LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José R. Franco Rivera

2006 TSPR 170

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: José R. Franco Rivera

CP-2003-0013

Conducta Profesional- Violación a los Cánones 18, 19, 20, 33 y 34; prohibición de pactar honorarios en casos de reclamaciones laborales

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2006 TSPR 170

José R. Franco Rivera

169 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-13

Fecha: 16 de octubre de 2006

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Edwin Gutiérrez Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones

Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Kenneth Pamias Velázquez

Subprocurador General

Lcda. Miriam Soto Contreras

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Maite Oronoz Rodríguez

Subprocuradora General

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día

16 de noviembre de 2006.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

José R. Franco Rivera

CP-2003-13

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2006

La

acción

conducta

que

disciplinaria

da

lugar

tiene

su

a

la

presente

génesis

en

una

queja presentada ante este Tribunal por José L.

Vázquez Pedrosa contra el Lcdo. José R. Franco

Rivera por éste alegadamente haber abandonado su

caso, sin informárselo previamente; incumpliendo,

de

este

modo,

el

contrato

de

servicios

profesionales suscrito entre ambos a través del

cual

dicho

representación

letrado

había

legal

un

en

asumido

pleito

contra

la

su

patrono por despido injustificado.1

1

El licenciado Franco Rivera fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 15 de mayo de 1981 y

al ejercicio del notariado el 17 de junio de

1981.

2

CP-2003-13

En

la

referida

queja

Vázquez

Pedrosa

alegó,

en

síntesis, que --luego de que el licenciado Franco Rivera

abandonara su caso-- le había solicitado infructuosamente

en

varias

“retainer

ocasiones

que

le

reembolsara

los

$1,500

de

fee”

tuvo

que

entregarle

al

momento

de

que

contratar sus servicios. Expresó que, asimismo, le había

requerido --por teléfono y mediante correo certificado con

acuse de recibo-- que le hiciera entrega de su expediente

y de cualquier otro documento relacionado con su caso, los

cuales hasta el momento de presentar la queja no había

recibido. A esos efectos, argumentó que aun cuando, al

llamar en una ocasión a la oficina del licenciado Franco

Rivera, la secretaria de éste le había indicado que el 9

de

abril

de

2002

podía

pasar

a

recoger

las

copias

de

dichos documentos, las mismas nunca estuvieron disponibles

para su entrega.2

Oportunamente, el licenciado Franco Rivera presentó

su

contestación

expresado en

a

la

referida

queja,

reiterando

lo

una carta que le había enviado a Vázquez

Pedrosa, con fecha de 6 de febrero de 2002, a los efectos

2

Vázquez Pedrosa incluyó varios documentos con su queja; a

saber: copia de dos cartas que le envió al licenciado

Franco Rivera una del 10 de enero de 2002 y otra del 28 de

febrero del mismo año, con sus respectivos acuses de

recibo; copia del contrato de servicios profesionales que

suscribió con el licenciado Franco Rivera el 27 de agosto

de 1998; y copia de tres cheques emitidos a favor del

licenciado Franco Rivera, uno del 31 de agosto de 1998 por

la suma de $1,000, otro del 29 de noviembre de 1998 por la

cantidad de $500 y el último del 13 de junio de 2000 por

la suma de $280.06 para un total de $1,780.06.

3

CP-2003-13

de que en junio de 2001 --a través de otra carta-- le

había informado que iba a renunciar a su caso3 y, de otra

parte,

que

solicitado.

era

En

improcedente

cuanto

a

el

las

reembolso

razones

del

para

dinero

terminar

su

relación profesional con Vázquez Pedrosa, en la referida

carta el mencionado abogado indicó que mayormente se debió

a la decisión de Rubén Ramos Peña --su asistente y la

persona a través de la cual Vázquez Pedrosa contrató sus

servicios--

de

no

continuar

trabajando

en

los

casos

laborales que él había referido a la oficina, lo cual le

había dejado “un vacío logístico para poder yo continuar

manejando los casos ya que carecía de tiempo para llevar

sus gestiones a cabo”.

Específicamente,

con

respecto

al

incidente

con

su

secretaria, señaló el abogado que, debido a lo voluminoso

del

expediente,

Vázquez

Pedrosa

se

le

para

habían

que

correspondientes.

Arguyó

consiguieron

copias

dichas

solicitado

pudieran

y

unos

sacarle

días

las

a

copias

que

efectivamente,

desde

entonces

se

estuvieron

disponibles para entregárselas a Vázquez Pedrosa --según

se le había notificado por la vía telefónica-- quien en

lugar

de

recogerlas

aparentemente

prefirió

acudir

ante

este Foro. Por último, en cuanto al reembolso del dinero,

sostuvo

el

abogado

que

--debido

a

que

en

nuestro

ordenamiento los abogados tienen un derecho a cobrar una

3

El licenciado Franco Rivera nunca presentó copia de esa

carta ante este Tribunal.

4

CP-2003-13

cantidad de dinero por el esfuerzo realizado y toda vez

que para la tramitación del caso de Vázquez Pedrosa tomó

deposiciones,

se

reunió

con

los

abogados

contrarios

y

llevó a cabo investigaciones-- no procedía su devolución.

Examinadas

las

antes

mencionadas

comparecencias,

referimos el asunto a la Oficina del Procurador General de

Puerto

Rico.

alegadamente

Estando

el

caso

intentando

ante

evitar

dicha

que

su

Oficina

caso

--y

fuera

desestimado por la inacción del licenciado Franco Rivera-el 12 de agosto de 2002 Vázquez Pedrosa envió una carta al

entonces Procurador General, el Hon. Roberto J. Sánchez

Ramos, solicitando su intervención inmediata para que, lo

antes

posible,

el

licenciado

Franco

Rivera

le

enviara

copia de su expediente y, a su vez, presentara evidencia

sobre los pagos realizados para gastos adicionales que se

incurrieron por motivo de su pleito para los cuales tuvo

que desembolsar dinero adicional.

En virtud de lo anterior, el 22 de agosto de 2002, el

Procurador General le envió una carta al licenciado Franco

Rivera

concediéndole

demostrara

que

un

--por

término

correo

de

o

diez

por

días

para

mensajero--

que

había

realizado la entrega del expediente a Vázquez Pedrosa. No

obstante

lo

término,

el

nuevamente

anterior,

19

de

se

comunicó

y

transcurrido

septiembre

con

de

el

2002

el

mencionado

Vázquez

Pedrosa

Procurador

General

indicándole que todavía no había recibido sus documentos.

5

CP-2003-13

Así las cosas, el 14 de octubre de 2002 el Procurador

General

rindió

recomendaciones

un

en

informe

el

cual

con

sus

hallazgos

concluyó

que

el

y

licenciado

Franco Rivera había incurrido en conducta contraria a las

disposiciones de los Cánones 18, 19, 20 y 24 de los de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Luego de examinar el

referido

informe,

y

la

contestación

presentada

por

el

licenciado Franco Rivera, el 14 de marzo de 2003 emitimos

una

Resolución

presentara

la

ordenándole

al

correspondiente

Procurador

General

que

querella

disciplinaria

contra el licenciado Franco Rivera. A su vez, --y para que

existiera

constancia

de

dicho

licenciado

Franco

Rivera

a

acto--

entregar

le

ordenamos

al

inmediatamente

el

expediente del caso de Vázquez Pedrosa a la oficina del

Procurador General.

Para coordinar dicha entrega y luego de recibir una

carta de la Oficina del Procurador General, el licenciado

Franco Rivera por la vía telefónica informó que entregaría

el expediente el 15 de abril de 2003. Sin embargo, no lo

entregó ese día ni se comunicó con dicha Oficina para

excusarse.

Así

pues,

el

20

de

mayo

de

2003,

el

Procurador

General radicó la querella contra el Lcdo. José R. Franco

Rivera

formulándole

cuatro

violaciones

a

los

Cánones

Profesional,

4

L.P.R.A.

Ap.

(4)

18,

IX.

cargos

19,

20

y

por

alegadas

24

de

Específicamente,

Ética

en

la

referida querella se le imputó haber violado el Canon 20

6

CP-2003-13

de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 20, que

dispone el trámite a seguir para renunciar o ser relevado

de la representación del cliente. A su vez, se le imputó

haber violado dicho Canon al no entregar, al terminar en

sus

funciones,

de

inmediato

y

sin

dilación

alguna

el

expediente del caso a su cliente luego de que éste en

varias ocasiones así lo solicitara, con el agravante que a

la

fecha

de

la

radicación

de

la

querella

--en

incumplimiento con los requerimientos de la Oficina del

Procurador

General

y

luego

de

este

Foro

habérselo

ordenado-- aún no lo había entregado.

Se le imputó, además, no haber presentado un desglose

de los servicios que realizó y los gastos en que incurrió

en

la

tramitación

justificara

la

del

caso

retención

de

de

los

Vázquez

$1,500

Pedrosa

que

entregados

como

“retainer fee”, ello en violación del Canon 24 de los de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.24, que le impone

el deber de cobrar honorarios de abogados razonables o en

violación del antes mencionado Canon 20, ante, que exige

que los abogados devuelvan aquellos honorarios de abogado

y gastos que fueron pagados pero no devengados.

Asimismo,

impuesto

por

se

el

le

Canon

imputó

haber

19

los

de

violado

Ética

el

deber

Profesional,

4

L.P.R.A. Ap. IX C. 19, al no haber mantenido informado a

su cliente de todo asunto importante relacionado con su

caso, ello en vista de que Vázquez Pedrosa desconocía que

una persona que no era su abogado estaba encargada de su

7

CP-2003-13

caso y, a su vez, desconocía en qué etapa se encontraba el

mismo.

Cónsono

con

lo

anterior,

se

le

imputó

haber

incumplido con el deber exigido por el Canon 18 de los de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18, al no haber

tramitado

diligentemente

los

asuntos

que

le

fueron

delegados por su cliente.

Finalmente,

querella,

el

expediente

dos

días

licenciado

a

la

después

Franco

Oficina

Rivera

del

de

presentada

hizo

entrega

la

del

General;4

Procurador

posteriormente radicó su contestación a la querella. En su

comparecencia

negó

haber

violado

los

Cánones

de

Ética

Profesional antes mencionados. En cuanto al expediente,

reiteró

que

estuvo

disponible

en

su

oficina

pero

que

Vázquez Pedrosa no lo había recogido --a pesar de que en

varias ocasiones personal de su oficina se comunicara con

él-- porque aparentemente no le agradó que tuviera que

recogerlo personalmente y cuando él estuviera presente.

Respecto al procedimiento que siguió al presentar su

renuncia

como

abogado

del

caso,

arguyó

que

a

Vázquez

Pedrosa se le había notificado mediante una carta a esos

efectos y a través de Ramos Peña, quien había referido el

caso de Vázquez Pedrosa a su oficina. Indicó que Vázquez

Pedrosa en todo momento tuvo conocimiento de que Ramos

Peña --a quien conocía previamente y con quien suscribió

un contrato de asesoría-- estaba trabajando su caso y era

4

Vázquez Pedrosa recogió dicho expediente el 23 de mayo de

2003.

8

CP-2003-13

éste

quien

lo

mantenía

informado

en

todo

momento

del

desarrollo de su pleito.5

Respecto a la devolución del dinero, señaló que al

recibir el expediente el Procurador General debió haberse

percatado que el mismo incluía seis (6) deposiciones en el

caso y varias vistas ante el Tribunal de Distrito Federal

para el Distrito de Puerto Rico, lo cual ameritaba la

cantidad

cobrada.

No

obstante,

señaló

que,

si

en

algo

atenuaba este trámite la devolución de dicha suma, estaba

en la disposición de así hacerlo. Por último, sostuvo que

un estudio del voluminoso expediente revelaba, a su vez,

el trabajo arduo y capaz que llevó a cabo a favor de

Vázquez

Pedrosa,

lo

cual

evidenciaba

que

no

falló

en

defender los intereses de su cliente diligentemente.

Designamos al Hon. José Alberto Morales Rodríguez,

Juez

del

Tribunal

de

Apelaciones,

como

Comisionado

Especial para que recibiera la prueba que presentaran las

partes

y

rindiera

un

informe

a

este

Tribunal

con

las

determinaciones de hecho y recomendaciones que entendiera

procedentes. En cumplimiento con nuestra encomienda, luego

de varios trámites e incidentes procesales y celebrada la

5

A esos efectos, el licenciado Franco Rivera indicó que

tenía copia de un contrato del 3 de septiembre de 1997

suscrito, sin su conocimiento, entre Vázquez Pedrosa y

Ramos Peña mediante el cual el querellante contrató los

servicios de Ramos Peña como su asesor en todo lo

relacionado con una querella de despido injustificado y

discrimen contra su patrono, que surgió de los mismos

hechos por los cuales Vázquez Pedrosa contrató sus

servicios.

9

CP-2003-13

vista

del

Comisionado

caso,

el

Especial

16

de

Morales

septiembre

de

2005,

el

Rodríguez

nos

rindió

su

algunos

hechos

que

son

informe.6

I

Procedemos

relevantes

e

a

enfatizar

importantes;

ello

con

el

propósito

de

facilitar la cabal comprensión del presente caso. Vázquez

Pedrosa y Ramos Peña fueron compañeros de trabajo en una

compañía llamada Crowley American Transport. Con motivo de

una reducción de personal que llevó a cabo dicha compañía,

ambos fueron cesanteados.7

Considerando

que

fue

despedido

discriminatoriamente

por razón de su edad --ello en vista de que, alegadamente,

un empleado más joven retuvo un puesto que envolvía las

mismas funciones que él llevaba a cabo-- Ramos Peña radicó

una querella contra CAT ante la Unidad Antidiscrimen del

Departamento

del

Trabajo

y

Recursos

Humanos

de

Puerto

Rico, en adelante la Unidad Antidiscrimen, y, cumplidos

los trámites de rigor, una demanda por derecho propio ante

el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto

Rico contra CAT y CMC. Tras haber iniciado dicho pleito,

6

En la vista en su fondo testificaron Vázquez Pedrosa,

Ramos Peña y el Lcdo. Franco Rivera.

7

Crowley American Transport era una subsidiaria de Crowley

Maritime Corporation, en adelante, CMC. Específicamente,

dicha

compañía

se

dedicaba

a

la

industria

de

transportación marítima, operando en los Estados Unidos,

Puerto Rico y en puertos internacionales.

10

CP-2003-13

Ramos Peña contrató los servicios del licenciado Franco

Rivera para que lo representara en el caso.

Impresionado con la forma en que Ramos Peña había

manejado su caso, --debido a sus estudios avanzados en el

área de recursos humanos y a su amplia experiencia en

casos

de

discrimen

habiendo

radicado

varias

querellas

administrativas en la Unidad Antidiscrimen-- el licenciado

Franco Rivera contrató los servicios de Ramos Peña para

que lo asistiera en el trabajo y manejo técnico de los

casos, siendo su “asesor técnico paralegal”. Conforme a lo

anterior, el 17 de diciembre de 1997 éstos suscribieron un

contrato de servicios profesionales.8 En dicho contrato,

pactaron cuáles serían las labores que Ramos Peña llevaría

a cabo y cuáles serían sus honorarios. A tales efectos,

expresamente acordaron que Ramos Peña recibiría una suma

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de aquella que,

8

Conforme al contrato, las funciones de Ramos Peña eran

las siguientes: reunirse inicialmente con prospectos

clientes

para

recibir

información

y

documentación

pertinente al caso; en aquellos casos aplicables, redactar

proyectos de querella para ser radicada en el foro

administrativo luego de consultarse con el cliente;

investigación legal de aquellos casos legales aplicables a

controversias a presentarse en cada caso particular;

asistencia

con

clientes

para

preparación

de

interrogatorios,

tanto

a

nivel

administrativo

como

judicial; asistencia con clientes para preparación de toma

de deposiciones; asistencia con clientes para preparación

de interrogatorios; asistencia a vistas administrativas y

judiciales para asistir al abogado; asistencia al abogado

para preparación de proyectos de informe para conferencia

con antelación a juicio; asistencia al abogado para

reuniones transaccionales con clientes; y cualquier otra

gestión que resultara importante para lograr el mejor

manejo y disposición de los casos trabajados.

11

CP-2003-13

por concepto de honorarios de abogado, pudiera percibir el

licenciado

Franco

disposiciones

[sic]

por

Rivera

finales

de

transacción

“en

los

o

las

casos

por

correspondientes

trabajados

Sentencia

y

ya

su

fuere

debida

ejecución”. De igual forma, pactaron dividir por partes

iguales cualquier cantidad de anticipo de “retainer fee”

que se le requiriera a los clientes. En dicho contrato no

se

hizo

constar

diferencia

alguna

con

respecto

a

la

distribución de los honorarios si el cliente llegaba a la

oficina del licenciado Franco Rivera referido por Ramos

Peña o si llegaba por cuenta propia.

De

otra

inconforme

con

parte,

su

y

en

despido--

el

entretanto,

Vázquez

Pedrosa

--también

recurrió

a

Ramos Peña para solicitarle asesoramiento con respecto a

la posibilidad de presentar algún tipo de querella contra

CAT. Así pues, el 3 de septiembre de 1997 Vázquez Pedrosa

suscribió

un

contrato

con

Rubén

Ramos

Peña,

titulado

“Contrato de Consulta Laboral”. En dicho contrato se hizo

constar que Vázquez Pedrosa contrataba los servicios de

Ramos

Peña

para

que

lo

asesorara

con

respecto

a

una

querella de despido injustificado y discrimen contra CAT.

A

su

vez,

se

pactó

que

en

la

eventualidad

de

que

la

querella tuviera que ser radicada ya bien fuera en los

tribunales estatales o federales, se autorizaba a Ramos

Peña, a hacer las gestiones que entendiera necesarias para

la contratación de un abogado. Se acordó, además, que los

honorarios de Ramos Peña serían el 20% de cualquier suma

12

CP-2003-13

de dinero recibida por Vázquez Pedrosa como consecuencia

de la querella. Finalmente, se pactó que si el caso tenía

que

ser

radicado

ante

un

tribunal,

Vázquez

Pedrosa

únicamente tendría que pagar los honorarios al abogado que

serían el 33.5% de cualquier dinero recibido.

Conforme a dicho contrato, Vázquez Pedrosa sometió

una querella --sin mediación de abogado y con la ayuda de

Ramos

Peña--

en

la

Unidad

Antidiscrimen

alegando

haber

sido despedido discriminatoriamente por CAT por razón de

su edad. Posteriormente, y debido a que deseaba presentar

las correspondientes demandas ante los foros estatales y

federales por los mismos hechos por los cuales entabló la

querella,

el

27

de

agosto

--referido

por

Ramos

Peña--

licenciado

Franco

documento

titulado

Rivera.

de

1998

contrató

Dicho

“autorización

Vázquez

los

acuerdo

y

Pedrosa

servicios

del

consta

un

contrato”

en

suscrito

entre las partes el 27 de agosto de 1998. En el mismo

expresamente se hizo constar que la naturaleza del caso

era “[v]iolación a Ley de Derecho Civiles por discrimen en

el trabajo y a otras leyes laborales tanto federales como

estatales”.

Además, en dicho contrato, se estableció una cláusula

especial de honorarios donde se acordó que el licenciado

Franco Rivera cobraría el 33% de la suma que se recuperara

en el caso. De igual forma, se estableció que Vázquez

Pedrosa pagaría la suma de $1,500.00 de “retainer fee”, el

cual se dividiría en dos pagos; a saber, pagaría $1,000 a

13

CP-2003-13

la fecha de la firma del contrato y el balance restante de

$500.00

lo

pagaría

a

la

fecha

de

la

radicación

de

la

demanda en el Tribunal Federal.9

Así las cosas, y habiendo pagado las referidas sumas

de

dinero,

Vázquez

trabajo

--Samuel

Navarro

y

contra

CAT,

Juan

CTT

Pedrosa

Maldonado

y

otros

Maldonado,

ex-compañeros

David

de

Marchany

Rivera

Olavaria--

radicaron

una

demanda

y

corporación

matriz

CMC

ante

su

el

Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto

Rico,

representados

por

el

licenciado

Franco

Rivera.

Específicamente, se alegó, entre otras cosas, discrimen

por razón de edad, ello en vista de que alegadamente la

compañía retuvo empleados más jóvenes quienes continuaban

llevando a cabo sus mismas funciones y, a su vez, que los

candidatos seleccionados para las nuevas plazas eran más

jóvenes.10

9

Para esa misma fecha el Lcdo. Franco Rivera asumió la

representación legal de otros empleados que también fueron

despedidos; a saber, Samuel Maldonado Maldonado, David

Marchany Navarro y Juan Rivera Olavaria, todos eran

mayores de cuarenta (40) años y ex-empleados de CAT, menos

Rivera Olavarría que era ex-empleado de CTT. Sin embargo

no surge claramente del expediente si éstos también fueron

referidos por Ramos Peña.

10

Dicha demanda se presentó al amparo de varios estatutos

federales; a saber, el Título VII de la Ley Federal de

Derechos Civiles, ante, ADEA, la sección 8(a)(5) de la Ley

Nacional

de

Relaciones

del

Trabajo

National

Labor

Relations Act, 29 U.S.C. § 158(a)(5), Orden Ejecutiva

Federal

Número

11246,

y

el

“Vietnam

Era

Veterans

Readjustment Act”, ante. De igual forma, se presentaron

reclamaciones estatales al amparo de la Ley Núm. 80 del 30

de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. §185a et seq y la Ley Núm.

100 del 30 de junio de 1975, 29 L.P.R.A. § 146 et seq.

14

CP-2003-13

Luego de varios trámites e incidentes procesales y

presentada una moción de sentencia sumaria por CAT, el 13

de

noviembre

de

2000

el

tribunal

federal

emitió

una

opinión y orden desestimado la demanda por insuficiencia

en las alegaciones. De este modo, desestimó con perjuicio

todas

las

reclamaciones

federales

y

sin

perjuicio

las

causas de acción estatales. Vale la pena señalar que en

dicha sentencia, el referido foro destacó que emitía su

determinación sin la oposición de los demandantes a la

moción de sentencia sumaria, toda vez que éstos aunque

habían

solicitado

comparecencia

Rivera

no

nunca

apeló

una

prórroga

lo

hicieron.11

dicha

para

El

determinación,

presentar

licenciado

por

su

Franco

lo

cual

la

de

2001

el

decisión advino final y firme.12

Posteriormente,

el

28

de

febrero

licenciado Franco Rivera, en representación de todos los

11

Surge del informe del Comisionado Especial que durante

la vista en su fondo el querellado testificó que no

presentó la oposición a dicha moción debido a que los

argumentos eran tan contundentes que no tenía hechos con

los cuales impedir la sentencia solicitada.

12

De igual forma, el 26 de octubre de 2001 el caso de

Ramos Peña fue desestimado. En dicho caso el tribunal

federal determinó que la reorganización de la compañía

debido a una reducción en el trabajo era una razón

legítima y no discriminatoria para despedir a Ramos Peña;

que éste falló en establecer una reclamación de discrimen

al amparo del Título VII; que éste no tenía una causa de

acción privada por la alegada violación a la orden

ejecutiva federal; y que el patrono no estaba sujeto a los

requisitos

del

“Worker

Adjustment

and

Retraining

Notification Act”, ante. Dicha determinación sí fue

apelada pero el Tribunal Apelativo del Primer Circuito de

Boston confirmó la desestimación.

15

CP-2003-13

demandantes,

presentó

una

demanda

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia de Puerto Rico contra CAT y la Unión

alegando que CAT no cumplió con el convenio colectivo y,

por

su

parte,

que

la

Unión

no

negoció

de

buena

fe

o

representando fielmente los intereses de los unionados.

CAT solicitó la remoción del caso al foro federal alegando

que éste era el que tenía jurisdicción al amparo de la

sección 301 de la Ley Federal de Relaciones del Trabajo,

“Labor Management Relations Act”, 29 U.S.C. § 141 et seq.

Es

preciso

trámites,

señalar

surgió

un

que

en

conflicto

el

transcurso

entre

Ramos

de

Peña

estos

y

el

licenciado Franco Rivera con respecto a la forma en que

iban a dividir las ganancias de los casos.13 El problema

consistió

mencionado

en

que

luego

contrato

con

de

haber

Ramos

firmado

Peña

y

sin

el

antes

haberlo

estipulado, el licenciado Franco Rivera quiso diferenciar

el método de pago de los honorarios, distinguiendo entre

los clientes que Ramos Peña refería a la oficina --por los

cuales le pagaría, conforme establecía dicho contrato, la

mitad de sus honorarios-- y los que llegaban directamente

sin

intermediario,

por

los

cuales

pagaría

una

cantidad

menor debido a que consideraba injusto dividir la mitad de

sus honorarios tomando en consideración que él era quien

pagaba los gastos de oficina, secretaria, electricidad,

13

Dicho conflicto consta en un intercambio epistolar entre

el Lcdo. Franco Rivera y Ramos Peña. Copia de dichas

cartas constan en el expediente.

16

CP-2003-13

teléfono, fax, copiadora, mensajería, etc.14 Por su parte,

Ramos

Peña

consideraba

que,

en

virtud

de

lo

acordado,

tenía derecho a la mitad de los honorarios en todos los

casos que trabajara sin importar la forma en que hubiesen

llegado a la oficina. A consecuencia de este conflicto

Ramos Peña comenzó a trabajar para otros abogados como

consultor y el licenciado Franco Rivera decidió renunciar

a la representación legal de Vázquez Pedrosa y los otros

demandantes.

Luego de que el caso fuera removido al foro federal,

el licenciado Franco Rivera solicitó de Ramos Peña --quien

era el que los mantenía en todo momento informados a los

demandantes sobre el desarrollo del caso tanto ante foro

federal como el estatal-- que les notificara a Vázquez

Pedrosa

y

a

los

otros

demandantes

su

intención

de

renunciar a su caso. De este modo, luego de que Ramos Peña

le notificara lo anterior a los demandantes y habiéndoselo

informado

al

tribunal,

el

25

de

junio

de

2001

el

licenciado Franco Rivera presentó su moción de renuncia a

la representación legal de los demandantes, la cual fue

autorizada el 9 de julio de 2001.

En virtud de lo anterior, el tribunal federal comenzó

a notificar directamente a Vázquez Pedrosa y a los otros

14

No surge del expediente exactamente cuál sería la

división de los honorarios cuando los casos llegaran

directamente a la oficina del Lcdo. Franco Rivera, sólo

consta que sería menos del cincuenta por ciento que era lo

que recibía Ramos Peña si el caso llegaba por su referido.

17

CP-2003-13

demandantes todas sus órdenes. El 15 de octubre de 2001,

debido

a

que

los

demandantes

no

comparecieron

a

una

conferencia sobre el estado del caso, el referido foro

emitió una orden concediéndoles treinta (30) días para que

comparecieran con su nuevo abogado, o por derecho propio,

explicando las razones por las cuales no habían podido

conseguir

un

nuevo

abogado

so

pena

de

desestimar

su

demanda. En vista de ello, por iniciativa de Ramos Peña y

con su ayuda, los demandantes presentaron una moción por

derecho

propio

informándole

al

tribunal

que

habían

intentado sin éxito localizar al licenciado Franco Rivera

al

cual

no

habían

encontrado

por

haberse

mudado

de

oficina, por lo cual no habían podido solicitar un nuevo

representante legal.

Días

tribunal

más

tarde,

federal

el

emitió

9

de

otra

noviembre

orden.

De

de

2001,

el

entrada,

les

advirtió a los demandantes que el licenciado Franco Rivera

había solicitado y recibido la autorización del tribunal

para renunciar a su representación. A su vez, les notificó

que su moción no cumplía con lo requerido por su orden

anterior.

Así las cosas, los demandados presentaron una moción

solicitando la desestimación de la demanda por constituir

las

controversias

éstas

fueron

presentaron

planteadas

resueltas

los

a

cosa

través

demandantes

ante

juzgada

del

el

debido

primer

a

que

pleito

que

tribunal

federal.

Dicha moción también fue notificada al licenciado Franco

18

CP-2003-13

Rivera. Luego de recibir la misma, el 12 de diciembre de

2001 éste les envió una carta a los demandantes con copia

de dicha moción aconsejándoles que actuaran rápidamente

llevando esta moción a su nuevo abogado para que pidiera

tiempo para contestarla ya que entendía que carecía de

mérito.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el

26

de

diciembre

comparecencia

de

de

2001,

sin

los

demandantes,

el

beneficio

de

la

el

tribunal

federal

desestimó la demanda debido a lo resuelto en el primer

caso radicado por los demandantes ante dicho foro y más

importante aún por la apatía de los demandantes. Al así

hacerlo

destacó

que

era

habían

perdido

interés

aparente

en

su

que

los

demandantes

caso

lo

cual

quedó

evidenciado por su falta de oposición a la moción de los

demandados

aun

cuando

el

tribunal

les

había

dado

una

amplia oportunidad para comparecer.

Así las cosas, Vázquez Pedrosa --nuevamente con la

ayuda de Ramos Peña-- el 10 de enero de 2002 le envió una

carta al licenciado Franco Rivera indicándole que estaba

confundido con el contenido de la referida misiva debido a

que desconocía que éste hubiera renunciado a su caso. A

esos

efectos,

le

expresó

que

había

abandonado

su

caso

negligentemente y sin tener la cortesía de informárselo.

Asimismo,

le

señaló

que

había

intentado

sin

éxito

comunicarse con él a su oficina para aclarar el mensaje de

la carta. Finalmente, exigió la devolución de los $1,500.

19

CP-2003-13

El 6 de febrero de 2002, el licenciado Franco Rivera

le

envió

una

carta

a

Vázquez

Pedrosa

expresándole

que

supuestamente en junio de 2001 le había enviado una carta

notificándole

que

iba

a

renunciar

al

caso15,

que

había

decidido renunciar al caso debido a la decisión de Ramos

Peña de no continuar trabajando en los casos laborales que

él había referido a la oficina, y que la devolución del

dinero era improcedente por todo el trabajo realizado en

el caso, destacando que una facturación arrojaría tal vez

un saldo a su favor.

En respuesta a dicha misiva, el 28 de febrero de

2002,

Vázquez

licenciado

Pedrosa

Franco

nuevamente

Rivera

envió

reiterando

una

que

carta

al

deseaba

el

reembolso de su dinero, la entrega de su expediente, las

copias de las deposiciones realizadas y evidencia de pago

de los gastos para los cuales desembolsó dinero adicional.

Posteriormente, Vázquez Pedrosa logró comunicarse con

la oficina del licenciado Franco Rivera donde le indicaron

que las copias del expediente se tardarían un poco porque

era voluminoso. Posteriormente, --luego de que lo llamaran

a

su

casa

expediente--

informándole

Vázquez

que

Pedrosa

estaban

llamó

trabajando

nuevamente

con

a

el

dicha

oficina y le notificaron que el expediente estaba listo

pero que tenía que recogerlo personalmente y cuando el

15

El Lcdo. Franco Rivera nunca presentó dicha carta como

evidencia en el presente caso por lo cual presumimos que

nunca existió.

20

CP-2003-13

licenciado Franco Rivera estuviera presente debido a que

tenía

que

firmar

recibo.16

un

No

obstante

lo

anterior,

Vázquez Pedrosa decidió que no iba a ir a recogerlo porque

estaba molesto.

En virtud de los hechos anteriormente expuestos, el

Comisionado

Especial

concluyó

que

el

licenciado

Franco

Rivera había incurrido en las violaciones imputadas en la

querella. A esos efectos, determinó que éste no desplegó

la

diligencia

violación

al

y

responsabilidad

Canon

18,

ante

al

requerida,

dejar

en

ello

manos

de

en

un

paralegal o consultor la defensa de su cliente. A su vez,

--y aun cuando en sus determinaciones de hechos estableció

que los demandantes estuvieron en todo momento informados

de

todas

las

etapas

del

proceso

federal

y

estatal--

resolvió que el licenciado Franco Rivera violó el Canon

19, ante; que no cumplió con las exigencias del Canon 20,

ante,

al

renunciar

no

a

tomar

la

las

medidas

representación

necesarias

legal

para

antes

de

evitar

un

perjuicio a los derechos de su cliente destacando que fue

tardía

16

la

gestión

de

enviarles

una

carta

el

12

de

En el entretanto y en respuesta de la misiva del 28 de

febrero, el 12 de marzo de 2002, mediante otra carta, el

Lcdo. Franco Rivera le reiteró a Vázquez Pedrosa que no

había abandonado su caso sin notificárselo previamente,

que no violó el contrato de honorarios teniendo derecho a

dicha suma, que la mitad de dicho dinero pasó a manos de

Ramos Peña por su trabajo inicial en el caso y que el

expediente estaba a su disposición en su oficina por cita

previa para así poder tener las copias individuales de

todos los documentos del caso incluyendo las varias

deposiciones que se tomaron.

21

CP-2003-13

diciembre de 2001, al no presentar un desglose de los

servicios ni de los gastos incurridos en la defensa del

querellante que justificara la retención de los $1,500 y

al no entregar inmediatamente el expediente del caso, ello

también en violación de una orden de este Tribunal.

Además

querella,

de

el

controversia

en

encontrar

probados

los

cargos

de

la

que

la

Comisionado

Especial

destacó

el

caso

se

limitaba

a

la

Vázquez

Pedrosa

y

el

presente

relación

abogado-cliente

licenciado

Franco

entre

Rivera

no

con

sus

consecuentes

responsabilidades, sino que se centraba en la figura de un

intermediario

conflictos.

que

De

por

este

las

modo,

labores

que

estableció

realizaba

que

el

generó

licenciado

Franco Rivera también violó los Cánones 33 y 34 de los de

Ética

Profesional,

4

L.P.R.A

Ap.

IX,

al

entrar

en

un

contrato de sociedad con Ramos Peña, quien no era abogado,

para proporcionarse y tramitar sus casos, cobrando éste la

mitad de sus honorarios profesionales.

Con el beneficio de los alegatos, presentados por el

licenciado

Franco

Rivera

y

el

Procurador

General,

procedemos a resolver la querella radicada.

II

Como es sabido, “[e]l día en que un abogado presta

juramento ante el Tribunal Supremo le es concedido un gran

privilegio: el de poder ejercer una profesión, honrosa por

demás, que tiene una rica y extraordinaria tradición y que

22

CP-2003-13

desempeña un importante papel en nuestra sociedad”. In re

Quintero

Alfaro,

res.

el

9

de

febrero

de

2004,

2004

T.S.P.R. 20.

Al juramentar una persona como abogado, éste

se

en

convierte

funcionario

del

Tribunal

y

ministro

ordenado de la justicia y se compromete a desempeñar su

alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia,

compromiso

e

integridad.

In

Quintero

re

Alfaro,

ante;

Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613-14

(1993).

No obstante, y como hemos señalado, este privilegio

no está exento de responsabilidades; entre ellas, está la

de desempeñar con lealtad los deberes que como abogados

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico les imponen la

ley

y

el

Código

Particularmente,

los

de

Ética

Cánones

Profesional.

de

Ética

Ibid.

Profesional

constituyen un compromiso constante para con la sociedad

puertorriqueña. Éstos “enuncian los deberes de respeto y

profesionalismo que debe[n] caracterizar a todo jurista y

letrado

en

el

desempeño

de

su

trabajo

frente

a

sus

clientes y colegas ante todo foro en que ejerza”. In re

Fernández

de

Ruiz,

res.

T.S.P.R.

73,

In

Clavell

re

el

21

de

Ruiz,

abril

131

de

2006,

D.P.R.

500,

2006

508

(1992). En virtud de lo anterior, es indispensable que

todo

abogado,

al

llevar

a

cabo

sus

funciones,

cumpla

celosamente con los referidos deberes, entre los cuales se

encuentran las exigencias relacionadas con el descargo de

los asuntos de encomendados por sus clientes. Véase In re

23

CP-2003-13

Moreno Cortés, res. el 20 de mayo de 2003, 2003 T.S.P.R.

91.

En lo aquí pertinente, el Canon 18 de los de Ética

Profesional, ante, le impone al abogado el deber de rendir

una labor idónea de competencia y diligencia en relación

con

los

asuntos

de

su

cliente.

Específicamente,

dicha

obligación requiere que todos los miembros de la clase

togada,

al

desempeñen

defender

de

manera

los

intereses

capaz

y

de

su

diligente,

cliente,

se

desplegando

en

cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en

aquella forma que la profesión jurídica en general estima

adecuada y responsable. In re Ortiz Morales, res. el 8 de

noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R. 199; véanse, además, In

re Alonso Santiago, res. el 13 de septiembre de 2005, 2005

T.S.P.R. 137; In re Roldós Matos, res. el 17 de marzo de

2004, 2004 T.S.P.R. 40; In re Román Rodríguez, 152 D.P.R.

520, 526 (2000); In re Flores Ayffan, 150 D.P.R. 907, 913

(2000); In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308, 313 (1998);

In re Avilés Vega, 141 D.P.R. 627, 632 (1996).

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha reiterado que

los abogados tienen el deber “de defender diligentemente

los

intereses

caracterizado

de

por

su

cliente

la

con

mayor

un

trato

capacidad,

profesional

lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”.

In re Alonso Santiago, ante; véase, además, In re Flores

Ayffán, ante, a la pág. 913; In re Vélez Valentín, 124

D.P.R 403, 408 (1989). Ello así toda vez que el aludido

24

CP-2003-13

Canon 18, ante, a su vez, establece que “[e]l abogado no

podrá asumir una representación profesional cuando está

consciente

de

que

no

puede

rendir

una

labor

idónea

y

competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que

ello

apareje

gastos

o

demoras

a

su

cliente

o

a

la

administración de la justicia”. In re Ortiz Morales, ante;

véase, además, In re Román Rodríguez, ante, a la pág. 526.

Así

pues,

una

vez

el

abogado

acepta

y

asume

la

representación legal de un cliente --irrespectivamente de

las razones y motivaciones que tuvo para llevar el caso-tiene

la

responsabilidad

requerida

rapidez

y

de

descargar

eficiencia.

In

re

su

labor

Alonso

con

la

Santiago,

ante; In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 603 (1987).

En

virtud

de

lo

anterior,

hemos

establecido

que

incurre en una seria violación al Canon 18 el jurista que,

en

el

ejercicio

de

sus

funciones,

actúa

con

desidia,

despreocupación, inacción, displicencia, no manteniendo al

cliente informado del desarrollo del caso y permitiendo

que la acción de éste sea desestimada por no desplegar

toda

su

habilidad

y

capacidad

en

beneficio

de

su

representado. In re Fernández de Ruiz, ante; In re Ortiz

Velázquez, ante, a las págs. 313-314.

De

otra

parte,

y

cónsono

con

el

antes

mencionado

deber, se encuentra el de mantener informado al cliente

sobre todo asunto importante que surja en el trámite de su

caso.

A

tales

Profesional

le

efectos,

el

impone

todo

a

Canon

19

de

los

de

Ética

abogado

la

obligación

de

25

CP-2003-13

“mantener

informado

a

su

cliente

de

las

gestiones

realizadas y del desarrollo de los asuntos a su cargo,

consultándole cualquier duda sobre asuntos que no caigan

en

el

ámbito

discrecional,

y

dentro

de

los

medios

permisibles, cumplir con sus instrucciones”. In re Acosta

Grubb, ante, a la pág. 603; véanse, además, In re Ortiz

Morales, ante; In re Laureano Molina, res. el 13 de enero

de 2004, 2004 T.S.P.R. 6; In re Cardona Ubiñas, res. el 15

de marzo de 2002, 2002 T.S.P.R. 48; In re Román Rodríguez,

ante, a la pág. 527; In re Ortiz Velázquez, ante, a la

pág. 313; In re Avilés Vega, ante, a la pág. 633. Es

preciso señalar que los referidos deberes de diligencia e

información se activan desde el momento mismo en que el

abogado acepta tramitar las reclamaciones del cliente y

continúan hasta que finaliza dicha representación legal.

Dicha relación, entre otras razones, puede terminar

debido a la renuncia del abogado al caso, aun cuando el

mismo no haya finalizado ante los tribunales. Para tal

situación,

el

Canon

20

de

los

de

Ética

Profesional

establece el procedimiento que debe seguir todo abogado

que,

habiendo

representado

a

un

litigante

en

el

foro

judicial, desea dar por terminada dicha representación. A

tales

efectos,

el

Canon

20,

ante,

establece

que

todo

abogado que desea renunciar necesita obtener el permiso

del tribunal para poder dar por terminada dicha relación,

disponiéndose que debe solicitarlo solamente cuando exista

una razón justificada e imprevista para ello. 4 L.P.R.A.

26

CP-2003-13

Ap. IX, C. 20. Hasta tanto el abogado no sea formalmente

relevado

de

sus

funciones,

aceptando

el

tribunal

su

renuncia, éste tiene el deber de continuar llevando a cabo

su gestión profesional de forma competente y diligente.

Lluch et al. v. España Service Station, 117 D.P.R. 729,

752 (1986).

Dicho Canon 20, ante, dispone que antes de renunciar

el

abogado

evitar

debe

tomar

perjuicios

a

ciertas

los

medidas

derechos

de

razonables

sus

para

clientes.

En

específico, se dispone que el abogado debe: (1) notificar

su

decisión

de

renunciar

al

cliente;

(2)

aconsejarle

debidamente sobre la necesidad de una nueva representación

legal

cuando

ello

sea

necesario;

(3)

concederle

tiempo

para conseguir una nueva representación profesional; (4)

aconsejar sobre la fecha límite de cualquier término de

ley que pueda afectar su causa de acción o con relación a

la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer;

y (5) el cumplimiento de cualquier otra disposición legal

del Tribunal al respecto, incluyendo la notificación al

tribunal

de

la

última

dirección

conocida

de

su

representado. In re Laureano Molina, ante; véanse, además,

In re Ortiz Morales, ante; In re Román Rodríguez, ante, a

la pág. 526.

El Canon 20, además, establece qué debe hacer todo

letrado luego de que el tribunal haya aceptado su renuncia

y sea efectiva la misma. A esos efectos, establece que el

abogado tiene el deber de hacerle entrega al cliente de su

27

CP-2003-13

expediente y de todo documento relacionado con el caso.

Véase: In re Irrizary Vega, 151 D.P.R. 916, 922 (2000);

véase, además, In re Ortiz Morales, ante. Conforme a lo

anterior,

hemos

enfatizado

que

“cuando

un

cliente

lo

solicite, debe entregársele el expediente y todo documento

relacionado

con

el

caso

de

inmediato

y

sin

dilación

alguna”. In re Irrizary Vega, ante, a la pág. 922; In re

Román Rodríguez, ante, a la pág. 528; In re Avilés Vega,

ante, a la pág. 633. Ello en vista de que, conforme a

nuestro ordenamiento, los abogados no tienen derecho de

retención

sobre

los

documentos

del

cliente.

In

re

Rodríguez Mercado, res. el 15 de septiembre de 2005, 2005

T.S.P.R. 144; In re Irrizary Vega, ante, a la pág. 922; In

re

Avilés

Vega,

ante,

a

la

pág.

633;

Nassar

Risek

v.

Hernández, 123 D.P.R 360, 368 (1989); In re Vélez, 103

D.P.R.

590,

599

(1975).

Aun

cuando

éstos

no

hubiesen

pagado sus honorarios. Ibid.17

III

Por

estar

íntimamente

relacionados

entre

sí,

analizamos en conjunto el primer, tercer y cuarto cargo

imputado en la querella. Un examen sereno y sosegado del

expediente del presente caso nos lleva a la conclusión de

17

A su vez, el referido Canon 20, ante, requiere que todo

abogado

reembolse

inmediatamente

cualquier

cantidad

adelantada que le hubiese sido pagada en honorarios por

servicios que no fueron prestados. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.

20 In re Ortiz Morales, ante.

28

CP-2003-13

que el licenciado Franco Rivera incurrió en violaciones a

los Cánones 18, 19 y 20 al no ejercer su profesión con la

diligencia, habilidad y responsabilidad que exigen dichos

Cánones.

Surge del expediente ante nos que, al menos en una

ocasión, el querellado, aun cuando solicitó una prórroga

para ello, no radicó oposición alguna a una moción de

sentencia sumaria presentada por la parte contraria ante

el foro federal. Sin duda, al así actuar no rindió una

labor idónea de competencia y diligencia. Aun cuando los

Cánones de Ética no requieren que los abogados comparezcan

frívolamente

debió

al

al

menos

tribunal,

hacer

el

algún

licenciado

Franco

intento

defender

por

Rivera

los

intereses de sus clientes para evitar que se dictara una

sentencia sumaria en su contra.

De

otra

parte,

al

renunciar

al

caso

de

Vázquez

Pedrosa y los otros demandantes, meramente le indicó a

Ramos

Peña

intención

de

que

le

comunicara

renunciar,

sin

a

los

reunirse

demandantes

con

ellos

y

su

sin

enviarles una carta para explicarles las consecuencias de

lo anterior. Aun cuando durante este proceso el querellado

alegó que les envió una carta a sus representados para

notificarles su decisión, en ningún momento presentó copia

de la misma durante este proceso por lo cual presumimos

que dicha carta nunca existió. Al así proceder incumplió

con los deberes impuestos por los Cánones 18, 19 y 20,

ante.

29

CP-2003-13

Empeora la situación el hecho de que, además de no

haberle

notificado

su

renuncia,

el

licenciado

Franco

Rivera tampoco tomó las medidas necesarias para no dejar a

Vázquez Pedrosa y a los otros demandantes en un estado de

indefensión. Éste no les aconsejó sobre la necesidad de

conseguir una nueva representación legal ni les concedió

un período razonable para conseguir un nuevo abogado. Peor

aún no les hizo entrega del expediente de su caso para que

éstos pudieran continuar los trámites de su caso asistidos

por otro abogado.

Agrava

aun

desobedeció,

más

la

sin

situación

el

que

justificación

dicho

abogado

alguna,

varios

requerimientos del Procurador General y una orden de este

Tribunal

a

esos

efectos,

lo

cual

como

hemos

reiterado

constituye una falta ética separada e independiente de los

méritos de la querella. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55,

61 (1996).

IV

De

otra

parte,

se

le

imputa

al

licenciado

Franco

Rivera haber retenido los $1,500 que le fueron entregados

por

Vázquez

desglose

Pedrosa,

alguno

de

como

los

“retainer

servicios

y

fee”,

los

sin

realizar

gastos

en

que

incurrió en la defensa de su caso que justificara dicha

retención.

Como

es

profesionales

de

sabido,

el

abogado

se

contrato

considera

de

una

servicios

variante

del

30

CP-2003-13

contrato de arrendamiento de servicios. Sin embargo, por

estar revestido de un alto contenido ético, este Tribunal

lo

ha

descrito

Rodríguez

como

Mercado,

un

contrato

sui

ante

citando

a

generis.

Nassar

In

re

Risek

v.

Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); véanse, además, Méndez

de Rodríguez v. Morales Molina, 142 D.P.R. 26, 33 (1996);

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161,

172

(1989);

Derecho

véase,

Notarial

además,

Sarah

Puertorriqueño,

Torres

Edición

Peralta,

Especial

El

1995,

Publicaciones STP, Inc. San Juan, Puerto Rico, pág. 4.43.

De este modo, y “[c]omo consecuencia de su naturaleza sui

generis, la relación de abogado y cliente se encuentra

inexorablemente

Profesional”.

ligada

Pérez

a

Marrero

los

v.

Cánones

Colegio

de

de

Ética

Dentista

de

P.R., 131 D.P.R. 545, 552-553 (1992).

Conforme

a

lo

anterior,

al

iniciar

una

gestión

profesional, todo jurista debe tener presente el Canon 24

de Ética profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 24; ello en

vista de que éste regula el ámbito y las normas generales

que rigen la fijación de honorarios de abogado. In re

Rodríguez Mercado, ante; Pérez v. Colegio de Dentistas de

P.R., ante, esc. 7; véase, además, Sarah Torres Peralta,

op. cit., a la pág. 4.38. A esos efectos, el Canon 24 de

Ética

Profesional,

ante,

--destacando

que

la

profesión

legal no es un mero negocio con fines de lucro sino que es

parte

cuáles

de

la

son

administración

de

la

los

que

deben

factores

justicia-ser

establece

tomados

en

31

CP-2003-13

consideración al fijarse los honorarios. 4 L.P.R.A. Ap.

IX. C. 24; véase Méndez de Rodríguez v. Morales Molina,

142 D.P.R. 26, 33 (1996). Entre los referidos factores, se

encuentran los siguientes: “la cuantía involucrada en el

litigio; los beneficios que derivará el cliente de los

servicios del abogado; la habilidad que requiere conducir

el caso adecuadamente; la contingencia de la compensación,

y

la

dificultad

planteadas”.

y

Ramírez,

complejidad

Segal

&

de

Látimer

las

v.

cuestiones

Rojo

Rigual,

ante, a la pág. 172.

De igual forma, el referido Canon 24 establece que

--aun cuando los contratos verbales no están prohibidos-es deseable que el acuerdo o pacto sobre los honorarios a

ser cobrados sea reducido a escrito. Ibid. Hemos señalado

que,

de

clientes

este

modo,

sobre

la

se

evitan

controversias

compensación

por

con

los

los

servicios

prestados. Nassar Risek v. Hernández, ante, a la pág. 373.

A tales efectos, este Tribunal ha resuelto que en aquellos

casos en que no sea anticipable de un todo, al inicio de

la

gestión

profesional,

la

extensión

y

valor

de

los

honorarios, el abogado deberá reducir a escrito el acuerdo

con

la

mayor

ambigüedades

y

claridad

en

haciendo

sus

términos,

constar

las

libre

de

contingencias

previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del

pleito o del asunto que se atiende a nombre del cliente.

In re Rodríguez Mercado, ante citando a Pérez v. Col.

Cirujanos

Dentistas

de

P.R.,

132

D.P.R.

545

(1992);

32

CP-2003-13

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante; Colón v.

All AMER. Life & Cas. Co., ante.

Particularmente,

en

cuanto

a

los

honorarios

contingentes, este Tribunal ha establecido que no están

reñidos con la ética siempre y cuando sean beneficiosos al

cliente o cuando éste los prefiera luego de que el abogado

le

explique

con

claridad

sus

consecuencias.

Méndez

de

Rodríguez v. Morales Molina, ante, a la pág. 33; Pérez v.

Colegio de Dentistas de P.R., ante, a la pág. 555; Sarah

Torres Peralta, op. cit., a la pág. 4.45. No obstante lo

anterior,

y

para

minimizar

el

riesgo

de

que

surjan

controversias futuras entre un abogado y su cliente, hemos

recomendado,

como

indicamos

anteriormente,

que

se

consignen por escrito las contingencias previsibles que

pudieran surgir durante el transcurso del pleito. Méndez

de Rodríguez v. Morales Molina, ante, a las págs. 34-35;

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante, a las págs.

171-172; Pérez v. Colegio de Dentistas de P.R., ante, a la

pág. 554.

De otro lado, el abogado tiene derecho a recibir una

compensación razonable por los servicios que rinde a sus

clientes. In re Rodríguez Mercado, ante citando a Pérez v.

Col. Cirujanos Dentistas, ante, a la pág. 554. Así pues,

“en ausencia de un pacto expreso sobre la cuantía que debe

ser

cobrada

por

lo

servicios

profesionales,

aplica

el

Artículo 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4111, que

establece, en lo aquí pertinente:

33

CP-2003-13

…En cuanto a los servicios profesionales, se

estará, para la remuneración de los mismos, lo

convenido entre las partes; cuando no hubiere

convenio y surgieren diferencias, la parte con

derecho a la remuneración podrá reclamar y

obtener en juicio de la otra parte,...el importe

razonable de dichos servicios.

Conforme a la referida disposición estatutaria, en

nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la máxima legal

quantum meruit que significa:”[t]anto como se merece”; es

el derecho a reclamar el valor razonable de los servicios

prestados.

In

Rodríguez

re

Mercado,

ante

citando

a

I.

Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da. Ed.

Rev. New Hamphire, Ed. Equito Publishing Corp., pág. 4;

Méndez de Rodríguez v. Morales Molina, ante, a la pág. 33;

Pérez v. Colegio de Dentistas de P.R., ante, a las págs.

557-558.

Ahora bien, además de las exigencias del Canon 24 de

los

de

abogados

Ética

a

Profesional,

recibir

una

ante,

y

del

compensación

derecho

de

los

razonable

por

sus

servicios, existen unas limitaciones estatutarias respecto

a

la

fijación

pertinente,

de

entre

honorarios

las

profesionales.

limitaciones

legales

En

lo

aquí

establecidas

para el cobro de honorarios se encuentra la prohibición de

llevar a cabo pactos sobre honorarios con trabajadores o

empleados que se ven en la necesidad de reclamar contra

sus

patronos

al

amparo

de

leyes

laborales

estatales

o

federales. Art. 1 de la Ley Núm. 402 del 12 de mayo de

1950, 32 L.P.R.A. § 3114; véase, además, Belk Arce v.

34

CP-2003-13

Martínez, res. el de de 2004, 2004 T.S.P.R. 167; López

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 868 (1997).

En

tales

exitoso,

reclamaciones

es

el

patrono

laborales,

si

quien

los

paga

el

empleado

es

honorarios

del

abogado y no el empleado. Belk Arce v. Martínez, ante;

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., ante. 18

La Asamblea Legislativa estableció dicha prohibición

a través de la Ley Núm. 402 del 12 de mayo de 1950, según

enmendada, 32 L.P.R.A. § 3114 et seq., toda vez que los

contratos a base de porcentajes en esos casos redundan en

detrimento de la paz industrial. Art. 1, Ley Núm. 402,

ante,

32

L.P.R.A

§

3114.

Mediante

la

referida

pieza

legislativa expresamente se estableció que son “nulos y

contrarios al orden público todos los contratos, convenios

o acuerdos en que trabajadores o empleados se obliguen

18

Es de notar que con respecto a los honorarios de abogado

al amparo de la Ley Núm. 100, ante, y la Ley Núm. 80,

ante, se dispone que si el empleado es exitoso el tribunal

impondrá una suma en concepto de honorarios de abogado que

tendrá que pagar el patrono. Art. 4 de la Ley Núm. 100,

ante, y Art. 11 de la Ley Núm. 80, respectivamente; véase,

además, López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., ante, a la

pág. 869. En los casos basados en la Ley Núm. 100 el

tribunal le concederá como norma general al abogado del

trabajador victorioso una suma equivalente al veinticinco

por ciento (25%) de la indemnización base concedida al

empleado. Si el abogado considera que por el esfuerzo

realizado en el caos se justifica recibir una cantidad

mayor de honorarios deberá presentar un memorando para que

el tribunal evalúe si en se deben fijar la cuantía de

honorarios a base las horas trabajadas y no a base del por

ciento antes indicado. Ibid. De otra parte, en casos al

amparo de la Ley Núm. 80, ante, se establece que el

tribunal fijará honorarios en una cantidad que no será

inferior al 15% del total de la compensación recibida por

el trabajador o cien (100) dólares lo que fuera mayor. 29

L.P.R.A. § 185k.

35

CP-2003-13

directa o indirectamente a pagar honorarios a sus abogados

en

casos

de

reclamaciones

judiciales

o

extrajudiciales

contra sus patronos bajo la legislación laboral de Puerto

Rico o bajo la legislación laboral del Congreso de Estados

Unidos aplicable a Puerto Rico, o al amparo de un convenio

de naturaleza individual o colectivo”. Art. 3, Ley Núm.

402,

ante,

32

L.P.R.A.

§

3116;

López

Vicil

v.

ITT

Intermedia, Inc., ante, a la pág. 869. Se establece que

todo abogado que reciba compensación de un obrero, o grupo

de

obreros,

vendrá

obligado

no

sólo

a

reembolsarle

al

obrero o grupo de obreros la cantidad que le haya sido

pagada, sino además vendrá obligado a pagarle una suma

igual de dinero, en concepto de daños líquidos. Art. 4,

Ley Núm. 402, ante, 32 L.P.R.A. § 3117.

En el presente caso no está en controversia el hecho

de que el licenciado Franco Rivera suscribió por escrito

un

contrato

de

servicios

profesionales

con

Vázquez

Pedrosa. En el cual se hizo constar que la naturaleza del

caso

era

“[v]iolación

a

Ley

de

Derecho

Civiles

por

discrimen en el trabajo y a otras leyes laborales tanto

federales como estatales”. Además, surge de dicho contrato

que

las

partes

acordaron

una

cláusula

especial

de

honorarios a los efectos de que el querellado cobraría un

36

CP-2003-13

33% de la suma que en su día se recuperara por el pleito y

$1,500 de “retainer fee”.19

Siendo

laboral,

el

por

caso

de

despido

Vázquez

Pedrosa

injustificado

una

y

reclamación

violaciones

al

convenio colectivo al amparo de leyes tanto federales como

estatales,

suma

el

licenciado

alguna

de

Franco

Rivera

en

concepto

dinero

no

podía

de

cobrar

honorarios

profesionales por dicha representación. Al actuar de ese

modo, incumplió con una prohibición claramente establecida

por ley. Siendo ello así, el contrato suscrito entre él y

Vázquez Pedrosa es nulo y él está obligado a devolver los

$1,500 que recibió de Vázquez Pedrosa como anticipo de sus

honorarios

más

una

suma

igual

en

concepto

de

daños

líquidos.

V

Por

último,

el

Comisionado

Especial

le

imputa

al

licenciado Franco Rivera haber violado el Canon 33 de los

de Ética Profesional, ante, al entrar en un negocio de

sociedad para tramitar sus casos con Ramos Peña, quien no

era

abogado,

pagándole

la

mitad

de

los

honorarios

que

recibía por los servicios prestados. De igual forma, le

imputa haber violado el Canon 34 de Ética Profesional,

19

Es de notar que en el presente caso específicamente se

pagó la suma de $1,500 como “retainer fee” como parte de

los honorarios del abogado y no como gastos.

37

CP-2003-13

ante, al haberse proporcionado casos a través de Ramos

Peña como su intermediario.

Con respecto a dichas determinaciones el licenciado

Franco Rivera aduce que no incurrió en conducta violatoria

de dichos Cánones debido a que en ningún momento permitió

que Ramos Peña ejerciera labores propias de un abogado;

que en todo momento éste trabajó bajo su supervisión y en

función

de

sus

instrucciones;

que

todos

los

clientes

tenían conocimiento de que Ramos Peña no era abogado sino

su asistente; y que él nunca permitió que él compareciera

a

vistas

al

Tribunal

representando

falsamente

que

era

abogado. A su vez, sostiene que el trabajo de Ramos Peña

--según

surge

del

contrato

de

servicios

profesionales

suscrito entre ambos-- era únicamente uno de asistencia,

sin obligación alguna de proveer o referir casos a su

oficina y sin establecerse cuota alguna de casos que tenía

que referir.

En específico y en lo aquí pertinente, el Canon 33 de

Ética Profesional, ante, “impone al abogado la obligación

de evitar la práctica de la abogacía y la notaría por

individuos no autorizados”. In re Gervitz Carbonnel, res.

el 28 de julio de 2004, 2004 T.S.P.R. 141. De este modo,

el Canon 33 establece varias actuaciones prohibidas a todo

abogado justificadas “no como un medio para eliminar la

competencia en la profesión legal, sino como un ejercicio

del poder de estado para la protección del público de

personas no cualificadas o no diestras”. Ibid.

38

CP-2003-13

Así

pues,

el

referido

Canon

33

prohíbe

que

un

abogado permita o facilite a una persona o entidad que no

esté

autorizada

jurisdicción

servicios

que

a

ejercer

cobre

total

profesionales

o

la

o

abogacía

en

nuestra

parcialmente

notariales

por

los

por

el

prestados

abogado; que permita que personas no autorizadas a ejercer

la

profesión

de

abogado

en

Puerto

Rico

suministren

cualquier clase de consejo legal a clientes del abogado o

de la firma legal aun cuando para ello dichas personas no

tengan que comparecer a los tribunales20; y que se una en

sociedad

con

una

persona

que

no

ha

sido

autorizada

a

ejercer la abogacía cuando cualquiera de las actividades

de la sociedad envuelva la práctica de la abogacía. 4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 33.

Por

otra

parte,

el

Canon

34

de

los

de

Ética

Profesional, ante, reglamenta lo relativo a la instigación

o gestión de pleitos. A esos efectos, el Canon 34, ante,

obliga a todo abogado a abstenerse de ofrecer, sin ser

requerido,

su

consejo

o

asesoramiento

legal

a

clientes

potenciales para iniciar reclamaciones judiciales, ya sea

directamente o a través de intermediarios. Véase: In re

Gervitz Carbonnel, ante; véase, además, In re Izquierdo

Stella, 154 D.P.R. 732, 733-734 (2001); In re de la Cruz

20

Es preciso señalar que lo anterior “no impide que el

abogado o la firma legal se asesore con una persona no

autorizada a ejercer la abogacía en Puerto Rico para

prestar un mejor servicio a cliente”. 4 L.P.R.A. Ap. IX,

C. 33.

39

CP-2003-13

Ríos, 147 D.P.R. 140, 141 (1998). De este modo, se prohíbe

“la solicitación de clientes de forma personal o a través

de intermediarios”. Ibid.

Con respecto a la referida disposición estatutaria,

este Tribunal ha establecido que “[s]u adopción responde,

en parte, a la antipatía que tradicionalmente ha mostrado

la profesión hacia la instigación de pleitos judiciales

por

parte

índole

de

abogados

pecuniaria”

generan

las

cuya

y,

exclusiva

asimismo,

actuaciones

de

“a

motivación

la

abogados

es

de

antipatía

que

encaminadas

a

gestionar su contratación en momentos en que los clientes

potenciales se encuentran en una situación angustiosa o de

debilidad emocional”. In re Izquierdo Stella, ante, a las

págs.

738-739

citando

a

In

re

Franco

Rivera

y

Masini

Soler, 134 D.P.R. 823 (1993); véase, además, In re Gervitz

Carbonnel, ante.21

No sólo incurre en conducta violatoria del Canon 33

aquel

abogado

que

permita

que

una

persona

ejerza

ilegalmente la abogacía sino que claramente viola dicho

Canon aquel jurista que comparte sus honorarios con una

persona que no es abogado. Eso fue precisamente lo que

21

De igual forma, hemos señalado que subyace en el texto

de dicho Canon “la noción de que la contratación de un

abogado debe ser realizada por un cliente de forma libera

y voluntaria, sin que éste tenga que ser persuadido

mediante promesas de éxito o presiones indebidas. Tal

contratación debe surgir del genuino convencimiento del

cliente de que su reclamación será atendida por el abogado

seleccionado de forma diligente”. In re Izquierdo Stella,

ante, a la pág. 739.

40

CP-2003-13

ocurrió

en

este

profesionales

caso.

Surge

del

contrato

pactado

entre

ambos,

que

de

servicios

el

licenciado

Franco Rivera expresamente acordó que Ramos Peña recibiría

una

suma

equivalente

al

cincuenta

por

ciento

de

sus

honorarios en las correspondientes disposiciones finales

de los casos que éste trabajara y del “retainer fee” que

se

le

solicitara

a

los

clientes.

Fue

justamente

éste

método de remuneración lo que generó un conflicto entre

ambos que culminó en la renuncia del querellado al caso de

Vázquez Pedrosa y de los demás demandantes. Siendo esto

así

concluimos

compartir

sus

que

el

honorarios

licenciado

Franco

profesionales

con

Rivera

al

Ramos

Peña

violó el Canon 33 de los de Ética Profesional, ante.

Igual conclusión se impone respecto a la violación al

Canon 34. Somos del criterio que los hechos del presente

caso,

y

la

suficientes

prueba

para

que

obra

establecer

en

que

el

el

expediente,

licenciado

son

Franco

Rivera violentó las disposiciones del referido Canon. No

hay duda que el caso de Vázquez Pedrosa llegó a la oficina

del

querellado

suficiente

referido

por

Ramos

Peña,

lo

cual

es

como prueba clara, robusta y convincente, para

concluir que el licenciado Franco Rivera tenía un acuerdo

con éste para proporcionarse casos.

VI

Por

los

fundamentos

anteriormente

expuestos,

resolvemos que el licenciado Franco Rivera incumplió con

41

CP-2003-13

los deberes que emanan de los Cánones 18, 19, 20, 33 y 34

de los Cánones de Ética Profesional y, a su vez, incumplió

con

la

prohibición

estatutaria

profesionales

a

trabajadores

reclamaciones

laborales.

anteriormente

este

de

no

cobrar

honorarios

cuando

están

envueltas

Tomando

Tribunal

en

tomó

consideración

acción

que

disciplinaria

contra dicho letrado22, consideramos procedente suspenderlo

del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra

jurisdicción por un período de tres (3) años.

Habiendo cobrado honorarios en violación a la antes

mencionada

prohibición,

se

instruye

a

José

R.

Franco

Rivera para que, de manera inmediata, proceda a devolverle

a Vázquez Pedrosa la suma de $1,500 y a pagarle una suma

equivalente en concepto de daños líquidos, luego de lo

cual

deberá

acreditarnos

ese

hecho

mediante

escrito

al

efecto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

22

En específico, anteriormente suspendimos al Lcdo. Franco

Rivera del ejercicio de la profesión por seis (6) meses

por incurrir en violaciones al Canon 35 de los de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. AP. IX, C.35.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

José R. Franco Rivera

CP-2003-13

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2006

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia

decretando la suspensión inmediata de José R.

Franco Rivera del ejercicio de la abogacía y de la

notaría en nuestra jurisdicción por un período de

tres (3) años.

Habiendo Franco Rivera cobrado honorarios en

violación a la antes mencionada prohibición, se le

instruye para que, de manera inmediata, proceda a

devolverle a José L. Vázquez Pedrosa la suma de

$1,500 y a pagarle una suma equivalente en concepto

de daños líquidos, luego de lo cual deberá

acreditarnos ese hecho mediante escrito al efecto.

Le imponemos a éste el deber de notificar a

todos sus clientes de su inhabilidad de seguir

representándolos e informar oportunamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

del País. Deberá certificarnos, además, dentro del

término de treinta (30) días, el cumplimiento de

estos deberes, notificando también al Procurador

General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal

procederá, de inmediato, a incautarse de la obra y

CP-2003-13

2

sello notarial de José R. Franco Rivera, luego de lo cual

la entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para

el examen y correspondiente informe a este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Hernández Denton concurrió en el resultado sin opinión

escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo