Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Aprobación del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua
2005 TSPR 44
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Aprobación del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua
ER-2005-0004
Resolución Especial
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2005 TSPR 44
Aprobación del
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
163 DPR ____
Número del Caso: ER-2005-4
Fecha: 8 de abril de 2005
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Aprobación del
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2005.
En virtud del poder inherente del Tribunal de
reglamentar la profesión jurídica en Puerto Rico y
en virtud del cumplimiento de la facultad conferida
a la Junta de Educación Jurídica Continua en la
Regla 8(d)(7) del Reglamento de Educación Jurídica
Continua aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico el 30 de junio de 1998, se promulga el
presente Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua, el cual entrará en vigor 18
meses a partir de su aprobación. El texto completo
del Reglamento se hace formar parte de esta
Resolución.
El Tribunal agradece a los miembros de la Junta
de Educación Jurídica Continua su excelente labor y
cumplimiento con la encomienda que les fue
delegada. Agradece, también, la contribución y
participación del Colegio de Abogados de Puerto
Rico en el proceso de elaboración del Proyecto
presentado por la Junta.
La presente Resolución tiene efectividad
inmediata.
2
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri emitió un voto disidente.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Aprobación del
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
Voto Disidente del Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2005.
“Mandatory continuing legal
education
is
an
extreme
solution when the scope of
the
problem
hasn’t
been
identified”.
David Epstein,
Pasado Presidente
Programa Educación Jurídica
Continúa del D.C.
Hace alrededor de veinticinco años acepté
una encomienda del Colegio de Abogados y organicé
junto
con
otros
colegiados
su
Instituto
de
Educación Práctica. Dicho Instituto se creó con el
fin
particular
de
atender
el
creciente
reclamo
dentro de la profesión puertorriqueña para que se
ofrecieran más programas de educación continua en
el país que los que existían hasta entonces. Fui
el primer director de dicha entidad y establecí su
primer
programa
abogados.
de
educación
continua
para
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 2
Durante mi incumbencia allí se celebraron numerosas actividades de
educación
continua
a
las
que
asistieron
en
conjunto
miles
de
abogados.
Menciono el dato anterior para hacer hincapié en que desde
décadas he sido un fiel creyente en la educación continua de los
miembros de la profesión jurídica; y que fui uno de los pioneros
del
esfuerzo
por
lograr
que
hubiesen
en
el
país
programas
educativos adecuados y suficientes para que los abogados de Puerto
Rico pudiesen mantenerse al día y mejorar sus conocimientos y
destrezas profesionales a través de dichos programas.
Ahora,
conciencia,
sin
a
embargo,
expresar
mis
me
veo
serias
obligado
reservas
por
con
razones
respecto
a
de
la
implantación por el Tribunal Supremo de un programa de educación
jurídica continua obligatoria. No es que no siga creyendo de modo
entusiasta en la educación continua. Lo que me preocupa es que se
imponga un programa obligatorio.
Mis serias reservas surgen, en primer lugar, porque no creo
que la imposición de un programa obligatorio sea necesaria. En la
actualidad
existen
en
Puerto
Rico
múltiples
ofrecimientos
de
educación continua que son aprovechados por miles de abogados
todos los años. El Colegio de Abogados, las cuatro escuelas de
Derecho del país, varios bufetes de abogados, la Asociación de
Notarios, el Fondo de Fianza Notarial, OCALARH 1 , el National
Business
Institute
(NBI),
la
Association
of
Labor
Relations
Practitioners, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y
varias otras entidades profesionales o privadas llevan a cabo
1
Oficina
Central
de
Asesoramiento
Administración de Recursos Humanos.
Laboral
y
de
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 3
regularmente numerosas actividades de educación jurídica continua,
que son aprovechadas según nos consta por muchos miles de abogados
todos
los
años.
Existe
en
Puerto
Rico
ya,
pues,
una
red
de
organizaciones bien afincadas que se encargan de ofrecer a la
profesión jurídica una amplia y variada selección de ofrecimientos
de
educación
continua.
Todo
ello
sin
contar
las
múltiples
oportunidades de educación continua que existen en Estados Unidos
y en países del extranjero a las que acuden cientos de abogados
puertorriqueños todos los años.
Cabe entonces preguntarse para qué o porqué es necesario que
el
Tribunal
Supremo
sobre
imponga
ahora,
por
encima
de
esta
realidad, su propio programa de educación jurídica obligatoria.
¿Qué razones de preeminente interés público justifican que, en una
época en que la profesión misma está auspiciando los múltiples
programas de educación jurídica continua que han proliferado en el
país,
el
Tribunal
Supremo
imponga
so
pena
de
desaforo
la
obligación de cursar un mínimo de créditos de educación continua?
No es razonable suponer que el motivo para ello sea que el
Tribunal estima que la referida educación continua que existe
actualmente es inadecuada o insuficiente. No lo es porque ni el
Tribunal ni su Junta de Educación Continua han realizado estudio a
fondo alguno que permita tales conclusiones. Es decir, el Tribunal
ha aprobado su referido programa de educación continua sin tener
ninguna prueba de peso de que la educación continua que se ofrece
actualmente en el país sea inadecuada o insuficiente.
Sobre este particular, debe señalarse además
que ante el
Tribunal de ordinario no se presentan querellas contra abogados
por falta de competencia o por no estar al día con los nuevos
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 4
desarrollos jurídicos. Si se examinan las docenas de casos de
disciplina que este Foro atiende todos los años, se encontrará que
nunca se ha sancionado a algún abogado por falta de conocimiento
o destrezas jurídicas.
Es por todo lo anterior que persiste la interrogante crucial
de
a
qué
interés
público
preeminente
responde
el
programa
de
educación continua obligatoria que el Tribunal le impone a la
profesión ahora.
Puede conjeturarse que la mayoría del Tribunal estima que el
programa obligatorio es necesario porque no todos los abogados del
país
asisten
a
los
programas
de
educación
jurídica
continua
voluntarios que se ofrecen en la isla o fuera de ella actualmente.
No cabe duda de que deben haber muchos abogados en el país que no
cursan ningún programa de educación continua regularmente. Sin
embargo, esta realidad, cuya dimensión desconocemos, no justifica
el “remedio” de un programa de educación continua obligatoria como
el que el Tribunal ahora impone. El que haya un número de abogados
que no cursen los programas existentes de educación continua no
justifica el decreto obligatorio de este Tribunal porque siempre
habrán profesionales que no necesitan de estos programas. Nótese,
en primer lugar, que el propio programa del Tribunal exime a miles
de abogados del requisito en cuestión. Este no aplica a los jueces
y magistrados estatales o federales, a los profesores de derecho,
a los abogados inactivos, a determinados abogados en el servicio
público, a los abogados con sólo dos años o menos de ejercicio
profesional, y a otros.
En segundo lugar, en la profesión existen muchos abogados que
son autodidactas, es decir, que se ocupan de mantenerse al día y
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 5
mejorarse
estos,
continuamente
por
ejemplo,
por
sus
utilizan
propios
los
esfuerzos.
medios
Muchos
tecnológicos
de
que
crecientemente existen para tales fines, desde el advenimiento de
las computadoras. Para estos abogados, los programas educativos
formales
no
son
necesarios.
Otros
abogados
aprovechan
sus
vacaciones, o recesos laborales análogos, para viajar a Estados
Unidos o al extranjero y asistir a programas educativos que son de
su particular interés, y por ello no patrocinan los de Puerto
Rico.
Existe,
por
otro
lado,
una
razón
muy
distinta
a
las
anteriores en virtud de la cual no se justifica que el Tribunal
pretenda imponerle un requisito de educación continua a lo que
creo es una minoría de abogados que no cursan ninguno de los
programas ya existentes en el país. Es que el intento de obligar a
educarse al que no quiere hacerlo, es una vana ilusión. No dudo de
que debe existir alguna minoría de abogados a quienes la educación
continua propia o formal no les interesa. Posiblemente se trate de
abogados
rutinarias
cuyo
ejercicio
sencillas,
profesional
por
lo
que
no
consiste
sienten
de
la
prácticas
necesidad
de
continuar educándose. A estos “letrados” le será de poca o ninguna
utilidad la asistencia por obligación legal a unas pocas horas de
educación
continua.
Si
hay
alguna
idea
que
abrumadoramente
sostienen los especialistas en educación y en psicología educativa
hoy día es que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo de
personas adultas, acontece en función del interés que la persona
tenga en aprender y del envolvimiento activo de ésta que resulte
de ese interés. Es prácticamente imposible educar al que no quiere
aprender. Es precisamente por ello que los programas de educación
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 6
continua
obligatoria
en
otras
jurisdicciones
y
en
otras
profesiones han fracasado en cuanto a los que más lo necesitaban.2
Y es también por ello que la educación continua obligatoria ha
adquirido mala fama en otras jurisdicciones y otras profesiones
cuando
para
hacer
desarrollarlos
en
atractivos
los
hoteles
cruceros
o
programas
ha
exóticos
sido
en
necesario
los
que
el
aspecto de diversión predomina por mucho el mínimo educativo.
Resulta, pues, una terrible y onerosa ironía que el costoso y
complicado programa que el Tribunal intenta establecer ha de ser
ineficaz
precisamente
para
los
destinatarios
particulares
a
quienes el Tribunal más pretende afectar. No ha querido la mayoría
de este Foro aceptar la triste realidad que recoge el aforismo que
dice
que
2
“al
En muchos de los programas referidos es conocida la
práctica de muchos de matricularse en el programa para recibir el
certificado del curso, pagar la cuota y luego no asistir a las
conferencias o al componente académico del programa.
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 7
caballo se puede llevar obligado al abrevadero, pero no se le
puede obligar a beber”. Para imponer su inlograble propósito la
mayoría está dispuesta a establecer todo un elaborado entramado
de una Junta con director ejecutivo, reglamentos, procesos de
acreditación,
cuotas,
certificación
de
proveedores,
disciplinamiento, mecanismos alternos, etc., cuyo único impacto
real será añadirle más engorroso trabajo al propio Tribunal, y
complicarle la vida a la mayoría de los abogados que sí interesan
cursar estudios de educación continua, según sus propios medios,
circunstancias y preferencias se lo permitan. Tales abogados se
verán precisados a ajustar sus propias intenciones con respecto a
la educación continua que planificaban cursar, a las exigencias
del programa del Tribunal. En lugar de seguir sus propios planes
tendrán
que
ajustarse
a
lo
requerido
judicialmente.
Y
así
se
coacciona la voluntad y se menoscaba la autonomía de la mayoría de
los abogados, los interesados en mejorarse, en aras del fútil
intento
de
obligar
a
educarse
a
las
minorías
a
quien
no
le
interesa hacerlo. En efecto, el programa de educación continua que
la mayoría del Tribunal ha de imponer ahora tiene la naturaleza de
una “camisa de fuerza” sobre lo que debía ser un proceso abierto y
flexible, afincado en lo que los propios abogados promueven y
auspicien auténticamente conforme a lo que les interesa. En una
época cuando prevalece la idea de que la educación sólo florece en
el terreno fértil de la participación activa y entusiasta del que
se educa, una mayoría del Tribunal se aferra a la retrograda e
ilusoria noción de la “educación” obligatoria.
II
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 8
Para poner en perspectiva mi fundamental reserva a que se
obligue a los abogados que no lo interesan a cursar un currículo
mandatorio
de
educación
brevemente
la
historia
jurídica
de
la
continua,
educación
conviene
continua
repasar
en
Estados
Unidos, 3 de donde se ha copiado lo que la mayoría del Tribunal
ahora decreta.
La idea de promover la educación continua de abogados fue
adoptada formalmente por la American Bar Association (ABA) en
1937.
En
ese
organización
año,
debía
la
ABA
promover
decidió
un
oficialmente
programa
nacional
de
que
dicha
educación
jurídica continua.
Sin embargo, no fue hasta una década más tarde, en 1947,
cuando
la
ABA
junto
con
el
American
Law
Institute
(ALI)
instituyeron un programa concreto de promoción de la educación
jurídica continua. Se creó entonces lo que hoy se conoce como el
ALI-ABA Joint Committee on Continuing Education, que se dio a la
tarea
de
continua
estimular
en
interactuando
los
el
desarrollo
distintos
activamente
de
estados
con
las
de
programas
la
escuelas
de
educación
nación
americana,
de
derecho
y
los
colegios de abogados estatales.
3
Lo que se relata aquí está tomado principalmente de Rocio
T.
Aliaga, Framing The Debate On Mandatory Continuing Legal
Education..., 8 Geo. J of L.E. 1145 (1995); y J.S. Roth, Mandatory
Continuing Legal Education Valid Under The U.S. Constitution?, 11
Whit. L. Rev. 639 (1989).
Véase, además, H. Friday, Continuing Legal Education:
Historial Background, Recent Development, and the Future, 50 St.
John’s L. Rev. 502 (1976).
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 9
El
móvil
negativa
de
que
la
profesión
creciente
crítica
necesidad
de
este
en
popular
crear
responsabilidad
americana
impulsó
en
que
opinión
hacia
éstos
profesional,
estimaron
la
desarrollo
la
y
los
la
percepción
pública
americana.
La
abogados
engendró
la
una
clara
los
líderes
educación
fue
conciencia
de
continua
de
su
la
profesión
podía
ser
el
instrumento para encarar el problema. La crítica pública a la
profesión americana propició que proliferaran los programas de
educación continua voluntarios, cónsono con la promoción de éstos
que inicialmente impulsaron el ABA y el ALI.
Sin embargo, la situación de crítica pública adversa a la
abogacía se agravó en la década del 1970, sobre todo por razón del
escándalo de Watergate. Como señalan dos comentaristas,
“Criticism of the legal profession was swelling in
the early 1970’s” (Aliaga, supra) y “the profession was
being subjected to scorn from the public due to the
Watergate scandal” (Roth, supra).
La
respuesta
a
esta
renovada
crítica
popular
fue
el
establecimiento de programas mandatorios de educación continua. En
1975, tales programas se adoptaron en Minnesota y Iowa. Para el
final de esa década, siete otras jurisdicciones estatales también
tenían
programas
Posteriormente,
en
de
1986
educación
ABA
urgió
a
jurídica
todas
las
obligatoria.
jurisdicciones
estatales a establecer dichos programas mandatorios, y para el
1995 treinta y tres estados de la Unión americana requerían algún
tipo de educación jurídica continua.
La
ola,
sin
embargo,
ha
comenzado
a
retroceder.
En
la
literatura erudita reciente de la profesión americana la idea de
la educación continua obligatoria es objeto de grave reprobación.
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 10
Véase, Aliaga, supra; J. Joseph, Mandatory Continuing Education:
An
Opponent’s
Jan.
View,
1987
Illinois
Bar
Journal
256;
L.A.
Grigg, The Mandatory Continuing Legal Education Debate: Is It
Improving Lawyer Competence or Just Busy Work?, 12 BYU J. of Pub.
L. 417 (1998); A. Jacobius, The Dry Well of MCLE, Nov. 1996 Col.
Law 15; D. Thomas, Why Mandatory CLE is a Mistake, 6 Utah B. J.
14(1993); V. Rubino, MCLE: The Downside, Jan. 1992 CLE J. 15
(1992); Report of the Chicago Council of Lawyers on MCLE, Jan.
1990 CLE J. 5; C. Harlan, MCLE Faulted by State Bar Groups, Wall
St. J., Oct. 12, 1988; A.W. Ogden, MCLE: A Study of Its Effects,
The Colo. Law 1789 (1984); J. Grover, Valuable Training or Another
Boondoggle: DC Bar Takes a Long Look at Mandatory CLE, Legal
Times, Sept. 14, 1992, pág. 13; J. Joseph, Compulsory Continuing
Legal Education Is a Costly Mistake, CBA Rec., Oct. 1992, pag. 11.
Ello
porque
no
se
ha
probado
que
tal
educación
continua
obligatoria sea efectiva. En efecto, en un importante informe
sobre el particular se reconoce que no existe evidencia científica
alguna
de
que
la
educación
jurídica
continua
mandatoria
sea
efectiva. Véase, D.C. Bar, Mandatory Continuing Legal Education
Task
Force
Report,
(1995).
Ello,
junto
al
hecho
de
que
determinadas empresas y entidades consideran la educación jurídica
continua como un negocio muy lucrativo (“a way to increase funding
and as a potential financial windfall”) 4 ha dado lugar a que
proliferen
los
cuestionamientos
en
la
literatura
profesional
americana sobre los programas mandatorios de educación jurídica
continua.
4
Jacobius, supra.
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 11
Es por lo anterior que constituye una verdadera paradoja que
el Tribunal Supremo de Puerto Rico adopte un programa de educación
jurídica
continua
so
Estados
Unidos,
donde
pedagógicamente
pena
errada,
la
de
desaforo
se
originó
misma
está
precisamente
esta
en
cuando
práctica
franco
en
tan
retroceso
y
crecientemente desacreditada. ¡El mimetismo de todo lo americano
nos lleva a abordar el barco cuando los tripulantes originales lo
están abandonando!
III
Para
reservas
concluir,
con
la
quiero
idea
señalar
misma
de
que
aparte
imponer
de
mis
graves
obligatoriamente
un
programa de educación jurídica continua, tengo además al menos
otras dos preocupaciones serias con respecto al programa concreto
del Tribunal.
Materias a cursarse
El propósito que
supuestamente
persigue
el
Tribunal
al
ordenar el establecimiento de un programa mandatorio de educación
jurídica continua es el de procurar que los abogados se mantengan
al día en la jurisprudencia, en la legislación, y en general en
los
nuevos
desarrollos
del
Derecho.
Así
se
hace
constar
expresamente en la Regla 3 que expresa el propósito del programa
referido.
Sin embargo, en ninguna parte de dicho Reglamento se dispone
que
se
desarrollaran
cursos
específicamente
dirigidos
a
tales
fines. Lo único que se señala sobre el contenido de los cursos es
que
las
materias
deberán
contribuir
“al
desarrollo
de
la
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 12
competencia y destrezas profesionales para el ejercicio de la
abogacía...”, lo que constituye una designación vaga en extremo de
lo que puede incluirse en el currículo de la educación continua a
impartirse.
Es a la vez sorprendente y curioso que un Reglamento pródigo
en disposiciones sobre numerosos aspectos del programa mandatorio
que se ordena, no tenga nada concreto sobre el supuesto propósito
particular de todo este esfuerzo. Esta falla del Reglamento abre
las puertas a que se pueda ofrecer todo tipo de materias o cursos,
sin gran énfasis en lo que supuestamente se persigue, que es
mantener al día al abogado con respecto a la nueva jurisprudencia,
nueva legislación y nuevos desarrollos doctrinales.
No tengo reservas a que la educación continua abarque la más
amplia variedad de temas y tópicos; pero, si el esfuerzo del
Tribunal
persigue
un
propósito
particular
que
justifica
este
controversial ejercicio de su poder sobre la profesión, el logro
de
tal
propósito
para
la
educación
mandatoria
debía
estar
propiamente regulado, y en este Reglamento no lo está.
B. Proveedores y asistencia a los cursos
Cuando este Foro aprobó por primera vez en 1998 su primer
dictamen sobre el establecimiento de un programa de educación
continua
obligatoria,
acordamos
unánimemente
que
el
previsto
tendría
mecanismos
necesarios
para
evitar
los
programa
dos
prácticas deletéreas que admitíamos habían plagado a los programas
obligatorios en otras jurisdicciones y en otras profesiones. Una
de éstas es la proliferación de proveedores de cursos de educación
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 13
continua que movidos por consideraciones de lucro están dispuestos
a ofrecer programas académicamente inadecuados para acomodar al
abogado que no tiene otro interés que cumplir con el requisito
del
Tribunal.
El
eminente
educador
puertorriqueño
y
antiguo
Rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico, Don Ismael Rodríguez Bou, llamaba “chinchales” educativos a
tales “empresas”. Nuestro parecer entonces era que la educación
continua prevista debía ser conducida sólo por las escuelas de
Derecho
y
el
Colegio
de
Abogados,
para
evitar
este
problema,
aunque conocíamos de algunos pocos bufetes que realizaban buenos
programas.
La otra mala práctica a evitar era la del abogado que se
matriculaba en un programa, pagaba la cuota, quedaba “certificado”
para fines del requisito del Tribunal, pero luego no asistía al
curso en cuestión. Para evitar lo anterior, concluimos que al
final
de
cada
curso
debía
haber
algún
examen
sencillo
que
comprobara al menos que el abogado matriculado estuvo presente en
el curso y se enteró en general de cuáles fueron los asuntos
discutidos.
En el programa aprobado ahora por la mayoría del Tribunal
ninguna
de
las
dos
medidas
restrictivas
que
acordamos
originalmente subsiste. En cuanto al primer asunto de la calidad
académica del proveedor se establece una reglamentación pero la
realidad es que cualquier bufete o entidad privada o pública puede
llegar a ser un proveedor. Y sobre la efectividad del curso, se
dispone unas vagas evaluaciones eventuales del aprovechamiento, y
no se incluye el examen referido.
Reglamento del Programa de
Educación Continua
Página 14
Con arreglo a mi experiencia de más de dos décadas en la
educación jurídica en Puerto Rico y fuera del país, tengo un
enorme escepticismo en cuanto a que las dos prácticas referidas
puedan obviarse realmente en el programa del Tribunal como ha
sido aprobado. En la medida de que dichas prácticas acontezcan,
los propósitos que el programa procura quedarán burlados.
Las dos prácticas referidas son inherentes a los programas
educativos obligatorios. No existen en los programas de educación
continua
abogados
voluntarios,
que
que
quieren
nacen
del
mantenerse
interés
auténtico
al
y
día
de
los
mejorarse
profesionalmente, y que se rigen naturalmente por las expectativas
serias que tienen tales abogados.
Es por todo lo anterior que me veo impedido de apoyar el
programa aprobado por la mayoría del Tribunal.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JUNTA DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
Abril de 2005
15
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
TABLA DE CONTENIDO
Página
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1 – Base Legal ......................................................................................... 1
Regla 2 – Título ................................................................................................ 1
Regla 3 – Misión ............................................................................................... 2
Regla 4 – Aplicabilidad ...................................................................................... 3
Regla 5 – Definiciones ....................................................................................... 9
CAPÍTULO II – JUNTA DE EDUCACIÓN CONTINUA
Regla 6 – Miembros: Nombramiento, Facultades y Limitaciones ........................ 12
Regla 7 – Reuniones ....................................................................................... 12
Regla 8 – Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva ............................................. 13
Regla 9 – Funciones del Director(a).................................................................. 13
CAPÍTULO III – ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
Regla 10 – Curso Acreditable: Requisitos ......................................................... 15
Regla 11 – Aprobación de Cursos: Requisitos ................................................... 16
Regla 12 – Cursos Ofrecidos por Entidades Profesionales Privadas: Requisitos ... 19
Regla 13 – Cursos Ofrecidos por Entidades Profesionales Públicas: Requisitos ... 21
Regla 14 – Cómputo de Créditos ...................................................................... 22
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
Página
Regla 15 – Cursos Ofrecidos Mediante el Uso de Mecanismos No Tradicionales
de Enseñanza y Aprendizaje .......................................................... 24
Regla 16 – Requisito de Divulgación Efectiva .................................................... 24
CAPÍTULO IV –PROVEEDORES
Regla 17 – Proveedor Certificado: Requisitos; Procedimiento ........................... 25
Regla 18 – Certificación Provisional de Proveedores .......................................... 28
Regla 19 – Deberes del Proveedor Sobre Aprovechamiento Académico .............. 29
Regla 20 – Recursos........................................................................................ 31
Regla 21 – Actividades No Relacionadas con Educación Jurídica Continua ........... 32
Regla 22 – Deber de Proveer Acomodo Razonable ............................................ 32
Regla 23 – Expedientes de los Cursos .............................................................. 33
CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTOS ANTE LA JUNTA
Regla 24 – Peticiones ...................................................................................... 34
Regla 25 – Evaluación; Determinación ............................................................. 35
Regla 26 – Revisión de las Decisiones del Director(a) ........................................ 35
Regla 27 – Revisión ante el Tribunal Supremo .................................................. 36
CAPÍTULO VI – CUMPLIMIENTO POR PROFESIONALES DEL DERECHO
Regla 28 – Mínimo de Horas Crédito; Informe de Cumplimiento ........................ 37
Regla 29 – Aviso de Incumplimiento................................................................. 37
2
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
Regla 30 – Cumplimiento Tardío ...................................................................... 38
Página
Regla 31 – Incumplimiento; Citación ............................................................... 39
Regla 32 – Vista Informal ante el Director(a) .................................................... 39
CAPÍTULO VII – MECANISMOS ALTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS
DISPOSICIONES
Regla 33 – Participación como Recurso ............................................................ 41
Regla 34 – Publicación de Obras de Contenido Jurídico ..................................... 41
Regla 35 – Estudios de Maestría y Doctorado.................................................... 42
Regla 36 – Participación en Comisiones, Juntas, Comités del Tribunal Supremo
y como Redactor(a) o Corrector(a) de Reválida ................................ 42
Regla 37 – Acreditación Retroactiva ................................................................. 43
Regla 38 – Notificaciones del Director(a) o de la Junta; Modos de Realizarlas .... 44
Regla 39– Situaciones no Previstas .................................................................. 45
Regla 40 – Separabilidad ................................................................................. 46
Regla 41 – Vigencia ........................................................................................ 46
3
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
CAPÍTULO I
REGLA 1.
DISPOSICIONES GENERALES
BASE LEGAL
Este reglamento se promulga en virtud de la facultad conferida a la
Junta de Educación Jurídica Continua en la Regla 8(d)(7) del Reglamento
de Educación Jurídica Continua aprobado por el Tribunal Supremo de
Puerto Rico el 30 de junio de 1998.
COMENTARIO
La Regla 8(d)(7) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, de junio de
1998, establece que la Junta de Educación Jurídica Continua adoptará las reglas
necesarias para lograr la administración eficiente del programa de educación jurídica
continua.
REGLA 2.
TÍTULO
Este Reglamento se conocerá como Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua.
COMENTARIO
El título de este Reglamento identifica la función delegada a la Junta de
administrar el programa de educación jurídica continua creado por el Tribunal Supremo
para los abogados y las abogadas que ejercen la abogacía y la notaría en Puerto Rico.
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 3.
MISIÓN
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder
inherente para reglamentar la profesión de la abogacía y la notaría en el
país, promulgó el Reglamento de Educación Jurídica Continua del 30 de
junio de 1998 con el fin de establecer un programa de educación jurídica
continua obligatoria que contribuya al mejoramiento académico de toda
persona que ejerce la profesión del Derecho. Creó, además, la Junta de
Educación Continua, organismo al cual le delegó las funciones necesarias
para llevar a cabo este programa y velar por el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Reglamento.
Una de las funciones básicas de la Junta es certificar que los
profesionales del Derecho cumplan con su deber de tomar aquellos cursos
de educación jurídica aprobados por la Junta, a través de los cuales se
alcancen los objetivos pretendidos. Por consiguiente, la realización de
esta misión requiere contar con un programa de educación jurídica
continua administrado de manera eficiente a fin de facilitar que los
profesionales del Derecho se mantengan al día en la jurisprudencia, en la
legislación, en la doctrina y en las destrezas necesarias para el
desempeño de su profesión dentro de los más altos niveles de calidad y
competencia.
Los mecanismos establecidos en este Reglamento le permiten a la
Junta llevar a cabo su misión y las demás encomiendas delegadas. Sus
reglas pretenden, además, propiciar el cumplimiento del deber ético que
tiene todo profesional del Derecho de mantener un alto grado de
excelencia y competencia en los servicios legales que preste.
COMENTARIO
La regla expresa el propósito del programa de educación jurídica continua
obligatoria establecido por el Tribunal Supremo para los profesionales del Derecho
activos en el ejercicio de su profesión, conforme disponen las Reglas 1 y 2 del
Reglamento de 1998.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
La misión plasmada en esta Regla es cónsona con las funciones que el Tribunal
Supremo delegó a la Junta de desarrollar, administrar y evaluar el programa de
educación jurídica continua conforme dispone la Regla 8 del Reglamento de 1998. Es
cónsona, asimismo, con el Canon 2 de Ética Profesional que impone a todo profesional
del Derecho el deber de alcanzar un alto grado de excelencia y competencia en la
profesión y de brindar representación legal adecuada, metas que ha de lograr mediante
la participación en programas educativos que contribuyan a su mejoramiento
profesional.
REGLA 4.
(A)
APLICABILIDAD
Las disposiciones de este Reglamento aplican a:
(1)
todo profesional del Derecho admitido al ejercicio de la
abogacía y la notaría en Puerto Rico, así como aquellos a los que el
Tribunal Supremo ha suspendido del ejercicio de la profesión legal en
forma temporal o por un período de tiempo específico;
(2)
los proveedores autorizados por la Junta para ofrecer cursos
de educación jurídica continua.
(B)
Todo abogado o abogada que haya sido separado del ejercicio de
la profesión en forma permanente o indefinida por el Tribunal Supremo
que voluntariamente interese cumplir con el Programa de Educación
Jurídica Continua, podrán así hacerlo, en cuyo caso, la Junta vendrá
obligada a informar semestralmente al Tribunal Supremo sobre aquellos o
aquellas que cumplan con las disposiciones de este Reglamento.
(C)
Se excluye de las disposiciones de este Reglamento a:
(1)
los jueces y las juezas del Tribunal General de Justicia de
Puerto Rico, durante el término de sus cargos; y a los ex jueces y juezas
del Tribunal Supremo de Puerto Rico;
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(2)
los jueces y las juezas de la Corte Federal para el Distrito de
Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los magistrados y magistradas
federales, durante el término de sus cargos;
(3)
los profesionales del Derecho que cumplan con cualquiera
de las siguientes características:
(a)
se dedican a la enseñanza del Derecho en
universidades reconocidas por el Tribunal Supremo o por la American Bar
Association, mientras desempeñen esa función;
(b)
están inactivos, ya sea por edad o por incapacidad
física o mental, luego que el Tribunal Supremo les aceptó su solicitud de
baja voluntaria del ejercicio de la profesión en Puerto Rico;
(c)
están exonerados del pago de la cuota anual de
colegiación por razón de incapacidad para ejercer la profesión, conforme
al Artículo 10 del Reglamento del Colegio de Abogados, y solicitan a la
Junta que se les exima de cumplimiento;
(d)
solicitan ante la Junta y obtienen exoneración o
diferimiento de la educación jurídica continua, por razones de justa causa,
durante el período de tiempo concedido;
(e)
están separados del ejercicio de la profesión en forma
permanente por el Tribunal Supremo. De ser rehabilitados, corresponderá
al Tribunal decidir la forma y manera de cumplimiento con las
disposiciones de este Reglamento;
(f)
presentan a la Junta una certificación del Colegio de
Abogados de Puerto Rico como colegiado inactivo o colegiada inactiva,
según definido en la Regla 5 (13) de este Reglamento; mientras dure
dicha condición de inactivo o inactiva. De ser reactivados, corresponderá a
la Junta decidir la forma y manera de cumplimiento con las disposiciones
de este Reglamento.
(g)
están prohibidos por mandato de ley de practicar
como tales durante el término que la propia ley lo disponga.
(D)
Los profesionales del Derecho no tienen obligación de cumplir con
el requisito de educación jurídica continua y las disposiciones de este
Reglamento durante los dos (2) años siguientes a la fecha de su admisión
inicial al ejercicio de la abogacía.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
El inciso (A)(1) está basado en la Regla 2 del Reglamento de 1998, que
establece la norma general de que la educación jurídica continua será obligatoria para
todo profesional del Derecho que se mantiene activo luego de haber sido admitido por
el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico. La frase abogado
activo y abogada activa quedó definida en la Regla 3 del Reglamento de 1998 como
toda aquella persona que, además de estar admitida al ejercicio de la profesión, es
miembro del Colegio de Abogados. La Regla 5 de este Reglamento define profesional
del Derecho como el o la profesional que está autorizado por el Tribunal Supremo a
ejercer la abogacía y la notaría en Puerto Rico.
El inciso (A)(1) es cónsono, además, con la Regla 10 del Reglamento de 1998
que exige informar en la solicitud de reinstalación al ejercicio de la profesión que el
profesional del Derecho continuó su educación jurídica durante el término de la
suspensión y la manera en que cumplió con este requisito.
Estas disposiciones
advierten a los profesionales del Derecho que la suspensión del ejercicio de la abogacía
o de la notaría en forma temporal no implica un relevo automático de la obligación de
recibir educación jurídica continua. Ello es así porque, distinto a cuando el Tribunal
decreta la separación permanente de la profesión, la suspensión temporal acarrea una
alta probabilidad de que se solicite reinstalación tan pronto transcurra el término fijado,
según sea el caso. Por consiguiente, requerirle al profesional del Derecho que continúe
su educación jurídica durante el período de suspensión y que demuestre la manera
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
cómo cumplió con este requisito, sirve al propósito de que su mejoramiento profesional
no se interrumpa a la vez que evita un cumplimiento retroactivo de horas crédito que
podría resultar oneroso. Esta norma pretende, además, estimular al profesional del
Derecho para que, durante ese período, se eduque incluso en los aspectos éticos que
motivaron la suspensión. Por otro lado, la norma es beneficiosa porque establece un
criterio adicional que el Tribunal Supremo podrá tomar en consideración cuando evalúe
la reinstalación solicitada.
El inciso (A)(2) extiende la aplicación de este Reglamento a los proveedores de
los cursos de educación jurídica continua en todo lo concerniente a la implementación
del programa. Serán proveedores las entidades o instituciones que apruebe el Tribunal
Supremo.
El inciso (C) de la regla incluye una lista de profesionales del Derecho que están
excluidos de cumplir con el requisito de educación jurídica continua y las disposiciones
de este Reglamento. La exclusión de los jueces y las juezas del sistema judicial de
Puerto Rico y del sistema federal se fundamenta en que la judicatura tiene unas
necesidades particulares de educación jurídica continua, las cuales deben ser atendidas
con cursos y actividades propias. Conforme la Regla 2 del Reglamento del 1998, “La
judicatura cumplirá con los requisitos mínimos de educación jurídica, conforme lo
determinen las autoridades administrativas de sus respectivos sistemas”.
El inciso (C)(3)(a) se basa en la Regla 7 (b) del Reglamento de 1998, que
reconoce este mecanismo alterno de cumplimiento. Se excluye a los profesionales que
se dedican a la enseñanza del Derecho en universidades reconocidas ya que a éstos la
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
cátedra les exige mantenerse continuamente al día en las distintas materias y porque,
además, actúan como recursos en la educación jurídica continua. Este inciso aclara el
texto de la Regla 7(b) al disponer que las universidades son aquellas reconocidas por el
Tribunal Supremo o por la American Bar Association. La presentación de una solicitud
de exoneración relacionada con la enseñanza en otras universidades podrá ser atendida
al amparo del inciso (C)(3)(d) que establece la exoneración por justa causa.
El inciso (C)(3)(c) se basa en la Regla 3(b) del Reglamento de 1998, que define
como abogado(a) inactivo al profesional del Derecho que ha sido eximido por el Colegio
de Abogados del pago de la cuota anual de colegiación por razón de incapacidad para
ejercer la profesión. Se basa además en la Regla 8(d)(4) del referido Reglamento, que
faculta a la Junta para considerar las solicitudes de exención presentadas por los
profesionales del Derecho que están en esa situación.
El inciso (C)(3)(d) recoge la disposición de la Regla 8(d)(3) del Reglamento de
1998, que confiere facultad discrecional a la Junta para eximir de cumplimiento o
permitir un diferimiento de la educación jurídica continua en los casos en que exista
justa causa para ello.
Entre las razones que pudieran ser consideradas “justa causa” para la exclusión
de las disposiciones de este Reglamento está la situación de los abogados y las
abogadas que ejercen en jurisdicciones de Estados Unidos, que tienen establecida junta
o entidad equivalente acreditadora de la educación jurídica continua obligatoria y que
cumplen con su programa.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
El inciso (C)(3)(e) establece la inaplicabilidad del requisito de educación jurídica
continua a los profesionales del Derecho que estén separados por el Tribunal Supremo
del ejercicio de la profesión legal en forma permanente, pues en estos casos es más
remota la probabilidad de que ocurra la reinstalación en un futuro cercano. La segunda
oración de este inciso responde a un planteamiento de la Junta respecto a que un
profesional del Derecho suspendido indefinidamente que sea reinstalado años más
tarde, ciertamente carecerá de unas destrezas para el ejercicio efectivo de su profesión
por el hecho de haberse desvinculado de la misma, poniendo en riesgo el interés
público o el de sus clientes.
La Junta recomienda que en estos casos el Tribunal
Supremo requiera, como condición para la reinstalación, que el profesional del Derecho
se someta a determinado entrenamiento jurídico, que como mínimo debería ser tomar
los cursos de uno o más períodos de cumplimiento.
El inciso (C)(3)(f) excluye a profesionales del derecho que no practican la
profesión pero continúan colegiados, con la salvedad de que si se reactivaran, la Junta
podría exigir el cumplimiento de todos o algunos de los requisitos de educación jurídica
continua bajo condiciones distintas a las establecidas en este Reglamento (por ejemplo,
cumplir con cierta cantidad o con todos los créditos en un periodo de tiempo menor).
El inciso (C)(3)(g) podría ser de aplicación a funcionarios de gobierno o
empleados cuyos puestos estén cobijados por alguna ley que les prohíba practicar su
profesión mientras ocupen dichos cargos.
El inciso (D), que exonera del requisito de educación jurídica continua durante
los primeros dos (2) años siguientes a la fecha de la admisión inicial al ejercicio de la
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
profesión, responde a la realidad de que los profesionales del Derecho recién admitidos
tienen conocimientos más claros de las disciplinas de la abogacía y de la notaría por
haber aprobado recientemente la reválida.
REGLA 5.
1.
DEFINICIONES
Acomodo Razonable - Es el ajuste lógico y razonable a los
requisitos establecidos en este Reglamento para la acreditación de
la educación jurídica continua, que atenúe el efecto que pudiera
tener el impedimento en la capacidad del profesional del Derecho
para obtener un aprovechamiento efectivo de los cursos, sin que
dicho ajuste resulte en cualquiera de los siguientes:
(a)
alterar fundamentalmente el objetivo del programa de
educación jurídica continua obligatoria, que es alentar y
contribuir al mejoramiento profesional mediante el
aprovechamiento efectivo de todo curso ofrecido, conforme
dispone el Reglamento de 1998;
(b)
imponer una carga indebida al Tribunal Supremo y a la Junta
en la función administrativa de certificar el cumplimiento del
requisito de educación jurídica continua.
2.
Curso autorizado – Es el curso de educación jurídica continua
aprobado por la Junta porque cumple con todos los requisitos
establecidos en la Regla 11 de este Reglamento.
3.
Curso de Educación Jurídica Continua – Es toda actividad educativa
dirigida a los profesionales del Derecho para llenar sus necesidades
de mejoramiento profesional, y diseñada con el fin de que éstos
adquieran, desarrollen y mantengan los conocimientos y las
destrezas necesarias para el desempeño de la abogacía y la notaría
dentro de los más altos niveles de calidad y competencia.
4.
Director(a) – Persona designada para ejercer la función de Director
Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la Junta.
5.
Divulgación efectiva – Se refiere a anunciar el ofrecimiento del
curso a todos los miembros del Colegio de Abogados mediante la
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
publicación en un periódico de circulación general en Puerto Rico o
cualquier otro medio de divulgación alterno.
6.
Entidad profesional privada – Se refiere al bufete, sociedad,
corporación profesional, organización o entidad privada cuyos
miembros se dedican principalmente al ejercicio de la profesión
legal.
7.
Entidad profesional pública – Se refiere a cualquier organización o
entidad perteneciente a una agencia, departamento, corporación,
instrumentalidad, entidad u organismo de las tres ramas de
gobierno estatal y federal y los municipios.
8.
Junta – Se refiere a la Junta de Educación Jurídica Continua,
organismo encargado de administrar el cumplimiento del requisito
de educación jurídica continua, según establecido en el Reglamento
de 1998.
9.
Período de cumplimiento – Se refiere al período de dos (2) años
dentro del cual se deberá cumplir con las veinticuatro (24) horas
crédito de educación jurídica continua según dispone la Regla 6 (a)
del Reglamento de 1998 y de conformidad con el mecanismo
escalonado de cumplimiento que autoriza la Regla 28(D) de este
Reglamento.
10.
Profesional del Derecho – Se refiere a toda abogada y todo
abogado autorizado por el Tribunal Supremo a ejercer la abogacía
en Puerto Rico, excepto las y los admitidos a practicar por cortesía.
11.
Proveedor – Se refiere a la persona natural o jurídica que ofrece
cursos de educación jurídica continua; de conformidad con las
Reglas 11, 17 y 18 de este Reglamento.
12.
Reglamento de 1998 – Se refiere al Reglamento de Educación
Jurídica Continua aprobado el 30 de junio de 1998.
13.
Colegiado inactivo o Colegiada inactiva - Profesional del Derecho
que no practica la profesión pero se mantiene colegiado o
colegiada según lo certifique el Colegio de Abogados de Puerto
Rico.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
Los miembros de la Junta, tras discutir ampliamente el concepto de divulgación
efectiva y sus implicaciones en el contexto de la reglamentación y propósitos del
programa de educación jurídica continua, concluyeron que la publicación de edictos en
un periódico no satisface el requisito de la Regla 16 para que un curso sea acreditable.
Las abogadas y abogados admitidos a postular por cortesía en los tribunales de
Puerto Rico en casos especiales, según lo permite la Regla 12(e) del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, están excluidos de la aplicación de este
Reglamento.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO II
REGLA 6.
JUNTA DE EDUCACIÓN CONTINUA
MIEMBROS: NOMBRAMIENTO, FACULTADES Y LIMITACIONES
(A)
Los miembros de la Junta serán nombrados conforme dispone la
Regla 8 del Reglamento de 1998.
(B)
El Presidente o la Presidenta de la Junta tendrá facultad para
designar de entre sus miembros un Presidente Interino que le
sustituya en cualquier momento durante su ausencia.
(C)
Durante el período de su incumbencia ningún miembro de la Junta
podrá ser proveedor ni tener interés pecuniario o participación en
los negocios de las entidades proveedoras de educación jurídica
continua. Tampoco podrá participar como recurso en las
actividades desarrolladas por los proveedores al amparo del
programa de educación jurídica continua.
REGLA 7.
REUNIONES
(A)
El Presidente o la Presidenta convocará las reuniones de la Junta.
Podrá delegar esta facultad al Director(a) Ejecutivo(a) de la Junta.
(B)
Constituirá quórum la presencia de cuatro (4) miembros. Todas las
decisiones se aprobarán por la mayoría de los presentes.
(C)
Se podrá consultar a los miembros ausentes los asuntos que
requieran atención inmediata, ya sea por teléfono, facsímil o correo
electrónico.
(D)
Las reuniones serán grabadas cuando la Junta así lo determine.
Sus deliberaciones serán de naturaleza confidencial.
(E)
Para cada reunión se preparará la minuta correspondiente, la cual
deberá incluir un resumen de los asuntos discutidos y todos los
acuerdos a que llegue la Junta.
(F)
Los miembros asistirán a las reuniones y, de tener inconvenientes
que impidan su presencia, deberán notificarlo.
(G)
Los miembros revisarán las minutas y presentarán cualquier
objeción por escrito, teléfono, facsímil o correo electrónico antes de
12
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
la reunión, o personalmente durante la misma. De no presentar
objeción, se considerará aprobada la minuta para todos los efectos,
sin necesidad de traer el asunto nuevamente ante la consideración
de la Junta.
REGLA 8.
DIRECTOR EJECUTIVO O DIRECTORA EJECUTIVA
La dirección administrativa de la Junta estará a cargo de un
Director(a) que nombrará el(la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal
Supremo.
REGLA 9.
FUNCIONES DEL DIRECTOR(A)
El Director(a) es el funcionario administrativo de la Junta que
implementará este Reglamento y que tendrá las funciones necesarias para
ello, entre otras, ejercerá las siguientes:
(1)
certificar proveedores;
(2)
aprobar cursos de educación jurídica continua;
(3)
custodiar y mantener bajo control todos los documentos,
registros, expedientes y equipo;
(4)
expedir certificaciones a tenor con este Reglamento;
(5)
dirigir, coordinar y supervisar el personal administrativo de la
Junta;
(6)
preparar las minutas de las sesiones de la Junta;
(7)
evaluar situaciones de incumplimiento con los términos y
requisitos de este Reglamento y recomendar la acción
correspondiente;
(8)
someter recomendaciones sobre cualquier otro asunto
relacionado con el descargo de sus funciones y la
administración eficiente de este Reglamento;
(9)
administrar el fondo de becas que establezca la Junta.
13
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
Como resultado de las discusiones respecto a los costos de los cursos y las
maneras en que se puede facilitar el acceso a la educación jurídica continua a aquellos
profesionales del Derecho que demuestren necesidad económica, la Junta determinó
que en su momento establecerá un fondo de becas con ingresos provenientes del pago
de las cuotas que dispone este Reglamento. El
inciso (9) de esta regla faculta al
Director(a) a administrar dicho fondo, el cual se irá generando en la medida en que lo
permita el presupuesto operacional de la Junta.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO III
REGLA 10.
ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN JURÍDICA CONTINUA
CURSO ACREDITABLE: REQUISITOS
Para propósitos de acreditación, todo curso de educación jurídica
continua cumplirá con los siguientes requisitos:
(1)
tener un alto contenido intelectual y práctico, relacionado
con el ejercicio de la abogacía, la notaría o con los deberes y
obligaciones éticas de los profesionales del Derecho;
(2)
contribuir directamente al desarrollo de la competencia y
destrezas profesionales para el ejercicio de la abogacía, o la
notaría;
(3)
incluir materiales educativos que le serán entregados a cada
participante, ya sea en forma impresa o electrónica;
(4)
reflejar en sus contenidos que los recursos le han dedicado
el tiempo necesario y que, en efecto, han de ser de utilidad
para el mejoramiento del ejercicio de la profesión;
(5)
ser ofrecidos en lugar y ambiente propicios, con el equipo
electrónico o técnico que sea necesario, el espacio suficiente
para la matrícula y que contribuya a lograr una experiencia
educativa enriquecedora a los participantes;
(6)
brindar la oportunidad de hacer preguntas directamente a
los recursos o a las personas cualificadas para contestar, ya
sea personalmente, por escrito o a través de los medios
electrónicos o tecnología utilizada.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 11. APROBACIÓN DE CURSOS: REQUISITOS
(A)
A solicitud de un proveedor
(1)
La solicitud para la aprobación de un curso será
presentada en el formulario provisto por la Junta, sesenta
(60) días antes de la fecha de ofrecimiento del curso,
excepto que por justa causa la Junta acorte dicho término.
(2)
Con la solicitud se incluirá la información y los anejos para
acreditar lo siguiente:
(a)
título y descripción general del curso;
(b)
lugar, fecha y hora;
(c)
tiempo de duración, horas contacto;
(d)
tiempo atribuible a aspectos éticos o de notaría, si
aplica;
(e)
bosquejo del contenido;
(f)
nombres de los recursos y sus calificaciones
profesionales;
(g)
copia de los materiales a distribuirle o mostrarle a
los profesionales del Derecho participantes;
(h)
precio del curso.
(3)
De la solicitud y los anejos presentados deberá surgir que
el curso cumple con los requisitos de la Regla 10 y de
aplicar, los de las Reglas 12, 13 y 15.
(4)
La decisión del Director(a) será notificada al proveedor
solicitante no más tarde de los quince (15) días siguientes
de presentada la solicitud.
(5)
Dentro de los treinta (30) días siguientes al ofrecimiento
del curso, el proveedor presentará ante la Junta lo
siguiente:
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(B)
(a)
una lista con los nombres de los profesionales del
Derecho que tomaron el curso;
(b)
una certificación de que el curso estuvo disponible
al público y que se administró según informado en
la solicitud o, de haber ocurrido alguna variación, la
descripción de ésta con la explicación de cómo la
variación no debería afectar la aprobación que se le
había impartido al curso;
(c)
en el formulario provisto por la Junta, un informe
breve sobre la evaluación del curso por los
profesionales del Derecho que lo tomaron;
(d)
una cuota de $3.00 por cada hora crédito tomada
por cada profesional del Derecho.
A solicitud de profesional del Derecho
(1)
Un profesional del Derecho podrá presentar una solicitud
para la aprobación o acreditación de un curso,
independientemente de si el mismo lo ofrece o lo ofreció
un Proveedor Certificado o cualquier otro proveedor.
(2)
La solicitud será presentada en el formulario provisto por la
Junta, que incluirá la siguiente información:
(3)
(a)
descripción general del curso y cualquier material
que el proveedor tenga disponible que explique el
contenido, el nombre del recurso, lugar, día y hora,
número de horas contacto, pago por concepto de
matrícula y tiempo atribuible a notaría o ética, si
aplica;
(b)
cualquier dato sobre el proveedor que sea de
utilidad para que la Junta pueda evaluar el historial
del proveedor y determinar si procede acoger la
solicitud.
De la solicitud y sus anejos deberá surgir que el curso
cumple con los requisitos de la Regla 10 de este
Reglamento.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(4)
La solicitud no podrá ser presentada si han transcurrido
más de seis meses desde la fecha del curso, con excepción
de lo dispuesto en la Regla 37 sobre acreditación
retroactiva.
(5)
Se incluirá una cuota equivalente al cinco por ciento (5%)
de la cantidad pagada por tomar el curso o $15.00 por
hora crédito, lo que sea menor.
COMENTARIO
En las evaluaciones de las solicitudes para ofrecer cursos, el Director(a) dará
especial seguimiento al aspecto del precio por el ofrecimiento del curso, en el inciso
(A)(2)(h), en cuanto a su razonabilidad para facilitar el acceso de todos los
profesionales del Derecho al mejoramiento profesional que persigue este Reglamento.
El inciso (B)(1) de esta Regla permite al profesional del Derecho a solicitar la
aprobación o acreditación de un curso que haya tomado en otras jurisdicciones.
18
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 12. CURSOS
OFRECIDOS
POR
ENTIDADES
PROFESIONALES
PRIVADAS CON O SIN FINES DE LUCRO: REQUISITOS
(A)
Las entidades profesionales privadas con o sin fines de lucro con
interés en ofrecer un curso para que se le acredite como
educación jurídica a sus miembros cumplirán con lo siguiente:
(1)
presentar su solicitud conforme a la Regla 11;
(2)
incluir con la solicitud la información y los documentos
necesarios para demostrar que el curso cumple con los
requisitos de la Regla 10;
(3)
acreditar que el curso será ofrecido a un costo razonable,
determinado a base de la cantidad que regularmente se
cobra por un curso similar en el mercado de Puerto Rico.
(4)
separar, al menos, el veinticinco porciento (25%) de los
espacios para que cualquier profesional del Derecho con
interés pueda tomarlo como educación jurídica continua;
(5)
cumplir, con el requisito de divulgación efectiva dispuesto
en la Regla 16, a más tardar noventa (90) días antes de la
fecha de ofrecimiento del curso;
(6)
esperar, por lo menos, hasta cuarenta y cinco (45) días
antes de la fecha de ofrecimiento del curso para comenzar
a admitir solicitantes del público (aquellos que no están
asociados con la entidad profesional privada); si, al
momento de comenzar a admitir dichos solicitantes,
hubiera más solicitudes del público que espacios
disponibles, los participantes se escogerán al azar; si algún
solicitante del público, luego de ser escogido, cancela o no
remite el pago oportunamente, se deberá escoger
inmediatamente a un sustituto, al azar, de entre los que
hayan solicitado del público pero no hayan sido
previamente escogidos;
(7)
a más tardar veinte (20) días luego del día en que se
ofreció el curso:
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(B)
(a)
acreditar que se cumplió con el requisito de
divulgación efectiva dispuesto en el inciso (A)(5) de
esta Regla;
(b)
informar: (i) el número total de espacios que estuvo
disponible y número de espacios que estuvo
disponible a personas no asociadas a la entidad
profesional privada (“público”), (ii) los nombres de
las personas no asociadas a la entidad profesional
privada (“público”) que solicitaron y la fecha en que
se recibió cada solicitud, independientemente de si
fueron admitidas o de si la solicitud fue oportuna,
(iii) el número de personas que fueron admitidas,
(iv) los nombres de las personas admitidas que no
están asociadas a la entidad profesional privada
(“público”), junto a su fecha de admisión, y los
nombres de las demás personas admitidas, (v) el
número de personas que asistió, (vi) los nombres de
las personas que asistieron y que no están
asociadas a la entidad profesional privada
(“público”), y los nombres de las demás personas
que asistieron;
(c)
cumplir con el requisito dispuesto en la Regla
11(A)(5).
Todo curso aprobado de conformidad con el inciso (A) de esta
regla será acreditado hasta una tercera parte (1/3) del total de
horas requeridas en cada período de cumplimiento.
COMENTARIO
El inciso (A) de esta regla permite acreditar aquellos cursos que los bufetes,
sociedades, corporaciones profesionales o entidades privadas organizan para sus
miembros, siempre y cuando su propósito sea afín con el programa de educación
jurídica continua obligatoria. Los incisos (A)(4), (5), (6) y (7) se fundamentan en que
los bufetes y otras entidades profesionales privadas ofrecen cursos que podrían
contribuir al desarrollo de los profesionales del Derecho que no son miembros de éstas.
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Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
La Junta tomó en consideración los requisitos establecidos en otras jurisdicciones para
la acreditación de estos cursos.
REGLA 13. CURSOS
OFRECIDOS
PÚBLICAS: REQUISITOS
POR
ENTIDADES
PROFESIONALES
Las entidades profesionales públicas con interés en ofrecer un
curso para que se le acredite como educación jurídica continua a sus
empleados(as) que sean profesionales del Derecho cumplirán con lo
siguiente:
(1)
presentar una solicitud en el formulario provisto por la
Junta sesenta (60) días antes del ofrecimiento del curso;
(2)
incluir la información y los documentos necesarios para
acreditar que el curso cumple con los requisitos de la Regla
10.
COMENTARIO
La Regla permite la acreditación de cursos organizados por las entidades públicas
con el fin de facilitar la educación jurídica continua a un costo razonable para los
profesionales del Derecho en el servicio público. Estos cursos, una vez aprobados por
la Junta, serán acreditados en un cien por ciento (100%). Como surge de la Regla
9(9), y su comentario, el fondo de becas, que en su momento creará la Junta servirá
para ofrecer un mayor acceso a la educación jurídica continua a aquellos profesionales
del Derecho con necesidad económica, y a los profesionales en el servicio público que
demuestren tenerla.
REGLA 14. CÓMPUTO DE CRÉDITOS
Las veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica continua
se calcularán de la siguiente manera:
21
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(1)
una hora crédito consistirá de sesenta (60) minutos de
participación en actividades propias de educación legal;
(2)
el tiempo a acreditar por cursos ofrecidos únicamente a
través de mecanismos no tradicionales de enseñanza y
aprendizaje no excederá de una tercera parte (1/3) del
total de horas crédito requeridas; en su acreditación la
Junta evaluará la naturaleza del curso, el tiempo que
normalmente se requiere para completarlo y el informe
que rinda el proveedor respecto al desempeño de quienes
tomaron el curso;
(3)
las horas crédito tomadas en exceso del total requerido
podrán ser acreditadas al próximo período de cumplimiento
siempre y cuando no excedan de veinticuatro (24).
COMENTARIO
La Regla 6 del Reglamento de 1998 exige veinticuatro (24) horas crédito de
educación jurídica continua en un período de dos (2) años. La Regla 3(e) de dicho
Reglamento define el término horas crédito como aquellas horas dedicadas a la
asistencia a un curso o seminario ofrecido por un proveedor reconocido y que una hora
crédito se computará a base de sesenta (60) minutos.
El inciso (1) de esta regla amplía esa disposición para aclarar que los sesenta
(60) minutos se refieren a participación en actividades propias de educación legal, la
cual obviamente excluirá el tiempo dedicado a otras actividades que no son educación
jurídica continua.
Otras jurisdicciones disponen normas específicas al respecto, por
ejemplo, Regla 104(d) (Colorado); Regla 2 (Vermont); Regla 3(c) (Arkansas); Regla
3.5 (Alabama); y Sección 5(a)(2) (Pennsylvania).
22
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
La Sección 9 de las Reglas Modelo de Educación Jurídica Continua de la
American Bar Association reconoce que se pueden acreditar cursos que tome el
profesional del Derecho a través de mecanismos no tradicionales de enseñanza y
aprendizaje, fuera del ambiente del salón de clases, siempre y cuando se cumpla con
ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es establecer una cantidad máxima de horas
que se podrán acreditar en la educación jurídica continua que es completada de esta
manera. La American Bar Association recomienda que ese número de horas no exceda
de una tercera parte (1/3) del total de horas crédito, y que se cumpla con otros
requisitos, los cuales se incluyen en el inciso (2) de esta Regla.
El inciso (3) se refiere a un aspecto del cómputo de las horas crédito que
dispone el inciso (a) de la Regla 6 (a) del Reglamento de 1998.
23
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 15. CURSOS OFRECIDOS MEDIANTE EL USO DE MECANISMOS NO
TRADICIONALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(A)
Se podrá acreditar cursos en que se utilicen mecanismos no
tradicionales de enseñanza y aprendizaje, ya sea por
correspondencia, computadora, vídeo, grabación u otros medios,
sujeto a las limitaciones y requisitos establecidos en la Regla 14(2)
de este Reglamento.
(B)
La solicitud para la aprobación de estos cursos cumplirá con los
requisitos de la Regla 11(A)(1), (2), (3) Y (5). El proveedor
explicará cómo el curso cumple con los requisitos de la Regla 10,
los fines del programa de educación jurídica continua obligatoria y
este Reglamento.
(C)
La Junta evaluará caso a caso estas solicitudes y discrecionalmente
podrá aprobarlas. Todo proveedor certificado deberá someter
estos cursos para aprobación previa de la Junta.
COMENTARIO
La preaprobación de cursos bajo las Reglas 17(c) y 18(c) no incluye a estos
cursos.
REGLA 16.
REQUISITO DE DIVULGACIÓN EFECTIVA
(A)
Todo proveedor que solicite la aprobación de un curso para
acreditación, podrá publicar sus ofrecimientos en cualesquiera
mecanismos a través de los cuales se realice una divulgación
efectiva dirigida a los profesionales del Derecho que pudieran
tener interés en tomar los cursos. Una vez aprobado el curso,
será deber del proveedor anunciarlo de conformidad con la
definición de la Regla 5(5).
(B)
La Junta divulgará mediante el Portal de la Rama Judicial en la
red los cursos aprobados, a base de la información que conste en
sus expedientes administrativos, la cual se mantendrá
actualizada.
24
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO IV
PROVEEDORES
REGLA 17. PROVEEDOR CERTIFICADO: REQUISITOS; PROCEDIMIENTO
(A)
Requisitos
Una persona natural o jurídica interesada en que se le extienda
licencia de Proveedor Certificado cumplirá con los siguientes
requisitos:
(B)
(1)
haber ofrecido, durante los cuatro (4) años contados a
partir de la fecha de aprobación de este Reglamento,
cursos de educación jurídica continua que cumplieron con
los requisitos para su acreditación;
(2)
demostrar que la misión de su programa de educación
jurídica es el mejoramiento de los profesionales del
Derecho a través de la educación jurídica;
(3)
demostrar que posee la solvencia económica necesaria
para mantener un programa de educación jurídica continua
de la más alta calidad;
(4)
demostrar
que
sus
actividades
están
dirigidas
primordialmente a los profesionales del Derecho;
(5)
comprometerse a cumplir con la misión y los propósitos del
Programa de Educación Jurídica Continua obligatoria.
Procedimiento
La persona natural o jurídica interesada en que se le licencie
como Proveedor Certificado presentará una solicitud en el
formulario provisto por la Junta, con la siguiente información:
(1)
nombre del proveedor, dirección, teléfono, fax, correo
electrónico;
(2)
nombre y título de la persona contacto;
(3)
descripción de cada actividad o curso de educación jurídica
continua ofrecido durante los últimos cuatro (4) años
anteriores a la solicitud, con la siguiente información:
25
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
título del curso y su descripción;
fecha y lugar de celebración;
costo de registro o matrícula;
prontuario o contenido del curso;
nombres de los recursos y calificaciones
profesionales;
descripción de los materiales distribuidos a los
participantes;
horas acreditadas;
distribución de horas por categoría o asunto (ej:
aspectos sustantivos, aspectos de la práctica de la
profesión, ejercicios, preguntas);
audiencia a la cual fue dirigida el curso;
indicar si el curso fue anunciado como abierto al
público, o si fue ofrecido exclusivamente a un grupo
en particular;
método para evaluar el curso (ejs: evaluación por
los y las participantes, evaluador independiente)
formato de presentación (ejs: salón de clases,
vídeo, circuito cerrado, transmisión simultánea,
estudio individual, computadora);
mecanismos para constatar el aprovecha-miento
académico del curso;
(4)
anejos y documentos que acreditan la información
requerida en el inciso B (3);
(5)
descripción de su experiencia en el campo jurídico, de sus
facilidades físicas y de la preparación de las personas a
cargo de la organización, enseñanza y supervisión de su
programa;
(6)
jurisdicciones en las que se le ha extendido licencia como
Proveedor Certificado, si alguna;
incluir, cuando se trate de una corporación, el Certificado
de Cumplimiento (“Good Standing”) expedido por el
Departamento de Estado, copia del certificado de
incorporación, de los estatutos corporativos y del último
informe anual;
(7)
(8)
copia del último estado financiero auditado;
26
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(9)
certificación de que ha rendido planillas de contribución
sobre ingresos durante los últimos cinco (5) años;
(10)
declaración de que se compromete a cumplir con la misión
del programa de educación jurídica continua y con todos
los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo en este
Reglamento y disposiciones relacionadas.
(C)
Extendida la licencia de Proveedor Certificado, los cursos que
ofrezca el proveedor se considerarán pre-aprobados una vez los
informe a la Junta de conformidad con los requisitos de la Regla
11(A)(1),(2),(3) y (5). La Junta, en el ejercicio de su facultad,
podrá denegar la aprobación de cualquier curso que no cumpla
con los requisitos de este Reglamento, en cuyo caso lo notificará
al proveedor con suficiente antelación. Los casos de
incumplimiento podrán conllevar la revocación de la licencia
extendida.
(D)
La licencia de Proveedor Certificado tendrá una vigencia de dos
(2) años y el proveedor, si interesa continuar, deberá solicitar su
renovación para cada período subsiguiente.
COMENTARIO
El curso es el objeto principal de la reglamentación del programa de educación
jurídica continua obligatoria.
La figura del proveedor queda enmarcada en este
principio general al reglamentarse en el contexto de la certificación para ofrecer cursos,
pues de esa manera se facilita la función evaluadora de la enorme cantidad de cursos
que se generarán en cada período de cumplimiento.
La reglamentación hace una
distinción de carácter provisional en la Regla 18 basada en razones de necesidad, que
permite comenzar el programa con un grupo de proveedores de reconocida experiencia
en la educación jurídica, pero que se mantiene igualmente enfocada en la facultad de la
Junta para supervisar los cursos ofrecidos por éstos. Este enfoque de aprobación curso
a curso permite, además, contar con un mecanismo flexible para certificar sobre la
27
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
marcha a aquellos proveedores que cumplen con los parámetros y normas del
programa.
REGLA 18. CERTIFICACIÓN PROVISIONAL DE PROVEEDORES
(A)
De así solicitarlo, la Junta extenderá una Certificación Provisional
de Proveedores por un período de cuatro (4) años, a los
programas de educación jurídica continua de las Escuelas de
Derecho reconocidas por el Tribunal Supremo y acreditadas por la
American Bar Association, la Facultad de Derecho Eugenio María
de Hostos y el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
(B)
Las organizaciones e instituciones antes indicadas presentarán la
solicitud con la información que requiere la Regla 17(B) de este
Reglamento.
(C)
Una vez se les extienda la Certificación Provisional de
Proveedores, los cursos que ofrezcan estas organizaciones e
instituciones, se considerarán pre-aprobados siempre y cuando
sean informados a la Junta de conformidad con los requisitos de
la Regla 11(A)(1),(2),(3) y (5). La Junta, en el ejercicio de su
facultad, podrá denegar la aprobación de cualquier curso que no
cumpla con los requisitos de este Reglamento, en cuyo caso lo
notificará al proveedor con suficiente antelación. Los casos de
incumplimiento podrán conllevar la revocación de la licencia
extendida.
(D)
Transcurrido el período provisional de cuatro (4) años, estas
organizaciones e instituciones quedarán en igual situación que los
demás proveedores y podrán solicitar licencia de Proveedor
Certificado de conformidad con la Regla 17.
COMENTARIO
El mecanismo de esta Regla se adopta de manera provisional con el propósito de
facilitar la administración del programa de educación jurídica continua obligatoria en su
etapa inicial y permitirle a la Junta adquirir sobre la marcha mayor experiencia en la
administración del programa. El resultado de esta experiencia permitirá a la Junta más
28
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
adelante decidir si, en efecto, este mecanismo debe adoptarse de manera definitiva,
modificarse o eliminarse.
REGLA 19. DEBERES
DEL
ACADÉMICO
PROVEEDOR
SOBRE
APROVECHAMIENTO
(A)
Todo proveedor realizará evaluaciones continuas y sistemáticas
en cuanto a logros de objetivos educativos, diseño de programas,
métodos pedagógicos, contenido de materiales, calidad de los
recursos, entre otros.
(B)
A solicitud de la Junta, el proveedor rendirá informes sobre cómo
los mecanismos utilizados logran el aprovechamiento académico
de sus cursos, los objetivos del programa, la continua presencia y
la participación real y efectiva de los asistentes.
(C)
La Junta podrá verificar la eficacia de estos mecanismos a través
de procedimientos que con ese propósito establezca. Todo
proveedor conservará los documentos y expedientes relacionados
con el cumplimiento de esta regla, para su eventual inspección
por la Junta, por un término de cinco (5) años.
29
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
La motivación es un elemento esencial para obtener un aprovechamiento
académico efectivo en la educación jurídica. La Regla 6(b) del Reglamento de 1998
plasmó ese importante elemento al requerir que se desarrollen medidas para estimular
y comprobar el aprovechamiento efectivo de todo curso ofrecido.
En este sentido, para alcanzar los objetivos del programa de educación jurídica
continua obligatoria y ante el interés de lograr cumplimiento específico y no pro-forma,
es primordial que se adopten mecanismos adecuados y necesarios para asegurar el
aprovechamiento académico, sin el cual no es posible mantener un control de calidad
en los ofrecimientos y asegurar que cada curso cumple el propósito educativo para el
cual fue diseñado. La exigencia de dichos mecanismos no implica necesariamente que
se requerirá administrar exámenes a los participantes.
Este asunto del aprovechamiento académico fue discutido y analizado desde
distintas perspectivas por los miembros de la Junta. Se trata de un asunto complejo
cuyas implicaciones requiere ponderar múltiples elementos. Como resultado de esas
discusiones, la Junta recomienda conceder un tiempo a los proveedores para que
establezcan estándares y mecanismos dirigidos a medir el aprovechamiento académico
de sus cursos. A este fin podrán beneficiarse de la experiencia de los proveedores de
otras jurisdicciones y de guías como las del estudio MCLE: A Coordinated Approach,
Report and Recommendations, The Association for Continuing Legal Education,
American Law Institute, American Bar Association Committee on Continuing
Professional Education, 1997.
30
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
Si luego de realizar el cotejo de esos mecanismos por un tiempo razonable se
determina que no se están logrando las metas académicas que se visualizaron, la Junta
podría proponerle al Tribunal Supremo las recomendaciones que entienda necesarias,
como por ejemplo, considerar la posibilidad de que la designación de Proveedor
Certificado sea por un período más corto de tiempo.
REGLA 20. RECURSOS
(A)
Todo proveedor establecerá los mecanismos necesarios que
garanticen que las profesoras y los profesores que participen
como recursos en la educación jurídica continua poseen las
calificaciones, la competencia profesional y las destrezas
pedagógicas que permitan una enseñanza provechosa de los
cursos.
(B)
El Director(a), al momento de la aprobación de cursos, verificará
si el proveedor cumple con esta regla.
COMENTARIO
La regla establece la responsabilidad de todo proveedor de desarrollar
mecanismos que le permitan contar con los mejores profesionales del Derecho que
actúen como recursos para ofrecer la educación jurídica continua. La certificación de
proveedor que le concede el Tribunal le impone el deber de asegurarse de que cada
curso ofrecido para fines de acreditación estimula y contribuye al mejoramiento
profesional de los profesionales del Derecho participantes.
REGLA 21. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EDUCACIÓN JURÍDICA
CONTINUA
Si el proveedor combina un curso con otras actividades que no
son objeto de acreditación por la Junta, expresará en los documentos
31
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
que rinda, el tiempo exacto dedicado a la educación jurídica continua y
el tiempo dedicado a la otra actividad.
REGLA 22. DEBER DE PROVEER ACOMODO RAZONABLE
Todo proveedor ofrecerá acomodo razonable al profesional del
Derecho que lo solicite por razón de algún impedimento, para que pueda
cumplir con el requisito de educación jurídica continua obligatoria.
COMENTARIO
La Regla se refiere al deber del proveedor de ofrecer acomodo razonable de
conformidad con las leyes que imponen esta obligación a las entidades que brindan un
servicio al público. Se basa en la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos,
núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 L.P.R.A. 501 y sigs., la American
with Disabilities Act (ADA), Pub. L. 101-336, julio 26, 1990, 42 U.S.C.A. 1201 y sigs. y la
sección 9 de las Reglas Modelo de Educación Jurídica Continua promulgadas por la
American Bar Association. El impedimento ha de ser uno de los que están cubiertos por
la ley ADA.
32
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 23. EXPEDIENTES DE LOS CURSOS
(A)
Todo proveedor conservará por un término de cinco (5) años los
expedientes sobre los cursos que haya ofrecido para propósitos
de acreditación y los mantendrá a la disposición de la Junta para
inspección cuando ésta se lo requiera.
(B)
Los expedientes incluirán la información esencial para la
acreditación de la educación jurídica continua:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
identificación de los cursos;
recursos que participaron;
listas de asistencia con las firmas de quienes tomaron los
cursos;
evaluaciones de los cursos por parte de los profesionales
del Derecho que los tomaron;
certificaciones de participación expedidas y certificaciones
relacionadas;
utilización de mecanismos tecnológicos o de otra índole
para la enseñanza en forma individual o a distancia;
informes sobre aprovechamiento académico de los cursos
y;
cualquier otra información pertinente.
33
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS ANTE LA JUNTA
REGLA 24. PETICIONES
(A)
(C)
Cualquier persona interesada en una determinación de la Junta
podrá presentar por escrito cualquiera de las siguientes
solicitudes:
(1)
licencia de proveedor certificado al amparo de la Regla 17;
(2)
certificación provisional de proveedor al amparo de la
Regla 18;
(3)
acreditación de cursos conforme a la Regla 11(B);
(4)
exoneración bajo la Regla 4(C)(3)(c) y (d);
(5)
diferimiento bajo la Regla 4(C)(3)(d);
(6)
cualquier otra petición que pudiera surgir de la aplicación
de este Reglamento.
Requisitos:
(1)
La solicitud será presentada en el formulario provisto por la
Junta, describirá en forma detallada y precisa el propósito
e incluirá los documentos pertinentes que apoyan la
misma.
En ausencia de un formulario, la persona
interesada determinará la forma de hacerlo, siempre que
conste por escrito.
(2)
La solicitud para la designación como Proveedor Certificado
incluirá la información requerida en la Regla 17.
(3)
La solicitud para la acreditación de cursos incluirá la
información requerida en la Regla 11(B).
34
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 25. EVALUACIÓN; DETERMINACIÓN
(A)
El(la) Director(a) evaluará las solicitudes que hayan sido
debidamente presentadas.
(B)
Toda solicitud que no cumpla con los requisitos de este
Reglamento o que esté incompleta podrá ser denegada por el(la)
Director(a).
(D)
En la evaluación de la solicitud, el(la) Director(a) podrá
requerirle información adicional al solicitante.
(D)
El(la) Director(a) podrá conceder la solicitud en todo o en parte o
denegarla. En ambos casos, deberá notificar su decisión al
solicitante.
REGLA 26. REVISIÓN DE LAS DECISIONES DEL DIRECTOR(A)
(A)
Reconsideración:
La persona que no esté conforme con la decisión, podrá solicitar
del Director(a) la reconsideración, con tal que lo haga dentro de
los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión.
Expresará las razones en que se fundamenta y podrá solicitar la
celebración de una vista informal, que será concedida a discreción
del Director(a). Éste resolverá la reconsideración dentro de los
diez (10) días siguientes a su presentación.
(B)
Apelación ante la Junta:
La persona que no esté conforme con la determinación en
reconsideración del Director(a) podrá presentar ante la Junta un
recurso de apelación con tal que lo haga dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de notificación de la decisión.
(C)
Los anteriores términos son de cumplimiento estricto,
prorrogables por justa causa que se expondrá en la petición.
REGLA 27. REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
Las decisiones de la Junta serán finales. Podrán ser revisadas por
el Tribunal Supremo mediante una solicitud de certiorari presentada
35
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión de
la Junta. Dicho término es de cumplimiento estricto.
36
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO VI
CUMPLIMIENTO POR PROFESIONALES DEL DERECHO
REGLA 28. MÍNIMO DE HORAS CRÉDITO; INFORME DE CUMPLIMIENTO
(A)
Todo profesional del Derecho cumplirá con los requisitos mínimos
de horas crédito que se disponen en la Regla 6 del Reglamento
de 1998. Presentará ante la Junta, en el formulario provisto para
ello, un informe de cumplimiento tan pronto haya completado las
veinticuatro (24) horas crédito correspondientes al período, pero
nunca más tarde de los treinta (30) días siguientes a la
terminación del período de cumplimiento. Este informe podrá ser
presentado mediante entrega personal, correo, facsímil o
cualquier medio electrónico.
(B)
Todo profesional del Derecho que en virtud de la Regla 4(C) está
excluido de cumplir con la educación jurídica continua, rendirá el
informe de cumplimiento en cada período indicando la exclusión
bajo la cual no está obligado a tomar los cursos requeridos. El
profesional del Derecho que haya solicitado ante la Junta y
obtenido una exención de cumplimiento, rendirá también dicho
informe, en el que explicará la exención que le fue concedida.
(C)
El profesional del Derecho indicará en el informe de cumplimiento
cualquier cambio en su dirección física y postal.
(D)
La Junta establecerá un mecanismo escalonado
cumplimiento con esta Regla en fechas distintas.
para
el
REGLA 29. AVISO DE INCUMPLIMIENTO
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de cada
período de cumplimiento, la Junta notificará un Aviso de Incumplimiento
a todo profesional del Derecho que no haya rendido el informe requerido
por la Regla 28.
37
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
La regla reitera lo dispuesto en la Regla 9(a) del Reglamento de 1998, que
requiere la notificación de un Aviso de Incumplimiento a los profesionales del Derecho
que no hayan informado las horas crédito de los cursos de educación jurídica continua
tomados en el periodo de cumplimiento.
REGLA 30. CUMPLIMIENTO TARDÍO
Todo profesional del Derecho que incumpla su obligación de
presentar el informe requerido por la Regla 28, podrá presentar el
informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del
Aviso de Incumplimiento. En el mismo explicará las razones que
justifican el cumplimiento tardío e incluirá la cuota de $50.00 mediante
cheque o giro postal.
COMENTARIO
La Regla 9 (b) del Reglamento de 1998, concede un término de treinta (30) días
contados a partir del Aviso de Incumplimiento para informar a la Junta las razones por
las cuales el informe no fue presentado a tiempo.
En virtud de la facultad conferida a la Junta de adoptar las reglas necesarias para
la administración eficiente de este Reglamento, se dispone que el cumplimiento tardío
conllevará automáticamente el pago de una cuota de $50.00 pagadera mediante
cheque o giro postal para atender los gastos operacionales de la Junta en el descargo
de sus funciones. En la mayoría de las jurisdicciones consultadas, se provee para el
pago de cuotas por la presentación tardía del informe de cumplimiento. Véanse Regla
6-A - $50 (Alabama);
sección 5.01 - $75 (Arkansas);
38
Regulation 111(a) - $50
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(Colorado);
Regla 6(c) - $150 (Louisiana);
Regla 9C - $50 (Minnesota);
sección
.1608(b) - $75 (North Carolina); sección 18 - $100 (Pennsylvania).
REGLA 31. INCUMPLIMIENTO; CITACIÓN
(A)
Transcurrido el término sin que se haya presentado el informe de
cumplimiento, el(la) Director(a) citará por escrito al profesional
del Derecho a una vista informal.
(B)
La citación incluirá lo siguiente: el propósito de la vista, la fecha y
lugar de la misma, y el período incumplido.
COMENTARIO
La regla se basa en los incisos (d)(2) y 9 (c) de la Regla 8 del Reglamento de
1998, que confieren a la Junta la facultad de considerar casos de incumplimiento y
requerir la comparencia del profesional del Derecho en tales casos.
REGLA 32. VISTA INFORMAL ANTE EL DIRECTOR(A)
(A)
El profesional del Derecho citado a una vista informal por
incumplimiento expondrá las razones que justifiquen su
incumplimiento y presentará la prueba de que disponga.
(B)
El Director(a) evaluará las razones expuestas y resolverá lo que
proceda conforme a la reglamentación aplicable.
(C)
En caso de incomparecencia, la Junta remitirá el asunto al
Tribunal Supremo de conformidad con lo dispuesto en la Regla 9
del Reglamento de 1998.
(D)
Toda
determinación
del
Director(a)
será
notificada
oportunamente al profesional del Derecho concernido.
39
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
COMENTARIO
La Regla 8(d)(2) del Reglamento de 1998 faculta a la Junta a considerar casos
de incumplimiento y rendir los informes correspondientes luego de haberle dado a la
persona afectada la oportunidad de ser oída, mientras que la Regla 9(c) ordena remitir
al Tribunal Supremo los casos de incomparecencia de los profesionales del Derecho.
40
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
CAPÍTULO VII
MECANISMOS ALTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS
DISPOSICIONES
REGLA 33. PARTICIPACIÓN COMO RECURSOS
Los profesionales del Derecho que participen como recursos en la
educación jurídica continua recibirán acreditación por esta función
cuando presenten ante la Junta su solicitud y la certificación del
proveedor en que conste su participación y horas de enseñanza.
REGLA 34. PUBLICACIÓN DE OBRAS DE CONTENIDO JURÍDICO
Los profesionales del Derecho que publiquen libros de contenido
jurídico y artículos en revistas jurídicas reconocidas recibirán
acreditación por estas publicaciones, que no rebasará dos(2) períodos
de cumplimiento, cuando presenten su solicitud con la evidencia
pertinente sobre la publicación realizada y horas dedicadas.
Corresponderá al Director(a) y en última instancia a la Junta
determinar la cantidad de horas crédito a ser acreditadas por dichas
publicaciones.
COMENTARIO A REGLAS 33 Y 34:
Las Reglas 33 y 34 se basan en los incisos (a) y (b) de la Regla 7 del Reglamento
de 1998 que reconocen como mecanismos alternos de cumplimiento la publicación de
libros de contenido jurídico, artículos en revistas jurídicas reconocidas y la enseñanza de
cursos de educación jurídica continua. Se añade el requisito de la presentación de una
solicitud con los documentos pertinentes para que el profesional de Derecho provea a la
Junta la información que permitirá determinar las horas que serán acreditadas.
41
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 35. ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO
Todo profesional del Derecho que haya completado un grado de
Maestría en Derecho en alguna universidad reconocida por el Consejo de
Educación Superior, estará relevado de tomar cursos de educación
jurídica continua durante un período de dos (2) años, término que se
contará a partir de la fecha de obtención del grado. Si el grado obtenido
es un Doctorado en Ciencias Jurídicas o su equivalente en Derecho, el
período de exención será de cuatro (4) años, contado a partir de la
fecha de obtención del grado.
COMENTARIO
La regla se basa en la Regla 7 (c) del Reglamento de 1998, que reconoce como
mecanismo alterno de cumplimiento los estudios postgraduados en Derecho cursados
en las universidades reconocidas por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
Con esta disposición se pretende estimular a los profesionales del Derecho a mejorarse
profesionalmente a través de estudios con los que igualmente se alcanzan los fines del
programa de educación jurídica continua obligatoria.
REGLA 36. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, COMITÉS DEL
TRIBUNAL SUPREMO Y COMO REDACTOR(A) O CORRECTOR(A)
DE REVÁLIDA
(A)
Estarán relevados de cumplir con los términos de este Reglamento,
mientras dure su designación, todo profesional del Derecho que
sirva en:
(1)
la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por
Razones de Salud de Jueces y Juezas del Tribunal de
Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones;
(2)
la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía;
(3)
la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría;
42
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(4)
la Junta de Educación Jurídica Continua;
(5)
los comités asesores permanentes y ad hoc activos del
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial;
(6)
los comités de redactores y correctores de las reválidas
general y notarial designados de conformidad con el
Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la
Abogacía y la Notaría;
(7)
otros comités, comisiones o juntas que a juicio del Tribunal
Supremo deban ser relevadas de cumplir con este Programa.
REGLA 37. ACREDITACIÓN RETROACTIVA
(A)
La Junta acreditará los cursos de educación jurídica continua que
los profesionales del Derecho hayan tomado en los tres (3) años
anteriores a la fecha de vigencia de este Reglamento.
(B)
Para obtener la acreditación será necesario presentar una
solicitud de conformidad con la Regla 11(B)(1), (2) y (3), e incluir
la certificación del proveedor que acredite la participación del
profesional del Derecho en los cursos.
(C)
La Junta se reserva la facultad de determinar si estos cursos
cumplen con los criterios establecidos para su acreditación y
podrá solicitar la información que estime pertinente a tal
propósito.
43
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 38. NOTIFICACIONES DEL DIRECTOR(A) O DE LA JUNTA; MODOS DE
REALIZARLAS
Las notificaciones del Director(a) o de la Junta a los profesionales
del Derecho y a los proveedores podrán ser realizadas a través del correo
ordinario, facsímil o medios electrónicos.
COMENTARIO
La
aplicación
de
este
Reglamento
requiere
realizar
una
cantidad
de
comunicaciones y notificaciones del Director(a) o de la Junta a los profesionales del
Derecho y a los proveedores. A modo de ejemplo y para facilitar la comprensión de la
estructura del Reglamento, se incluye a continuación una lista de estas notificaciones:
A profesionales del Derecho:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Acreditación de cursos (Regla 11(B), total, parcial o denegar acreditación
(Regla 26(B), (D));
Requerimiento de información adicional para acreditación de cursos
(Regla25(C));
Acreditación por participación como recurso (Regla 33);
Acreditación por publicación de obras jurídicas (Regla 34);
Acreditación retroactiva de cursos (Regla 37);
Relevo de la educación jurídica continua por estudios de maestría y
doctorado (Regla 35);
Relevo de la educación jurídica continua por participar en juntas y
comisiones del Tribunal Supremo, redacción y corrección de reválidas
(Regla 36);
Aviso de Incumplimiento (Regla 29);
Citación a vista informal por no presentar Informe de Cumplimiento (Regla
31);
Determinación del Director(a) luego de vista (Regla 32(D));
Señalamiento de vista en reconsideración (Regla 26(A));
Decisión del Director (a) en reconsideración (Regla 26(A));
Decisión de la Junta en apelación (Regla 27);
Determinación de referir al Tribunal Supremo los casos de incumplimiento
por incomparecencia (Regla 32(C));
Exoneración de cumplimiento por incapacidad para ejercer la profesión
(Regla 4(C)(3)(c));
44
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
(16)
(17)
(18)
Exoneración de educación jurídica continua por justa causa (Regla
4(C)(3)(d));
Diferimiento de la educación jurídica continua por justa causa (Regla
4(C)(3)(d);
Cualquier otra relacionada con el cumplimiento de requisitos.
A proveedores:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Certificación Provisional de Proveedor (Regla 18);
Licencia de Proveedor Certificado (Regla 17);
Aprobación de cursos, en todo o en parte (Regla 25(D));
Denegar aprobación de cursos (Regla 11(A)(4), Regla 12, Regla 13, Regla
14, Regla 17(C), Regla 18(C), Regla 25 (B) y (D));
Denegar solicitud de Proveedor Certificado (Regla 17);
Aprobación de cursos a entidades profesionales privadas (Regla13);
Aprobación de cursos a entidades profesionales públicas (Regla 14);
Requerimiento de informes sobre comprobación de aprovechamiento
académico (Regla 19(B));
Notificación para inspección de documentos (Regla 19(C));
Incumplimiento con mecanismos para garantizar idoneidad de recursos
(Regla 20(B));
Decisión del Director en reconsideración (Regla 26)
Decisión de la Junta en apelación (Regla 27)
Revocación de licencia por incumplimiento con el programa de educación
jurídica continua (Regla 17(C), Regla 18(C));
Requerimiento de información adicional (Regla 25(C));
Cualquier otra relacionada con el cumplimiento de requisitos.
REGLA 39. SITUACIONES NO PREVISTAS
El Director(a), con la aprobación del Presidente o de la Presidenta
de la Junta, podrá tomar medidas para atender situaciones no previstas
en la forma que, a su juicio, sirva a los mejores intereses de todas las
partes.
45
Reglamento del Programa de
Educación Jurídica Continua
REGLA 40. SEPARABILIDAD
Si por virtud de legislación o determinación judicial cualquier
disposición de este Reglamento es declarada nula o ineficaz en todo o
en parte, la disposición se tendrá por no puesta y no afectará la validez
de las demás disposiciones, las cuales continuarán en todo su vigor y
eficacia.
REGLA 41. VIGENCIA
Este Reglamento entrará en vigor en 18 meses a partir de su
aprobación.
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In re: Reglamento...
Voto Disidente
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