LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Medina v. Dr. Mehne y otros Simed

2006 TSPR 127

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez Medina v. Dr. Mehne y otros Simed

CC-2004-0702

Procedimiento Civil-Reconsideración de resoluciones y órdenes interlocutorias

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2006 TSPR 127

Jorge L. Agudo Olmeda

168 DPR ____

Recurriio

Número del Caso: CC-2005-0362

Fecha: 24 de julio de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel V

Juez Ponente:

Hon. Roberto González Rivera

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Ana E. Andrade Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas

Subprocuradora General

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Materia: Artículo 165 del Código Penal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2005-362

Certiorari

el

SEÑOR

Jorge L. Agudo Olmeda

Recurrido

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

Juez

Asociado

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 2006.

Tenemos la ocasión para interpretar la sección

primera de la Regla 111 de Procedimiento Criminal.

I.

El Ministerio Público presentó una denuncia en

contra de Jorge L. Agudo Olmeda (el recurrido) el 28

de agosto de 2004 por alegados hechos constitutivos

de

apropiación

ilegal

agravada,

artículo

166

del

antiguo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.

sec. 4272 (2001). Según surge de la denuncia, Agudo

Olmeda, alegadamente, se apropió de ocho películas

en formato DVD, propiedad de la tienda Borders del

centro comercial Plaza Las Américas, valoradas en

$221.92.

CC-2005-362

2

La vista preliminar se celebró el 16 de noviembre de

2004, y se determinó causa probable para acusar por el

delito menos grave de apropiación ilegal, artículo 165 del

antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271 (2001). De la

minuta de la vista preliminar se desprende que el acusado

quedó citado para el 30 de noviembre de 2004, día en que

se llevaría a cabo el acto de la lectura de la acusación.

El

expediente

del

caso

fue

entonces

remitido

a

la

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. El 29 de

noviembre

de

2004

el

Ministerio

Público

presentó

una

acusación por los mismos hechos, pero por violación al

artículo

165

del

antiguo

Código

Penal,

donde

supra,

especificó que el valor de los bienes apropiados era menor

a $500.00.

Al llegar al acto de la lectura de la acusación,

según surge de la minuta del 30 de noviembre de 2004, la

defensa

le

constaban

hechos,

informó

una

por

documento

al

denuncia

lo

que

conducirse.

Tribunal

y

una

solicitó

El

que

en

acusación

que

se

Tribunal

el

por

expediente

los

aclarara

hizo

mismos

por

qué

constar

que

archivaba la denuncia y que retenía la acusación. La vista

fue pautada para el 27 de enero de 2005, día en que se

enmendó la acusación para que leyera que el valor de los

bienes apropiados era menor a $200.00.

El

juicio

en

su

fondo

fue

pautado

para

el

7

de

febrero de 2005. Según surge de la minuta del Tribunal, la

defensa le informó a éste que, debido a que el caso fue

CC-2005-362

presentado

3

mediante

una

acusación,

Agudo

Olmeda

tenía

derecho a juicio por jurado al amparo de la Regla 111 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 111.1 El

Tribunal no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la

defensa, y así lo hizo constar en dicha minuta:

El Tribunal entiende que no, [luego de

celebrada la] Vista Preliminar [el delito] fue

reclasificado a delito menos grave y [] subió

como delito menos grave. Cuando existía un

Tribunal de Distrito eso era así, y con la

nueva Ley de la Judicatura, no tiene derecho a

[j]uicio por [j]urado un Art. 165 y [el

Tribunal] comenzará a ver [el caso] por

Tribunal de Derecho.

Agudo Olmeda presentó un recurso de certiorari ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

en

el

que

solicitó

la

revocación de este dictamen. El foro apelativo, con el

disenso del juez Rivera Martínez, expidió el recurso y

revocó la actuación del foro de instancia por entender que

la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, ante la

falta de actuación legislativa después de la aprobación de

las Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, le concede al

Ministerio

1

Público

la

opción

La Regla 111 de

establece lo siguiente:

de

comenzar

Procedimiento

un

caso

Criminal,

por

supra,

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave

y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en

casos

de

delito

menos

grave

siempre

que

originalmente se presentare la acusación en el

Tribunal de Primera Instancia y fueren también

de la competencia del Tribunal de Distrito

habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que

el acusado renunciare expresa, inteligente y

personalmente al derecho a juicio por jurado.

[...]

Regla 111 de Procedimiento Criminal,

supra.

CC-2005-362

delito

4

menos

grave

mediante

la

presentación

de

una

acusación. Según el análisis del foro apelativo, si el

Ministerio Público opta por proceder de esta forma, el

acusado tendrá derecho a juicio por jurado; derecho al que

sólo

podrá

renunciar

de

forma

expresa,

personal

e

inteligente. Debido a que Agudo Olmeda no renunció a su

derecho a juicio por jurado, sino que, por el contrario,

trató de ejercitarlo, el foro apelativo ordenó al foro de

instancia que continuara con los procedimientos del caso

permitiendo que éstos se ventilaran frente a un jurado.2

Inconforme con la determinación del foro apelativo,

el

Procurador

recurso

de

jurisdicción,

General

certiorari

y

trajo

recurrió

ante

nos

mediante

un

y

moción

en

auxilio

de

una

ante

nuestra

atención

sólo

un

señalamiento de error:

Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

reconocerle al acusado un derecho a juicio por

jurado, a pesar de que se le imputa un delito

menos grave que acarrea sólo pena de reclusión

por término máximo de seis (6) meses y/o multa

no mayor de $500, sólo por razón de que el

pliego acusatorio era una “acusación” y no una

“denuncia”.

El

26

certiorari.

de

abril

de

2005

expedimos

el

auto

de

Ambas partes han comparecido a sustentar sus

posturas. Pasamos a resolver.

2

El juez disidente argumentó que la lectura que sus

compañeros jueces hicieron de la Regla 111, supra, es

incorrecta,

ya

que

ésta

resulta,

al

presente,

“impracticable”. Expresó el Juez que el esquema actual del

sistema judicial puertorriqueño hace inoperante la parte

aquí concernida de la Regla 111, supra, por lo que erró la

mayoría al ordenar un juicio por jurado.

CC-2005-362

5

II

El derecho a juicio por jurado en Puerto Rico se

encuentra

consagrado

en

la

Carta

de

Derechos

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado:

En los procesos por delito grave el acusado

tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un

jurado imparcial compuesto por doce vecinos del

distrito, quienes podrán rendir veredicto por

mayoridad de votos en el cual deberán concurrir

no menos de nueve. Art. II Sec. 11 Const E.L.A.,

L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. (Énfasis

suplido.)

De acuerdo al claro tenor constitucional, el derecho a

juicio por jurado ampara a todo acusado de delito grave.

La sección trascrita de la Constitución del Estado Libre

Asociado

coincide

con

lo

que

el

Tribunal

Supremo

de

Estados Unidos ha dicho que es el mínimo constitucional en

materia

de

juicio

por

jurado.

Aunque

la

Asamblea

Legislativa de Puerto Rico podría expandir este derecho,

sus

actuaciones

nunca

han

reflejado

una

intención

de

ensanchar el mínimo constitucional en este aspecto. Así lo

asegura el profesor Chiesa al comentar que en Puerto Rico

no

hay

ningún

indicio

de

que

la

Asamblea

Legislativa

quiera ampliar el derecho a juicio por jurado más allá de

lo permitido por la Constitución de Estados Unidos en su

Enmienda Sexta. E. L. Chiesa, Los derechos de los acusados

y

la

factura

más

ancha,

65

Rev.

Jur.

U.P.R.

83,

107

(1996). Así, las decisiones del Tribunal Supremo federal

CC-2005-362

6

han trazado el camino seguido por la Asamblea Legislativa

en el tema que nos ocupa.

El

Tribunal

Supremo

Sexta

que

Enmienda

como

federal

cobija

a

ha

interpretado

cualquier

la

acusado

de

delito grave o de delito menos grave que apareje pena de

reclusión por un término mayor de seis meses. Baldwin v.

New

York,

399

U.S.

66

(1970).

A

su

vez,

ha

rechazado

constantemente extender el derecho a juicio por jurado a

casos que no caigan dentro de estas limitaciones. United

v. Nachtigal, 507 U.S. 1 (1993); Lewis v. United Status,

518

U.S.

322

(1996).

Por

su

parte,

e

inmediatamente

después de la decisión del Tribunal Supremo federal en el

caso de Baldwin, supra, la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico

actuó

para

garantizar

el

cumplimiento

con

las

exigencias mínimas federales, pero sólo ésas: las mínimas.

Ver, Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971; Ley Núm. 9 de 7 de

julio de 1971. De esta suerte, los delitos menos graves

sólo aparejaban pena de reclusión de menos de seis meses

y/o una multa que no excediese de quinientos dólares. Se

dejó

fuera

homicidio

de

este

esquema

involuntario

(hoy

el

delito

homicidio

menos

grave

negligente),

de

pues

éste conlleva una pena mayor de seis meses. Este diseño se

mantuvo en el antiguo Código Penal de 1974 (vigente al

momento

de

los

hechos

que

desembocaron

en

la

presente

CC-2005-362

7

controversia)3 y, con ciertas variantes, en el Código Penal

de 2005.4

La

Regla

111

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

establece las normas sobre el derecho a juicio por jurado

y

su

renuncia.

En

lo

pertinente

a

la

presente

controversia, la Regla prescribe que:

[l]as cuestiones de hecho en casos de delito

grave

y,

salvo

lo

dispuesto

en

leyes

especiales, en casos de delito menos grave

siempre que originalmente se presentare la

acusación en el Tribunal de Primera Instancia[5]

y fueren también de la competencia del Tribunal

de Distrito habrán de ser juzgadas por el

jurado a menos que el acusado renunciare

expresa, inteligente y personalmente al derecho

a juicio por jurado. Regla 111 de Procedimiento

Criminal, supra.

La

sección

que

nos

atañe

de

la

regla

transcrita

ha

permanecido en las Reglas de Procedimiento Criminal desde

su aprobación en 1963. Para esa fecha, el Tribunal de

Primera

Instancia

se

componía

de

tres

tribunales

distintos: el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y

3

“Es delito menos grave todo aquél que apareja pena

de reclusión por un término que no exceda de seis (6)

meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000)

dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Delito

grave comprende todos los demás delitos”. Art. 12 del

Código Penal de 1974.

4

En el nuevo Código Penal los delitos menos graves

aparejan pena de reclusión de hasta noventa días o multa

individualizada de hasta cinco mil dólares. Sin embargo,

claramente se establece que “[será] delito grave aquél que

conlleva una pena de reclusión mayor de seis (6) meses”.

Art. 16 del Código Penal de 2005.

5

El texto original leía “Tribunal Superior” en vez de

“Tribunal de Primera Instancia”. Esta sustitución se llevó

a cabo luego de la aprobación de la Ley de la Judicatura

de 1994 por razones que expondremos más adelante. La

Regla, sin embargo, no ha sido enmendada.

CC-2005-362

8

el Tribunal Municipal. Con relación a las causas penales,

el Tribunal Superior era el foro en el que se ventilaban

aquéllas por delitos graves, mientras que en el Tribunal

de

Distrito

graves.

se

Dicha

procedimientos

fraccionarse

ventilaban

los

casos

regla

un

mecanismo

por

en

era

delitos

distintos

por

acumulables

tribunales

delitos

para

que

los

tuviesen

que

razón

sus

no

por

menos

de

respectivas clasificaciones. Es decir, la Regla permitía

que

los

procedimientos

por

delitos

menos

graves

acumulables con delitos graves se celebraran a la vez en

un solo tribunal, pero salvaguardando el derecho a juicio

por jurado de los acusados por delito grave (en el antiguo

Tribunal Superior); de ahí que el texto original de la

regla requiriera que el delito fuera de la competencia del

Tribunal

de

Distrito,

pero

presentado

ante

el

Tribunal

Superior mediante una acusación.

Con la promulgación de la Ley de la Judicatura de

1994, Ley Núm. 1 del 28 de julio de 1994, la Asamblea

Legislativa

suprimió

los

tres

tribunales

inferiores

anteriores. Así, consolidó en un solo Tribunal de Primera

Instancia los antiguos Tribunales Superior y Municipal y

decretó la abolición del Tribunal de Distrito al cabo de

ocho años.6 El esquema descrito fue mantenido en la Ley de

6

El artículo 9.001 de la Ley de la Judicatura de 1994

disponía:

El Tribunal de Distrito quedará abolido en

ocho (8) años, a partir de la vigencia de esta

ley.

CC-2005-362

9

la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de

2003.

Al

día

de

hoy

persiste

la

consolidación

de

los

Tribunales Superior y Municipal en el Tribunal de Primera

Instancia y la abolición del Tribunal de Distrito.7

Consiguientemente, debemos determinar si la sección

primera de la Regla es anacrónica o si aún mantiene alguna

distinción válida que legitime su uso para permitir el

derecho a juicio por jurado en procedimientos por delitos

menos graves.

A partir de la vigencia de esta ley las

Secciones del Tribunal de Primera Instancia

conocidas como Tribunal Superior y Tribunal

Municipal se consolidarán y se conocerán como

Tribunal de Primera Instancia. Los jueces que con

anterioridad a la vigencia de la ley eran jueces

de las Secciones conocidas como Tribunal Superior

y como Tribunal Municipal serán parte del

Tribunal de Primera Instancia y tendrán las

facultades que se determinan en las secs. 22 a

23n de este título y se conocerán como Jueces

Superiores y Jueces Municipales.

Una vez concluido el término de cinco (5)

años a partir de [la] vigencia de esta ley, las

facultades conferidas en los subincisos (6) y (7)

del Artículo 5.004 inciso I(c) de esta ley,

dejarán

de

ser

facultades

de

los

Jueces

Municipales.

El Tribunal de Distrito quedará abolido en

ocho (8) años a partir de la vigencia de esta

ley,

permaneciendo

durante

el

proceso

de

abolición como una Subsección del Tribunal de

Primera Instancia consolidado. 4 L.P.R.A. sec.

23c (2003).

7

El artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 2003

establece que: [e]l Tribunal de Primera Instancia quedará

constituido por doscientos cincuenta y tres (253) jueces

superiores y ochenta y cinco (85) jueces municipales. 4

L.P.R.A. sec. 25b (Supl. 2005).

CC-2005-362

10

III

Consciente de que la sección primera de la Regla 111

de

Procedimiento

incongruencias

Criminal,

con

el

presenta

supra,

sistema

judicial

grandes

actual,

Agudo

Olmeda argumentó ante nos que, debido a la ausencia de

acción legislativa que atempere la referida regla a las

Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, debemos interpretar

que el criterio fundamental para diferenciar los momentos

en que el derecho a juicio por jurado cobija al acusado

más

allá

del

entendido

constitucional

debería

ser

la

presentación de una acusación, en vez de una denuncia. En

otras palabras, la aseveración de Agudo Olmeda, acogida

por el Tribunal de Apelaciones, es que el derecho a juicio

por

jurado,

según

Procedimiento

estatuido

Criminal,

en

supra,

la

debe

Regla

estar

111

de

ligado

al

vehículo procesal que se escoja para iniciar la acción

penal. No nos convence dicho análisis.

En primer lugar, resulta claro que el esquema del

sistema

judicial

que

tuvo

presente

el

legislador

al

redactar la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra,

era

muy

ambos

diferente

esquemas

al

actual.

de

tal

es

La

grado

incompatibilidad

que,

entre

actualmente,

es

imposible cumplir con los dos requisitos que impone la

Regla, a saber: (1) la presentación de una acusación ante

el Tribunal Superior (Tribunal de Primera Instancia según

la codificación de las Leyes de Puerto Rico Anotadas), y,

(2)

que

el

delito

por

el

que

se

acusa

sea

de

la

CC-2005-362

11

competencia del Tribunal de Distrito. Ello, sencillamente,

porque ya no existe el Tribunal de Distrito, visto que

éste quedó completamente abolido después de la Ley de la

Judicatura de 1994, supra. Por tanto, la sección primera

de

la

Regla

111,

cuya

aplicación

se

cimienta

en

la

existencia de dos tribunales distintos e independientes,

ya no tiene sentido, pues el Tribunal de Primera Instancia

es, en la actualidad, un tribunal unificado.

En

derecho

segundo

lugar,

constitucional

esencialmente

a

la

conforme

a

juicio

por

a

pena

prevista

lo

ya

expuesto,

jurado

para

está

el

el

ligado

delito

en

cuestión. Así, hay un derecho a juicio por jurado en casos

por delitos graves, o en casos por delitos menos graves

que acarreen una pena de reclusión equivalente a aquélla

por delito grave. Por su parte, el derecho estatutario a

juicio por jurado ha seguido muy de cerca el andamiaje

constitucional,

Legislativa

ya

discutido.

siempre

De

haya

ahí

que

procurado

la

Asamblea

mantener

las

definiciones de delito grave y delito menos grave dentro

de

las

Estado

limitaciones

Libre

impuestas

Asociado

y

por

del

la

Constitución

Derecho

del

Constitucional

federal.

La interpretación que el recurrido propone que se le

dé

a

la

contraria

primera

oración

de

a

claras

tendencias

las

la

Regla

111,

de

la

supra,

es

Asamblea

Legislativa a circunscribir el derecho a juicio por jurado

al

mínimo

constitucional.

A

todas

luces,

Agudo

Olmeda

CC-2005-362

12

pretende que, ante el desuso en el que ha recaído la parte

aquí

concernida

de

la

Regla

111,

supra,

ampliemos

el

derecho a juicio por jurado a casos en que el Ministerio

Público presente como primera alegación una acusación, sin

importar la pena que apareje el delito en cuestión. No

podemos

tomarnos

tal

iniciativa

sin

una

clara

manifestación legislativa a tales efectos.8

A

tenor

con

las

tendencias

legislativas

y

constitucionales detalladas, el Comité Asesor Permanente

de

Reglas

Comité)

de

Procedimiento

recomendó

enmendar

Criminal

la

Regla

(en

adelante

el

111,

supra,

para

adecuarla a los cambios acaecidos después de la vigencia

de

la

Ley

de

la

Judicatura

de

1994,

supra.

El

Comité

sugirió el siguiente texto con miras a ajustar la Regla al

nuevo esquema judicial:

Las controversias de hecho en casos de

delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes

especiales, en casos de delito menos grave con

derecho a juicio por jurado, en que se presente

una acusación en una sala superior del Tribunal

de Primera Instancia, habrán de ser juzgadas por

un

Jurado

[...].

Informe

de

Reglas

de

Procedimiento Criminal: Propuesta del Comité

Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento

Criminal a la Decimonovena Sesión Plenaria de la

Conferencia Judicial de Puerto Rico, febrero

1996, Regla 502, pág. 173.

Del

texto

de

la

regla

propuesta

se

desprenden

dos

conclusiones importantes. Primero, podemos afirmar que el

Comité entendió que, con la desaparición de los antiguos

8

Suprimir la estructura judicial en la que se

fundamentaba el derecho a juicio por jurado de esta parte

de la Regla es, en nuestra opinión, suficiente acción

legislativa en contra del argumento de Agudo Olmeda.

CC-2005-362

tribunales

13

inferiores

que

integraban

el

Tribunal

de

Primera Instancia, se hacía imperiosa la enmienda de la

Regla 111, supra. Además, podemos deducir que el Comité no

contemplaba

que

la

Regla

111,

supra,

añadiera

nuevas

instancias de derecho a juicio por jurado más allá del

mínimo constitucional. De ahí que, al proponer un nuevo

texto

para

la

Regla,

no

se

apartara

del

alcance

constitucional que por años se le ha dado a este derecho.

Más aún, al proponer el nuevo texto, el Comité se

expresó en cuanto a la interpretación de la Regla sugerida

por

Agudo

Olmeda:

“[l]o

dispuesto

en

esta

regla

no

significa que se le va a conceder juicio por jurado a

aquellos delitos menos graves que no tengan tal derecho,

por el hecho de que se radiquen en una acusación”. Informe

de

Reglas

de

Procedimiento

(énfasis suplido).

Criminal,

supra,

pág.

174

Al igual que el Comité, no creemos que

la selección de una acusación, en lugar de una denuncia,

como la primera alegación en un procedimiento penal por un

delito

menos

grave,

sea

razón

para

activar

el

derecho

estatutario a juicio por jurado, especialmente cuando la

sección de la regla en la cual supuestamente se fundamenta

el derecho alegado ya es anacrónica.

El

alguno

recurrido

que

puertorriqueño

no

ha

permita

quiso

presentado

suponer

extender

el

fundamento

que

derecho

el

a

válido

legislador

juicio

por

jurado al enjuiciamiento de los de delitos menos graves en

circunstancias

como

la

que

nos

concierne.

En

cambio,

CC-2005-362

14

existen varios fundamentos, reseñados antes, que apoyan la

conclusión

de

que

el

legislador

nunca

ha

tenido

tal

intención. Concluimos, por tanto, que la Regla 111, supra,

no debe entenderse como que abarca más allá del mínimo

constitucional en relación al derecho a juicio por jurado.

Por los fundamentos que anteceden procede revocar la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

y

reinstalar

el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de San Juan, mediante el cual se le deniega al recurrido

el derecho a juicio por jurado.

Se dictará sentencia de conformidad.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

vs.

CC-2005-362

Certiorari

Jorge L. Agudo Olmeda

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 2006.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se revoca la sentencia del

Tribunal de Apelaciones y se reinstala el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan, mediante el cual se le deniega al

recurrido el derecho a juicio por jurado.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo