Tribunal Supremo de Puerto Rico
Administración de Servicios Generales v. Municipio de San Juan
2006 TSPR 113
Poder Judicial de Puerto Rico
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Administración de Servicios Generales v. Municipio de San Juan
CC-2003-0837
Jurisdicción de la Comisión para resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Administración de Servicios
Generales
Recurrida
Certiorari
v.
2006 TSPR 113
Municipio de San Juan
168 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-837
Fecha: 30 de junio de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Jueza Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Héctor Clemente Delgado
Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Materia: Revisión Administrativa procedente de la Comisión para
Resolver querellas sobre Pagos y Deudas entre Agencias
Gubernamentales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Administración de Servicios
Generales
Recurrida
v.
CC-2003-837
Certiorari
Municipio de San Juan
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2006.
El caso del epígrafe nos permite aclarar el
alcance de la jurisdicción de la Comisión para
Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre
Agencias
Gubernamentales
(en
adelante,
la
Comisión). Esto en consideración al argumento del
Municipio de San Juan de que la Comisión no tiene
autoridad
deuda
para
que,
dilucidar
según
aduce
la
existencia
de
una
la
Administración
de
Servicios Generales, posee el referido Municipio
con dicha agencia gubernamental. Veamos.
I
En
febrero
Servicios
de
2003,
Generales
Administración)
presentó
la
Administración
de
(en
adelante,
la
ante
la
Comisión
una
CC-2003-837
2
querella contra el Municipio de San Juan (en adelante, el
Municipio).
Adujo
que
el
Municipio
le
adeudaba
$311,766.57 por servicios de transporte y mantenimiento
de
vehículos,
almacén,
imprenta
y
administrativos
provistos
por
Administración
1999
y
2002.
Igualmente,
la
sostuvo
otros
que
servicios
había
entre
facturado
mensualmente por estos servicios y había realizado varias
gestiones
Alegó,
de
cobro,
además,
que
pero
el
Municipio
esta
falta
de
no
pago
respondió.
lesionaba
su
solvencia económica y, por tanto, sus operaciones, toda
vez
que
tenía
que
generar
sus
propios
fondos
para
Municipio,
sin
mantenerse laborando.
Luego
de
ciertos
trámites,
el
someterse a la jurisdicción de la Comisión, presentó una
moción
en
la
cual
solicitó
la
paralización
de
los
procesos. Informó que había impugnado ante el tribunal de
instancia la constitucionalidad de la ley habilitadora de
la
Comisión,1
paralizar
el
Examinadora
y
había
solicitado
procedimiento
de
la
un
injunction
administrativo.
Comisión
declaró
no
ha
La
para
Oficial
lugar
la
petición de paralización, concedió término para contestar
la querella y estableció el itinerario procesal del caso.
Ante
este
hecho,
el
Municipio
solicitó
la
desestimación de la querella por falta de jurisdicción
sobre la materia. Argumentó que, de acuerdo a la ley
habilitadora de la Comisión, su facultad se limitaba a
1
Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 3 L.P.R.A. secs.
1751 et seq.
CC-2003-837
investigar
3
y
resolver
controversias
entre
agencias
gubernamentales relativas al monto adeudado o sobre el
modo, la forma o la manera que debía realizarse un pago,
mas no sobre la existencia o legalidad de una deuda.
Según razonó, la Comisión sólo cuenta con conocimiento
técnico especializado para realizar un cómputo matemático
a base de los datos que las partes presenten sobre la
deuda. Sin embargo, la existencia de una deuda es una
cuestión
estrictamente
de
derecho
que
le
corresponde
dirimir a los tribunales. Por último, sostuvo que existía
una controversia real y genuina sobre la existencia de la
deuda,
pues
Municipio
la
por
Administración
servicios
que
había
facturado
fueron
cancelados
denegó
la
al
o
no
solicitud
de
provistos por dicha agencia.
La
Oficial
desestimación
previamente
Examinadora
y
reiteró
ordenado.
el
A
itinerario
consecuencia
de
procesal
ello,
el
Municipio solicitó al antiguo Tribunal de Circuito de
Apelaciones
la
administrativos
dictamen.
declaró
no
No
ha
paralización
y
la
revisión
obstante,
lugar
la
el
de
los
judicial
foro
procedimientos
del
apelativo
solicitud
de
referido
intermedio
paralización
y
confirmó la decisión de la Oficial Examinadora. Concluyó
que el poder que posee la Comisión para investigar pagos
y deudas entre agencias se extiende también a investigar
la existencia de la deuda.
CC-2003-837
4
Oportunamente, el Municipio presentó ante nos una
petición de certiorari. En ésta imputó al foro apelativo
haber errado al confirmar la decisión de la Comisión.
Esto a base de los mismos argumentos presentados en su
moción de desestimación por falta de jurisdicción. Vista
su petición, expedimos el auto solicitado. Estando el
caso
sometido
con
la
comparecencia
de
ambas
partes,
resolvemos.2
II
A
El
autoridad
término
que
administrativo
“jurisdicción”
posee
para
un
significa
tribunal
considerar
y
el
o
un
poder
o
organismo
decidir
casos
o
controversias. Roberts v. USO Council of P.R., 145 D.P.R.
58 (1998); Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57 (1963).
Conforme
nuestro
administrativa
ordenamiento
únicamente
tiene
jurídico,
los
una
poderes
agencia
otorgados
expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean
indispensables
para
responsabilidades.
llevar
Raimundi
a
cabo
Meléndez v.
sus
deberes
y
Productora
de
Agregados Inc., res. el 21 de junio de 2004, 2004 TSPR
106.
La ley habilitadora es el mecanismo legal mediante
el
cual
2
se
autoriza
y
se
delega
a
la
agencia
De entrada, debemos aclarar que procede nuestra
revisión como excepción a la doctrina de que únicamente
son revisables las determinaciones finales de las
agencias, en vista de que aquí se impugna la jurisdicción
de la Comisión para entender en esta controversia. Véase
J. Exam. Tec. Med. v. Elías, 144 D.P.R. 483 (1997).
CC-2003-837
5
administrativa
los
poderes
necesarios
para
que
actúe
conforme al propósito perseguido por el legislador al
crearla.
Caribe
Communications,
Inc.
v.
Puerto
Rico
Telephone Co., Inc., res. el 18 de junio de 2002, 2002
TSPR 83. O sea, esta ley define y delimita la extensión
de la jurisdicción del organismo administrativo. Perfect
Cleaning
Services,
Inc.
v.
Corporación
del
Centro
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe Inc., res. el
16 de agosto de 2004, 2004 TSPR 138. Por esta razón, una
agencia no puede asumir jurisdicción sobre una actividad,
materia o conducta cuando no esté claramente autorizada
por ley para ello. P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat
Corp., 111 D.P.R. 686 (1981). Es decir, ni la necesidad,
ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al
estatuto
en
cuanto
a
fuente
de
poder
de
una
agencia
administrativa. Martínez Segarra v. Rosado Santoni, res.
el 14 de septiembre de 2005, 2005 TSPR 127; Raimundi
Meléndez v. Productora de Agregados Inc., supra.
Ahora bien, al interpretar el alcance de los poderes
delegados
a
una
agencia
administrativa,
no
debemos
limitar el análisis a una interpretación restrictiva de
su estatuto habilitador. Lebrón v. El Comandante Oper.
Co., Inc., 148 D.P.R. 298 (1999). La ley orgánica de la
agencia, así como toda otra ley, debe ser interpretada
tomando
siempre
atribuyéndole
un
en
cuenta
sentido
la
intención
que
asegure
legislativa,
el
resultado
pretendido por el legislador. Vázquez v. A.R.P.E., 128
CC-2003-837
6
D.P.R.
513
(1991).
debemos
evitar
En
este
ejercicio,
interpretaciones
que
los
puedan
tribunales
conducir
a
resultaros irrazonables o absurdos. Depto. de Hacienda v.
Telefónica Larga Distancia de P.R., res. el 17 de marzo
de 2005, 2005 TSPR 32. Esto debido a que las leyes deben
ser interpretadas con miras a lograr resultados sensatos,
lógicos y razonables, que representen y salvaguarden la
efectividad de la intención legislativa. Id.
En este sentido, nuestro análisis debe centralizarse
en identificar si la autoridad ejercida por la agencia
cumple con el fin de su ley habilitadora y se encuentra
dentro de los poderes que le fueron conferidos. Caribe
Communications, Inc. v. Puerto Rico Telephone Co., Inc.,
supra.
En
otras
palabras,
debemos
determinar
si
la
función desempeñada por el organismo administrativo le
fue
encomendada
implícita,
o
legislativamente
si
surge
de
su
de
manera
actividad
o
expresa
o
encomienda
primordial. Id.
Con este trasfondo en mente, analicemos la ley a
través de la cual se creó la Comisión para determinar el
alcance de su jurisdicción.
B
Mediante la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 3
L.P.R.A.
secs.
1751
et
seq.,
la
Asamblea
Legislativa
instituyó la Comisión para Resolver Controversias sobre
Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales, la cual
está
compuesta
por
el
Secretario
del
Departamento
de
CC-2003-837
7
Justicia, el Secretario del Departamento de Hacienda, y
el
Director
del
Negociado
de
Presupuesto,
o
sus
representantes designados. 3 L.P.R.A. sec. 1751.
La creación de esta entidad respondió a la necesidad
de
establecer
especializado
un
y
organismo
capacitado
con
para
personal
atender
técnico,
controversias
sobre las cantidades que una agencia adeuda a otra por
concepto de servicios prestados. Exposición de Motivos de
la Ley Núm. 80, supra, Leyes de Puerto Rico, 1980, pág.
242. Su encomienda primordial va dirigida a investigar
controversias sobre pagos y deudas entre dichas agencias,
y determinar el modo en que deberá pagarse la cantidad
adeudada
y
el
monto
de
dicha
cantidad,
si
el
mismo
estuviera en controversia. 3 L.P.R.A. sec. 1752(1). Cabe
señalar
que
“cualquier
división
la
Comisión
departamento,
o
incluyendo
cualquier
a
las
tiene
junta,
otro
jurisdicción
comisión,
organismo
corporaciones
sobre
negociado,
gubernamental,
públicas
y
a
los
municipios”, conforme lo expresa su ley habilitadora al
definir
el
concepto
“agencia”.
3
L.P.R.A.
sec.
1751.
Véase Mun. de Arecibo v. Mun. de Quebradillas, res. el 16
de noviembre de 2004, 2004 TSPR 181.
Según
surge
del
historial
legislativo
orgánica,
“el
objetivo
principal
establecer
un
mecanismo
legal
resolver,
de
manera
aceptable
y
de
su
ley
medida
[fue]
administrativo
para
para
la
de
las
partes,
las
controversias que [surgieran] entre Agencias del Gobierno
CC-2003-837
8
por concepto de pagos y deudas entre éstas”. (Énfasis
suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara
de Representantes sobre el P. de la C. 1289 de 24 de
abril
de
1980,
pág.
2.
Sin
embargo,
la
preocupación
predominante del legislador fue la siguiente:
Las agencias mayormente involucradas
en la prestación por pago de algunos
servicios
a
las
demás
agencias
gubernamentales lo son: la Autoridad
de Teléfonos, la Autoridad de Energía
Eléctrica, la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados, la Autoridad de
Comunicaciones,
la
Autoridad
de
Edificios
Públicos,
y
la
Administración de Servicios Generales.
Es natural que surjan discrepancias en
cuanto al monto o cuantía de las
facturas por servicios[,] como por
detalles
específicos
en
dichas
facturas, pero el retraso de los pagos
en controversia afecta las operaciones
y liquidez de las agencias de tipo
corporativo así como las operaciones
fiscales
de
las
agencias
concernientes.
(Énfasis
nuestro.)
Informe de la Comisión de Gobierno del
Senado sobre el P. de la C. 1289 de 5
de mayo de 1980, págs. 1-2.
Como vemos, la Comisión fue concebida como un foro
administrativo
especializado
para
adjudicar
de
manera
rápida cualquier controversia sobre pagos y deudas entre
las
agencias,
involucrados
en
corporaciones
la
públicas
prestación
de
o
servicios
municipios
a
otras
agencias, con el fin de proteger las operaciones y la
autonomía fiscal de éstas. Véase Mun. de Arecibo v. Mun.
de
Quebradillas,
supra.
Es
decir,
se
creó
un
foro
especializado con la flexibilidad, agilidad y economía
que revisten los procedimientos administrativos, para así
CC-2003-837
evitar
9
que
estas
municipios
se
agencias,
corporaciones
envueltos
en
con
propósito,
vean
un
públicas
extenso
y
o
costoso
trámite judicial. Id.
Para
cumplir
este
la
Asamblea
Legislativa dotó a la Comisión con el poder de requerir
la presentación de libros, documentos o cualquier otra
evidencia necesaria; requerir la presencia de testigos
con
el
objetivo
solicitar
al
de
tribunal
interrogarlos
bajo
de
cualquier
instancia
juramento;
orden
judicial a esos efectos bajo apercibimiento de desacato;
utilizar como recurso el personal diestro de cada una de
las
agencias
adoptar
que
dirigen
reglamentos
procedimientos,
con
sus
miembros,
y
formular
destinados
a
dirigir
aprobación
del
Gobernador.
la
y
sus
3
L.P.R.A. sec. 1752.
Asimismo, la Asamblea Legislativa diseñó a grandes
rasgos
un
esquema
funcionamiento
de
la
procesal
Comisión.
para
3
orientar
L.P.R.A.
sec.
el
1753.
Dispuso, de este modo, que el procedimiento investigativo
fuera
iniciado
cuando
una
parte
lo
solicitara
o
motu
proprio, cuando la Comisión considerara que se estaba
lesionando
la
solvencia
económica
o
los
servicios
esenciales prestados por las agencias concernidas. Id.
Además,
requirió
que
la
evidencia
pertinente
a
la
controversia fuera presentada en una vista presidida por
un
examinador.
levantar
el
Id.
Este
expediente
último
del
caso
sería
y,
responsable
luego
de
de
haber
CC-2003-837
escuchado
10
a
todas
las
partes
y
haber
recibido
la
evidencia necesaria, someter a la Comisión un informe con
sus recomendaciones. Id. Por último, la Comisión tendría
la responsabilidad final de determinar el modo de pago y
el monto de la cantidad, si éste fuera uno de los asuntos
en controversia. Id.
Vista la política pública que inspiró la creación de
la Comisión, así como las facultades, deberes y poderes
que le fueron encomendados, nos resta por determinar si
dicha
entidad
administrativa
posee
jurisdicción
para
entender sobre el caso ante nuestra consideración.
III
De entrada, es menester señalar que el Municipio no
cuestiona que la Comisión posea jurisdicción sobre los
municipios,
corporaciones
gubernamentales.
Su
públicas
argumento
se
u
otras
circunscribe
agencias
a
que,
según la ley habilitadora de la Comisión, dicha entidad
posee jurisdicción únicamente para resolver controversias
entre agencias, corporaciones públicas o municipios sobre
el modo de pago y el monto de la cantidad adeudada por
servicios prestados. Según razona, el ejercicio de esta
jurisdicción requiere como base que exista realmente una
deuda
entre
agencias,
corporaciones
públicas
o
municipios. Sin embargo, aduce que cuando la existencia
de la deuda está en controversia, le corresponde al foro
judicial resolverla. No coincidimos con el razonamiento
del Municipio.
CC-2003-837
11
La interpretación que el Municipio ha hecho de la
ley orgánica de la Comisión ha dejado trunca la intención
legislativa hasta el punto de convertir el estatuto en
uno irracional. De ser cierta su posición respecto a la
Comisión,
alegue
sólo
la
bastaría
con
que
inexistencia
de
la
la
agencia
deuda
para
promovida
privar
de
jurisdicción a dicho organismo, impulsando de este modo
la
controversia
al
foro
judicial.
Así,
quedaría
inoperante, por exclusiva voluntad de una de las partes,
todo el esquema diseñado por el legislador precisamente
para
evitar
trámite
que
extenso
este
y
tipo
de
costos
asunto
que
sea
sometido
conlleva
el
al
litigio
ordinario.
Por
tendría
si
esto
fuera
jurisdicción
poco,
la
Comisión
para
entender
únicamente
sobre
las
controversias relativas a las cantidades en determinadas
facturas, mas no sobre las demás facturas relativas a los
alegados
servicios
no
prestados.
De
esta
forma,
se
bifurcaría la causa de acción de la agencia proveedora,
la
cual
tendría
que
someter
las
primeras
al
proceso
administrativo de la Comisión y las segundas al proceso
judicial.3 Entonces nos preguntamos ¿cómo se adelanta la
intención
del
legislador
de
promover
un
foro
rápido,
especializado y conveniente para evitar que la falta de
pago incida sobre las operaciones fiscales de la agencia,
3
Nótese que en Mun. de Arecibo v. Mun. de
Quebradillas, supra, resolvimos que la Comisión tiene
jurisdicción primaria para entender en los asuntos que le
fueron encomendados.
CC-2003-837
el
12
municipio
o
la
corporación
pública,
si
al
fin
de
cuentas estos últimos tienen que someterse al trámite
judicial?
Recordemos que no podemos atribuirle a la Asamblea
Legislativa actos fútiles o absurdos. Talcott Inter-Amer.
Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975). La Comisión
no fue creada como un adorno administrativo que pueda ser
utilizado a conveniencia. Su jurisdicción fue redactada
en términos bastante amplios: “investigar controversias
entre agencias gubernamentales sobre pagos y deudas entre
dichas
agencias”.
(Énfasis
nuestro.)
3
L.P.R.A.
sec.
1752. Sus facultades le revisten con el mismo poder de
cualquier
otro
foro
igualmente
amplios
cuasi-judicial.
como
para
atender
Sus
recursos
son
más
que
mero
un
cálculo matemático.
La existencia o ausencia de la deuda entre agencias
gubernamentales, municipios o corporaciones públicas no
es más que otro incidente que puede ser investigado y
adjudicado por la Comisión, como parte de sus encomiendas
y propósitos. Precisamente este asunto es uno catalogado
como una controversia entre agencias respecto a deudas.4
Además,
como
ya
hemos
mencionamos,
el
Municipio
y
la
Administración son “agencias” dentro del significado de
la ley orgánica de la Comisión. Por ende, resulta forzoso
4
En Mun. de Arecibo v. Mun. de Quebradillas, supra,
la existencia de la deuda entre ambos municipios, en
efecto,
estaba en controversia, por lo que confirmamos
al foro apelativo intermedio en cuanto a que este asunto
fuera sometido en primera instancia ante la Comisión.
CC-2003-837
concluir
13
que
la
Comisión
tiene
jurisdicción
para
determinar, en primer lugar, si existe la deuda entre el
Municipio
y
la
afirmativamente,
Administración,
determinar
el
y
monto
de
de
la
resolver
cantidad
adeuda y el método de pago.
En vista de que la Comisión estaba facultada, en
primera instancia, para dirimir un planteamiento sobre su
propia jurisdicción, Colón Ventura v. Méndez, 130 D.P.R.
433
(1992),
y
dado
que
debemos
deferencia
a
la
interpretación que ésta haga sobre su ley habilitadora,
Martínez Segarra v. Rosado Santoni, supra, confirmamos su
determinación respecto a su jurisdicción sobre el caso. A
su vez, sostenemos la sentencia aquí recurrida.
IV
Por los fundamentos que preceden, se confirma la
sentencia
Apelaciones.
del
antiguo
Tribunal
Se
devuelve
el
caso
de
Circuito
de
a
la
Comisión
para
y
Deudas
entre
Resolver
Controversias
sobre
Pagos
Agencias
Gubernamentales
para
la
continuación
de
los
procedimientos de forma compatible con lo resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Administración de Servicios
Generales
Recurrida
v.
CC-2003-837
Certiorari
Municipio de San Juan
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se confirma la sentencia
del antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Se devuelve el caso a la Comisión para Resolver
Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias
Gubernamentales para la continuación de los
procedimientos
de
forma
compatible
con
lo
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señores Fuster Berlingeri y
Rivera Pérez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo