LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Anabis Vega Rivera v. Rafael A. Soto Silva

2005 TSPR 24

Poder Judicial de Puerto Rico

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Anabis Vega Rivera v. Rafael A. Soto Silva

CC-2003-0194

8 de marzo de 2005 · Derecho de Familia: Carácter privativo de los beneficios del seguro social; carácter ganancial de las aportaciones al seguro social y derecho de un ex – cónyuge sobre éstas en determinadas circunstancias

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anabis Vega Rivera

Recurrida

Certiorari

v.

2005 TSPR 24

Rafael A. Soto Silva

163 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2003-194

Fecha: 8 de marzo de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional II-Bayamón

Panel integrado por presidente, el Juez Sánchez Martínez, la Juez

Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle.

Abogados del Peticionario:

Lcda. Xaira Santiago Acosta

Lcdo. Rafael A. Soto Silva

Abogadas de la Parte Recurrida:

Lcda. Rina Biaggi García

Lcda. Ivette Nieves Cordero

Lcda. Carmen Irene García Goyco

Materia: Liquidación de Bienes Ganaciales

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

CC-2003-194

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anabis Vega Rivera

Recurrida

v.

CC-2003-194

Rafael A. Soto Silva

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005

Nos corresponde determinar en esta ocasión si las

aportaciones al seguro social hechas por un cónyuge

vigente el matrimonio, tienen la naturaleza de bien

ganancial y deben incluirse en el inventario de la

sociedad legal de gananciales para su colación, al

momento de su liquidación.

I

Los hechos en este caso son sencillos y sobre los

mismos no hay controversia.

Rivera

y

el

señor

Rafael

La señora Anabis Vega

Soto

Silva

contrajeron

matrimonio el día 12 de junio de 1959, en Puerto

Rico.

Durante su matrimonio procrearon tres hijos,

hoy todos mayores de edad.

tarde,

las

partes

Treinta y nueve años más

pusieron

fin

a

su

2

CC-2003-194

matrimonio

decretándose

disuelto

el

mismo

mediante

sentencia de divorcio el 10 de marzo de 1999.

Posterior

a

ello,

la

señora

Vega

instó

demanda

de

liquidación de la sociedad de bienes gananciales ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

En

la

demanda

haberes

de

demandado

la

instada

se

detallaron

extensamente

los

sociedad

de

gananciales

a

liquidarse.

El

algunas

de

las

no

es

contestó

la

demanda

aceptando

alegaciones y negando otras y, además, reconvino.

Luego

de

varios

incidentes

procesales

que

necesario detallar, en diciembre de 2001, la señora Vega

Rivera solicitó al tribunal que incluyera en el inventario

del caudal ganancial sujeto a liquidación, las aportaciones

hechas por su ex cónyuge al seguro social federal durante

la vigencia del matrimonio.

Traída la controversia ante la

consideración del tribunal, éste ordenó a las partes que se

expresaran por escrito sobre la solicitud presentada.

En un extenso memorando, el señor Soto Silva planteó

que la solicitud de la señora Vega Rivera era contraria a

derecho toda vez que la legislación federal que creaba el

seguro social, y su jurisprudencia interpretativa, impedían

que los estados interfieran con los beneficios que concede

este

programa.

El

Hisquierdo,

439

U.S.

legislación

federal

demandado

572

invocó

(1979),

desplazaba

la

para

Hisquierdo

concluir

normativa

v.

que

la

estatal

e

impedía una determinación bajo los términos solicitados por

la señora Vega Rivera.

3

CC-2003-194

Oportunamente, el tribunal de instancia celebró una

vista para discutir la petición de la señora Vega Rivera.

El

18

de

resolución

octubre

de

en

cual

la

2002,

el

tribunal

a

dictó

su

que

aportaciones

al

dispuso

las

quo

seguro social eran un bien ganancial y ordenó por lo tanto

que se incluyeran en el inventario del caudal ganancial. En

la

resolución

dictada,

referencia

alguna

sobre

desplazamiento

el

al

el

foro

de

planteamiento

de

instancia

del

nuestra

señor

no

hizo

Soto

Silva

normativa

por

la

petición

de

legislación federal.

Insatisfecho,

Soto

Silva

acudió

en

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

recreó

los

Tribunal

mismos

de

planteamientos

Apelaciones

dictó

En su escrito

que

en

instancia.

una

escueta

El

resolución

negándose a expedir el recurso solicitado donde indicó que,

“el recurso de certiorari no aduce ninguno de los criterios

enunciados

en

la

Regla

expedición”,

y

que

la

40

del

Reglamento

determinación

de

para

su

instancia

era

“esencialmente” correcta.

Por no estar conforme con lo resuelto por el foro

apelativo

intermedio, el 14 de marzo de 2003, Soto Silva

acudió ante nosotros.

En el escrito presentado señaló como

error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones

al evaluar todo el récord del caso, justipreciar

los memorando y estimar que lo resuelto por el

Tribunal de Primera Instancia es esencialmente

correcto, --colacionar los pagos al seguro social

a los activos gananciales para luego adjudicar

derechos sobre ellos en la liquidación, aún

cuando en Derecho el campo está ocupado--, no

4

CC-2003-194

hace determinaciones de hechos ni conclusiones de

derecho, pero aplica la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Expedimos

el

auto

solicitado

y,

contando

con

la

comparecencia de las partes, resolvemos.

II.

A.

A

primera

vista,

tenemos

ante

nosotros

una

nueva

controversia sobre el carácter --ganancial o privativo-- de

las

aportaciones

a

un

plan

de

retiro,

de

pensiones

o

beneficios, hechas por un cónyuge durante la vigencia del

matrimonio.

Lo

cierto

es,

sin

embargo,

que

antes

de

atender esta controversia tenemos que analizar cómo nuestro

derecho

de

relaciones

de

familia

interrelaciona

con

la

legislación federal que crea el programa de seguro social.

Debemos

determinar

si

el

Social

Security

Act

desplaza

nuestra legislación en virtud de la cláusula de supremacía

de la Constitución de los Estados Unidos.

Constitución de

los Estados Unidos, Art. VI, Cl. 6.1

La doctrina del desplazamiento del poder estatal por

el poder federal invocada por el peticionario plantea un

asunto de umbral.

La primacía del derecho estatal en el

ámbito de las relaciones de familia tiene que ceder ante el

principio de la supremacía de las leyes del Congreso cuando

una

ley

federal

así

lo

ordena

ocupando

expresamente

el

campo o, cuando la ley estatal incide sustancialmente sobre

Es inquietante que un argumento de esta importancia haya

sido ignorado tanto como por el Tribunal de Primera

Instancia como por el Tribunal de Apelaciones.

1

5

CC-2003-194

la política pública establecida por el Congreso en alguna

legislación.

Hines

v.

Davinowitz,

312

U.S.

52

(1941);

Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497 (1952) y su progenie.

Véase además, Rodríguez Planell v. Overseas Military Sales

Corp., res. 18 de septiembre de 2003, 2003 T.S.P.R.140,

2003 JTS 141; Hernández Villanueva v. I.P.C. Division of

Comstar International Inc., res 27 de enero de 2000, 150

D.P.R. 171, 2000 JTS 26; Cotto Morales v. Calo Ríos, 140

D.P.R. 604 (1996); Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87

D.P.R.

534,

552-53

(1963).

R.

Serrano

Geyls,

Derecho

Constitucional de los Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. 1,

Univ. Interamericana, 2da ed., 2000, pág. 410; L. Tribe,

American Constitutional Law, 3rd ed., Vol. 1, Foundation

Press, 2000, secs. 6.28-6.30.

Hisquierdo

v.

Hisquierdo,

supra,

invocado

por

el

peticionario en apoyo a su argumento de desplazamiento, es

la primera decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos

que considera la divisibilidad de un plan de beneficios del

gobierno federal. 2

El caso giró en torno al plan de retiro

establecido por el Congreso para empleados del sistema de

ferrocarriles, conocido como el Railroad Retirement Act, 45

Véanse además, McCarty v. McCarty, 453 U.S. 210 (1981);

Mansell v. Mansell, 490 U.S. 581 (1989).

En McCarty, el

Tribunal Supremo,

construyendo sobre Hisquierdo v.

Hisquierdo, 439 U.S. 572 (1979), revocó la determinación de

que la pensión por retiro de un miembro de las fuerzas

armadas era propiedad en común del matrimonio, por lo tanto

divisible. Por otro lado, en Mansell, se resolvió que la

pensión por incapacidad de un miembro de las fuerzas

armadas no era propiedad en común del matrimonio por lo

tanto no era divisible.

2

6

CC-2003-194

U.S.C. secs. 231 et seq., y una determinación del Tribunal

Supremo

de

California

que

concluía

que

los

beneficios

concedidos por ese plan eran propiedad en común (“community

property”)

de

ambos

cónyuges

sujeto

a

división

en

el

desplazamiento,

el

divorcio.

Al

analizar

el

Tribunal

Supremo

diseñó

dual.3

argumento

el

de

siguiente

modelo

de

análisis

Primero, hay que determinar si el derecho invocado -

-la naturaleza de propiedad en común de los beneficios del

plan

de

pensión--

legislación

choca

federal.

con

439

las

U.S.

disposiciones

pág.

583.

de

la

Segundo,

determinada la existencia del conflicto, evaluar si aplicar

el derecho estatal inflige grave daño a intereses claros y

sustanciales del Congreso.

Establecido

ese

marco

439 U.S. pág. 581.

conceptual,

el

Tribunal

Supremo

pasó a analizar la controversia y determinó que la llamada

cláusula

anti

embargo

(“anti-attachment

clause”)

del

Railroad Retirement Act chocaba directamente con el derecho

de California.

Véase 45 U.S.C. sec. 231m. 4

El Tribunal

3

Para una discusión más abarcadora sobre el modelo de

análisis diseñado en Hisquierdo v. Hisquierdo, 439 U.S. 572

(1979) para determinar si aplica o no la doctrina del campo

ocupado véanse, Riddle, “Preemption of Reconcilable State

Regulation: Federal Benefit Schemes v. State Marital

Property Law”, 34 Hastings L. J. 685, 697 (1982)

(“Hisquierdo established an unprecedented standard for

preemption

disputes

involving

state

marital

property

law.”); Quirk, “State Community Property Laws: Coping with

Federal Tax and Pension Laws”, 19 Gonz. L. Rev. 481 (1984).

4

45 U.S.C. sec. 231m dispone en lo pertinente:

“Notwithstanding any other law of the United

States, or of any State, territory, or District

of Columbia, no annuity or supplemental annuity

7

CC-2003-194

señaló

que

el

propósito

de

este

garantizar

que

cualquier

beneficio

tipo

de

cláusula

era

por

lo

concedido

ley

recibiera íntegramente el beneficiario. Indicó el tribunal:

“Like anti-attachment provisions generally. . . it ensures

that the benefits

actually

reach

the

beneficiary. It

preempts all state law that stands in its way.”

pág. 584.

439 U.S.

De ahí se concluye, lógicamente, que la decisión

de California de que los beneficios del plan de pensión le

pertenecían también al cónyuge no pensionado era contraria

a la cláusula anti embargo pues impedía que el beneficiario

recibiera la totalidad de su pensión. 439 U.S. pág. 585.

El

tribunal

pasó

estatal

infligía

luego

grave

sustanciales

legislados

Retirement

Act,

a

daño

por

el

contestando

analizar

a

la

intereses

Congreso

la

si

en

normativa

claros

el

interrogante

y

Railroad

en

la

afirmativa. Con la aprobación del Railroad Retirement Act,

el Congreso tuvo la intención de legislar un programa que

sirviera de aliciente a los empleados de mayor antigüedad

en el sistema

permitiendo

así

ferroviario para que se acogiesen al retiro

la

renovación

de

la

fuerza

trabajadora.

Por lo tanto, si un empleado retirado tenía que compartir

su plan de pensión con su ex cónyuge, el incentivo para su

retiro se vería afectado, lo que frustraba la intención que

tuvo el Congreso al aprobar el Railroad Retirement Act. 439

_____________________

shall be assignable or be subject to any tax or

to

garnishment,

attachment,

or

other

legal

process under any circumstances whatsoever nor

shall the payment thereof be anticipated.”

8

CC-2003-194

U.S.

pág.

590.

Este

daño,

que

penalizaba

a

quien

el

Congreso pretendió proteger, era lo suficientemente grave

para

que

se

entendiera

desplazaba

el

derecho

que

de

California. Loc. cit.

la

legislación

relaciones

de

federal

familia

de

A base del anterior análisis se

concluyó que el pago de la pensión era un bien privativo no

sujeto a división.

Al aplicar a este caso el análisis de desplazamiento

de Hisquierdo, se requiere que se determine, primero, si el

derecho

estatal

invocado

–-el

carácter

ganancial

de

las

aportaciones al seguro social-- es contrario a lo dispuesto

en la cláusula anti embargo del Social Security Act 5 , o a

cualquier

otra

disposición

del

estatuto

federal.

contestarse esa pregunta en la afirmativa, se

evaluar

si

aportaciones

la

al

determinación

seguro

de

social

De

pasaría a

ganancialidad

de

las

inflige

daño

a

grave

intereses sustanciales del Congreso según recogidos en la

legislación

federal.

De

lo

contrario,

el

análisis

del

campo ocupado concluye con una respuesta en la negativa a

la primera pregunta.

La cláusula anti embargo del Social Security Act dispone:

Section 407. Assignment of benefits.

(a). In general

The right of any person to any future payment

under this subchapter shall not be transferable

or assignable, at law or in equity, and none of

the moneys paid or payable or rights existing

under this subchapter shall be subject to

execution, levy, attachment, or garnishment, or

other legal process, or to the operation of any

bankruptcy or insolvency law.

42 U.S.C. sec. 407(a).

5

9

CC-2003-194

Antes de hacer ese análisis, pasemos a ver cómo los

estados

han

aplicado

a

Hisquierdo

controversias

relacionadas con el seguro social y la división de los

haberes del matrimonio ante un divorcio.

B.

Debemos destacar inicialmente, que el Tribunal Supremo

federal

no

beneficios

concedidos

divididos

al

matrimonio.

ha

resuelto

bajo

momento

específicamente

el

de

si

los

seguro

social

pueden

ser

liquidarse

los

bienes

del

B. Turner, Equitable Distribution of Property,

McGraw Hill Inc., 2da ed., 1994, sec. 6.06, pág. 317. (“The

Supreme Court has yet to consider whether Social Security

benefits are subject to division upon divorce.”)

Así pues,

los tribunales estatales lo que han hecho es extrapolar el

análisis de Hisquierdo, al contexto de reclamaciones bajo

el Social Security Act.

La mayoría de los tribunales estatales han resuelto

que en efecto, --a la luz de lo establecido en Hisquierdo-los

beneficios

del

seguro

social

son

privativos

del

beneficiario y no acrecen la masa conyugal, por lo que no

están

sujetos

a

división

en

ocasión

de

un

divorcio. 6

Sostienen estos tribunales que considerar de alguna manera

Véase,, entre otros: In re Marriage of Rogers, 2004 WL

2341836 (Ill.App. 4 Dist.); In re

Marriage of Crook, 778

N.E.2d 309 (Ill. 2002); Nelly v. Nelly, 9 P.3d 1046 (Ariz.

2000); Wolff v. Wolf, 929 P.2d 916 (1997); In re Marriage

Boyer, 538 N.W.2d 293 (Iowa 1995); Olson v. Olson, 445

N.W.2d 1 (N.D. 1989); Crocker v. Crocker, 824 P.2d 1117

(Okla. 1991); Powell v. Powell, 577 A.2d 576 (Pa. 1990);

Mann v. Mann, 778 P.2d 590 (Alaska 1989); Richard v.

Richard, 659 S.W.2d 746 (Tex. Ct. App. 1983).

6

10

CC-2003-194

el

valor

de

ese

beneficio

al

dividir

los

bienes

del

matrimonio contraviene la ley federal ya que ello resulta,

necesariamente, en una división directa o indirecta de los

mismos,

contrario

a

lo

dispuesto

en

la

cláusula

anti

embargo del Social Security Act.

Otros

cuando

tribunales

estos

estatales

beneficios

son

de

han

concluido

carácter

que

aun

privativo,

los

mismos son un factor que puede ser considerado al momento

de dividir los bienes del matrimonio.

Estos tribunales han

dispuesto que los principios que informan la doctrina del

Equity así lo permite. Sostienen que, para dividir conforme

a la equidad y la justicia la propiedad del matrimonio

(“equitable distribution”), es apropiado considerar todos

los bienes y recursos acumulados durante el mismo lo que

incluye, necesariamente, los beneficios del seguro social. 7

Véase,

Turner,

op.

cit.,

pág.

318.

(“State

courts

may

consider Social Security benefits as one relevant factor in

dividing other marital assets.”)8

7

Véanse, e. g., Neville v. Neville, 791 N.E.2d 434 (Ohio

2003); Zahm v. Zahm, 955 P.2d (Wash. 1998); Mahoney v.

Mahoney, 681 N.E.2d 852 (Mass. 1997); In re Miller, 475

N.W.2d 675 (Iowa 1991); Pongonis v. Pongonis, 606 A.2d 1055

(Me. 1992); Hogan v. Hogan, 796 SW2d 400 (Mo. 1990); In re

Marriage Meyer, 430 N.E.2d 610 (Ill. 1981); In re Marriage

Karr, 628 P.2d 267 (Mont. 1981), cert. denied, 455 U.S.

1016 (1982).

8

Para un resumen sobre los modelos existentes en Estados

Unidos para la división de los bienes acumulados durante el

matrimonio véanse, Frantz, Dagan, “Properties of Marriage”,

104 Col. U. L. Rev. 75 (2004); Vaughn, “The Policy of

Community Property and Inter.-Spousal Transactions”, 19

Baylor L. Rev. 20, 20-27 (1967); W. Reppy, C. Samuel,

Community Property in the United States, 2da. ed., 1982.

11

CC-2003-194

De

lo

anterior

surge

que

la

normativa

en

Estados

Unidos es uniforme en cuanto al carácter privativo de los

que

beneficios

se

reciben

bajo

el

seguro

social.

Y

lo

cierto es que tiene que ser así, toda vez que la cláusula

anti embargo del Social Security Act prohíbe la cesión o

transferencia del derecho a recibir pagos futuros y prohíbe

además que los pagos recibidos o por recibirse o derechos

reconocidos

bajo

el

estatuto,

puedan

gravámenes, embargos o procesos legales. 9

estar

sujetos

a

Este lenguaje es

claro; la intención del legislador fue que el beneficiario

recibiese la totalidad de la pensión o renta a la que tiene

derecho.

Así,

conforme

lo

cláusula

anti

embargo

resuelto

claramente

en

Hisquierdo,

implica

beneficios o pagos son privativos y por lo tanto

que

esta

estos

no pueden

afectarse por ninguna determinación de los estados; sobre

esto, el campo está ocupado.10

Esta

disposición

sin

embargo,

no

hace

referencia

alguna a las aportaciones que hace un beneficiario al fondo

del seguro social.

_____________________

9

10

Por lo tanto, una determinación sobre

Véase nota al calce número 5.

Cabe señalar, que a pesar de los rigores de la cláusula

anti embargo del Social Security Act, en el 1975, el

Congreso enmendó la legislación, para permitir que de los

pagos mensuales del beneficiario se pudiera satisfacer el

pago de la pensión del cónyuge (“alimony”) y la pensión

alimentaria de hijos dependientes (“child support”). Véase

42 U.S.C. sec. 659.

Con dicha enmienda se quiso corregir

el problema de padres que, abusando de la cláusula anti

embargo, no cumplían con su responsabilidad alimentaria

para con sus hijos y ex cónyuges.

P.L.93-647, Social

Services Amendments of 1974, Senate Report No. 93-1356,

Dec. 14, 1974.

12

CC-2003-194

la naturaleza de dichas aportaciones no está prohibida por

la cláusula anti embargo.

el

Social

Security

Por otro lado, hemos analizado

Act

y

no

hemos

encontrado

ninguna

disposición que nos impida analizar la naturaleza de las

aportaciones.

Tampoco

hemos

encontrado

jurisprudencia

federal o estatal que aborde este tema.

A base de lo

anterior, hay que concluir que, en este caso, el análisis

de desplazamiento de Hisquierdo concluye luego de evaluar

la primera parte de ese modelo de análisis dual.

entonces

impedimento

alguno

para

que

se

No existe

evalúe

la

naturaleza de las aportaciones al seguro social.

Cabe destacar aquí que, el complejo esquema que regula

los beneficios del seguro social contempla la interrelación

de la legislación federal con el derecho sustantivo de los

estados.

Veamos

quién

válidamente

está

algunos

ejemplos:

casado

para

La

determinación

cualificar

para

de

los

beneficios del seguro social es una determinación que se

hace

a

base

del

derecho

416(h)(1)(A)(i) (2004).

del

estado.

42

U.S.C.

sec.

De igual forma, es la ley estatal

la que determina quién, a pesar de no estar legalmente

casado,

goza de

los mismos

derechos

que los cónyuges

por lo que puede recibir los beneficios del seguro social.

42 U.S.C. sec. 416(h)(1)(A)(ii) (2004). Si el beneficiario

es un hijo adoptivo, la determinación sobre la validez de

esa adopción se hace a base del derecho del estado sobre

este

asunto.

42

U.S.C.

sec.

416(e)(2)(B)

(2004).

Finalmente, es la ley estatal la que regula varios aspectos

13

CC-2003-194

relacionados con la determinación de pensión alimentaria

del ex cónyuge (“alimony”) y al recobro de intereses por

temeridad, gastos y costas.

42 U.S.C. sec. 659 (2004).

Resulta evidente entonces que el Social Security Act

permite y contempla la correlación de sus disposiciones con

el

derecho

sustantivo

de

los

estados

en

asuntos

relacionados con las relaciones de familia.

Ello debe ser

así

relaciones

porque,

de

ordinario,

el

derecho

de

de

familia es un asunto reservado a los estados y no de la

injerencia del gobierno federal.

E. g., In re Burrus, 136

U.S. 586, 593-94 (1890) (“The whole subject of the domestic

relations of husband and wife, parent and child, belongs to

the laws of the States and not to the laws of the United

States.”) Véase además, United States v. López, 513 U.S.

549, 564 (1995); Thompson v. Thompson, 484 U.S 174 (1988);

Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975).

Para

resumir,

de

lo

anterior

se

desprende

que:

Primero, a base de la interpretación del Tribunal Supremo

de

Estados

Unidos

de

las

cláusulas

anti

embargo

en

Hisquierdo, cualquier plan de pensión, anualidad o retiro

establecido

por

legislación

federal

que

contenga

una

cláusula de esta naturaleza --como es el caso del seguro

social--

los

beneficios

que

se

reciben

tienen

carácter

privativo y no podrán ser divididos entre los cónyuges al

liquidarse los bienes del matrimonio.

Este es un asunto

donde claramente el campo está ocupado por la legislación

federal y no hay margen de acción alguno para aplicar una

14

CC-2003-194

norma en contrario.

Segundo, que esos mismos beneficios,

bajo la doctrina del Equity, sí pueden tomarse en cuenta al

momento de hacer una división equitativa de los haberes de

matrimonio.

Tercero, que ni el Tribunal Supremo federal ni

las cortes estatales, se han expresado sobre el carácter de

las aportaciones hechas vigente el matrimonio a un plan de

pensión,

de

retiro

o

anualidad

establecido

mediante

legislación federal, incluyendo el seguro social. Cuarto,

que el Social Security Act no contiene ninguna disposición

que impida se analice el carácter de las aportaciones que

se hacen al fondo de seguro social.

Y, por último, que el

Social Security Act contempla la interrelación entre sus

disposiciones con la legislación estatal relacionada con el

Derecho de familia.

Resolvemos entonces que la doctrina del campo ocupado

no constituye un impedimento para que evaluemos sí, a la

luz del derecho sustantivo puertorriqueño, las aportaciones

hechas al seguro social pueden considerarse como un bien

ganancial y además, que las mismas deben incluirse en la

masa a ser dividida en ocasión de la liquidación de la

sociedad legal de gananciales.

ha

de

requerir

no

tan

derecho

prevaleciente

sino,

más

y

sólo

en

importante

Ese análisis, sin embargo,

que

Puerto

aún,

que

repasemos

el

Rico

este

sobre

profundicemos

estado

de

asunto,

sobre

el

programa del seguro social y su funcionamiento.

Veamos entonces cuál es el estado de derecho vigente

en

nuestra

jurisdicción

sobre

la

naturaleza

de

las

15

CC-2003-194

aportaciones a un plan de retiro o pensión, para luego

atender la controversia que se nos ha planteado a la luz

del sistema creado por el Social Security Act.

III.

En los últimos años, hemos ido matizando el contenido

y alcance de las disposiciones del Código Civil que regulan

el inventario y la liquidación de la sociedad legal de

gananciales.

Las

operaciones

fundamentales

de

la

liquidación son las siguientes: la formación de inventario;

la tasación de los bienes; la determinación del pasivo de

la sociedad y, en su caso, el establecimiento de formas

para

su

pago;

la

fijación

del

remanente

líquido

y

su

distribución y, finalmente, la adjudicación de bienes, por

partes

iguales,

para

su

pago.

El

inventario

deberá

contener numéricamente, para su colación, las cantidades

que hayan sido pagadas por la sociedad de gananciales que

deban rebajarse del capital del marido o de la mujer.

Art.

1317

Véase

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

3692.

además, A. De Cossio y Corral, Tratado Práctico y Crítico

del Derecho Civil, Tomo L, Vol. I, Madrid, 1963, págs. 254255.

Hemos resuelto que, aun cuando el Artículo 1320 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, dispone que son bienes

gananciales

los

adquiridos

a

título

oneroso

durante

el

matrimonio a costa del caudal, o aquellos obtenidos por la

industria,

sueldo

o

trabajo

de

los

cónyuges,

existen

ciertos bienes que por razón de su finalidad y naturaleza

16

CC-2003-194

personalísima no acrecen el haber común.

hemos

exceptuado

retiro

y

Tribunal

otros

de

la

norma

sistemas

Superior,

100

general

similares.

D.P.R

370

Específicamente

las

pensiones

por

E.g.,

Maldonado

v.

(1972);

Rosa

Resto

v.

Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 92 (1981); Delucca Román v.

Colón

Nieves,

119

D.P.R.

720

(1987);

Benítez

Guzmán

v.

García Merced, 126 D.P.R.302 (1990); Pilot Life Ins. Co. v.

Crespo Martínez, 136 D.P.R 624 (1994).

En Maldonado v.

Tribunal Superior, 100 D.P.R. pág. 375, el caso normativo

sobre este asunto, explicamos la norma señalando:

La doctrina considera que la naturaleza

personalísima de estas anualidades determinan

(sic) su carácter privativo.

Se trata de

créditos

intuitu

personae

–esto

es

en

consideración a la personaque, por su propia

naturaleza, están excluidos de la masa común.

Es esta naturaleza personalísima lo que determina su

carácter

privativo.

En

Maldonado

concluimos

que,

independientemente del modo de adquisición, “el derecho a

la

anualidad

por

retiro

es

uno

personalísimo

que

nunca

acrece el haber común”. 110 D.P.R. pág. 377.

Posteriormente, en Rosa Resto, supra, 111 D.P.R. pág.

92,

nos

Abundamos

reafirmamos

en

sobre

naturaleza

la

lo

expresado

en

personalísima

Maldonado.

de

las

pensiones por retiro indicando que, este derecho tiene un

respetable contenido ético y moral y “constituye un seguro

de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado

al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse

en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido

en una carga de parientes o del Estado.”

En Rosa Resto,

17

CC-2003-194

resolvimos que con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2

del Artículo 1301 del Código Civil, las aportaciones que un

cónyuge pensionista hace a su plan de retiro, vigente el

matrimonio,

son

de

naturaleza

ganancial

por

lo

que

la

sociedad de gananciales tiene derecho a un crédito por el

importe

total

disolución.

existente

de

dichas

aportaciones

al

momento

de

su

Aclaramos en Rosa Resto, que si el único bien

para

satisfacer

la

parte

adjudicada

eran

los

fondos de aportaciones acumuladas en el plan de retiro,

“quedará

diferido

el

cumplimiento

de

esa

parte

de

la

división de bienes de la sociedad.” 111 D.P.R. pág. 93.

Pasemos entonces a aplicar las normas de derecho antes

mencionadas

a

la

controversia

planteada

en

el

caso

de

epígrafe.

IV.

El seguro social es uno de los programas federales de

justicia social de mayor trascendencia y profundo impacto

que

se

legislara

durante

el

Nuevo

Trato.

Este

es

un

sistema integrado de impuestos y transferencias que provee,

entre otros beneficios, un ingreso mensual a trabajadores

retirados así como a algunos de sus dependientes. En sus

comienzos,

este

programa

era

parte

de

una

propuesta

nacional de recuperación económica cuyo objetivo primordial

era proveer las garantías necesarias para evitar un estado

de desamparo y dependencia en la vejez.

Economic Security

Act: Hearings before House Committee on Ways and Means,

74th Cong. 20 (1935), citado en, Liu, “Social Security and

18

CC-2003-194

the

Treatment

of

Marriage:

Spousal

Benefits,

Earnings

Sharing and the Challenge of Reform”, 1999 Wisconsin L.

Rev. 1, 5 n.7.

En Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937), el Juez

Asociado

Cardozo

describió

con

marcada

elocuencia

el

propósito de esta legislación, señalando: “The hope behind

this statute is to save men and women from the rigors of

the poor house as well as from the haunting fear that such

a lot awaits them when journey’s end is near.” Helvering,

301 U.S. pág. 641.

En su esencia, como dijimos, el seguro social es un

sistema de seguro o ahorro público basado en impuestos, que

puede ser alterado por el Congreso a su discreción.

Véase,

42 U.S.C. sec. 1304 (2004); Califano v. Boles, 443 U.S.

282,

297

(1979)

(“[T]he

social

security

system

in

this

country remain[s] a contributory insurance plan and [has]

not

become

a

general

welfare

program.”)

Véase

además,

Fleming v. Nestor, 363 U.S. 603, 611 (1960). El mismo goza

de ciertos atributos que lo asemejan a un plan de pensión o

retiro, toda vez que, al igual que éstos, el seguro social

tiene

como

finalidad

proveer

a

sus

beneficiarios

de

un

ingreso mínimo en la vejez.11

11

Se estima, que los beneficios provenientes del seguro

social representan, para el 62% de la población envejeciente,

el 50% o más de sus ingresos; para el 26% representa más de

un 90% de los ingresos; y, para un 15% de la población con

derecho a recibir beneficios, el seguro social representa su

única fuente de ingresos. Liu, “Social Security and the

Treatment of Marriage: Spousal Benefits, Earnings Sharing and

the Challenge of Reform”, 1999 Wisconsin L. Rev. 1, 3.

19

CC-2003-194

El sistema de seguro social sin embargo, tiene varias

particularidades que lo diferencian de un plan de pensión o

retiro,

como

el

que

interpretamos

en

Rosa

Resto.

Primeramente, como ya indicamos, éste es un impuesto sobre

nómina

que

se

impone

en

virtud

de

legislación

federal.

Véase 26 U.S.C. sec. 3101 (2004), sec. 3101 del Código

Federal de Rentas Internas.

Por lo tanto, la aportación

que se hace al mismo es una de carácter

mandatorio y no

una cuota que voluntariamente se paga.

No hay tampoco

mecanismo

alguno

que

permita

retirar

las

aportaciones

hechas a través de los años al fondo que nutre el seguro

social.

De

lo

anterior

se

desprende

que

dichas

aportaciones no constituyen un activo de la sociedad legal

de gananciales sino todo lo contrario, un pasivo.

Además,

los

beneficios

que

se

recibirán

de

esas

aportaciones no serán sólo para el trabajador retirado --de

cuyos

salarios

se

retuvieron

las

aportaciones--,

sino

también para algunos dependientes de éste, incluyendo su

cónyuge,

ex

cónyuge

o

cónyuge

supérstite

y

los

hijos

dependientes. Estos beneficios se conocen como “beneficios

derivados” pues se derivan de la dependencia que genera la

relación familiar que existe entre estos beneficiarios y el

contribuyente o beneficiario principal.

A través de las

distintas disposiciones del Social Security Act se trasluce

que el Congreso ha utilizado, como criterio de dependencia

para

conceder

los

beneficios

derivados,

la

edad

y

el

estatus matrimonial del beneficiario dependiente. Califano

20

CC-2003-194

v. Jobst, 434 U.S. 47, 52 (1977).

(“[Congress] has elected

to use simple criteria, such as age and marital status, to

determine probable dependency”).

Ello supone entonces que

como ocurre en este caso, de las aportaciones hechas por un

cónyuge

al

Seguro

Social

el

otro

cónyuge

ha

recibir

los

beneficios

adquirido

también

el

derecho

a

Social.

Habida cuenta de lo anterior, forzoso es concluir

del

Seguro

que lo resuelto en Rosa Resto no es de aplicación a la

situación que hoy se encuentra ante nuestra consideración.

El ex cónyuge de un trabajador retirado tiene derecho

a recibir beneficios bajo este programa siempre y cuando

cumpla con los requisitos del estatuto.

Ello es así desde

el 1965, cuando el Congreso enmendó el Social Security Act

para

hacer

extensiva

beneficios

que

esposas

viudas

o

a

una

disfrutaban

de

un

mujer

hasta

divorciada

ese

beneficiario.

los

entonces,

A

mismos

solo

partir

de

las

ese

momento, toda mujer divorciada que hubiera estado casada

por

espacio

de

veinte

(20)

años 12 ,

y

que

dependiera

económicamente de su ex cónyuge, 13 cualificaba para recibir

beneficios por retiro como resultado de las aportaciones

hechas por su ex marido al seguro social.

Pub. L. 89-97,

sec. 308(a), 79 Stat. 375-376.

12

En 1973, el Congreso enmendó nuevamente el Social Security

Act para reducir a diez (10) años el tiempo en que los

cónyuges debían permanecer casados para que la esposa

divorciada cualificara para los beneficios del seguro social.

Pub. L. 95-216, secs. 336(a)(3), (B)(3), (C)(1), 91 Stat.

1547.

13

En 1972 el Congreso eliminó el requisito de dependencia

antes mencionado. Pub. L. 92-603, secs. 114(a)(b), 86 Stat.

1348.

21

CC-2003-194

El

Informe

del

Senado

Núm.

404,

del

Proyecto

de

Resolución de la Cámara de Representantes 6675 (H.R. 6675),

explica el propósito de estas enmiendas de la siguiente

manera:

It is

not uncommon for a marriage to end

in divorce after many years, when the wife is

too old

to build up a substantial social

security earnings record even if she can find a

job. [. . .]

. . .

The bill would . . . provide that a wife´s

benefit will not terminate when she and her

husband are divorced if they had been married for

at least 20 years before the divorce. [. . .]

[. . .]

These changes would provide protection

mainly for women who have spent their lives in

marriages that are dissolved when they are far

along in years –especially housewives who have

not been able to work and earn social security

benefit protection of their own— from loss of

benefit rights.

1965

U.S.C.C.A.N.

Vol.

1.,

págs.

2047-2048.

(Énfasis

nuestro.)

Así lo ha interpretado el Tribunal Supremo federal.

En Califano v. Jobst, supra, pág. 52, se indicó:

“The statute is designed to provide the wage

earner and the dependent members of his family

with protection against the hardship occasioned

by his loss of earnings; it is not simply a

welfare

program

generally

benefiting

needy

persons.”

Véase además, Mathews v. De Castro, 429 U.S. 181, 434-435

(1976).

Como señalamos, la ex esposa de un beneficiario del

seguro

social

cualifica

para

recibir

los

beneficios

cumple con varias exigencias del estatuto federal.

si

Como

requisito de umbral, una ex cónyuge tiene que haber estado

22

CC-2003-194

casada con el beneficiario por un período de 10 años o más.

Además, tiene que haber estado divorciada por lo menos dos

años

antes

de

solicitar

los

beneficios;

no

puede

haber

contraído nuevas nupcias 14 ; el ex cónyuge no puede tener

derecho

a

recibir

los

derecho propio; o, de

recibir

es

menos

beneficios

tener

de

la

del

seguro

social

por

derecho, pero la cantidad a

mitad

del

seguro

cónyuge; y, debe haber cumplido 62 años.

social

del

ex

Veáse 42 U.S.C.

secs. 402(b)(1)-(4) (2004).

Como

vemos,

el

complejo

sistema

de

seguro

social

provee para que de los impuestos que nutren ese fondo,

reciban

en

su

día

una

pensión

no

solo

el

trabajador

retirado de cuyo sueldo se hicieron las aportaciones, sino

también su ex cónyuge.

Ello

fue

dificultad

que

de

años

consciente

mujeres

que

de

la

luego

así, toda vez que el Congreso

muchos

enfrentan

de

aquellas

matrimonio,

generalmente los de mayor productividad, durante los cuales

se dedicaron al cuido de sus hijos en el hogar sin cotizar

para

el

seguro

la

social,

ahora

al

divorciarse

y

ven

su

estabilidad

económica

atardecer

de

vida,

amenazada

como resultado de ese divorcio.

en

el

Por lo tanto,

de ese sueldo que se reputa ganancial -–Art. 1301(2) del

Código

14

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

3641(2),

y

del

cual

se

Si el cónyuge divorciado está recibiendo los beneficios

del seguro social y contrae nuevas nupcias pierde el derecho

a recibir tales beneficios.

Si el segundo matrimonio

termina, bien por divorcio, muerte o anulación, se recupera

el derecho a recibir los beneficios del primer cónyuge. Si el

segundo matrimonio duró diez (10) años o más, se pueden

recibir los beneficios como ex cónyuge de ese segundo esposo.

23

CC-2003-194

retienen las contribuciones que nutren el fondo del seguro

social--

el

Congreso

sociedad

legal

de

dispuso

que

gananciales

ambos

reciban,

miembros

en

su

de

la

día,

los

beneficios del seguro social.

Habida cuenta de lo anterior resolvemos, que a la luz

de

los

hechos

particulares

de

este

caso,

no

procede

colacionar las aportaciones que el peticionario ha hecho al

seguro social.

En

mérito

de

lo

anterior,

revocamos

la

sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen

los procedimientos acorde con lo dispuesto en la Opinión

que antecede.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anabis Vega Rivera

Recurrida

v.

CC-2003-194

Rafael A. Soto Silva

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte integrante de la presente, se revoca la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para que continúen los

procedimientos acorde con lo dispuesto en la

Opinión que antecede.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rebollo López concurre

sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri concurre y disiente con

opinión escrita a la que se une la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Anabis Vega Rivera

Recurrida

vs.

CC-2003-194

Rafael A. Soto Silva

Peticionario

Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado

SEÑOR FUSTER BERLINGERI a la cual se une la Jueza Asociada

SEÑORA FIOL MATTA.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005.

Como se indica

en la propia opinión de

la mayoría del Tribunal, ha sido doctrina

firme

de

este

Foro

que

las

pensiones

y

planes de retiro son bienes privativos, por

su

naturaleza

personalísima.

Por

ello,

concurro

con

la

parte

del

dictamen

de

mayoría

aquí

de

que

los

beneficios

la

del

Seguro Social federal son privativos y no

pueden incluirse en el inventario del caudal

ganancial sujeto a liquidación.

Del

mismo

reiteradamente

que

modo,

hemos

resuelto

las

aportaciones

a

los

sistemas de pensiones y planes de retiro que

se pagan a costa del caudal común son de

naturaleza ganancial, por lo que la sociedad

de gananciales tiene derecho a un crédito

CC-2003-194

2

por el importe total de dichas aportaciones al momento de

su disolución. Esta importante norma tiene dos fundamentos

principales.

Por

un

lado,

surge

de

lo

dispuesto

expresamente por el Código Civil de Puerto Rico en sus

Arts. 1301, 1308 y 1317, 31 L.P.R.A. secs. 3641, 3661 y

3670, según lo hemos interpretado, con respecto a lo que

aquí nos concierne. Rosa Resto

v. Rodríguez

Solís, 111

D.P.R. 89 (1981). Por otro lado, se apoya, además, en una

consideración de equidad, puesto que habiéndose adquirido

el

privatísimo

derecho

a

una

pensión

con

fondos

gananciales, es justo que al cónyuge que no es el titular

de dicha pensión se le reconozca al menos un crédito por la

parte

correspondiente

del

caudal

común

invertido

en

la

adquisición de la pensión referida.

Sin embargo, la mayoría del Tribunal hoy se aparta de

nuestra posición histórica respecto al crédito por tales

aportaciones, cuando son para el Seguro Social federal. El

decreto mayoritario se emite a pesar de que se reconoce que

no

hay

nada

resultado.

en

No

la

legislación

comparto

esta

federal

parte

que

del

requiera

dictamen

tal

de

la

una

mayoría.

El

decreto

revocación

sub

mayoritario

en

cuestión

constituye

de

lo

que

deliberadamente

silentio

muy

resolvimos en Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra. En ese

caso,

estaban

pagadas

en

mediante

cuestión

las

deducciones

aportaciones

salariales

de

un

compulsorias

juez

al

Sistema de Retiro de la Judicatura. Resolvimos que aunque la

pensión del juez era privativa, las aportaciones mediante

CC-2003-194

3

las cuales se adquirió dicha pensión eran gananciales, y le

reconocimos

el

correspondiente

crédito

a

su

esposa.

Expresamente determinamos que dichas aportaciones tenían que

ser incluidas en inventario y colacionadas en la liquidación

de bienes gananciales. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra,

pág. 93. El carácter de esas aportaciones era esencialmente

igual

en

lo

que

aquí

nos

concierne

a

las

deducciones

salariales del Seguro Social federal del caso de autos, por

lo que deben tratarse de igual modo.

El

único

fundamento

formulado

por

la

mayoría

para

apartarse de nuestra reiterada doctrina sobre el crédito por

las referidas aportaciones es que la ex-cónyuge en el caso

de autos, de sobrevivir por tiempo suficiente y una vez

solicite

los

correspondientes

beneficios,

podría

resultar

favorecida también de tales aportaciones al Seguro Social

federal, si cumple con toda una serie de requisitos tales

como no haber contraído nuevas nupcias, haber cumplido al

menos 62 años de edad, y no estar cualificada para recibir

beneficios del Seguro Social por derecho propio. Es decir,

la

mayoría

del

Tribunal

sólo

ofrece

una

endeble

justificación para apartarse de nuestra fundamental doctrina

jurídica,

una

que

depende

de

varias

eventualidades

aleatorias. Mas aun, para nada toma en cuenta la mayoría el

hecho de que la ex-cónyuge en el caso de autos contribuyó

durante 39 años para hacer posible la pensión que ahora su

ex-marido disfrutará por su sola cuenta. No se le da peso al

hecho crucial de que esa pensión se pagó con bienes comunes.

CC-2003-194

4

Tampoco se pondera cómo compararía el monto del crédito en

cuestión con el supuesto beneficio que podría recibir la excónyuge del Seguro Social por las aportaciones referidas; ni

se

explica

porqué

no

puede

la

ex-esposa

obtener

dicho

crédito junto con el potencial beneficio del Seguro Social,

en vista de la naturaleza de este programa que persigue

fines de bienestar social que rebasan por mucho el entramado

de las aportaciones.

En mi criterio, el claro derecho a un crédito por la

aportación ganancial no debe conculcarse a base de la frágil

consideración

de

que

podría

ser

que

la

ex-cónyuge

se

beneficie de dicha aportación. Además, habida cuenta de la

situación

prevaleciente

todavía

en

la

mayoría

de

los

matrimonios del país, la denegatoria del crédito que aquí

nos

concierne

no

sólo

menoscaba

el

entramado

de

nuestro

Derecho Civil y la equidad sino que atenta también contra la

fuerte política constitucional que existe en Puerto Rico “de

lograr la igualdad entre los esposos y proteger a la mujer,

por tantos siglos marginada...” Carrero Quiles v. Santiago

Feliciano, 133 D.P.R. 727, 735 (1993).

Por todo lo anterior, debe reconocérsele a la ex-esposa

del caso de autos el crédito que le corresponde. Como la

mayoría resuelve de otro modo, yo disiento con respecto a

esta parte del dictamen.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado