LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Abimael Hernández González v. Hon. José M. Izquierdo Encarnación, Ing., Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de P.R. et al

2005 TSPR 38

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Abimael Hernández González v. Hon. José M. Izquierdo Encarnación, Ing., Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de P.R. et al

CC-2004-0434

Ley de Vehículos y Tránsito: Requerimientos del debido proceso de ley para la expedición de boletos por falta administrativa de tránsito.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Abimael Hernández González

Peticionario

Certiorari

v.

2005 TSPR 38

Hon. José M. Izquierdo

Encarnación, Ing., Secretario

de Transportación y Obras

Públicas del Estado Libre

Asociado de P.R. et al.

163 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-434

Fecha: 4 de abril de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Charles A. Cordero Peña

Por derecho propio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Vannessa Ramírez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Revisión de Multa Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Abimael Hernández González

Peticionario

v.

CC-2004-434

Certiorari

Hon. José M. Izquierdo

Encarnación, Ing., Secretario

de Transportación y Obras

Públicas del Estado Libre

Asociado de P.R. et al.

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2005.

El presente recurso nos permite pasar juicio

sobre la validez de ciertos boletos expedidos por

la

Policía

Municipal

de

San

Juan

por

presuntas

violaciones a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000,

mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de

Puerto

Rico”

(en

adelante

Ley

de

Vehículos

y

Tránsito de 2000). Veamos.

I

Los hechos medulares no están en controversia.

En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2001,

mientras conducía su vehículo de motor por la Ave.

Muñoz

Rivera

Piñero,

el

intersección

Sr.

Abimael

con

la

Hernández

Ave.

Jesús

González

T.

fue

2

CC-2004-434

detenido por dos (2) agentes del orden público adscritos a

la

Policía

Municipal

de

San

Juan.

A

raíz

de

la

intervención, se expidieron en su contra dos (2) boletos –#134858

y

#134859--

por

alegadamente

haber

incurrido

en

serias violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de

2000,

a

saber:1)

transitar

por

la

vía

pública

en

un

vehículo con el sello de inspección vencido y 2)transitar

por la vía pública en un vehículo con el marbete vencido

por

más

de

treinta

(30)

días.

La

primera

de

estas

infracciones acarreó una multa de cien dólares ($100.00);

la segunda, una de doscientos cincuenta dólares ($250.00).

No

conforme

con

la

expedición

de

los

referidos

boletos, el señor Hernández González presentó por derecho

propio ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de

revisión de multa administrativa. Celebrada vista, dicho

foro denegó el referido pedido.

Insatisfecho, el señor Hernández González acudió en

certiorari

al

antiguo

Tribunal

Apelaciones

(en

adelante

Tribunal

de

de

Circuito

de

Apelaciones).

En

esencia, sostuvo que los boletos expedidos en su contra

por alegadamente haber infringido la Ley de Vehículos y

Tránsito de 2000 son nulos en vista de que, tanto en el

proceso de expedición de éstos, como en su contenido, se

incumplieron varios de los requisitos que impone el

3

CC-2004-434

debido procedimiento de ley. 1 Evaluados los planteamientos

del señor Hernández González, el foro apelativo intermedio

confirmó el dictamen emitido por el foro de instancia por

entender que, tanto el proceso seguido para su expedición,

como los boletos en controversia eran totalmente válidos.

Inconforme,

y

bajo

el

Tribunal

expuestos

ante

Hernández

González

acude

fundamentos

de

ante

similares

Apelaciones,

nos.

el

a

los

señor

Oportunamente,

el

Procurador General de Puerto Rico, en representación del

Secretario de Transportación y Obras Públicas, presentó

su alegato en oposición a la expedición del auto de

1

En su escrito de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones, entre otras cosas, el Sr. Hernández González

señaló: 1) que los boletos expedidos en su contra no

constituían una notificación adecuada del proceso que se

seguiría en su contra conforme lo exige el debido proceso

de ley (adujo que los boletos carecen del espacio requerido

para anotar la puntuación correspondiente a la infracción

cometida y que los boletos no fueron firmados por el

infractor); 2) que las instrucciones al dorso de los

boletos en controversia son imprecisas, vagas y conducen a

error; 3) que la ausencia de reglamento para el trámite de

los recursos de revisión judicial, según lo requiere la

Sec. 5685, inciso (k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de

2000, constituye una violación al debido proceso ley; 4)

que

las

multas

administrativas

expedidas

imponían

responsabilidades personales y constituían gravámenes sobre

la propiedad de terceros sin mediar notificación adecuada y

oportuna, en abierta violación al debido proceso de ley; 5)

que las multas impuestas y las penalidades correspondientes

son injustas y confiscatorias, pues no guardan relación con

la falta imputada y; 6) que la Policía Municipal carecía de

autoridad para expedir boletos por infracciones a la Ley de

Vehículos y Tránsito de 2000.

4

CC-2004-434

solicitado.

certiorari

Con

el

beneficio

de

las

comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en su Art. II, Sec. 7, 1 L.P.R.A., al igual que las

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos

de América, garantiza el que ninguna persona sea privada de

su libertad o propiedad sin el debido proceso de

ley.

A tono con su concepción, el debido proceso de ley se

manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la

procesal.

En

su

vertiente

examinan

la

validez

de

sustantiva,

una

ley

al

los

tribunales

amparo

de

la

Constitución. Bajo esta instancia, el Estado está impedido

de aprobar leyes o realizar alguna actuación que afecte de

manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses

de propiedad o libertad de los individuos. McConell Jiménez

v. Palua Grajales, res. el 5 de mayo de 2004, 2004 TSPR 69;

Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, res. el 13 de mayo de 2002,

2002 TSPR 31; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, res. 1 de

marzo de 2002, 2002 TSPR 24; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell,

etc.,

133

D.P.R.

881,

887

(1993);

Rodríguez

Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992); Rivera

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987).

5

CC-2004-434

En

su

vertiente

procesal,

la

cláusula

del

debido

proceso instituye las garantías procesales mínimas que el

Estado

debe

proveerle

a

un

individuo

al

afectarle

su

propiedad o libertad. McConell Jiménez v. Palua Grajales,

supra; P.A.C. v. E.L.A., res. el 25 de febrero de 2000,

2000 TSPR 29; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, a la

pág. 578; López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R.

219 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, a

la pág. 273-274.

Su aplicabilidad requiere que exista un

interés de propiedad o libertad que pueda verse afectado.

Identificado dicho interés, procede determinar cuál es el

procedimiento

exigido;

caracterizarse

por

ser

procedimiento

justo

e

imparcial.

que

Tal

debe

y

como

señalamos en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, a

la pág. 274:

La característica medular de este derecho es

que el procedimiento que siga el Estado sea

justo (fair). López Vives v. Policía de P.R.,

118 D.P.R. 219 (1987). “La garantía esencial de

la cláusula de debido proceso es que sea justa.

El procedimiento debe ser fundamentalmente

justo al individuo en la resolución de los

hechos y derechos que sirven de base para

aquellas acciones gubernamentales que le privan

de su vida, libertad o propiedad.

Si bien

situaciones

diferentes

pueden

imponer

diferentes tipos de procedimientos, siempre

está el requisito general de que el proceso

gubernamental

sea

justo

e

imparcial.”

(Traducción nuestra.)

Rotunda, Nowak y Young,

op. cit., Sec. 17.8.

Conforme

varios

son

a

la

los

jurisprudencia

requisitos

que

que

gobierna

todo

el

tema,

procedimiento

6

CC-2004-434

adversativo debe satisfacer para garantizar las exigencias

mínimas

del

debido

proceso

de

ley,

a

saber:

(1)

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez

imparcial; (3) oportunidad de ser oído;

(4) derecho a

contrainterrogar

la

testigos

y

examinar

evidencia

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y

(6) que la decisión se base en la evidencia presentada y

admitida

en

el

juicio.

Rivera

Santiago

v.

Srio.

de

Hacienda, supra, a la pág. 274; Rivera Rodríguez v. Lee

Stowell, supra, a la pág. 888-889.

En

vista

de

que

el

señor

Hernández

González,

en

esencia, alega que en el procedimiento seguido en su contra

al expedirse varios boletos por infracciones a la Ley de

Vehículos y Tránsito de 2000 --tanto en su expedición como

en su contenido-- se incumplieron varios de los requisitos

antes señalado, es precisamente a la luz de éste marco

jurídico

que

debemos

disponer

de

las

controversias

ante

nuestra consideración.

III

De

entrada,

y

como

queda

dicho,

el

debido

procedimiento de ley requiere que en el presente caso se

identifique

aquel

alguno, que

se

Estado.

interés

ve

propietario

afectado

Evidentemente

en

la

por

las

causa

alude a ningún interés de libertad.

o

de

libertad,

si

actuaciones

del

de

El

epígrafe

señor

no

se

Hernández

7

CC-2004-434

González

reclama

un

interés

propietario

que

puede

verse

afectado toda vez que los boletos por infracciones a las

leyes

de

tránsito

acarrean

una

trescientos

cincuenta

dólares

demérito

puntos

el

de

en

multa

de

($350.00)

expediente

alrededor

y

del

un

de

posible

conductor

que

podría desembocar en la eventual suspensión de su licencia

de

conducir.

Cabe

señalar

que,

salvo

una

situación

excepcional –-relativa a las advertencias por penalidades

por

atrasos--,

dicho

interés

no

está

y

nunca

estuvo

indebidamente afectado. El procedimiento de expedición de

boletos por faltas administrativas que se llevó en contra

del

señor

Hernández

González,

por

alegadamente

haber

violentado ciertas disposiciones de la Ley de Vehículos y

Tránsito de 2000, a todas luces, satisfizo las exigencias

mínimas del debido proceso de ley. Nos explicamos.

El

procedimiento

al

que

hace

referencia

el

señor

Hernández González, contemplado en el Art. 24.05 de la Ley

de Vehículos y Tránsito de 2000, reconoce que con relación

a las faltas administrativas de tránsito se seguirán, entre

otras cosas, las siguientes normas:

(a) Los agentes del orden público quedan

facultados

para

expedir

boletos

por

cualesquiera

faltas

administrativas

de

tránsito.

Los

formularios

para

dichos

boletos

serán

preparados,

impresos,

identificados individualmente y distribuidos

de acuerdo con los reglamentos que, para

dicho propósito, promulgará el Secretario.

Éstos fecharán y firmarán el boleto, el cual

expresará la falta o faltas administrativas

CC-2004-434

8

que alegadamente se ha o se hayan cometido, y

el

monto

de

la

multa

o

multas

administrativas a pagarse y la puntuación

correspondiente aplicable.

......

(f) Las infracciones consideradas como faltas

administrativas se adjudicarán a los récords de

identidad

de

las

personas

autorizadas

a

conducir vehículos de motor que de hecho hayan

cometido la alegada infracción. Será deber del

oficial del orden público que expida el boleto

de faltas administrativas de tránsito en tales

casos, requerir la licencia de conducir de la

persona que alegadamente cometió la infracción;

requerirle al infractor firmar el original del

boleto; devolverle al infractor la licencia de

conducir junto con copia del boleto firmado y

finalmente llevar el boleto al Cuartel de la

Policía de la localidad en que se cometió la

infracción.

(g)

Será deber del infractor pagar el boleto

dentro de los treinta (30) días a partir de su

expedición.

De no pagarse en dicho término

tendrá un recargo de cinco (5) dólares por cada

mes o fracción de mes transcurrido desde la

fecha de su expedición, el cual podrá ser

pagado junto al boleto expedido en cualquier

colecturía antes del vencimiento de la fecha de

pago del permiso del automóvil. De no pagar

antes de dicha fecha la infracción, será

incluida en el permiso

....

(k) Si el dueño del vehículo, el conductor, el

concesionario de venta o el pasajero afectado

por la notificación de multa administrativa

considera que no se ha cometido la violación

que se le imputa, podrá solicitar un recurso de

revisión judicial, según se haya dispuesto

mediante reglamento[....]

Como se puede apreciar, el referido procedimiento,

al que fue sometido el señor Hernández González,

9

CC-2004-434

satisface las exigencias mínimas del debido proceso de ley.

Veamos por qué.

En primer lugar, la entrega personal del boleto de

falta

administrativa

notificación

adecuada

de

de

sanción

impuesta.

En

expedidos

al

siguiente

información:

señor

tránsito

la

el

conducta

caso

de

Hernández

1)

constituyó

imputada

autos,

González

las

faltas

y

los

una

de

la

boletos

contenían

la

presuntamente

cometidas; 2) la hora y fecha en que se cometieron éstas;

3) la inicial, apellido y número de placa del agente que

expidió el boleto y 4) la cantidad a pagar por concepto de

multa. En su recurso de revisión Hernández González alega

que

los

boletos

expedidos

no

proveen

un

espacio

para

indicar la puntuación correspondiente a las infracciones

cometidas,

nombre

él.

no

completo

contienen

del

la

Policía

firma

del

Municipal

infractor,

que

ni

el

intervino

con

En cuanto a este argumento, si bien es cierto que se

cometieron algunos errores de trámite, vistos éstos en su

totalidad,

entendemos

que

los

mismos

no

son

de

tal

naturaleza que anulen todo el proceso llevado a cabo en la

expedición de los boletos2.

2

El señor Hernández González alega, además, que los

agentes de la Policía Municipal de San Juan que con él

intervinieron carecen de autoridad para expedir boletos por

faltas administrativas a la Ley de Vehículos y Transito de

2000. No tiene razón.

10

CC-2004-434

En

segundo

judicial

lugar,

el

procedimiento

de

revisión

dispuesto en ley es ante un Juez del Tribunal

de

Primera Instancia, lo cual satisface el requisito de

que

el

González

proceso

se

llevado

realizase

en

contra

ante

un

del

señor

Hernández

juez

imparcial.

La

ausencia del reglamento para el tramite de los recursos

de

revisión

judicial,

según

lo

requiere

la

Sec.

5685,

inciso (k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, 3 no

Basta señalar, que en virtud de la Sec.5001, inciso

dos (2), de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 agente

del orden público “significará un agente de la Policía de

Puerto Rico, Policía Municipal o Cuerpo de Vigilantes del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” Sobre la

autoridad que la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 le

confiere a los agentes del orden público, la Sec. 5302

dispone, en lo pertinente, que “ [l]os miembros de la

Policía

o

la

Policía

Municipal

podrán

detener

o

inspeccionar cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo

estuviere siendo usado en violación de esta Ley o de

cualquier

otra

disposición

legal

que

reglamente

la

operación de vehículos u otras leyes o cuando estuviere su

conductor u ocupantes relacionados con cualquier accidente

de tránsito.

A tales fines, estarán autorizados para

bloquear el paso de dicho vehículo en cualquier vía pública

cuando el conductor del mismo se negare a detenerse.”

Habida cuenta que los Policías Municipales han quedado

claramente facultados para expedir boletos por faltas

administrativas a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000,

resulta insostenible el argumento del señor Hernández

González, a los efectos de que los boletos expedidos en su

contra son nulos. No se cometió el error señalado.

3

En lo pertinente,

legal establece que:

establece

la

mencionada

disposición

Con relación a las faltas administrativas

tránsito, se seguirán las siguientes normas:

(k) Si el dueño del vehículo, el conductor,

el concesionario de venta o el pasajero

de

11

CC-2004-434

anula la validez del tramite llevado en contra del señor

Hernández González tal y como aduce éste. La Ley Núm. 1 de

28 de julio de 1994, según enmendada, conocida como la “Ley

de

la

Judicatura

momento

en

infracciones

parte

la

de

que

el

de

ley

ausencia

1994”,

señor

cual

Hernández

objeto

del

la

de

referido

estaba

vigente

al

González

cometió

las

litigio,

subsanó

reglamento

toda

en

gran

vez

que

contemplaba el que la revisión judicial de los boletos por

infracciones a las leyes de tránsito era de la competencia

de los Tribunal de Primera Instancia, en particular de los

Jueces Municipales adscritos a los referidos tribunales.4

En adición a ello, los boletos expedidos por la

Policía

Municipal

del

San

Juan

en

contra

del

señor

Hernández González contienen a su dorso información

afectado por la notificación de la multa

administrativa considera que no se ha cometido

la violación que se le imputa, podrá solicitar

un recurso de Revisión Judicial, según se haya

dispuesto

mediante

reglamento.(Énfasis

suplido.)

4

Precisa señalar que, hoy en día, con la aprobación de la

Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

de 2003, la Sec. 5685, inciso (k) de la Ley de Vehículos y

Tránsito de 2000, se ha tornado en parte ineficaz. La

mencionada disposición legal, cuya vigencia es posterior a

la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, en su Art. 5.004,

inciso (a)(6), dispone expresamente que son los Jueces

Municipales quienes tendrán facultad para considerar,

atender y resolver, entre otros asuntos los recursos de

revisión por la expedición de un boleto administrativo bajo

las disposiciones de la Ley Num. 22 de 7 de enero de 2000,

según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito

de Puerto Rico”.

12

CC-2004-434

respecto al:

dentro

del

1) término de tiempo –-treinta (30) días--

cual

el

alegado

infractor

deberá

radicar

el

recurso de revisión; 2) la Sala del Tribunal donde puede

presentar su recurso; 3) la manera de formalizar el recurso

de revisión; 4) una advertencia a los efectos de que una

vez

formalizado

Secretario

del

el

recurso,

Departamento

de

deberá

notificarlo

Transportación

y

al

Obras

Públicas (DTOP), incluyendo el término de tiempo para así

hacerlo y 5) las instrucciones en caso de que interese

cancelar de inmediato el gravamen. Sin lugar a dudas dichas

instrucciones son garantías suficientemente para que una

persona de inteligencia promedio conozca el curso de acción

a seguir en caso de entender que no cometió las violaciones

imputadas a su persona.

En tercer lugar, se cumplió con aquel requisito del

debido procedimiento de ley que exige se le brinde al señor

Hernández González una oportunidad razonable de ser oído

ante un juzgador imparcial, cuando se le permitió a éste

comparecer al Tribunal de Primera Instancia a presentar la

prueba que entendió pertinente para su defensa.

En cuarto lugar, el que el señor Hernández González

pudiese

estar

voluntariamente

propio,

adecuada.

satisface

representado

compareció

el

por

al

requisito

abogado,

tribunal

de

por

aunque

derecho

representación

legal

13

CC-2004-434

Por último, el hecho de que la decisión judicial se

tomó

a

base

de

la

prueba

admitida

por

el

tribunal,

satisface los demás requisitos.

A la luz de lo antes expuesto, no nos cabe la menor

duda de que el procedimiento de expedición de boleto por

falta administrativa contra el señor Hernández González, y

su

correspondiente

exigencias

mínimas

revisión

del

judicial,

debido

proceso

de

satisfizo

las

ley,

el

con

consabido efecto de sostener la validez de las multas de

cien

y

doscientos

cincuenta

dólares

($100.00

y

$250.00)

impuestas a éste.

Ahora

bien,

no

podemos

llegar

a

igual

conclusión

respecto a las advertencias sobre penalidades por atraso que

contiene el boleto objeto de litigio. Adelantamos, que por

éstas no ser cónsonas con lo contemplado en la nueva Ley de

Vehículos y Tránsito de 2000 producen cierta confusión

en

aquellas personas a las que se le expide un boleto por

infracción a la referida disposición legal. Por ende, dicha

notificación no satisface el debido proceso de ley. Veamos.

IV

De la Sec. 5685, inciso (g),

de la Ley de Vehículos

y Tránsito de 2000, supra, vigente al momento en que se

expidieron

los

González,

surge

infractor que,

boletos

con

en

contra

meridiana

del

claridad

señor

que

Hernández

todo

aquel

dentro de un término de treinta (30) días

14

CC-2004-434

a

partir

de

su

expedición,

no

pague

el(los)

boleto(s)

expedido(s) por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito

de 2000,

tendrá un recargo de cinco (5) dólares por cada

mes o fracción de mes que deje transcurrir desde la fecha

de

expedición

de

estos.

No

empece

a

ello,

la

realidad

jurídica que se desprende de las “Instrucciones de Pago”

contenidas al dorso de los boletos en controversias no es

cónsona con lo antes dicho.

Contrario a lo dispuesto en la ley, en los boletos

expedidos por la Policía Municipal de San Juan se establece

que el cargo por mora impuesto a todo aquel que no pague a

tiempo el referido boleto será de tan sólo diez dólares

($10.00). En lo pertinente, las “Instrucciones de Pago” al

dorso de los boletos objeto de litigio establecen que:

Para liquidar este gravamen, puede usted pagar

en efectivo en la Colecturía de Rentas Internas

más

cercana

en

la

División

de

Multas

Administrativas del Negociado de Vehículos de

Motor o enviar al Secretario de Transportación

y Obras Públicas cheque o giro postal a favor

del Secretario de Hacienda conjuntamente con

esta notificación. De no pagar el boleto dentro

de los treinta (30) días tendrá un recargo de

diez (10) dólares $10.00.

Ciertamente,

“notificación

proceso

de

el

referido

adecuada”,

ley,

sobre

aviso

conforme

las

no

lo

exige

penalidades

afectarían al señor Hernández González,

constituye

por

el

una

debido

atraso

o a cualquier

que

15

CC-2004-434

otro alegado infractor,

por

faltas

de no pagar a tiempo los boletos

administrativas

a

la

Ley

de

Vehículos

y

Tránsito de 2000. Entendemos pues, que como la Policía

Municipal

de

San

Juan

no

“Instrucciones

de

Pago”

a

corrigió

la

nueva

y

atemperó

realidad

las

jurídica

contemplada en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000,

el señor Hernández González sólo vendrá obligado a pagar

la cantidad de diez dólares ($10.00) como penalidad por

atraso. El debido proceso de ley así lo exige. De la

manera antes expuesta,

disponemos de aquel señalamiento

de error donde el señor Hernández González alega que las

multas y las penalidades por pago tardío impuestas en su

contra

son

excesivas

y

confiscatorias,

pues

no

guardan

relación con la falta imputada.5

5

En lo relativo a las multas impuestas, entendemos que

son

inmeritorias

y

prematuras,

y

no

merecen

mayor

discusión, las alegaciones del señor Hernández González a

los efectos de que se viola su derecho a la intimidad por

parte del Secretario del Departamento de Transportación y

Obras Públicas cuando éste divulga a terceros información

sobre las infracciones registradas a los expedientes de los

conductores y titulares de vehículos de motor.

La Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 en su Art.

24.05, inciso (o), autoriza al Secretario a proveer

información

mediante

acceso

restringido,

desde

el

computador del sistema de vehículos de motor y

arrastres,

a terceras personas, incluyendo compañías de

seguros, traficantes y gestores de licencia, entre

otros,

exclusivamente

relacionada

con

gravámenes

y

anotaciones existentes en el registros del Departamento

de Transportación y Obras Públicas. El propósito de esta

ley es brindarle aviso a aquellas personas interesadas

en adquirir un vehículo de motor o renovar la licencia

del mismo, de la existencia de algún gravamen sobre el

16

CC-2004-434

V

Por

los

fundamentos

expuestos

en

la

Opinión

que

antecede, se modifica el dictamen emitido por el Tribunal

de Apelaciones a los únicos fines de hacer constar que como

la Policía Municipal de San Juan no corrigió y atemperó las

“Instrucciones

de

Pago”

a

la

nueva

realidad

jurídica

contemplada en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, el

señor Hernández González sólo vendrá obligado a pagar la

cantidad

de

diez

dólares

($10.00)

como

penalidad

por

atraso. En lo demás, confirmamos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

vehículo en cuestión en cuyo caso no podrá realizarse la

transacción hasta tanto no se cancele dicho gravamen.

Coincidimos con el foro apelativo intermedio cuando

establece

que

el

señor

Hernández

González

no

ha

argumentado, mucho menos demostrado, que el Secretario del

Departamento de Transportación y Obras Públicas le haya

brindado información a un tercero sobre los gravámenes que

posee su vehículo de motor,

o que un conductor de un

vehículo de motor albergue una expectativa razonable de

intimidad

sobre

esa

información.

Estamos

ante

un

señalamiento de error que no es justiciable.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Abimael Hernández González

Peticionario

v.

CC-2004-434

Certiorari

Hon. José M. Izquierdo

Encarnación, Ing., Secretario

de Transportación y Obras

Públicas del Estado Libre

Asociado de P.R. et al.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integral de la presente, se modifica el dictamen

emitido por el Tribunal de Apelaciones a los

únicos fines de hacer constar que como la Policía

Municipal de San Juan no corrigió y atemperó las

“Instrucciones de Pago” a la nueva realidad

jurídica contemplada en la Ley de Vehículos y

Tránsito de 2000, el señor Hernández González sólo

vendrá obligado a pagar la cantidad de diez

dólares ($10.00) como penalidad por atraso. En lo

demás, confirmamos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los

Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y

Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo