahora decreta.

La idea de promover la educación continua de abogados fue

adoptada formalmente por la American Bar Association (ABA) en

1937.

En

ese

organización

año,

debía

la

ABA

promover

decidió

un

oficialmente

programa

nacional

de

que

dicha

educación

jurídica continua.

Sin embargo, no fue hasta una década más tarde, en 1947,

cuando

la

ABA

junto

con

el

American

Law

Institute

(ALI)

instituyeron un programa concreto de promoción de la educación

jurídica continua. Se creó entonces lo que hoy se conoce como el

ALI-ABA Joint Committee on Continuing Education, que se dio a la

tarea

de

continua

estimular

en

interactuando

los

el

desarrollo

distintos

activamente

de

estados

con

las

de

programas

la

escuelas

de

educación

nación

americana,

de

derecho

y

los

colegios de abogados estatales.

3

Lo que se relata aquí está tomado principalmente de Rocio

T.

Aliaga, Framing The Debate On Mandatory Continuing Legal

Education..., 8 Geo. J of L.E. 1145 (1995); y J.S. Roth, Mandatory

Continuing Legal Education Valid Under The U.S. Constitution?, 11

Whit. L. Rev. 639 (1989).

Véase, además, H. Friday, Continuing Legal Education:

Historial Background, Recent Development, and the Future, 50 St.

John’s L. Rev. 502 (1976).

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 9

El

móvil

negativa

de

que

la

profesión

creciente

crítica

necesidad

de

este

en

popular

crear

responsabilidad

americana

impulsó

en

que

opinión

hacia

éstos

profesional,

estimaron

la

desarrollo

la

y

los

la

percepción

pública

americana.

La

abogados

engendró

la

una

clara

los

líderes

educación

fue

conciencia

de

continua

de

su

la

profesión

podía

ser

el

instrumento para encarar el problema. La crítica pública a la

profesión americana propició que proliferaran los programas de

educación continua voluntarios, cónsono con la promoción de éstos

que inicialmente impulsaron el ABA y el ALI.

Sin embargo, la situación de crítica pública adversa a la

abogacía se agravó en la década del 1970, sobre todo por razón del

escándalo de Watergate. Como señalan dos comentaristas,

“Criticism of the legal profession was swelling in

the early 1970’s” (Aliaga, supra) y “the profession was

being subjected to scorn from the public due to the

Watergate scandal” (Roth, supra).

La

respuesta

a

esta

renovada

crítica

popular

fue

el

establecimiento de programas mandatorios de educación continua. En

1975, tales programas se adoptaron en Minnesota y Iowa. Para el

final de esa década, siete otras jurisdicciones estatales también

tenían

programas

Posteriormente,

en

de

1986

educación

ABA

urgió

a

jurídica

todas

las

obligatoria.

jurisdicciones

estatales a establecer dichos programas mandatorios, y para el

1995 treinta y tres estados de la Unión americana requerían algún

tipo de educación jurídica continua.

La

ola,

sin

embargo,

ha

comenzado

a

retroceder.

En

la

literatura erudita reciente de la profesión americana la idea de

la educación continua obligatoria es objeto de grave reprobación.

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 10

Véase, Aliaga, supra; J. Joseph, Mandatory Continuing Education:

An

Opponent’s

Jan.

View,

1987

Illinois

Bar

Journal

256;

L.A.

Grigg, The Mandatory Continuing Legal Education Debate: Is It

Improving Lawyer Competence or Just Busy Work?, 12 BYU J. of Pub.

L. 417 (1998); A. Jacobius, The Dry Well of MCLE, Nov. 1996 Col.

Law 15; D. Thomas, Why Mandatory CLE is a Mistake, 6 Utah B. J.

14(1993); V. Rubino, MCLE: The Downside, Jan. 1992 CLE J. 15

(1992); Report of the Chicago Council of Lawyers on MCLE, Jan.

1990 CLE J. 5; C. Harlan, MCLE Faulted by State Bar Groups, Wall

St. J., Oct. 12, 1988; A.W. Ogden, MCLE: A Study of Its Effects,

The Colo. Law 1789 (1984); J. Grover, Valuable Training or Another

Boondoggle: DC Bar Takes a Long Look at Mandatory CLE, Legal

Times, Sept. 14, 1992, pág. 13; J. Joseph, Compulsory Continuing

Legal Education Is a Costly Mistake, CBA Rec., Oct. 1992, pag. 11.

Ello

porque

no

se

ha

probado

que

tal

educación

continua

obligatoria sea efectiva. En efecto, en un importante informe

sobre el particular se reconoce que no existe evidencia científica

alguna

de

que

la

educación

jurídica

continua

mandatoria

sea

efectiva. Véase, D.C. Bar, Mandatory Continuing Legal Education

Task

Force

Report,

(1995).

Ello,

junto

al

hecho

de

que

determinadas empresas y entidades consideran la educación jurídica

continua como un negocio muy lucrativo (“a way to increase funding

and as a potential financial windfall”) 4 ha dado lugar a que

proliferen

los

cuestionamientos

en

la

literatura

profesional

americana sobre los programas mandatorios de educación jurídica

continua.

4

Jacobius, supra.

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 11

Es por lo anterior que constituye una verdadera paradoja que

el Tribunal Supremo de Puerto Rico adopte un programa de educación

jurídica

continua

so

Estados

Unidos,

donde

pedagógicamente

pena

errada,

la

de

desaforo

se

originó

misma

está

precisamente

esta

en

cuando

práctica

franco

en

tan

retroceso

y

crecientemente desacreditada. ¡El mimetismo de todo lo americano

nos lleva a abordar el barco cuando los tripulantes originales lo

están abandonando!

III

Para

reservas

concluir,

con

la

quiero

idea

señalar

misma

de

que

aparte

imponer

de

mis

graves

obligatoriamente

un

programa de educación jurídica continua, tengo además al menos

otras dos preocupaciones serias con respecto al programa concreto

del Tribunal.

Materias a cursarse

El propósito que

supuestamente

persigue

el

Tribunal

al

ordenar el establecimiento de un programa mandatorio de educación

jurídica continua es el de procurar que los abogados se mantengan

al día en la jurisprudencia, en la legislación, y en general en

los

nuevos

desarrollos

del

Derecho.

Así

se

hace

constar

expresamente en la Regla 3 que expresa el propósito del programa

referido.

Sin embargo, en ninguna parte de dicho Reglamento se dispone

que

se

desarrollaran

cursos

específicamente

dirigidos

a

tales

fines. Lo único que se señala sobre el contenido de los cursos es

que

las

materias

deberán

contribuir

“al

desarrollo

de

la

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 12

competencia y destrezas profesionales para el ejercicio de la

abogacía...”, lo que constituye una designación vaga en extremo de

lo que puede incluirse en el currículo de la educación continua a

impartirse.

Es a la vez sorprendente y curioso que un Reglamento pródigo

en disposiciones sobre numerosos aspectos del programa mandatorio

que se ordena, no tenga nada concreto sobre el supuesto propósito

particular de todo este esfuerzo. Esta falla del Reglamento abre

las puertas a que se pueda ofrecer todo tipo de materias o cursos,

sin gran énfasis en lo que supuestamente se persigue, que es

mantener al día al abogado con respecto a la nueva jurisprudencia,

nueva legislación y nuevos desarrollos doctrinales.

No tengo reservas a que la educación continua abarque la más

amplia variedad de temas y tópicos; pero, si el esfuerzo del

Tribunal

persigue

un

propósito

particular

que

justifica

este

controversial ejercicio de su poder sobre la profesión, el logro

de

tal

propósito

para

la

educación

mandatoria

debía

estar

propiamente regulado, y en este Reglamento no lo está.

B. Proveedores y asistencia a los cursos

Cuando este Foro aprobó por primera vez en 1998 su primer

dictamen sobre el establecimiento de un programa de educación

continua

obligatoria,

acordamos

unánimemente

que

el

previsto

tendría

mecanismos

necesarios

para

evitar

los

programa

dos

prácticas deletéreas que admitíamos habían plagado a los programas

obligatorios en otras jurisdicciones y en otras profesiones. Una

de éstas es la proliferación de proveedores de cursos de educación

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 13

continua que movidos por consideraciones de lucro están dispuestos

a ofrecer programas académicamente inadecuados para acomodar al

abogado que no tiene otro interés que cumplir con el requisito

del

Tribunal.

El

eminente

educador

puertorriqueño

y

antiguo

Rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto

Rico, Don Ismael Rodríguez Bou, llamaba “chinchales” educativos a

tales “empresas”. Nuestro parecer entonces era que la educación

continua prevista debía ser conducida sólo por las escuelas de

Derecho

y

el

Colegio

de

Abogados,

para

evitar

este

problema,

aunque conocíamos de algunos pocos bufetes que realizaban buenos

programas.

La otra mala práctica a evitar era la del abogado que se

matriculaba en un programa, pagaba la cuota, quedaba “certificado”

para fines del requisito del Tribunal, pero luego no asistía al

curso en cuestión. Para evitar lo anterior, concluimos que al

final

de

cada

curso

debía

haber

algún

examen

sencillo

que

comprobara al menos que el abogado matriculado estuvo presente en

el curso y se enteró en general de cuáles fueron los asuntos

discutidos.

En el programa aprobado ahora por la mayoría del Tribunal

ninguna

de

las

dos

medidas

restrictivas

que

acordamos

originalmente subsiste. En cuanto al primer asunto de la calidad

académica del proveedor se establece una reglamentación pero la

realidad es que cualquier bufete o entidad privada o pública puede

llegar a ser un proveedor. Y sobre la efectividad del curso, se

dispone unas vagas evaluaciones eventuales del aprovechamiento, y

no se incluye el examen referido.

Reglamento del Programa de

Educación Continua

Página 14

Con arreglo a mi experiencia de más de dos décadas en la

educación jurídica en Puerto Rico y fuera del país, tengo un

enorme escepticismo en cuanto a que las dos prácticas referidas

puedan obviarse realmente en el programa del Tribunal como ha

sido aprobado. En la medida de que dichas prácticas acontezcan,

los propósitos que el programa procura quedarán burlados.

Las dos prácticas referidas son inherentes a los programas

educativos obligatorios. No existen en los programas de educación

continua

abogados

voluntarios,

que

que

quieren

nacen

del

mantenerse

interés

auténtico

al

y

día

de

los

mejorarse

profesionalmente, y que se rigen naturalmente por las expectativas

serias que tienen tales abogados.

Es por todo lo anterior que me veo impedido de apoyar el

programa aprobado por la mayoría del Tribunal.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

JUNTA DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

Abril de 2005

15

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

TABLA DE CONTENIDO

Página

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1 – Base Legal ......................................................................................... 1

Regla 2 – Título ................................................................................................ 1

Regla 3 – Misión ............................................................................................... 2

Regla 4 – Aplicabilidad ...................................................................................... 3

Regla 5 – Definiciones ....................................................................................... 9

CAPÍTULO II – JUNTA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Regla 6 – Miembros: Nombramiento, Facultades y Limitaciones ........................ 12

Regla 7 – Reuniones ....................................................................................... 12

Regla 8 – Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva ............................................. 13

Regla 9 – Funciones del Director(a).................................................................. 13

CAPÍTULO III – ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

Regla 10 – Curso Acreditable: Requisitos ......................................................... 15

Regla 11 – Aprobación de Cursos: Requisitos ................................................... 16

Regla 12 – Cursos Ofrecidos por Entidades Profesionales Privadas: Requisitos ... 19

Regla 13 – Cursos Ofrecidos por Entidades Profesionales Públicas: Requisitos ... 21

Regla 14 – Cómputo de Créditos ...................................................................... 22

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

Página

Regla 15 – Cursos Ofrecidos Mediante el Uso de Mecanismos No Tradicionales

de Enseñanza y Aprendizaje .......................................................... 24

Regla 16 – Requisito de Divulgación Efectiva .................................................... 24

CAPÍTULO IV –PROVEEDORES

Regla 17 – Proveedor Certificado: Requisitos; Procedimiento ........................... 25

Regla 18 – Certificación Provisional de Proveedores .......................................... 28

Regla 19 – Deberes del Proveedor Sobre Aprovechamiento Académico .............. 29

Regla 20 – Recursos........................................................................................ 31

Regla 21 – Actividades No Relacionadas con Educación Jurídica Continua ........... 32

Regla 22 – Deber de Proveer Acomodo Razonable ............................................ 32

Regla 23 – Expedientes de los Cursos .............................................................. 33

CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTOS ANTE LA JUNTA

Regla 24 – Peticiones ...................................................................................... 34

Regla 25 – Evaluación; Determinación ............................................................. 35

Regla 26 – Revisión de las Decisiones del Director(a) ........................................ 35

Regla 27 – Revisión ante el Tribunal Supremo .................................................. 36

CAPÍTULO VI – CUMPLIMIENTO POR PROFESIONALES DEL DERECHO

Regla 28 – Mínimo de Horas Crédito; Informe de Cumplimiento ........................ 37

Regla 29 – Aviso de Incumplimiento................................................................. 37

2

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

Regla 30 – Cumplimiento Tardío ...................................................................... 38

Página

Regla 31 – Incumplimiento; Citación ............................................................... 39

Regla 32 – Vista Informal ante el Director(a) .................................................... 39

CAPÍTULO VII – MECANISMOS ALTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS

DISPOSICIONES

Regla 33 – Participación como Recurso ............................................................ 41

Regla 34 – Publicación de Obras de Contenido Jurídico ..................................... 41

Regla 35 – Estudios de Maestría y Doctorado.................................................... 42

Regla 36 – Participación en Comisiones, Juntas, Comités del Tribunal Supremo

y como Redactor(a) o Corrector(a) de Reválida ................................ 42

Regla 37 – Acreditación Retroactiva ................................................................. 43

Regla 38 – Notificaciones del Director(a) o de la Junta; Modos de Realizarlas .... 44

Regla 39– Situaciones no Previstas .................................................................. 45

Regla 40 – Separabilidad ................................................................................. 46

Regla 41 – Vigencia ........................................................................................ 46

3

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

CAPÍTULO I

REGLA 1.

DISPOSICIONES GENERALES

BASE LEGAL

Este reglamento se promulga en virtud de la facultad conferida a la

Junta de Educación Jurídica Continua en la Regla 8(d)(7) del Reglamento

de Educación Jurídica Continua aprobado por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico el 30 de junio de 1998.

COMENTARIO

La Regla 8(d)(7) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, de junio de

1998, establece que la Junta de Educación Jurídica Continua adoptará las reglas

necesarias para lograr la administración eficiente del programa de educación jurídica

continua.

REGLA 2.

TÍTULO

Este Reglamento se conocerá como Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua.

COMENTARIO

El título de este Reglamento identifica la función delegada a la Junta de

administrar el programa de educación jurídica continua creado por el Tribunal Supremo

para los abogados y las abogadas que ejercen la abogacía y la notaría en Puerto Rico.

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 3.

MISIÓN

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder

inherente para reglamentar la profesión de la abogacía y la notaría en el

país, promulgó el Reglamento de Educación Jurídica Continua del 30 de

junio de 1998 con el fin de establecer un programa de educación jurídica

continua obligatoria que contribuya al mejoramiento académico de toda

persona que ejerce la profesión del Derecho. Creó, además, la Junta de

Educación Continua, organismo al cual le delegó las funciones necesarias

para llevar a cabo este programa y velar por el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el Reglamento.

Una de las funciones básicas de la Junta es certificar que los

profesionales del Derecho cumplan con su deber de tomar aquellos cursos

de educación jurídica aprobados por la Junta, a través de los cuales se

alcancen los objetivos pretendidos. Por consiguiente, la realización de

esta misión requiere contar con un programa de educación jurídica

continua administrado de manera eficiente a fin de facilitar que los

profesionales del Derecho se mantengan al día en la jurisprudencia, en la

legislación, en la doctrina y en las destrezas necesarias para el

desempeño de su profesión dentro de los más altos niveles de calidad y

competencia.

Los mecanismos establecidos en este Reglamento le permiten a la

Junta llevar a cabo su misión y las demás encomiendas delegadas. Sus

reglas pretenden, además, propiciar el cumplimiento del deber ético que

tiene todo profesional del Derecho de mantener un alto grado de

excelencia y competencia en los servicios legales que preste.

COMENTARIO

La regla expresa el propósito del programa de educación jurídica continua

obligatoria establecido por el Tribunal Supremo para los profesionales del Derecho

activos en el ejercicio de su profesión, conforme disponen las Reglas 1 y 2 del

Reglamento de 1998.

2

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

La misión plasmada en esta Regla es cónsona con las funciones que el Tribunal

Supremo delegó a la Junta de desarrollar, administrar y evaluar el programa de

educación jurídica continua conforme dispone la Regla 8 del Reglamento de 1998. Es

cónsona, asimismo, con el Canon 2 de Ética Profesional que impone a todo profesional

del Derecho el deber de alcanzar un alto grado de excelencia y competencia en la

profesión y de brindar representación legal adecuada, metas que ha de lograr mediante

la participación en programas educativos que contribuyan a su mejoramiento

profesional.

REGLA 4.

(A)

APLICABILIDAD

Las disposiciones de este Reglamento aplican a:

(1)

todo profesional del Derecho admitido al ejercicio de la

abogacía y la notaría en Puerto Rico, así como aquellos a los que el

Tribunal Supremo ha suspendido del ejercicio de la profesión legal en

forma temporal o por un período de tiempo específico;

(2)

los proveedores autorizados por la Junta para ofrecer cursos

de educación jurídica continua.

(B)

Todo abogado o abogada que haya sido separado del ejercicio de

la profesión en forma permanente o indefinida por el Tribunal Supremo

que voluntariamente interese cumplir con el Programa de Educación

Jurídica Continua, podrán así hacerlo, en cuyo caso, la Junta vendrá

obligada a informar semestralmente al Tribunal Supremo sobre aquellos o

aquellas que cumplan con las disposiciones de este Reglamento.

(C)

Se excluye de las disposiciones de este Reglamento a:

(1)

los jueces y las juezas del Tribunal General de Justicia de

Puerto Rico, durante el término de sus cargos; y a los ex jueces y juezas

del Tribunal Supremo de Puerto Rico;

3

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(2)

los jueces y las juezas de la Corte Federal para el Distrito de

Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los magistrados y magistradas

federales, durante el término de sus cargos;

(3)

los profesionales del Derecho que cumplan con cualquiera

de las siguientes características:

(a)

se dedican a la enseñanza del Derecho en

universidades reconocidas por el Tribunal Supremo o por la American Bar

Association, mientras desempeñen esa función;

(b)

están inactivos, ya sea por edad o por incapacidad

física o mental, luego que el Tribunal Supremo les aceptó su solicitud de

baja voluntaria del ejercicio de la profesión en Puerto Rico;

(c)

están exonerados del pago de la cuota anual de

colegiación por razón de incapacidad para ejercer la profesión, conforme

al Artículo 10 del Reglamento del Colegio de Abogados, y solicitan a la

Junta que se les exima de cumplimiento;

(d)

solicitan ante la Junta y obtienen exoneración o

diferimiento de la educación jurídica continua, por razones de justa causa,

durante el período de tiempo concedido;

(e)

están separados del ejercicio de la profesión en forma

permanente por el Tribunal Supremo. De ser rehabilitados, corresponderá

al Tribunal decidir la forma y manera de cumplimiento con las

disposiciones de este Reglamento;

(f)

presentan a la Junta una certificación del Colegio de

Abogados de Puerto Rico como colegiado inactivo o colegiada inactiva,

según definido en la Regla 5 (13) de este Reglamento; mientras dure

dicha condición de inactivo o inactiva. De ser reactivados, corresponderá a

la Junta decidir la forma y manera de cumplimiento con las disposiciones

de este Reglamento.

(g)

están prohibidos por mandato de ley de practicar

como tales durante el término que la propia ley lo disponga.

(D)

Los profesionales del Derecho no tienen obligación de cumplir con

el requisito de educación jurídica continua y las disposiciones de este

Reglamento durante los dos (2) años siguientes a la fecha de su admisión

inicial al ejercicio de la abogacía.

4

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

El inciso (A)(1) está basado en la Regla 2 del Reglamento de 1998, que

establece la norma general de que la educación jurídica continua será obligatoria para

todo profesional del Derecho que se mantiene activo luego de haber sido admitido por

el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico. La frase abogado

activo y abogada activa quedó definida en la Regla 3 del Reglamento de 1998 como

toda aquella persona que, además de estar admitida al ejercicio de la profesión, es

miembro del Colegio de Abogados. La Regla 5 de este Reglamento define profesional

del Derecho como el o la profesional que está autorizado por el Tribunal Supremo a

ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico.

El inciso (A)(1) es cónsono, además, con la Regla 10 del Reglamento de 1998

que exige informar en la solicitud de reinstalación al ejercicio de la profesión que el

profesional del Derecho continuó su educación jurídica durante el término de la

suspensión y la manera en que cumplió con este requisito.

Estas disposiciones

advierten a los profesionales del Derecho que la suspensión del ejercicio de la abogacía

o de la notaría en forma temporal no implica un relevo automático de la obligación de

recibir educación jurídica continua. Ello es así porque, distinto a cuando el Tribunal

decreta la separación permanente de la profesión, la suspensión temporal acarrea una

alta probabilidad de que se solicite reinstalación tan pronto transcurra el término fijado,

según sea el caso. Por consiguiente, requerirle al profesional del Derecho que continúe

su educación jurídica durante el período de suspensión y que demuestre la manera

5

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

cómo cumplió con este requisito, sirve al propósito de que su mejoramiento profesional

no se interrumpa a la vez que evita un cumplimiento retroactivo de horas crédito que

podría resultar oneroso. Esta norma pretende, además, estimular al profesional del

Derecho para que, durante ese período, se eduque incluso en los aspectos éticos que

motivaron la suspensión. Por otro lado, la norma es beneficiosa porque establece un

criterio adicional que el Tribunal Supremo podrá tomar en consideración cuando evalúe

la reinstalación solicitada.

El inciso (A)(2) extiende la aplicación de este Reglamento a los proveedores de

los cursos de educación jurídica continua en todo lo concerniente a la implementación

del programa. Serán proveedores las entidades o instituciones que apruebe el Tribunal

Supremo.

El inciso (C) de la regla incluye una lista de profesionales del Derecho que están

excluidos de cumplir con el requisito de educación jurídica continua y las disposiciones

de este Reglamento. La exclusión de los jueces y las juezas del sistema judicial de

Puerto Rico y del sistema federal se fundamenta en que la judicatura tiene unas

necesidades particulares de educación jurídica continua, las cuales deben ser atendidas

con cursos y actividades propias. Conforme la Regla 2 del Reglamento del 1998, “La

judicatura cumplirá con los requisitos mínimos de educación jurídica, conforme lo

determinen las autoridades administrativas de sus respectivos sistemas”.

El inciso (C)(3)(a) se basa en la Regla 7 (b) del Reglamento de 1998, que

reconoce este mecanismo alterno de cumplimiento. Se excluye a los profesionales que

se dedican a la enseñanza del Derecho en universidades reconocidas ya que a éstos la

6

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

cátedra les exige mantenerse continuamente al día en las distintas materias y porque,

además, actúan como recursos en la educación jurídica continua. Este inciso aclara el

texto de la Regla 7(b) al disponer que las universidades son aquellas reconocidas por el

Tribunal Supremo o por la American Bar Association. La presentación de una solicitud

de exoneración relacionada con la enseñanza en otras universidades podrá ser atendida

al amparo del inciso (C)(3)(d) que establece la exoneración por justa causa.

El inciso (C)(3)(c) se basa en la Regla 3(b) del Reglamento de 1998, que define

como abogado(a) inactivo al profesional del Derecho que ha sido eximido por el Colegio

de Abogados del pago de la cuota anual de colegiación por razón de incapacidad para

ejercer la profesión. Se basa además en la Regla 8(d)(4) del referido Reglamento, que

faculta a la Junta para considerar las solicitudes de exención presentadas por los

profesionales del Derecho que están en esa situación.

El inciso (C)(3)(d) recoge la disposición de la Regla 8(d)(3) del Reglamento de

1998, que confiere facultad discrecional a la Junta para eximir de cumplimiento o

permitir un diferimiento de la educación jurídica continua en los casos en que exista

justa causa para ello.

Entre las razones que pudieran ser consideradas “justa causa” para la exclusión

de las disposiciones de este Reglamento está la situación de los abogados y las

abogadas que ejercen en jurisdicciones de Estados Unidos, que tienen establecida junta

o entidad equivalente acreditadora de la educación jurídica continua obligatoria y que

cumplen con su programa.

7

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

El inciso (C)(3)(e) establece la inaplicabilidad del requisito de educación jurídica

continua a los profesionales del Derecho que estén separados por el Tribunal Supremo

del ejercicio de la profesión legal en forma permanente, pues en estos casos es más

remota la probabilidad de que ocurra la reinstalación en un futuro cercano. La segunda

oración de este inciso responde a un planteamiento de la Junta respecto a que un

profesional del Derecho suspendido indefinidamente que sea reinstalado años más

tarde, ciertamente carecerá de unas destrezas para el ejercicio efectivo de su profesión

por el hecho de haberse desvinculado de la misma, poniendo en riesgo el interés

público o el de sus clientes.

La Junta recomienda que en estos casos el Tribunal

Supremo requiera, como condición para la reinstalación, que el profesional del Derecho

se someta a determinado entrenamiento jurídico, que como mínimo debería ser tomar

los cursos de uno o más períodos de cumplimiento.

El inciso (C)(3)(f) excluye a profesionales del derecho que no practican la

profesión pero continúan colegiados, con la salvedad de que si se reactivaran, la Junta

podría exigir el cumplimiento de todos o algunos de los requisitos de educación jurídica

continua bajo condiciones distintas a las establecidas en este Reglamento (por ejemplo,

cumplir con cierta cantidad o con todos los créditos en un periodo de tiempo menor).

El inciso (C)(3)(g) podría ser de aplicación a funcionarios de gobierno o

empleados cuyos puestos estén cobijados por alguna ley que les prohíba practicar su

profesión mientras ocupen dichos cargos.

El inciso (D), que exonera del requisito de educación jurídica continua durante

los primeros dos (2) años siguientes a la fecha de la admisión inicial al ejercicio de la

8

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

profesión, responde a la realidad de que los profesionales del Derecho recién admitidos

tienen conocimientos más claros de las disciplinas de la abogacía y de la notaría por

haber aprobado recientemente la reválida.

REGLA 5.

1.

DEFINICIONES

Acomodo Razonable - Es el ajuste lógico y razonable a los

requisitos establecidos en este Reglamento para la acreditación de

la educación jurídica continua, que atenúe el efecto que pudiera

tener el impedimento en la capacidad del profesional del Derecho

para obtener un aprovechamiento efectivo de los cursos, sin que

dicho ajuste resulte en cualquiera de los siguientes:

(a)

alterar fundamentalmente el objetivo del programa de

educación jurídica continua obligatoria, que es alentar y

contribuir al mejoramiento profesional mediante el

aprovechamiento efectivo de todo curso ofrecido, conforme

dispone el Reglamento de 1998;

(b)

imponer una carga indebida al Tribunal Supremo y a la Junta

en la función administrativa de certificar el cumplimiento del

requisito de educación jurídica continua.

2.

Curso autorizado – Es el curso de educación jurídica continua

aprobado por la Junta porque cumple con todos los requisitos

establecidos en la Regla 11 de este Reglamento.

3.

Curso de Educación Jurídica Continua – Es toda actividad educativa

dirigida a los profesionales del Derecho para llenar sus necesidades

de mejoramiento profesional, y diseñada con el fin de que éstos

adquieran, desarrollen y mantengan los conocimientos y las

destrezas necesarias para el desempeño de la abogacía y la notaría

dentro de los más altos niveles de calidad y competencia.

4.

Director(a) – Persona designada para ejercer la función de Director

Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Junta.

5.

Divulgación efectiva – Se refiere a anunciar el ofrecimiento del

curso a todos los miembros del Colegio de Abogados mediante la

9

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

publicación en un periódico de circulación general en Puerto Rico o

cualquier otro medio de divulgación alterno.

6.

Entidad profesional privada – Se refiere al bufete, sociedad,

corporación profesional, organización o entidad privada cuyos

miembros se dedican principalmente al ejercicio de la profesión

legal.

7.

Entidad profesional pública – Se refiere a cualquier organización o

entidad perteneciente a una agencia, departamento, corporación,

instrumentalidad, entidad u organismo de las tres ramas de

gobierno estatal y federal y los municipios.

8.

Junta – Se refiere a la Junta de Educación Jurídica Continua,

organismo encargado de administrar el cumplimiento del requisito

de educación jurídica continua, según establecido en el Reglamento

de 1998.

9.

Período de cumplimiento – Se refiere al período de dos (2) años

dentro del cual se deberá cumplir con las veinticuatro (24) horas

crédito de educación jurídica continua según dispone la Regla 6 (a)

del Reglamento de 1998 y de conformidad con el mecanismo

escalonado de cumplimiento que autoriza la Regla 28(D) de este

Reglamento.

10.

Profesional del Derecho – Se refiere a toda abogada y todo

abogado autorizado por el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía

en Puerto Rico, excepto las y los admitidos a practicar por cortesía.

11.

Proveedor – Se refiere a la persona natural o jurídica que ofrece

cursos de educación jurídica continua; de conformidad con las

Reglas 11, 17 y 18 de este Reglamento.

12.

Reglamento de 1998 – Se refiere al Reglamento de Educación

Jurídica Continua aprobado el 30 de junio de 1998.

13.

Colegiado inactivo o Colegiada inactiva - Profesional del Derecho

que no practica la profesión pero se mantiene colegiado o

colegiada según lo certifique el Colegio de Abogados de Puerto

Rico.

10

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

Los miembros de la Junta, tras discutir ampliamente el concepto de divulgación

efectiva y sus implicaciones en el contexto de la reglamentación y propósitos del

programa de educación jurídica continua, concluyeron que la publicación de edictos en

un periódico no satisface el requisito de la Regla 16 para que un curso sea acreditable.

Las abogadas y abogados admitidos a postular por cortesía en los tribunales de

Puerto Rico en casos especiales, según lo permite la Regla 12(e) del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, están excluidos de la aplicación de este

Reglamento.

11

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO II

REGLA 6.

JUNTA DE EDUCACIÓN CONTINUA

MIEMBROS: NOMBRAMIENTO, FACULTADES Y LIMITACIONES

(A)

Los miembros de la Junta serán nombrados conforme dispone la

Regla 8 del Reglamento de 1998.

(B)

El Presidente o la Presidenta de la Junta tendrá facultad para

designar de entre sus miembros un Presidente Interino que le

sustituya en cualquier momento durante su ausencia.

(C)

Durante el período de su incumbencia ningún miembro de la Junta

podrá ser proveedor ni tener interés pecuniario o participación en

los negocios de las entidades proveedoras de educación jurídica

continua. Tampoco podrá participar como recurso en las

actividades desarrolladas por los proveedores al amparo del

programa de educación jurídica continua.

REGLA 7.

REUNIONES

(A)

El Presidente o la Presidenta convocará las reuniones de la Junta.

Podrá delegar esta facultad al Director(a) Ejecutivo(a) de la Junta.

(B)

Constituirá quórum la presencia de cuatro (4) miembros. Todas las

decisiones se aprobarán por la mayoría de los presentes.

(C)

Se podrá consultar a los miembros ausentes los asuntos que

requieran atención inmediata, ya sea por teléfono, facsímil o correo

electrónico.

(D)

Las reuniones serán grabadas cuando la Junta así lo determine.

Sus deliberaciones serán de naturaleza confidencial.

(E)

Para cada reunión se preparará la minuta correspondiente, la cual

deberá incluir un resumen de los asuntos discutidos y todos los

acuerdos a que llegue la Junta.

(F)

Los miembros asistirán a las reuniones y, de tener inconvenientes

que impidan su presencia, deberán notificarlo.

(G)

Los miembros revisarán las minutas y presentarán cualquier

objeción por escrito, teléfono, facsímil o correo electrónico antes de

12

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

la reunión, o personalmente durante la misma. De no presentar

objeción, se considerará aprobada la minuta para todos los efectos,

sin necesidad de traer el asunto nuevamente ante la consideración

de la Junta.

REGLA 8.

DIRECTOR EJECUTIVO O DIRECTORA EJECUTIVA

La dirección administrativa de la Junta estará a cargo de un

Director(a) que nombrará el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal

Supremo.

REGLA 9.

FUNCIONES DEL DIRECTOR(A)

El Director(a) es el funcionario administrativo de la Junta que

implementará este Reglamento y que tendrá las funciones necesarias para

ello, entre otras, ejercerá las siguientes:

(1)

certificar proveedores;

(2)

aprobar cursos de educación jurídica continua;

(3)

custodiar y mantener bajo control todos los documentos,

registros, expedientes y equipo;

(4)

expedir certificaciones a tenor con este Reglamento;

(5)

dirigir, coordinar y supervisar el personal administrativo de la

Junta;

(6)

preparar las minutas de las sesiones de la Junta;

(7)

evaluar situaciones de incumplimiento con los términos y

requisitos de este Reglamento y recomendar la acción

correspondiente;

(8)

someter recomendaciones sobre cualquier otro asunto

relacionado con el descargo de sus funciones y la

administración eficiente de este Reglamento;

(9)

administrar el fondo de becas que establezca la Junta.

13

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

Como resultado de las discusiones respecto a los costos de los cursos y las

maneras en que se puede facilitar el acceso a la educación jurídica continua a aquellos

profesionales del Derecho que demuestren necesidad económica, la Junta determinó

que en su momento establecerá un fondo de becas con ingresos provenientes del pago

de las cuotas que dispone este Reglamento. El

inciso (9) de esta regla faculta al

Director(a) a administrar dicho fondo, el cual se irá generando en la medida en que lo

permita el presupuesto operacional de la Junta.

14

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO III

REGLA 10.

ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA

CURSO ACREDITABLE: REQUISITOS

Para propósitos de acreditación, todo curso de educación jurídica

continua cumplirá con los siguientes requisitos:

(1)

tener un alto contenido intelectual y práctico, relacionado

con el ejercicio de la abogacía, la notaría o con los deberes y

obligaciones éticas de los profesionales del Derecho;

(2)

contribuir directamente al desarrollo de la competencia y

destrezas profesionales para el ejercicio de la abogacía, o la

notaría;

(3)

incluir materiales educativos que le serán entregados a cada

participante, ya sea en forma impresa o electrónica;

(4)

reflejar en sus contenidos que los recursos le han dedicado

el tiempo necesario y que, en efecto, han de ser de utilidad

para el mejoramiento del ejercicio de la profesión;

(5)

ser ofrecidos en lugar y ambiente propicios, con el equipo

electrónico o técnico que sea necesario, el espacio suficiente

para la matrícula y que contribuya a lograr una experiencia

educativa enriquecedora a los participantes;

(6)

brindar la oportunidad de hacer preguntas directamente a

los recursos o a las personas cualificadas para contestar, ya

sea personalmente, por escrito o a través de los medios

electrónicos o tecnología utilizada.

15

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 11. APROBACIÓN DE CURSOS: REQUISITOS

(A)

A solicitud de un proveedor

(1)

La solicitud para la aprobación de un curso será

presentada en el formulario provisto por la Junta, sesenta

(60) días antes de la fecha de ofrecimiento del curso,

excepto que por justa causa la Junta acorte dicho término.

(2)

Con la solicitud se incluirá la información y los anejos para

acreditar lo siguiente:

(a)

título y descripción general del curso;

(b)

lugar, fecha y hora;

(c)

tiempo de duración, horas contacto;

(d)

tiempo atribuible a aspectos éticos o de notaría, si

aplica;

(e)

bosquejo del contenido;

(f)

nombres de los recursos y sus calificaciones

profesionales;

(g)

copia de los materiales a distribuirle o mostrarle a

los profesionales del Derecho participantes;

(h)

precio del curso.

(3)

De la solicitud y los anejos presentados deberá surgir que

el curso cumple con los requisitos de la Regla 10 y de

aplicar, los de las Reglas 12, 13 y 15.

(4)

La decisión del Director(a) será notificada al proveedor

solicitante no más tarde de los quince (15) días siguientes

de presentada la solicitud.

(5)

Dentro de los treinta (30) días siguientes al ofrecimiento

del curso, el proveedor presentará ante la Junta lo

siguiente:

16

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(B)

(a)

una lista con los nombres de los profesionales del

Derecho que tomaron el curso;

(b)

una certificación de que el curso estuvo disponible

al público y que se administró según informado en

la solicitud o, de haber ocurrido alguna variación, la

descripción de ésta con la explicación de cómo la

variación no debería afectar la aprobación que se le

había impartido al curso;

(c)

en el formulario provisto por la Junta, un informe

breve sobre la evaluación del curso por los

profesionales del Derecho que lo tomaron;

(d)

una cuota de $3.00 por cada hora crédito tomada

por cada profesional del Derecho.

A solicitud de profesional del Derecho

(1)

Un profesional del Derecho podrá presentar una solicitud

para la aprobación o acreditación de un curso,

independientemente de si el mismo lo ofrece o lo ofreció

un Proveedor Certificado o cualquier otro proveedor.

(2)

La solicitud será presentada en el formulario provisto por la

Junta, que incluirá la siguiente información:

(3)

(a)

descripción general del curso y cualquier material

que el proveedor tenga disponible que explique el

contenido, el nombre del recurso, lugar, día y hora,

número de horas contacto, pago por concepto de

matrícula y tiempo atribuible a notaría o ética, si

aplica;

(b)

cualquier dato sobre el proveedor que sea de

utilidad para que la Junta pueda evaluar el historial

del proveedor y determinar si procede acoger la

solicitud.

De la solicitud y sus anejos deberá surgir que el curso

cumple con los requisitos de la Regla 10 de este

Reglamento.

17

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(4)

La solicitud no podrá ser presentada si han transcurrido

más de seis meses desde la fecha del curso, con excepción

de lo dispuesto en la Regla 37 sobre acreditación

retroactiva.

(5)

Se incluirá una cuota equivalente al cinco por ciento (5%)

de la cantidad pagada por tomar el curso o $15.00 por

hora crédito, lo que sea menor.

COMENTARIO

En las evaluaciones de las solicitudes para ofrecer cursos, el Director(a) dará

especial seguimiento al aspecto del precio por el ofrecimiento del curso, en el inciso

(A)(2)(h), en cuanto a su razonabilidad para facilitar el acceso de todos los

profesionales del Derecho al mejoramiento profesional que persigue este Reglamento.

El inciso (B)(1) de esta Regla permite al profesional del Derecho a solicitar la

aprobación o acreditación de un curso que haya tomado en otras jurisdicciones.

18

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 12. CURSOS

OFRECIDOS

POR

ENTIDADES

PROFESIONALES

PRIVADAS CON O SIN FINES DE LUCRO: REQUISITOS

(A)

Las entidades profesionales privadas con o sin fines de lucro con

interés en ofrecer un curso para que se le acredite como

educación jurídica a sus miembros cumplirán con lo siguiente:

(1)

presentar su solicitud conforme a la Regla 11;

(2)

incluir con la solicitud la información y los documentos

necesarios para demostrar que el curso cumple con los

requisitos de la Regla 10;

(3)

acreditar que el curso será ofrecido a un costo razonable,

determinado a base de la cantidad que regularmente se

cobra por un curso similar en el mercado de Puerto Rico.

(4)

separar, al menos, el veinticinco porciento (25%) de los

espacios para que cualquier profesional del Derecho con

interés pueda tomarlo como educación jurídica continua;

(5)

cumplir, con el requisito de divulgación efectiva dispuesto

en la Regla 16, a más tardar noventa (90) días antes de la

fecha de ofrecimiento del curso;

(6)

esperar, por lo menos, hasta cuarenta y cinco (45) días

antes de la fecha de ofrecimiento del curso para comenzar

a admitir solicitantes del público (aquellos que no están

asociados con la entidad profesional privada); si, al

momento de comenzar a admitir dichos solicitantes,

hubiera más solicitudes del público que espacios

disponibles, los participantes se escogerán al azar; si algún

solicitante del público, luego de ser escogido, cancela o no

remite el pago oportunamente, se deberá escoger

inmediatamente a un sustituto, al azar, de entre los que

hayan solicitado del público pero no hayan sido

previamente escogidos;

(7)

a más tardar veinte (20) días luego del día en que se

ofreció el curso:

19

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(B)

(a)

acreditar que se cumplió con el requisito de

divulgación efectiva dispuesto en el inciso (A)(5) de

esta Regla;

(b)

informar: (i) el número total de espacios que estuvo

disponible y número de espacios que estuvo

disponible a personas no asociadas a la entidad

profesional privada (“público”), (ii) los nombres de

las personas no asociadas a la entidad profesional

privada (“público”) que solicitaron y la fecha en que

se recibió cada solicitud, independientemente de si

fueron admitidas o de si la solicitud fue oportuna,

(iii) el número de personas que fueron admitidas,

(iv) los nombres de las personas admitidas que no

están asociadas a la entidad profesional privada

(“público”), junto a su fecha de admisión, y los

nombres de las demás personas admitidas, (v) el

número de personas que asistió, (vi) los nombres de

las personas que asistieron y que no están

asociadas a la entidad profesional privada

(“público”), y los nombres de las demás personas

que asistieron;

(c)

cumplir con el requisito dispuesto en la Regla

11(A)(5).

Todo curso aprobado de conformidad con el inciso (A) de esta

regla será acreditado hasta una tercera parte (1/3) del total de

horas requeridas en cada período de cumplimiento.

COMENTARIO

El inciso (A) de esta regla permite acreditar aquellos cursos que los bufetes,

sociedades, corporaciones profesionales o entidades privadas organizan para sus

miembros, siempre y cuando su propósito sea afín con el programa de educación

jurídica continua obligatoria. Los incisos (A)(4), (5), (6) y (7) se fundamentan en que

los bufetes y otras entidades profesionales privadas ofrecen cursos que podrían

contribuir al desarrollo de los profesionales del Derecho que no son miembros de éstas.

20

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

La Junta tomó en consideración los requisitos establecidos en otras jurisdicciones para

la acreditación de estos cursos.

REGLA 13. CURSOS

OFRECIDOS

PÚBLICAS: REQUISITOS

POR

ENTIDADES

PROFESIONALES

Las entidades profesionales públicas con interés en ofrecer un

curso para que se le acredite como educación jurídica continua a sus

empleados(as) que sean profesionales del Derecho cumplirán con lo

siguiente:

(1)

presentar una solicitud en el formulario provisto por la

Junta sesenta (60) días antes del ofrecimiento del curso;

(2)

incluir la información y los documentos necesarios para

acreditar que el curso cumple con los requisitos de la Regla

10.

COMENTARIO

La Regla permite la acreditación de cursos organizados por las entidades públicas

con el fin de facilitar la educación jurídica continua a un costo razonable para los

profesionales del Derecho en el servicio público. Estos cursos, una vez aprobados por

la Junta, serán acreditados en un cien por ciento (100%). Como surge de la Regla

9(9), y su comentario, el fondo de becas, que en su momento creará la Junta servirá

para ofrecer un mayor acceso a la educación jurídica continua a aquellos profesionales

del Derecho con necesidad económica, y a los profesionales en el servicio público que

demuestren tenerla.

REGLA 14. CÓMPUTO DE CRÉDITOS

Las veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica continua

se calcularán de la siguiente manera:

21

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(1)

una hora crédito consistirá de sesenta (60) minutos de

participación en actividades propias de educación legal;

(2)

el tiempo a acreditar por cursos ofrecidos únicamente a

través de mecanismos no tradicionales de enseñanza y

aprendizaje no excederá de una tercera parte (1/3) del

total de horas crédito requeridas; en su acreditación la

Junta evaluará la naturaleza del curso, el tiempo que

normalmente se requiere para completarlo y el informe

que rinda el proveedor respecto al desempeño de quienes

tomaron el curso;

(3)

las horas crédito tomadas en exceso del total requerido

podrán ser acreditadas al próximo período de cumplimiento

siempre y cuando no excedan de veinticuatro (24).

COMENTARIO

La Regla 6 del Reglamento de 1998 exige veinticuatro (24) horas crédito de

educación jurídica continua en un período de dos (2) años. La Regla 3(e) de dicho

Reglamento define el término horas crédito como aquellas horas dedicadas a la

asistencia a un curso o seminario ofrecido por un proveedor reconocido y que una hora

crédito se computará a base de sesenta (60) minutos.

El inciso (1) de esta regla amplía esa disposición para aclarar que los sesenta

(60) minutos se refieren a participación en actividades propias de educación legal, la

cual obviamente excluirá el tiempo dedicado a otras actividades que no son educación

jurídica continua.

Otras jurisdicciones disponen normas específicas al respecto, por

ejemplo, Regla 104(d) (Colorado); Regla 2 (Vermont); Regla 3(c) (Arkansas); Regla

3.5 (Alabama); y Sección 5(a)(2) (Pennsylvania).

22

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

La Sección 9 de las Reglas Modelo de Educación Jurídica Continua de la

American Bar Association reconoce que se pueden acreditar cursos que tome el

profesional del Derecho a través de mecanismos no tradicionales de enseñanza y

aprendizaje, fuera del ambiente del salón de clases, siempre y cuando se cumpla con

ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es establecer una cantidad máxima de horas

que se podrán acreditar en la educación jurídica continua que es completada de esta

manera. La American Bar Association recomienda que ese número de horas no exceda

de una tercera parte (1/3) del total de horas crédito, y que se cumpla con otros

requisitos, los cuales se incluyen en el inciso (2) de esta Regla.

El inciso (3) se refiere a un aspecto del cómputo de las horas crédito que

dispone el inciso (a) de la Regla 6 (a) del Reglamento de 1998.

23

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 15. CURSOS OFRECIDOS MEDIANTE EL USO DE MECANISMOS NO

TRADICIONALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

(A)

Se podrá acreditar cursos en que se utilicen mecanismos no

tradicionales de enseñanza y aprendizaje, ya sea por

correspondencia, computadora, vídeo, grabación u otros medios,

sujeto a las limitaciones y requisitos establecidos en la Regla 14(2)

de este Reglamento.

(B)

La solicitud para la aprobación de estos cursos cumplirá con los

requisitos de la Regla 11(A)(1), (2), (3) Y (5). El proveedor

explicará cómo el curso cumple con los requisitos de la Regla 10,

los fines del programa de educación jurídica continua obligatoria y

este Reglamento.

(C)

La Junta evaluará caso a caso estas solicitudes y discrecionalmente

podrá aprobarlas. Todo proveedor certificado deberá someter

estos cursos para aprobación previa de la Junta.

COMENTARIO

La preaprobación de cursos bajo las Reglas 17(c) y 18(c) no incluye a estos

cursos.

REGLA 16.

REQUISITO DE DIVULGACIÓN EFECTIVA

(A)

Todo proveedor que solicite la aprobación de un curso para

acreditación, podrá publicar sus ofrecimientos en cualesquiera

mecanismos a través de los cuales se realice una divulgación

efectiva dirigida a los profesionales del Derecho que pudieran

tener interés en tomar los cursos. Una vez aprobado el curso,

será deber del proveedor anunciarlo de conformidad con la

definición de la Regla 5(5).

(B)

La Junta divulgará mediante el Portal de la Rama Judicial en la

red los cursos aprobados, a base de la información que conste en

sus expedientes administrativos, la cual se mantendrá

actualizada.

24

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO IV

PROVEEDORES

REGLA 17. PROVEEDOR CERTIFICADO: REQUISITOS; PROCEDIMIENTO

(A)

Requisitos

Una persona natural o jurídica interesada en que se le extienda

licencia de Proveedor Certificado cumplirá con los siguientes

requisitos:

(B)

(1)

haber ofrecido, durante los cuatro (4) años contados a

partir de la fecha de aprobación de este Reglamento,

cursos de educación jurídica continua que cumplieron con

los requisitos para su acreditación;

(2)

demostrar que la misión de su programa de educación

jurídica es el mejoramiento de los profesionales del

Derecho a través de la educación jurídica;

(3)

demostrar que posee la solvencia económica necesaria

para mantener un programa de educación jurídica continua

de la más alta calidad;

(4)

demostrar

que

sus

actividades

están

dirigidas

primordialmente a los profesionales del Derecho;

(5)

comprometerse a cumplir con la misión y los propósitos del

Programa de Educación Jurídica Continua obligatoria.

Procedimiento

La persona natural o jurídica interesada en que se le licencie

como Proveedor Certificado presentará una solicitud en el

formulario provisto por la Junta, con la siguiente información:

(1)

nombre del proveedor, dirección, teléfono, fax, correo

electrónico;

(2)

nombre y título de la persona contacto;

(3)

descripción de cada actividad o curso de educación jurídica

continua ofrecido durante los últimos cuatro (4) años

anteriores a la solicitud, con la siguiente información:

25

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

título del curso y su descripción;

fecha y lugar de celebración;

costo de registro o matrícula;

prontuario o contenido del curso;

nombres de los recursos y calificaciones

profesionales;

descripción de los materiales distribuidos a los

participantes;

horas acreditadas;

distribución de horas por categoría o asunto (ej:

aspectos sustantivos, aspectos de la práctica de la

profesión, ejercicios, preguntas);

audiencia a la cual fue dirigida el curso;

indicar si el curso fue anunciado como abierto al

público, o si fue ofrecido exclusivamente a un grupo

en particular;

método para evaluar el curso (ejs: evaluación por

los y las participantes, evaluador independiente)

formato de presentación (ejs: salón de clases,

vídeo, circuito cerrado, transmisión simultánea,

estudio individual, computadora);

mecanismos para constatar el aprovecha-miento

académico del curso;

(4)

anejos y documentos que acreditan la información

requerida en el inciso B (3);

(5)

descripción de su experiencia en el campo jurídico, de sus

facilidades físicas y de la preparación de las personas a

cargo de la organización, enseñanza y supervisión de su

programa;

(6)

jurisdicciones en las que se le ha extendido licencia como

Proveedor Certificado, si alguna;

incluir, cuando se trate de una corporación, el Certificado

de Cumplimiento (“Good Standing”) expedido por el

Departamento de Estado, copia del certificado de

incorporación, de los estatutos corporativos y del último

informe anual;

(7)

(8)

copia del último estado financiero auditado;

26

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(9)

certificación de que ha rendido planillas de contribución

sobre ingresos durante los últimos cinco (5) años;

(10)

declaración de que se compromete a cumplir con la misión

del programa de educación jurídica continua y con todos

los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo en este

Reglamento y disposiciones relacionadas.

(C)

Extendida la licencia de Proveedor Certificado, los cursos que

ofrezca el proveedor se considerarán pre-aprobados una vez los

informe a la Junta de conformidad con los requisitos de la Regla

11(A)(1),(2),(3) y (5). La Junta, en el ejercicio de su facultad,

podrá denegar la aprobación de cualquier curso que no cumpla

con los requisitos de este Reglamento, en cuyo caso lo notificará

al proveedor con suficiente antelación. Los casos de

incumplimiento podrán conllevar la revocación de la licencia

extendida.

(D)

La licencia de Proveedor Certificado tendrá una vigencia de dos

(2) años y el proveedor, si interesa continuar, deberá solicitar su

renovación para cada período subsiguiente.

COMENTARIO

El curso es el objeto principal de la reglamentación del programa de educación

jurídica continua obligatoria.

La figura del proveedor queda enmarcada en este

principio general al reglamentarse en el contexto de la certificación para ofrecer cursos,

pues de esa manera se facilita la función evaluadora de la enorme cantidad de cursos

que se generarán en cada período de cumplimiento.

La reglamentación hace una

distinción de carácter provisional en la Regla 18 basada en razones de necesidad, que

permite comenzar el programa con un grupo de proveedores de reconocida experiencia

en la educación jurídica, pero que se mantiene igualmente enfocada en la facultad de la

Junta para supervisar los cursos ofrecidos por éstos. Este enfoque de aprobación curso

a curso permite, además, contar con un mecanismo flexible para certificar sobre la

27

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

marcha a aquellos proveedores que cumplen con los parámetros y normas del

programa.

REGLA 18. CERTIFICACIÓN PROVISIONAL DE PROVEEDORES

(A)

De así solicitarlo, la Junta extenderá una Certificación Provisional

de Proveedores por un período de cuatro (4) años, a los

programas de educación jurídica continua de las Escuelas de

Derecho reconocidas por el Tribunal Supremo y acreditadas por la

American Bar Association, la Facultad de Derecho Eugenio María

de Hostos y el Colegio de Abogados de Puerto Rico.

(B)

Las organizaciones e instituciones antes indicadas presentarán la

solicitud con la información que requiere la Regla 17(B) de este

Reglamento.

(C)

Una vez se les extienda la Certificación Provisional de

Proveedores, los cursos que ofrezcan estas organizaciones e

instituciones, se considerarán pre-aprobados siempre y cuando

sean informados a la Junta de conformidad con los requisitos de

la Regla 11(A)(1),(2),(3) y (5). La Junta, en el ejercicio de su

facultad, podrá denegar la aprobación de cualquier curso que no

cumpla con los requisitos de este Reglamento, en cuyo caso lo

notificará al proveedor con suficiente antelación. Los casos de

incumplimiento podrán conllevar la revocación de la licencia

extendida.

(D)

Transcurrido el período provisional de cuatro (4) años, estas

organizaciones e instituciones quedarán en igual situación que los

demás proveedores y podrán solicitar licencia de Proveedor

Certificado de conformidad con la Regla 17.

COMENTARIO

El mecanismo de esta Regla se adopta de manera provisional con el propósito de

facilitar la administración del programa de educación jurídica continua obligatoria en su

etapa inicial y permitirle a la Junta adquirir sobre la marcha mayor experiencia en la

administración del programa. El resultado de esta experiencia permitirá a la Junta más

28

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

adelante decidir si, en efecto, este mecanismo debe adoptarse de manera definitiva,

modificarse o eliminarse.

REGLA 19. DEBERES

DEL

ACADÉMICO

PROVEEDOR

SOBRE

APROVECHAMIENTO

(A)

Todo proveedor realizará evaluaciones continuas y sistemáticas

en cuanto a logros de objetivos educativos, diseño de programas,

métodos pedagógicos, contenido de materiales, calidad de los

recursos, entre otros.

(B)

A solicitud de la Junta, el proveedor rendirá informes sobre cómo

los mecanismos utilizados logran el aprovechamiento académico

de sus cursos, los objetivos del programa, la continua presencia y

la participación real y efectiva de los asistentes.

(C)

La Junta podrá verificar la eficacia de estos mecanismos a través

de procedimientos que con ese propósito establezca. Todo

proveedor conservará los documentos y expedientes relacionados

con el cumplimiento de esta regla, para su eventual inspección

por la Junta, por un término de cinco (5) años.

29

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

La motivación es un elemento esencial para obtener un aprovechamiento

académico efectivo en la educación jurídica. La Regla 6(b) del Reglamento de 1998

plasmó ese importante elemento al requerir que se desarrollen medidas para estimular

y comprobar el aprovechamiento efectivo de todo curso ofrecido.

En este sentido, para alcanzar los objetivos del programa de educación jurídica

continua obligatoria y ante el interés de lograr cumplimiento específico y no pro-forma,

es primordial que se adopten mecanismos adecuados y necesarios para asegurar el

aprovechamiento académico, sin el cual no es posible mantener un control de calidad

en los ofrecimientos y asegurar que cada curso cumple el propósito educativo para el

cual fue diseñado. La exigencia de dichos mecanismos no implica necesariamente que

se requerirá administrar exámenes a los participantes.

Este asunto del aprovechamiento académico fue discutido y analizado desde

distintas perspectivas por los miembros de la Junta. Se trata de un asunto complejo

cuyas implicaciones requiere ponderar múltiples elementos. Como resultado de esas

discusiones, la Junta recomienda conceder un tiempo a los proveedores para que

establezcan estándares y mecanismos dirigidos a medir el aprovechamiento académico

de sus cursos. A este fin podrán beneficiarse de la experiencia de los proveedores de

otras jurisdicciones y de guías como las del estudio MCLE: A Coordinated Approach,

Report and Recommendations, The Association for Continuing Legal Education,

American Law Institute, American Bar Association Committee on Continuing

Professional Education, 1997.

30

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

Si luego de realizar el cotejo de esos mecanismos por un tiempo razonable se

determina que no se están logrando las metas académicas que se visualizaron, la Junta

podría proponerle al Tribunal Supremo las recomendaciones que entienda necesarias,

como por ejemplo, considerar la posibilidad de que la designación de Proveedor

Certificado sea por un período más corto de tiempo.

REGLA 20. RECURSOS

(A)

Todo proveedor establecerá los mecanismos necesarios que

garanticen que las profesoras y los profesores que participen

como recursos en la educación jurídica continua poseen las

calificaciones, la competencia profesional y las destrezas

pedagógicas que permitan una enseñanza provechosa de los

cursos.

(B)

El Director(a), al momento de la aprobación de cursos, verificará

si el proveedor cumple con esta regla.

COMENTARIO

La regla establece la responsabilidad de todo proveedor de desarrollar

mecanismos que le permitan contar con los mejores profesionales del Derecho que

actúen como recursos para ofrecer la educación jurídica continua. La certificación de

proveedor que le concede el Tribunal le impone el deber de asegurarse de que cada

curso ofrecido para fines de acreditación estimula y contribuye al mejoramiento

profesional de los profesionales del Derecho participantes.

REGLA 21. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EDUCACIÓN JURÍDICA

CONTINUA

Si el proveedor combina un curso con otras actividades que no

son objeto de acreditación por la Junta, expresará en los documentos

31

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

que rinda, el tiempo exacto dedicado a la educación jurídica continua y

el tiempo dedicado a la otra actividad.

REGLA 22. DEBER DE PROVEER ACOMODO RAZONABLE

Todo proveedor ofrecerá acomodo razonable al profesional del

Derecho que lo solicite por razón de algún impedimento, para que pueda

cumplir con el requisito de educación jurídica continua obligatoria.

COMENTARIO

La Regla se refiere al deber del proveedor de ofrecer acomodo razonable de

conformidad con las leyes que imponen esta obligación a las entidades que brindan un

servicio al público. Se basa en la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos,

núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 L.P.R.A. 501 y sigs., la American

with Disabilities Act (ADA), Pub. L. 101-336, julio 26, 1990, 42 U.S.C.A. 1201 y sigs. y la

sección 9 de las Reglas Modelo de Educación Jurídica Continua promulgadas por la

American Bar Association. El impedimento ha de ser uno de los que están cubiertos por

la ley ADA.

32

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 23. EXPEDIENTES DE LOS CURSOS

(A)

Todo proveedor conservará por un término de cinco (5) años los

expedientes sobre los cursos que haya ofrecido para propósitos

de acreditación y los mantendrá a la disposición de la Junta para

inspección cuando ésta se lo requiera.

(B)

Los expedientes incluirán la información esencial para la

acreditación de la educación jurídica continua:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

identificación de los cursos;

recursos que participaron;

listas de asistencia con las firmas de quienes tomaron los

cursos;

evaluaciones de los cursos por parte de los profesionales

del Derecho que los tomaron;

certificaciones de participación expedidas y certificaciones

relacionadas;

utilización de mecanismos tecnológicos o de otra índole

para la enseñanza en forma individual o a distancia;

informes sobre aprovechamiento académico de los cursos

y;

cualquier otra información pertinente.

33

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS ANTE LA JUNTA

REGLA 24. PETICIONES

(A)

(C)

Cualquier persona interesada en una determinación de la Junta

podrá presentar por escrito cualquiera de las siguientes

solicitudes:

(1)

licencia de proveedor certificado al amparo de la Regla 17;

(2)

certificación provisional de proveedor al amparo de la

Regla 18;

(3)

acreditación de cursos conforme a la Regla 11(B);

(4)

exoneración bajo la Regla 4(C)(3)(c) y (d);

(5)

diferimiento bajo la Regla 4(C)(3)(d);

(6)

cualquier otra petición que pudiera surgir de la aplicación

de este Reglamento.

Requisitos:

(1)

La solicitud será presentada en el formulario provisto por la

Junta, describirá en forma detallada y precisa el propósito

e incluirá los documentos pertinentes que apoyan la

misma.

En ausencia de un formulario, la persona

interesada determinará la forma de hacerlo, siempre que

conste por escrito.

(2)

La solicitud para la designación como Proveedor Certificado

incluirá la información requerida en la Regla 17.

(3)

La solicitud para la acreditación de cursos incluirá la

información requerida en la Regla 11(B).

34

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 25. EVALUACIÓN; DETERMINACIÓN

(A)

El(la) Director(a) evaluará las solicitudes que hayan sido

debidamente presentadas.

(B)

Toda solicitud que no cumpla con los requisitos de este

Reglamento o que esté incompleta podrá ser denegada por el(la)

Director(a).

(D)

En la evaluación de la solicitud, el(la) Director(a) podrá

requerirle información adicional al solicitante.

(D)

El(la) Director(a) podrá conceder la solicitud en todo o en parte o

denegarla. En ambos casos, deberá notificar su decisión al

solicitante.

REGLA 26. REVISIÓN DE LAS DECISIONES DEL DIRECTOR(A)

(A)

Reconsideración:

La persona que no esté conforme con la decisión, podrá solicitar

del Director(a) la reconsideración, con tal que lo haga dentro de

los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión.

Expresará las razones en que se fundamenta y podrá solicitar la

celebración de una vista informal, que será concedida a discreción

del Director(a). Éste resolverá la reconsideración dentro de los

diez (10) días siguientes a su presentación.

(B)

Apelación ante la Junta:

La persona que no esté conforme con la determinación en

reconsideración del Director(a) podrá presentar ante la Junta un

recurso de apelación con tal que lo haga dentro de los diez (10)

días siguientes a la fecha de notificación de la decisión.

(C)

Los anteriores términos son de cumplimiento estricto,

prorrogables por justa causa que se expondrá en la petición.

REGLA 27. REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Las decisiones de la Junta serán finales. Podrán ser revisadas por

el Tribunal Supremo mediante una solicitud de certiorari presentada

35

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión de

la Junta. Dicho término es de cumplimiento estricto.

36

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO VI

CUMPLIMIENTO POR PROFESIONALES DEL DERECHO

REGLA 28. MÍNIMO DE HORAS CRÉDITO; INFORME DE CUMPLIMIENTO

(A)

Todo profesional del Derecho cumplirá con los requisitos mínimos

de horas crédito que se disponen en la Regla 6 del Reglamento

de 1998. Presentará ante la Junta, en el formulario provisto para

ello, un informe de cumplimiento tan pronto haya completado las

veinticuatro (24) horas crédito correspondientes al período, pero

nunca más tarde de los treinta (30) días siguientes a la

terminación del período de cumplimiento. Este informe podrá ser

presentado mediante entrega personal, correo, facsímil o

cualquier medio electrónico.

(B)

Todo profesional del Derecho que en virtud de la Regla 4(C) está

excluido de cumplir con la educación jurídica continua, rendirá el

informe de cumplimiento en cada período indicando la exclusión

bajo la cual no está obligado a tomar los cursos requeridos. El

profesional del Derecho que haya solicitado ante la Junta y

obtenido una exención de cumplimiento, rendirá también dicho

informe, en el que explicará la exención que le fue concedida.

(C)

El profesional del Derecho indicará en el informe de cumplimiento

cualquier cambio en su dirección física y postal.

(D)

La Junta establecerá un mecanismo escalonado

cumplimiento con esta Regla en fechas distintas.

para

el

REGLA 29. AVISO DE INCUMPLIMIENTO

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de cada

período de cumplimiento, la Junta notificará un Aviso de Incumplimiento

a todo profesional del Derecho que no haya rendido el informe requerido

por la Regla 28.

37

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

La regla reitera lo dispuesto en la Regla 9(a) del Reglamento de 1998, que

requiere la notificación de un Aviso de Incumplimiento a los profesionales del Derecho

que no hayan informado las horas crédito de los cursos de educación jurídica continua

tomados en el periodo de cumplimiento.

REGLA 30. CUMPLIMIENTO TARDÍO

Todo profesional del Derecho que incumpla su obligación de

presentar el informe requerido por la Regla 28, podrá presentar el

informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del

Aviso de Incumplimiento. En el mismo explicará las razones que

justifican el cumplimiento tardío e incluirá la cuota de $50.00 mediante

cheque o giro postal.

COMENTARIO

La Regla 9 (b) del Reglamento de 1998, concede un término de treinta (30) días

contados a partir del Aviso de Incumplimiento para informar a la Junta las razones por

las cuales el informe no fue presentado a tiempo.

En virtud de la facultad conferida a la Junta de adoptar las reglas necesarias para

la administración eficiente de este Reglamento, se dispone que el cumplimiento tardío

conllevará automáticamente el pago de una cuota de $50.00 pagadera mediante

cheque o giro postal para atender los gastos operacionales de la Junta en el descargo

de sus funciones. En la mayoría de las jurisdicciones consultadas, se provee para el

pago de cuotas por la presentación tardía del informe de cumplimiento. Véanse Regla

6-A - $50 (Alabama);

sección 5.01 - $75 (Arkansas);

38

Regulation 111(a) - $50

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(Colorado);

Regla 6(c) - $150 (Louisiana);

Regla 9C - $50 (Minnesota);

sección

.1608(b) - $75 (North Carolina); sección 18 - $100 (Pennsylvania).

REGLA 31. INCUMPLIMIENTO; CITACIÓN

(A)

Transcurrido el término sin que se haya presentado el informe de

cumplimiento, el(la) Director(a) citará por escrito al profesional

del Derecho a una vista informal.

(B)

La citación incluirá lo siguiente: el propósito de la vista, la fecha y

lugar de la misma, y el período incumplido.

COMENTARIO

La regla se basa en los incisos (d)(2) y 9 (c) de la Regla 8 del Reglamento de

1998, que confieren a la Junta la facultad de considerar casos de incumplimiento y

requerir la comparencia del profesional del Derecho en tales casos.

REGLA 32. VISTA INFORMAL ANTE EL DIRECTOR(A)

(A)

El profesional del Derecho citado a una vista informal por

incumplimiento expondrá las razones que justifiquen su

incumplimiento y presentará la prueba de que disponga.

(B)

El Director(a) evaluará las razones expuestas y resolverá lo que

proceda conforme a la reglamentación aplicable.

(C)

En caso de incomparecencia, la Junta remitirá el asunto al

Tribunal Supremo de conformidad con lo dispuesto en la Regla 9

del Reglamento de 1998.

(D)

Toda

determinación

del

Director(a)

será

notificada

oportunamente al profesional del Derecho concernido.

39

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

COMENTARIO

La Regla 8(d)(2) del Reglamento de 1998 faculta a la Junta a considerar casos

de incumplimiento y rendir los informes correspondientes luego de haberle dado a la

persona afectada la oportunidad de ser oída, mientras que la Regla 9(c) ordena remitir

al Tribunal Supremo los casos de incomparecencia de los profesionales del Derecho.

40

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

CAPÍTULO VII

MECANISMOS ALTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS

DISPOSICIONES

REGLA 33. PARTICIPACIÓN COMO RECURSOS

Los profesionales del Derecho que participen como recursos en la

educación jurídica continua recibirán acreditación por esta función

cuando presenten ante la Junta su solicitud y la certificación del

proveedor en que conste su participación y horas de enseñanza.

REGLA 34. PUBLICACIÓN DE OBRAS DE CONTENIDO JURÍDICO

Los profesionales del Derecho que publiquen libros de contenido

jurídico y artículos en revistas jurídicas reconocidas recibirán

acreditación por estas publicaciones, que no rebasará dos(2) períodos

de cumplimiento, cuando presenten su solicitud con la evidencia

pertinente sobre la publicación realizada y horas dedicadas.

Corresponderá al Director(a) y en última instancia a la Junta

determinar la cantidad de horas crédito a ser acreditadas por dichas

publicaciones.

COMENTARIO A REGLAS 33 Y 34:

Las Reglas 33 y 34 se basan en los incisos (a) y (b) de la Regla 7 del Reglamento

de 1998 que reconocen como mecanismos alternos de cumplimiento la publicación de

libros de contenido jurídico, artículos en revistas jurídicas reconocidas y la enseñanza de

cursos de educación jurídica continua. Se añade el requisito de la presentación de una

solicitud con los documentos pertinentes para que el profesional de Derecho provea a la

Junta la información que permitirá determinar las horas que serán acreditadas.

41

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 35. ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO

Todo profesional del Derecho que haya completado un grado de

Maestría en Derecho en alguna universidad reconocida por el Consejo de

Educación Superior, estará relevado de tomar cursos de educación

jurídica continua durante un período de dos (2) años, término que se

contará a partir de la fecha de obtención del grado. Si el grado obtenido

es un Doctorado en Ciencias Jurídicas o su equivalente en Derecho, el

período de exención será de cuatro (4) años, contado a partir de la

fecha de obtención del grado.

COMENTARIO

La regla se basa en la Regla 7 (c) del Reglamento de 1998, que reconoce como

mecanismo alterno de cumplimiento los estudios postgraduados en Derecho cursados

en las universidades reconocidas por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

Con esta disposición se pretende estimular a los profesionales del Derecho a mejorarse

profesionalmente a través de estudios con los que igualmente se alcanzan los fines del

programa de educación jurídica continua obligatoria.

REGLA 36. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, COMITÉS DEL

TRIBUNAL SUPREMO Y COMO REDACTOR(A) O CORRECTOR(A)

DE REVÁLIDA

(A)

Estarán relevados de cumplir con los términos de este Reglamento,

mientras dure su designación, todo profesional del Derecho que

sirva en:

(1)

la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por

Razones de Salud de Jueces y Juezas del Tribunal de

Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones;

(2)

la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía;

(3)

la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría;

42

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(4)

la Junta de Educación Jurídica Continua;

(5)

los comités asesores permanentes y ad hoc activos del

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial;

(6)

los comités de redactores y correctores de las reválidas

general y notarial designados de conformidad con el

Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la

Abogacía y la Notaría;

(7)

otros comités, comisiones o juntas que a juicio del Tribunal

Supremo deban ser relevadas de cumplir con este Programa.

REGLA 37. ACREDITACIÓN RETROACTIVA

(A)

La Junta acreditará los cursos de educación jurídica continua que

los profesionales del Derecho hayan tomado en los tres (3) años

anteriores a la fecha de vigencia de este Reglamento.

(B)

Para obtener la acreditación será necesario presentar una

solicitud de conformidad con la Regla 11(B)(1), (2) y (3), e incluir

la certificación del proveedor que acredite la participación del

profesional del Derecho en los cursos.

(C)

La Junta se reserva la facultad de determinar si estos cursos

cumplen con los criterios establecidos para su acreditación y

podrá solicitar la información que estime pertinente a tal

propósito.

43

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 38. NOTIFICACIONES DEL DIRECTOR(A) O DE LA JUNTA; MODOS DE

REALIZARLAS

Las notificaciones del Director(a) o de la Junta a los profesionales

del Derecho y a los proveedores podrán ser realizadas a través del correo

ordinario, facsímil o medios electrónicos.

COMENTARIO

La

aplicación

de

este

Reglamento

requiere

realizar

una

cantidad

de

comunicaciones y notificaciones del Director(a) o de la Junta a los profesionales del

Derecho y a los proveedores. A modo de ejemplo y para facilitar la comprensión de la

estructura del Reglamento, se incluye a continuación una lista de estas notificaciones:

A profesionales del Derecho:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Acreditación de cursos (Regla 11(B), total, parcial o denegar acreditación

(Regla 26(B), (D));

Requerimiento de información adicional para acreditación de cursos

(Regla25(C));

Acreditación por participación como recurso (Regla 33);

Acreditación por publicación de obras jurídicas (Regla 34);

Acreditación retroactiva de cursos (Regla 37);

Relevo de la educación jurídica continua por estudios de maestría y

doctorado (Regla 35);

Relevo de la educación jurídica continua por participar en juntas y

comisiones del Tribunal Supremo, redacción y corrección de reválidas

(Regla 36);

Aviso de Incumplimiento (Regla 29);

Citación a vista informal por no presentar Informe de Cumplimiento (Regla

31);

Determinación del Director(a) luego de vista (Regla 32(D));

Señalamiento de vista en reconsideración (Regla 26(A));

Decisión del Director (a) en reconsideración (Regla 26(A));

Decisión de la Junta en apelación (Regla 27);

Determinación de referir al Tribunal Supremo los casos de incumplimiento

por incomparecencia (Regla 32(C));

Exoneración de cumplimiento por incapacidad para ejercer la profesión

(Regla 4(C)(3)(c));

44

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

(16)

(17)

(18)

Exoneración de educación jurídica continua por justa causa (Regla

4(C)(3)(d));

Diferimiento de la educación jurídica continua por justa causa (Regla

4(C)(3)(d);

Cualquier otra relacionada con el cumplimiento de requisitos.

A proveedores:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Certificación Provisional de Proveedor (Regla 18);

Licencia de Proveedor Certificado (Regla 17);

Aprobación de cursos, en todo o en parte (Regla 25(D));

Denegar aprobación de cursos (Regla 11(A)(4), Regla 12, Regla 13, Regla

14, Regla 17(C), Regla 18(C), Regla 25 (B) y (D));

Denegar solicitud de Proveedor Certificado (Regla 17);

Aprobación de cursos a entidades profesionales privadas (Regla13);

Aprobación de cursos a entidades profesionales públicas (Regla 14);

Requerimiento de informes sobre comprobación de aprovechamiento

académico (Regla 19(B));

Notificación para inspección de documentos (Regla 19(C));

Incumplimiento con mecanismos para garantizar idoneidad de recursos

(Regla 20(B));

Decisión del Director en reconsideración (Regla 26)

Decisión de la Junta en apelación (Regla 27)

Revocación de licencia por incumplimiento con el programa de educación

jurídica continua (Regla 17(C), Regla 18(C));

Requerimiento de información adicional (Regla 25(C));

Cualquier otra relacionada con el cumplimiento de requisitos.

REGLA 39. SITUACIONES NO PREVISTAS

El Director(a), con la aprobación del Presidente o de la Presidenta

de la Junta, podrá tomar medidas para atender situaciones no previstas

en la forma que, a su juicio, sirva a los mejores intereses de todas las

partes.

45

Reglamento del Programa de

Educación Jurídica Continua

REGLA 40. SEPARABILIDAD

Si por virtud de legislación o determinación judicial cualquier

disposición de este Reglamento es declarada nula o ineficaz en todo o

en parte, la disposición se tendrá por no puesta y no afectará la validez

de las demás disposiciones, las cuales continuarán en todo su vigor y

eficacia.

REGLA 41. VIGENCIA

Este Reglamento entrará en vigor en 18 meses a partir de su

aprobación.

46

In re: Reglamento...

Voto Disidente

Página 47

47