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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Jaime Soto Soto

2006 TSPR 87

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Jaime Soto Soto

CC-2003-0472

Registros y Allanamientos-vigilancia con binoculares desde camino vecinal de carácter público

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Apelación

v.

2006 TSPR 87

Jaime Soto Soto

168 DPR ____

Recurido

Número del Caso: CC-2003-472

Fecha: 22 de mayo de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Circuito Regional IV de Aguadilla y

Mayagüez Panel I

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lisa M. Durán Ortiz

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Dixon Cancel Mercado

Materia: Artículo 401, 404, 412 Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Jaime Soto Soto

CC-2003-472

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo 2006

En

esta

dilucidar

ocasión

si

la

tenemos

entrada

de

la

un

oportunidad

agente

del

de

orden

público a un camino vecinal de carácter privado para

realizar

unas

gestiones

utilizó

unos

binoculares,

irrazonable

en

de

violación

vigilancia,

en

las

constituyó

un

registro

de

la

Constitución

que

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

I

El

1ro

de

mayo

de

2001,

el

agente

Joel

Soto

Ramírez recibió una confidencia anónima en la que se

indicó que el Sr. Jaime Soto Soto, residente del Bo.

Espino

de

Añasco,

continuaba

controladas

desde

su

vendiendo

residencia.

El

sustancias

informante

2

CC-2003-742

describió físicamente al sospechoso y la ubicación de su

residencia.

En

específico,

“continuaba

viviendo

en

informó

la

misma

que

el

sospechoso

residencia

que

está

ubicada al pasar el negocio el Arcoiris, la primera entrada

a la izquierda entre dos casas pintadas de color crema.”

Ese mismo día, alrededor de las 1:30 de la tarde, el agente

Soto

Ramírez

se

personó

al

lugar

indicado.

En

su

declaración jurada señaló que se retiró sin ser detectado y

dos horas más tarde regresó.

Una vez en el lugar, el agente se ubicó en el camino

vecinal bajo un árbol de almendro desde donde tenía plena

visibilidad del frente de la residencia.

Allí permaneció

en un vehículo oficial, no identificado.

Según el agente,

comenzó una vigilancia discreta utilizando unos binoculares

de su propiedad.

Alrededor de las 4:20 de la tarde observó

que

residencia

llegó

caballo.

a

la

un

joven

montado

sobre

un

Éste se desmontó del mismo y caminó hacia la

puerta de la casa.

Del interior de la misma salió el

sospechoso

ambos

y,

estando

fuera

de

la

residencia,

el

agente presenció una transacción de drogas.

Al día siguiente, el agente Soto Rivera volvió a la

vecindad de la residencia del recurrido para continuar con

su

investigación.

Ese

mismo

día,

y

poco

después

del

mediodía, el agente se situó en el mismo lugar del día

anterior,

a

unos

100

a

residencia del sospechoso.

150

pies

de

distancia

de

la

Estando situado en ese lugar

observó mediante el uso de binoculares dos transacciones de

3

CC-2003-472

drogas

que

se

efectuaron

frente

a

la

marquesina

de

la

residencia del sospechoso.

El agente Soto Rivera prestó declaración jurada sobre

estos

hechos.

Primera

En

virtud

de

Instancia

expidió

una

residencia

del

recurrido

el

la

8

misma,

orden

de

el

Tribunal

de

para

allanar

la

2001.

El

mayo

de

allanamiento se realizó el siguiente 11 de mayo y producto

del

mismo

se

Posteriormente,

ocuparon

se

controladas.1

sustancias

presentaron

las

acusaciones

correspondientes.

Oportunamente, el acusado solicitó la supresión de la

evidencia

incautada.

gestiones

investigativas

En

específico,

que

realizó

alegó

el

que

las

agente

Soto

Ramírez, cuyo resultado dio base para la expedición de la

orden de allanamiento, constituyeron un registro e invasión

a su privacidad.

Ello, por razón de que el lugar desde el

cual se realizaron las mismas era propiedad privada y el

agente

no

tenía

autorización

para

estar

allí.

Alegó,

además, que la orden de allanamiento se obtuvo mediante una

declaración jurada falsa y estereotipada.

El Ministerio

Público replicó a la moción de supresión de evidencia y

expresó que las observaciones fueron hechas fuera de la

residencia del peticionario, en un lugar público.

1

Según el testimonio de los agentes, cuando éstos se

disponían a diligenciar la orden de allanamiento en la casa

del señor Soto Soto, éstos se percataron de que se estaba

realizando

una

transacción

de

drogas

frente

a

la

residencia.

En consecuencia, arrestaron también al señor

Jaime Soto Castro, José Vázquez y José Colón.

4

CC-2003-472

A

solicitud

de

la

defensa,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia realizó una inspección ocular del lugar de los

hechos.

El

tribunal

consignó

que

se

trataba

de

un

vecindario rural que se compone de siete a ocho casas a las

cuales se tiene acceso por dos entradas.

La calle está

asfaltada, aunque en malas condiciones y la entrada de la

calle

estaba

precedida

por

unas

cadenas.

El

tribunal

describió que las casas estaban bastante cerca una de las

otras y el árbol de almendro ubica en un área visible.

Posteriormente, el tribunal celebró la correspondiente

vista de supresión de evidencia.

En la misma, el señor

Soto Soto testificó que su residencia está enclavada en una

finca

privada

perteneciente

a

su

familia,

compartida por siete casas adicionales.

la

cual

es

El agente Soto

Ramírez declaró que tras recibir la confidencia se dirigió

al

lugar

vecinal.

de

referencia

Sostuvo

que

y

entró

al

mismo

por

una

calle

cuando

realizó

sus

gestiones

investigativas no existían las referidas cadenas o alguna

otra señal que indicara que el área era privada.

Afirmó,

también, que desconocía que los vecinos del lugar fueran

miembros de una misma familia.

Asimismo, el sargento Luis Carrero, de la división de

drogas de Mayagüez, testificó que conocía el lugar y que

anteriormente se habían efectuado vigilancias dentro del

vecindario y nunca había visto signos que indicaran que el

área fuese privada.

Además, se presentó prueba de que en

el área se hace recogido de basura y el camino tiene postes

5

CC-2003-472

de alumbrado y líneas eléctricas.2

El Ministerio Público,

al igual que la defensa, sometieron en evidencia sendas

fotografías del vecindario donde ubica la residencia del

recurrido.

Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera

Instancia declaró no ha lugar la moción de supresión de

evidencia presentada por el acusado.

En su resolución, el

foro de primera instancia dio entero crédito al testimonio

del

agente

Soto

Ramírez

quien

al

hacer

las

vigilancias

creía de buena fe que el lugar era público.

Dicho foro

estableció, además, que el testimonio del agente no fue

controvertido en su esencia y que de la inspección ocular

que se realizó se pudo corroborar que tal testimonio era

creíble y físicamente posible.

Inconforme, el señor Soto Soto acudió ante el antiguo

Tribunal

de

Circuito

dictada

el

foro

Apelaciones.3

de

apelativo

concluyó

que

En

la

sentencia

el

Tribunal

de

Primera Instancia erró al denegar la moción de supresión de

evidencia.

siguientes

El foro intermedio basó su decisión en los

fundamentos,

a

saber,

que:

(a)

la

vigilancia

2

En la vista de supresión de evidencia testificaron

también los agentes Manuel Caraballo Vázquez y José L.

Chaparro, quienes declararon sobre el diligenciamiento de

la orden de allanamiento; Milton Acosta Ortiz, quien

practicó las pruebas de campo; y la químico Mabel Ruiz.

3

Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2002, el

entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el

recurso presentado por falta de jurisdicción.

El 6 de

marzo de 2003 revocamos el referido dictamen mediante

sentencia y devolvimos los autos al foro apelativo

intermedio para la continuación de los procedimientos.

6

CC-2003-472

mediante binoculares realizada dentro de la propiedad del

acusado, sin autorización de éste o de alguna otra persona

con

la

legitimación

para

concederla,

es

de

por

sí

una

invasión a la intimidad y un registro ilegal; y, (b) el uso

de

binoculares

para

observar

la

residencia

del

acusado

constituyó un registro per se para lo cual se carecía de

orden,

por

mecanismo

lo

que

también

la

información

se

obtuvo

de

obtenida

mediante

manera

ilegal

y

apelativo

sostuvo

que

tal

debía

suprimirse.

El

tribunal

recurrido

tenía

intermedio

una

expectativa

razonable

de

el

intimidad

sobre el lugar por lo que el agente Soto Soto necesitaba

autorización de la familia o una orden judicial para entrar

a la propiedad privada y realizar su investigación.

Inconforme

General

con

tal

acudió

ante

nosotros

y

señaló

certiorari

4

la

determinación,

mediante

comisión

de

el

un

dos

Procurador

recurso

de

errores.4

Los errores señalados fueron:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

darle excesiva importancia al supuesto carácter

privado y la alegada presencia de cadenas en la

entrada del camino desde el cual el agente

investigador prestó investigación y determinar en

consecuencia que su intervención fue injustificada

e irrazonable, ello a pesar de que el Ministerio

Público demostró mediante fotos que no existía tal

expectativa a la intimidad cuando el camino vecinal

privado tiene libre acceso al público en general, y

que estas cadenas no estuvieron mientras se realizó

la vigilancia y el posterior diligenciamiento de la

orden de allanamiento, según lo declarado por el

agente del orden público, el cual le mereció entero

crédito al Tribunal de Primera Instancia.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

declarar con lugar la supresión de evidencia bajo

7

CC-2003-472

Oportunamente

han

expedimos el auto solicitado.

comparecido

por

lo

que

estamos

en

Ambas partes

posición

para

resolver y pasamos a así hacerlo.

II

Nuevamente nos debemos dar a la tarea de lograr el

debido

equilibrio

entre

dos

importantes

intereses

que

convergen en nuestra sociedad y suelen colisionar entre sí.

Por

un

lado,

allanamientos

la

garantía

irrazonables

individual

contra

producto

los

de

registros

y

conceptos

de

libertad y dignidad inherentes al ser humano5, y el deber

_________________________

el fundamento equivocado de que el Tribunal de

Primera Instancia no dirimió la credibilidad del

agente investigador, cuando en la Resolución del

Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó

enfáticamente que los testimonios de los agentes

fueron

creíbles

y

físicamente

posibles.

Particularmente, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que el testimonio del agente investigador

no fue controvertido por testimonio alguno o

evidencia del acusado.

Tampoco se impugnó la

credibilidad de éste.

Por consiguiente, el

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente

al no descartar el testimonio del agente Soto

Ramírez.

5

En el Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la protección

de sus personas, casas, papeles y efectos contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos

irrazonables. [...] Sólo se expedirán mandamientos

autorizando registros, allanamientos o arrestos por

autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista

causa probable apoyada en juramento o afirmación...

Evidencia obtenida en violación de esta sección

será inadmisible en los tribunales.

En Puerto Rico, la protección constitucional contra

registros y allanamientos irrazonables surge además del

Art. II, Sec. I de la Constitución que declara la

inviolabilidad de la dignidad del ser humano y del Art. II,

Sec. 8 que expresamente dispone que “toda persona tiene

derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su

8

CC-2003-472

del

Estado

de

combatir

y

prevenir

la

criminalidad

procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Al

efectuar

criterios

este

claros

que

fino

balance

permitan

debemos

reconciliar

los

adoptar

intereses

involucrados sin perder de vista los valores enraizados en

nuestro

pueblo,

y

sin

procurar

interpretaciones

que

se

erijan como obstáculos a la labor del Estado en su lucha

contra el crimen.

Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131

D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827

(1984).

modo

Después de todo, los Constituyentes indicaron de

expreso

y

claro

que

las

garantías

constitucionales

como el derecho a la intimidad, "[tienen] su límite en la

conducta criminal."

4 Diario de Sesiones de la Convención

Cosntituyente, págs. 2567-2568.

Santiago

Feliciano,

139

D.P.R.

Véase además, Pueblo v.

361

(1995);

Pueblo

v.

Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

En el presente caso, el recurrido sostiene que procede

suprimir la evidencia incautada por cuanto el lugar desde

donde el agente observó la alegada transacción ilegal de

drogas era propiedad privada y éste no estaba autorizado a

estar

en

ese

lugar,

por

lo

que

constituyen un registro irrazonable.

sus

observaciones

Consiguientemente, no

procedía expedir una orden de registro y allanamiento a

base de las mismas.

unos

binoculares

Sostiene además que la utilización de

para

observar

hacia

su

residencia

_________________________

honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.”

Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, T. I, Vol. I, Forum, 1991, pág. 408.

9

CC-2003-472

constituyó, per se, un registro irrazonable.

El Tribunal

de Apelaciones avaló la posición del recurrido.

El Procurador General por su parte,

se

violó

la

protección

sostiene que no

constitucional

toda

vez

que

el

recurrido no tenía una expectativa razonable de intimidad

respecto el camino vecinal desde donde el agente hizo sus

observaciones, a pesar de la naturaleza privada de dicha

área, toda vez que el lugar específico donde se ubicó el

agente debe considerarse campo abierto y no parte de las

inmediaciones o curtilage de la residencia del recurrido.

Planteada la controversia bajo estos términos, pasemos

a analizar la misma.

III

A.

La

protección

contra

registros

e

incautaciones

irrazonables protege a las personas y no a los lugares.

Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 440 (1999).

El

alcance de la protección constitucional dependerá de si la

persona

afectada

alberga

legítima

de

intimidad

abrigue

tal

expectativa.

en

subjetivamente

un

lugar

Ello

y

v.

Ciraolo,

States,

389

476

U.S.

U.S.

207,

347,

expectativa

razonable

que

la

de

piedra

Pueblo v. Bonilla

Véase además, California

211

360

es

constituye

toque de esta doctrina constitucional.

Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999).

una

(1986);

(1967)

Katz

(Harlan,

v.

United

J.,

Op.

Concurrente).

En este análisis hay que determinar si las acciones de

la

persona

afectada

demuestran

inequívocamente

“la

10

CC-2003-472

intención de alojar dicha expectativa.”

Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442 (1999).

las

circunstancias

del

caso

Pueblo v. Ortiz

Y, además, si bajo

en

particular

socialmente tener tal expectativa.

Loc. cit.

es

razonable

En Oliver v.

United States, 466 U.S. 170, 181-183 (1984), el Tribunal

Supremo

de

los

Estados

interrogante

de

la

Unidos

siguiente

definió

manera:

esta

“The

última

test

of

legitimacy is not whether the individual chooses to conceal

assertedly

‘private’

government’s

societal

activity

intrusion

values

[but

infringes

protected

by

instead]

upon

the

the

whether

the

personal

and

Fourth

amendment.”

Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Forum, 1991, T. I, Vol. I,

pág. 345.

El interior del hogar es, sin duda, la zona sobre la

cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa

de intimidad.6

Entrelazado a este núcleo de protección se

encuentra el área circundante al hogar, lo que se conoce en

la

doctrina

como

la

inmediación

o

curtilage.

Así,

en

Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1992), sostuvimos

que

6

la

protección

contra

registros

y

allanamientos

Hay que acotar sin embargo, que aun cuando existe una

expecativa razonable de intimidad en el hogar o sus

inmediaciones, ello no quiere decir que tal área está

cobijada por un manto de total inmunidad a la observación

casual u ordinaria que pueda hacer un agente del orden

público.

E.g.,

California v. Ciraolo, 476 U.S. 207,

213(“The Fourth Amendment protection of the home has never

been extended to require law enforcement officers to shield

their

eyes

when

passing

by

a

home

on

public

thoroughfares.”)

Después de todo, lo que se expone a la

vista públicamente aunque sea en el hogar, no está

protegido

por

la

prohibición

constitucional

contra

registros y allanamientos irrazonables.

11

CC-2003-472

irrazonables se extiende más allá de una residencia para

incluir

la

zona

contigua

a

ésta.

Esta

zona

protegida

comprende, “la zona contigua a la casa, compuesta por el

terreno y las estructuras accesorias.”

D.P.R.

pág.

683.

Esta

área

Rivera Colón, 128

goza

de

protección

constitucional porque se estima que a ella se extiende la

actividad íntima del hogar y de la persona, por lo que debe

considerarse

parte

de

la

residencia

para

efectos

de

la

prohibición contra registros y allanamientos irrazonables.

Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 444.

Véase además,

Oliver v. United States, ante, pág. 180 (“curtilage is the

area to which extends the intimate activities associated

with the sanctity of a man´s home and the privacies of life

and therefore has been considered part of the home itself

for Fourth Amendment purposes.”)7

Sin embargo, esta protección no es extensiva a las

zonas que se encuentran fuera del curtilage, es decir, las

que forman parte del campo abierto, ya que a esta área no

se extienden aquellas actividades íntimas del individuo que

están protegidas de intromisión por parte del Estado y sus

agentes.

7

Rivera Colón, ante.

Véase por ejemplo, Oliver

Históricamente, el concepto de curtilage se extrapoló a la

jurisprudencia de la Enmienda Cuarta de la Constitución de

los Estados Unidos, del delito de robo domiciliario del

Derecho Común Anglosajón. Blackstone señala: “And if the

barn, stable or warehouse, be parcel of the mansion house,

though not under the same roof or contiguous, a burglary

may be committed therein; for the capital house protects

and privileges all its branches and appurtenants, if within

the

curtilage

or

the

homestall.”

Blackstone,

4

Commentaries on the Laws of England, 225. Ciertamente, en

la Inglaterra del Siglo XVIII era relativamente sencillo

identificar el curtilage porque era colineal con la verja

que rodeaba la mayoría de las viviendas.

12

CC-2003-472

ante, pág. 177 (1984)(“the government´s intrusion unto the

open fields is not one of those ‘unreasonable searches’

proscribed by the text of the Fourth Amendment.”);

v.

United

265

States,

U.S.

57,

59

Hester

(1924)(“the

special

protection accorded by the Fourth Amendment to the people

in

their

‘persons,

houses,

papers,

extended to the open fields.

and

effects’

is

not

The distinction between the

latter and the house is as old as the common law.”)

De ordinario entonces, observaciones hechas por unos

agentes

del

orden

público

desde

fuera

del

de

curtilage

actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage,

no está prohibida por la Constitución.

ello

no

implica

constitucional.

En

difícil

Rivera

que

toda

Aunque ciertamente,

observación

pase

el

crisol

Véase discusión infra.

Colón,

determinar

ante,

hasta

circundante o curtilage.

reconocimos

dónde

se

que

extiende

puede

ser

el

área

Entendido el contexto de donde

proviene el concepto curtilage, es natural la dificultad

que el mismo entraña a la hora de delimitar su extensión.

Como resultado de esta dificultad hemos sido reacios a

adoptar

una

curtilage.8

8

línea

de

Así,

en

demarcación

Rivera

Colón,

específica

ante,

para

el

citando

con

Sobre esta dificultad se ha señalado: “The problem with

curtilage is partially an architectural one.

England´s

landscape

architecture

is

different

from

America´s

landscape, making it difficult for our courts to translate

the curtilage doctrine into the America context.” Peters,

Fourth Amendment Yard Work: Curtilage´s Mow-Line Rule, 36

Stan. L. Rev. 943, 963 (2004).

Véase además, Wright v.

State, 77 S.E. 657, 658 (Ga. Ct. App. 1913)(“it was

unfortunate that this term ‘curtilage’, found in the

English statutes defining the offense of burglary, and

13

CC-2003-472

aprobación el estándar cuatripartito enunciado en United

States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987), sostuvimos que para

determinar si un lugar puede ser considerado como parte del

curtilage

hay

que

proximidad

a

la

sopesar

los

residencia

de

siguientes

factores:

(1)

la

reclamada

como

zona

curtilage, si está muy próxima es mucho más probable que el

área sea considerada como tal; (2) si el área se encuentra

dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y uso

de la zona; y (4) las medidas adoptadas por el residente

para

protegerla

de

observaciones

transeúntes que por allí pasan.

que

puedan

estos

factores

deben

analizarse

Hemos señalado

conjuntamente

ninguno de ellos por si sólo resulta determinante.

v.

Bonilla,

ante,

págs.

Curtilage or Open Fields?:

los

Véase también, Pueblo v.

Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994).

que

hacer

330-331.

Véase,

pues

Pueblo

Lawrence,

Oliver v. United States Gives

Renewed Significance to the Concept of Curtilage in Fourth

Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985)

Al

hechos

aplicar

los

criterios

antes

de

caso

concluimos

que

este

mencionados

el

lugar

a

los

donde

se

encontraba el agente de la policía no formaba parte del

curtilage de la residencia del acusado.

Primeramente, el

lugar donde se apostó el agente para hacer su observación

--el

camino

vecinal--

quedaba

a

una

distancia

de

_________________________

which applies to the dwelling and the houses surrounding

the dwelling-house in England, should have been perpetuated

in the statutes of different States; for the term is not

strictly applicable to the common disposition of enclosures

and buildings constituting the homestead of the inhabitants

of this country.”)

14

CC-2003-472

aproximadamente

100

pies

de

la

residencia

Segundo,

ésta

es

un

área

abierta

configuración

de

los

lotes

de

donde,

terreno,

delimitar los linderos de los lotes.

del

acusado.

debido

no

se

a

la

pueden

Ello así, entre otras

razones, debido a que las residencias que allí ubican no

están cercadas.

Finalmente y conforme se desprende de las fotografías

admitidas

en

evidencia

y

del

acta

de

inspección

ocular

levantada por el Tribunal de Primera Instancia, el balcón o

marquesina

donde,

alegadamente,

se

llevaron

transacciones de drogas es un área abierta.

a

cabo

las

No hay duda

que todo lo que ocurra en el balcón o la marquesina puede

ser visto por terceros desde las casas cercanas, los patios

de éstas, o el camino asfaltado desde donde se hicieron las

observaciones.

Al

analizar

identificados

en

en

conjunto

Rivera

Colón,

todos

los

forzosamente

criterios

debemos

concluir que el lugar desde donde el agente Soto Ramírez

hizo sus observaciones no formaba parte del curtilage de la

residencia del señor Soto Soto.

Por el contrario, dicha

área se encuentra en lo que se conoce como el campo abierto

por lo que de ordinario, las observaciones hechas desde

esta área no están sujetas a la prohibición constitucional.

B

La doctrina de campo abierto se refiere a aquellas áreas

con carácter privado que están fuera de las inmediaciones de

la residencia o terreno circundante que de ordinario están

accesibles al público y que por tal accesibilidad no están

15

CC-2003-472

cobijadas

por

una

protección

constitucional.

Pueblo

v.

López, 129 D.P.R. 287 (1991); Hester v. United States, 265

U.S. 57 (1924); Oliver v. United States, ante, pág. 684.

Véase,

Note,

Curtilaqe

or

open

fields?

Oliver

v.

United

States gives renewed significance to the concept of Curtilage

in Fourth Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985).

Es decir, son aquellas áreas que por su accesibilidad al

público, no constituyen el escenario idóneo para la ejecución

de

actividades

íntimas

en

sí

mismas.

Oliver

v.

United

States, ante, pág. 179.

En United States v. Dunn, ante, pág. 304 el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos al validar las observaciones

hechas por unos policías quienes se encontraban fuera del

curtilage pero dentro de la propiedad privada del acusado,

sostuvo:

“[T]here

is

no

constitucional

difference

between

police observations conducted while in a public place and

while standing in the open fields.”

(Énfasis nuestro.)

Antes bien, aun cuando este lugar no forma parte del

curtilage y sí del campo abierto, debemos de evaluar si, a

la luz de los hechos del caso, la observación del agente

Soto

Ramírez

viola

razonable del acusado.

alguna

expectativa

de

intimidad

Éste arguye en la afirmativa bajo

el fundamento que el lugar desde donde se efectuaron las

observaciones era propiedad privada y el agente no estaba

autorizado a entrar al mismo, por lo que el registro fue

irrazonable.

IV

16

CC-2003-472

En el caso de autos donde la observación se hizo desde

el campo abierto la pregunta que debemos formularnos es si

la intromisión del Estado infringe los valores personales y

sociales

de

intimidad

protegidos

por

la

prohibición

constitucional.

Para definir qué constituye una razonable expectativa

de

intimidad

en

este

contexto

debemos

considerar

los

siguientes siete factores:

el lugar registrado o allanado;

la

intrusión

naturaleza

y

grado

de

de

la

intervención

policíaca; el objetivo o propósito de la intervención; si

la

conducta

de

la

persona

indicaba

una

expectativa

subjetiva de intimidad; la existencia de barreras físicas

que

restrinjan

registrado;

la

la

entrada

cantidad

o

de

la

visibilidad

personas

que

al

lugar

tiene

acceso

legítimo al lugar registrado; y, las inhibiciones sociales

que

se

Meléndez

relacionen

Rodríguez,

Colón, ante.

con

el

136

lugar

D.P.R.

registrado.

587,

605

Pueblo

(1994);

v.

Rivera

Véase además, Katz, ante.

De entrada, hay que señalar que el hecho de que el

camino donde se apostó el agente Soto Ramírez fuera privado

no es, por sí solo, determinante en esta discusión.

Como

ya señalamos, la protección constitucional contra registros

y allanamientos irrazonables protege personas y no lugares.

La doctrina que postulaba que los intereses propietarios

eran determinantes a la hora de evaluar una actuación del

Estado a la luz de esta prohibición constitucional está ya

desacreditada.

citados.

Katz,

ante,

págs.

351-352

y

casos

allí

Véase, Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 144 n. 12

17

CC-2003-472

(1978)(“even

property

interest

in

premises

may

not

be

sufficient to establish a legitimate expectation of privacy

with respect to particular items located on the premises or

activity conducted thereon.”)

Véase además, United States

v. Hatfield, 333 F.3d 1189, 1999 (10th Cir. 2003)(“‘The fact

that the officers trespass onto private property does not

transform the actions into a search within the meaning of

the fourth amendment’ . . . [T]hat a state may have chosen

to protect the property interests of its citizens by making

trespass a crime . . . does not affect the analysis of a

person’s Fourth Amendment.”); Commonwealth v. Simmons, 466

N.E.2d 85 (Mass. 1984).

En

el

presente

caso,

el

agente

entró

a

las

inmediaciones del lugar donde ubica la casa del imputado

por uno de los dos caminos que existen en ese barrio.9

Ubicó allí su auto y desde su interior, utilizando los

binoculares, hizo las observaciones que dieron base a la

orden de allanamiento expedida.

El camino es uno accesible

y abierto al público en general y el mismo se encuentra

asfaltado.

No había en dicho lugar ningún letrero que

indicara que el lugar era uno privado y por lo tanto se

prohibía la entrada.

Tampoco existen barreras naturales

que dificulten el acceso al lugar donde se ubicó el agente

Soto Ramírez.

9

Además, desde dicho lugar se podía observar

Hay que apuntar sin embargo, que aun cuando hablamos de

dos caminos, lo cierto es que según se desprende de las

fotografías sometidas en evidencia por el Ministerio

Público, una persona puede tener acceso al área de la

residencia del recurrido así como al área desde donde se

hicieron las observaciones, por distintos lugares ya que

este lugar es abierto.

18

CC-2003-472

sin

restricción

alguna

y

con

completa

visibilidad

la

marquesina y el balcón de la residencia del acusado.

El camino se utiliza por el municipio para el recogido

de basura así como también es utilizado por la Autoridad de

Energía

Eléctrica.

Sirve

de

acceso

a

varias

otras

residencias que allí ubican, así como a terceros que estén

de visita a esas casas.

Lo cierto es que toda persona que

tenga una razón legítima para entrar al área donde ubica la

residencia

del

recurrido

acceder al lugar.

puede

utilizar

el

camino

para

Siendo ello así, los agentes del orden

público que estén en gestiones legítimas de investigación

tienen

también

el

mismo

derecho

a

utilizar

el

camino

asfaltado.

En este caso, el agente Soto Ramírez se encontraba

investigando una confidencia legítima en la que se daba

parte de actos ilícitos en la vecindad, entró al lugar a

través

del

referido

camino

el

cual

permitía

el

libre

acceso, por lo que, ante este cuadro, podía observar todo

lo que ocurriese a plena vista.

En United States v. Roberts, 747 F.2d 537, 541-542 (9th

Cir.

1984)

obervaron

los

unas

agentes

penetraron

actividades

a

un

delictivas

camino

y

privado,

procedieron

a

arrestar a varias personas y a ocupar cierta evidencia.

El

camino en Roberts era uno compartido por los residentes de

las restantes cinco residencias del área y al mismo era de

libre acceso.

El tribunal resolvió que los agentes del

orden público en el curso de una investigación criminal

pueden entrar en áreas residenciales que expresamente estén

19

CC-2003-472

accesibles al público o que implícitamente estén abiertas a

visitantes casuales.10

Específicamente se indicó:

A shared unobstructed road is incongruent with

the

common law concept of the curtilage . . .

Used in common with residents of five other

houses, the private road is only a means to reach

the public road.

The private road does not

provide the setting for intimate activities of

home life. The activities conducted on a road

–-driving a car, riding a bike, or walking -—are

impersonal, public activities.

Moreover, the

road is easily accessible to utility companies

and police and fire departments and it is

reasonable to assume that the residents would

expect these public agencies to use the road in

performing their services.

Concluimos por lo tanto que, a la luz de los hechos

particulares en este caso, los agentes del orden público

podían válidamente estar en el camino vecinal y desde allí

observar

la

residencia

del

recurrido.

El

agente

Soto

Ramírez una vez logró acceso al lugar, circunscribió su

vigilancia

a

escrutinio

físico

o

estuviera

en

lugar.

actividades

que

visual

un

de

aquellas

el

están

áreas

visual

que

de

abiertas

al

cualquier

visitante

que

Ciertamente,

accesibles

transeúnte

están

o

al

quien

escrutinio

visitante

casual,

realiza

físico

no

o

puede

reclamar expectativa razonable de intimidad acerca de las

mismas.

Lo cierto es que el acusado no tomó precaución alguna

para mantener en privado las actividades que efectuaba en

la marquesina y balcón de su casa.

10

Quien desee mantener en

Véase, People v. Edelbacher, 766 P.2d 1 (1989);

Commonwelth v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (1984); Mitchell v.

State, 792 So.2d 192 (Miss. 2001);

State v. Pinkham, 679

A.2d 589 (1996

20

CC-2003-472

secreto una operación de venta ilegal de drogas no puede

llevar a cabo sus transacciones a plena vista de terceros.

Lejos de albergar una expectativa de intimidad quien así

actúa, asume el riesgo que su operación sea descubierta por

agentes del orden público.

y

allanamientos

La protección contra registros

irrazonables

no

se

puede

invocar

como

gracia divina para salvaguardar al que viole la ley a plena

vista y al alcance del que quiera ver u oir.

La Carta de

Derechos

libertad

de

la

Constitución

es

áncora

de

no

dispensador de inmunidad.

Por tanto, las observaciones realizadas por el agente

Soto Ramírez desde el camino vecinal que dieron base para

solicitar

la

orden

de

allanamiento

no

configuraron

una

violación a la garantía constitucional contra registros y

allanamientos irrazonables.

V

En el caso de autos existe un elemento adicional que

amerita

nuestra

atención,

nos

referimos

al

uso

de

binoculares por el agente Soto Ramírez en su observación de

la residencia del recurrido.

el

recurrido

reclamó

que

Como indicamos anteriormente,

la

utilización

de

los

mismos

constituye, per se, un registro irrazonable.

Hasta ahora, no habíamos tenido oportunidad de evaluar

si la utilización de artefactos tecnológicos, en este caso

binoculares, varía o incide en el análisis relacionado con

la

prohibición

constitucional

allanamientos irrazonables.

contra

registros

y

21

CC-2003-472

Al

sopesar

el

planteamiento

ante

nuestra

consideración, partimos de la premisa de que el análisis

aplicable es el de expectativa razonable de intimidad que

hemos

utilizado

norma

para

constitucional

determinar

que

si

se

prohíbe

ha

infringido

la

los

registros

y

allanamientos irrazonables.

Además, pesa en nuestro ánimo

que

en

el

artefacto

investigativa

es

utilizado

un

este

binocular,

caso

como

aditamento

técnica

que

está

fácilmente accesible y disponible al público en general.

E.g., Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001).

Tan es

así, que el utilizado en este caso era propiedad del propio

agente.

En

la

discusión

que

antecede

concluimos

que

el

recurrido Soto Soto no podía albergar razonablemente una

expectativa de intimidad por lo que no se configuró un

registro irrazonable.

El hecho de que el agente utilizara

unos binoculares, como ayuda en su observación, no varía el

resultado al que llegamos.

La observación hecha con los

binoculares es la misma observación que se podía efectuar

sin la ayuda de éstos, pues la alegada transacción estaba

efectuándose en un lugar a plena vista de terceros y podía

observarse fácilmente desde donde se encontraba el agente.

La utilización de instrumentos como los binoculares

sirven

para

preservar

la

confidencialidad

de

la

investigación en la medida que dificultan que se detecte la

presencia del agente del orden público.

Además, es un

instrumento

seguridad

que

contribuye

a

proteger

agente que lleva a cabo la investigación.

la

del

Estimamos que la

22

CC-2003-472

utilización de unos binoculares como técnica investigativa

en los albores del Siglo XXI, no ofende los estándares de

intimidad que nuestra sociedad estima.

El profesor LaFave en su tratado, W. LaFave, Search

and

Seizure:

A

Treatise

on

Fourth

Amendment,

Thomson

–

West, 4ta ed., vol. 1, 2004, sec. 2.2(c), pág. 472, avala

el análisis antes descrito e indica:

Under this particular balancing of privacy and

law enforcement interests, it is submitted,

Fourth Amendment restrictions should not be

imposed when the police have done no more than:

(1) use binoculars to observe more clearly or

carefully that which was into the open and thus

subject to some scrutiny by the naked eye from

the same location; or (2) use of binoculars to

view at a distance that which they could have

lawfully observed from closer proximity but for

their

desire

not

to

reveal

the

ongoing

surveillance.

When this is the nature of the

police conduct vis-à-vis evidence or conduct

located in the open, the assistance provided by

the binoculars should no be characterized as a

search.

Véase en igual sentido, People v. Clark, 350 N.W.2d 754

(Mich. 1984); United States v. Lace, 669 F.2d 46 (2d Cir.

1982); United States v. Minton, 488 F.2d 37 (4th Cir. 1973);

426

v.

Véase

además,

Henderson,

Nothing

New

Technologically

Rational

Doctrine

of

56

Mercer

Rev.

L.

507

(5th

Cir.

1970).

Under

the

Sun?

706

States

Search,

Grimes,

F.2d

United

Fourth

(2005);

A

Amendment

Thueson,

Fourth

Amendment Search –Fuzzy Shades of Gray: The New “BrightLine”

Rule

in

Determining

Constitutes

a

Search,

2

Telescopes,

Binoculars,

when

the

use

9

Wyo.

L.

Rev.

and

the

Fourth

Cornell L. Rev. 379 (1982).

of

Technology

(2002);

Marks,

Amendment,

67

23

CC-2003-472

A base de lo anterior, concluimos que la observación

hecha

utilizando

binoculares

no

constituye

per

un

se

registro irrazonable.11

Para resumir, en el caso de autos, el agente de la

policía

estaba

en

un

lugar

en

el

que

podía

estar

sin

ofender la garantía constitucional, es decir en el campo

abierto; de ahí observó la marquesina y balcón de la casa

del

acusado

con

la

ayuda

de

unos

binoculares

de

su

propiedad; el recurrido, alegadamente, llevaba a cabo unas

transacciones

de

venta

de

drogas

a

plena

vista.

La

utilización de los binoculares permitió que la presencia

del agente Soto Ramírez en el lugar no fuese detectada.

Además, permitía observar con mayor claridad aquello que a

simple vista se podía ver legítimamente.

En virtud de

ello, tenemos que concluir que en el caso, el utilizar los

binoculares no supuso violación a la Constitución.

VI

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos

la

sentencia

dictada

por

el

que

en

las

circunstancias

autos

no

hubo

lo

que

determinamos

caso

de

irrazonable

por

supresión de evidencia.

Primera

Instancia

un

no

Tribunal

registro

procedía

de

Apelaciones

particulares

y

la

y

del

allanamiento

solicitud

de

Se devuelve el caso al Tribunal de

para

que

se

continúe

con

los

procedimientos conforme lo aquí dispuesto.

11

Distinto sería el caso si el propósito de utilizar el

artefacto tecnológico fuera para observar aquello que no se

podría ver sin una intrusión inconstitucional en la

intimidad de la persona.

24

CC-2003-472

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Jaime Soto Soto

CC-2003-472

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2006

Por los fundamentos expresados en la Opinión

que antecede los cuales se incorporan íntegramente

a la presente, se revoca la sentencia dictada por

el Tribunal de Apelaciones.

Se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que se

continúen con los procedimientos conforme lo aquí

dispuesto.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. “El

Juez Asociado señor Rebollo López concurre en el

resultado en vista de los hechos específicos y

particulares del caso.”

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo