LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Romero Barceló y otros v. ELA

2006 TSPR 163

Poder Judicial de Puerto Rico

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Romero Barceló y otros v. ELA

CT-2006-0009

Ley de Justicia Contributiva de 2006; Interpretación de las Leyes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló, Peter

Muller, Hipólito Robles Rivera,

Antonio Pino Marina y otros

Certiorari

Demandantes-peticionarios

2006 TSPR 163

vs.

169 DPR ____

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá

en su capacidad de Gobernador,

Hon. Juan Carlos Méndez Torres,

En su capacidad de Secretario

de Hacienda

Demandados-recurridos

Número del Caso: CT-2006-9

Fecha: 10 de noviembre de 2006

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Charles A. Rodríguez Colón

Lcdo. Carlos Romero Barceló

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico:

Lcdo. Jorge E. Pérez Díaz

Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez

Lcda. Sara L. Vélez Santiago

Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Lcdo. Richard W. Markus

Lcdo. Manuel D. Herrero

Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales

Prouradora General Auxiliar

Senado de Puerto Rico

Lcdo. Ángel J. Vargas Carcaña

Lcdo. Kevin Miguel Rivera-Medina

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló, Peter

Muller, Hipólito Robles Rivera,

Antonio Pino Marina y otros

Demandantes-peticionarios

vs.

CT-2006-9

CERTIFICACIÓN

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá

en su capacidad de Gobernador,

Hon. Juan Carlos Méndez Torres,

en su capacidad de Secretario

de Hacienda

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2006

El 15 de noviembre de 2005, la delegación de

la

mayoría

de

la

Cámara

de

Representantes

de

Puerto Rico radicó el Proyecto de la Cámara 2193

--en adelante, el “Proyecto”-- con el objetivo de

establecer la Ley de la Justicia Contributiva de

2006. Mediante el mismo, como paso inicial hacia

una reforma contributiva de gran justicia social,

se pretendía establecer un impuesto sobre ventas,

uso y almacenamiento a una tasa contributiva de

7%.

A

esos

efectos,

el

referido

Proyecto

disponía:

Sección 7003 – Limitación para Fijar Impuestos

Ningún municipio o división política o

administrativa del Gobierno del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

podrá

imponer

o

recaudar

ningún

arbitrio

o

2

CT-2006-9

impuesto de venta local sobre cualquier artículo

de propiedad mueble tangible sujeto al pago de

impuestos

bajo

las

disposiciones

de

este

Subtítulo. Se exceptúa de esta disposición leal

[sic] impuesto sobre el volumen de negocio

autorizado por la Ley Núm. 113 de 10 de julio de

1974, según enmendada, conocida como “Ley de

Patentes Municipales”, cuya imposición por los

municipios

queda

expresamente

autorizada,

debiendo incluirse en el volumen de negocios las

operaciones mercantiles sobre los artículos

gravados por este Subtítulo, sin que dicho

volumen de negocios sea incrementado por el

importe del impuesto general a las ventas, uso y

consumo.

No obstante, cuando la aplicación de

la Ley de Patentes Municipales, conjuntamente

con la aplicación de este Subtítulo produzca una

situación

contributiva

insostenible

por

infringir alguna prohibición constitucional, si

dicha imposición fuere sostenible mediante la

imposición y cobro de uno solo de los impuestos,

prevalecerá

el

impuesto

fijado

en

este

subtítulo.

CAPITULO II- IMPUESTOS SOBRE VENTAS AL DETAL

Sección 7005almacenamiento

Impuestos

sobre

ventas,

uso

y

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos

prescritos [en] esta sección un impuesto sobre

toda transacción de venta al detal, incluyendo

las órdenes por correo, o transacción unitaria

de

propiedad

mueble

tangible

o

servicios

tributables, admisiones, su almacenaje, uso o

consumo en Puerto Rico y dicho impuesto se

pagará una sola vez, en el tiempo y en la forma

especificadas

en

el

Capítulo

V

de

este

Subtítulo.

(1) Cada unidad o artículo de propiedad

mueble tangible que se venda al detal en

Puerto Rico tributará a una tasa de 7% del

precio de venta.

(2)

Cada

artículo

de

propiedad

mueble

tangible, cuando el mismo no se venda pero se

use, consuma o almacene para su uso o consumo

en Puerto Rico tributará a una tasa de 7% del

precio de compra.

(3) Cada persona, natural o jurídica, que

efectúe pagos a otra persona por concepto de

servicios tributables prestados en o fuera de

Puerto Rico, según éstos se definen en este

3

CT-2006-9

Subtítulo, tributará a una tasa de 7% del

precio de venta. (Énfasis suplido).

Una vez presentado el Proyecto, éste se refirió a la

Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara de

Representantes

--en

adelante,

informe.

Luego

análisis

e

públicas

correspondientes1,

Comisión

presentó

su

la

de

el

informe.

“Comisión”-celebradas

20

de

En

las

junio

éste,

de

para

su

vistas

2006

la

recomendó

la

aprobación sin enmiendas de un Sustitutivo del Proyecto de

la Cámara 2193 –-en adelante, el “Proyecto Sustitutivo”.

Dicho Proyecto Sustitutivo --hoy convertido en ley2--, en

lo pertinente dispone que:

SUBTITULO BB – IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO

CAPITULO 2 – IMPOSICIÓN, COBRO Y PERSONA RESPONSABLE

Sección 2401 – Impuesto sobre Ventas

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos

establecidos en esta sección, un impuesto sobre

toda transacción de venta de una partida

tributable.

La aplicación del impuesto estará

sujeta a las exenciones concedidas en el

Capítulo 3 de este Subtítulo.

(b) La tasa contributiva será de un cinco punto

cinco (5.5%) del precio de venta de la partida

tributable

y

de

transacciones

combinadas.

(Énfasis nuestro).

1

Según surge de la demanda presentada en el caso de

epígrafe, la Comisión celebró sobre 47 vistas públicas y

ejecutivas entre el 3 de diciembre de 2005 y el 24 de mayo

de 2006.

2

Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006.

CT-2006-9

Sección 2402 – Impuesto sobre Uso

(a) Se impondrá, cobrará, y pagará, a los tipos

establecidos en esta sección, un impuesto sobre

uso, almacenaje o consumo de una partida

tributable en Puerto Rico.

(b) La tasa contributiva será de un cinco punto

cinco (5.5%) del precio de compra de la partida

tributable. (Énfasis nuestro).

Sección 2410 – Limitación para fijar impuestos

Excepto según se dispone en la Sección 6189,

ningún municipio, autónomo o no, del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, podrá imponer o

recaudar

arbitrio

o

impuesto

alguno

sobre

artículos, servicios, partidas tributables o

transacciones que estén sujetos o eximidos del

impuesto sobre ventas y uso establecido en este

Subtítulo, según establecido en la Sección 6188

del Subtítulo F.

SUBCAPÍTULO B – REGULACIÓN DE LAS DISPOSICIONES

RELACIONADAS A REPRESENTANTES CONTRIBUTIVOS ANTE

EL DEPARTAMENTO

Sección 6188 – Limitación para Fijar Impuestos

Excepto según se dispone a continuación o en la

Sección 6189, ningún municipio autónomo o no,

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá

imponer

o

recaudar

ninguna

contribución

o

impuesto

establecido

en

este

Código.

Se

exceptúan de esta disposición los arbitrios de

construcción y el impuesto sobre el volumen de

negocio autorizados por la Ley Núm. 81 de 30 de

agosto de 1991, según enmendada, conocida como

“Ley de Municipios Autónomos” y la Ley Núm. 113

de 10 de julio de 1974, según enmendada,

conocida como “Ley de Patentes Municipales”,

respectivamente,

cuya

imposición

por

los

municipios queda expresamente autorizada. No

obstante, cuando la aplicación de la Ley de

Municipios Autónomos y la Ley de Patentes

Municipales, conjuntamente con la aplicación de

este Código produzca una situación contributiva

insostenible por infringir alguna prohibición

constitucional,

si

dicha

situación

fuere

sostenible mediante la imposición y cobro de una

sola

de

las

contribuciones

o

impuestos,

prevalecerá la contribución o el impuesto fijado

en este Código. (Énfasis nuestro).

4

CT-2006-9

5

Sección 6189 – Imposición Municipal de Impuesto

de Ventas y Uso al Detal

A. Se autoriza a los Municipios a imponer un

impuesto sobre ventas y uso al detal de

conformidad con la autorización establecida

en la Sección 2410. Dicha contribución será

por una tasa contributiva de un uno punto

cinco (1.5) por ciento, a ser impuesta de

conformidad con la misma base, exenciones y

limitaciones contenidas en el Subtitulo BB

del Código, excepto que tributaran [sic]

sobre todos los alimentos, a ser establecida

e impuesta de manera uniforme por todos los

municipios de Puerto Rico mediante Ordenanza

Municipal al efecto. Así mismo, se tomaran

[sic] también en cuenta las áreas de campo

acopado [sic] Federal como otra excepción

autorizada.

La tasa del impuesto municipal de uno punto

cinco por ciento (1.5) se distribuirá en

forma proporcional de la siguiente manera:

i.

una tasa de uno punto dos por ciento

(1.2) para el municipio

ii.

una tasa de punto uno por ciento (.1)

para el Fondo de Mejoras Municipales

iii.

una tasa de punto dos por ciento (.2)

como una aportación Municipal al Fondo

General para alivios contributivos a

individuos … . (Énfasis nuestro).

Así las cosas, el 21 de junio de 2006 el Proyecto

Sustitutivo fue sometido a la consideración del pleno de

la Cámara de Representantes de Puerto Rico –-en adelante,

la “Cámara de Representantes”-- y éste fue aprobado con 31

votos a favor y 18 en contra.3 En esa misma fecha, la

Cámara de Representantes envió al Senado de Puerto Rico

–-en adelante, el “Senado”-- el texto de aprobación final

3

Previo a su aprobación, algunas porciones del mismo

fueron enmendadas en el Hemiciclo. Estas enmiendas en nada

afectaron las disposiciones aquí en cuestión y previamente

transcritas.

6

CT-2006-9

del Proyecto Sustitutivo y, el 25 de junio de 2006, éste

fue aprobado por el Senado --sin enmiendas-- con 23 votos

a favor y 2 en contra.4

Concluida la votación previamente señalada, surgieron

diferencias, de conocimiento público, respecto a la tasa

contributiva

que,

en

efecto,

se

impuso

mediante

la

referida pieza legislativa. Mientras que el Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, y el Presidente del

Senado, Hon. Kenneth McClintock, entre otros, entendieron

que el Proyecto Sustitutivo impone una tasa contributiva

total de un 7%, una mayoría de los miembros de la Cámara

de

Representantes

expresaron

que,

mediante

el

Proyecto

Sustitutivo aprobado, se estableció un impuesto a la venta

con

una

tasa

contributiva

única

y

total

de

5.5%,

distribuido en un 4% correspondiente al impuesto estatal y

un 1.5% correspondiente al impuesto municipal.5

El 4 de julio de 2006 el Gobernador firmó el Proyecto

Sustitutivo,

según

éste

fue

aprobado

por

la

Cámara

de

4

Dicha aprobación se emitió sin el previo informe de la

Comisión de Hacienda del Senado y sin la celebración de un

debate entre los miembros de dicho cuerpo.

5

Véase R. de la C. 5269 del 27 de junio de 2006 y R. Conc.

De la C. 81, las cuales se emitieron con el objetivo de

“reafirmar el propósito y la realidad legislativa del

Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 2193, mejor conocido

como ‘Ley de Justicia Contributiva de 2006’, para evitar

posibles mal interpretaciones al mismo; ratificar el

establecimiento de un impuesto a la venta con una tasa

única de cinco punto cinco por ciento (5.5%), distribuido

en cuatro por ciento (4%) correspondiente al impuesto

estatal y otro uno punto cinco por ciento (1.5%)

correspondiente al impuesto municipal”.

7

CT-2006-9

Representantes y el Senado el 21 y 25 de junio de 2006,

respectivamente.6

A

partir

de

ese

momento,

la

Rama

Ejecutiva ha tomado todas las medidas necesarias para la

imposición del impuesto estatal sobre la venta y el uso a

una tasa contributiva de 5.5%, a la cual, a partir del 15

de noviembre de 2006, se le sumará una tasa contributiva

de 1.5% correspondiente al impuesto municipal.7

Así pues, ante la inminente imposición de un impuesto

a la venta y al uso a una tasa contributiva total máxima

de 7%, Carlos Romero Barceló y Peter Muller Maldonado, en

calidad

de

contribuyentes

afectados,

y

los

demás

demandantes, en calidad de contribuyentes y pensionados

afectados,

presentaron

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, Sala de San Juan, una demanda sobre sentencia

declaratoria en contra del Estado Libre Asociado de Puerto

6

Previo a la firma del Gobernador, la Cámara de

Representantes aprobó un documento titulado “Sustitutivo

al Proyecto Cameral 2193 de Reforma Contributiva” con el

objetivo de reconsiderar y enmendar ciertas disposiciones

del Proyecto Sustitutivo dirigidas a establecer el monto

de la tasa contributiva. Una notificación al respecto fue

remitida al Senado, pero este cuerpo rehusó considerarla

y se negó a devolver el proyecto a la Cámara de

Representantes

para

su

reconsideración.

Ante

las

diferencias ocurridas entre ambos cuerpos legislativos,

incluyendo la negativa de remitirle al Gobernador el

proyecto aprobado para su correspondiente consideración y

firma, el Gobernador y el Hon. José Luis Dalmau Santiago

acudieron ante este Tribunal mediante recurso de mandamus.

Expedimos el auto de mandamus y ordenamos la remisión del

Proyecto Sustitutivo al Gobernador, según éste fue

aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, el

21 y 25 de junio de 2006, respectivamente. Acevedo Vilá v.

Aponte Hernández, res. el 3 de julio de 2006, 2006

T.S.P.R. 115.

7

Véase Reglamento 7230 del 13 de octubre de 2006.

8

CT-2006-9

Rico, el Hon. Aníbal Acevedo Vila, Gobernador de Puerto

Rico, y el Hon. Juan Carlos Méndez Torres, en su capacidad

de

Secretario

de

interpretación,

Hacienda.

En

alegadamente

ésta,

errónea,

impugnaron

que

la

la

Rama

Ejecutiva pretende poner en efecto al imponer una tasa

contributiva de 5.5% para el Estado y un 1.5% para los

municipios, para un impuesto total máximo sobre ventas y

uso de un 7%.

Solicitaron

que

interpretar

y

Contributiva

de

se

le

ordenara

a

cumplir

con

la

de

2006,

en

Ley

atención

a

los

demandados

la

la

Justicia

intención,

propósito e historial legislativo de la misma, a saber, el

establecimiento de un impuesto sobre ventas y uso con una

tasa única y total de un 5.5%, de cuyos recaudos el 4%

corresponde

al

municipios.8

A

estado

su

y

vez,

el

1.5%

adujeron

que

corresponde

la

a

los

interpretación,

alegadamente errónea y tergiversada de la mencionada Ley

por parte del Presidente del Senado y la Rama Ejecutiva,

incide sobre la Sección 17 del Artículo III de nuestra

Constitución,

la

cual

dispone,

en

síntesis,

que

todo

proyecto de ley para obtener rentas se originará en la

Cámara de Representantes y que el Senado podrá proponer

enmiendas

8

o

convenir

en

ellas.

Entienden

éstos

que

es

Solicitaron además la expedición, en su momento, de

cualquier remedio provisional o permanente, con el

objetivo de ordenarle a los demandados imponer un impuesto

sobre ventas y uso a una tasa contributiva total y única

de 5.5%.

9

CT-2006-9

contrario al propósito constitucional allí consagrado que

el

Senado

y

la

Rama

Ejecutiva

puedan

sustituir

la

intención legislativa de la Cámara de Representantes en un

proyecto de esta naturaleza.

Una

vez

expedidos

presentada

y

la

demanda

diligenciados

antes

los

esbozada

y

emplazamientos

correspondientes, el 31 de octubre de 2006 los demandantes

acudieron

ante

este

Tribunal

–-mediante

recurso

de

Certificación-- aduciendo que la intervención de este Foro

es

necesaria

dado

el

interés

publico

que

reviste

la

controversia involucrada.

Le concedimos a las partes hasta el martes, 7 de

noviembre de 2006, para que se expresaran.9 En vista de que

la controversia planteada en el presente recurso --sobre

cuál es la tasa contributiva que en realidad impone la Ley

Número 117 del 4 de julio de 2006-- es una de alto interés

público que debe ser resuelta en forma definitiva y sin

dilación alguna, ya que su fecha de vigencia es inminente;

que dicha controversia no sólo afecta, de manera directa,

el

presupuesto

puede

afectar

del

el

consumidor

crédito

del

puertorriqueño

Estado

Libre

sino

que

Asociado

de

Puerto Rico y, por ende, el futuro y bienestar de todos

los

9

puertorriqueños,

avalamos

la

solicitud

de

Posteriormente, le concedimos el mismo término a la

Cámara y al Senado de Puerto Rico para que expresaran sus

respectivas posiciones.

10

CT-2006-9

certificación

que

ante

este

Tribunal

radicaran

los

demandantes-peticionarios.

Contando con las comparecencias de las partes y las

posiciones

respecto

de

al

la

Cámara

recurso

de

Representantes

solicitado,

nos

y

el

Senado

encontramos

en

posición de resolverlo y procedemos a así hacerlo.

II

Aun cuando la parte demandada recurrida acepta, en su

comparecencia, la legitimación activa de los demandantespeticionarios y la justiciabilidad de la controversia ante

nuestra

consideración,

es

norma

reiterada

que

este

Tribunal, como celoso guardián de su jurisdicción, viene

obligado a considerar, motu propio o a petición de parte,

todo

asunto

relativo

a

su

jurisdicción,

pues

no

posee

discreción de asumirla allí donde no la hay. Morán Ríos v.

Martí

Bardisona,

res.

el

5

de

agosto

de

2005,

2005

T.S.P.R. 110; A.A.A. v. Unión, res. el 11 de diciembre de

2002,

2002

T.S.P.R.

149.

En

consecuencia,

y

previo

a

cualquier ulterior análisis, precisa analizar y determinar

si,

en

efecto,

las

partes

y

la

controversia

hoy

ante

nuestra consideración cumplen con ciertos requisitos de

justiciabilidad,

criterios

indispensables

de

nuestra

jurisdicción.

Sabido es que la jurisdicción de nuestros tribunales

se limita a aquellas instancias en que pueda precisarse la

existencia de un caso o controversia, pues “los tribunales

11

CT-2006-9

existen

únicamente

para

resolver

controversias

genuinas

surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en

obtener

un

remedio

que

haya

de

jurídicas”.

E.L.A.

v.

Aguayo,

afectar

80

sus

D.P.R.

relaciones

552,

558-

559(1958). En aras de proteger dicho principio, se han

desarrollado

ciertos

criterios

de

justiciabilidad

que

demarcan la facultad de los tribunales para entender en un

asunto traído ante sí. Entre éstos, la legitimación activa

de la parte que promueve el pleito y la madurez de la

controversia planteada.

A

Una parte posee legitimación activa si cumple con los

siguientes requisitos: 1) que ha sufrido un daño claro y

palpable; 2) que el daño es real, inmediato y preciso y no

uno abstracto o hipotético; 3) que existe conexión entre

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 4) que

la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución

o de una ley. Colegio de Peritos Electricistas v. A.E.E.,

150 D.P.R. 327 (2000); Asociación de Maestros v. Arsenio

Torres,

137

D.P.R.

528

(1994);

Hernández

Torres

v.

Hernández Colón, 129 D.P.R. 824 (1992); Hernández Agosto

v.

Romero

Arqueológica

Barceló,

v.

112

Depto.

D.P.R.

407

(1982);

Fundación

de

la

Vivienda,

109

D.P.R.

indispensable

que

el

alegado

387

(1980).

Resulta

daño

sea

uno

concreto y particular, pues un daño generalizado que el

12

CT-2006-9

demandante comparta con el resto de la ciudadanía impide

la configuración de su legitimación activa para promover

el

pleito.

Fundación

Arqueológica

v.

Depto.

de

la

Vivienda, ante. Véase, además, Warth v. Seldin, 422 U.S.

490

(1975).

carecen

de

Acorde

con

este

jurisdicción

requisito,

para

entender

los

tribunales

en

aquellas

reclamaciones en que el promovente, por su mera condición

de contribuyente, impugna un gasto del Estado, pues el

daño que éste pueda sufrir en calidad de contribuyente es

generalizado y compartido con el resto de la ciudadanía.

Véase, Frothingham v. Mellon, 262 U.S. 447 (1923).

En

Puerto

Rico,

dicha

prohibición

se

encuentra

regulada mediante legislación específica. Al respecto, la

Sección 3075 de la Ley de Pleitos contra el Estado, 32

L.P.R.A. § 3075, dispone:

3075.

Acción

del

contribuyente,

Jurisdicción de los tribunales

prohibida-

Ningún

tribunal

de

Puerto

Rico

tendrá

jurisdicción

para

conocer,

o

continuar

conociendo si se hubiera ya iniciado, bien en

primera instancia o en grado de apelación, de

ninguna acción o procedimiento en que se impugne

la validez o constitucionalidad de cualquier ley

o resolución de la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico o de cualquier actuación de un

funcionario público autorizada por ley de la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando el

demandante no alegue otro interés en la acción o

procedimiento, ni otra capacidad para demandar,

que la de ser contribuyente o representar a los

contribuyentes como clase y que, como tal, sufre

o pueda sufrir daños por virtud de dicha ley,

resolución o actuación.

13

CT-2006-9

No

obstante,

es

de

notar

que

la

prohibición

del

pleito del contribuyente no es absoluta. En el año 1968,

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció una

excepción a la norma y le reconoció legitimación activa al

contribuyente que impugne una asignación presupuestaria,

por

ésta

operar

en

violación

a

la

cláusula

de

establecimiento de la Primera Enmienda de la Constitución

Federal.

Flast

v.

Cohen,

excepción

fue

adoptada

en

Asociación

de

Maestros

v.

392

U.S.

83

nuestra

(1968).

Dicha

jurisdicción

Arsenio

Torres,

en

ante,

resolviéndose que la prohibición regulada en la Sección

3075

de

la

Ley

inaplicable

ante

de

Pleitos

reclamaciones

contra

en

el

que

Estado

un

adviene

contribuyente

impugna gastos públicos, por éstos operar en violación a

las

cláusulas

constitucionales

locales

contra

el

establecimiento de una religión y contra el uso de fondos

públicos para el sostenimiento de escuelas privadas.

De igual forma, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos

ha

reconocido

que

un

contribuyente

tiene

legitimación activa para impugnar una ley contributiva que

determina

Véase:

su

propia

Bacchus

efectos,

responsabilidad

Imports

v.

Dias,

468

como

U.S.

contribuyente.

263.

A

Laurence H. Tribe expone:

The doctrines limiting taxpayer standing furnish

another example of the policy against the

assertion of generalized grievances. A taxpayer

of course has standing to challenge the validity

or

application

of

a

taxing

statute

in

determining his or her own tax obligation. Less

obviously, in his or her capacity as a taxpayer,

esos

14

CT-2006-9

to challenge spending programs of the taxing

government, on the theory –or, more candidly,

the fiction- that a successful suit against such

a program can result in some decrease in the

litigant’s

taxes.

L.

H.

Tribe,

American

Constitutional Law, Third Edition-Volume One,

Foundation Press, New York, 2000, pág. 421.

(Énfasis nuestro).

A su vez, el Profesor Raúl Serrano Geyls nos ilustra:

La acción del contribuyente -–una forma de la

“acción

pública”

--tiene

dos

vertientes.

Primero, aquélla en la cual el ciudadano

cuestiona su obligación de pagar o el monto de

su aportación contributiva en un pleito para

obtener

reembolso

fundado

en

alegadas

infracciones de ley o de constitución. Segundo,

aquélla en la cual la persona impugna un acto

del gobierno como inconstitucional y alega, como

razón para probar su interés de litigante, que

él contribuye, mediante el pago de impuestos, al

sostenimiento económico del acto alegadamente

inconstitucional. En ese caso, el ciudadano

litiga como uno de miles de contribuyentes que

aportan una suma al Tesoro Público, del cual

sale el dinero que se utiliza para ese gasto

calificado como inconstitucional. En esa acción

el litigante no sufre daño directo personal, ya

que gane o pierda no se le reducirá ni se le

devolverá su contribución. ... R.S. Geyls,

Derecho Constitucional de Estados Unidos y

Puerto Rico, Volumen 1, Colegio de Abogados de

Puerto Rico, Instituto de Educación Práctica,

Inc., 1986, pág. 132.

En el presente caso, todos los demandantes impugnan

la

pieza

legislativa

contribuyentes

en

afectados.10

cuestión

en

calidad

de

La

legislativa

que

pieza

10

Algunos de los demandantes impugnan la pieza legislativa

en controversia en calidad de pensionados afectados.

Aducen que la tasa contributiva que la Rama Ejecutiva

pretende

imponer

afecta

sus

respectivas

finanzas

personales y el poder adquisitivo de sus pensiones. A base

de la doctrina previamente esbozada, entendemos que estos

no poseen legitimación activa por la mera condición de

(Continúa . . .)

15

CT-2006-9

impugnan,

sin

duda

alguna,

es

una

que

determina

la

responsabilidad de éstos como contribuyentes. Ello implica

que bajo la doctrina establecida en Bacchus Imports v.

Dias,

ante,

y

avalada

por

los

tratadistas

previamente

citados, los demandantes en cuestión poseen legitimación

activa para impugnar la Ley de la Justicia Contributiva de

2006,

según

ésta

ha

sido

interpretada

por

la

Rama

Ejecutiva.

En el pasado, hemos sido flexibles al interpretar los

requisitos

sobre

legitimación

activa.

Asociación

de

Maestros v. Srio. del Depto. de Educación, 156 D.P.R. 754

(2002); Colegio de Ópticos v. Vani Visual, 124 D.P.R. 559

(1989). Hoy damos ejemplo de ello y avalamos en nuestra

jurisdicción la legitimación activa de un contribuyente

para

impugnar

una

ley

responsabilidad

en

tal

contributiva

carácter.

A

que

determina

diferencia

de

su

otros

casos en que se les ha negado legitimación activa a los

contribuyentes, aquí los demandantes no impugnan un gasto

del

Estado

contrario.

legislativa

o

Los

una

asignación

aquí

impositiva

presupuestaria.

demandantes

de

una

impugnan

Todo

una

contribución

lo

pieza

y

la

interpretación que finalmente se le brinde a ésta incide

de modo definitivo sobre la responsabilidad contributiva

_________________________

pensionados afectados. El daño alegado es uno generalizado

compartido con la ciudadanía en general, pues igual que a

los pensionados, los asalariados verán afectadas sus

respectivas finanzas y el poder adquisitivo de sus

salarios.

16

CT-2006-9

de éstos. En ello, precisamente, recae el daño real y

concreto requerido.

De

ser

ciertas

las

alegaciones

esbozadas

en

la

demanda, y no reconocer la jurisdicción de este Tribunal

por falta de legitimación activa, éstos vendrán obligados

a asumir el pago de un impuesto sobre la venta y el uso a

una tasa contributiva alegadamente distinta a la realmente

impuesta por el legislador. Es para estas circunstancias

particulares

que

se

ha

reconocido

la

facultad

de

los

tribunales de interpretar los estatutos aprobados por la

Asamblea Legislativa.

Negarles

calidad

legitimación

de

contribuyentes,

particulares

del

función

máximo

de

activa

presente

a

ante

caso,

intérprete

los

demandantes

las

circunstancias

sería

de

abdicar

los

en

nuestra

estatutos

sin

justificación de envergadura que nos obligue a decretar

nuestra

falta

implicaría,

de

jurisdicción.

incluso,

avalar

la

Resolver

lo

contrario

inimpugnabilidad

de

estatutos de esta naturaleza, pues aquellos a quienes más

afectan,

entiéndase

los

contribuyentes,

no

tendrían

legitimación para impugnarlas.11

11

Resulta pertinente señalar que ni la Ley 117 ni el

Reglamento proveen un remedio en ley para la impugnación

de la contribución impuesta o el reembolso del pago hecho

en exceso a la tasa contributiva establecida en el

estatuto.

17

CT-2006-9

Confirmada la legitimación activa de los demandantespeticionarios, pasamos a analizar y determinar la madurez

de la presente controversia.

B

Sabido es que la presentación prematura de una acción

también incide sobre la jurisdicción de los tribunales.

La

madurez

se

enfoca

en

la

proximidad

temporal

o

inminencia del daño alegado y debe examinarse mediante un

análisis

dual:

si

apropiada

para

resolución

suficiente

para

determinante

es

la

controversia

judicial

requerir

que

la

sustantiva

es

una

y

daño

es

si

adjudicación.

controversia

el

“El

esté

factor

definida

concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en

sus méritos”. Marie Rexach v. Ramírez Vélez, res. el 15 de

junio de 2004, 2004 T.S.P.R. 97. “Todo lo que se necesita

para asegurar que un caso está maduro es que el evento

contemplado

...

con

toda

probabilidad

va

a

ocurrir”.

Comisión v. Giménez Muñoz, 109 D.P.R. 715 (1980).

El criterio de “madurez” no implica que una parte

deba esperar a que un estatuto aprobado entre en vigencia

para

impugnarlo.

ostenta,

como

A

esos

efectos,

mecanismo

nuestro

remedial,

la

ordenamiento

sentencia

declaratoria, Regla 59 de las de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A.

Ap.

III.

“La

sentencia

declaratoria

es

un

mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante

18

CT-2006-9

los

tribunales,

potencial

siempre

contra

el

y

cuando

promovente”.

exista

un

peligro

Sánchez

v.

Sec.

De

Justicia, 157 D.P.R. 360, 383-384 (2002).

La persona que presenta una solicitud de sentencia

declaratoria se encuentra a su vez sujeto al cumplimiento

de

los

criterios

de

legitimación

activa,

por

lo

cual,

deberá establecer la existencia o inminencia de un daño

claro

y

real.

Sánchez

v.

Sec.

De

Justicia,

ante.

La

aprobación del estatuto y su eventual vigencia debe ser

definitiva, de lo contrario la causa de acción presentada

para impugnarlo no estará madura, ello por no presentar

una

controversia

real

de

naturaleza

justiciable

que

requiera un pronunciamiento judicial. Véase, Asociación de

Guardias

Penales

v.

Sec.

De

Justicia,

87

D.P.R.

711

(1963). Impugnada oportunamente la interpretación de un

estatuto mediante un recurso de sentencia declaratoria, y

establecida

la

legitimación

activa

del

promovente,

la

función del tribunal se remite al alcance e interpretación

del mismo. P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8 (1981).

Una

somos

de

encuentra

vez

analizados

la

opinión

madura

para

los

que

la

criterios

la

presente

antes

esbozados,

controversia

correspondiente

se

adjudicación

judicial mediante el mecanismo de sentencia declaratoria.

Es de conocimiento público que la Rama Ejecutiva ha tomado

las medidas necesarias para la imposición de un impuesto

estatal a una tasa contributiva de un 5.5%, la cual a

partir del 15 de noviembre de 2006 se unirá a una tasa

19

CT-2006-9

contributiva

municipal.

de

La

1.5%

correspondiente

reglamentación

necesaria

al

por

impuesto

parte

del

Departamento de Hacienda ya ha sido aprobada. Sólo resta

la

llegada

de

la

fecha

de

vigencia

de

la

Ley

de

la

Justicia Contributiva de 2006, a saber, el 15 de noviembre

de

2006,

para

que

ésta

entre

en

vigor,

según

ha

sido

interpretada por la Rama Ejecutiva. Tanto la aprobación

como la vigencia de la mencionada pieza legislativa es

definitiva y su inminente aplicación reviste de concreción

y

de

madurez

a

la

reclamación

presentada

por

los

demandantes-peticionarios. Ello, unido a la legitimación

activa previamente reconocida, nos permite dedicarnos, de

lleno,

a

la

interpretación

de

la

Ley

de

la

Justicia

Contributiva de 2006.

III

El Artículo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 14,

dispone

que

“cuando

la

ley

es

clara

y

libre

de

toda

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada

bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. En virtud de

dicho

mandato,

al

interpretar

un

estatuto,

debemos,

de

entrada, remitirnos al texto de la ley, pues cuando el

legislador

se

ha

inequívoco,

el

texto

excelencia

de

toda

manifestado

de

la

intención

ley

en

es

lenguaje

la

legislativa.

claro

expresión

Véase:

e

por

Ortiz

López v. Mun. de San Juan, res. el 20 de abril de 2006,

2006 T.S.P.R. 64; Departamento de Hacienda v. Telefónica

20

CT-2006-9

Larga Distancia de Puerto Rico, res. el 17 de marzo de

2005, 2005 T.S.P.R. 32; Irizarry v. Johnson & Johnson, 150

D.P.R. 155 (2000); Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., Inc.,

144 D.P.R. 734 (1999); Rojas v. Méndez & Co., 115 D.P.R.50

(1984). Debido a ello, “... cuando una ley es clara y no

es ambigua no hay necesidad de mirar más allá de la letra

en

búsqueda

de

la

intención

legislativa”.

Véase:

Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia de

Puerto Rico, ante; Rosario Toledo v. Distribuidora Kikuet,

Inc., 151 D.P.R. 634 (2000). Debemos descubrir y darle

efecto a la intención expresada mediante la letra de la

ley.

En

el

cumplimiento

de

esta

función,

“resulta

necesario que en la interpretación se [armonicen], hasta

donde sea posible, todas las disposiciones de la ley con

el

propósito

lógica

y

de

lograr

razonable

de

una

la

interpretación

intención

integrada,

legislativa”. Matos

Matos v. Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores,

res. el 20 de septiembre de 2005, 2005 T.S.P.R. 138. Las

disposiciones de una ley no deben ser interpretadas de

manera

aislada,

consideración

sino

analizadas

integralmente

todo

en

conjunto

su

tomando

contexto.

en

Véase:

Municipio de San Juan v. Banco Gubernamental de Fomento,

140 D.P.R. 873 (1996).

A la luz de las reglas de hermenéutica legal antes

esbozadas, pasamos a resolver la controversia en cuestión.

21

CT-2006-9

Los peticionarios aducen, en síntesis, que el texto

de la Ley de la Justicia Contributiva de 2006 es por demás

ambiguo,

razón

por

la

cual

nos

remiten

al

historial

legislativo en busca de la “intención legislativa”. A esos

efectos, sostienen que mediante dicha Ley el legislador

tuvo la intención de establecer un impuesto a la venta con

una

tasa

única

correspondiente

de

al

5.5%,

distribuido

en

estatal

otro

impuesto

y

un

4%

1.5%

correspondiente al impuesto municipal. No les asiste la

razón. De un análisis ponderado de la pieza legislativa en

cuestión, surge que la intención legislativa, según ésta

se encuentra expresada en el texto claro de la Ley, es la

imposición de un impuesto sobre las ventas y el uso a una

tasa contributiva total máxima de 7%. Veamos.

La Ley de la Justicia Contributiva de 2006 regula el

impuesto

estatal

y

el

impuesto

municipal

mediante

artículos independientes. En la Sección 2410 establece un

impuesto sobre las ventas y el uso a una tasa contributiva

base de un 5.5%.

de

dicho

virtud

de

Los fondos que se obtengan por el pago

5.5%

pertenecen

al

Estado

lo

dispuesto

en

la

Libre

Sección

Asociado,

2405

(c)

en

del

estatuto.12 En la Sección 6189 se autoriza a los municipios

a imponer un impuesto a una tasa contributiva de 1.5%,

12

Sección 2405 (c): “... Los impuestos que se fijan por

este Subtítulo advendrán fondos del Estado Libre Asociado

al momento de cobrarse”.

22

CT-2006-9

cuyos

recaudos,

por

mandato

de

la

Sección

6189

A,

corresponden a los municipios.13

A su vez, en la Sección 2406, la cual forma parte del

Subtítulo BB

sobre el impuesto a las ventas y al uso, se

exime al comerciante, en casos en que sea impráctico, de

exponer por separado el precio de la venta y el impuesto

total cobrado en el recibo, factura o documento similar.

A esos efectos y para poder eventualmente calcular la suma

correspondiente al impuesto total cobrado, el Inciso (b)

de dicha Sección dispone que: “... los impuestos a ser

pagados

sobre

partidas

tributables

serán

calculados

restando del total de las ventas brutas para el periodo de

reporte aplicable, el total de las ventas tributables para

el mismo periodo. Las ventas tributables se determinarán

dividiendo las ventas brutas entre un uno punto cero siete

(1.07)”. (Énfasis nuestro). Según se colige del texto, en

la

ecuación

a

realizarse

debe

utilizarse

como

variable

1.07, la cual en estricta matemática corresponde a una

tasa contributiva total de 7%, situación o posición que,

como

veremos

más

adelante,

es

aceptada

por

los

demandantes-peticionarios.

13

Sección 6189 A: “La tasa del impuesto municipal de uno

punto cinco por ciento (1.5) se distribuirá en forma

proporcional de la siguiente manera: i. una tasa de uno

punto dos por ciento (1.2) para el municipio; ii. una tasa

de punto uno por ciento (.1) para el Fondo de Mejoras

Municipales; iii. una tasa de punto dos por ciento (.2)

como una aportación Municipal al Fondo General para

alivios contributivos a individuos...”. (Énfasis nuestro).

23

CT-2006-9

Armonizadas

las

disposiciones

antes

expuestas,

resulta totalmente incompatible con el texto claro de la

Ley

117

entender,

según

peticionarios,

que

municipal

encuentra

se

el

1.5%

aducen

los

demandantes-

correspondiente

comprendido

al

dentro

impuesto

del

5.5%

establecido en la Sección 2410. Por mandato expreso de la

Sección 2405 (c), los recaudos obtenidos en pago del 5.5%

pertenecen,

en

su

totalidad,

al

Estado

Libre

Asociado.

Por tanto, incluir el 1.5% de la Sección 6189 dentro del

5.5% de la Sección 2410, tendría el efecto de negarles a

los municipios el derecho a utilizar los fondos que la

propia Ley 117 les reconoce en la Sección 6189 A.

Sabido es que los municipios poseen una personalidad

jurídica

propia

e

independiente

a

la

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, por lo cual, bajo ninguna regla

de hermenéutica legal aplicable, podemos concluir que el

legislador, al destinar los recaudos del 5.5% al Estado

Libre Asociado, incluyó a los municipios dentro de dicho

mandato. Ello sería darle un significado diferente a las

palabras utilizadas por el legislador.

La

única

interpretación

integrada,

lógica

y

razonable, de la Ley 117 de 2006, es la imposición de un

impuesto estatal a una tasa contributiva base de 5.5%, a

la cual debe sumarse una tasa contributiva, separada e

independiente,

de

1.5%

correspondiente

al

impuesto

municipal, para una tasa contributiva total máxima de 7%.

24

CT-2006-9

Dicha

interpretación

es

una

correcta

en

estricto

derecho, pues sabido es que las disposiciones de una ley

no

deben

ser

analizadas

en

interpretadas

de

manera

conjunto

tomando

en

aislada,

sino

consideración

integralmente todo su contexto. El texto de la citada Ley

117 es claro, por lo cual decretamos la validez de la

intención que surge de éste, sin necesidad de ir más allá

de la letra de la ley. Véase: Departamento de Hacienda v.

Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, ante; Rosario

Toledo

v.

Distribuidora

Kikuet,

Inc.,

151

D.P.R.

634

(2000).

Incluso,

reconoció,

la

propia

Cámara

indirectamente,

la

de

Representantes

interpretación

aquí

decretada. Recordaremos que, luego de aprobado el Proyecto

Sustitutivo, la Cámara de Representantes, en un intento de

reconsiderar

y

enmendar

el

texto

aprobado

por

ambos

cuerpos legislativos, propuso añadir en el cuerpo de la

Ley 117 que el 5.5% comprende una tasa contributiva única

y total (4% para el Estado y 1.5% para los Municipios) y

eliminar de la Sección 2406 (b) el 1.07 y sustituirlo por

1.055. Ese intento no es más que un acto afirmativo de

reconocimiento de que la Ley 117, según aprobada, impone

mediante su texto una tasa contributiva total máxima de

7%.

Ahora bien, aun cuando los peticionarios aceptan que

la Sección 2406 (b) --referente a la ecuación del 1.07-hace referencia a la tasa contributiva del 7%, alegan que

25

CT-2006-9

la

misma

proviene

del

proyecto

original

y

que

dicha

Sección se mantuvo por error en el Proyecto Sustitutivo

aprobado. Aducen en apoyo a su señalamiento que en el

Reglamento 7230, mediante el artículo correspondiente a la

Sección 2406 (b), el Secretario de Hacienda utiliza como

variable el 1.055. Entienden que ello refleja el error en

la Sección 2406 (b).

No les asiste la razón. En primer lugar, sabido es

que al interpretar el texto de una ley no debemos acudir a

las

razones

intrínsecas

que

motivaron

a

que

éste

se

redactara en la forma en que lo fue. Nuestra función se

limita al texto claro de la Ley.

De otra parte, de un análisis integrado y armonioso

de

las

disposiciones

señaladas,

entendemos

que

la

referencia al 7% en la mencionada Sección no corresponde a

un mero error u omisión. Ello en vista de que, mientras en

la Ley de la Justicia Contributiva el legislador reguló

tanto el impuesto estatal como municipal, en el Reglamento

7230 el Secretario de Hacienda se limitó a regular el

impuesto estatal, por lo cual resulta razonable que en la

Ley

la

ecuación

corresponde

a

la

se

hiciese

suma

de

a

base

ambas

de

tasas

un

7%,

pues

contributivas

reguladas en dicha pieza.

Por el contrario, debido a que las disposiciones del

Reglamento 7230 se limitan a regular el impuesto estatal,

resulta razonable que en dicho Reglamento el Secretario de

Hacienda se limitara a incluir la variable correspondiente

26

CT-2006-9

a la tasa contributiva del impuesto estatal, entiéndase,

5.5%. El propio Reglamento exceptúa el impuesto municipal

de

dicha

ecuación

y

les

impone

a

los

comerciantes

la

responsabilidad de cumplir con el pago de lo impuestos

pertenecientes a los municipios.14

En fin, del texto de la Ley --el cual resulta ser la

máxima

expresión

de

la

intención

legislativa--

surge

claramente que se estableció una tasa contributiva máxima

total de 7%, 5.5% correspondiente al impuesto estatal y un

1.5% correspondiente al impuesto municipal.15

14

Artículo 2406-1 (b): “... Excepto en el caso de pagos

de

impuestos

relacionados

a

ventas

realizadas

en

municipios para los cuales el Departamento actúe como

cobrador

y

administrador

centralizado,

las

ventas

tributables se determinarán dividiendo las ventas brutas

entre 1.055, quedando como responsabilidad del comerciante

u operador de la máquina dispensadora el cumplimiento con

su obligación, si alguna, de pago a un municipio”.

15

Aunque lo previamente expresado dispone de la presente

controversia, resulta pertinente señalar que un estudio de

la exposición de motivos de la Ley de la Justicia

Contributiva de 2006 confirma la determinación a la que

hemos llegado. Mediante la misma el legislador nos remite

a los sistemas tributarios de distintas jurisdicciones de

los Estados Unidos, especialmente, al sistema tributario

de la Florida. A esos efectos, el legislador expresó:

“En el análisis de esta medida se consideraron

los sistemas tributarios de varios estados,

entre ellos, Hawaii, Nueva York y Florida.

Mayormente, nuestro IVU ha seguido el modelo del

impuesto sobre ventas y uso de la Florida por

las siguientes razones: (i) es ampliamente

conocido que por muchos años los puertorriqueños

han visitado y vacacionado en el Estado de la

Florida, por lo cual han experimentado el IVU

fijado por la Florida; (ii) en años recientes,

un número considerable de puertorriqueños se han

establecido en dicho estado pero mantienen

vínculos estrechos con Puerto Rico y viajan

frecuentemente a la Isla y pueden compartir su

(Continúa . . .)

27

CT-2006-9

IV

En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que la Ley

de la Justicia Contributiva de 2006 establece un impuesto

sobre las ventas y el uso a una tasa contributiva total

_________________________

experiencia con el IVU impuesto en Florida; y

(iii) la experiencia positiva de Florida con su

sistema de IVU ha permitido que no se le

impongan a los individuos contribución sobre sus

ingresos, logrando a su vez altos recaudos para

el erario público.”

La ley contributiva del estado de la Florida, muy

similar a la Ley de la Justicia Contributiva de 2006,

establece un impuesto sobre las ventas y el uso mediante

dos tasas contributivas separadas e independientes, una

correspondiente al estado y otra correspondiente a los

municipios o “counties”; al igual que en nuestra Ley

contributiva, se regulan ambas tasas mediante artículos

independientes.

Mientras

que

en

su

Sección

212.05

establece un impuesto sobre las ventas y el uso a una tasa

contributiva base de 6%, en las Secciones 212.054 y

212.055

autoriza

a

los

municipios

o

“counties”

a

establecer un impuesto a una tasa contributiva de hasta un

1.5%.

A pesar de estar regulada mediante la misma pieza

legislativa, la tasa contributiva municipal es una

independiente y separada de la tasa contributiva base de

6% y la misma no se entiende comprendida dentro del 6%.

“Florida has a base tax rate of 6%. Local taxes are in

addition to this base rate.” State of Florida Department

of Revenue, History of Local Sales Tax and Current Rates,

2006,

http://taxlaw.state.fl.us.

Igual

estructura

e

interpretación recibe el estatuto contributivo del Estado

de Nueva York. Véanse Artículos 28 y 29 del Tax Law del

Estado de Nueva Cork, Secciones 1101-1264.

Al utilizar como modelo los sistemas tributarios

antes descritos y, al igual que éstos, establecer un

impuesto

estatal

y

municipal

mediante

artículos

independientes, la única interpretación lógica y razonable

del texto de la Ley 117 es que nuestro legislador tuvo la

intención de establecer un impuesto sobre las ventas y el

uso

mediante

dos

tasas

contributivas

separadas

y

distintas, y que la tasa correspondiente al impuesto

municipal

no

se

encuentra

comprendida

en

el

5.5%

establecido en la Sección 2401 de dicha Ley.

28

CT-2006-9

máxima de 7%; 5.5% correspondiente al impuesto estatal y

un 1.5% correspondiente al impuesto municipal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló, Peter

Muller, Hipólito Robles Rivera,

Antonio Pino Marina y otros

Demandantes-peticionarios

vs.

CT-2006-9

CERTIFICACIÓN

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá

en su capacidad de Gobernador,

Hon. Juan Carlos Méndez Torres,

en su capacidad de Secretario

de Hacienda

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2006

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, se resuelve que la Ley de la

Justicia

Contributiva

de

2006

establece

un

impuesto sobre las ventas y el uso a una tasa

contributiva

total

máxima

de

7%;

5.5%

correspondiente al impuesto estatal y un 1.5%

correspondiente al impuesto municipal.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribual

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió

Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez emitió Opinión Disidente. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión

Disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló, Peter

Muller, Hipólito Robles Rivera,

Antonio Pino Marina y Otros

Demandantes-Peticionarios

vs.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá

en su capacidad de Gobernador,

Hon. Juan Carlos Méndez Torres

en su capacidad de Secretario

de Hacienda

CT-2006-9

Certificación

Demandados-Recurridos

Opinión de Conformidad

BERLINGERI.

emitida

por

el

Juez

Asociado

SEÑOR

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2006.

Estoy conforme con la Opinión emitida por la

mayoría del Tribunal en el caso de autos. Comparto

plenamente lo que allí se dispone y los fundamentos

en que se apoya el dictamen mayoritario. No obstante,

deseo hacer hincapié brevemente en dos aspectos del

asunto

que

ante

nuestra

consideración.

aquí

nos

concierne

sólo

resolverla

con

finalidad

y

La

este

por

su

controversia

Tribunal

puede

importancia

es

menester que no quede duda alguna sobre los sólidos

fundamentos de lo que hoy dictaminamos.

En

primer

lugar,

debe

quedar

claro

que

lo

dispuesto en el Art. 14 del Código Civil de Puerto

CT-2006-9

2

Rico, no es meramente una norma de nuestro propio sistema

legal, sino que es también un principio general de Derecho.

La norma que establece ese Artículo, de que si el texto de

una

ley

es

claro,

menospreciada

por

la

una

letra

de

supuesta

ésta

no

intención

puede

ser

legislativa

contraria a la letra, ha sido reconocida reiteradamente en

la

jurisdicción

Supremo

de

federal,

Estado

incluso

Unidos.

El

por

más

el

propio

Tribunal

alto

foro

judicial

americano lo ha señalado así:

“... We have stated time and again that courts

must presume that a legislature says in a statute

what it means and means in a statute what it says

there.

When

the

words

of

a

statute

are

unambiguous, then, this first canon is also the

last: ‘judicial inquiry is complete’”.

Barhart

v.

Sigmon

Coal

Co.,

Inc.,

534

US

438,

460-62

(2002). Véase, además, Oncale v. Sundowner Offshare Servs.,

523 US 75, 79 (1998); Ratzlaf v. U.S., 510 US 135, 147-148

(1994); US v. Missouri Pac R & Co., 278 US 269, 278 (1929);

Recording Indus. Ass. of Amer. Inc. v. Verizon Internet

Servs.

Inc.,

351

F

2d

1229,

1237

(D.C.

Cir.

2003);

Stromberg Metal Works, Inc. v. Press Mechanical, Inc., 77 F

3d 928, 931 (7th Cir. 1996);

Eagle Pitcher Industries, Inc.

v. U.S. Environmental Protection Agency, 759 F 2d 922, 929

(1985).

Una reconocida autoridad en estos asuntos ha expresado

el aludido principio general de Derecho palmariamente:

“Where the terms of a statute are clear...,

the legislative intent must be derived from it,

even if the intent expressed conflicts with the

CT-2006-9

3

purpose of the statute as set forth in committee

reports.”

Norman J. Singer, 2A Sutherland Statutory Construction, §

48.6 (6th ed.)

No puede haber duda, pues, que el propio texto de la

ley,

cuando

éste

es

definitiva

de

la

legislador.

No

puede

legislativa

para

claro,

constituye

intención

que

invocarse

menoscabar

expresión

finalmente

otra

lo

la

que

tuvo

el

supuesta

intención

la

en

ley

sí

literalmente dispone de manera clara.

II

Lo otro que se debe enfatizar es que en cuanto a la

cuestión concreta que nos concierne en el caso de autos, el

lenguaje de la ley es claro. Por un lado, se establece un

impuesto

estatal

de

5.5%

y

por

otro

se

faculta

a

los

municipios a establecer un impuesto separado de 1.5%. No

hay

base

alguna

en

el

texto

del

estatuto

para

una

interpretación distinta sobre estos extremos. De hecho, el

4%

de

impuesto

estatal

invocado

por

las

partes

peticionarias no se menciona en ningún lado de la ley, ni

siquiera indirectamente. Sencillamente, no hay referencia

alguna a un supuesto impuesto estatal de 4% en la ley en

cuestión.

Es por todo lo anterior que debemos coincidir aquí con

lo expresado por un alto foro judicial federal de manera

pertinente:

CT-2006-9

4

“It is elementary in the law of statutory

construction

that,

absent

ambiguity

or

unreasonable result, the literal language of a

statute

controls

and

resort

to

legislative

history is not only unnecessary but improper.”

Montgomery Charter Serv. Inc. v. Washington Metropolitan

Area Transit Comm’n, 325 F. 2d 230, 233 (D.C. Cir. 1963).

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló y otros

Demandantes Peticionarios

v.

CT-2006-009

E.L.A. y otros

Demandados Recurridos

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2006.

La Opinión Mayoritaria interpreta el alcance

de la Ley Núm. 11716, a los efectos de que faculta

al gobierno central a cobrar un cinco punto cinco

(5.5%) por ciento por concepto del IVU, a la vez

que

permite

punto

cinco

que

los

(1.5%)

referido impuesto.

municipios

por

ciento

cobren

en

un

uno

virtud

del

Respetuosamente disentimos.

I

El 15 de noviembre de 2005, la delegación

mayoritaria de

la Cámara

de

Representantes de

Puerto Rico, en adelante delegación

compuesta por legisladores

16

electos

Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006.

mayoritaria,

CT-2006-9

2

por el Partido Nuevo Progresista, en adelante PNP, radicó el

Proyecto de la Cámara 2193, en adelante el P. de la C. 2193,

para establecer la “Ley de Justicia Contributiva de 2006.”17

El

propósito de la legislación era, entre otros, autorizar el cobro

de un siete (7%) por ciento en las ventas al detal, por concepto

del Impuesto sobre Ventas y Uso, en adelante IVU.

C.

2193

fue

referido

a

la

Comisión

de

Hacienda

El P. de la

y

Asuntos

Financieros de la Cámara de Representantes, en adelante Comisión

de

Hacienda,

para

que

ésta

realizara

los

correspondientes

estudios, análisis y recomendaciones previo a su aprobación.

Como parte de sus trabajos legislativos, la Comisión de Hacienda

realizó, entre los meses de febrero a mayo de 2006, alrededor de

treinta y cinco (35) vistas públicas para evaluar los méritos

del P. de la C. 2193.18

Luego de efectuadas las referidas vistas, el 20 de junio

de 2006, la delegación mayoritaria del PNP en la Cámara radicó

un

Proyecto

Sustitutivo

para

dejar

sin

efecto

diversas

disposiciones contenidas en el P. de la C. 2193, en

17

Proyecto de la Cámara de Representantes Núm. 2193, Apéndice

del recurso de Certificación, págs. 170-246.

18

Presentación P. de la C. 2193, Apéndice del recurso de

Certificación, págs. 607-610. Depusieron los siguientes:

Departamento de Hacienda, Banco Gubernamental de Fomento,

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Colegio de

Contadores Públicos Autorizados, Asociación de Bancos de

Puerto

Rico,

Departamento

de

Asuntos

al

Consumidor,

Asociación de Industriales, Asociación de Economistas de

Puerto Rico, Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras, Cámara de Comercio de Puerto Rico, Colegio de

Abogados de Puerto Rico.

CT-2006-9

3

adelante Proyecto Sustitutivo.19

El Proyecto Sustitutivo

dispuso, en lo pertinente, para el cobro de un IVU total

de cinco punto cinco (5.5%) por ciento.

La Comisión de Hacienda radicó, conjuntamente con el

Proyecto Sustitutivo,

un extenso Informe Positivo,

mediante

el cual describía detalladamente el alcance, la intención,

así como el propósito del Proyecto

Sustitutivo al establecer

un impuesto a las ventas al detal.20

Por tal razón, a las

páginas 40 y 41 del Informe, en lo pertinente, la Comisión

de Hacienda puntualizó lo siguiente:

D- Aspectos Relevantes Concluyentes sobre

Reforma Contributiva

Como

resultado

de

los

análisis

efectuados sobre el Proyecto de

Reforma Contributiva, en adición a

los cambios técnicos del cambio de

un sistema de arbitrios a uno de

impuestos sobre las ventas al detal

(IVD),

presentaremos

los

puntos

relevantes

de

esta

pieza

legislativa.

Sustituye

el

sistema

de

arbitrios por un impuesto general

sobre venta al detal de 5.5% (4%

para el Estado y 1.5% para los

municipios). (Énfasis suplido).

E- Sobre el Impuesto a las Ventas

Luego

de

atendidos

todos

los

escenarios sobre la determinación de

bases del gasto de consumo (Ver

tabla A y B Apéndice Económico), se

fija el impuesto de Venta al Detal

de la siguiente manera:

El impuesto estatal será de 4%

19

Sustitutivo al P. de la C. 2193, Apéndice del recurso de

Certificación, págs. 454-603.

20

Informe Positivo sobre el Sustitutivo del P. de la C. 2193,

Apéndice del recurso de Certificación, 245-454.

CT-2006-9

4

(…)

El impuesto municipal será de 1.5%

El Informe Positivo de la Comisión de Hacienda, así

como el Proyecto Sustitutivo fueron sometidos al pleno

de

la Cámara de Representantes para votación el 21 de junio de

2006.

El Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable

Antonio

Silva

electrónicos

Delgado,

y

mediante

audiovisuales,

el

uso

realizó

de

recursos

una

extensa

presentación del Proyecto Sustitutivo en el hemiciclo de la

Cámara de Representantes.21

proyección

a

la

que

Durante la misma se presentó una

se

denominó

Total/Distribución-Estado-Municipios.”

“Recaudo

Estimado-

En ésta se desglosó

el recaudo estimado del IVU para el estado y los municipios

utilizando

ciento,

como

que

base

el

claramente

cinco

se

punto

subdividió

ciento para el gobierno central y uno

cinco

en

(5.5%)

cuatro

punto

(4%)

por

por

cinco (1.5%)

por ciento para los municipios.22

Durante

el

debate

en

el

hemiciclo

de

la

Cámara,

referente a la aprobación del Proyecto Sustitutivo, varios

legisladores

de

la

delegación

mayoritaria

hicieron

referencia a un IVU total de un cinco punto cinco (5.5%)

por ciento, a la vez que rechazaron la cifra de siete (7%)

por ciento.23

21

Presentación P. de la C. 2193, Ley de Reforma Contributiva

2006, Apéndice del recurso de Certificación, págs. 604-643.

22

Íd, a la pág. 614. Véase pág. 11 de la Presentación.

23

Diario de Sesiones, Sustitutivo al P. de la C. 2193, 21 de

junio de 2006, 15ta Asamblea Legislativa,

págs.

60, 87,

(Continúa . . .)

CT-2006-9

5

Conviene

repasar

algunas

de

las

expresiones

de

los

miembros de la delegación mayoritaria del PNP durante el

debate parlamentario, para auscultar la intención legislativa

de la mayoría parlamentaria, al aprobar el porcentaje del

IVU, contenido en el Proyecto Sustitutivo. Veamos.

El representante de la Mayoría, Honorable Jorge Navarro

Suárez, expresó lo siguiente:

“Y aquí tenemos un por ciento de un

sales tax de 5.5%, lo que ustedes no

creían en la campaña electoral,

hicieron

campaña,

jugaron

politiquería para echar hacia atrás

su posición…” (Énfasis suplido).Pág.

60.

La

Honorable

Albita

Rivera

Ramírez,

miembro

de

la

delegación mayoritaria, se expresó de la manera siguiente:

“Así

que,

es

importante,

amigo

contribuyente que sepas, que si no

te han clavado con un siete por

ciento en el sales tax, es por que

aquí hay una legislatura del Partido

Nuevo Progresista que ha velado

porque no se sigan cargando a los

contribuyentes…” (Énfasis suplido).

Pág. 87.

Más adelante en la discusión parlamentaria del Proyecto

Sustitutivo, la Honorable Lourdes Ramos Rivera, legisladora

electa por el PNP, se expresó en los términos siguientes:

“…buscando como gravar el bolsillo del pueblo contribuyente

con un sales tax de un siete por ciento que no se justifica…”

(Énfasis suplido). Pág. 100.

_________________________

100, 101, 110, 111, 117, 125,

Certificación, págs. 644-791.

Apéndice

del

recurso

de

CT-2006-9

6

De igual manera, la referida legisladora, expresó lo

siguiente:

“Estamos

hablando…también

los

compañeros de…ahora sí, ahora el

proyecto 2193 como tenía el siete

por ciento era el mejor del mundo,

pero son ciegos o es que no quieren

ver la realidad, había que escribir

ahí un número para partir pero desde

el principio se habló de que lo que

intentábamos era que fuera el menor

por ciento posible, ¿y cómo le

explico al pueblo que le estoy

quitando el 6.6 para ponerle un 7?”

(Énfasis suplido). Pág. 101.

El representante de la Mayoría, Honorable Julio Román

González, expresó las palabras siguientes:

“Lo que ellos, como uno de los

compañeros que nos retó para que se

aprobara el 7 por ciento, y eso es

el pedido del Sr. Gobernador, que le

dio la notita para que lanzara ese

reto a esta delegación.

¿Para qué?

Para tener más dinero y seguir

abusando del pueblo puertorriqueño

con mayores imposiciones, como dijo

otro que el siete era menos que el

cuatro.

Yo no he visto en ninguna

matemática que un número mayor sea

menor que uno…un número menor. No sé

dónde está la matemática, en qué

colegio se la enseñaron, pero un

cuatro es un cuatro y un siete es un

siete.” Pág. 110.

(…)

“Una reforma que ofrece alrededor de

500 millones de dólares en rebajas

contributivas y en beneficios a la

clase menesterosa de este país, y

quieren el 7…y que saquen la cuenta

de quiénes son los que van a pagar

el 7.” (Énfasis suplido). Pág. 110.

CT-2006-9

El

7

representante

de

la

delegación

mayoritaria,

Honorable José Concepción Hernández, manifestó lo siguiente:

“Los que no quieren ceder y siguen

en el capricho del 7 por ciento del

Señor

Gobernador

son

nuestros

amigos. Yo personalmente estuve con

el

compañero

Nelson

del

Valle,

Sergio Ortiz y Pedrito, que fui y me

reuní con el Gobernador buscando que

bajara el 7 por ciento diciéndole la

realidad de Puerto Rico y lo que

vimos en la calle.

Porque en la

calle la misma iglesia que uno va es

la misma iglesia que ustedes van.

El mismo parque de pelota, las ligas

infantiles y juveniles de pelota, de

baloncesto,

dondequiera…

en

los

programas de radio, la gente no

quiere el 7 por ciento.” (Énfasis

suplido). Pág. 111.

En

su

mayoritaria,

turno,

el

Honorable

representante

Luis

Pérez

de

la

Ortiz,

delegación

expresó

las

palabras siguientes:

“Aquí tiene la reforma señor Gobernador,

y no solamente, señor Presidente, y me va

a permitir hacerle estas expresiones. No

es solamente hacerle llegar la reforma,

que aprendan a creer, señor Presidente,

en nosotros mismos. ¿Cuál es la prisa? ¿A

qué le tienen ellos temor de no darle ese

espacio de seis meses para aprobar el

nivel de captación de ese 5.5 por

ciento…” (Énfasis suplido). Pág. 117.

El legislador del PNP, Honorable Ángel Pérez Otero,

emitió las palabras siguientes:

“Yo le invito a la delegación del

Partido Popular y al pueblo de

Puerto

Rico,

que

hagan

sus

cómputos.

No tan solo [sic] en las

planillas, sino también con este

impuesto al consumo de 5.5, que

CT-2006-9

8

definitivamente, cuando finalicen

esos cómputos van a percatarse y a

darse cuenta, de lo que se está

aprobando por la delegación del

Partido

Nuevo

Progresista

es

favorable, es beneficioso para el

Pueblo de Puerto Rico.” (Énfasis

suplido). Pág. 125.

El

21

de

junio

de

2006,

luego

de

un

extenso

debate

parlamentario, el Proyecto Sustitutivo fue aprobado por la

Cámara de Representantes con treinta y un (31) votos a favor

y diez y ocho (18) en contra.24

Se desprende claramente del récord legislativo, recogido

en el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de 21

de

junio

de

2006,

que

los

miembros

de

la

delegación

mayoritaria del PNP emitieron su voto bajo la creencia y el

convencimiento de que estaban aprobando un IVU total de cinco

punto cinco (5.5%) por ciento; que se habría de desglosar en

un cuatro (4%) por ciento para el gobierno central y uno

punto cinco (1.5%) para los municipios.

Por el contrario, los representantes de la delegación

minoritaria del Partido Popular Democrático, en adelante la

minoría del PPD, votaron en contra de la medida,

toda vez

que la misma disponía para la imposición de un IVU total de

cinco punto cinco (5.5%) por ciento, a la vez que rechazaba

la

imposición

de

un

IVU

de

siete

(7%)

por

ciento.

El

Portavoz de la minoría del PPD, Honorable Héctor

Ferrer

Ríos, presentó una enmienda

para

24

al

Proyecto

Sustitutivo

Apéndice del recurso de Certificación, pág. 718.

CT-2006-9

9

subir el IVU de un cinco punto cinco (5.5%) por ciento a

un seis punto cinco (6.5%) por ciento.25

Se desprende del

récord legislativo que los representantes de la minoría

del PPD se oponían al Proyecto Sustitutivo, toda vez que

el

mismo

alteraba

completamente

el

P.

de

la

C.

2193,

radicado originalmente el 15 de noviembre de 2005 por la

delegación del PNP.

Se oponían, en esencia, porque el

Proyecto Sustitutivo cambiaba la tasa total del IVU de un

siete (7%) por ciento, contemplado en el P. de la C. 2193,

a

un

cinco

punto

cinco

(5.5%)

por

ciento.26

25

El Portavoz de la minoría del PPD, Honorable Héctor Ferrer

Ríos, se expresó de la manera siguiente: “Segunda enmienda,

en el Capítulo 2, sección 2401, en el subinciso [sic] (b),

sustituir ‘5.5 por ciento’ por ‘6.5’”. Pág. 103. Asimismo,

más tarde en el debate, el Portavoz de la minoría del PPD,

sugirió subir la tasa del IVU de un 5.5% a un 6.5%. Por tal

motivo, expresó las palabras siguientes:

“Señor

Presidente,

esta

enmienda

propuesta

lo

que

hace

es

que

atempera prácticamente, y soluciona

el

déficit

presupuestario

o

estructural que tiene el gobierno de

Puerto Rico, en un período básico de

algunos tres años.

Si antes de ese

término

se

cobra

el

dinero

suficiente

y

se

paga,

automáticamente se elimina ese uno

por ciento del impuesto a la venta y

se baja al 5.5.

Hacemos todo lo

contrario de lo que ustedes quieren

hacer. Un 5.5 para subir a un 6.5…”

(Énfasis suplido). Pág. 113.

26

El Honorable Ferdinand Pérez Román, miembro de la minoría

del PPD, se expresó de la manera siguiente:

“Hoy, pues quizás las presiones

políticas y los escenarios que se

viven

en

la

Cámara

de

Representantes, pues han provocado

unos

cambios

en

las

posturas

después de tantos meses de trabajo.

Pero la realidad es que desde

que

(Continúa . . .)

CT-2006-9

10

Quizás las expresiones más claras e ilustrativas sobre las

razones por las cuales la minoría del PPD votó en contra

del

Proyecto

vertidas

Sustitutivo,

por

el

surgen

Honorable

de

Sergio

las

expresiones

Ortiz

Quiñones,

legislador de la minoría del PPD, quien se expresó de la

forma siguiente:

“Y aquí también hay que recordar que

hubo en un momento dado que estaban

a favor de un 7 por ciento, y de la

noche a la mañana, en un 4 o un 5.5,

y

siguieron

bajando.”

Pág.

73.

(Énfasis suplido).

Se desprende también del historial legislativo del

Proyecto

PPD

Sustitutivo

entendía

que

que el IVU,

en todo momento la minoría del

contenido

en

el

_________________________

se radicó el Proyecto el 15 de

noviembre, por la Mayoría del PNP,

que tenía como base un 7 por ciento…

eso no lo inventó nadie.

No se lo

inventó el Partido Popular, fue el

Proyecto

que

ustedes

radicaron.

Después que se empezó a elaborar y a

discutir ese Proyecto, el 2193, el

16 de enero, el Ejecutivo presentó

su Proyecto de enmiendas….La verdad

es, que después de tantos meses de

trabajo

analizando

los

dos

Proyectos,

cogieron

los

dos

Proyectos, los echaron a la borda y

sacaron un nuevo Proyecto.

Después

de meses y meses de ponencias, de

semanas de trabajo, de esfuerzo de

horas allí, hoy estamos discutiendo

otra cosa totalmente distinta a lo

que los deponentes presentaron.

Es

más,

básicamente

tendríamos

que

hacer vistas nuevamente del Proyecto

que radican hoy porque no tiene nada

de

lo que radicaron el 15 de

noviembre, que era el 2193.

Es un

Proyecto totalmente distinto.” Pág.

57. (Énfasis suplido).

Proyecto

CT-2006-9

proveía

cinco

11

para

punto

el

cobro

de

un

impuesto

cinco

(5.5%)

por

ciento.

total

de

Asimismo,

los

legisladores de la minoría del PPD expresaron su deseo de

imponer un IVU de siete (7%) por ciento para alegadamente

darle alivios contributivos al pueblo.

El

Proyecto

Sustitutivo

quedó

aprobado

lenguaje siguiente:

Sección 2401- Impuesto sobre ventas

(a)

Se

impondrá,

cobrará

y

pagará,

a

los

tipos

establecidos

en

esta

sección, un impuesto sobre

toda transacción de venta de

una partida tributable en

Puerto Rico.

La aplicación

del impuesto estará sujeta a

las exenciones concedidas en

el

Capítulo

3

de

este

subtítulo.

(b)

La tasa contributiva será de

un cinco punto cinco (5.5%)

por ciento del precio de

venta

de

la

partida

tributable y de transacciones

combinadas.

(Énfasis

suplido).

Sección 2402- Impuesto sobre Uso

(a)

Se

impondrá,

cobrará

y

pagará,

a

los

tipos

establecidos

en

esta

sección, un impuesto sobre

uso almacenaje o consumo de

una partida tributable en

Puerto Rico.

(b)

La tasa contributiva será de

un cinco punto cinco (5.5%)

por ciento del precio de

compra

de

la

partida

tributable.

(Énfasis

suplido).

Sección 2410fijar Impuestos

Limitación

para

con

el

CT-2006-9

12

Excepto según se dispone en la

Sección 6189, ningún municipio,

autónomo o no, del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, podrá

imponer o recaudar arbitrio o

impuesto alguno sobre artículos,

servicios, partidas tributables, o

transacciones que estén sujetos o

eximidos del impuesto sobre ventas

y

uso

establecido

en

este

Subtítulo, según establecido en la

sección 6188 del Subtítulo F.

Sección 6188- Limitación para fijar

Impuestos

Excepto

según

se

dispone

a

continuación o en la Sección 6189,

ningún municipio, autónomo o no, del

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

podrá

imponer

o

recaudar

ninguna

contribución

o

impuesto

establecido en este Código.

Sección 6189- Imposición Municipal

de Impuesto de Ventas y Uso al Detal

A. Se autoriza a los Municipios a

imponer un impuesto sobre ventas y

uso al detal de conformidad con la

autorización

establecida

en

la

Sección 2410.

Dicha contribución

será por una tasa contributiva de un

uno punto cinco (1.5%) por ciento, a

ser impuesta de conformidad con la

misma

base,

exenciones

y

limitaciones

contenidas

en

el

Subtítulo BB del Código… (Énfasis

suplido).

Así las cosas, el 21 de junio de 2006, la Cámara de

Representantes envió al Senado de Puerto Rico, en adelante

el Senado, el Proyecto Sustitutivo aprobado.

El mismo fue

referido a la Comisión de Hacienda del Senado, en adelante

Comisión del Senado.

El Presidente del Senado, Honorable

Kenneth McClintock Hernández, en adelante Presidente del

Senado, relevó a la Comisión del Senado de los trámites

CT-2006-9

13

legislativos referentes al Proyecto Sustitutivo.

motivo,

dicha

Comisión

no

produjo

un

Por tal

informe

con

recomendaciones, debates o análisis en torno al referido

proyecto.

El 25 de junio de 2006, el Presidente del Senado

sometió a votación el Proyecto Sustitutivo en dicho cuerpo

legislativo.

Ese mismo día, esto es, el 25 de junio de

2006, el Senado aprobó, sin debate, enmiendas y sin

informe

de la Comisión del Senado, el Proyecto Sustitutivo con

veinte y tres (23) votos a favor y dos (2) en contra.27 Los

miembros del Senado votaron por el Proyecto Sustitutivo

tal como lo había aprobado la Cámara de Representantes. En

vista de que la Comisión del Senado no produjo un informe,

ni se llevó a cabo un debate legislativo, el historial

donde se plasmó la intención legislativa, al aprobar el

Proyecto Sustitutivo, es el debate vertido en el hemiciclo

de la Cámara de Representantes.

El 27 de junio de 2006, el Gobernador de Puerto Rico,

Honorable Aníbal Acevedo Vilá, en adelante el Gobernador,

manifestó que interpretaba el Proyecto Sustitutivo como

uno que establecía un IVU de cinco punto cinco (5.5%) por

ciento para el gobierno central, a la vez que proveía para

el cobro de un impuesto municipal de un uno punto cinco

(1.5%) por ciento.

Asimismo, el Gobernador expresó que

coincidía con la interpretación hecha por el Senado, a los

27

Demanda presentada por los peticionarios ante el Tribunal

de Primera Instancia el 30 de octubre de 2006, Apéndice del

recurso de Certificación, pág. 9.

CT-2006-9

14

efectos de que el Proyecto Sustitutivo aprobado proveía

para

el

cobro

de

un

IVU

de

siete

(7%)

por

ciento,

desglosado en un cinco punto cinco (5.5%) para el gobierno

central

y

uno

punto

cinco

(1.5%)

por

ciento

a

nivel

municipal.28

El 28 de junio de 2006, previo a que el Proyecto

Sustitutivo

se

convirtiera

Gobernador,

la

Cámara

Resoluciones

de

reafirmando

en

ley

con

la

firma

del

Representantes

aprobó

dos

(2)

su

legislativa

al

intención

aprobar el Proyecto Sustitutivo.

Reiteraron que el IVU

aprobado proveía para el cobro de un cinco punto cinco

(5.5%) por ciento total, desglosado en un cuatro (4%) por

ciento

para

el

gobierno

central

y

un

uno

punto

cinco

(1.5%) para los municipios.29

El 4 de julio de 2006, el Gobernador firmó el Proyecto

Sustitutivo, convirtiéndose el mismo en la Ley Núm. 117 de

4 de julio de 2006.

El 13 de octubre de 2006, el Secretario de Hacienda,

Honorable Juan Carlos Méndez, en adelante el Secretario,

promulgó

el

Reglamento

administrativo,

en

adelante

el

28

“Fortaleza coincide con interpretación en el Senado”

Periódico Primera Hora, 27 de junio de 2006, pág. 9,

Apéndice del recurso de Certificación, pág. 959; “Reforma

Firmada” Periódico El Vocero,

miércoles 5 de julio de

2006, pág. 6, Apéndice del recurso de Certificación, pág.

1130.

29

R. de la C. 5269 y R. Conc. de la C. 81, Apéndice del

recurso de Certificación, págs. 960-963.

CT-2006-9

15

Reglamento, que autoriza al gobierno central a cobrar un

cinco punto cinco (5.5%) por ciento por concepto del IVU.30

Ante tal actuación, el 30 de octubre de 2006, los

peticionarios presentaron una demanda en el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el

Gobernador y el Secretario.

una

interpretación

errónea

Alegaron que éstos hicieron

y

tergiversada

del

Proyecto

Sustitutivo, que luego se convirtió en la Ley Núm. 117,

supra, mediante la cual pretenden imponer el cobro de un

cinco punto cinco (5.5%) por ciento, por concepto del IVU

a

nivel

estatal.

Alegan,

entre

otras

cosas,

que

el

Proyecto Sustitutivo, así como el récord legislativo del

debate de aquel proyecto, dejó claramente establecido que

se aprobaba un IVU a nivel estatal de cuatro (4%) por

ciento y el uno punto cinco (1.5%) por ciento a nivel

municipal.31

Ese mismo día presentaron ante este Tribunal

un

de

Recurso

Certificación

para

que

atendamos

la

de

le

controversia trabada ante el foro primario.

Mediante

Resolución

de

31

de

octubre

2006,

concedimos a las partes un término de siete (7) días para

que se expresen sobre los méritos de la acción presentada

originalmente

Asimismo,

ante

ordenamos

el

a

Tribunal

que

se

de

Primera

expresaran

Instancia.

sobre

la

30

Reglamento del Departamento de Hacienda para implantar las

disposiciones del Subtítulo BB-Impuesto sobre Ventas y Uso-,

Apéndice del recurso de Certificación, págs. 38-170.

31

Demanda presentada por los peticionarios ante el Tribunal

de Primera Instancia el 30 de octubre de 2006.

CT-2006-9

16

legitimación activa de los peticionarios para instar el

recurso de epígrafe.

El

Procurador

General

compareció

del Gobernador y el Secretario.

en

representación

Alegó, entre otras cosas,

que la Ley Núm. 117, supra, no adolece de ambigüedad.

Indicó que el texto de la referida ley es claro y que,

ante esta situación, no se debe acudir a la intención

legislativa,

de

conformidad

con

las

reglas

de

hermenéutica, para interpretar el alcance del estatuto.

Reseñó que la referida ley establece expresamente el cobro

de una tasa porcentual de cinco punto cinco (5.5%) por

ciento para el gobierno central, separada y distinta, del

uno punto cinco (1.5%) por ciento, por concepto del IVU

municipal.

Puntualizó que la Ley Núm. 117, supra, no debe

ser interpretada a la luz del debate en el hemiciclo de la

Cámara

de

Representantes

ya

que

las

expresiones

de

“algunos legisladores” no pueden sustituir el texto de la

ley, aprobada sin enmiendas por la Cámara y el Senado, y

firmada por el Gobernador.

Alegó, además, que las secciones 2401 y 2402, supra,

contenidas en la Ley Núm. 117, supra, disponen para el

cobro de un IVU de cinco punto cinco (5.5%) por ciento a

ser cobrado por el Estado Libre Asociado.

Señaló que la

tasa porcentual de las referidas secciones no incluyen la

tasa

porcentual

de

uno

punto

cinco

(1.5%)

por

ciento

municipal, provista por las secciones 6188 y 6189, supra,

de la referida ley.

Indicó que los argumentos presentados

por los peticionaros no logran crear dudas en torno a la

CT-2006-9

17

letra de la ley ya que el texto de la misma constituye la

expresión por excelencia de la intención legislativa.

Argumenta, además, que la intención legislativa de un

solo cuerpo legislativo no puede atribuírsele al otro, o al

Gobernador, toda vez que el Senado aprobó la Ley Núm. 117,

supra,

conforme

al

texto

de

la

misma,

mientras

que

el

Gobernador firmó la referida ley exclusivamente a partir

del texto contenido en el estatuto.

Senadores,

ni

el

Gobernador

Indicó que ni los

tuvieron

ante

sí

las

expresiones del debate legislativo, efectuado en la Cámara

de Representantes, referente a la aprobación de la Ley Núm.

117,

Por

supra.

otro

lado,

esgrimió

que

el

Proyecto

Sustitutivo, supra, no cambió radicalmente el P. de la C.

2193, sino que meramente separó, con mayor claridad, las

tasas porcentuales del IVU entre el gobierno central y los

municipios.

Finalmente, señaló que interpretar la referida

legislación a los efectos de que impone un IVU total de

cinco punto cinco (5.5%) por ciento traería consecuencias

nefastas

para

la

economía

del

país,

toda

vez

que

las

proyecciones económicas gubernamentales se han efectuado a

base de un IVU total de siete (7%) por ciento.32

Por su parte, los peticionarios de epígrafe alegaron

que el Reglamento aprobado por el Secretario es nulo, toda

vez que provee para el cobro de un IVU de cinco punto cinco

(5.5%) por ciento a nivel

32

estatal, desvirtuando el mandato

Alegato de las Partes Recurridas, págs. 11-45.

CT-2006-9

18

legislativo, que provee para el cobro de un cuatro (4%) por

ciento.

Alegaron, en síntesis, que el texto de la Ley Núm. 117,

supra,

provoca

aplicación.

confusión

y

dudas

sobre

su

alcance

y

Intimaron que la interpretación de una ley en

forma contraria a la intención del legislador constituye una

usurpación

de

las

prerrogativas

de

la

rama

legislativa.

Arguyeron que la referida ley no faculta a los municipios a

cobrar un IVU separado y distinto al cinco punto cinco (5.5%)

por ciento del gobierno central.

Indicaron que durante todo

el trámite legislativo, esto es, durante las vistas públicas

realizadas por la Comisión de Hacienda, el Informe Positivo

preparado por ésta, el debate en el hemiciclo de la Cámara de

Representantes, se discutió la aprobación de un IVU total de

cinco punto cinco (5.5%) por ciento.

Sostuvieron que, ante

este escenario, se debe acudir a la intención legislativa

para auscultar la voluntad del legislador al aprobar una ley.

Puntualizaron

que

del

debate

realizado

en

la

Cámara

de

Representantes se desprende la intención indubitada de la

delegación mayoritaria de aprobar un IVU total de cinco punto

cinco (5.5%) por ciento.

Por otra parte, señalaron que, en casos de dudas, los

estatutos que imponen contribuciones deben interpretarse de

manera

restrictiva

contribuyente.

en

contra

Precisaron

del

que,

gobierno

cuando

el

y

a

favor

del

propósito

de

imponer una contribución no es claro, la duda se resuelve a

favor de la no imposición de la misma.

Arguyeron, además,

CT-2006-9

19

que después de un extenso estudio del P. de la C. 2193,

supra, que proveía para el cobro de un IVU total de siete

(7%)

por

ciento,

la

Comisión

de

Hacienda

precisó

la

necesidad de incluir innumerables enmiendas al mismo.

En

consecuencia, indicaron, se presentó el Proyecto Sustitutivo,

supra, cambiando la tasa autorizada del IVU de un siete por

ciento (7%) a un cinco punto cinco (5.5%) por ciento total.

Finalmente, esbozaron que, debido a que el Senado aprobó el

Proyecto Sustitutivo, supra, sin debate legislativo, informes

o

enmiendas,

el

mismo

quedó

aprobado

tal

como

lo

había

aprobado la Cámara, esto es con un IVU total de cinco punto

cinco (5.5%) por ciento.33

La

torno

Cámara

al

contenido

de

Representantes

porcentaje

aprobado

en

Núm.

la

Ley

117,

presentó

por

su

posición

concepto

supra.34

En

del

su

en

IVU,

alegato,

indicaron, entre otras cosas, que el Proyecto Sustitutivo,

supra, disponía para el cobro de un

punto cinco (5.5%) por ciento.

IVU

total

de

cinco

Asimismo, precisaron que el

texto de la Ley Núm. 117, supra, es susceptible de diversas

interpretaciones.

No obstante, arguyeron que en ausencia de

un lenguaje claro en el texto

recurrir

a

la

intención

de

legislativa

Proyecto Sustitutivo para conocer el

la

y

ley,

al

se

historial

verdadero

debe

del

propósito

33

“Escrito Exponiendo la Posición de los Peticionarios”,

págs. 18-34, presentada ante nos el 7 de noviembre de 2006.

34

El 1 de noviembre de 2006, la Cámara de Representantes

presentó una “Solicitud de Intervención y/o Comparecencia

como Amicus Curiae.”

El 2 de noviembre de 2006, le

concedimos a la Cámara y al Senado un término de siete (7)

días para que expresaran su posición por escrito.

CT-2006-9

20

Reiteraron que cuando surgen dudas sobre el

del legislador.

alcance

de

una

ley

que

impone

contribuciones,

interpretación debe favorecer al ciudadano.

Gobernador

y

el

Secretario

se

la

Intimaron que el

extralimitaron

en

sus

facultades al interpretar, acomodaticiamente, el alcance del

Proyecto Sustitutivo, supra.

Puntualizaron que, toda vez que

el Senado aprobó el referido Proyecto sin debates, informes o

enmiendas,

la

intención

legislativa

Representantes quedó inalterada.

de

la

Cámara

de

Alegaron, además, que con

sus actuaciones, el Gobernador y el Secretario han usurpado

las prerrogativas de la Rama Legislativa.

Solicitan que se

declare nulo el Reglamento promulgado por el Secretario, en

virtud del cual se faculta al gobierno central al cobro de un

cinco punto cinco (5.5%) por ciento, por concepto del IVU.

Sostienen que el Proyecto Sustitutivo, supra, que luego se

convirtió en la Ley Núm. 117, supra, provee, conforme a la

intención legislativa, para el cobro de un cuatro (4%) por

ciento

de

IVU

para

el

gobierno

central.35

Finalmente,

expresaron que, de conformidad con la Constitución de Puerto

Rico, es la Cámara de Representantes el cuerpo legislativo

donde se originan las medidas para obtener rentas e imponer

contribuciones.36

legislativa

de

En

ese

consecuencia,

cuerpo

es

intimaron,

determinante

la

al

interpretar estatutos que imponen contribuciones.

35

Íd.

36

1 L.P.R.A., Documentos Históricos.

intención

momento

de

CT-2006-9

21

Por otro lado, el 6 de noviembre de 2006, el Banco

Gubernamental

“Solicitud

Curiae.”

de

de

Fomento,

en

Autorización

adelante

para

BGF,

presentó

comparecer

como

una

Amicus

El BGF presentó una diversidad de argumentos por

los cuales entendía se debía interpretar la Ley Núm. 117,

supra, a los efectos de que autoriza el cobro de un IVU total

de siete (7%) por ciento.

Fundamentó sus alegaciones en el

hecho de que las proyecciones económicas, presentadas por el

Gobierno a distintos inversionistas, así como a las agencias

acreditadoras

calificadoras

del

crédito

del

Gobierno

de

Puerto Rico, se basan en la entrada en vigor de un IVU total

de siete (7%) por ciento.

Intima que, de interpretarse que

la referida legislación provee para el cobro de un IVU total

de

cinco

punto

severamente

la

determinación

cinco

(5.5%)

economía

podría

por

del

tener

ciento,

país.

se

lastimaría

Arguye

repercusiones

que

tal

en

las

nefastas

finanzas del país, así como en la emisión de deuda pública,

mediante bonos, del Gobierno de Puerto Rico. 37

A la luz del Proyecto Sustitutivo, el Informe Positivo

de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la

presentación

audiovisual

Comisión

Hacienda,

de

que

hiciera

Honorable

el

Antonio

Presidente

Silva

de

la

Delgado,

a

todos los legisladores, las expresiones de éstos durante el

debate del Proyecto Sustitutivo, así como la

votación

aprobando la pieza legislativa,

que

37

concluimos

final

el lenguaje

Memorando

de

Comparecencia

Especial

del

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, págs. 1-25.

Banco

CT-2006-9

22

aprobado en el estatuto, disponiendo para el cobro de un IVU

total

de

siete

(7%)

por

ciento,

constituye

un

error

de

redacción en el texto de la ley.

II

Coincidimos con lo expresado por la Mayoría en cuanto a

la legitimación activa de los peticionarios, así como con las

expresiones referentes a la madurez del recurso ante nuestra

consideración.

A.

Aplicación

de

las

Reglas

de

Hermenéutica

en

la

interpretación de estatutos.

Dentro de nuestra forma republicana de gobierno tenemos

el deber de interpretar las leyes y despejar las lagunas que

puedan

existir

en

las

mismas,

utilizando

como

guía

la

intención del legislador.38

Por tales motivos hemos manifestado que es norma firme

de hermenéutica que la letra clara de una ley es la mejor

expresión de su espíritu.39

El artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico dispone

lo

siguiente:

“cuando

la

ley

es

clara

y

libre

de

toda

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo

el pretexto de cumplir su espíritu.”40

estatuto

se

interpretada,

38

colige

que

limitando

la

tal

ley

Del lenguaje de este

está

sujeta

interpretación,

en

a

ser

algunos

Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538, 545 (1996).

39

Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 511 (2000);

Alejandro Rivera v. E.L.A., supra; Meléndez v. Tribunal

Superior, 90 D.P.R. 656 (1964).

40

31 L.P.R.A. sec. 14.

CT-2006-9

23

casos, a lo que surja del texto claro de la misma.

No

obstante, el artículo 19 del Código Civil de Puerto Rico,

reconoce que el espíritu de la ley, reflejado en la intención

legislativa,

es

la

mejor

herramienta

verdadero sentido de una ley.41

para

encontrar

el

El espíritu de la ley juega

un papel fundamental en la interpretación de un estatuto.

La

intención del legislador al aprobar una ley es tan importante

que hemos establecido que si la letra de una ley está en

contraposición de su espíritu, claramente establecido en el

historial legislativo, prevalecerá el espíritu de la ley.42

Hemos

resuelto

que

la

función

de

los

tribunales

interpretar la ley y no juzgar la sabiduría del

al aprobarla.43

es

legislador

Al interpretar un estatuto, la intención

legislativa debe ser buscada en el

lenguaje

usado en él,

con la ayuda que permiten las reglas de hermenéutica legal.

Al descargar nuestra función de interpretar una disposición

particular de un estatuto debemos siempre considerar cuáles

fueron

los

Legislativa

propósitos

al

aprobarlo,

interpretación asegure la

41

perseguidos

de

efectividad

por

manera

la

Asamblea

que

nuestra

de la intención

que

Íd, sec. 19.

42

Sucn. Alvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252 (2000); Pueblo v. Zayas Rodríguez,

147 D.P.R. 530 (1999); Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953).

43

Alonso García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91 (2001); Famanina v.

Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654 (1982).

CT-2006-9

24

lo anima.44

Hemos expresado anteriormente que la literalidad

de una ley puede ser ignorada por los tribunales cuando ella

es claramente contraria a la verdadera intención o propósito

legislativo.45

literal

y

resultado

El tribunal debe rechazar una interpretación

forzada

de

un

texto

legal

que

que

puede

haber

sido

el

legislador.

no

La

letra

de

la

ley

no

conduzca

que

puede

a

un

intentó

el

ser

seguida

ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu.46

Los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron

los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al

aprobar

una

legislación,

de

manera

que

su

interpretación

asegure la efectividad de la intención legislativa.47

Por tal razón, si los tribunales interpretan la ley en

forma contraria a la evidente intención del legislador, se

estarían usurpando las prerrogativas de la rama legislativa.48

B. Prerrogativas de la Rama Legislativa.

44

Irizarry v. J & J Cons. Prods., Co., Inc., 150 D.P.R. 155

(2000); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998);

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).

45

Pueblo v. Zayas Rodíguez, supra; Otero de Ramos v. Srio.

de Hacienda, 156 D.P.R. 876 (2002).

46

Íd.

47

J.P. v. Frente Unido I, 2005 T.S.P.R. 17, 2005 J.T.S. 122,

155 D.P.R.____ (2005).

48

Íd.; Alejandro Rivera v. E.L.A., supra.

CT-2006-9

25

En la esfera administrativa, la ley es la fuente legal o

el

medio

que

le

confiere

el

poder

velar

el

cumplimiento

por

a

una

de

agencia

administrativa

para

su

ley

habilitadora.49

La ley habilitadora es el mecanismo legal que

autoriza y delega a la agencia administrativa los poderes

para que actúe conforme al propósito perseguido en dicha

ley.50

En

nuestra

administrativos

no

función

podemos

revisora

perder

de

de

reglamentos

perspectiva

que

un

reglamento promulgado para implementar la ejecución de una

ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con

ésta.51

Si

el

habilitadora

reglamento

que

permite

está

y

en

conflicto

promueve

su

con

la

ley

creación,

la

disposición reglamentaria tiene que ceder ante el mandato

legislativo.52

Por

tal

motivo,

hemos

si

claramente

está

reglamento

es

nulo

contra

la

ley.53

de

Bajo

la

manifestado

en

doctrina

que

conflicto

de

un

o

en

delegación

de

poderes, el organismo administrativo goza de las funciones

que se le han encomendado legislativamente.54

En ausencia de

un mandato legislativo

aquella

expreso

o

implícito,

49

J.P. v. Frente Unido I, supra; Caribe Comms., Inc. v.

P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002).

50

Íd.

51

Íd.; Pérez v. Com. Rel. Trab. Ser. Pub., 158 D.P.R. 180

(2002); Asoc. Fcias. Com. V. Depto. De Salud, 156 D.P.R. 105

(2002); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R.

400, 409 (1980).

52

J.P. v. Frente Unido I, supra.

53

Íd; P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra.

54

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra.

CT-2006-9

26

actuación administrativa que no obedezca el poder conferido

es una actuación ultra vires de la agencia administrativa.55

Una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre

situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni

la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia, pueden

sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una

agencia administrativa.

Es por ello que cualquier duda en

cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en

contra del ejercicio del mismo.56

Cuando el texto de una ley es inconsistente y está en

conflicto con la clara y manifiesta intención legislativa,

plasmada en un extenso historial legislativo, prevalecerá tal

El debate vertido en el hemiciclo de la Cámara de

intención.

Representantes,

durante

la

aprobación

del

Proyecto

Sustitutivo, dejó establecida la clara y manifiesta intención

legislativa de aprobar un IVU total de cinco punto cinco

(5.5%) por ciento.

Los miembros de la delegación mayoritaria rechazaron en

todo momento la aplicación de un IVU total de siete (7%) por

ciento.

De igual manera, el Informe radicado conjuntamente

con

Proyecto

el

realizada

por

el

Sustitutivo,

Presidente

de

así

la

como

la

Comisión

presentación

de

Hacienda,

Honorable Antonio Silva Delgado, establecieron claramente que

se

estaba

considerando

un

IVU

total

de

cinco

55

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788 (2001); Misión

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).

56

Raimundi Meléndez v. Productora de Agregados,

T.S.P.R. 106, 2004 J.T.S. 106, 162 D.P.R. ____ (2004).

2004

CT-2006-9

27

punto cinco (5.5%) por ciento, desglosado en un cuatro (4%)

por ciento para el gobierno central y un uno punto cinco

Por otra parte, se

(1.5%) por ciento para los municipios.

desprende

del

récord

legislativo

que

la

minoría

del

PPD

intentó, sin éxito, subir el IVU total de un cinco punto

cinco (5.5%) por ciento a un seis punto cinco (6.5%) por

ciento.

Asimismo, las expresiones de los legisladores de

minoría

dejaron

claramente

establecido

que

el

Proyecto

Sustitutivo había alterado, en su totalidad, el P. de la C.

2193, radicado en noviembre de 2005, que proveía para el

cobro de un IVU total de siete (7%) por ciento.

la

delegación

minoritaria

reconoció

que

Finalmente,

el

Proyecto

Sustitutivo bajaba el IVU total de un siete (7%) por ciento a

un cinco punto cinco (5.5%) por ciento.57

En vista de lo anterior, resulta forzosa la conclusión

que el texto de la ley, según quedó redactado, en cuanto

dispone sobre un IVU total de siete (7%) por ciento, es un

error de redacción.58

El Reglamento promulgado por el Secretario de Hacienda

dispone para el cobro de un IVU a nivel estatal de un cinco

punto cinco (5.5%) por ciento.

derecho.

57

58

La Asamblea

Tal Reglamento es contrario a

Legislativa

aprobó

el

cobro

de

un

Véanse las págs. 5-12 de esta Opinión.

En Pueblo v. Alvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566 (2001),

expresamos lo siguiente: “Solamente haremos interpretaciones

que divergen del texto claro de la ley, como la que hicimos

en

Pueblo

v.

Zayas

Rodríguez,

supra,

en

los

casos

extraordinarios en los cuales resulte forzoso concluir del

historial legislativo que la Legislatura ha cometido un error

accidental de redacción.” (Énfasis suplido).

CT-2006-9

IVU

28

total

de

cinco

punto

solamente

se

faculta

al

cinco

gobierno

(5.5%)

por

central

ciento,

al

cobro

donde

de

un

cuatro (4%) por ciento.

Legitimar

lesionaría

los

el

Reglamento

principios

aprobado

más

sistema republicano de gobierno.

por

el

fundamentales

Secretario

de

nuestro

Validar tal actuación no

sólo infringe las prerrogativas de la Legislatura, sino que

violenta la separación de poderes de nuestro ordenamiento

constitucional.

Concluimos que el Reglamento aprobado por el Secretario

es nulo por ser contrario al poder que le delegó la Asamblea

Legislativa, en virtud de la Ley Núm. 117, supra.

C. Interpretación de estatutos contributivos.

Recientemente

tuvimos

la

oportunidad

de

atender

una

controversia que versaba, en esencia, sobre la interpretación

de estatutos contributivos.59

En aquella ocasión expresamos

lo siguiente:

“En la interpretación de estatutos

que imponen contribuciones, es la

práctica establecida no extender

sus disposiciones, por implicación,

más allá del claro alcance del

lenguaje usado, o ampliar su radio

de manera que comprenda materias

que no han sido específicamente

señaladas.

En caso de duda, se

interpretan estrictamente en contra

59

BBC Realty v. Secretario Hacienda, 2005 T.S.P.R. 186, 2005

J.T.S. 191, 166 D.P.R.____ (2005).

CT-2006-9

29

del

Gobierno

y

a

favor

del

60

ciudadano.” (Énfasis suplido).

De

igual

manera,

determinamos

que

es

cardinal que la legislación contributiva no

un

se

principio

interpreta

en forma extensiva, sino que debe interpretarse en forma

justa y a tenor con sus propios y expresos términos.61

BBC

Realty

v.

Secretario

Hacienda,

En

concluimos,

supra,

guiados por las reglas de hermenéutica, que cuando una ley

que

impone

contribuciones,

impuestos,

o

arbitrios

advierta sobre la intención del legislador, la

misma

no

se

debe interpretar restrictivamente en contra del Estado y a

Puntualizamos que la interpretación

favor del ciudadano.

restrictiva de estatutos contributivos se limita

a

aquellas

imponerle

al

instancias

en

las

que

ciudadano

el

cobro

el

de

Estado

una

únicamente

pretende

contribución,

impuesto o arbitrio.62

Reafirmamos que los estatutos que

imponen

contribuciones

deben

justa,

para

términos.

así

cumplir

Obrar de

otra

con

interpretarse

sus

manera

propios

de

una

forma

y

expresos

violentaría

principios

básicos, de raíces firmes en nuestra jurisprudencia y en

nuestro

ordenamiento

jurídico.

Cuando

el

propósito

de

60

El Más Alto Foro Federal determinó que, ante la duda sobre

la procedencia de una contribución, la misma debe resolverse

a favor del ciudadano; Gould v. Gould, 245 U.S. 151 (1917).

61

BBC Realty v. Secretario Hacienda, supra; Talcott InterAmer Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975).

62

Central Coloso v. Descartes, Tes., 74 D.P.R. 481, 486 (1953); Plácido Longo & Cía. v.

Sancho, 50 D.P.R. 160 (1936).

CT-2006-9

30

imponer una contribución no es claro, la duda debe resolverse

a favor de la no imposición de la misma.63

Concluimos que el texto de la Ley Núm. 117, supra, es

inconsistente y está en conflicto con la clara y manifiesta

intención legislativa de aprobar un IVU total de cinco punto

cinco (5.5%) por ciento.

Ante tal situación, no podemos

avalar que se interprete tal legislación en perjuicio del

ciudadano y a favor del Gobierno.

El cobro de un IVU de

cinco punto cinco (5.5%) por ciento para el gobierno central,

sumado

al

uno

punto

municipal,

para

un

cinco

total

de

(1.5%)

por

ciento

siete

(7%)

por

a

nivel

ciento,

es

claramente más perjudicial para el ciudadano que el cobro de

un IVU total de cinco punto cinco (5.5%) por ciento.

A tenor con el mandato legislativo, resulta procedente

el cobro de un IVU total de cinco punto cinco (5.5%) por

ciento,

del

cual

cuatro

(4%)

por

ciento

corresponde

al

gobierno central y uno punto cinco (1.5%) por ciento a los

municipios.

III

La

decisión

manifiesta

de

intención

la

Mayoría

desvirtúa

legislativa

de

la

la

clara

Cámara

y

de

Representantes que, a su vez, es el cuerpo obligado por el

Artículo 3, sección 17 de la Constitución de Puerto Rico,

supra, a originar medidas de recaudo.

Ignora el historial

legislativo que existe en torno a la Ley Núm. 117, supra,

toda

63

vez

que

el

Senado

aprobó

dicha

BBC Realty v. Secretario Hacienda, supra.

legislación

sin

CT-2006-9

31

debates, enmiendas o informes de Comisión, o sea, tal como

quedó aprobada por la Cámara de Representantes.

un

peso

desproporcionado

al

texto

de

la

Le imprime

ley

que

hace

referencia a un IVU total de siete (7%) por ciento cuando del

récord legislativo surge claramente que tal porcentaje es un

error de redacción.

No podemos avalar tal curso de acción.

El profundo respeto que nos merece la intención del

legislador nos obliga en determinadas ocasiones a suplir las

inadvertencias

en

que

éste

pueda

haber

incurrido.

Para

evitar un resultado irrazonable e insostenible, en el pasado

no hemos vacilado en aclarar el texto de una ley conforme a

la intención legislativa.

judicial,

que

las

examinadas

e

resultados

irrazonables

Es regla dorada de hermenéutica

disposiciones

interpretadas

de

e

de

una

ley

modo

que

no

insostenibles,

deben

ser

conduzcan

a

sino

a

unos

armoniosos.64

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

disiento

criterio de la Mayoría.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

64

Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra.

del

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Romero Barceló,

y otros

Demandantes-Peticionarios

CT-2006-9

v.

Estado Libre Asociado,

y otros

Demandados-Recurridos

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2006

Este caso no es justiciable. Hoy, una mayoría de

los

miembros

de

este

Tribunal

sostiene

que

los

demandantes, como contribuyentes y ciudadanos, tienen

legitimación activa para impugnar en los tribunales

la interpretación que hace la Rama Ejecutiva de una

ley

de

contribuciones

de

aplicación

general

y

uniforme aprobada por la Asamblea Legislativa, sin

que

éstos

hayan

alegado

que

haya

constitucional de clase alguna.

habido

violación

Disiento porque soy

del criterio que la conclusión del Tribunal respecto

la legitimación de los demandantes es errónea y no

encuentra apoyo en la doctrina sobre el pleito del

contribuyente.

CT-2006-9

2

Sostengo

que

ante

la

naturaleza

generalizada

de

la

queja presentada por los demandantes, sumado a la ausencia

de

un

planteamiento

de

violación

de

un

derecho

constitucional por la puesta en vigor de la Ley de Justicia

Contributiva,

éstos

carecen

de

legitimación

activa

como

contribuyentes y pensionados, o ciudadanos, para impugnar

la interpretación de la ley por parte de la Rama Ejecutiva.

Ello a su vez nos lleva a concluir que el curso de acción

correcto es la desestimación de la demanda instada.

Los

resumidos

hechos

en

en

Opinión

la

este

caso

del

están

Tribunal,

entendemos necesario reiterar los mismos.

sustancialmente

por

lo

que

no

Pasemos entonces

a la discusión propiamente de la controversia que hoy pende

ante nosotros.

I

A

El

caso

interpretación

ante

nosotros

estatutaria

de

plantea

la

Ley

un

asunto

de

de

Justicia

Contributiva, Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006 (la “Ley

de Justicia Contributiva”); no se cuestiona por lo tanto,

la constitucionalidad de la Ley de Justicia Contributiva o

la actuación de funcionarios de la Rama Ejecutiva.

Mediante una solicitud de sentencia declaratoria, los

demandantes Carlos Romero Barceló, Peter Muller Maldonado,

y un grupo de ocho (8) ciudadanos pensionados acuden ante

nosotros en su capacidad de contribuyentes los primeros, y

de contribuyentes y pensionados los segundos. Invocan la

CT-2006-9

3

jurisdicción de este Tribunal con el propósito de impugnar

la interpretación que tanto el Departamento de Hacienda,

como el Gobernador del Estado Libre Asociado le han dado a

la tasa contributiva sobre ventas y uso aprobada por la

Asamblea Legislativa en la Ley de Justicia Contributiva, y

que debe comenzar a regir en el país a partir del 15 de

noviembre

de

2006.

Específicamente,

los

peticionarios

arguyen que “ante la ausencia de una redacción expresa en

el

texto

de

la

[Ley

de

Justicia

el

Contributiva]”

Gobernador está impedido de “aplicar una tasa contributiva

de

siete

por

ciento

(7%)

peticionarios, pág. 18.

de

IVU.”

Alegato

de

los

(Énfasis en original.)

B

La sentencia declaratoria es un mecanismo procesal de

carácter

remedial

o

ciudadano

dilucidar

profiláctico,

ante

los

que

le

tribunales

permite

los

a

un

méritos

de

cualquier reclamación que entrañe un peligro potencial en

su contra.

Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980).

Al solicitar una sentencia declaratoria, el ciudadano puede

obtener protección judicial antes de que el peligro haya

madurado hasta convertirse en una grave calamidad y antes

que la otra parte inicie un litigio para hacer efectivas

sus reclamaciones.

Este mecanismo propicia la seguridad y certidumbre en

las relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, como

en el privado. Véase Moscoso v. Rivera, 67 D.P.R. 481, 488

(1954); Sánchez v. Srio. Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002).

CT-2006-9

4

El mismo debe utilizarse cuando permita dar por concluido

un

estado

de

incertidumbre

derechos reclamados.

o

inseguridad

en

cuanto

a

Suárez Jiménez v. Comisión Estatal de

Elecciones, res. 20 de noviembre de 2004, 163 D.P.R.__,

2004 TSPR 179.

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que “[e]l

Tribunal

de

Primera

Instancia

tendrá

autoridad

para

declarar derechos y otras relaciones jurídicas aunque se

inste o pueda instarse otro remedio.”

Regla 59.1 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Quedan

así facultados los tribunales para interpretar estatutos

que afectan los derechos de un ciudadano y declarar cuáles

son los “derechos, estados u otras relaciones jurídicas que

de

aquéllos

[estatutos]

se

deriv[a]n.”

Regla

59.2

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap III.65

Surge

de

declaratoria

función

como

este

es

el

marco

medio

últimos

doctrinal

adecuado

interpretes

que

para

de

la

sentencia

ejercer

las

leyes

nuestra

y

la

Constitución, declarando el estado de derecho vigente bajo

65

Dicha regla establece:

Toda

persona

interesada

en

una

escritura,

testamento, contrato escrito, u otros documentos

constitutivos de contrato, o cuyos derechos,

estado

u

otras

relaciones

jurídicas

fuesen

afectados por un estatuto, ordenanza municipal,

contrato

o

franquicia,

podrá

solicitar

una

decisión

sobre

cualquier

divergencia

en

la

interpretación o validez de dichos estatutos,

ordenanzas, contrato o franquicia, y además que

se dicte una declaración de los derechos, estados

u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se

deriven. Un contrato podrá ser interpretado antes

o después de haber sido infringido. 32 L.P.A. Ap

III, R. 59.2.

CT-2006-9

5

el palio de nuestros estatutos.

Sin embargo, la sentencia

declaratoria no le permite a un promovente prescindir de

los requisitos de justiciabilidad que nuestro ordenamiento

establece para instar un pleito coercitivo plenario.

En

tal sentido, un demandante tiene que demostrar, entre otras

cosas, que tiene legitimación activa para instar el litigio

que se encuentre pendiente ante un tribunal.

Sánchez v.

Srio. Justicia, supra, pág. 384; Moscoso v. Rivera, supra.

Como cuestión de umbral entonces, debemos determinar

si

en

el

presente

caso

estamos

ante

una

controversia

justiciable que amerite nuestra intervención.

C

i

El

principio

de

justiciabilidad

es

tal

vez

la

limitación más importante al ejercicio del poder judicial.

Determina

qué

asuntos

pueden

ser

atendidos

tribunales y cuáles deben ser desestimados.

por

los

En Com. de la

Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980)

definimos este concepto de la siguiente manera:

Es el término artístico empleado para expresar

una

doble

limitación

impuesta

sobre

los

tribunales, a saber: (1) que sólo pueden decidir

‘cuestiones

presentadas

en

un

contexto

adversativo

y

en

una

forma

históricamente

visualizada como capaz de ser resultas a través

del proceso judicial’ y (2) la restricción surge

del papel asignado a la judicatura en una

distribución tripartita de poderes, diseñada para

asegurar que no intervendrá

en áreas sometidas

al criterio de otras ramas del gobierno.

Flast

v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).

La doctrina es

autoimpuesta.

En virtud de ella los propios

tribunales se preguntan y evalúan si es o no

apropiado entender en determinado caso tomando en

cuenta

diversos

factores

y

circunstancias

CT-2006-9

6

mediante una análisis que les permite ejercer su

discreción en cuanto al límite de su poder

constitucional.

El

concepto

doctrinas

de

de

justiciabilidad

legitimación

activa,

se

concreta

academicidad,

en

las

cuestión

política, madurez y en la proscripción a los tribunales de

emitir opiniones consultivas.

Véase, E.L.A. v. Aguayo, 89

D.P.R. 552, 558-59 (1958); Hernández Torres v. Hernández

Colón, 131 D.P.R. 593, 598-99 (1992); Noriega v. Hernández

135

Colón,

D.P.R.406,

422

(1994);

Sánchez

v.

Srio.

de

Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002).

Somos del criterio que la adjudicación en los méritos

de

los

reclamos

de

los

demandantes-peticionarios,

como

veremos, constituye una clara violación a las normas que

hemos pautado respecto legitimación activa, principalmente

en lo que se refiere al pleito del contribuyente.

ii

La doctrina de legitimación activa busca asegurar que

el promovente de una acción posea un interés en el pleito

“de

tal

índole

que,

con

toda

probabilidad,

habrá

de

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer

a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”.

Noriega

v.

Hernández

Colón,

supra,

pág.

427;

Hernández

Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982).

Para

asegurarnos que es así, hemos exigido que el demandante

pueda

demostrar

que:

(1)

ha

sufrido

un

daño

claro

y

palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto o hipotético;

(3)

existe

una

relación

causal

CT-2006-9

7

entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; y (4) la

causa de acción surge al amparo de la Constitución o de

alguna ley.

Hernández Torres v. Hernández Colón, supra,

pág. 599.66

Son varios los valores o principios que subyacen la

doctrina de acción legitimada y los mismos han matizado

nuestras decisiones en el pasado.

Destaca entre estos el

reconocimiento

exigencia

de

institucional

a

promueve

el

que

respeto

la

acción

la

legitimada

separación

de

poderes, atemperando el rol del tribunal en una sociedad

democrática.

En ese sentido, busca evitar que la Rama

Judicial

inmiscuya

se

a

destiempo

en

controversias

fundamentalmente políticas cuya solución final le compete a

las ramas políticas del gobierno.

Véase, Raines v. Byrd,

521 U.S. 811, 819 (1997)(“standing inquiry is especially

rigorous [because of separation of powers concerns] when

reaching the merits of a dispute would force [it] to decide

whether an action taken by one of the other two branches of

the

federal

government

was

unconstitutional.”)

Véase

además, Scalia, The Doctrine of Standing as an Essential

Element of the Separation of Powers, 17 Suffolk L. Rev. 881

(1983).

66

La Asamblea Legislativa, sin embargo, puede conferirle a

determinadas personas legitimación activa para a presentar

un recurso judicial determinado al amparo de un estatuto.

Este no es el caso ante nuestra consideración. En ausencia

de un estatuto que le conceda legitimación activa, el

demandante tiene que cumplir con los requisitos que hemos

enumerado.

CT-2006-9

8

Ello no obstante, no hay duda que habremos de asumir

nuestra

función

constitucional

cuando

lo

exijan

las

circunstancias

para

en

efecto

preservar

ese

balance

las

ramas

del

gobierno,

decretando

entre

ilegalidad

o

inconstitucionalidad

legislativa o ejecutiva.

de

una

delicado

la

actuación

En última instancia de lo que se

trata es de determinar cuál es el rol apropiado en nuestra

sociedad para los tribunales.

Con claridad, el profesor

Chemerinsky señala: “Separation of powers can be undermined

either by overexpansion of the role of the federal courts

or by undue restriction.

Standing thus focuses attention

directly on the question of what is the proper place of the

judiciary

in

Chemerinsky,

the

American

Constitutional

system

Law,

of

government.”

Principle

and

E.

Policies,

Aspen Publishers, New York, 2002, pág. 61.

Si

bien

hemos

capacidad

jurídica

agencias

y

expresado

para

funcionarios

que

entablar

la

doctrina

sobre

demanda

contra

las

gubernamentales

debe

ser

interpretada amplia y liberalmente, Solís v. Municipio de

Caguas, 120 D.P.R. 53, 56 (1987), ello no implica que hemos

abandonado el requisito de que todo litigante tiene que

demostrar que ha sufrido un daño concreto y palpable para

que los tribunales consideren su reclamo en los méritos.

Precisamente, el requisito de daño claro y palpable

responde a la prohibición de que los litigantes presenten

quejas generalizadas que se pueden dilucidar de forma más

efectiva en las ramas representativas del gobierno. Véase,

CT-2006-9

Warth

9

v.

422

Seldin,

asserted

harm

is

U.S.

a

490,

499

‘generalized

(1975).(“[W]hen

grievance’

the

shared

in

substantially equal measure by all or a large class of

citizens,

that

harm

alone

exercise of jurisdiction.”)

normally

does

not

warrant

Por lo tanto, el mero hecho de

que una acción gubernamental lesione o afecte los intereses

de los ciudadanos, sin más, no implica que éstos posean

legitimación activa para acudir a un tribunal.

ejemplo,

el

gobierno

actúe

conferirle

interés

abstracto

conforme

jurisdicción

cierta controversia.

(1984)(“This

Court

a

a

la

un

del

ciudadano

ley

es

tribunal

A modo de

de

que

el

insuficiente

para

de

sobre

justicia

Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 754

has

repeatedly

held

that

an

asserted

right to have the Government act in accordance with law is

not sufficient, standing alone, to confer jurisdiction on a

federal

court.”)

Valley

Forge

Christian

College

v.

Americans United for Separation of Church and State, Inc.,

454

U.S.

464,

483

(1982)(“[A]ssertion

of

a

right

to

a

particular kind of Government conduct, which the Government

has violated by acting differently cannot alone satisfy the

requirements

of

requirements

of

Art.

III

meaning.”).

without

Véase

draining

además,

those

Lujan

v.

Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 575 (1992).

Sobre la prohibición de dilucidar controversias en las

que los demandantes sólo presentan una queja generalizada,

establecimos

en

Fundación

Arquelógica

v.

Depto.

de

Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 (1980), que “[l]a capacidad

la

CT-2006-9

10

para demandar no puede depender de un interés … que tienen

en

común

todos

los

que

integran

el

público,

por

la

naturaleza necesariamente abstracta del agravio que todos

los

ciudadanos

comparten.”

Véase,

Schlesinger

v.

Reservists Committee to Stop the War, 418 U.S. 208 (1974).

(“Concrete injury, whether actual or threatened, is that

indispensable element of a dispute which serves in part to

cast

it

in

a

form

traditionally

capable

of

judicial

resolution.”)

En este caso, como vimos, los demandantes invocan la

jurisdicción de este Tribunal en calidad de contribuyentes.

Veamos entonces esta alegación detenidamente.

II

A

“La doctrina que limita la legitimación activa de los

contribuyentes es un ejemplo de la política en contra de

que se presenten quejas generalizadas en los tribunales de

justicia.”

(Traducción

suplida).

L.

H.

Tribe,

American

Constitutional Law, 3era. Ed. Foundation Press, 2000, vol.

I, § 3-17, pág. 421.67

El Tribunal Supremo de los Estados

Unidos articuló sus objeciones contra pleitos instados por

los contribuyentes en el caso seminal de Frothingham v.

67

Sobre este tema confróntese, entre otros:

Standt,

Taxpayer in Court: A Systematic Study of a (Misunderstood)

Standing Doctrine, 52 Emory L.J. 771 (2003); Parsons,

Comment, Taxpayer’s Suits:

Standing Barriers and Pecuniary

Restraints, 59 Temple L.Q. 951 (1986); Schnurer, “More than

an Institution, Less than a Theory”:

Toward a Coherent

Doctrine of Standing, 86 Colum L. Rev. 564 (1986); Bagen,

Standing up for Flast:

Taxpayer and Citizen Standing to

Raise Constitutional Issues, 67 Ky. L. Rev. 147 (1978).

CT-2006-9

11

Mellon, 262 U.S. 447 (1923).

que

el

demandante,

quien

En Frothingham se resolvió

reclamaba

como

contribuyente

y

solicitaba la paralización de unos desembolsos de fondos

públicos autorizados mediante legislación federal, no tenía

legitimación activa porque su interés en los dineros del

tesoro era minúsculo e indeterminado.

(“interest

the

moneys

comparatively

minute

and

dispuso

el

que

in

injury]

the

treasury

indeterminable.”)

demandante

directo y concreto.

direct

of

262 U.S. pág. 487

tenía

que

.

.

El

Tribunal

demostrar

.

un

is

daño

Id., pág. 488 (“[plaintiff must allege

not

merely

that

he

suffers

in

some

indefinite way in common with people generally.”)

En Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968), el Tribunal

Supremo

se

enfrentó

invocaba

legitimación

nuevamente

activa

a

como

un

pleito

donde

contribuyente.

se

Allí

resolvió que la determinación de si un contribuyente está

legitimado para instar su pleito dependerá de si existe un

nexo

lógico

entre

su

estatus

reclamación que se dilucida.

como

contribuyente

y

la

Para determinar la existencia

de dicho nexo diseñó un análisis dual, indicó el Tribunal:

The nexus demanded of federal taxpayers has two

aspects to it.

First, the taxpayer must

establish a logical link between that status and

the type of legislative enactment attacked. Thus

a taxpayer will be a proper party to allege the

unconstitutionality

only

of

exercises

of

congressional power under the taxing and spending

clause of Art. I, s 8, of the Constitution.

It

will not be sufficient to allege an incidental

expenditure of tax funds in the administration of

an essentially regulatory statue. . . . Secondly,

the taxpayer must establish a nexus between the

status

and

the

precise

nature

of

the

constitutional infringement alleged.

Under this

CT-2006-9

12

requirement, the taxpayer must show that the

challenged

enactment

exceeds

specific

constitutional

limitations

imposed

upon

the

exercise of the congressional taxing and spending

power and not simply that the enactment is

generally beyond the powers delegated to Congress

by Art. I, s 8.

Flast, supra, pág. 103.

Con

posterioridad

a

Flast,

el

rehusado ampliar lo allí dispuesto.

Tribunal

Supremo

ha

E.g., United States v.

Richardson, 418 U.S. 166 (1974); Schlesinger v. Reservists

Committee to Stop the War, supra; Valley Forge Christian

College v. Americans United for Separation of Church and

De ahí que el profesor Chemerinsky, op.

State, supra.

cit.,

pág.

93,

resuma

la

doctrina

contribuyente de la siguiente forma:

de

pleito

del

“After Richardson,

Schlesinger, and Valley Forge the only situation in which

taxpayer standing appear permissible is if the plaintiff

challenges

a

government

expenditure

as

violating

the

Núm.

2

de

establishment clause.”

B

En

nuestro

ordenamiento,

la

Ley

del

25

febrero de 1946, 32 L.P.R.A secs. 3074-3076 (“Ley Núm. 2”),

prohíbe

los

pleitos

en

que

los

demandantes

invocan

la

jurisdicción del tribunal en su calidad de contribuyentes.

La acción del contribuyente, es un tipo de acción que

proliferó en Puerto Rico durante la década de los años 1940

cuando el gobierno comenzó a implantar un plan abarcador de

desarrollo económico y de reformas sociales.

Sobre este

particular el profesor Serrano Geyls nos indica lo

CT-2006-9

13

siguiente: “Ciertas personas, entre ellas líderes políticos

de la oposición, acudieron a los tribunales en su calidad

de

contribuyentes,

a

solicitar

órdenes

para

paralizar

varios de los nuevos programas del gobierno[, a]leg[ndo] la

inconstitucionalidad del gasto.”

R. Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Universidad

Interamericana, San Juan, 1997, vol. I, pág. 135.

E.g.,

Buscaglia v. Corte, 64 D.P.R. 11 (1944)(donde se confirma

una

decisión

demandante

paralizan

del

tribunal

acción

los

sociales).

inferior

legitimada

desembolsos

de

que

le

reconoce

como

contribuyente

fondos

de

varios

y

al

se

programas

Véase también, Suárez Martínez v. Tugwell, 67

D.P.R. 180 (1946).

A

raíz

de

estos

pleitos,

aprobó la Ley Núm. 2 de 1946.

la

Asamblea

Legislativa

De la exposición de motivos

de la Ley Núm. 2, se desprende que su propósito fue evitar

litigios

en

los

que

se

cuestionara

“la

legalidad

o

la

constitucionalidad de leyes y actuaciones de funcionarios

públicos

autorizados

por

ley,

por

personas

que

no

han

sufrido daño real alguno como resultado de las mismas, y

que alegan el derecho a demandar meramente por el hecho de

ser

contribuyentes.”

(Énfasis

nuestro.)

Exposición

de

Motivos, Ley Núm. 2 de 25 de febrero de 1946. 1946 L.P.R.

7.

Resulta meridianamente claro de lo anterior, que el

legislador al prohibir la acción de contribuyentes, quiso

disuadir

la

proliferación

demandante no sufre

un

daño

de

pleitos

real

e

en

los

que

el

individualizado.

A

CT-2006-9

14

estos efectos, en Suárez v. Tugwell, 67 D.P.R. 180, 186

(1947),

determinamos

tribunales

de

Puerto

que

la

Rico

Ley

de

Núm.

2

privó

a

los

jurisdicción

para

atender

casos en los que se alega tener un derecho que pertenece al

público y no a ningún individuo en particular.

Por otro lado, en Hernández Torres v. Gobernador, 129

D.P.R. 824 (1992) sostuvimos que un grupo de legisladores

en

su

todos

calidad

los

de

contribuyentes

contribuyentes

de

y

en

Puerto

representación

Rico,

carecían

de

de

legitimación activa para impugnar la constitucionalidad de

la Resolución Conjunta que proveía las asignaciones para

los

gastos

ordinarios

Asociado.68

del

Gobierno

del

Estado

Libre

En Hernández Torres, los demandantes habían

solicitado un injunction permanente para impedir el uso de

fondos asignados al amparo de la Resolución Conjunta bajo

el fundamento que el presupuesto aprobado era deficitario.

En dicha ocasión resolvimos que los legisladores no tenían

legitimación

activa

porque

no

demostraron

que

habían

sufrido daños personales, claros y palpables, ni que se le

habían menoscabado sus prerrogativas legislativas.

pág. 849.

Id.,

Resolvimos también que no tenían legitimación a

tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 2.

No es irrazonable concluir que en una situación en que

se impugne un gasto autorizado por la Asamblea Legislativa

porque se alegue que viola nuestra cláusula de separación

Los allí demandantes también reclamaron legitimación a

nombre del interés público y como representantes de su

electorado.

68

CT-2006-9

15

de iglesia y estado, concluyamos que dicho demandante tiene

legitimación activa como contribuyente para instar dicho

pleito,

independientemente

Asoc.

v.

Srio.

de

lo

Maestros

del

de

texto

de

la

Ley

137

Educación,

Núm.

D.P.R.

2.

528

(1994).

A

la

nuestro

luz

ordenamiento

contribuyente

se

anterior,

para

requiere

parece

reclamar

que

el

evidente

que

válidamente

demandante

en

como

impugne

la

validez de una ley o actuación gubernamental mediante la

cual se desembolsan fondos públicos69 para un fin específico

delineado

por

el

legislador,

y

que

dichos

violen alguna disposición constitucional.

desembolsos

Antes bien, si

lo que se reclama es exclusivamente el interés abstracto de

que el gobierno cumpla con la ley, somos del criterio que

ese contribuyente no tiene legitimación activa.

pues

este

es

un

interés

generalizado

que

Ello así

todos

los

contribuyentes y ciudadanos comparten de idéntica manera

por

lo

que

se

dificulta,

sino

imposibilita,

su

individualización.

De igual forma, una alegación general en el sentido

que

la

tasa

Ejecutiva

69

contributiva

afecta

el

poder

que

habrá

de

adquisitivo

imponer

del

el

Rama

ciudadano

y

A modo de ejemplo, en Suárez v. Tugwell, 67 D.P.R. 180

(1947), determinamos que la Ley Núm. 2 impedía la

presentación de una acción de contribuyente en la que el

demandante impugnó la asignación de fondos públicos a la

Compañía Agrícola de Puerto Rico. El demandante alegó que

la asignación ilegal de fondos a dicha compañía le

ocasionaría

graves

e

irreparables

daños

a

él

como

contribuyente y a todos los contribuyentes de Puerto Rico.

CT-2006-9

16

contribuyente,

pues

limita

el

dinero

que

se

tiene

disponible para utilizar, no confiere legitimación activa.

Esta es una alegación igualmente generalizada, compartida

por toda la ciudadanía y es también indiferenciada.

Véase,

Opinión

pública

Mayoritaria,

nota

10.

La

política

establecida en la Ley Núm. 2 de 1946, claramente prohíbe

pleitos en los que el contribuyente no logra probar la

existencia

de

un

interés

concreto

e

individualizado.

Véase, Federal Election Commission v. Akins, 524 U.S. 11,

35 (1998)(Scalia, J., op. disidente.)

Debemos en este momento referirnos someramente a los

fundamentos

invocados

por

la

Opinión

Mayoritaria

para

concluir que los demandantes están legitimados para instar

este pleito, los cuales no tan sólo no comparto sino que

estimo errados.

La Mayoría busca apoyo para su tesis en dos citas, una

del profesor Serrano Geyls y la segunda del profesor Tribe.

Además, cita en apoyo el caso de Bacchus Imports v. Dias,

468 U.S 263 (1984), el cual nos indica sostiene que “un

contribuyente tienen legitimación activa para impugnar una

ley contributiva que determina su propia responsabilidad

como contribuyente.”

(Énfasis en original.)

Opinión del

Tribunal, pág. 13.

Ciertamente,

a

poco

que

se

revise

detenidamente

la

cita al profesor Serrano nos parece evidente que allí no se

sostiene la proposición expuesta por la mayoría.

Geyls

postula

que

un

contribuyente

tiene

Serrano

legitimación

CT-2006-9

17

activa para “obtener un reembolso” por

lo pagado

o por lo

que se pretende pagar a la luz de una ley que se estima

ilegal o inconstitucional.

autos.

La

segunda

Ese claramente no es el caso de

situación

en

la

cual

se

alega

que

procede el pleito del contribuyente es cuando éste “impugna

un acto del gobierno como inconstitucional y alega, como

razón

para

probar

su

interés

de

litigante,

que

el

contribuye, mediante el pago de impuestos, al sostenimiento

económico

del

acto

alegadamente

inconstitucional.”

Nuevamente,

esta

no

la

situación

que

Me

pregunto,

¿cuál

nuestra

es

consideración.

tenemos

es

ante

el

acto

alegadamente inconstitucional en este pleito?

La referencia a Tribe, es igualmente errada.

Tribe

cita en apoyo a la posición expresada en la cita acogida

por la Mayoría, los casos de Bacchus Imports, supra, y

Regan v. Taxation with Representantion of Washington, 461

U.S. 540 (1983).

Tribe, op. cit., pag. 421 n. 33.

Ninguno

de estos dos casos versa sobre la legitimación activa del

contribuyente.

El asunto planteado en Bacchus era si el

arbitrio que imponía Hawaii sobre las ventas de licor al

por

mayor

que

eximía

de

dicho

pago

licores

producidos

localmente, violaba la cláusula de comercio por su carácter

proteccionista,

de

las

y

la

cláusula constitucional de importación y exportación.

En

leyes

al

la

cláusula

discriminar

contra

de

igual

productos

protección

importados

Regan, el Tribunal Supremo sostuvo que una disposición del

CT-2006-9

Código

18

de

Rentas

corporaciones

Internas

exentas

del

federal

relacionada

con

las

pago

contribuciones,

que

de

condiciona dicho estatus a que éstas no se involucraran en

campañas

de

cabildeo

constitucionalmente

a

válida,

los

frente

congresistas,

era

una

alegación

de

que

del

criterio

que

los

Tribunal

son

violaba la Primera Enmienda.

A

base

fundamentos

de

lo

anterior

invocados

por

la

soy

Opinión

del

desacertados y no sostienen la posición adoptada por la

Mayoría del Tribunal.

III

Los demandantes Carlos Romero Barceló, Peter Muller

Maldonado, y un grupo de ocho (8) ciudadanos pensionados

alegan tener legitimación activa en el presente caso como

contribuyentes los primeros, y contribuyentes y pensionados

los segundos.

En síntesis, acuden ante nosotros para hacer

valer el interés generalizado que tiene todo ciudadano en

que

el

Poder

interpretan,

Ejecutivo

así

como

cumpla

con

también

por

la

ley

según

la

estimar

que

la

interpretación de la Rama Ejecutiva de la Ley de Justicia

Contributiva limita su poder adquisitivo.

Según los demandantes lo que les causa daño es la

interpretación que hace el Gobernador de la tasa de interés

sobre el consumo y el uso dispuesto en la Ley de Justicia

Contributiva, pues eventualmente pagarán más y verán sus

finanzas afectadas al “disminuirse” su poder adquisitivo.

Su interés es entonces que la ley se interprete conforme

CT-2006-9

ellos

19

entienden

que

fue

aprobada.

Es

Gobierno aplique la ley correctamente.

decir,

que

el

A todas luces, esto

es un reclamo y daño generalizado que comparte toda la

ciudadanía.

Como hemos dicho, en ausencia de una alegación

válida de violación a un derecho constitucional, el reclamo

general

de

que

equivocadamente

la

es

ley

está

insuficiente

siendo

para

interpretada

reconocerle

a

un

contribuyente o ciudadano legitimación activa para incoar

un pleito como el de autos.

Por otro lado, huelga señalar

lo obvio, los demandantes no han impugnado desembolso de

gasto alguno de parte de la Rama Ejecutiva.

Reconocer

que

los

demandantes

poseen

legitimación

activa para cuestionar la actuación de la Rama Ejecutiva de

interpretar el texto de una ley y ponerla en vigor, sin

alegación

alguna

de

que

ha

habido

una

violación

constitucional, abriría las puertas del tribunal de “par en

par

para

incoar

la

consideración

cualquier

política

ciudadano

pública.”

Salas

de

cualquier

en

alegada

Soler

102, D.P.R. 716, 723-34 (1974).

v.

caso

que

protección

Srio.

de

desee

de

una

Agricultura,

Más grave aun tal vez, una

propuesta de esta naturaleza parecería apuntar a un sistema

de

gobierno

en

el

que

los

tribunales

cargan

con

la

obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes”, facultad

ínsita al Poder Ejecutivo.

Constitución de Puerto Rico,

Art.

Federal

IV,

sec.

supra, pág. 36.

4.

Véase,

Election

Commission,

CT-2006-9

20

Finalmente, tanto los demandantes como la Opinión del

Tribunal

expresan

una

reconocerles legitimación

tendría.

preocupación

activa

en

No compartimos la misma.

este

porque

caso

de

no

nadie la

Lo cierto es que hay

unos asuntos cuya solución no compete a la Rama Judicial y

sí al proceso político.

A quienes no les satisfaga la

interpretación del Gobernador respecto la Ley de Justicia

Contributiva tienen a su haber el poder mas poderoso en una

democracia,

el

voto,

para

dejarse

escuchar.

Ante

un

planteamiento idéntico al que ahora preocupa a la Mayoría,

hago

mía

las

expresiones

del

Juez

Presidente

Burger

Richardson, 418 U.S. pág. 179, citamos extensamente:

It can be argued that if respondent is not

permitted to litigate this issue, no one can do

so.

In a very real sense , the absence of any

particular individual or class to litigate these

claims gives support to the argument that the

subject matter is committed to the surveillance

of Congress, and ultimately to the political

process.

Any other conclusion would mean that

the Founding Fathers intended to set up something

in the nature of an Athenian democracy or a New

England town meeting to oversee the conduct of

the National Government by means of lawsuits in

federal

courts.

The

Constitution

created

a

representative

Government

with

the

representatives directly responsible to their

constituents . . . that the Constitution does not

afford a judicial remedy does not, of course,

completely disable the citizen who is not

satisfied with the ‘ground rules’ established . .

. Lack of standing within the narrow confines of

Art. III jurisdiction does not impair the right

to assert his views in the political forum or at

the polls.

Slow, cumbersome, and unresponsive

though the traditional electoral process may be

thought at times, our system provides for

changing members of the political branches when

dissatisfied

citizens

convince

a

sufficient

number of their fellow electors that elected

representatives are delinquent in performing

duties committed to them. (Énfasis nuestro.)

en

CT-2006-9

21

Véase también, Schlesinger, supra, pág. 227. (“Our system

of

government

leaves

many

crucial

decisions

to

the

political process. The assumption that if respondents have

no standing to sue, no one would have standing, is not a

reason to find standing.”)

(Énfasis nuestro.)

Ante la ausencia de una controversia justiciable, soy

del

criterio

desestimado.

que

el

pleito

de

epígrafe

debió

ser

Por los fundamentos expresados disiento de la

Opinión dictada en el día de hoy.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada