LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Administración de Servicios Generales v. Municipio de San Juan

2006 TSPR 113

Poder Judicial de Puerto Rico

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Administración de Servicios Generales v. Municipio de San Juan

CC-2003-0837

Jurisdicción de la Comisión para resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios

Generales

Recurrida

Certiorari

v.

2006 TSPR 113

Municipio de San Juan

168 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2003-837

Fecha: 30 de junio de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Jueza Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Héctor Clemente Delgado

Procurador General Auxiliar

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Materia: Revisión Administrativa procedente de la Comisión para

Resolver querellas sobre Pagos y Deudas entre Agencias

Gubernamentales

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios

Generales

Recurrida

v.

CC-2003-837

Certiorari

Municipio de San Juan

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2006.

El caso del epígrafe nos permite aclarar el

alcance de la jurisdicción de la Comisión para

Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre

Agencias

Gubernamentales

(en

adelante,

la

Comisión). Esto en consideración al argumento del

Municipio de San Juan de que la Comisión no tiene

autoridad

deuda

para

que,

dilucidar

según

aduce

la

existencia

de

una

la

Administración

de

Servicios Generales, posee el referido Municipio

con dicha agencia gubernamental. Veamos.

I

En

febrero

Servicios

de

2003,

Generales

Administración)

presentó

la

Administración

de

(en

adelante,

la

ante

la

Comisión

una

CC-2003-837

2

querella contra el Municipio de San Juan (en adelante, el

Municipio).

Adujo

que

el

Municipio

le

adeudaba

$311,766.57 por servicios de transporte y mantenimiento

de

vehículos,

almacén,

imprenta

y

administrativos

provistos

por

Administración

1999

y

2002.

Igualmente,

la

sostuvo

otros

que

servicios

había

entre

facturado

mensualmente por estos servicios y había realizado varias

gestiones

Alegó,

de

cobro,

además,

que

pero

el

Municipio

esta

falta

de

no

pago

respondió.

lesionaba

su

solvencia económica y, por tanto, sus operaciones, toda

vez

que

tenía

que

generar

sus

propios

fondos

para

Municipio,

sin

mantenerse laborando.

Luego

de

ciertos

trámites,

el

someterse a la jurisdicción de la Comisión, presentó una

moción

en

la

cual

solicitó

la

paralización

de

los

procesos. Informó que había impugnado ante el tribunal de

instancia la constitucionalidad de la ley habilitadora de

la

Comisión,1

paralizar

el

Examinadora

y

había

solicitado

procedimiento

de

la

un

injunction

administrativo.

Comisión

declaró

no

ha

La

para

Oficial

lugar

la

petición de paralización, concedió término para contestar

la querella y estableció el itinerario procesal del caso.

Ante

este

hecho,

el

Municipio

solicitó

la

desestimación de la querella por falta de jurisdicción

sobre la materia. Argumentó que, de acuerdo a la ley

habilitadora de la Comisión, su facultad se limitaba a

1

Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 3 L.P.R.A. secs.

1751 et seq.

CC-2003-837

investigar

3

y

resolver

controversias

entre

agencias

gubernamentales relativas al monto adeudado o sobre el

modo, la forma o la manera que debía realizarse un pago,

mas no sobre la existencia o legalidad de una deuda.

Según razonó, la Comisión sólo cuenta con conocimiento

técnico especializado para realizar un cómputo matemático

a base de los datos que las partes presenten sobre la

deuda. Sin embargo, la existencia de una deuda es una

cuestión

estrictamente

de

derecho

que

le

corresponde

dirimir a los tribunales. Por último, sostuvo que existía

una controversia real y genuina sobre la existencia de la

deuda,

pues

Municipio

la

por

Administración

servicios

que

había

facturado

fueron

cancelados

denegó

la

al

o

no

solicitud

de

provistos por dicha agencia.

La

Oficial

desestimación

previamente

Examinadora

y

reiteró

ordenado.

el

A

itinerario

consecuencia

de

procesal

ello,

el

Municipio solicitó al antiguo Tribunal de Circuito de

Apelaciones

la

administrativos

dictamen.

declaró

no

No

ha

paralización

y

la

revisión

obstante,

lugar

la

el

de

los

judicial

foro

procedimientos

del

apelativo

solicitud

de

referido

intermedio

paralización

y

confirmó la decisión de la Oficial Examinadora. Concluyó

que el poder que posee la Comisión para investigar pagos

y deudas entre agencias se extiende también a investigar

la existencia de la deuda.

CC-2003-837

4

Oportunamente, el Municipio presentó ante nos una

petición de certiorari. En ésta imputó al foro apelativo

haber errado al confirmar la decisión de la Comisión.

Esto a base de los mismos argumentos presentados en su

moción de desestimación por falta de jurisdicción. Vista

su petición, expedimos el auto solicitado. Estando el

caso

sometido

con

la

comparecencia

de

ambas

partes,

resolvemos.2

II

A

El

autoridad

término

que

administrativo

“jurisdicción”

posee

para

un

significa

tribunal

considerar

y

el

o

un

poder

o

organismo

decidir

casos

o

controversias. Roberts v. USO Council of P.R., 145 D.P.R.

58 (1998); Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57 (1963).

Conforme

nuestro

administrativa

ordenamiento

únicamente

tiene

jurídico,

los

una

poderes

agencia

otorgados

expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean

indispensables

para

responsabilidades.

llevar

Raimundi

a

cabo

Meléndez v.

sus

deberes

y

Productora

de

Agregados Inc., res. el 21 de junio de 2004, 2004 TSPR

106.

La ley habilitadora es el mecanismo legal mediante

el

cual

2

se

autoriza

y

se

delega

a

la

agencia

De entrada, debemos aclarar que procede nuestra

revisión como excepción a la doctrina de que únicamente

son revisables las determinaciones finales de las

agencias, en vista de que aquí se impugna la jurisdicción

de la Comisión para entender en esta controversia. Véase

J. Exam. Tec. Med. v. Elías, 144 D.P.R. 483 (1997).

CC-2003-837

5

administrativa

los

poderes

necesarios

para

que

actúe

conforme al propósito perseguido por el legislador al

crearla.

Caribe

Communications,

Inc.

v.

Puerto

Rico

Telephone Co., Inc., res. el 18 de junio de 2002, 2002

TSPR 83. O sea, esta ley define y delimita la extensión

de la jurisdicción del organismo administrativo. Perfect

Cleaning

Services,

Inc.

v.

Corporación

del

Centro

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe Inc., res. el

16 de agosto de 2004, 2004 TSPR 138. Por esta razón, una

agencia no puede asumir jurisdicción sobre una actividad,

materia o conducta cuando no esté claramente autorizada

por ley para ello. P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat

Corp., 111 D.P.R. 686 (1981). Es decir, ni la necesidad,

ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al

estatuto

en

cuanto

a

fuente

de

poder

de

una

agencia

administrativa. Martínez Segarra v. Rosado Santoni, res.

el 14 de septiembre de 2005, 2005 TSPR 127; Raimundi

Meléndez v. Productora de Agregados Inc., supra.

Ahora bien, al interpretar el alcance de los poderes

delegados

a

una

agencia

administrativa,

no

debemos

limitar el análisis a una interpretación restrictiva de

su estatuto habilitador. Lebrón v. El Comandante Oper.

Co., Inc., 148 D.P.R. 298 (1999). La ley orgánica de la

agencia, así como toda otra ley, debe ser interpretada

tomando

siempre

atribuyéndole

un

en

cuenta

sentido

la

intención

que

asegure

legislativa,

el

resultado

pretendido por el legislador. Vázquez v. A.R.P.E., 128

CC-2003-837

6

D.P.R.

513

(1991).

debemos

evitar

En

este

ejercicio,

interpretaciones

que

los

puedan

tribunales

conducir

a

resultaros irrazonables o absurdos. Depto. de Hacienda v.

Telefónica Larga Distancia de P.R., res. el 17 de marzo

de 2005, 2005 TSPR 32. Esto debido a que las leyes deben

ser interpretadas con miras a lograr resultados sensatos,

lógicos y razonables, que representen y salvaguarden la

efectividad de la intención legislativa. Id.

En este sentido, nuestro análisis debe centralizarse

en identificar si la autoridad ejercida por la agencia

cumple con el fin de su ley habilitadora y se encuentra

dentro de los poderes que le fueron conferidos. Caribe

Communications, Inc. v. Puerto Rico Telephone Co., Inc.,

supra.

En

otras

palabras,

debemos

determinar

si

la

función desempeñada por el organismo administrativo le

fue

encomendada

implícita,

o

legislativamente

si

surge

de

su

de

manera

actividad

o

expresa

o

encomienda

primordial. Id.

Con este trasfondo en mente, analicemos la ley a

través de la cual se creó la Comisión para determinar el

alcance de su jurisdicción.

B

Mediante la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 3

L.P.R.A.

secs.

1751

et

seq.,

la

Asamblea

Legislativa

instituyó la Comisión para Resolver Controversias sobre

Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales, la cual

está

compuesta

por

el

Secretario

del

Departamento

de

CC-2003-837

7

Justicia, el Secretario del Departamento de Hacienda, y

el

Director

del

Negociado

de

Presupuesto,

o

sus

representantes designados. 3 L.P.R.A. sec. 1751.

La creación de esta entidad respondió a la necesidad

de

establecer

especializado

un

y

organismo

capacitado

con

para

personal

atender

técnico,

controversias

sobre las cantidades que una agencia adeuda a otra por

concepto de servicios prestados. Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 80, supra, Leyes de Puerto Rico, 1980, pág.

242. Su encomienda primordial va dirigida a investigar

controversias sobre pagos y deudas entre dichas agencias,

y determinar el modo en que deberá pagarse la cantidad

adeudada

y

el

monto

de

dicha

cantidad,

si

el

mismo

estuviera en controversia. 3 L.P.R.A. sec. 1752(1). Cabe

señalar

que

“cualquier

división

la

Comisión

departamento,

o

incluyendo

cualquier

a

las

tiene

junta,

otro

jurisdicción

comisión,

organismo

corporaciones

sobre

negociado,

gubernamental,

públicas

y

a

los

municipios”, conforme lo expresa su ley habilitadora al

definir

el

concepto

“agencia”.

3

L.P.R.A.

sec.

1751.

Véase Mun. de Arecibo v. Mun. de Quebradillas, res. el 16

de noviembre de 2004, 2004 TSPR 181.

Según

surge

del

historial

legislativo

orgánica,

“el

objetivo

principal

establecer

un

mecanismo

legal

resolver,

de

manera

aceptable

y

de

su

ley

medida

[fue]

administrativo

para

para

la

de

las

partes,

las

controversias que [surgieran] entre Agencias del Gobierno

CC-2003-837

8

por concepto de pagos y deudas entre éstas”. (Énfasis

suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara

de Representantes sobre el P. de la C. 1289 de 24 de

abril

de

1980,

pág.

2.

Sin

embargo,

la

preocupación

predominante del legislador fue la siguiente:

Las agencias mayormente involucradas

en la prestación por pago de algunos

servicios

a

las

demás

agencias

gubernamentales lo son: la Autoridad

de Teléfonos, la Autoridad de Energía

Eléctrica, la Autoridad de Acueductos

y Alcantarillados, la Autoridad de

Comunicaciones,

la

Autoridad

de

Edificios

Públicos,

y

la

Administración de Servicios Generales.

Es natural que surjan discrepancias en

cuanto al monto o cuantía de las

facturas por servicios[,] como por

detalles

específicos

en

dichas

facturas, pero el retraso de los pagos

en controversia afecta las operaciones

y liquidez de las agencias de tipo

corporativo así como las operaciones

fiscales

de

las

agencias

concernientes.

(Énfasis

nuestro.)

Informe de la Comisión de Gobierno del

Senado sobre el P. de la C. 1289 de 5

de mayo de 1980, págs. 1-2.

Como vemos, la Comisión fue concebida como un foro

administrativo

especializado

para

adjudicar

de

manera

rápida cualquier controversia sobre pagos y deudas entre

las

agencias,

involucrados

en

corporaciones

la

públicas

prestación

de

o

servicios

municipios

a

otras

agencias, con el fin de proteger las operaciones y la

autonomía fiscal de éstas. Véase Mun. de Arecibo v. Mun.

de

Quebradillas,

supra.

Es

decir,

se

creó

un

foro

especializado con la flexibilidad, agilidad y economía

que revisten los procedimientos administrativos, para así

CC-2003-837

evitar

9

que

estas

municipios

se

agencias,

corporaciones

envueltos

en

con

propósito,

vean

un

públicas

extenso

y

o

costoso

trámite judicial. Id.

Para

cumplir

este

la

Asamblea

Legislativa dotó a la Comisión con el poder de requerir

la presentación de libros, documentos o cualquier otra

evidencia necesaria; requerir la presencia de testigos

con

el

objetivo

solicitar

al

de

tribunal

interrogarlos

bajo

de

cualquier

instancia

juramento;

orden

judicial a esos efectos bajo apercibimiento de desacato;

utilizar como recurso el personal diestro de cada una de

las

agencias

adoptar

que

dirigen

reglamentos

procedimientos,

con

sus

miembros,

y

formular

destinados

a

dirigir

aprobación

del

Gobernador.

la

y

sus

3

L.P.R.A. sec. 1752.

Asimismo, la Asamblea Legislativa diseñó a grandes

rasgos

un

esquema

funcionamiento

de

la

procesal

Comisión.

para

3

orientar

L.P.R.A.

sec.

el

1753.

Dispuso, de este modo, que el procedimiento investigativo

fuera

iniciado

cuando

una

parte

lo

solicitara

o

motu

proprio, cuando la Comisión considerara que se estaba

lesionando

la

solvencia

económica

o

los

servicios

esenciales prestados por las agencias concernidas. Id.

Además,

requirió

que

la

evidencia

pertinente

a

la

controversia fuera presentada en una vista presidida por

un

examinador.

levantar

el

Id.

Este

expediente

último

del

caso

sería

y,

responsable

luego

de

de

haber

CC-2003-837

escuchado

10

a

todas

las

partes

y

haber

recibido

la

evidencia necesaria, someter a la Comisión un informe con

sus recomendaciones. Id. Por último, la Comisión tendría

la responsabilidad final de determinar el modo de pago y

el monto de la cantidad, si éste fuera uno de los asuntos

en controversia. Id.

Vista la política pública que inspiró la creación de

la Comisión, así como las facultades, deberes y poderes

que le fueron encomendados, nos resta por determinar si

dicha

entidad

administrativa

posee

jurisdicción

para

entender sobre el caso ante nuestra consideración.

III

De entrada, es menester señalar que el Municipio no

cuestiona que la Comisión posea jurisdicción sobre los

municipios,

corporaciones

gubernamentales.

Su

públicas

argumento

se

u

otras

circunscribe

agencias

a

que,

según la ley habilitadora de la Comisión, dicha entidad

posee jurisdicción únicamente para resolver controversias

entre agencias, corporaciones públicas o municipios sobre

el modo de pago y el monto de la cantidad adeudada por

servicios prestados. Según razona, el ejercicio de esta

jurisdicción requiere como base que exista realmente una

deuda

entre

agencias,

corporaciones

públicas

o

municipios. Sin embargo, aduce que cuando la existencia

de la deuda está en controversia, le corresponde al foro

judicial resolverla. No coincidimos con el razonamiento

del Municipio.

CC-2003-837

11

La interpretación que el Municipio ha hecho de la

ley orgánica de la Comisión ha dejado trunca la intención

legislativa hasta el punto de convertir el estatuto en

uno irracional. De ser cierta su posición respecto a la

Comisión,

alegue

sólo

la

bastaría

con

que

inexistencia

de

la

la

agencia

deuda

para

promovida

privar

de

jurisdicción a dicho organismo, impulsando de este modo

la

controversia

al

foro

judicial.

Así,

quedaría

inoperante, por exclusiva voluntad de una de las partes,

todo el esquema diseñado por el legislador precisamente

para

evitar

trámite

que

extenso

este

y

tipo

de

costos

asunto

que

sea

sometido

conlleva

el

al

litigio

ordinario.

Por

tendría

si

esto

fuera

jurisdicción

poco,

la

Comisión

para

entender

únicamente

sobre

las

controversias relativas a las cantidades en determinadas

facturas, mas no sobre las demás facturas relativas a los

alegados

servicios

no

prestados.

De

esta

forma,

se

bifurcaría la causa de acción de la agencia proveedora,

la

cual

tendría

que

someter

las

primeras

al

proceso

administrativo de la Comisión y las segundas al proceso

judicial.3 Entonces nos preguntamos ¿cómo se adelanta la

intención

del

legislador

de

promover

un

foro

rápido,

especializado y conveniente para evitar que la falta de

pago incida sobre las operaciones fiscales de la agencia,

3

Nótese que en Mun. de Arecibo v. Mun. de

Quebradillas, supra, resolvimos que la Comisión tiene

jurisdicción primaria para entender en los asuntos que le

fueron encomendados.

CC-2003-837

el

12

municipio

o

la

corporación

pública,

si

al

fin

de

cuentas estos últimos tienen que someterse al trámite

judicial?

Recordemos que no podemos atribuirle a la Asamblea

Legislativa actos fútiles o absurdos. Talcott Inter-Amer.

Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975). La Comisión

no fue creada como un adorno administrativo que pueda ser

utilizado a conveniencia. Su jurisdicción fue redactada

en términos bastante amplios: “investigar controversias

entre agencias gubernamentales sobre pagos y deudas entre

dichas

agencias”.

(Énfasis

nuestro.)

3

L.P.R.A.

sec.

1752. Sus facultades le revisten con el mismo poder de

cualquier

otro

foro

igualmente

amplios

cuasi-judicial.

como

para

atender

Sus

recursos

son

más

que

mero

un

cálculo matemático.

La existencia o ausencia de la deuda entre agencias

gubernamentales, municipios o corporaciones públicas no

es más que otro incidente que puede ser investigado y

adjudicado por la Comisión, como parte de sus encomiendas

y propósitos. Precisamente este asunto es uno catalogado

como una controversia entre agencias respecto a deudas.4

Además,

como

ya

hemos

mencionamos,

el

Municipio

y

la

Administración son “agencias” dentro del significado de

la ley orgánica de la Comisión. Por ende, resulta forzoso

4

En Mun. de Arecibo v. Mun. de Quebradillas, supra,

la existencia de la deuda entre ambos municipios, en

efecto,

estaba en controversia, por lo que confirmamos

al foro apelativo intermedio en cuanto a que este asunto

fuera sometido en primera instancia ante la Comisión.

CC-2003-837

concluir

13

que

la

Comisión

tiene

jurisdicción

para

determinar, en primer lugar, si existe la deuda entre el

Municipio

y

la

afirmativamente,

Administración,

determinar

el

y

monto

de

de

la

resolver

cantidad

adeuda y el método de pago.

En vista de que la Comisión estaba facultada, en

primera instancia, para dirimir un planteamiento sobre su

propia jurisdicción, Colón Ventura v. Méndez, 130 D.P.R.

433

(1992),

y

dado

que

debemos

deferencia

a

la

interpretación que ésta haga sobre su ley habilitadora,

Martínez Segarra v. Rosado Santoni, supra, confirmamos su

determinación respecto a su jurisdicción sobre el caso. A

su vez, sostenemos la sentencia aquí recurrida.

IV

Por los fundamentos que preceden, se confirma la

sentencia

Apelaciones.

del

antiguo

Tribunal

Se

devuelve

el

caso

de

Circuito

de

a

la

Comisión

para

y

Deudas

entre

Resolver

Controversias

sobre

Pagos

Agencias

Gubernamentales

para

la

continuación

de

los

procedimientos de forma compatible con lo resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios

Generales

Recurrida

v.

CC-2003-837

Certiorari

Municipio de San Juan

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2006.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se confirma la sentencia

del antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Se devuelve el caso a la Comisión para Resolver

Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias

Gubernamentales para la continuación de los

procedimientos

de

forma

compatible

con

lo

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los

Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y

Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo