Tribunal Supremo de Puerto Rico
Israel Rivera Soto v. Junta de Calidad Ambiental
2005 TSPR 18
Poder Judicial de Puerto Rico
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Israel Rivera Soto v. Junta de Calidad Ambiental
CT-2004-0003
3 de marzo de 2005 · Derecho Administrativo: Comparecencia no obligatoria del E.L.A en casos de revisión administrativa (Regla 63 (A) del Tribunal de Ape laciones)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Rivera Soto
Recurrido
Certiorari
v.
2005 TSPR 18
Junta de Calidad Ambiental
163 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CT-2004-3
Fecha: 3 de marzo de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Panel integrado por su presidente, el Juez Gierbolini, la Jueza
Cotto Vives y el Juez Aponte Jiménez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Ana R. Garcés Camacho
Procuradora General Auxiliar
Materia: Orden de Hacer, Mostrar Causa, Cese y Desista
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Rivera Soto
Recurrido
v.
CT-2004-3
Junta de Calidad Ambiental
Peticionaria
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2005
En esta ocasión nos corresponde determinar si
la mera notificación al Estado de la presentación
de
un
recurso
de
revisión
administrativa
activa
automáticamente
el
término
provisto
Regla
en
la
63(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones
para que el Estado presente su comparecencia ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Resolvemos
que,
conforme al texto claro de la Ley de la Judicatura
de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4
L.P.R.A. secs. 24
et seq. (Ley de la Judicatura)
la obligación de comparecer del Estado surge sólo
luego
de
haber sido requerida su comparecencia
por el tribunal.
2
CT-2004-0003
I.
El
Israel
23
de
septiembre
Rivera
Soto,
de
2004
el
recurrido,
presentó ante
el
señor
Tribunal de
Apelaciones un recurso de revisión de una orden emitida
por la Junta de Calidad Ambiental (la Junta) el 14 de
agosto de 2004, que fue archivada en autos el 24 de agosto
de 2004.
Soto
Mediante su escrito de revisión, el señor Rivera
impugnó
la
denegatoria
de
una
solicitud
de
descubrimiento de prueba por parte de la agencia.
No surge del expediente notificación a los efectos de
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
comparecencia
del
procedimiento.
De
resolución
Tribunal
del
Estado
otro
Libre
lado,
de
haya
solicitado
Asociado
consta
en
Apelaciones,
la
en
el
récord
una
notificada
y
archivada en autos el 20 de octubre de 2004, que indica que
“[c]onforme a lo dispuesto por la Regla 63 del Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, la agencia recurrida, Junta de
Calidad
Ambiental
alegato.”
dispone
Informa
la
de
30
días
resolución
que
para
presentar
“[d]icho
su
término
comenzó a decursar en la fecha en que le fue notificado el
recurso de revisión.”1 (Énfasis nuestro).
En consecuencia,
_______________________
La Regla 63 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones
dispone en lo pertinente:
1
Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la notificación del recurso de revisión, la
agencia o funcionario(a), así como cualesquiera
de las demás partes, deberán presentar su alegato
en oposición al recurso.
3
CT-2004-0003
el tribunal determinó que el término provisto vencía el 25
de octubre de 2004.
El 22 de octubre de 2004, mediante Moción Informativa
y en Solicitud de Término Adicional, la Junta manifestó
que,
contrario
a
la
determinación
del
Tribunal
de
Apelaciones, el término para comparecer comenzó a decursar
a
partir
de
la
fecha
de
la
notificación
requiriendo la comparecencia de la Junta.
una
prórroga
presentar
su
de
treinta
posición
sobre
del
tribunal
Además, solicitó
(30)
días
adicionales
los
méritos
del
para
recurso
de
Solicitud
de
revisión.
Estando
Término
la
Moción
Adicional
Informativa
pendiente
de
y
en
consideración
ante
el
Tribunal de Apelaciones, la Junta acudió a nosotros en un
recurso de certificación.
Procurador
General,
en
En el escrito presentado, el
representación
de
la
Junta,
nos
indica que distintos paneles del Tribunal de Apelaciones
han interpretado de forma divergente cuándo es que comienza
a decursar el término de treinta (30) días de la Regla
63(A) para que el Estado se exprese sobre un recurso de
revisión administrativa.
Señala el Procurador General que
para
término
algunos
paneles
el
de
treinta
(30)
días
comienza a decursar automáticamente, una vez notificado el
recurso
de
revisión
administrativa2;
mientras
otros
_______________________
Véase, Jorge Alicea Rodríguez v. Junta de Libertad Bajo
Palabra, KLRA200400574, res. de 9 de septiembre de 2004;
Zahyra Ramírez Mercado v. Departamento de la Familia,
KLRA200400786, res. de 19 de octubre de 2004; Myriam Medina
2
4
CT-2004-0003
entienden
que
ese
término
comienza
a
correr
cuando
el
tribunal expresamente ordena la comparecencia del Estado.3
El Procurador General señala que esta falta de uniformidad
afecta adversamente la representación del Estado por lo que
nos solicita que expidamos el recurso de certificación y
nos expresemos sobre la correcta tramitación de un recurso
de revisión
administrativa,
Judicatura de 2003.
conforme dispone
la
Ley
de
Como único error la Junta señala lo
siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones,
al decretar que el término treinta de [sic] (30)
días
dispuesto
para
que
las
agencias
y
funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico comparezcan a expresar su criterio en cuanto
a los recursos de revisión administrativa decursa
automáticamente a partir de la notificación del
recurso.
Esto pues, el artículo 4.006(c) de la
Ley de la Judicatura espresamente [sic] dispone
que no será obligatoria la comparecencia del
Estado Libre Asociado a menos que así lo
determine el Tribunal.
Por tratarse de una cuestión de alto interés para la
administración de la justicia y ante el conflicto existente
a nivel del Tribunal de Apelaciones, ordenamos a la parte
recurrida a que en un término de (20) días, compareciera a
mostrar
causa
solicitado
y
Apelaciones.
por
la
revocar
cual
la
no
debamos
determinación
expedir
del
el
auto
Tribunal
de
El término concedido transcurrió sin que la
_______________________
Candelaria v. Departamento de la Familia, KLRA200400724, res.
de 20 de septiembre de 2004.
3
Véase, Francisco Mercado Alamo v. Administración de
Corrección, KLARA200400329, res. del 28 de septiembre de
2004.
5
CT-2004-0003
parte
recurrida
compareciera
o
solicitara
prórroga
para
comparecer.
Evaluado
el
recurso
de
certificación
presentado,
resolvemos conforme intimamos.
II.
Tenemos ante nosotros una solicitud de certificación
para que aclaremos cuándo comienza a decursar el término
para presentar un alegato en oposición a una petición de
revisión administrativa, habida cuenta de las posiciones
divergentes
asumidas
por
varios
paneles
del
Tribunal
de
Apelaciones sobre el particular.
El Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4
L.P.R.A.
sec.
24s(e),
dispone
que
este
Tribunal
puede
entender mediante “el auto de certificación, a ser expedido
discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte,
podrá traer ante sí para considerar y resolver cualquier
asunto pendiente ante . . . el Tribunal de Apelaciones
cuando
se
plantee
la
decisiones
previas
del
planteen
cuestiones
existencia
de
un
Tribunal
de
Apelaciones,
noveles
de
derecho
conflicto
o
se
entre
o
se
planteen
cuestiones de interés alto público que incluyan cualquier
cuestión
constitucional
sustancial
al
amparo
de
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de
la Constitución de Estados Unidos.”
El auto de certificación es un mecanismo de carácter
discrecional
nuestra
que
atención,
nos
permite
asuntos
que
traer
se
de
inmediato
encuentran
ante
ante
la
6
CT-2004-0003
consideración
de
foros
inferiores,
ordinario de los procedimientos.
obviando
el
trámite
Precisamente, por ser un
recurso que nos permite circunvalar el trámite ordinario de
un
caso,
su
expedición
Es
preferible,
que
es
los
una
de
casos
carácter
maduren
excepcional.
paulatinamente
a
través del trámite ordinario, pues ello permite que las
controversias se diluciden y afinen sin que el foro de
última instancia tenga que inmiscuirse a destiempo.
Ahora
bien,
bien
cuando
un
asunto
requiera
urgente
solución,
porque se afecte la administración de la justicia, o bien
porque
el
asunto
importancia,
el
exija
auto
de
de
una
pronta
certificación
atención
es
instrumento para adelantar estos objetivos.
un
por
su
valioso
E.g., Suárez
v. Comisión Estatal de Elecciones, res. el 20 de noviembre
de 2004, ___ D.P.R. ___, 2004 JTS 177.
En el caso ante nuestra consideración, el Procurador
General
nos
Tribunal
de
plantea
que
Apelaciones
las
opiniones
sobre
cuándo
divergentes
del
el
debe
Estado
comparecer en casos en que se ha solicitado la revisión de
una
determinación
administrativa,
afecta
adversamente
representación del Estado ante ese foro apelativo.
la
Nos
indica en su escrito que ante esta situación se enfrenta a
la disyuntiva de, o comparece automáticamente una vez es
notificado de todo recurso de revisión administrativa, lo
que
resulta
altamente
oneroso
para
el
Estado;
o,
no
comparece y se expone a que el caso sea resuelto sin su
7
CT-2004-0003
comparecencia, en perjuicio de los intereses del Estado y
la administración de la cosa pública.
Por
entender
que
en
el
caso
de
autos,
la
interpretación divergente de la Regla 63(A) de parte de
varios
paneles
del
Tribunal
de
Apelaciones
requiere
atención inmediata, ante el impacto perjudicial que ello
tiene sobre la representación apelativa del Estado, procede
se expida el auto de certificación solicitado.
Veamos
entonces,
con
algún
detenimiento,
la
controversia traída ente nuestra atención.
III.
El
recurso
ante
nuestra
consideración
requiere
que
analicemos las disposiciones de la Ley de la Judicatura
relacionadas a los recursos de revisión de determinaciones
administrativas.
disposiciones
De
igual
pertinentes
modo,
de
la
analizaremos
Ley
de
aquellas
Procedimiento
Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de
agosto
de
1988,
según
enmendada,
3
L.P.R.A.
sec.
2101
et.seq., y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2004
T.S.P.R. 121, ambos recientemente enmendados para atemperar
los cambios surgidos como consecuencia de la aprobación de
la Ley de la Judicatura.
alcance
de
las
Reglas
En específico, evaluaremos el
63(A)
y
64,4
del
Reglamento
del
_______________________
La Regla 64 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones
dispone:
4
Regla 64-Órdenes de Comparecencia
No será obligatoria la comparecencia del
Estado Libre Asociado, a menos que así lo ordene
8
CT-2004-0003
Tribunal
de
Apelaciones
interpretadas por éste.
y
cómo
las
mismas
han
sido
Veamos entonces.
A.
En el año 2001 la Hon. Sila M. Calderón, Gobernadora
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitó que se
evaluara
el
impacto
que
había
tenido
para
el
sistema
judicial el Plan de Reorganización de la Rama Judicial,
conocido como la Ley de la Judicatura de 1994.
Para estos
propósitos se llevó a cabo un exhaustivo estudio, en el
cual participó no tan sólo el Poder Ejecutivo sino también
la Rama Judicial, a través del señor Juez Presidente del
Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El análisis efectuado
reflejó
un
que
era
deseable
procurar
nuevo
esquema
que
garantizara, aún más, el fácil acceso a la justicia.
Ante esta realidad, se determinó que era necesaria una
reforma del sistema judicial vigente.
A esos efectos se
presentó ante la Cámara de Representantes el P. de la C.
3484 para su aprobación.
correspondiente,
el
P.
Luego del trámite legislativo
de
la
C.
3484
fue
aprobado
convirtiéndose así en la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de
2003.
los
La Ley de la Judicatura de 2003, reconoce y exalta
principios
de
general
unificado,
judicial
dispuesto
autonomía
judicial
presupuestos
en
la
y
de
básicos
Constitución
del
un
tribunal
del
sistema
Estado
Libre
Asociado.
_______________________
el Tribunal, el cual podrá dictar las órdenes que
estime apropiadas para la resolución expedita del
recurso.
9
CT-2004-0003
Además, de la exposición de motivos de la Ley Núm.
201,
como
de
aprobación,
las
surge
varias
una
ponencias
clara
que
política
antecedieron
pública
su
dirigida
a
proveer a la rama judicial los mecanismos para responder de
forma
la
rápida y
sociedad
promover
el
eficiente a las necesidades y cambios de
puertorriqueña.
acceso
fácil
y
En
específico,
económico
a
los
se
procuró
tribunales,
sobre todo en la fase apelativa, a un gran sector de la
ciudadanía
que
generalmente
se
había
visto
excluido
desprovisto de remedios para hacer valer sus derechos.
y
Fue
así como, enmarcada en los principios de autonomía judicial
y
de
un
tribunal
general
unificado
en
cuanto
a
jurisdicción, funcionamiento y administración, la Ley de la
Judicatura
de
2003
dispuso
una
serie
de
cambios
significativos al actual sistema judicial.
Uno de esos cambios se relaciona con la jurisdicción
del
Tribunal
de
Apelaciones
y
la
revisión
de
determinaciones administrativas.
La Ley Núm. 201 en su
Art.
Tribunal
4.006(c),
establece
que
el
de
Apelaciones
atenderá estos recursos de revisión obligatoriamente, como
cuestión de derecho. 5
Tradicionalmente, la revisión de las
_______________________
El texto original del Art. 4.006(c), leía de la siguiente
manera:
Mediante recurso de revisión judicial, que
se acogerá como cuestión de derecho, de las
decisiones, órdenes y resoluciones finales de
organismos
o
agencias
administrativas.
El
Procedimiento a seguir será de acuerdo con lo
establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto
de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
5
10
CT-2004-0003
determinaciones
administrativas
discrecional.
Según
el
son
de
historial
carácter
legislativo,
la
Legislatura estimó que éste era el remedio adecuado para
que los sectores menos privilegiados pudieran contar con el
beneficio
de
que
se
revisaran
las
determinaciones
administrativas que les afectaban.
Durante el proceso de vistas públicas, esta disposición
de la ley fue objeto de amplia discusión, particularmente,
por el Departamento de Justicia (el Departamento).
expresó
preocupación
con
algunas
de
implicaciones que la revisión obligatoria
las
de
Éste
posibles
decisiones
administrativas
tendría a nivel sistemático sobre el Estado.
El
planteó
Departamento
ante
la
Asamblea
Legislativa
su
inquietud de que, habida cuenta de que la mera presentación
de una solicitud de revisión administrativa cuya atención es
mandatoria conlleva la paralización de la decisión recurrida,
ello afectará la implantación ordenada de la política pública
del Estado en un sinnúmero de renglones. A modo de ejemplo,
se apuntó que quedarían paralizados los permisos otorgados
por
agencias
tales
como
la
Junta
de
Planificación,
la
Administración de Reglamentos y Permisos y la Comisión de
Servicio
Público
ciudadanía,
tales
y,
las
como
Asuntos del Consumidor.
decisiones
las
que
en
emite
protección
el
de
la
Departamento
de
Advertía el Departamento que ello
crearía un disloque en el curso ordinario de los asuntos que
atienden las agencias administrativas, cuyas decisiones, se
presumen correctas y cuya revisión se da en forma limitada y
11
CT-2004-0003
no,
de
ordinario,
Asamblea
de
Legislativa
novo.
el
Además,
efecto
se
práctico
planteó
ante
que
revisión
la
la
obligatoria tendría en la litigación apelativa del Estado,
tanto a nivel de gobierno central como de las corporaciones
públicas.
dado
el
costos
mismos;
Se adujo que ello sería oneroso para el Estado
alto
que
volumen
supondría
además,
del
de
estos
para
el
recursos
judiciales
y
los
Estado
atención
de
los
dilatar
el
resultado
la
innegable
de
trámite de los casos a nivel apelativo.
Sobre estos asuntos el Departamento de Justicia indicó
en su ponencia; citamos in extenso:
En fin, la disposición que hace obligatoria
la revisión judicial crea una sustancial barrera
de tiempo entre el momento en que la agencia
decide y el momento en que la decisión adviene
final y firme, con lo cual se hace más difícil la
consecución de la política pública de la Rama
Ejecutiva en la administración de la cosa
pública, afectando los más diversos renglones de
reglamentación pública:
desde los internos
(renglones
presupuestarios,
administrativos
y
decisiones operacionales), hasta los externos (en
especial, la reglamentación de la actividad
económica y la permisología crucial para el
desarrollo económico).
. . .
La
situación
procesal
que
se
propone,
implicará
además
un
aumento
en
gastos
operacionales no tan solo de la Oficina del
Procurador General, como advertí, sino también de
las divisiones legales de aquellas agencias que
se representan por sí mismas ante el Tribunal de
Apelaciones (por ejemplo, corporaciones públicas
como la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de
Energía
Eléctrica,
Autoridad
de
Edificios
Públicos, entre otras); así como de otras
agencias con personalidad propia concedida por
ley que ordinariamente se representan por sí
mismas
en
los
foros
apelativos
(Junta
de
Planificación, la Universidad de Puerto Rico, el
Departamento de Asuntos del Consumidor) y otras
12
CT-2004-0003
que generalmente solicitan dispensa para recurrir
por cuenta propia (por ejemplo, el Comisionado de
Seguros).
Propongo, por consiguiente, que se eliminen
del proyecto las disposiciones relativas a la
revisión judicial obligatoria de las decisiones
administrativas.
Ello principalmente porque, en
un balance razonable, las desventajas de tal
norma
sobrepasan,
a
nuestro
juicio
los
beneficios.
Alternativamente, de insistirse en
el carácter obligatorio de la revisión judicial
de
las
decisiones
de
las
agencias
administrativas, el proyecto debe aclarar, en
primer lugar, que la simple presentación de la
revisión no paralizará los efectos de la decisión
a menos que el tribunal así lo disponga y, en
segundo
lugar,
que
no
será
necesaria
la
comparecencia del Estado a menos que el tribunal
específicamente lo solicite.
Énfasis nuestro.
Anabelle
Rodríguez,
Secretaria
de
Justicia,
Ponencia ante la Comisión de lo Jurídico de la
Cámara de Representantes para la consideración
del Plan de Reorganización de la Rama Judicial,
P. de la C. 3834, 21 de mayo de 2003, págs. 1011.
El Senado, tuvo a bien acoger la recomendación del
Departamento, enmendando el Art. 4.006 (c), para atender
las
preocupaciones
planteadas.
Así
se
hace
constar
expresamente en el informe rendido por la Comisión de lo
Jurídico del Senado de Puerto Rico al cuerpo, previo a la
aprobación de la medida.
Véase, Informe del Senado de
Puerto Rico sobre el P. de la C. 3834, 24 de junio de 2003,
pág. 5.
Así pues, el Art. 4.006 (c), quedó aprobado de la
siguiente manera:
El Tribunal de Apelaciones
siguientes asuntos:
conocerá
de
los
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se
acogerá
como
cuestión
de
derecho,
de
las
decisiones, órdenes y resoluciones finales de
organismos o agencias administrativas.
En estos
casos, la mera presentación del recurso no
paralizará el trámite en el organismo o agencia
13
CT-2004-0003
administrativa
ni
será
obligatoria
la
comparecencia del Estado Libre Asociado ante el
foro apelativo a menos que así lo determine el
tribunal.
El procedimiento a seguir será de
acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 de
12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida
como la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”. La revisión de las decisiones finales de
los organismos y agencias administrativas se
llevará a cabo según se dispone en el Artículo
9.004 de esta Ley. (Énfasis nuestro.)
Según
se
desprende
de
la
anterior
disposición
estatutaria, y del historial legislativo de la medida que
hemos
reseñado,
la
obligación
del
Estado
de
someter
su
comparecencia surge al momento en que el tribunal así lo
ordena; no a partir de la notificación del recurso. Así lee
el
artículo
y
esa
aprobar el mismo.
fue
la
intención
del
legislador
al
Cuando el texto de la ley es claro y
libre de toda ambigüedad, el Art. 14 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 14, ordena que hay que atenerse al mismo.
Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996); Ferretería Matos
v. P.R.T.C., 110 D.P.R. 153 (1980)
la
obligación
de
respetar
expresada
en
un
palabras
y
frases
legislador.
estatuto
la
voluntad
del
no
debemos
añadir
y
distintos
Farmania
v.
a
Corp.
D.P.R. 654, 657-58 (1982).
Los tribunales tenemos
los
legislador
al
incluidos
Azucarera
de
mismo
por
el
P.R.,
113
Véase además, First Bank v.
Municipio de Aguadilla, res. el 17 de enero de 2001, 153
D.P.R. ___, 2001 JTS 17.
El
Art.
4.006(c)
según
enmendado
busca
alcanzar
un
adecuado balance de intereses al facilitar el acceso de los
14
CT-2004-0003
ciudadanos a la revisión judicial de las determinaciones
administrativas, y del mismo modo ofrecer al Estado una
oportunidad
apropiada
para
exponer
su
posición
sobre
aquellos casos en que su comparecencia es necesaria para la
solución adecuada del recurso.
De este modo se reduce el
efecto adverso de que el Estado Libre Asociado, a través de
sus agencias, se vea en la obligación de dirigir recursos a
atender reclamaciones que tienen poca posibilidad de ser
acogidas
por
el
tribunal;
como
por
ejemplo,
recursos
presentados fuera de término o claramente inmeritorios.
B.
Como
antes
mencionamos,
tanto
la
reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones,
posteriormente
enmendadas
para
L.P.A.U.
atemperar
su
como
el
fueron
lenguaje
al
mandato legislativo del artículo 4.006(c) de la Ley Núm.
201.
La Ley Núm. 331 de 16 de septiembre de 2004 enmendó
la sección 4.6 de la L.P.A.U. para conformarla a la recién
aprobada Ley de la Judicatura.
Luego de esta enmienda la
referida sección recoge las modificaciones de la Ley de la
Judicatura de 2003 al disponer, entre otras cosas, que las
revisiones administrativas serán atendidas como cuestión de
derecho; que la mera radicación del recurso no paralizará
el
trámite
administrativo;
y
que
la
comparecencia
del
Estado Libre Asociado no será obligatoria hasta tanto ello
le sea ordenado por el tribunal.
De
igual
Apelaciones,
modo,
vigente
el
desde
Reglamento
el
20
de
del
Tribunal
julio
de
de
2004,
15
CT-2004-0003
incorporó el precepto del Artículo 4.006(c) en su Regla 64,
la cual dispone que “[n]o será obligatoria la comparecencia
del Estado Libre Asociado, a menos que así lo ordene el
Tribunal,
apropiadas
el
cual
para
podrá
la
Énfasis nuestro.
dictar
resolución
las
órdenes
expedita
que
del
estime
recurso”.
Del análisis estatutario antes reseñado,
no nos cabe duda que el mandato legislativo es contundente
a los efectos que el punto de partida para la comparecencia
del Estado en los procedimientos de revisión administrativa
es la orden del tribunal a esos efectos.
III.
De
otro
lado,
la
Regla
63(A)
del
Reglamento
del
Tribunal de Apelaciones dispone que dentro del término de
treinta (30) días a partir de la notificación de un recurso
de
revisión,
el
funcionario(a),
Estado,
a
través
presentará
su
alegato
recurso de revisión.
de
la
en
agencia
o
oposición
al
Como ya indicamos, varios paneles del
Tribunal de Apelaciones han interpretado que este término
decursa automáticamente con la notificación del recurso de
revisión.
Ciertamente
el
lenguaje
de
la
regla
permite
dicha interpretación.
Ahora bien, somos del criterio que
la
puede
Regla
63(A)
no
leerse
aisladamente
y
en
abstracción total del proceso legislativo que resultó en la
aprobación de la Ley Núm. 201.
La Regla 63(A) tiene que
interpretarse conjuntamente con el Art. 4.006(c) de la Ley
Núm.
201,
la
Regla
64
del
Reglamento
del
Tribunal
de
16
CT-2004-0003
Circuito y la Sección 4.8 de la L.P.A.U.
De esa forma se
logra poner en vigor la voluntad del legislador.
El legislador, al acoger la posición del Departamento
de Justicia y enmendar el texto original del Art. 4.006(c),
quiso evitar que se le impusiera al Estado la obligación de
dedicar
recursos
para
atender
una
gran
cantidad
de
solicitudes de revisión que finalmente son desestimadas por
los tribunales por carecer de méritos.
legislador
promover
adelanta
la
adecuada
consiguiente,
Judicatura
el
reconocido
interés
representación
del
resolvemos
de
2003,
De esta forma el
que,
la
conforme
obligación
a
del
público
Estado.
la
Ley
de
Por
de
Estado,
la
sus
funcionarios y agencias públicas, de reaccionar dentro del
término de treinta (30) días ante un recurso de revisión
administrativa comienza a decursar con la notificación del
tribunal ordenando su comparecencia, y no automáticamente
con la notificación del recurso de revisión.6
Por los fundamentos anteriormente expuestos se expide
el
auto
de
certificación
Resolución
emitida
devuelve
caso
el
por
al
el
solicitado
y
Tribunal
Apelaciones.
Tribunal
de
de
se
revoca
Apelaciones
para
la
Se
que
continúen los procedimientos acorde a lo resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
_______________________
Ello claro está, sin perjuicio que el Tribunal de
Apelaciones
pueda ordenar otro término si lo entiende
apropiado, a la luz de los hechos y las controversias que se
le planteen en el recurso.
6
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Israel Rivera Soto
Recurrido
v.
CT-2004-3
Junta de Calidad Ambiental
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, que se hace formar parte integrante
de la presente, se expide el auto de certificación
solicitado y se revoca la Resolución emitida por
el Tribunal de Apelaciones.
Se devuelve el caso
al Tribunal de Apelaciones para que se continúen
los procedimientos acorde a lo resuelto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Corrada del Río concurre sin
opinión escrita.
El Juez Asociado
constar lo siguiente:
señor
Rivera
Pérez
“El Juez Asociado señor Rivera
Pérez disiente por entender que el asunto
ante nos amerita seguir el trámite
ordinario
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. No entendemos cual es la
urgencia y necesidad para que este
Tribunal
atienda
este
asunto
hace
2
CT-2004-3
directamente a la luz del caso pendiente ante
el Tribunal de Apelaciones. El asunto traído
ante el Tribunal de Apelaciones es una
decisión
interlocutoria
de
la
agencia
administrativa que no puede ser objeto de
revisión administrativa ante ese foro.
Este
es el tipo se asuntos que no deben ser
atendidos por este Tribunal a través del
recurso de certificación”.
El Juez Asociado señor Rebollo López, no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo