Tribunal Supremo de Puerto Rico
Anabis Vega Rivera v. Rafael A. Soto Silva
2005 TSPR 24
Poder Judicial de Puerto Rico
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Anabis Vega Rivera v. Rafael A. Soto Silva
CC-2003-0194
8 de marzo de 2005 · Derecho de Familia: Carácter privativo de los beneficios del seguro social; carácter ganancial de las aportaciones al seguro social y derecho de un ex – cónyuge sobre éstas en determinadas circunstancias
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anabis Vega Rivera
Recurrida
Certiorari
v.
2005 TSPR 24
Rafael A. Soto Silva
163 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-194
Fecha: 8 de marzo de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional II-Bayamón
Panel integrado por presidente, el Juez Sánchez Martínez, la Juez
Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle.
Abogados del Peticionario:
Lcda. Xaira Santiago Acosta
Lcdo. Rafael A. Soto Silva
Abogadas de la Parte Recurrida:
Lcda. Rina Biaggi García
Lcda. Ivette Nieves Cordero
Lcda. Carmen Irene García Goyco
Materia: Liquidación de Bienes Ganaciales
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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CC-2003-194
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anabis Vega Rivera
Recurrida
v.
CC-2003-194
Rafael A. Soto Silva
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005
Nos corresponde determinar en esta ocasión si las
aportaciones al seguro social hechas por un cónyuge
vigente el matrimonio, tienen la naturaleza de bien
ganancial y deben incluirse en el inventario de la
sociedad legal de gananciales para su colación, al
momento de su liquidación.
I
Los hechos en este caso son sencillos y sobre los
mismos no hay controversia.
Rivera
y
el
señor
Rafael
La señora Anabis Vega
Soto
Silva
contrajeron
matrimonio el día 12 de junio de 1959, en Puerto
Rico.
Durante su matrimonio procrearon tres hijos,
hoy todos mayores de edad.
tarde,
las
partes
Treinta y nueve años más
pusieron
fin
a
su
2
CC-2003-194
matrimonio
decretándose
disuelto
el
mismo
mediante
sentencia de divorcio el 10 de marzo de 1999.
Posterior
a
ello,
la
señora
Vega
instó
demanda
de
liquidación de la sociedad de bienes gananciales ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.
En
la
demanda
haberes
de
demandado
la
instada
se
detallaron
extensamente
los
sociedad
de
gananciales
a
liquidarse.
El
algunas
de
las
no
es
contestó
la
demanda
aceptando
alegaciones y negando otras y, además, reconvino.
Luego
de
varios
incidentes
procesales
que
necesario detallar, en diciembre de 2001, la señora Vega
Rivera solicitó al tribunal que incluyera en el inventario
del caudal ganancial sujeto a liquidación, las aportaciones
hechas por su ex cónyuge al seguro social federal durante
la vigencia del matrimonio.
Traída la controversia ante la
consideración del tribunal, éste ordenó a las partes que se
expresaran por escrito sobre la solicitud presentada.
En un extenso memorando, el señor Soto Silva planteó
que la solicitud de la señora Vega Rivera era contraria a
derecho toda vez que la legislación federal que creaba el
seguro social, y su jurisprudencia interpretativa, impedían
que los estados interfieran con los beneficios que concede
este
programa.
El
Hisquierdo,
439
U.S.
legislación
federal
demandado
572
invocó
(1979),
desplazaba
la
para
Hisquierdo
concluir
normativa
v.
que
la
estatal
e
impedía una determinación bajo los términos solicitados por
la señora Vega Rivera.
3
CC-2003-194
Oportunamente, el tribunal de instancia celebró una
vista para discutir la petición de la señora Vega Rivera.
El
18
de
resolución
octubre
de
en
cual
la
2002,
el
tribunal
a
dictó
su
que
aportaciones
al
dispuso
las
quo
seguro social eran un bien ganancial y ordenó por lo tanto
que se incluyeran en el inventario del caudal ganancial. En
la
resolución
dictada,
referencia
alguna
sobre
desplazamiento
el
al
el
foro
de
planteamiento
de
instancia
del
nuestra
señor
no
hizo
Soto
Silva
normativa
por
la
petición
de
legislación federal.
Insatisfecho,
Soto
Silva
acudió
en
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
recreó
los
Tribunal
mismos
de
planteamientos
Apelaciones
dictó
En su escrito
que
en
instancia.
una
escueta
El
resolución
negándose a expedir el recurso solicitado donde indicó que,
“el recurso de certiorari no aduce ninguno de los criterios
enunciados
en
la
Regla
expedición”,
y
que
la
40
del
Reglamento
determinación
de
para
su
instancia
era
“esencialmente” correcta.
Por no estar conforme con lo resuelto por el foro
apelativo
intermedio, el 14 de marzo de 2003, Soto Silva
acudió ante nosotros.
En el escrito presentado señaló como
error lo siguiente:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones
al evaluar todo el récord del caso, justipreciar
los memorando y estimar que lo resuelto por el
Tribunal de Primera Instancia es esencialmente
correcto, --colacionar los pagos al seguro social
a los activos gananciales para luego adjudicar
derechos sobre ellos en la liquidación, aún
cuando en Derecho el campo está ocupado--, no
4
CC-2003-194
hace determinaciones de hechos ni conclusiones de
derecho, pero aplica la Regla 40 del Reglamento
del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Expedimos
el
auto
solicitado
y,
contando
con
la
comparecencia de las partes, resolvemos.
II.
A.
A
primera
vista,
tenemos
ante
nosotros
una
nueva
controversia sobre el carácter --ganancial o privativo-- de
las
aportaciones
a
un
plan
de
retiro,
de
pensiones
o
beneficios, hechas por un cónyuge durante la vigencia del
matrimonio.
Lo
cierto
es,
sin
embargo,
que
antes
de
atender esta controversia tenemos que analizar cómo nuestro
derecho
de
relaciones
de
familia
interrelaciona
con
la
legislación federal que crea el programa de seguro social.
Debemos
determinar
si
el
Social
Security
Act
desplaza
nuestra legislación en virtud de la cláusula de supremacía
de la Constitución de los Estados Unidos.
Constitución de
los Estados Unidos, Art. VI, Cl. 6.1
La doctrina del desplazamiento del poder estatal por
el poder federal invocada por el peticionario plantea un
asunto de umbral.
La primacía del derecho estatal en el
ámbito de las relaciones de familia tiene que ceder ante el
principio de la supremacía de las leyes del Congreso cuando
una
ley
federal
así
lo
ordena
ocupando
expresamente
el
campo o, cuando la ley estatal incide sustancialmente sobre
Es inquietante que un argumento de esta importancia haya
sido ignorado tanto como por el Tribunal de Primera
Instancia como por el Tribunal de Apelaciones.
1
5
CC-2003-194
la política pública establecida por el Congreso en alguna
legislación.
Hines
v.
Davinowitz,
312
U.S.
52
(1941);
Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497 (1952) y su progenie.
Véase además, Rodríguez Planell v. Overseas Military Sales
Corp., res. 18 de septiembre de 2003, 2003 T.S.P.R.140,
2003 JTS 141; Hernández Villanueva v. I.P.C. Division of
Comstar International Inc., res 27 de enero de 2000, 150
D.P.R. 171, 2000 JTS 26; Cotto Morales v. Calo Ríos, 140
D.P.R. 604 (1996); Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87
D.P.R.
534,
552-53
(1963).
R.
Serrano
Geyls,
Derecho
Constitucional de los Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. 1,
Univ. Interamericana, 2da ed., 2000, pág. 410; L. Tribe,
American Constitutional Law, 3rd ed., Vol. 1, Foundation
Press, 2000, secs. 6.28-6.30.
Hisquierdo
v.
Hisquierdo,
supra,
invocado
por
el
peticionario en apoyo a su argumento de desplazamiento, es
la primera decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos
que considera la divisibilidad de un plan de beneficios del
gobierno federal. 2
El caso giró en torno al plan de retiro
establecido por el Congreso para empleados del sistema de
ferrocarriles, conocido como el Railroad Retirement Act, 45
Véanse además, McCarty v. McCarty, 453 U.S. 210 (1981);
Mansell v. Mansell, 490 U.S. 581 (1989).
En McCarty, el
Tribunal Supremo,
construyendo sobre Hisquierdo v.
Hisquierdo, 439 U.S. 572 (1979), revocó la determinación de
que la pensión por retiro de un miembro de las fuerzas
armadas era propiedad en común del matrimonio, por lo tanto
divisible. Por otro lado, en Mansell, se resolvió que la
pensión por incapacidad de un miembro de las fuerzas
armadas no era propiedad en común del matrimonio por lo
tanto no era divisible.
2
6
CC-2003-194
U.S.C. secs. 231 et seq., y una determinación del Tribunal
Supremo
de
California
que
concluía
que
los
beneficios
concedidos por ese plan eran propiedad en común (“community
property”)
de
ambos
cónyuges
sujeto
a
división
en
el
desplazamiento,
el
divorcio.
Al
analizar
el
Tribunal
Supremo
diseñó
dual.3
argumento
el
de
siguiente
modelo
de
análisis
Primero, hay que determinar si el derecho invocado -
-la naturaleza de propiedad en común de los beneficios del
plan
de
pensión--
legislación
choca
federal.
con
439
las
U.S.
disposiciones
pág.
583.
de
la
Segundo,
determinada la existencia del conflicto, evaluar si aplicar
el derecho estatal inflige grave daño a intereses claros y
sustanciales del Congreso.
Establecido
ese
marco
439 U.S. pág. 581.
conceptual,
el
Tribunal
Supremo
pasó a analizar la controversia y determinó que la llamada
cláusula
anti
embargo
(“anti-attachment
clause”)
del
Railroad Retirement Act chocaba directamente con el derecho
de California.
Véase 45 U.S.C. sec. 231m. 4
El Tribunal
3
Para una discusión más abarcadora sobre el modelo de
análisis diseñado en Hisquierdo v. Hisquierdo, 439 U.S. 572
(1979) para determinar si aplica o no la doctrina del campo
ocupado véanse, Riddle, “Preemption of Reconcilable State
Regulation: Federal Benefit Schemes v. State Marital
Property Law”, 34 Hastings L. J. 685, 697 (1982)
(“Hisquierdo established an unprecedented standard for
preemption
disputes
involving
state
marital
property
law.”); Quirk, “State Community Property Laws: Coping with
Federal Tax and Pension Laws”, 19 Gonz. L. Rev. 481 (1984).
4
45 U.S.C. sec. 231m dispone en lo pertinente:
“Notwithstanding any other law of the United
States, or of any State, territory, or District
of Columbia, no annuity or supplemental annuity
7
CC-2003-194
señaló
que
el
propósito
de
este
garantizar
que
cualquier
beneficio
tipo
de
cláusula
era
por
lo
concedido
ley
recibiera íntegramente el beneficiario. Indicó el tribunal:
“Like anti-attachment provisions generally. . . it ensures
that the benefits
actually
reach
the
beneficiary. It
preempts all state law that stands in its way.”
pág. 584.
439 U.S.
De ahí se concluye, lógicamente, que la decisión
de California de que los beneficios del plan de pensión le
pertenecían también al cónyuge no pensionado era contraria
a la cláusula anti embargo pues impedía que el beneficiario
recibiera la totalidad de su pensión. 439 U.S. pág. 585.
El
tribunal
pasó
estatal
infligía
luego
grave
sustanciales
legislados
Retirement
Act,
a
daño
por
el
contestando
analizar
a
la
intereses
Congreso
la
si
en
normativa
claros
el
interrogante
y
Railroad
en
la
afirmativa. Con la aprobación del Railroad Retirement Act,
el Congreso tuvo la intención de legislar un programa que
sirviera de aliciente a los empleados de mayor antigüedad
en el sistema
permitiendo
así
ferroviario para que se acogiesen al retiro
la
renovación
de
la
fuerza
trabajadora.
Por lo tanto, si un empleado retirado tenía que compartir
su plan de pensión con su ex cónyuge, el incentivo para su
retiro se vería afectado, lo que frustraba la intención que
tuvo el Congreso al aprobar el Railroad Retirement Act. 439
_____________________
shall be assignable or be subject to any tax or
to
garnishment,
attachment,
or
other
legal
process under any circumstances whatsoever nor
shall the payment thereof be anticipated.”
8
CC-2003-194
U.S.
pág.
590.
Este
daño,
que
penalizaba
a
quien
el
Congreso pretendió proteger, era lo suficientemente grave
para
que
se
entendiera
desplazaba
el
derecho
que
de
California. Loc. cit.
la
legislación
relaciones
de
federal
familia
de
A base del anterior análisis se
concluyó que el pago de la pensión era un bien privativo no
sujeto a división.
Al aplicar a este caso el análisis de desplazamiento
de Hisquierdo, se requiere que se determine, primero, si el
derecho
estatal
invocado
–-el
carácter
ganancial
de
las
aportaciones al seguro social-- es contrario a lo dispuesto
en la cláusula anti embargo del Social Security Act 5 , o a
cualquier
otra
disposición
del
estatuto
federal.
contestarse esa pregunta en la afirmativa, se
evaluar
si
aportaciones
la
al
determinación
seguro
de
social
De
pasaría a
ganancialidad
de
las
inflige
daño
a
grave
intereses sustanciales del Congreso según recogidos en la
legislación
federal.
De
lo
contrario,
el
análisis
del
campo ocupado concluye con una respuesta en la negativa a
la primera pregunta.
La cláusula anti embargo del Social Security Act dispone:
Section 407. Assignment of benefits.
(a). In general
The right of any person to any future payment
under this subchapter shall not be transferable
or assignable, at law or in equity, and none of
the moneys paid or payable or rights existing
under this subchapter shall be subject to
execution, levy, attachment, or garnishment, or
other legal process, or to the operation of any
bankruptcy or insolvency law.
42 U.S.C. sec. 407(a).
5
9
CC-2003-194
Antes de hacer ese análisis, pasemos a ver cómo los
estados
han
aplicado
a
Hisquierdo
controversias
relacionadas con el seguro social y la división de los
haberes del matrimonio ante un divorcio.
B.
Debemos destacar inicialmente, que el Tribunal Supremo
federal
no
beneficios
concedidos
divididos
al
matrimonio.
ha
resuelto
bajo
momento
específicamente
el
de
si
los
seguro
social
pueden
ser
liquidarse
los
bienes
del
B. Turner, Equitable Distribution of Property,
McGraw Hill Inc., 2da ed., 1994, sec. 6.06, pág. 317. (“The
Supreme Court has yet to consider whether Social Security
benefits are subject to division upon divorce.”)
Así pues,
los tribunales estatales lo que han hecho es extrapolar el
análisis de Hisquierdo, al contexto de reclamaciones bajo
el Social Security Act.
La mayoría de los tribunales estatales han resuelto
que en efecto, --a la luz de lo establecido en Hisquierdo-los
beneficios
del
seguro
social
son
privativos
del
beneficiario y no acrecen la masa conyugal, por lo que no
están
sujetos
a
división
en
ocasión
de
un
divorcio. 6
Sostienen estos tribunales que considerar de alguna manera
Véase,, entre otros: In re Marriage of Rogers, 2004 WL
2341836 (Ill.App. 4 Dist.); In re
Marriage of Crook, 778
N.E.2d 309 (Ill. 2002); Nelly v. Nelly, 9 P.3d 1046 (Ariz.
2000); Wolff v. Wolf, 929 P.2d 916 (1997); In re Marriage
Boyer, 538 N.W.2d 293 (Iowa 1995); Olson v. Olson, 445
N.W.2d 1 (N.D. 1989); Crocker v. Crocker, 824 P.2d 1117
(Okla. 1991); Powell v. Powell, 577 A.2d 576 (Pa. 1990);
Mann v. Mann, 778 P.2d 590 (Alaska 1989); Richard v.
Richard, 659 S.W.2d 746 (Tex. Ct. App. 1983).
6
10
CC-2003-194
el
valor
de
ese
beneficio
al
dividir
los
bienes
del
matrimonio contraviene la ley federal ya que ello resulta,
necesariamente, en una división directa o indirecta de los
mismos,
contrario
a
lo
dispuesto
en
la
cláusula
anti
embargo del Social Security Act.
Otros
cuando
tribunales
estos
estatales
beneficios
son
de
han
concluido
carácter
que
aun
privativo,
los
mismos son un factor que puede ser considerado al momento
de dividir los bienes del matrimonio.
Estos tribunales han
dispuesto que los principios que informan la doctrina del
Equity así lo permite. Sostienen que, para dividir conforme
a la equidad y la justicia la propiedad del matrimonio
(“equitable distribution”), es apropiado considerar todos
los bienes y recursos acumulados durante el mismo lo que
incluye, necesariamente, los beneficios del seguro social. 7
Véase,
Turner,
op.
cit.,
pág.
318.
(“State
courts
may
consider Social Security benefits as one relevant factor in
dividing other marital assets.”)8
7
Véanse, e. g., Neville v. Neville, 791 N.E.2d 434 (Ohio
2003); Zahm v. Zahm, 955 P.2d (Wash. 1998); Mahoney v.
Mahoney, 681 N.E.2d 852 (Mass. 1997); In re Miller, 475
N.W.2d 675 (Iowa 1991); Pongonis v. Pongonis, 606 A.2d 1055
(Me. 1992); Hogan v. Hogan, 796 SW2d 400 (Mo. 1990); In re
Marriage Meyer, 430 N.E.2d 610 (Ill. 1981); In re Marriage
Karr, 628 P.2d 267 (Mont. 1981), cert. denied, 455 U.S.
1016 (1982).
8
Para un resumen sobre los modelos existentes en Estados
Unidos para la división de los bienes acumulados durante el
matrimonio véanse, Frantz, Dagan, “Properties of Marriage”,
104 Col. U. L. Rev. 75 (2004); Vaughn, “The Policy of
Community Property and Inter.-Spousal Transactions”, 19
Baylor L. Rev. 20, 20-27 (1967); W. Reppy, C. Samuel,
Community Property in the United States, 2da. ed., 1982.
11
CC-2003-194
De
lo
anterior
surge
que
la
normativa
en
Estados
Unidos es uniforme en cuanto al carácter privativo de los
que
beneficios
se
reciben
bajo
el
seguro
social.
Y
lo
cierto es que tiene que ser así, toda vez que la cláusula
anti embargo del Social Security Act prohíbe la cesión o
transferencia del derecho a recibir pagos futuros y prohíbe
además que los pagos recibidos o por recibirse o derechos
reconocidos
bajo
el
estatuto,
puedan
gravámenes, embargos o procesos legales. 9
estar
sujetos
a
Este lenguaje es
claro; la intención del legislador fue que el beneficiario
recibiese la totalidad de la pensión o renta a la que tiene
derecho.
Así,
conforme
lo
cláusula
anti
embargo
resuelto
claramente
en
Hisquierdo,
implica
beneficios o pagos son privativos y por lo tanto
que
esta
estos
no pueden
afectarse por ninguna determinación de los estados; sobre
esto, el campo está ocupado.10
Esta
disposición
sin
embargo,
no
hace
referencia
alguna a las aportaciones que hace un beneficiario al fondo
del seguro social.
_____________________
9
10
Por lo tanto, una determinación sobre
Véase nota al calce número 5.
Cabe señalar, que a pesar de los rigores de la cláusula
anti embargo del Social Security Act, en el 1975, el
Congreso enmendó la legislación, para permitir que de los
pagos mensuales del beneficiario se pudiera satisfacer el
pago de la pensión del cónyuge (“alimony”) y la pensión
alimentaria de hijos dependientes (“child support”). Véase
42 U.S.C. sec. 659.
Con dicha enmienda se quiso corregir
el problema de padres que, abusando de la cláusula anti
embargo, no cumplían con su responsabilidad alimentaria
para con sus hijos y ex cónyuges.
P.L.93-647, Social
Services Amendments of 1974, Senate Report No. 93-1356,
Dec. 14, 1974.
12
CC-2003-194
la naturaleza de dichas aportaciones no está prohibida por
la cláusula anti embargo.
el
Social
Security
Por otro lado, hemos analizado
Act
y
no
hemos
encontrado
ninguna
disposición que nos impida analizar la naturaleza de las
aportaciones.
Tampoco
hemos
encontrado
jurisprudencia
federal o estatal que aborde este tema.
A base de lo
anterior, hay que concluir que, en este caso, el análisis
de desplazamiento de Hisquierdo concluye luego de evaluar
la primera parte de ese modelo de análisis dual.
entonces
impedimento
alguno
para
que
se
No existe
evalúe
la
naturaleza de las aportaciones al seguro social.
Cabe destacar aquí que, el complejo esquema que regula
los beneficios del seguro social contempla la interrelación
de la legislación federal con el derecho sustantivo de los
estados.
Veamos
quién
válidamente
está
algunos
ejemplos:
casado
para
La
determinación
cualificar
para
de
los
beneficios del seguro social es una determinación que se
hace
a
base
del
derecho
416(h)(1)(A)(i) (2004).
del
estado.
42
U.S.C.
sec.
De igual forma, es la ley estatal
la que determina quién, a pesar de no estar legalmente
casado,
goza de
los mismos
derechos
que los cónyuges
por lo que puede recibir los beneficios del seguro social.
42 U.S.C. sec. 416(h)(1)(A)(ii) (2004). Si el beneficiario
es un hijo adoptivo, la determinación sobre la validez de
esa adopción se hace a base del derecho del estado sobre
este
asunto.
42
U.S.C.
sec.
416(e)(2)(B)
(2004).
Finalmente, es la ley estatal la que regula varios aspectos
13
CC-2003-194
relacionados con la determinación de pensión alimentaria
del ex cónyuge (“alimony”) y al recobro de intereses por
temeridad, gastos y costas.
42 U.S.C. sec. 659 (2004).
Resulta evidente entonces que el Social Security Act
permite y contempla la correlación de sus disposiciones con
el
derecho
sustantivo
de
los
estados
en
asuntos
relacionados con las relaciones de familia.
Ello debe ser
así
relaciones
porque,
de
ordinario,
el
derecho
de
de
familia es un asunto reservado a los estados y no de la
injerencia del gobierno federal.
E. g., In re Burrus, 136
U.S. 586, 593-94 (1890) (“The whole subject of the domestic
relations of husband and wife, parent and child, belongs to
the laws of the States and not to the laws of the United
States.”) Véase además, United States v. López, 513 U.S.
549, 564 (1995); Thompson v. Thompson, 484 U.S 174 (1988);
Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975).
Para
resumir,
de
lo
anterior
se
desprende
que:
Primero, a base de la interpretación del Tribunal Supremo
de
Estados
Unidos
de
las
cláusulas
anti
embargo
en
Hisquierdo, cualquier plan de pensión, anualidad o retiro
establecido
por
legislación
federal
que
contenga
una
cláusula de esta naturaleza --como es el caso del seguro
social--
los
beneficios
que
se
reciben
tienen
carácter
privativo y no podrán ser divididos entre los cónyuges al
liquidarse los bienes del matrimonio.
Este es un asunto
donde claramente el campo está ocupado por la legislación
federal y no hay margen de acción alguno para aplicar una
14
CC-2003-194
norma en contrario.
Segundo, que esos mismos beneficios,
bajo la doctrina del Equity, sí pueden tomarse en cuenta al
momento de hacer una división equitativa de los haberes de
matrimonio.
Tercero, que ni el Tribunal Supremo federal ni
las cortes estatales, se han expresado sobre el carácter de
las aportaciones hechas vigente el matrimonio a un plan de
pensión,
de
retiro
o
anualidad
establecido
mediante
legislación federal, incluyendo el seguro social. Cuarto,
que el Social Security Act no contiene ninguna disposición
que impida se analice el carácter de las aportaciones que
se hacen al fondo de seguro social.
Y, por último, que el
Social Security Act contempla la interrelación entre sus
disposiciones con la legislación estatal relacionada con el
Derecho de familia.
Resolvemos entonces que la doctrina del campo ocupado
no constituye un impedimento para que evaluemos sí, a la
luz del derecho sustantivo puertorriqueño, las aportaciones
hechas al seguro social pueden considerarse como un bien
ganancial y además, que las mismas deben incluirse en la
masa a ser dividida en ocasión de la liquidación de la
sociedad legal de gananciales.
ha
de
requerir
no
tan
derecho
prevaleciente
sino,
más
y
sólo
en
importante
Ese análisis, sin embargo,
que
Puerto
aún,
que
repasemos
el
Rico
este
sobre
profundicemos
estado
de
asunto,
sobre
el
programa del seguro social y su funcionamiento.
Veamos entonces cuál es el estado de derecho vigente
en
nuestra
jurisdicción
sobre
la
naturaleza
de
las
15
CC-2003-194
aportaciones a un plan de retiro o pensión, para luego
atender la controversia que se nos ha planteado a la luz
del sistema creado por el Social Security Act.
III.
En los últimos años, hemos ido matizando el contenido
y alcance de las disposiciones del Código Civil que regulan
el inventario y la liquidación de la sociedad legal de
gananciales.
Las
operaciones
fundamentales
de
la
liquidación son las siguientes: la formación de inventario;
la tasación de los bienes; la determinación del pasivo de
la sociedad y, en su caso, el establecimiento de formas
para
su
pago;
la
fijación
del
remanente
líquido
y
su
distribución y, finalmente, la adjudicación de bienes, por
partes
iguales,
para
su
pago.
El
inventario
deberá
contener numéricamente, para su colación, las cantidades
que hayan sido pagadas por la sociedad de gananciales que
deban rebajarse del capital del marido o de la mujer.
Art.
1317
Véase
del
Código
Civil,
31
L.P.R.A.
sec.
3692.
además, A. De Cossio y Corral, Tratado Práctico y Crítico
del Derecho Civil, Tomo L, Vol. I, Madrid, 1963, págs. 254255.
Hemos resuelto que, aun cuando el Artículo 1320 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, dispone que son bienes
gananciales
los
adquiridos
a
título
oneroso
durante
el
matrimonio a costa del caudal, o aquellos obtenidos por la
industria,
sueldo
o
trabajo
de
los
cónyuges,
existen
ciertos bienes que por razón de su finalidad y naturaleza
16
CC-2003-194
personalísima no acrecen el haber común.
hemos
exceptuado
retiro
y
Tribunal
otros
de
la
norma
sistemas
Superior,
100
general
similares.
D.P.R
370
Específicamente
las
pensiones
por
E.g.,
Maldonado
v.
(1972);
Rosa
Resto
v.
Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 92 (1981); Delucca Román v.
Colón
Nieves,
119
D.P.R.
720
(1987);
Benítez
Guzmán
v.
García Merced, 126 D.P.R.302 (1990); Pilot Life Ins. Co. v.
Crespo Martínez, 136 D.P.R 624 (1994).
En Maldonado v.
Tribunal Superior, 100 D.P.R. pág. 375, el caso normativo
sobre este asunto, explicamos la norma señalando:
La doctrina considera que la naturaleza
personalísima de estas anualidades determinan
(sic) su carácter privativo.
Se trata de
créditos
intuitu
personae
–esto
es
en
consideración a la personaque, por su propia
naturaleza, están excluidos de la masa común.
Es esta naturaleza personalísima lo que determina su
carácter
privativo.
En
Maldonado
concluimos
que,
independientemente del modo de adquisición, “el derecho a
la
anualidad
por
retiro
es
uno
personalísimo
que
nunca
acrece el haber común”. 110 D.P.R. pág. 377.
Posteriormente, en Rosa Resto, supra, 111 D.P.R. pág.
92,
nos
Abundamos
reafirmamos
en
sobre
naturaleza
la
lo
expresado
en
personalísima
Maldonado.
de
las
pensiones por retiro indicando que, este derecho tiene un
respetable contenido ético y moral y “constituye un seguro
de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado
al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse
en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido
en una carga de parientes o del Estado.”
En Rosa Resto,
17
CC-2003-194
resolvimos que con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2
del Artículo 1301 del Código Civil, las aportaciones que un
cónyuge pensionista hace a su plan de retiro, vigente el
matrimonio,
son
de
naturaleza
ganancial
por
lo
que
la
sociedad de gananciales tiene derecho a un crédito por el
importe
total
disolución.
existente
de
dichas
aportaciones
al
momento
de
su
Aclaramos en Rosa Resto, que si el único bien
para
satisfacer
la
parte
adjudicada
eran
los
fondos de aportaciones acumuladas en el plan de retiro,
“quedará
diferido
el
cumplimiento
de
esa
parte
de
la
división de bienes de la sociedad.” 111 D.P.R. pág. 93.
Pasemos entonces a aplicar las normas de derecho antes
mencionadas
a
la
controversia
planteada
en
el
caso
de
epígrafe.
IV.
El seguro social es uno de los programas federales de
justicia social de mayor trascendencia y profundo impacto
que
se
legislara
durante
el
Nuevo
Trato.
Este
es
un
sistema integrado de impuestos y transferencias que provee,
entre otros beneficios, un ingreso mensual a trabajadores
retirados así como a algunos de sus dependientes. En sus
comienzos,
este
programa
era
parte
de
una
propuesta
nacional de recuperación económica cuyo objetivo primordial
era proveer las garantías necesarias para evitar un estado
de desamparo y dependencia en la vejez.
Economic Security
Act: Hearings before House Committee on Ways and Means,
74th Cong. 20 (1935), citado en, Liu, “Social Security and
18
CC-2003-194
the
Treatment
of
Marriage:
Spousal
Benefits,
Earnings
Sharing and the Challenge of Reform”, 1999 Wisconsin L.
Rev. 1, 5 n.7.
En Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937), el Juez
Asociado
Cardozo
describió
con
marcada
elocuencia
el
propósito de esta legislación, señalando: “The hope behind
this statute is to save men and women from the rigors of
the poor house as well as from the haunting fear that such
a lot awaits them when journey’s end is near.” Helvering,
301 U.S. pág. 641.
En su esencia, como dijimos, el seguro social es un
sistema de seguro o ahorro público basado en impuestos, que
puede ser alterado por el Congreso a su discreción.
Véase,
42 U.S.C. sec. 1304 (2004); Califano v. Boles, 443 U.S.
282,
297
(1979)
(“[T]he
social
security
system
in
this
country remain[s] a contributory insurance plan and [has]
not
become
a
general
welfare
program.”)
Véase
además,
Fleming v. Nestor, 363 U.S. 603, 611 (1960). El mismo goza
de ciertos atributos que lo asemejan a un plan de pensión o
retiro, toda vez que, al igual que éstos, el seguro social
tiene
como
finalidad
proveer
a
sus
beneficiarios
de
un
ingreso mínimo en la vejez.11
11
Se estima, que los beneficios provenientes del seguro
social representan, para el 62% de la población envejeciente,
el 50% o más de sus ingresos; para el 26% representa más de
un 90% de los ingresos; y, para un 15% de la población con
derecho a recibir beneficios, el seguro social representa su
única fuente de ingresos. Liu, “Social Security and the
Treatment of Marriage: Spousal Benefits, Earnings Sharing and
the Challenge of Reform”, 1999 Wisconsin L. Rev. 1, 3.
19
CC-2003-194
El sistema de seguro social sin embargo, tiene varias
particularidades que lo diferencian de un plan de pensión o
retiro,
como
el
que
interpretamos
en
Rosa
Resto.
Primeramente, como ya indicamos, éste es un impuesto sobre
nómina
que
se
impone
en
virtud
de
legislación
federal.
Véase 26 U.S.C. sec. 3101 (2004), sec. 3101 del Código
Federal de Rentas Internas.
Por lo tanto, la aportación
que se hace al mismo es una de carácter
mandatorio y no
una cuota que voluntariamente se paga.
No hay tampoco
mecanismo
alguno
que
permita
retirar
las
aportaciones
hechas a través de los años al fondo que nutre el seguro
social.
De
lo
anterior
se
desprende
que
dichas
aportaciones no constituyen un activo de la sociedad legal
de gananciales sino todo lo contrario, un pasivo.
Además,
los
beneficios
que
se
recibirán
de
esas
aportaciones no serán sólo para el trabajador retirado --de
cuyos
salarios
se
retuvieron
las
aportaciones--,
sino
también para algunos dependientes de éste, incluyendo su
cónyuge,
ex
cónyuge
o
cónyuge
supérstite
y
los
hijos
dependientes. Estos beneficios se conocen como “beneficios
derivados” pues se derivan de la dependencia que genera la
relación familiar que existe entre estos beneficiarios y el
contribuyente o beneficiario principal.
A través de las
distintas disposiciones del Social Security Act se trasluce
que el Congreso ha utilizado, como criterio de dependencia
para
conceder
los
beneficios
derivados,
la
edad
y
el
estatus matrimonial del beneficiario dependiente. Califano
20
CC-2003-194
v. Jobst, 434 U.S. 47, 52 (1977).
(“[Congress] has elected
to use simple criteria, such as age and marital status, to
determine probable dependency”).
Ello supone entonces que
como ocurre en este caso, de las aportaciones hechas por un
cónyuge
al
Seguro
Social
el
otro
cónyuge
ha
recibir
los
beneficios
adquirido
también
el
derecho
a
Social.
Habida cuenta de lo anterior, forzoso es concluir
del
Seguro
que lo resuelto en Rosa Resto no es de aplicación a la
situación que hoy se encuentra ante nuestra consideración.
El ex cónyuge de un trabajador retirado tiene derecho
a recibir beneficios bajo este programa siempre y cuando
cumpla con los requisitos del estatuto.
Ello es así desde
el 1965, cuando el Congreso enmendó el Social Security Act
para
hacer
extensiva
beneficios
que
esposas
viudas
o
a
una
disfrutaban
de
un
mujer
hasta
divorciada
ese
beneficiario.
los
entonces,
A
mismos
solo
partir
de
las
ese
momento, toda mujer divorciada que hubiera estado casada
por
espacio
de
veinte
(20)
años 12 ,
y
que
dependiera
económicamente de su ex cónyuge, 13 cualificaba para recibir
beneficios por retiro como resultado de las aportaciones
hechas por su ex marido al seguro social.
Pub. L. 89-97,
sec. 308(a), 79 Stat. 375-376.
12
En 1973, el Congreso enmendó nuevamente el Social Security
Act para reducir a diez (10) años el tiempo en que los
cónyuges debían permanecer casados para que la esposa
divorciada cualificara para los beneficios del seguro social.
Pub. L. 95-216, secs. 336(a)(3), (B)(3), (C)(1), 91 Stat.
1547.
13
En 1972 el Congreso eliminó el requisito de dependencia
antes mencionado. Pub. L. 92-603, secs. 114(a)(b), 86 Stat.
1348.
21
CC-2003-194
El
Informe
del
Senado
Núm.
404,
del
Proyecto
de
Resolución de la Cámara de Representantes 6675 (H.R. 6675),
explica el propósito de estas enmiendas de la siguiente
manera:
It is
not uncommon for a marriage to end
in divorce after many years, when the wife is
too old
to build up a substantial social
security earnings record even if she can find a
job. [. . .]
. . .
The bill would . . . provide that a wife´s
benefit will not terminate when she and her
husband are divorced if they had been married for
at least 20 years before the divorce. [. . .]
[. . .]
These changes would provide protection
mainly for women who have spent their lives in
marriages that are dissolved when they are far
along in years –especially housewives who have
not been able to work and earn social security
benefit protection of their own— from loss of
benefit rights.
1965
U.S.C.C.A.N.
Vol.
1.,
págs.
2047-2048.
(Énfasis
nuestro.)
Así lo ha interpretado el Tribunal Supremo federal.
En Califano v. Jobst, supra, pág. 52, se indicó:
“The statute is designed to provide the wage
earner and the dependent members of his family
with protection against the hardship occasioned
by his loss of earnings; it is not simply a
welfare
program
generally
benefiting
needy
persons.”
Véase además, Mathews v. De Castro, 429 U.S. 181, 434-435
(1976).
Como señalamos, la ex esposa de un beneficiario del
seguro
social
cualifica
para
recibir
los
beneficios
cumple con varias exigencias del estatuto federal.
si
Como
requisito de umbral, una ex cónyuge tiene que haber estado
22
CC-2003-194
casada con el beneficiario por un período de 10 años o más.
Además, tiene que haber estado divorciada por lo menos dos
años
antes
de
solicitar
los
beneficios;
no
puede
haber
contraído nuevas nupcias 14 ; el ex cónyuge no puede tener
derecho
a
recibir
los
derecho propio; o, de
recibir
es
menos
beneficios
tener
de
la
del
seguro
social
por
derecho, pero la cantidad a
mitad
del
seguro
cónyuge; y, debe haber cumplido 62 años.
social
del
ex
Veáse 42 U.S.C.
secs. 402(b)(1)-(4) (2004).
Como
vemos,
el
complejo
sistema
de
seguro
social
provee para que de los impuestos que nutren ese fondo,
reciban
en
su
día
una
pensión
no
solo
el
trabajador
retirado de cuyo sueldo se hicieron las aportaciones, sino
también su ex cónyuge.
Ello
fue
dificultad
que
de
años
consciente
mujeres
que
de
la
luego
así, toda vez que el Congreso
muchos
enfrentan
de
aquellas
matrimonio,
generalmente los de mayor productividad, durante los cuales
se dedicaron al cuido de sus hijos en el hogar sin cotizar
para
el
seguro
la
social,
ahora
al
divorciarse
y
ven
su
estabilidad
económica
atardecer
de
vida,
amenazada
como resultado de ese divorcio.
en
el
Por lo tanto,
de ese sueldo que se reputa ganancial -–Art. 1301(2) del
Código
14
Civil,
31
L.P.R.A.
sec.
3641(2),
y
del
cual
se
Si el cónyuge divorciado está recibiendo los beneficios
del seguro social y contrae nuevas nupcias pierde el derecho
a recibir tales beneficios.
Si el segundo matrimonio
termina, bien por divorcio, muerte o anulación, se recupera
el derecho a recibir los beneficios del primer cónyuge. Si el
segundo matrimonio duró diez (10) años o más, se pueden
recibir los beneficios como ex cónyuge de ese segundo esposo.
23
CC-2003-194
retienen las contribuciones que nutren el fondo del seguro
social--
el
Congreso
sociedad
legal
de
dispuso
que
gananciales
ambos
reciban,
miembros
en
su
de
la
día,
los
beneficios del seguro social.
Habida cuenta de lo anterior resolvemos, que a la luz
de
los
hechos
particulares
de
este
caso,
no
procede
colacionar las aportaciones que el peticionario ha hecho al
seguro social.
En
mérito
de
lo
anterior,
revocamos
la
sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen
los procedimientos acorde con lo dispuesto en la Opinión
que antecede.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anabis Vega Rivera
Recurrida
v.
CC-2003-194
Rafael A. Soto Silva
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte integrante de la presente, se revoca la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal
de
Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que continúen los
procedimientos acorde con lo dispuesto en la
Opinión que antecede.
Lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Rebollo López concurre
sin opinión escrita. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri concurre y disiente con
opinión escrita a la que se une la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Anabis Vega Rivera
Recurrida
vs.
CC-2003-194
Rafael A. Soto Silva
Peticionario
Opinión Concurrente y Disidente emitida por el Juez Asociado
SEÑOR FUSTER BERLINGERI a la cual se une la Jueza Asociada
SEÑORA FIOL MATTA.
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2005.
Como se indica
en la propia opinión de
la mayoría del Tribunal, ha sido doctrina
firme
de
este
Foro
que
las
pensiones
y
planes de retiro son bienes privativos, por
su
naturaleza
personalísima.
Por
ello,
concurro
con
la
parte
del
dictamen
de
mayoría
aquí
de
que
los
beneficios
la
del
Seguro Social federal son privativos y no
pueden incluirse en el inventario del caudal
ganancial sujeto a liquidación.
Del
mismo
reiteradamente
que
modo,
hemos
resuelto
las
aportaciones
a
los
sistemas de pensiones y planes de retiro que
se pagan a costa del caudal común son de
naturaleza ganancial, por lo que la sociedad
de gananciales tiene derecho a un crédito
CC-2003-194
2
por el importe total de dichas aportaciones al momento de
su disolución. Esta importante norma tiene dos fundamentos
principales.
Por
un
lado,
surge
de
lo
dispuesto
expresamente por el Código Civil de Puerto Rico en sus
Arts. 1301, 1308 y 1317, 31 L.P.R.A. secs. 3641, 3661 y
3670, según lo hemos interpretado, con respecto a lo que
aquí nos concierne. Rosa Resto
v. Rodríguez
Solís, 111
D.P.R. 89 (1981). Por otro lado, se apoya, además, en una
consideración de equidad, puesto que habiéndose adquirido
el
privatísimo
derecho
a
una
pensión
con
fondos
gananciales, es justo que al cónyuge que no es el titular
de dicha pensión se le reconozca al menos un crédito por la
parte
correspondiente
del
caudal
común
invertido
en
la
adquisición de la pensión referida.
Sin embargo, la mayoría del Tribunal hoy se aparta de
nuestra posición histórica respecto al crédito por tales
aportaciones, cuando son para el Seguro Social federal. El
decreto mayoritario se emite a pesar de que se reconoce que
no
hay
nada
resultado.
en
No
la
legislación
comparto
esta
federal
parte
que
del
requiera
dictamen
tal
de
la
una
mayoría.
El
decreto
revocación
sub
mayoritario
en
cuestión
constituye
de
lo
que
deliberadamente
silentio
muy
resolvimos en Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra. En ese
caso,
estaban
pagadas
en
mediante
cuestión
las
deducciones
aportaciones
salariales
de
un
compulsorias
juez
al
Sistema de Retiro de la Judicatura. Resolvimos que aunque la
pensión del juez era privativa, las aportaciones mediante
CC-2003-194
3
las cuales se adquirió dicha pensión eran gananciales, y le
reconocimos
el
correspondiente
crédito
a
su
esposa.
Expresamente determinamos que dichas aportaciones tenían que
ser incluidas en inventario y colacionadas en la liquidación
de bienes gananciales. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra,
pág. 93. El carácter de esas aportaciones era esencialmente
igual
en
lo
que
aquí
nos
concierne
a
las
deducciones
salariales del Seguro Social federal del caso de autos, por
lo que deben tratarse de igual modo.
El
único
fundamento
formulado
por
la
mayoría
para
apartarse de nuestra reiterada doctrina sobre el crédito por
las referidas aportaciones es que la ex-cónyuge en el caso
de autos, de sobrevivir por tiempo suficiente y una vez
solicite
los
correspondientes
beneficios,
podría
resultar
favorecida también de tales aportaciones al Seguro Social
federal, si cumple con toda una serie de requisitos tales
como no haber contraído nuevas nupcias, haber cumplido al
menos 62 años de edad, y no estar cualificada para recibir
beneficios del Seguro Social por derecho propio. Es decir,
la
mayoría
del
Tribunal
sólo
ofrece
una
endeble
justificación para apartarse de nuestra fundamental doctrina
jurídica,
una
que
depende
de
varias
eventualidades
aleatorias. Mas aun, para nada toma en cuenta la mayoría el
hecho de que la ex-cónyuge en el caso de autos contribuyó
durante 39 años para hacer posible la pensión que ahora su
ex-marido disfrutará por su sola cuenta. No se le da peso al
hecho crucial de que esa pensión se pagó con bienes comunes.
CC-2003-194
4
Tampoco se pondera cómo compararía el monto del crédito en
cuestión con el supuesto beneficio que podría recibir la excónyuge del Seguro Social por las aportaciones referidas; ni
se
explica
porqué
no
puede
la
ex-esposa
obtener
dicho
crédito junto con el potencial beneficio del Seguro Social,
en vista de la naturaleza de este programa que persigue
fines de bienestar social que rebasan por mucho el entramado
de las aportaciones.
En mi criterio, el claro derecho a un crédito por la
aportación ganancial no debe conculcarse a base de la frágil
consideración
de
que
podría
ser
que
la
ex-cónyuge
se
beneficie de dicha aportación. Además, habida cuenta de la
situación
prevaleciente
todavía
en
la
mayoría
de
los
matrimonios del país, la denegatoria del crédito que aquí
nos
concierne
no
sólo
menoscaba
el
entramado
de
nuestro
Derecho Civil y la equidad sino que atenta también contra la
fuerte política constitucional que existe en Puerto Rico “de
lograr la igualdad entre los esposos y proteger a la mujer,
por tantos siglos marginada...” Carrero Quiles v. Santiago
Feliciano, 133 D.P.R. 727, 735 (1993).
Por todo lo anterior, debe reconocérsele a la ex-esposa
del caso de autos el crédito que le corresponde. Como la
mayoría resuelve de otro modo, yo disiento con respecto a
esta parte del dictamen.
Jaime B. Fuster Berlingeri
Juez Asociado