Tribunal Supremo de Puerto Rico
Abimael Hernández González v. Hon. José M. Izquierdo Encarnación, Ing., Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de P.R. et al
2005 TSPR 38
Poder Judicial de Puerto Rico
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Abimael Hernández González v. Hon. José M. Izquierdo Encarnación, Ing., Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de P.R. et al
CC-2004-0434
Ley de Vehículos y Tránsito: Requerimientos del debido proceso de ley para la expedición de boletos por falta administrativa de tránsito.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Abimael Hernández González
Peticionario
Certiorari
v.
2005 TSPR 38
Hon. José M. Izquierdo
Encarnación, Ing., Secretario
de Transportación y Obras
Públicas del Estado Libre
Asociado de P.R. et al.
163 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-434
Fecha: 4 de abril de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Charles A. Cordero Peña
Por derecho propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Vannessa Ramírez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Revisión de Multa Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
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público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Abimael Hernández González
Peticionario
v.
CC-2004-434
Certiorari
Hon. José M. Izquierdo
Encarnación, Ing., Secretario
de Transportación y Obras
Públicas del Estado Libre
Asociado de P.R. et al.
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2005.
El presente recurso nos permite pasar juicio
sobre la validez de ciertos boletos expedidos por
la
Policía
Municipal
de
San
Juan
por
presuntas
violaciones a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000,
mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto
Rico”
(en
adelante
Ley
de
Vehículos
y
Tránsito de 2000). Veamos.
I
Los hechos medulares no están en controversia.
En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2001,
mientras conducía su vehículo de motor por la Ave.
Muñoz
Rivera
Piñero,
el
intersección
Sr.
Abimael
con
la
Hernández
Ave.
Jesús
González
T.
fue
2
CC-2004-434
detenido por dos (2) agentes del orden público adscritos a
la
Policía
Municipal
de
San
Juan.
A
raíz
de
la
intervención, se expidieron en su contra dos (2) boletos –#134858
y
#134859--
por
alegadamente
haber
incurrido
en
serias violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de
2000,
a
saber:1)
transitar
por
la
vía
pública
en
un
vehículo con el sello de inspección vencido y 2)transitar
por la vía pública en un vehículo con el marbete vencido
por
más
de
treinta
(30)
días.
La
primera
de
estas
infracciones acarreó una multa de cien dólares ($100.00);
la segunda, una de doscientos cincuenta dólares ($250.00).
No
conforme
con
la
expedición
de
los
referidos
boletos, el señor Hernández González presentó por derecho
propio ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de
revisión de multa administrativa. Celebrada vista, dicho
foro denegó el referido pedido.
Insatisfecho, el señor Hernández González acudió en
certiorari
al
antiguo
Tribunal
Apelaciones
(en
adelante
Tribunal
de
de
Circuito
de
Apelaciones).
En
esencia, sostuvo que los boletos expedidos en su contra
por alegadamente haber infringido la Ley de Vehículos y
Tránsito de 2000 son nulos en vista de que, tanto en el
proceso de expedición de éstos, como en su contenido, se
incumplieron varios de los requisitos que impone el
3
CC-2004-434
debido procedimiento de ley. 1 Evaluados los planteamientos
del señor Hernández González, el foro apelativo intermedio
confirmó el dictamen emitido por el foro de instancia por
entender que, tanto el proceso seguido para su expedición,
como los boletos en controversia eran totalmente válidos.
Inconforme,
y
bajo
el
Tribunal
expuestos
ante
Hernández
González
acude
fundamentos
de
ante
similares
Apelaciones,
nos.
el
a
los
señor
Oportunamente,
el
Procurador General de Puerto Rico, en representación del
Secretario de Transportación y Obras Públicas, presentó
su alegato en oposición a la expedición del auto de
1
En su escrito de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones, entre otras cosas, el Sr. Hernández González
señaló: 1) que los boletos expedidos en su contra no
constituían una notificación adecuada del proceso que se
seguiría en su contra conforme lo exige el debido proceso
de ley (adujo que los boletos carecen del espacio requerido
para anotar la puntuación correspondiente a la infracción
cometida y que los boletos no fueron firmados por el
infractor); 2) que las instrucciones al dorso de los
boletos en controversia son imprecisas, vagas y conducen a
error; 3) que la ausencia de reglamento para el trámite de
los recursos de revisión judicial, según lo requiere la
Sec. 5685, inciso (k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de
2000, constituye una violación al debido proceso ley; 4)
que
las
multas
administrativas
expedidas
imponían
responsabilidades personales y constituían gravámenes sobre
la propiedad de terceros sin mediar notificación adecuada y
oportuna, en abierta violación al debido proceso de ley; 5)
que las multas impuestas y las penalidades correspondientes
son injustas y confiscatorias, pues no guardan relación con
la falta imputada y; 6) que la Policía Municipal carecía de
autoridad para expedir boletos por infracciones a la Ley de
Vehículos y Tránsito de 2000.
4
CC-2004-434
solicitado.
certiorari
Con
el
beneficio
de
las
comparecencias de ambas partes, resolvemos.
II
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en su Art. II, Sec. 7, 1 L.P.R.A., al igual que las
Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos
de América, garantiza el que ninguna persona sea privada de
su libertad o propiedad sin el debido proceso de
ley.
A tono con su concepción, el debido proceso de ley se
manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la
procesal.
En
su
vertiente
examinan
la
validez
de
sustantiva,
una
ley
al
los
tribunales
amparo
de
la
Constitución. Bajo esta instancia, el Estado está impedido
de aprobar leyes o realizar alguna actuación que afecte de
manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses
de propiedad o libertad de los individuos. McConell Jiménez
v. Palua Grajales, res. el 5 de mayo de 2004, 2004 TSPR 69;
Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, res. el 13 de mayo de 2002,
2002 TSPR 31; Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, res. 1 de
marzo de 2002, 2002 TSPR 24; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell,
etc.,
133
D.P.R.
881,
887
(1993);
Rodríguez
Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992); Rivera
Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987).
5
CC-2004-434
En
su
vertiente
procesal,
la
cláusula
del
debido
proceso instituye las garantías procesales mínimas que el
Estado
debe
proveerle
a
un
individuo
al
afectarle
su
propiedad o libertad. McConell Jiménez v. Palua Grajales,
supra; P.A.C. v. E.L.A., res. el 25 de febrero de 2000,
2000 TSPR 29; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., supra, a la
pág. 578; López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R.
219 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, a
la pág. 273-274.
Su aplicabilidad requiere que exista un
interés de propiedad o libertad que pueda verse afectado.
Identificado dicho interés, procede determinar cuál es el
procedimiento
exigido;
caracterizarse
por
ser
procedimiento
justo
e
imparcial.
que
Tal
debe
y
como
señalamos en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, a
la pág. 274:
La característica medular de este derecho es
que el procedimiento que siga el Estado sea
justo (fair). López Vives v. Policía de P.R.,
118 D.P.R. 219 (1987). “La garantía esencial de
la cláusula de debido proceso es que sea justa.
El procedimiento debe ser fundamentalmente
justo al individuo en la resolución de los
hechos y derechos que sirven de base para
aquellas acciones gubernamentales que le privan
de su vida, libertad o propiedad.
Si bien
situaciones
diferentes
pueden
imponer
diferentes tipos de procedimientos, siempre
está el requisito general de que el proceso
gubernamental
sea
justo
e
imparcial.”
(Traducción nuestra.)
Rotunda, Nowak y Young,
op. cit., Sec. 17.8.
Conforme
varios
son
a
la
los
jurisprudencia
requisitos
que
que
gobierna
todo
el
tema,
procedimiento
6
CC-2004-434
adversativo debe satisfacer para garantizar las exigencias
mínimas
del
debido
proceso
de
ley,
a
saber:
(1)
notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez
imparcial; (3) oportunidad de ser oído;
(4) derecho a
contrainterrogar
la
testigos
y
examinar
evidencia
presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y
(6) que la decisión se base en la evidencia presentada y
admitida
en
el
juicio.
Rivera
Santiago
v.
Srio.
de
Hacienda, supra, a la pág. 274; Rivera Rodríguez v. Lee
Stowell, supra, a la pág. 888-889.
En
vista
de
que
el
señor
Hernández
González,
en
esencia, alega que en el procedimiento seguido en su contra
al expedirse varios boletos por infracciones a la Ley de
Vehículos y Tránsito de 2000 --tanto en su expedición como
en su contenido-- se incumplieron varios de los requisitos
antes señalado, es precisamente a la luz de éste marco
jurídico
que
debemos
disponer
de
las
controversias
ante
nuestra consideración.
III
De
entrada,
y
como
queda
dicho,
el
debido
procedimiento de ley requiere que en el presente caso se
identifique
aquel
alguno, que
se
Estado.
interés
ve
propietario
afectado
Evidentemente
en
la
por
las
causa
alude a ningún interés de libertad.
o
de
libertad,
si
actuaciones
del
de
El
epígrafe
señor
no
se
Hernández
7
CC-2004-434
González
reclama
un
interés
propietario
que
puede
verse
afectado toda vez que los boletos por infracciones a las
leyes
de
tránsito
acarrean
una
trescientos
cincuenta
dólares
demérito
puntos
el
de
en
multa
de
($350.00)
expediente
alrededor
y
del
un
de
posible
conductor
que
podría desembocar en la eventual suspensión de su licencia
de
conducir.
Cabe
señalar
que,
salvo
una
situación
excepcional –-relativa a las advertencias por penalidades
por
atrasos--,
dicho
interés
no
está
y
nunca
estuvo
indebidamente afectado. El procedimiento de expedición de
boletos por faltas administrativas que se llevó en contra
del
señor
Hernández
González,
por
alegadamente
haber
violentado ciertas disposiciones de la Ley de Vehículos y
Tránsito de 2000, a todas luces, satisfizo las exigencias
mínimas del debido proceso de ley. Nos explicamos.
El
procedimiento
al
que
hace
referencia
el
señor
Hernández González, contemplado en el Art. 24.05 de la Ley
de Vehículos y Tránsito de 2000, reconoce que con relación
a las faltas administrativas de tránsito se seguirán, entre
otras cosas, las siguientes normas:
(a) Los agentes del orden público quedan
facultados
para
expedir
boletos
por
cualesquiera
faltas
administrativas
de
tránsito.
Los
formularios
para
dichos
boletos
serán
preparados,
impresos,
identificados individualmente y distribuidos
de acuerdo con los reglamentos que, para
dicho propósito, promulgará el Secretario.
Éstos fecharán y firmarán el boleto, el cual
expresará la falta o faltas administrativas
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8
que alegadamente se ha o se hayan cometido, y
el
monto
de
la
multa
o
multas
administrativas a pagarse y la puntuación
correspondiente aplicable.
......
(f) Las infracciones consideradas como faltas
administrativas se adjudicarán a los récords de
identidad
de
las
personas
autorizadas
a
conducir vehículos de motor que de hecho hayan
cometido la alegada infracción. Será deber del
oficial del orden público que expida el boleto
de faltas administrativas de tránsito en tales
casos, requerir la licencia de conducir de la
persona que alegadamente cometió la infracción;
requerirle al infractor firmar el original del
boleto; devolverle al infractor la licencia de
conducir junto con copia del boleto firmado y
finalmente llevar el boleto al Cuartel de la
Policía de la localidad en que se cometió la
infracción.
(g)
Será deber del infractor pagar el boleto
dentro de los treinta (30) días a partir de su
expedición.
De no pagarse en dicho término
tendrá un recargo de cinco (5) dólares por cada
mes o fracción de mes transcurrido desde la
fecha de su expedición, el cual podrá ser
pagado junto al boleto expedido en cualquier
colecturía antes del vencimiento de la fecha de
pago del permiso del automóvil. De no pagar
antes de dicha fecha la infracción, será
incluida en el permiso
....
(k) Si el dueño del vehículo, el conductor, el
concesionario de venta o el pasajero afectado
por la notificación de multa administrativa
considera que no se ha cometido la violación
que se le imputa, podrá solicitar un recurso de
revisión judicial, según se haya dispuesto
mediante reglamento[....]
Como se puede apreciar, el referido procedimiento,
al que fue sometido el señor Hernández González,
9
CC-2004-434
satisface las exigencias mínimas del debido proceso de ley.
Veamos por qué.
En primer lugar, la entrega personal del boleto de
falta
administrativa
notificación
adecuada
de
de
sanción
impuesta.
En
expedidos
al
siguiente
información:
señor
tránsito
la
el
conducta
caso
de
Hernández
1)
constituyó
imputada
autos,
González
las
faltas
y
los
una
de
la
boletos
contenían
la
presuntamente
cometidas; 2) la hora y fecha en que se cometieron éstas;
3) la inicial, apellido y número de placa del agente que
expidió el boleto y 4) la cantidad a pagar por concepto de
multa. En su recurso de revisión Hernández González alega
que
los
boletos
expedidos
no
proveen
un
espacio
para
indicar la puntuación correspondiente a las infracciones
cometidas,
nombre
él.
no
completo
contienen
del
la
Policía
firma
del
Municipal
infractor,
que
ni
el
intervino
con
En cuanto a este argumento, si bien es cierto que se
cometieron algunos errores de trámite, vistos éstos en su
totalidad,
entendemos
que
los
mismos
no
son
de
tal
naturaleza que anulen todo el proceso llevado a cabo en la
expedición de los boletos2.
2
El señor Hernández González alega, además, que los
agentes de la Policía Municipal de San Juan que con él
intervinieron carecen de autoridad para expedir boletos por
faltas administrativas a la Ley de Vehículos y Transito de
2000. No tiene razón.
10
CC-2004-434
En
segundo
judicial
lugar,
el
procedimiento
de
revisión
dispuesto en ley es ante un Juez del Tribunal
de
Primera Instancia, lo cual satisface el requisito de
que
el
González
proceso
se
llevado
realizase
en
contra
ante
un
del
señor
Hernández
juez
imparcial.
La
ausencia del reglamento para el tramite de los recursos
de
revisión
judicial,
según
lo
requiere
la
Sec.
5685,
inciso (k) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, 3 no
Basta señalar, que en virtud de la Sec.5001, inciso
dos (2), de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 agente
del orden público “significará un agente de la Policía de
Puerto Rico, Policía Municipal o Cuerpo de Vigilantes del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.” Sobre la
autoridad que la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 le
confiere a los agentes del orden público, la Sec. 5302
dispone, en lo pertinente, que “ [l]os miembros de la
Policía
o
la
Policía
Municipal
podrán
detener
o
inspeccionar cualquier vehículo cuando a su juicio el mismo
estuviere siendo usado en violación de esta Ley o de
cualquier
otra
disposición
legal
que
reglamente
la
operación de vehículos u otras leyes o cuando estuviere su
conductor u ocupantes relacionados con cualquier accidente
de tránsito.
A tales fines, estarán autorizados para
bloquear el paso de dicho vehículo en cualquier vía pública
cuando el conductor del mismo se negare a detenerse.”
Habida cuenta que los Policías Municipales han quedado
claramente facultados para expedir boletos por faltas
administrativas a la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000,
resulta insostenible el argumento del señor Hernández
González, a los efectos de que los boletos expedidos en su
contra son nulos. No se cometió el error señalado.
3
En lo pertinente,
legal establece que:
establece
la
mencionada
disposición
Con relación a las faltas administrativas
tránsito, se seguirán las siguientes normas:
(k) Si el dueño del vehículo, el conductor,
el concesionario de venta o el pasajero
de
11
CC-2004-434
anula la validez del tramite llevado en contra del señor
Hernández González tal y como aduce éste. La Ley Núm. 1 de
28 de julio de 1994, según enmendada, conocida como la “Ley
de
la
Judicatura
momento
en
infracciones
parte
la
de
que
el
de
ley
ausencia
1994”,
señor
cual
Hernández
objeto
del
la
de
referido
estaba
vigente
al
González
cometió
las
litigio,
subsanó
reglamento
toda
en
gran
vez
que
contemplaba el que la revisión judicial de los boletos por
infracciones a las leyes de tránsito era de la competencia
de los Tribunal de Primera Instancia, en particular de los
Jueces Municipales adscritos a los referidos tribunales.4
En adición a ello, los boletos expedidos por la
Policía
Municipal
del
San
Juan
en
contra
del
señor
Hernández González contienen a su dorso información
afectado por la notificación de la multa
administrativa considera que no se ha cometido
la violación que se le imputa, podrá solicitar
un recurso de Revisión Judicial, según se haya
dispuesto
mediante
reglamento.(Énfasis
suplido.)
4
Precisa señalar que, hoy en día, con la aprobación de la
Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley
de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
de 2003, la Sec. 5685, inciso (k) de la Ley de Vehículos y
Tránsito de 2000, se ha tornado en parte ineficaz. La
mencionada disposición legal, cuya vigencia es posterior a
la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, en su Art. 5.004,
inciso (a)(6), dispone expresamente que son los Jueces
Municipales quienes tendrán facultad para considerar,
atender y resolver, entre otros asuntos los recursos de
revisión por la expedición de un boleto administrativo bajo
las disposiciones de la Ley Num. 22 de 7 de enero de 2000,
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito
de Puerto Rico”.
12
CC-2004-434
respecto al:
dentro
del
1) término de tiempo –-treinta (30) días--
cual
el
alegado
infractor
deberá
radicar
el
recurso de revisión; 2) la Sala del Tribunal donde puede
presentar su recurso; 3) la manera de formalizar el recurso
de revisión; 4) una advertencia a los efectos de que una
vez
formalizado
Secretario
del
el
recurso,
Departamento
de
deberá
notificarlo
Transportación
y
al
Obras
Públicas (DTOP), incluyendo el término de tiempo para así
hacerlo y 5) las instrucciones en caso de que interese
cancelar de inmediato el gravamen. Sin lugar a dudas dichas
instrucciones son garantías suficientemente para que una
persona de inteligencia promedio conozca el curso de acción
a seguir en caso de entender que no cometió las violaciones
imputadas a su persona.
En tercer lugar, se cumplió con aquel requisito del
debido procedimiento de ley que exige se le brinde al señor
Hernández González una oportunidad razonable de ser oído
ante un juzgador imparcial, cuando se le permitió a éste
comparecer al Tribunal de Primera Instancia a presentar la
prueba que entendió pertinente para su defensa.
En cuarto lugar, el que el señor Hernández González
pudiese
estar
voluntariamente
propio,
adecuada.
satisface
representado
compareció
el
por
al
requisito
abogado,
tribunal
de
por
aunque
derecho
representación
legal
13
CC-2004-434
Por último, el hecho de que la decisión judicial se
tomó
a
base
de
la
prueba
admitida
por
el
tribunal,
satisface los demás requisitos.
A la luz de lo antes expuesto, no nos cabe la menor
duda de que el procedimiento de expedición de boleto por
falta administrativa contra el señor Hernández González, y
su
correspondiente
exigencias
mínimas
revisión
del
judicial,
debido
proceso
de
satisfizo
las
ley,
el
con
consabido efecto de sostener la validez de las multas de
cien
y
doscientos
cincuenta
dólares
($100.00
y
$250.00)
impuestas a éste.
Ahora
bien,
no
podemos
llegar
a
igual
conclusión
respecto a las advertencias sobre penalidades por atraso que
contiene el boleto objeto de litigio. Adelantamos, que por
éstas no ser cónsonas con lo contemplado en la nueva Ley de
Vehículos y Tránsito de 2000 producen cierta confusión
en
aquellas personas a las que se le expide un boleto por
infracción a la referida disposición legal. Por ende, dicha
notificación no satisface el debido proceso de ley. Veamos.
IV
De la Sec. 5685, inciso (g),
de la Ley de Vehículos
y Tránsito de 2000, supra, vigente al momento en que se
expidieron
los
González,
surge
infractor que,
boletos
con
en
contra
meridiana
del
claridad
señor
que
Hernández
todo
aquel
dentro de un término de treinta (30) días
14
CC-2004-434
a
partir
de
su
expedición,
no
pague
el(los)
boleto(s)
expedido(s) por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito
de 2000,
tendrá un recargo de cinco (5) dólares por cada
mes o fracción de mes que deje transcurrir desde la fecha
de
expedición
de
estos.
No
empece
a
ello,
la
realidad
jurídica que se desprende de las “Instrucciones de Pago”
contenidas al dorso de los boletos en controversias no es
cónsona con lo antes dicho.
Contrario a lo dispuesto en la ley, en los boletos
expedidos por la Policía Municipal de San Juan se establece
que el cargo por mora impuesto a todo aquel que no pague a
tiempo el referido boleto será de tan sólo diez dólares
($10.00). En lo pertinente, las “Instrucciones de Pago” al
dorso de los boletos objeto de litigio establecen que:
Para liquidar este gravamen, puede usted pagar
en efectivo en la Colecturía de Rentas Internas
más
cercana
en
la
División
de
Multas
Administrativas del Negociado de Vehículos de
Motor o enviar al Secretario de Transportación
y Obras Públicas cheque o giro postal a favor
del Secretario de Hacienda conjuntamente con
esta notificación. De no pagar el boleto dentro
de los treinta (30) días tendrá un recargo de
diez (10) dólares $10.00.
Ciertamente,
“notificación
proceso
de
el
referido
adecuada”,
ley,
sobre
aviso
conforme
las
no
lo
exige
penalidades
afectarían al señor Hernández González,
constituye
por
el
una
debido
atraso
o a cualquier
que
15
CC-2004-434
otro alegado infractor,
por
faltas
de no pagar a tiempo los boletos
administrativas
a
la
Ley
de
Vehículos
y
Tránsito de 2000. Entendemos pues, que como la Policía
Municipal
de
San
Juan
no
“Instrucciones
de
Pago”
a
corrigió
la
nueva
y
atemperó
realidad
las
jurídica
contemplada en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000,
el señor Hernández González sólo vendrá obligado a pagar
la cantidad de diez dólares ($10.00) como penalidad por
atraso. El debido proceso de ley así lo exige. De la
manera antes expuesta,
disponemos de aquel señalamiento
de error donde el señor Hernández González alega que las
multas y las penalidades por pago tardío impuestas en su
contra
son
excesivas
y
confiscatorias,
pues
no
guardan
relación con la falta imputada.5
5
En lo relativo a las multas impuestas, entendemos que
son
inmeritorias
y
prematuras,
y
no
merecen
mayor
discusión, las alegaciones del señor Hernández González a
los efectos de que se viola su derecho a la intimidad por
parte del Secretario del Departamento de Transportación y
Obras Públicas cuando éste divulga a terceros información
sobre las infracciones registradas a los expedientes de los
conductores y titulares de vehículos de motor.
La Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 en su Art.
24.05, inciso (o), autoriza al Secretario a proveer
información
mediante
acceso
restringido,
desde
el
computador del sistema de vehículos de motor y
arrastres,
a terceras personas, incluyendo compañías de
seguros, traficantes y gestores de licencia, entre
otros,
exclusivamente
relacionada
con
gravámenes
y
anotaciones existentes en el registros del Departamento
de Transportación y Obras Públicas. El propósito de esta
ley es brindarle aviso a aquellas personas interesadas
en adquirir un vehículo de motor o renovar la licencia
del mismo, de la existencia de algún gravamen sobre el
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CC-2004-434
V
Por
los
fundamentos
expuestos
en
la
Opinión
que
antecede, se modifica el dictamen emitido por el Tribunal
de Apelaciones a los únicos fines de hacer constar que como
la Policía Municipal de San Juan no corrigió y atemperó las
“Instrucciones
de
Pago”
a
la
nueva
realidad
jurídica
contemplada en la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, el
señor Hernández González sólo vendrá obligado a pagar la
cantidad
de
diez
dólares
($10.00)
como
penalidad
por
atraso. En lo demás, confirmamos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
vehículo en cuestión en cuyo caso no podrá realizarse la
transacción hasta tanto no se cancele dicho gravamen.
Coincidimos con el foro apelativo intermedio cuando
establece
que
el
señor
Hernández
González
no
ha
argumentado, mucho menos demostrado, que el Secretario del
Departamento de Transportación y Obras Públicas le haya
brindado información a un tercero sobre los gravámenes que
posee su vehículo de motor,
o que un conductor de un
vehículo de motor albergue una expectativa razonable de
intimidad
sobre
esa
información.
Estamos
ante
un
señalamiento de error que no es justiciable.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Abimael Hernández González
Peticionario
v.
CC-2004-434
Certiorari
Hon. José M. Izquierdo
Encarnación, Ing., Secretario
de Transportación y Obras
Públicas del Estado Libre
Asociado de P.R. et al.
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integral de la presente, se modifica el dictamen
emitido por el Tribunal de Apelaciones a los
únicos fines de hacer constar que como la Policía
Municipal de San Juan no corrigió y atemperó las
“Instrucciones de Pago” a la nueva realidad
jurídica contemplada en la Ley de Vehículos y
Tránsito de 2000, el señor Hernández González sólo
vendrá obligado a pagar la cantidad de diez
dólares ($10.00) como penalidad por atraso. En lo
demás, confirmamos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y
Rivera Pérez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo