LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Israel Rivera Soto v. Junta de Calidad Ambiental

2005 TSPR 18

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Israel Rivera Soto v. Junta de Calidad Ambiental

CT-2004-0003

3 de marzo de 2005 · Derecho Administrativo: Comparecencia no obligatoria del E.L.A en casos de revisión administrativa (Regla 63 (A) del Tribunal de Ape laciones)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Rivera Soto

Recurrido

Certiorari

v.

2005 TSPR 18

Junta de Calidad Ambiental

163 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CT-2004-3

Fecha: 3 de marzo de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce

Panel integrado por su presidente, el Juez Gierbolini, la Jueza

Cotto Vives y el Juez Aponte Jiménez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Ana R. Garcés Camacho

Procuradora General Auxiliar

Materia: Orden de Hacer, Mostrar Causa, Cese y Desista

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Rivera Soto

Recurrido

v.

CT-2004-3

Junta de Calidad Ambiental

Peticionaria

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2005

En esta ocasión nos corresponde determinar si

la mera notificación al Estado de la presentación

de

un

recurso

de

revisión

administrativa

activa

automáticamente

el

término

provisto

Regla

en

la

63(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para que el Estado presente su comparecencia ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Resolvemos

que,

conforme al texto claro de la Ley de la Judicatura

de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4

L.P.R.A. secs. 24

et seq. (Ley de la Judicatura)

la obligación de comparecer del Estado surge sólo

luego

de

haber sido requerida su comparecencia

por el tribunal.

2

CT-2004-0003

I.

El

Israel

23

de

septiembre

Rivera

Soto,

de

2004

el

recurrido,

presentó ante

el

señor

Tribunal de

Apelaciones un recurso de revisión de una orden emitida

por la Junta de Calidad Ambiental (la Junta) el 14 de

agosto de 2004, que fue archivada en autos el 24 de agosto

de 2004.

Soto

Mediante su escrito de revisión, el señor Rivera

impugnó

la

denegatoria

de

una

solicitud

de

descubrimiento de prueba por parte de la agencia.

No surge del expediente notificación a los efectos de

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

comparecencia

del

procedimiento.

De

resolución

Tribunal

del

Estado

otro

Libre

lado,

de

haya

solicitado

Asociado

consta

en

Apelaciones,

la

en

el

récord

una

notificada

y

archivada en autos el 20 de octubre de 2004, que indica que

“[c]onforme a lo dispuesto por la Regla 63 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, la agencia recurrida, Junta de

Calidad

Ambiental

alegato.”

dispone

Informa

la

de

30

días

resolución

que

para

presentar

“[d]icho

su

término

comenzó a decursar en la fecha en que le fue notificado el

recurso de revisión.”1 (Énfasis nuestro).

En consecuencia,

_______________________

La Regla 63 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

dispone en lo pertinente:

1

Dentro de los treinta (30) días siguientes a

la notificación del recurso de revisión, la

agencia o funcionario(a), así como cualesquiera

de las demás partes, deberán presentar su alegato

en oposición al recurso.

3

CT-2004-0003

el tribunal determinó que el término provisto vencía el 25

de octubre de 2004.

El 22 de octubre de 2004, mediante Moción Informativa

y en Solicitud de Término Adicional, la Junta manifestó

que,

contrario

a

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones, el término para comparecer comenzó a decursar

a

partir

de

la

fecha

de

la

notificación

requiriendo la comparecencia de la Junta.

una

prórroga

presentar

su

de

treinta

posición

sobre

del

tribunal

Además, solicitó

(30)

días

adicionales

los

méritos

del

para

recurso

de

Solicitud

de

revisión.

Estando

Término

la

Moción

Adicional

Informativa

pendiente

de

y

en

consideración

ante

el

Tribunal de Apelaciones, la Junta acudió a nosotros en un

recurso de certificación.

Procurador

General,

en

En el escrito presentado, el

representación

de

la

Junta,

nos

indica que distintos paneles del Tribunal de Apelaciones

han interpretado de forma divergente cuándo es que comienza

a decursar el término de treinta (30) días de la Regla

63(A) para que el Estado se exprese sobre un recurso de

revisión administrativa.

Señala el Procurador General que

para

término

algunos

paneles

el

de

treinta

(30)

días

comienza a decursar automáticamente, una vez notificado el

recurso

de

revisión

administrativa2;

mientras

otros

_______________________

Véase, Jorge Alicea Rodríguez v. Junta de Libertad Bajo

Palabra, KLRA200400574, res. de 9 de septiembre de 2004;

Zahyra Ramírez Mercado v. Departamento de la Familia,

KLRA200400786, res. de 19 de octubre de 2004; Myriam Medina

2

4

CT-2004-0003

entienden

que

ese

término

comienza

a

correr

cuando

el

tribunal expresamente ordena la comparecencia del Estado.3

El Procurador General señala que esta falta de uniformidad

afecta adversamente la representación del Estado por lo que

nos solicita que expidamos el recurso de certificación y

nos expresemos sobre la correcta tramitación de un recurso

de revisión

administrativa,

Judicatura de 2003.

conforme dispone

la

Ley

de

Como único error la Junta señala lo

siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones,

al decretar que el término treinta de [sic] (30)

días

dispuesto

para

que

las

agencias

y

funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico comparezcan a expresar su criterio en cuanto

a los recursos de revisión administrativa decursa

automáticamente a partir de la notificación del

recurso.

Esto pues, el artículo 4.006(c) de la

Ley de la Judicatura espresamente [sic] dispone

que no será obligatoria la comparecencia del

Estado Libre Asociado a menos que así lo

determine el Tribunal.

Por tratarse de una cuestión de alto interés para la

administración de la justicia y ante el conflicto existente

a nivel del Tribunal de Apelaciones, ordenamos a la parte

recurrida a que en un término de (20) días, compareciera a

mostrar

causa

solicitado

y

Apelaciones.

por

la

revocar

cual

la

no

debamos

determinación

expedir

del

el

auto

Tribunal

de

El término concedido transcurrió sin que la

_______________________

Candelaria v. Departamento de la Familia, KLRA200400724, res.

de 20 de septiembre de 2004.

3

Véase, Francisco Mercado Alamo v. Administración de

Corrección, KLARA200400329, res. del 28 de septiembre de

2004.

5

CT-2004-0003

parte

recurrida

compareciera

o

solicitara

prórroga

para

comparecer.

Evaluado

el

recurso

de

certificación

presentado,

resolvemos conforme intimamos.

II.

Tenemos ante nosotros una solicitud de certificación

para que aclaremos cuándo comienza a decursar el término

para presentar un alegato en oposición a una petición de

revisión administrativa, habida cuenta de las posiciones

divergentes

asumidas

por

varios

paneles

del

Tribunal

de

Apelaciones sobre el particular.

El Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4

L.P.R.A.

sec.

24s(e),

dispone

que

este

Tribunal

puede

entender mediante “el auto de certificación, a ser expedido

discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte,

podrá traer ante sí para considerar y resolver cualquier

asunto pendiente ante . . . el Tribunal de Apelaciones

cuando

se

plantee

la

decisiones

previas

del

planteen

cuestiones

existencia

de

un

Tribunal

de

Apelaciones,

noveles

de

derecho

conflicto

o

se

entre

o

se

planteen

cuestiones de interés alto público que incluyan cualquier

cuestión

constitucional

sustancial

al

amparo

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de

la Constitución de Estados Unidos.”

El auto de certificación es un mecanismo de carácter

discrecional

nuestra

que

atención,

nos

permite

asuntos

que

traer

se

de

inmediato

encuentran

ante

ante

la

6

CT-2004-0003

consideración

de

foros

inferiores,

ordinario de los procedimientos.

obviando

el

trámite

Precisamente, por ser un

recurso que nos permite circunvalar el trámite ordinario de

un

caso,

su

expedición

Es

preferible,

que

es

los

una

de

casos

carácter

maduren

excepcional.

paulatinamente

a

través del trámite ordinario, pues ello permite que las

controversias se diluciden y afinen sin que el foro de

última instancia tenga que inmiscuirse a destiempo.

Ahora

bien,

bien

cuando

un

asunto

requiera

urgente

solución,

porque se afecte la administración de la justicia, o bien

porque

el

asunto

importancia,

el

exija

auto

de

de

una

pronta

certificación

atención

es

instrumento para adelantar estos objetivos.

un

por

su

valioso

E.g., Suárez

v. Comisión Estatal de Elecciones, res. el 20 de noviembre

de 2004, ___ D.P.R. ___, 2004 JTS 177.

En el caso ante nuestra consideración, el Procurador

General

nos

Tribunal

de

plantea

que

Apelaciones

las

opiniones

sobre

cuándo

divergentes

del

el

debe

Estado

comparecer en casos en que se ha solicitado la revisión de

una

determinación

administrativa,

afecta

adversamente

representación del Estado ante ese foro apelativo.

la

Nos

indica en su escrito que ante esta situación se enfrenta a

la disyuntiva de, o comparece automáticamente una vez es

notificado de todo recurso de revisión administrativa, lo

que

resulta

altamente

oneroso

para

el

Estado;

o,

no

comparece y se expone a que el caso sea resuelto sin su

7

CT-2004-0003

comparecencia, en perjuicio de los intereses del Estado y

la administración de la cosa pública.

Por

entender

que

en

el

caso

de

autos,

la

interpretación divergente de la Regla 63(A) de parte de

varios

paneles

del

Tribunal

de

Apelaciones

requiere

atención inmediata, ante el impacto perjudicial que ello

tiene sobre la representación apelativa del Estado, procede

se expida el auto de certificación solicitado.

Veamos

entonces,

con

algún

detenimiento,

la

controversia traída ente nuestra atención.

III.

El

recurso

ante

nuestra

consideración

requiere

que

analicemos las disposiciones de la Ley de la Judicatura

relacionadas a los recursos de revisión de determinaciones

administrativas.

disposiciones

De

igual

pertinentes

modo,

de

la

analizaremos

Ley

de

aquellas

Procedimiento

Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de

agosto

de

1988,

según

enmendada,

3

L.P.R.A.

sec.

2101

et.seq., y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2004

T.S.P.R. 121, ambos recientemente enmendados para atemperar

los cambios surgidos como consecuencia de la aprobación de

la Ley de la Judicatura.

alcance

de

las

Reglas

En específico, evaluaremos el

63(A)

y

64,4

del

Reglamento

del

_______________________

La Regla 64 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

dispone:

4

Regla 64-Órdenes de Comparecencia

No será obligatoria la comparecencia del

Estado Libre Asociado, a menos que así lo ordene

8

CT-2004-0003

Tribunal

de

Apelaciones

interpretadas por éste.

y

cómo

las

mismas

han

sido

Veamos entonces.

A.

En el año 2001 la Hon. Sila M. Calderón, Gobernadora

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitó que se

evaluara

el

impacto

que

había

tenido

para

el

sistema

judicial el Plan de Reorganización de la Rama Judicial,

conocido como la Ley de la Judicatura de 1994.

Para estos

propósitos se llevó a cabo un exhaustivo estudio, en el

cual participó no tan sólo el Poder Ejecutivo sino también

la Rama Judicial, a través del señor Juez Presidente del

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El análisis efectuado

reflejó

un

que

era

deseable

procurar

nuevo

esquema

que

garantizara, aún más, el fácil acceso a la justicia.

Ante esta realidad, se determinó que era necesaria una

reforma del sistema judicial vigente.

A esos efectos se

presentó ante la Cámara de Representantes el P. de la C.

3484 para su aprobación.

correspondiente,

el

P.

Luego del trámite legislativo

de

la

C.

3484

fue

aprobado

convirtiéndose así en la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de

2003.

los

La Ley de la Judicatura de 2003, reconoce y exalta

principios

de

general

unificado,

judicial

dispuesto

autonomía

judicial

presupuestos

en

la

y

de

básicos

Constitución

del

un

tribunal

del

sistema

Estado

Libre

Asociado.

_______________________

el Tribunal, el cual podrá dictar las órdenes que

estime apropiadas para la resolución expedita del

recurso.

9

CT-2004-0003

Además, de la exposición de motivos de la Ley Núm.

201,

como

de

aprobación,

las

surge

varias

una

ponencias

clara

que

política

antecedieron

pública

su

dirigida

a

proveer a la rama judicial los mecanismos para responder de

forma

la

rápida y

sociedad

promover

el

eficiente a las necesidades y cambios de

puertorriqueña.

acceso

fácil

y

En

específico,

económico

a

los

se

procuró

tribunales,

sobre todo en la fase apelativa, a un gran sector de la

ciudadanía

que

generalmente

se

había

visto

excluido

desprovisto de remedios para hacer valer sus derechos.

y

Fue

así como, enmarcada en los principios de autonomía judicial

y

de

un

tribunal

general

unificado

en

cuanto

a

jurisdicción, funcionamiento y administración, la Ley de la

Judicatura

de

2003

dispuso

una

serie

de

cambios

significativos al actual sistema judicial.

Uno de esos cambios se relaciona con la jurisdicción

del

Tribunal

de

Apelaciones

y

la

revisión

de

determinaciones administrativas.

La Ley Núm. 201 en su

Art.

Tribunal

4.006(c),

establece

que

el

de

Apelaciones

atenderá estos recursos de revisión obligatoriamente, como

cuestión de derecho. 5

Tradicionalmente, la revisión de las

_______________________

El texto original del Art. 4.006(c), leía de la siguiente

manera:

Mediante recurso de revisión judicial, que

se acogerá como cuestión de derecho, de las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos

o

agencias

administrativas.

El

Procedimiento a seguir será de acuerdo con lo

establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto

de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

5

10

CT-2004-0003

determinaciones

administrativas

discrecional.

Según

el

son

de

historial

carácter

legislativo,

la

Legislatura estimó que éste era el remedio adecuado para

que los sectores menos privilegiados pudieran contar con el

beneficio

de

que

se

revisaran

las

determinaciones

administrativas que les afectaban.

Durante el proceso de vistas públicas, esta disposición

de la ley fue objeto de amplia discusión, particularmente,

por el Departamento de Justicia (el Departamento).

expresó

preocupación

con

algunas

de

implicaciones que la revisión obligatoria

las

de

Éste

posibles

decisiones

administrativas

tendría a nivel sistemático sobre el Estado.

El

planteó

Departamento

ante

la

Asamblea

Legislativa

su

inquietud de que, habida cuenta de que la mera presentación

de una solicitud de revisión administrativa cuya atención es

mandatoria conlleva la paralización de la decisión recurrida,

ello afectará la implantación ordenada de la política pública

del Estado en un sinnúmero de renglones. A modo de ejemplo,

se apuntó que quedarían paralizados los permisos otorgados

por

agencias

tales

como

la

Junta

de

Planificación,

la

Administración de Reglamentos y Permisos y la Comisión de

Servicio

Público

ciudadanía,

tales

y,

las

como

Asuntos del Consumidor.

decisiones

las

que

en

emite

protección

el

de

la

Departamento

de

Advertía el Departamento que ello

crearía un disloque en el curso ordinario de los asuntos que

atienden las agencias administrativas, cuyas decisiones, se

presumen correctas y cuya revisión se da en forma limitada y

11

CT-2004-0003

no,

de

ordinario,

Asamblea

de

Legislativa

novo.

el

Además,

efecto

se

práctico

planteó

ante

que

revisión

la

la

obligatoria tendría en la litigación apelativa del Estado,

tanto a nivel de gobierno central como de las corporaciones

públicas.

dado

el

costos

mismos;

Se adujo que ello sería oneroso para el Estado

alto

que

volumen

supondría

además,

del

de

estos

para

el

recursos

judiciales

y

los

Estado

atención

de

los

dilatar

el

resultado

la

innegable

de

trámite de los casos a nivel apelativo.

Sobre estos asuntos el Departamento de Justicia indicó

en su ponencia; citamos in extenso:

En fin, la disposición que hace obligatoria

la revisión judicial crea una sustancial barrera

de tiempo entre el momento en que la agencia

decide y el momento en que la decisión adviene

final y firme, con lo cual se hace más difícil la

consecución de la política pública de la Rama

Ejecutiva en la administración de la cosa

pública, afectando los más diversos renglones de

reglamentación pública:

desde los internos

(renglones

presupuestarios,

administrativos

y

decisiones operacionales), hasta los externos (en

especial, la reglamentación de la actividad

económica y la permisología crucial para el

desarrollo económico).

. . .

La

situación

procesal

que

se

propone,

implicará

además

un

aumento

en

gastos

operacionales no tan solo de la Oficina del

Procurador General, como advertí, sino también de

las divisiones legales de aquellas agencias que

se representan por sí mismas ante el Tribunal de

Apelaciones (por ejemplo, corporaciones públicas

como la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de

Energía

Eléctrica,

Autoridad

de

Edificios

Públicos, entre otras); así como de otras

agencias con personalidad propia concedida por

ley que ordinariamente se representan por sí

mismas

en

los

foros

apelativos

(Junta

de

Planificación, la Universidad de Puerto Rico, el

Departamento de Asuntos del Consumidor) y otras

12

CT-2004-0003

que generalmente solicitan dispensa para recurrir

por cuenta propia (por ejemplo, el Comisionado de

Seguros).

Propongo, por consiguiente, que se eliminen

del proyecto las disposiciones relativas a la

revisión judicial obligatoria de las decisiones

administrativas.

Ello principalmente porque, en

un balance razonable, las desventajas de tal

norma

sobrepasan,

a

nuestro

juicio

los

beneficios.

Alternativamente, de insistirse en

el carácter obligatorio de la revisión judicial

de

las

decisiones

de

las

agencias

administrativas, el proyecto debe aclarar, en

primer lugar, que la simple presentación de la

revisión no paralizará los efectos de la decisión

a menos que el tribunal así lo disponga y, en

segundo

lugar,

que

no

será

necesaria

la

comparecencia del Estado a menos que el tribunal

específicamente lo solicite.

Énfasis nuestro.

Anabelle

Rodríguez,

Secretaria

de

Justicia,

Ponencia ante la Comisión de lo Jurídico de la

Cámara de Representantes para la consideración

del Plan de Reorganización de la Rama Judicial,

P. de la C. 3834, 21 de mayo de 2003, págs. 1011.

El Senado, tuvo a bien acoger la recomendación del

Departamento, enmendando el Art. 4.006 (c), para atender

las

preocupaciones

planteadas.

Así

se

hace

constar

expresamente en el informe rendido por la Comisión de lo

Jurídico del Senado de Puerto Rico al cuerpo, previo a la

aprobación de la medida.

Véase, Informe del Senado de

Puerto Rico sobre el P. de la C. 3834, 24 de junio de 2003,

pág. 5.

Así pues, el Art. 4.006 (c), quedó aprobado de la

siguiente manera:

El Tribunal de Apelaciones

siguientes asuntos:

conocerá

de

los

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se

acogerá

como

cuestión

de

derecho,

de

las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas.

En estos

casos, la mera presentación del recurso no

paralizará el trámite en el organismo o agencia

13

CT-2004-0003

administrativa

ni

será

obligatoria

la

comparecencia del Estado Libre Asociado ante el

foro apelativo a menos que así lo determine el

tribunal.

El procedimiento a seguir será de

acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida

como la “Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico”. La revisión de las decisiones finales de

los organismos y agencias administrativas se

llevará a cabo según se dispone en el Artículo

9.004 de esta Ley. (Énfasis nuestro.)

Según

se

desprende

de

la

anterior

disposición

estatutaria, y del historial legislativo de la medida que

hemos

reseñado,

la

obligación

del

Estado

de

someter

su

comparecencia surge al momento en que el tribunal así lo

ordena; no a partir de la notificación del recurso. Así lee

el

artículo

y

esa

aprobar el mismo.

fue

la

intención

del

legislador

al

Cuando el texto de la ley es claro y

libre de toda ambigüedad, el Art. 14 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 14, ordena que hay que atenerse al mismo.

Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996); Ferretería Matos

v. P.R.T.C., 110 D.P.R. 153 (1980)

la

obligación

de

respetar

expresada

en

un

palabras

y

frases

legislador.

estatuto

la

voluntad

del

no

debemos

añadir

y

distintos

Farmania

v.

a

Corp.

D.P.R. 654, 657-58 (1982).

Los tribunales tenemos

los

legislador

al

incluidos

Azucarera

de

mismo

por

el

P.R.,

113

Véase además, First Bank v.

Municipio de Aguadilla, res. el 17 de enero de 2001, 153

D.P.R. ___, 2001 JTS 17.

El

Art.

4.006(c)

según

enmendado

busca

alcanzar

un

adecuado balance de intereses al facilitar el acceso de los

14

CT-2004-0003

ciudadanos a la revisión judicial de las determinaciones

administrativas, y del mismo modo ofrecer al Estado una

oportunidad

apropiada

para

exponer

su

posición

sobre

aquellos casos en que su comparecencia es necesaria para la

solución adecuada del recurso.

De este modo se reduce el

efecto adverso de que el Estado Libre Asociado, a través de

sus agencias, se vea en la obligación de dirigir recursos a

atender reclamaciones que tienen poca posibilidad de ser

acogidas

por

el

tribunal;

como

por

ejemplo,

recursos

presentados fuera de término o claramente inmeritorios.

B.

Como

antes

mencionamos,

tanto

la

reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones,

posteriormente

enmendadas

para

L.P.A.U.

atemperar

su

como

el

fueron

lenguaje

al

mandato legislativo del artículo 4.006(c) de la Ley Núm.

201.

La Ley Núm. 331 de 16 de septiembre de 2004 enmendó

la sección 4.6 de la L.P.A.U. para conformarla a la recién

aprobada Ley de la Judicatura.

Luego de esta enmienda la

referida sección recoge las modificaciones de la Ley de la

Judicatura de 2003 al disponer, entre otras cosas, que las

revisiones administrativas serán atendidas como cuestión de

derecho; que la mera radicación del recurso no paralizará

el

trámite

administrativo;

y

que

la

comparecencia

del

Estado Libre Asociado no será obligatoria hasta tanto ello

le sea ordenado por el tribunal.

De

igual

Apelaciones,

modo,

vigente

el

desde

Reglamento

el

20

de

del

Tribunal

julio

de

de

2004,

15

CT-2004-0003

incorporó el precepto del Artículo 4.006(c) en su Regla 64,

la cual dispone que “[n]o será obligatoria la comparecencia

del Estado Libre Asociado, a menos que así lo ordene el

Tribunal,

apropiadas

el

cual

para

podrá

la

Énfasis nuestro.

dictar

resolución

las

órdenes

expedita

que

del

estime

recurso”.

Del análisis estatutario antes reseñado,

no nos cabe duda que el mandato legislativo es contundente

a los efectos que el punto de partida para la comparecencia

del Estado en los procedimientos de revisión administrativa

es la orden del tribunal a esos efectos.

III.

De

otro

lado,

la

Regla

63(A)

del

Reglamento

del

Tribunal de Apelaciones dispone que dentro del término de

treinta (30) días a partir de la notificación de un recurso

de

revisión,

el

funcionario(a),

Estado,

a

través

presentará

su

alegato

recurso de revisión.

de

la

en

agencia

o

oposición

al

Como ya indicamos, varios paneles del

Tribunal de Apelaciones han interpretado que este término

decursa automáticamente con la notificación del recurso de

revisión.

Ciertamente

el

lenguaje

de

la

regla

permite

dicha interpretación.

Ahora bien, somos del criterio que

la

puede

Regla

63(A)

no

leerse

aisladamente

y

en

abstracción total del proceso legislativo que resultó en la

aprobación de la Ley Núm. 201.

La Regla 63(A) tiene que

interpretarse conjuntamente con el Art. 4.006(c) de la Ley

Núm.

201,

la

Regla

64

del

Reglamento

del

Tribunal

de

16

CT-2004-0003

Circuito y la Sección 4.8 de la L.P.A.U.

De esa forma se

logra poner en vigor la voluntad del legislador.

El legislador, al acoger la posición del Departamento

de Justicia y enmendar el texto original del Art. 4.006(c),

quiso evitar que se le impusiera al Estado la obligación de

dedicar

recursos

para

atender

una

gran

cantidad

de

solicitudes de revisión que finalmente son desestimadas por

los tribunales por carecer de méritos.

legislador

promover

adelanta

la

adecuada

consiguiente,

Judicatura

el

reconocido

interés

representación

del

resolvemos

de

2003,

De esta forma el

que,

la

conforme

obligación

a

del

público

Estado.

la

Ley

de

Por

de

Estado,

la

sus

funcionarios y agencias públicas, de reaccionar dentro del

término de treinta (30) días ante un recurso de revisión

administrativa comienza a decursar con la notificación del

tribunal ordenando su comparecencia, y no automáticamente

con la notificación del recurso de revisión.6

Por los fundamentos anteriormente expuestos se expide

el

auto

de

certificación

Resolución

emitida

devuelve

caso

el

por

al

el

solicitado

y

Tribunal

Apelaciones.

Tribunal

de

de

se

revoca

Apelaciones

para

la

Se

que

continúen los procedimientos acorde a lo resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

_______________________

Ello claro está, sin perjuicio que el Tribunal de

Apelaciones

pueda ordenar otro término si lo entiende

apropiado, a la luz de los hechos y las controversias que se

le planteen en el recurso.

6

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Israel Rivera Soto

Recurrido

v.

CT-2004-3

Junta de Calidad Ambiental

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2005

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, que se hace formar parte integrante

de la presente, se expide el auto de certificación

solicitado y se revoca la Resolución emitida por

el Tribunal de Apelaciones.

Se devuelve el caso

al Tribunal de Apelaciones para que se continúen

los procedimientos acorde a lo resuelto.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Corrada del Río concurre sin

opinión escrita.

El Juez Asociado

constar lo siguiente:

señor

Rivera

Pérez

“El Juez Asociado señor Rivera

Pérez disiente por entender que el asunto

ante nos amerita seguir el trámite

ordinario

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. No entendemos cual es la

urgencia y necesidad para que este

Tribunal

atienda

este

asunto

hace

2

CT-2004-3

directamente a la luz del caso pendiente ante

el Tribunal de Apelaciones. El asunto traído

ante el Tribunal de Apelaciones es una

decisión

interlocutoria

de

la

agencia

administrativa que no puede ser objeto de

revisión administrativa ante ese foro.

Este

es el tipo se asuntos que no deben ser

atendidos por este Tribunal a través del

recurso de certificación”.

El Juez Asociado señor Rebollo López, no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo