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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Robinson Rodríguez Medina e Ivis Romeu Palermo vs. Eleuterio Pérez Torres, Felicita Ortiz Ramírez y otros

2005 TSPR 36

Poder Judicial de Puerto Rico

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Robinson Rodríguez Medina e Ivis Romeu Palermo vs. Eleuterio Pérez Torres, Felicita Ortiz Ramírez y otros

CC-2003-0104

30 de marzo de 2005 · Derecho de Contratos: Compra-Venta por precio alzado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Robinson Rodríguez Medina y

Ivis Romeu Palermo

Demandantes-peticionarios

vs.

Certiorari

2005 TSPR 36

Eleuterio Pérez Torres,

Felicita Ortiz Ramírez y otros

163 DPR ____

Demandados-recurridos

Número del Caso: CC-2003-104

Fecha: 30 de marzo de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional IV de Aguadilla y Mayagüez

Juez Ponente:

Panel integrado por su Presidenta, la Juez López Vilanova, el

Juez Córdova Arone y la Juez Feliciano Acevedo

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José Miguel Toro Iturrino

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Nelson Vélez Lugo

Materia: Acción Civil Colindancias

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Robinson Rodríguez Medina y

Ivis Romeu Palermo

Demandantes-peticionarios

vs.

CC-2003-104

CERTIORARI

Eleuterio Pérez Torres,

Felicita Ortiz Ramírez y otros

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2005

El

Sr.

Robinson

propietario

de

Rodríguez

dos

Medina

terrenos

era

colindantes

localizados en el barrio La Haya en el municipio

de

Lajas.

terrenos

Rodríguez

mediante

Medina

la

adquirió

compra

estos

de

las

participaciones hereditarias de la sucesión de su

padre, el Sr. Efraín Rodríguez Destres, por la

suma total de $56,000. La referida compra se hizo

mediante la escritura número 22 de Compraventa de

Participación de Herencia otorgada en Lajas ante

el

notario

Luis

A.

Torres

Iturrino,

el

20

de

abril de 1994.

En uno de estos predios de terreno enclava

una

estructura

que

Rodríguez

Medina

utilizaba

2

CC-2003-104

para operar un negocio de supermercado. 1 La descripción que

consta en el Registro de la Propiedad de dicho terreno es la

siguiente:

Urbana:

Porción de terreno localizado en el

Barrio Lajas del término municipal de Lajas, Puerto

Rico, con una cabida superficial de quinientos

ochenta y nueve punto cuarenta y siete metros

cuadrados (589.47 mc). Colinda por el Norte en

veintitrés punto ochenta y ocho metros con terrenos

de Hipólita Rodríguez Santiago, por el Sur en

treinta y seis punto cero seis metros con el

remanente de la finca principal, por el Este en

catorce punto treinta y cinco metros con el

remanente de la finca principal y por el Oeste en

veintisiete punto setenta y dos metros con un

camino.

Enclava una

negocio.2

Rodríguez

estructura

Medina

le

de

vendió

concreto

dedicada

a

al

Eleuterio

Pérez

Sr.

Torres, el 30 de junio de 1998, el terreno antes descrito.

Inicialmente, se hizo un contrato privado escrito a mano en

el que se expresaba que se vendía dicho terreno con una

cabida aproximada de seiscientos (600) metros cuadrados a

Pérez Torres. El precio de venta fijado en dicho contrato

privado fue de $76, 769.00, de los cuales en ese momento se

anticipó la cantidad de $5,000.00 con el acuerdo de que el

Es importante señalar que para evitar que las personas que

iban al supermercado se estacionarán en el otro terreno

perteneciente a Rodríguez Medina, éste construyó una verja

cerca de la colindancia de ambos terrenos.

1

2

Este terreno fue adquirido por el padre del peticionario,

el Sr. Efraín Rodríguez Destres, mediante escritura número 29

sobre segregación y compraventa otorgada el 11 de septiembre

de 1979 ante el notario Arcadio Toro Goyco. Los solares

fueron lotificados por la Administración de Reglamentos y

Permisos el 12 de julio de 1979 en el caso 79-57-0304 MPL.

3

CC-2003-104

resto sería pagado dentro de un período de noventa (90) días

a partir del día en que se firmó dicho contrato.

Dicho negocio jurídico fue formalizado el 17 de agosto

de 1998, mediante la escritura de compraventa número 692,

otorgada ante el notario Luis M. Olivares. El predio se

describió con sus linderos establecidos y como un solar con

una cabida de 589.47 metros cuadrados; ello conforme a su

inscripción en el Registro de la Propiedad. Asimismo, en la

escritura de compraventa se estipuló el precio de $70,000 por

la venta del terreno.3

Pérez

Torres

arrendó

dicho

terreno

al

Sr.

Leoncio

Irizarry y a su esposa, la Sra. Carmen Martínez. Irizarry y

su esposa comenzaron a operar, en la estructura enclavada en

el mencionado terreno, un negocio de colmado conocido como

“La Haya Food Market.” Éstos, adicionalmente, construyeron

una estructura en forma de tarima y otra en forma de kiosco

para la venta de pinchos en la colindancia con el terreno

propiedad

de

Rodríguez

Medina.

Al

enterarse

de

la

construcción de estas nuevas estructuras Rodríguez Medina le

solicitó,

tanto

a

Irizarry

como

a

Pérez

Torres,

que

removieran las mismas ya que éstas se encontraban en el

terreno todavía perteneciente a él. No obstante la solicitud

de Rodríguez Medina, las estructuras no fueron removidas.

3

Del expediente del caso ni de las determinaciones de hecho

del Tribunal de Primera Instancia surgen las razones por las

que el precio convenido en la escritura de compraventa fue

menor a la estipulada en el contrato privado suscrito por las

partes.

4

CC-2003-104

Ante esta situación, el 16 de agosto de 2001, Robinson

Rodríguez Medina, su esposa Ivis Romeu Palerm y la Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta

por

ambos

presentaron

una

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de

Mayagüez,

contra

Eleuterio

Pérez

Torres,

su

esposa

Felicita Ortiz Ramírez y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos; y contra Leoncio Irizarry, su esposa

Carmen Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos.

Rodríguez Medina y su esposa alegaron en la demanda que

eran propietarios del terreno que colindaba con el vendido

por ellos mismos a Pérez Torres. Además, alegaron que Pérez

Torres tenía en su solar una estructura dedicada a negocio,

la cual arrendaron al Sr. Leoncio Irizarry y a su esposa

Carmen Martínez. Asimismo, alegaron que Irizarry y su esposa

construyeron una estructura en forma de tarima y otra en

forma de kiosco para la venta de pinchos, con la anuencia de

Pérez Torres, en una parte del terreno que es propiedad de

los demandantes, habiendo así invadido la propiedad de éstos

y violado su derecho a disfrutar de la misma.

Los

demandantes

alegaron,

gestiones

extrajudiciales

removieran

dichas

para

estructuras,

además,

que

haber

los

resultando

realizado

codemandados

las

mismas

infructuosas. De este modo, Rodríguez Medina y su esposa

solicitaron

del

foro

de

instancia

que

ordenara

a

los

codemandados la remoción de las estructuras construidas en su

5

CC-2003-104

propiedad y condenara a éstos al pago de dos mil dólares en

concepto de honorarios de abogado.

Los

codemandados

contestaron

la

demanda

y

reconvencionaron. En la contestación a la demanda aceptaron

la construcción de las estructuras en controversia, pero,

negaron que éstas fueran construidas en la propiedad de los

demandantes;

en

la

angustias

mentales

culposas

de

reconvención

por

Rodríguez

las

alegaron

actuaciones

Medina,

quien

que

sufrieron

intencionales

había

hostigado

o

y

perseguido a los codemandados acusándolos de haberle robado

terreno,

y

había

propósito

de

radicado

perturbar

a

querellas

los

infundadas,

codemandados

en

el

con

el

uso

y

disfrute de su propiedad. De esta forma, solicitaron del foro

de instancia que condenara a los demandantes al pago de la

suma de $10,000 en daños y perjuicios.

Luego de varios incidentes procesales, el 7 de marzo de

2002, las partes presentaron ante el Tribunal de Primera

Instancia,

el

informe

de

conferencia

con

antelación

al

juicio. En dicho informe los demandantes alegaron que cuando

se suscribió el contrato privado, ellos le indicaron a Pérez

Torres: que no recordaban exactamente la cabida del solar,

pero

acordaron

que,

tan

pronto

firmaran

las

escrituras,

medirían y fijarían las colindancias conforme surgía de la

escritura número 29 sobre segregación y compraventa otorgada

el 11 de septiembre de 1979. Asimismo, alegaron que, aunque

los

codemandados

sabían

cuales

eran

los

puntos

de

colindancias establecidos, ya que se habían hecho las medidas

6

CC-2003-104

del terreno por un agrimensor, estos construyeron la tarima y

el kiosco en terreno que le pertenece a los demandantes.

Por su parte, los codemandados alegaron que la venta fue

por un área total de terreno que aparecía cercada. Que como

el peticionario les hizo creer que la propiedad vendida era

el lugar debidamente cercado, y al ser una venta por precio

alzado, esa porción de terreno era parte del contrato de

compraventa, por lo que le pertenece al comprador, el Sr.

Pérez Torres.

Así las cosas, el 21 de junio de 2002, se celebró juicio

en su fondo en el que declararon como testigos el demandante

Rodríguez

Medina,

el

agrimensor

Rafael

Rivera

y

el

codemandado Pérez. Finalmente, el tribunal de instancia dictó

sentencia declarando con lugar la demanda, ordenando a la

parte demandada hacer entrega a los demandantes de 141.77

metros cuadrados de terreno que tenían en su poder.

El foro de instancia fundamentó su determinación en que

cuando

se

otorgó

el

contrato

privado,

las

partes

habían

acordado que tan pronto se firmaran las escrituras, medirían

y fijarían las colindancias conforme surgía de la escritura

que

evidenciaba

su

titularidad 4 ,

por

lo

que

el

terreno

adquirido por Pérez Torres tenía claramente establecidos sus

linderos

y

sus

puntos

en

forma

precisa

utilizando

instrumentos de alta precisión, y estos estaban mencionados

hasta

4

las

centésimas

de

metros

en

la

escritura

de

El Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones de

hechos no especifica a que escritura se refiere.

7

CC-2003-104

compraventa. Determinó, además, que Pérez Medina al contratar

un agrimensor para que midiera el terreno y colocara los

puntos

correspondientes,

demostró

que

su

intención

al

contratar era que los linderos establecidos eran de acuerdo a

la cabida expresada en la escritura de compraventa, y no

hasta la verja como éste había alegado. De esta manera,

determinó el referido foro que el área de terreno de 141.77

metros cuadrados reclamada por el demandante era propiedad de

éste. Por otro lado, declaró No Ha Lugar la reconvención

presentada por los codemandados.

Inconformes

con

la

referida

sentencia,

el

26

de

septiembre de 2002, los codemandados presentaron recurso de

apelación

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

alegando,

en

síntesis,

que

había

errado

el

tribunal

instancia

al

de

declarar con lugar la demanda porque la parte demandante no

tenía derecho a recobrar el exceso de terreno que resultó en

el

solar

adquirido

por

los

demandados

toda

vez

que

el

contrato de compraventa efectuado por las partes fue por

precio alzado y no por unidad de medida. Asimismo, alegaron

que había errado el referido foro en su análisis de la prueba

testifical.5

El Tribunal de Apelaciones emitió sentencia, el 27 de

noviembre de 2002, mediante la cual revocó la determinación

del Tribunal de Primera Instancia, expresando que la venta

5

Ello no obstante, los apelantes posteriormente le

informaron al Tribunal de Apelaciones que entendían que no

era necesario, para resolver el recurso, una exposición

narrativa de la prueba, a la cual renunciaron.

8

CC-2003-104

original se hizo a precio alzado, y por tanto el vendedor

estaba obligado a entregar todo lo comprendido dentro de los

linderos, aunque hubiera más superficie dentro del terreno de

lo que se expresó en el contrato.

El 13 de diciembre de 2002, los demandantes presentaron

moción

de

reconsideración,

alegando

que

el

terreno

fue

vendido por acuerdo de las partes de conformidad con la

descripción

precisa

contenida

en

la

escritura

y

en

el

Registro de la Propiedad, la cual establecía claramente los

linderos donde estaba comprendido el predio objeto de la

compraventa. El Tribunal de Apelaciones denegó la misma.

Inconforme

con

la

determinación,

los

codemandantes

recurrieron ante este Tribunal --vía certiorari-- imputándole

al foro apelativo intermedio, en síntesis y en lo pertinente,

haber errado al aplicar, de forma incorrecta, la doctrina de

precio

alzado

toda

vez

que

la

venta

del

predio

en

controversia se hizo por los linderos y la obligación del

vendedor era entregarle todo lo comprendido dentro de ellos.6

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de

todas las partes, y estando en posición de resolver el mismo,

procederemos a así hacerlo.

6

El peticionario también señaló como segundo error el que el

Tribunal de Apelaciones incidió al revocar la determinación

de No Ha Lugar dada por el Tribunal de Primera Instancia a la

reconvención de los codemandados. No obstante, la discusión

de este señalamiento de error resulta innecesaria toda vez

que esa determinación del Tribunal de Primera Instancia

advino final y firme ya que los codemandados en este caso no

solicitaron la revisión de esa determinación en su recurso de

apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones.

9

CC-2003-104

I

La

venta

por

precio

alzado

es

aquella

comprador se obliga a pagar determinada

en

que

el

cantidad de dinero

por toda la cabida de un inmueble que resulte existir dentro

de unos linderos ya establecidos en el contrato. Véase: Soc.

de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 D.P.R. 70 (1994);

Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975); José Ramón

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos,

Tomo IV, Vol. II, Univ. Interamericana de Puerto Rico, 1990,

pág. 172. A ella se refiere el Artículo 1360 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3820, que dispone:

En la venta de un inmueble, hecha por precio

alzado y no a razón de un tanto por unidad de

medida o número, no tendrá lugar el aumento o

disminución del mismo aunque resulte mayor o menor

cabido o números de los expresados en el contrato.

Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más

fincas vendidas por un sólo precio; pero si además

de expresarse los linderos, indispensables en toda

enajenación de inmuebles, se designaren en el

contrato su cabida o número, el vendedor estará

obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro

de los mismos linderos, aun cuando exceda de la

cabida o número expresados en el contrato; y si no

pudiere, sufrirá una disminución en el precio

proporcional a lo que falte de cabida o número, a

no ser que el contrato quede anulado por no

conformarse el comprador con que se deje de

entregar lo que se estipuló. (énfasis suplido).

En Soc. de Gananciales v. Secretario de Justicia, ante,

expresamos que en “la venta por precio alzado, el vendedor

tiene

que

entregar

la

cosa

cierta,

que

es

la

finca

individualizada mediante la descripción de sus linderos. Todo

lo que estos comprendan ha de ser entregado a cambio del

10

CC-2003-104

precio convenido. [Citas omitidas.] El fundamento son los

linderos,

no

un

tanto

por

unidad

de

medida.

Cualquier

diferencia entre la cabida expresada y la que efectivamente

tiene la finca, no da margen a reclamación o indemnización

alguna.” (énfasis suplido).

De igual forma, José Puig Brutau, en Fundamentos de

Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, Tomo II,

Vol. 2, 1982, pág. 169, nos dice al respecto:

Por tanto, en las ventas a precio alzado hay

que entregar la cosa cierta que es la finca

individualizada mediante la designación de sus

linderos. Todo lo que éstos comprendan ha de ser

entregado a cambio del precio convenido. La

circunstancia de que se haya hecho constar en el

contrato la cabido o número, a pesar de que de ello

no se haya hecho depender la cuantía del precio, no

se puede repercutir en un aumento del mismo, aunque

la cabida contenida dentro de los linderos sea

superior a la que se hizo constar en el contrato;

pero,

en

cambio,

puede

repercutir

en

una

disminución del precio convenido si el vendedor no

puede entregar todo lo comprendido dentro de los

linderos de la finca vendida por un precio alzado,

sin perjuicio de que, en semejante caso, el

comprador prefiera desistir del contrato ante la

imposibilidad de recibir la cosa en si integridad,

si no le interesa recibirla con una rebaja

proporcional del precio. (énfasis suplido).

Cónsono con lo anteriormente expuesto, si la compraventa

de un bien inmueble se hace por precio alzado, el vendedor

entregará todo lo que se comprenda entre los linderos, aun

cuando exceda la cabida o número expresados en el contrato.

Conforme a ello, cuando estamos ante una venta a precio

alzado lo importante es determinar cuales eran los linderos

establecidos

por

las

partes

contrato de compraventa.

al

momento

de

suscribir

el

11

CC-2003-104

II

Con este trasfondo doctrinal en mente, analizamos los

hechos ante nos. En el presente caso, como correctamente

señaló el Tribunal de Apelaciones, nos encontramos ante una

venta por precio alzado, ya que en efecto, ésta no se hizo a

razón de un tanto por unidad de medida. Se pactó una cantidad

por el terreno completo.

Ahora

bien,

la

venta

por

precio

alzado,

como

indicáramos, se hace por los linderos establecidos en el

contrato

de

compraventa.

En

este

caso,

acorde

con

las

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia,

los linderos se establecieron claramente en la escritura de

compraventa del terreno en controversia, suscrita por ambas

partes. Hecha la venta a precio alzado, el comprador Pérez

Torres tenía derecho a toda la superficie de terreno dentro

de los linderos establecidos en el contrato, aunque dicha

superficie fuera mayor a la expresada en la escritura, pero

no, a una superficie adicional que se extendiera fuera de

dichos linderos.

A tono con lo anterior, en este caso, no se trata de

que, al fijar los linderos, el terreno vendido resultó tener

una

superficie

en

metros

cuadrados

mayor

que

la

cabida

expresada en la escritura. Se trata de que Pérez Torres tenía

en su posesión una superficie de 141.77 metros cuadrados que

se

extendía

fuera

de

los

linderos

especificados

en

la

escritura de compraventa. Por tanto, entendemos, como lo hizo

el Tribunal de Primera Instancia, que era la intención clara

12

CC-2003-104

de

los

contratantes

vender

una

superficie

de

terreno

específica, tal y como surge de la escritura.

En ese sentido, en cuanto a la posible intención de las

partes, el foro de instancia encontró probado que en el

momento en que se suscribió el contrato privado Rodríguez

Medina le indicó a Pérez Torres que no recordaba exactamente

la cabida del solar. No obstante, las partes acordaron que,

tan pronto firmaran las escrituras, medirían y fijarían las

colindancias conforme surgía de la escritura que evidenciaba

su titularidad.

La posición de los recurridos es que el contrato de

compraventa fue por un área total de terreno que aparecía

cercada y que el peticionario les hizo creer que la propiedad

vendida era el lugar debidamente cercado. Sin embargo, el

Tribunal de Primera Instancia encontró probado el hecho de

que el propio codemandado, Pérez Torres, contrató después de

la venta al agrimensor, Sr. Rafael Rivera --el cual declaró

en

el

juicio--

para

que

le

midiera

el

solar

objeto

de

controversia, y colocara los puntos correspondientes por el

lugar donde establece la escritura de compraventa. 7 Conforme

a las determinaciones de hecho del foro de instancia, es

forzoso concluir que, al momento de suscribir el contrato,

7

Es norma en materia de interpretación de los contratos que

para juzgar la intención de los contratantes “deberá

atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y

posteriores al contrato.” Artículo 1234 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 3472. De igual manera “cuando los términos de

un contrato son claros y libres de ambigüedades, se estará al

sentido literal de sus cláusulas.” Artículo 1233 del Código

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471.

13

CC-2003-104

las

partes

descripción

establecieron

y

a

la

los

cabida

linderos

del

de

terreno

acuerdo

a

la

contenida

en

la

escritura de compraventa. Igualmente claro resulta ser que la

porción de terreno, aquí en controversia, no se encontraba

dentro de los linderos establecidos en dicha escritura.

En

virtud

de

lo

antes

expuesto,

el

foro

apelativo

intermedio erró al ignorar por completo las determinaciones

de hecho del Tribunal de Primera Instancia, ya que de las

mismas surgía que, al momento de suscribir el contrato de

compraventa, los linderos del terreno vendido a precio alzado

estaban

efectos,

claramente

establecidos

concluimos

que

los

por

las

141.77

partes. 8

metros

A

cuadrados

esos

de

terreno en controversia, le pertenecen a Rodríguez Medina y a

su esposa Ivis Romeu Palermo, por lo que los recurridos deben

hacerle entrega del mismo.9

III

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos,

procede

expedir el auto de certiorari y dictar Sentencia revocatoria

de

la

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y,

en

8

Como sabemos es doctrina reiterada que los tribunales

apelativos no deben intervenir con la apreciación de la

prueba que realizan los tribunales de instancia en ausencia

de pasión, perjuicio, error manifiesto o parcialidad,

Arguello López v. Arguello García, res. el 31 de agosto de

2001, 2001 T.S.P.R. 124; Trinidad García v. Chade, res. el 18

de enero de 2001, 2001 T.S.P.R. 7.

9

Este caso representa un claro ejemplo de la máxima que

postula que son los hechos los que determinan el derecho, no

a la inversa. Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938

(1997); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 310 (1992).

14

CC-2003-104

consecuencia, confirmatoria de la emitida por el Tribunal de

Primera Instancia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Robinson Rodríguez Medina y

Ivis Romeu Palermo

Demandantes-peticionarios

vs.

CC-2003-104

CERTIORARI

Eleuterio Pérez Torres,

Felicita Ortiz Ramírez y otros

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se dicta Sentencia

revocatoria de la emitida por el Tribunal de

Apelaciones y confirmatoria de la emitida por el

Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica al Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en

el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo