Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Medina v. Dr. Mehne y otros Simed
2006 TSPR 127
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Medina v. Dr. Mehne y otros Simed
CC-2004-0702
Procedimiento Civil-Reconsideración de resoluciones y órdenes interlocutorias
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2006 TSPR 127
Jorge L. Agudo Olmeda
168 DPR ____
Recurriio
Número del Caso: CC-2005-0362
Fecha: 24 de julio de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel V
Juez Ponente:
Hon. Roberto González Rivera
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Mariana D. Negrón Vargas
Subprocuradora General
Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts
Procurador General
Materia: Artículo 165 del Código Penal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2005-362
Certiorari
el
SEÑOR
Jorge L. Agudo Olmeda
Recurrido
Opinión del
BERLINGERI.
Tribunal
emitida
por
Juez
Asociado
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 2006.
Tenemos la ocasión para interpretar la sección
primera de la Regla 111 de Procedimiento Criminal.
I.
El Ministerio Público presentó una denuncia en
contra de Jorge L. Agudo Olmeda (el recurrido) el 28
de agosto de 2004 por alegados hechos constitutivos
de
apropiación
ilegal
agravada,
artículo
166
del
antiguo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.
sec. 4272 (2001). Según surge de la denuncia, Agudo
Olmeda, alegadamente, se apropió de ocho películas
en formato DVD, propiedad de la tienda Borders del
centro comercial Plaza Las Américas, valoradas en
$221.92.
CC-2005-362
2
La vista preliminar se celebró el 16 de noviembre de
2004, y se determinó causa probable para acusar por el
delito menos grave de apropiación ilegal, artículo 165 del
antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271 (2001). De la
minuta de la vista preliminar se desprende que el acusado
quedó citado para el 30 de noviembre de 2004, día en que
se llevaría a cabo el acto de la lectura de la acusación.
El
expediente
del
caso
fue
entonces
remitido
a
la
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. El 29 de
noviembre
de
2004
el
Ministerio
Público
presentó
una
acusación por los mismos hechos, pero por violación al
artículo
165
del
antiguo
Código
Penal,
donde
supra,
especificó que el valor de los bienes apropiados era menor
a $500.00.
Al llegar al acto de la lectura de la acusación,
según surge de la minuta del 30 de noviembre de 2004, la
defensa
le
constaban
hechos,
informó
una
por
documento
al
denuncia
lo
que
conducirse.
Tribunal
y
una
solicitó
El
que
en
acusación
que
se
Tribunal
el
por
expediente
los
aclarara
hizo
mismos
por
qué
constar
que
archivaba la denuncia y que retenía la acusación. La vista
fue pautada para el 27 de enero de 2005, día en que se
enmendó la acusación para que leyera que el valor de los
bienes apropiados era menor a $200.00.
El
juicio
en
su
fondo
fue
pautado
para
el
7
de
febrero de 2005. Según surge de la minuta del Tribunal, la
defensa le informó a éste que, debido a que el caso fue
CC-2005-362
presentado
3
mediante
una
acusación,
Agudo
Olmeda
tenía
derecho a juicio por jurado al amparo de la Regla 111 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 111.1 El
Tribunal no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la
defensa, y así lo hizo constar en dicha minuta:
El Tribunal entiende que no, [luego de
celebrada la] Vista Preliminar [el delito] fue
reclasificado a delito menos grave y [] subió
como delito menos grave. Cuando existía un
Tribunal de Distrito eso era así, y con la
nueva Ley de la Judicatura, no tiene derecho a
[j]uicio por [j]urado un Art. 165 y [el
Tribunal] comenzará a ver [el caso] por
Tribunal de Derecho.
Agudo Olmeda presentó un recurso de certiorari ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
en
el
que
solicitó
la
revocación de este dictamen. El foro apelativo, con el
disenso del juez Rivera Martínez, expidió el recurso y
revocó la actuación del foro de instancia por entender que
la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, ante la
falta de actuación legislativa después de la aprobación de
las Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, le concede al
Ministerio
1
Público
la
opción
La Regla 111 de
establece lo siguiente:
de
comenzar
Procedimiento
un
caso
Criminal,
por
supra,
Las cuestiones de hecho en casos de delito grave
y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en
casos
de
delito
menos
grave
siempre
que
originalmente se presentare la acusación en el
Tribunal de Primera Instancia y fueren también
de la competencia del Tribunal de Distrito
habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que
el acusado renunciare expresa, inteligente y
personalmente al derecho a juicio por jurado.
[...]
Regla 111 de Procedimiento Criminal,
supra.
CC-2005-362
delito
4
menos
grave
mediante
la
presentación
de
una
acusación. Según el análisis del foro apelativo, si el
Ministerio Público opta por proceder de esta forma, el
acusado tendrá derecho a juicio por jurado; derecho al que
sólo
podrá
renunciar
de
forma
expresa,
personal
e
inteligente. Debido a que Agudo Olmeda no renunció a su
derecho a juicio por jurado, sino que, por el contrario,
trató de ejercitarlo, el foro apelativo ordenó al foro de
instancia que continuara con los procedimientos del caso
permitiendo que éstos se ventilaran frente a un jurado.2
Inconforme con la determinación del foro apelativo,
el
Procurador
recurso
de
jurisdicción,
General
certiorari
y
trajo
recurrió
ante
nos
mediante
un
y
moción
en
auxilio
de
una
ante
nuestra
atención
sólo
un
señalamiento de error:
Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
reconocerle al acusado un derecho a juicio por
jurado, a pesar de que se le imputa un delito
menos grave que acarrea sólo pena de reclusión
por término máximo de seis (6) meses y/o multa
no mayor de $500, sólo por razón de que el
pliego acusatorio era una “acusación” y no una
“denuncia”.
El
26
certiorari.
de
abril
de
2005
expedimos
el
auto
de
Ambas partes han comparecido a sustentar sus
posturas. Pasamos a resolver.
2
El juez disidente argumentó que la lectura que sus
compañeros jueces hicieron de la Regla 111, supra, es
incorrecta,
ya
que
ésta
resulta,
al
presente,
“impracticable”. Expresó el Juez que el esquema actual del
sistema judicial puertorriqueño hace inoperante la parte
aquí concernida de la Regla 111, supra, por lo que erró la
mayoría al ordenar un juicio por jurado.
CC-2005-362
5
II
El derecho a juicio por jurado en Puerto Rico se
encuentra
consagrado
en
la
Carta
de
Derechos
de
la
Constitución del Estado Libre Asociado:
En los procesos por delito grave el acusado
tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un
jurado imparcial compuesto por doce vecinos del
distrito, quienes podrán rendir veredicto por
mayoridad de votos en el cual deberán concurrir
no menos de nueve. Art. II Sec. 11 Const E.L.A.,
L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. (Énfasis
suplido.)
De acuerdo al claro tenor constitucional, el derecho a
juicio por jurado ampara a todo acusado de delito grave.
La sección trascrita de la Constitución del Estado Libre
Asociado
coincide
con
lo
que
el
Tribunal
Supremo
de
Estados Unidos ha dicho que es el mínimo constitucional en
materia
de
juicio
por
jurado.
Aunque
la
Asamblea
Legislativa de Puerto Rico podría expandir este derecho,
sus
actuaciones
nunca
han
reflejado
una
intención
de
ensanchar el mínimo constitucional en este aspecto. Así lo
asegura el profesor Chiesa al comentar que en Puerto Rico
no
hay
ningún
indicio
de
que
la
Asamblea
Legislativa
quiera ampliar el derecho a juicio por jurado más allá de
lo permitido por la Constitución de Estados Unidos en su
Enmienda Sexta. E. L. Chiesa, Los derechos de los acusados
y
la
factura
más
ancha,
65
Rev.
Jur.
U.P.R.
83,
107
(1996). Así, las decisiones del Tribunal Supremo federal
CC-2005-362
6
han trazado el camino seguido por la Asamblea Legislativa
en el tema que nos ocupa.
El
Tribunal
Supremo
Sexta
que
Enmienda
como
federal
cobija
a
ha
interpretado
cualquier
la
acusado
de
delito grave o de delito menos grave que apareje pena de
reclusión por un término mayor de seis meses. Baldwin v.
New
York,
399
U.S.
66
(1970).
A
su
vez,
ha
rechazado
constantemente extender el derecho a juicio por jurado a
casos que no caigan dentro de estas limitaciones. United
v. Nachtigal, 507 U.S. 1 (1993); Lewis v. United Status,
518
U.S.
322
(1996).
Por
su
parte,
e
inmediatamente
después de la decisión del Tribunal Supremo federal en el
caso de Baldwin, supra, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico
actuó
para
garantizar
el
cumplimiento
con
las
exigencias mínimas federales, pero sólo ésas: las mínimas.
Ver, Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971; Ley Núm. 9 de 7 de
julio de 1971. De esta suerte, los delitos menos graves
sólo aparejaban pena de reclusión de menos de seis meses
y/o una multa que no excediese de quinientos dólares. Se
dejó
fuera
homicidio
de
este
esquema
involuntario
(hoy
el
delito
homicidio
menos
grave
negligente),
de
pues
éste conlleva una pena mayor de seis meses. Este diseño se
mantuvo en el antiguo Código Penal de 1974 (vigente al
momento
de
los
hechos
que
desembocaron
en
la
presente
CC-2005-362
7
controversia)3 y, con ciertas variantes, en el Código Penal
de 2005.4
La
Regla
111
de
Procedimiento
Criminal,
supra,
establece las normas sobre el derecho a juicio por jurado
y
su
renuncia.
En
lo
pertinente
a
la
presente
controversia, la Regla prescribe que:
[l]as cuestiones de hecho en casos de delito
grave
y,
salvo
lo
dispuesto
en
leyes
especiales, en casos de delito menos grave
siempre que originalmente se presentare la
acusación en el Tribunal de Primera Instancia[5]
y fueren también de la competencia del Tribunal
de Distrito habrán de ser juzgadas por el
jurado a menos que el acusado renunciare
expresa, inteligente y personalmente al derecho
a juicio por jurado. Regla 111 de Procedimiento
Criminal, supra.
La
sección
que
nos
atañe
de
la
regla
transcrita
ha
permanecido en las Reglas de Procedimiento Criminal desde
su aprobación en 1963. Para esa fecha, el Tribunal de
Primera
Instancia
se
componía
de
tres
tribunales
distintos: el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y
3
“Es delito menos grave todo aquél que apareja pena
de reclusión por un término que no exceda de seis (6)
meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000)
dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Delito
grave comprende todos los demás delitos”. Art. 12 del
Código Penal de 1974.
4
En el nuevo Código Penal los delitos menos graves
aparejan pena de reclusión de hasta noventa días o multa
individualizada de hasta cinco mil dólares. Sin embargo,
claramente se establece que “[será] delito grave aquél que
conlleva una pena de reclusión mayor de seis (6) meses”.
Art. 16 del Código Penal de 2005.
5
El texto original leía “Tribunal Superior” en vez de
“Tribunal de Primera Instancia”. Esta sustitución se llevó
a cabo luego de la aprobación de la Ley de la Judicatura
de 1994 por razones que expondremos más adelante. La
Regla, sin embargo, no ha sido enmendada.
CC-2005-362
8
el Tribunal Municipal. Con relación a las causas penales,
el Tribunal Superior era el foro en el que se ventilaban
aquéllas por delitos graves, mientras que en el Tribunal
de
Distrito
graves.
se
Dicha
procedimientos
fraccionarse
ventilaban
los
casos
regla
un
mecanismo
por
en
era
delitos
distintos
por
acumulables
tribunales
delitos
para
que
los
tuviesen
que
razón
sus
no
por
menos
de
respectivas clasificaciones. Es decir, la Regla permitía
que
los
procedimientos
por
delitos
menos
graves
acumulables con delitos graves se celebraran a la vez en
un solo tribunal, pero salvaguardando el derecho a juicio
por jurado de los acusados por delito grave (en el antiguo
Tribunal Superior); de ahí que el texto original de la
regla requiriera que el delito fuera de la competencia del
Tribunal
de
Distrito,
pero
presentado
ante
el
Tribunal
Superior mediante una acusación.
Con la promulgación de la Ley de la Judicatura de
1994, Ley Núm. 1 del 28 de julio de 1994, la Asamblea
Legislativa
suprimió
los
tres
tribunales
inferiores
anteriores. Así, consolidó en un solo Tribunal de Primera
Instancia los antiguos Tribunales Superior y Municipal y
decretó la abolición del Tribunal de Distrito al cabo de
ocho años.6 El esquema descrito fue mantenido en la Ley de
6
El artículo 9.001 de la Ley de la Judicatura de 1994
disponía:
El Tribunal de Distrito quedará abolido en
ocho (8) años, a partir de la vigencia de esta
ley.
CC-2005-362
9
la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de
2003.
Al
día
de
hoy
persiste
la
consolidación
de
los
Tribunales Superior y Municipal en el Tribunal de Primera
Instancia y la abolición del Tribunal de Distrito.7
Consiguientemente, debemos determinar si la sección
primera de la Regla es anacrónica o si aún mantiene alguna
distinción válida que legitime su uso para permitir el
derecho a juicio por jurado en procedimientos por delitos
menos graves.
A partir de la vigencia de esta ley las
Secciones del Tribunal de Primera Instancia
conocidas como Tribunal Superior y Tribunal
Municipal se consolidarán y se conocerán como
Tribunal de Primera Instancia. Los jueces que con
anterioridad a la vigencia de la ley eran jueces
de las Secciones conocidas como Tribunal Superior
y como Tribunal Municipal serán parte del
Tribunal de Primera Instancia y tendrán las
facultades que se determinan en las secs. 22 a
23n de este título y se conocerán como Jueces
Superiores y Jueces Municipales.
Una vez concluido el término de cinco (5)
años a partir de [la] vigencia de esta ley, las
facultades conferidas en los subincisos (6) y (7)
del Artículo 5.004 inciso I(c) de esta ley,
dejarán
de
ser
facultades
de
los
Jueces
Municipales.
El Tribunal de Distrito quedará abolido en
ocho (8) años a partir de la vigencia de esta
ley,
permaneciendo
durante
el
proceso
de
abolición como una Subsección del Tribunal de
Primera Instancia consolidado. 4 L.P.R.A. sec.
23c (2003).
7
El artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 2003
establece que: [e]l Tribunal de Primera Instancia quedará
constituido por doscientos cincuenta y tres (253) jueces
superiores y ochenta y cinco (85) jueces municipales. 4
L.P.R.A. sec. 25b (Supl. 2005).
CC-2005-362
10
III
Consciente de que la sección primera de la Regla 111
de
Procedimiento
incongruencias
Criminal,
con
el
presenta
supra,
sistema
judicial
grandes
actual,
Agudo
Olmeda argumentó ante nos que, debido a la ausencia de
acción legislativa que atempere la referida regla a las
Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, debemos interpretar
que el criterio fundamental para diferenciar los momentos
en que el derecho a juicio por jurado cobija al acusado
más
allá
del
entendido
constitucional
debería
ser
la
presentación de una acusación, en vez de una denuncia. En
otras palabras, la aseveración de Agudo Olmeda, acogida
por el Tribunal de Apelaciones, es que el derecho a juicio
por
jurado,
según
Procedimiento
estatuido
Criminal,
en
supra,
la
debe
Regla
estar
111
de
ligado
al
vehículo procesal que se escoja para iniciar la acción
penal. No nos convence dicho análisis.
En primer lugar, resulta claro que el esquema del
sistema
judicial
que
tuvo
presente
el
legislador
al
redactar la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra,
era
muy
ambos
diferente
esquemas
al
actual.
de
tal
es
La
grado
incompatibilidad
que,
entre
actualmente,
es
imposible cumplir con los dos requisitos que impone la
Regla, a saber: (1) la presentación de una acusación ante
el Tribunal Superior (Tribunal de Primera Instancia según
la codificación de las Leyes de Puerto Rico Anotadas), y,
(2)
que
el
delito
por
el
que
se
acusa
sea
de
la
CC-2005-362
11
competencia del Tribunal de Distrito. Ello, sencillamente,
porque ya no existe el Tribunal de Distrito, visto que
éste quedó completamente abolido después de la Ley de la
Judicatura de 1994, supra. Por tanto, la sección primera
de
la
Regla
111,
cuya
aplicación
se
cimienta
en
la
existencia de dos tribunales distintos e independientes,
ya no tiene sentido, pues el Tribunal de Primera Instancia
es, en la actualidad, un tribunal unificado.
En
derecho
segundo
lugar,
constitucional
esencialmente
a
la
conforme
a
juicio
por
a
pena
prevista
lo
ya
expuesto,
jurado
para
está
el
el
ligado
delito
en
cuestión. Así, hay un derecho a juicio por jurado en casos
por delitos graves, o en casos por delitos menos graves
que acarreen una pena de reclusión equivalente a aquélla
por delito grave. Por su parte, el derecho estatutario a
juicio por jurado ha seguido muy de cerca el andamiaje
constitucional,
Legislativa
ya
discutido.
siempre
De
haya
ahí
que
procurado
la
Asamblea
mantener
las
definiciones de delito grave y delito menos grave dentro
de
las
Estado
limitaciones
Libre
impuestas
Asociado
y
por
del
la
Constitución
Derecho
del
Constitucional
federal.
La interpretación que el recurrido propone que se le
dé
a
la
contraria
primera
oración
de
a
claras
tendencias
las
la
Regla
111,
de
la
supra,
es
Asamblea
Legislativa a circunscribir el derecho a juicio por jurado
al
mínimo
constitucional.
A
todas
luces,
Agudo
Olmeda
CC-2005-362
12
pretende que, ante el desuso en el que ha recaído la parte
aquí
concernida
de
la
Regla
111,
supra,
ampliemos
el
derecho a juicio por jurado a casos en que el Ministerio
Público presente como primera alegación una acusación, sin
importar la pena que apareje el delito en cuestión. No
podemos
tomarnos
tal
iniciativa
sin
una
clara
manifestación legislativa a tales efectos.8
A
tenor
con
las
tendencias
legislativas
y
constitucionales detalladas, el Comité Asesor Permanente
de
Reglas
Comité)
de
Procedimiento
recomendó
enmendar
Criminal
la
Regla
(en
adelante
el
111,
supra,
para
adecuarla a los cambios acaecidos después de la vigencia
de
la
Ley
de
la
Judicatura
de
1994,
supra.
El
Comité
sugirió el siguiente texto con miras a ajustar la Regla al
nuevo esquema judicial:
Las controversias de hecho en casos de
delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes
especiales, en casos de delito menos grave con
derecho a juicio por jurado, en que se presente
una acusación en una sala superior del Tribunal
de Primera Instancia, habrán de ser juzgadas por
un
Jurado
[...].
Informe
de
Reglas
de
Procedimiento Criminal: Propuesta del Comité
Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento
Criminal a la Decimonovena Sesión Plenaria de la
Conferencia Judicial de Puerto Rico, febrero
1996, Regla 502, pág. 173.
Del
texto
de
la
regla
propuesta
se
desprenden
dos
conclusiones importantes. Primero, podemos afirmar que el
Comité entendió que, con la desaparición de los antiguos
8
Suprimir la estructura judicial en la que se
fundamentaba el derecho a juicio por jurado de esta parte
de la Regla es, en nuestra opinión, suficiente acción
legislativa en contra del argumento de Agudo Olmeda.
CC-2005-362
tribunales
13
inferiores
que
integraban
el
Tribunal
de
Primera Instancia, se hacía imperiosa la enmienda de la
Regla 111, supra. Además, podemos deducir que el Comité no
contemplaba
que
la
Regla
111,
supra,
añadiera
nuevas
instancias de derecho a juicio por jurado más allá del
mínimo constitucional. De ahí que, al proponer un nuevo
texto
para
la
Regla,
no
se
apartara
del
alcance
constitucional que por años se le ha dado a este derecho.
Más aún, al proponer el nuevo texto, el Comité se
expresó en cuanto a la interpretación de la Regla sugerida
por
Agudo
Olmeda:
“[l]o
dispuesto
en
esta
regla
no
significa que se le va a conceder juicio por jurado a
aquellos delitos menos graves que no tengan tal derecho,
por el hecho de que se radiquen en una acusación”. Informe
de
Reglas
de
Procedimiento
(énfasis suplido).
Criminal,
supra,
pág.
174
Al igual que el Comité, no creemos que
la selección de una acusación, en lugar de una denuncia,
como la primera alegación en un procedimiento penal por un
delito
menos
grave,
sea
razón
para
activar
el
derecho
estatutario a juicio por jurado, especialmente cuando la
sección de la regla en la cual supuestamente se fundamenta
el derecho alegado ya es anacrónica.
El
alguno
recurrido
que
puertorriqueño
no
ha
permita
quiso
presentado
suponer
extender
el
fundamento
que
derecho
el
a
válido
legislador
juicio
por
jurado al enjuiciamiento de los de delitos menos graves en
circunstancias
como
la
que
nos
concierne.
En
cambio,
CC-2005-362
14
existen varios fundamentos, reseñados antes, que apoyan la
conclusión
de
que
el
legislador
nunca
ha
tenido
tal
intención. Concluimos, por tanto, que la Regla 111, supra,
no debe entenderse como que abarca más allá del mínimo
constitucional en relación al derecho a juicio por jurado.
Por los fundamentos que anteceden procede revocar la
sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
y
reinstalar
el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de San Juan, mediante el cual se le deniega al recurrido
el derecho a juicio por jurado.
Se dictará sentencia de conformidad.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs.
CC-2005-362
Certiorari
Jorge L. Agudo Olmeda
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se revoca la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y se reinstala el dictamen
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan, mediante el cual se le deniega al
recurrido el derecho a juicio por jurado.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo