Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Jaime Soto Soto
2006 TSPR 87
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Jaime Soto Soto
CC-2003-0472
Registros y Allanamientos-vigilancia con binoculares desde camino vecinal de carácter público
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Apelación
v.
2006 TSPR 87
Jaime Soto Soto
168 DPR ____
Recurido
Número del Caso: CC-2003-472
Fecha: 22 de mayo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional IV de Aguadilla y
Mayagüez Panel I
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Dixon Cancel Mercado
Materia: Artículo 401, 404, 412 Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Jaime Soto Soto
CC-2003-472
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo 2006
En
esta
dilucidar
ocasión
si
la
tenemos
entrada
de
la
un
oportunidad
agente
del
de
orden
público a un camino vecinal de carácter privado para
realizar
unas
gestiones
utilizó
unos
binoculares,
irrazonable
en
de
violación
vigilancia,
en
las
constituyó
un
registro
de
la
Constitución
que
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
I
El
1ro
de
mayo
de
2001,
el
agente
Joel
Soto
Ramírez recibió una confidencia anónima en la que se
indicó que el Sr. Jaime Soto Soto, residente del Bo.
Espino
de
Añasco,
continuaba
controladas
desde
su
vendiendo
residencia.
El
sustancias
informante
2
CC-2003-742
describió físicamente al sospechoso y la ubicación de su
residencia.
En
específico,
“continuaba
viviendo
en
informó
la
misma
que
el
sospechoso
residencia
que
está
ubicada al pasar el negocio el Arcoiris, la primera entrada
a la izquierda entre dos casas pintadas de color crema.”
Ese mismo día, alrededor de las 1:30 de la tarde, el agente
Soto
Ramírez
se
personó
al
lugar
indicado.
En
su
declaración jurada señaló que se retiró sin ser detectado y
dos horas más tarde regresó.
Una vez en el lugar, el agente se ubicó en el camino
vecinal bajo un árbol de almendro desde donde tenía plena
visibilidad del frente de la residencia.
Allí permaneció
en un vehículo oficial, no identificado.
Según el agente,
comenzó una vigilancia discreta utilizando unos binoculares
de su propiedad.
Alrededor de las 4:20 de la tarde observó
que
residencia
llegó
caballo.
a
la
un
joven
montado
sobre
un
Éste se desmontó del mismo y caminó hacia la
puerta de la casa.
Del interior de la misma salió el
sospechoso
ambos
y,
estando
fuera
de
la
residencia,
el
agente presenció una transacción de drogas.
Al día siguiente, el agente Soto Rivera volvió a la
vecindad de la residencia del recurrido para continuar con
su
investigación.
Ese
mismo
día,
y
poco
después
del
mediodía, el agente se situó en el mismo lugar del día
anterior,
a
unos
100
a
residencia del sospechoso.
150
pies
de
distancia
de
la
Estando situado en ese lugar
observó mediante el uso de binoculares dos transacciones de
3
CC-2003-472
drogas
que
se
efectuaron
frente
a
la
marquesina
de
la
residencia del sospechoso.
El agente Soto Rivera prestó declaración jurada sobre
estos
hechos.
Primera
En
virtud
de
Instancia
expidió
una
residencia
del
recurrido
el
la
8
misma,
orden
de
el
Tribunal
de
para
allanar
la
2001.
El
mayo
de
allanamiento se realizó el siguiente 11 de mayo y producto
del
mismo
se
Posteriormente,
ocuparon
se
controladas.1
sustancias
presentaron
las
acusaciones
correspondientes.
Oportunamente, el acusado solicitó la supresión de la
evidencia
incautada.
gestiones
investigativas
En
específico,
que
realizó
alegó
el
que
las
agente
Soto
Ramírez, cuyo resultado dio base para la expedición de la
orden de allanamiento, constituyeron un registro e invasión
a su privacidad.
Ello, por razón de que el lugar desde el
cual se realizaron las mismas era propiedad privada y el
agente
no
tenía
autorización
para
estar
allí.
Alegó,
además, que la orden de allanamiento se obtuvo mediante una
declaración jurada falsa y estereotipada.
El Ministerio
Público replicó a la moción de supresión de evidencia y
expresó que las observaciones fueron hechas fuera de la
residencia del peticionario, en un lugar público.
1
Según el testimonio de los agentes, cuando éstos se
disponían a diligenciar la orden de allanamiento en la casa
del señor Soto Soto, éstos se percataron de que se estaba
realizando
una
transacción
de
drogas
frente
a
la
residencia.
En consecuencia, arrestaron también al señor
Jaime Soto Castro, José Vázquez y José Colón.
4
CC-2003-472
A
solicitud
de
la
defensa,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia realizó una inspección ocular del lugar de los
hechos.
El
tribunal
consignó
que
se
trataba
de
un
vecindario rural que se compone de siete a ocho casas a las
cuales se tiene acceso por dos entradas.
La calle está
asfaltada, aunque en malas condiciones y la entrada de la
calle
estaba
precedida
por
unas
cadenas.
El
tribunal
describió que las casas estaban bastante cerca una de las
otras y el árbol de almendro ubica en un área visible.
Posteriormente, el tribunal celebró la correspondiente
vista de supresión de evidencia.
En la misma, el señor
Soto Soto testificó que su residencia está enclavada en una
finca
privada
perteneciente
a
su
familia,
compartida por siete casas adicionales.
la
cual
es
El agente Soto
Ramírez declaró que tras recibir la confidencia se dirigió
al
lugar
vecinal.
de
referencia
Sostuvo
que
y
entró
al
mismo
por
una
calle
cuando
realizó
sus
gestiones
investigativas no existían las referidas cadenas o alguna
otra señal que indicara que el área era privada.
Afirmó,
también, que desconocía que los vecinos del lugar fueran
miembros de una misma familia.
Asimismo, el sargento Luis Carrero, de la división de
drogas de Mayagüez, testificó que conocía el lugar y que
anteriormente se habían efectuado vigilancias dentro del
vecindario y nunca había visto signos que indicaran que el
área fuese privada.
Además, se presentó prueba de que en
el área se hace recogido de basura y el camino tiene postes
5
CC-2003-472
de alumbrado y líneas eléctricas.2
El Ministerio Público,
al igual que la defensa, sometieron en evidencia sendas
fotografías del vecindario donde ubica la residencia del
recurrido.
Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera
Instancia declaró no ha lugar la moción de supresión de
evidencia presentada por el acusado.
En su resolución, el
foro de primera instancia dio entero crédito al testimonio
del
agente
Soto
Ramírez
quien
al
hacer
las
vigilancias
creía de buena fe que el lugar era público.
Dicho foro
estableció, además, que el testimonio del agente no fue
controvertido en su esencia y que de la inspección ocular
que se realizó se pudo corroborar que tal testimonio era
creíble y físicamente posible.
Inconforme, el señor Soto Soto acudió ante el antiguo
Tribunal
de
Circuito
dictada
el
foro
Apelaciones.3
de
apelativo
concluyó
que
En
la
sentencia
el
Tribunal
de
Primera Instancia erró al denegar la moción de supresión de
evidencia.
siguientes
El foro intermedio basó su decisión en los
fundamentos,
a
saber,
que:
(a)
la
vigilancia
2
En la vista de supresión de evidencia testificaron
también los agentes Manuel Caraballo Vázquez y José L.
Chaparro, quienes declararon sobre el diligenciamiento de
la orden de allanamiento; Milton Acosta Ortiz, quien
practicó las pruebas de campo; y la químico Mabel Ruiz.
3
Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2002, el
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el
recurso presentado por falta de jurisdicción.
El 6 de
marzo de 2003 revocamos el referido dictamen mediante
sentencia y devolvimos los autos al foro apelativo
intermedio para la continuación de los procedimientos.
6
CC-2003-472
mediante binoculares realizada dentro de la propiedad del
acusado, sin autorización de éste o de alguna otra persona
con
la
legitimación
para
concederla,
es
de
por
sí
una
invasión a la intimidad y un registro ilegal; y, (b) el uso
de
binoculares
para
observar
la
residencia
del
acusado
constituyó un registro per se para lo cual se carecía de
orden,
por
mecanismo
lo
que
también
la
información
se
obtuvo
de
obtenida
mediante
manera
ilegal
y
apelativo
sostuvo
que
tal
debía
suprimirse.
El
tribunal
recurrido
tenía
intermedio
una
expectativa
razonable
de
el
intimidad
sobre el lugar por lo que el agente Soto Soto necesitaba
autorización de la familia o una orden judicial para entrar
a la propiedad privada y realizar su investigación.
Inconforme
General
con
tal
acudió
ante
nosotros
y
señaló
certiorari
4
la
determinación,
mediante
comisión
de
el
un
dos
Procurador
recurso
de
errores.4
Los errores señalados fueron:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
darle excesiva importancia al supuesto carácter
privado y la alegada presencia de cadenas en la
entrada del camino desde el cual el agente
investigador prestó investigación y determinar en
consecuencia que su intervención fue injustificada
e irrazonable, ello a pesar de que el Ministerio
Público demostró mediante fotos que no existía tal
expectativa a la intimidad cuando el camino vecinal
privado tiene libre acceso al público en general, y
que estas cadenas no estuvieron mientras se realizó
la vigilancia y el posterior diligenciamiento de la
orden de allanamiento, según lo declarado por el
agente del orden público, el cual le mereció entero
crédito al Tribunal de Primera Instancia.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
declarar con lugar la supresión de evidencia bajo
7
CC-2003-472
Oportunamente
han
expedimos el auto solicitado.
comparecido
por
lo
que
estamos
en
Ambas partes
posición
para
resolver y pasamos a así hacerlo.
II
Nuevamente nos debemos dar a la tarea de lograr el
debido
equilibrio
entre
dos
importantes
intereses
que
convergen en nuestra sociedad y suelen colisionar entre sí.
Por
un
lado,
allanamientos
la
garantía
irrazonables
individual
contra
producto
los
de
registros
y
conceptos
de
libertad y dignidad inherentes al ser humano5, y el deber
_________________________
el fundamento equivocado de que el Tribunal de
Primera Instancia no dirimió la credibilidad del
agente investigador, cuando en la Resolución del
Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó
enfáticamente que los testimonios de los agentes
fueron
creíbles
y
físicamente
posibles.
Particularmente, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó que el testimonio del agente investigador
no fue controvertido por testimonio alguno o
evidencia del acusado.
Tampoco se impugnó la
credibilidad de éste.
Por consiguiente, el
Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente
al no descartar el testimonio del agente Soto
Ramírez.
5
En el Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección
de sus personas, casas, papeles y efectos contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos
irrazonables. [...] Sólo se expedirán mandamientos
autorizando registros, allanamientos o arrestos por
autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista
causa probable apoyada en juramento o afirmación...
Evidencia obtenida en violación de esta sección
será inadmisible en los tribunales.
En Puerto Rico, la protección constitucional contra
registros y allanamientos irrazonables surge además del
Art. II, Sec. I de la Constitución que declara la
inviolabilidad de la dignidad del ser humano y del Art. II,
Sec. 8 que expresamente dispone que “toda persona tiene
derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su
8
CC-2003-472
del
Estado
de
combatir
y
prevenir
la
criminalidad
procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Al
efectuar
criterios
este
claros
que
fino
balance
permitan
debemos
reconciliar
los
adoptar
intereses
involucrados sin perder de vista los valores enraizados en
nuestro
pueblo,
y
sin
procurar
interpretaciones
que
se
erijan como obstáculos a la labor del Estado en su lucha
contra el crimen.
Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131
D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827
(1984).
modo
Después de todo, los Constituyentes indicaron de
expreso
y
claro
que
las
garantías
constitucionales
como el derecho a la intimidad, "[tienen] su límite en la
conducta criminal."
4 Diario de Sesiones de la Convención
Cosntituyente, págs. 2567-2568.
Santiago
Feliciano,
139
D.P.R.
Véase además, Pueblo v.
361
(1995);
Pueblo
v.
Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).
En el presente caso, el recurrido sostiene que procede
suprimir la evidencia incautada por cuanto el lugar desde
donde el agente observó la alegada transacción ilegal de
drogas era propiedad privada y éste no estaba autorizado a
estar
en
ese
lugar,
por
lo
que
constituyen un registro irrazonable.
sus
observaciones
Consiguientemente, no
procedía expedir una orden de registro y allanamiento a
base de las mismas.
unos
binoculares
Sostiene además que la utilización de
para
observar
hacia
su
residencia
_________________________
honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.”
Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, T. I, Vol. I, Forum, 1991, pág. 408.
9
CC-2003-472
constituyó, per se, un registro irrazonable.
El Tribunal
de Apelaciones avaló la posición del recurrido.
El Procurador General por su parte,
se
violó
la
protección
sostiene que no
constitucional
toda
vez
que
el
recurrido no tenía una expectativa razonable de intimidad
respecto el camino vecinal desde donde el agente hizo sus
observaciones, a pesar de la naturaleza privada de dicha
área, toda vez que el lugar específico donde se ubicó el
agente debe considerarse campo abierto y no parte de las
inmediaciones o curtilage de la residencia del recurrido.
Planteada la controversia bajo estos términos, pasemos
a analizar la misma.
III
A.
La
protección
contra
registros
e
incautaciones
irrazonables protege a las personas y no a los lugares.
Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 440 (1999).
El
alcance de la protección constitucional dependerá de si la
persona
afectada
alberga
legítima
de
intimidad
abrigue
tal
expectativa.
en
subjetivamente
un
lugar
Ello
y
v.
Ciraolo,
States,
389
476
U.S.
U.S.
207,
347,
expectativa
razonable
que
la
de
piedra
Pueblo v. Bonilla
Véase además, California
211
360
es
constituye
toque de esta doctrina constitucional.
Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999).
una
(1986);
(1967)
Katz
(Harlan,
v.
United
J.,
Op.
Concurrente).
En este análisis hay que determinar si las acciones de
la
persona
afectada
demuestran
inequívocamente
“la
10
CC-2003-472
intención de alojar dicha expectativa.”
Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442 (1999).
las
circunstancias
del
caso
Pueblo v. Ortiz
Y, además, si bajo
en
particular
socialmente tener tal expectativa.
Loc. cit.
es
razonable
En Oliver v.
United States, 466 U.S. 170, 181-183 (1984), el Tribunal
Supremo
de
los
Estados
interrogante
de
la
Unidos
siguiente
definió
manera:
esta
“The
última
test
of
legitimacy is not whether the individual chooses to conceal
assertedly
‘private’
government’s
societal
activity
intrusion
values
[but
infringes
protected
by
instead]
upon
the
the
whether
the
personal
and
Fourth
amendment.”
Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Forum, 1991, T. I, Vol. I,
pág. 345.
El interior del hogar es, sin duda, la zona sobre la
cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa
de intimidad.6
Entrelazado a este núcleo de protección se
encuentra el área circundante al hogar, lo que se conoce en
la
doctrina
como
la
inmediación
o
curtilage.
Así,
en
Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1992), sostuvimos
que
6
la
protección
contra
registros
y
allanamientos
Hay que acotar sin embargo, que aun cuando existe una
expecativa razonable de intimidad en el hogar o sus
inmediaciones, ello no quiere decir que tal área está
cobijada por un manto de total inmunidad a la observación
casual u ordinaria que pueda hacer un agente del orden
público.
E.g.,
California v. Ciraolo, 476 U.S. 207,
213(“The Fourth Amendment protection of the home has never
been extended to require law enforcement officers to shield
their
eyes
when
passing
by
a
home
on
public
thoroughfares.”)
Después de todo, lo que se expone a la
vista públicamente aunque sea en el hogar, no está
protegido
por
la
prohibición
constitucional
contra
registros y allanamientos irrazonables.
11
CC-2003-472
irrazonables se extiende más allá de una residencia para
incluir
la
zona
contigua
a
ésta.
Esta
zona
protegida
comprende, “la zona contigua a la casa, compuesta por el
terreno y las estructuras accesorias.”
D.P.R.
pág.
683.
Esta
área
Rivera Colón, 128
goza
de
protección
constitucional porque se estima que a ella se extiende la
actividad íntima del hogar y de la persona, por lo que debe
considerarse
parte
de
la
residencia
para
efectos
de
la
prohibición contra registros y allanamientos irrazonables.
Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 444.
Véase además,
Oliver v. United States, ante, pág. 180 (“curtilage is the
area to which extends the intimate activities associated
with the sanctity of a man´s home and the privacies of life
and therefore has been considered part of the home itself
for Fourth Amendment purposes.”)7
Sin embargo, esta protección no es extensiva a las
zonas que se encuentran fuera del curtilage, es decir, las
que forman parte del campo abierto, ya que a esta área no
se extienden aquellas actividades íntimas del individuo que
están protegidas de intromisión por parte del Estado y sus
agentes.
7
Rivera Colón, ante.
Véase por ejemplo, Oliver
Históricamente, el concepto de curtilage se extrapoló a la
jurisprudencia de la Enmienda Cuarta de la Constitución de
los Estados Unidos, del delito de robo domiciliario del
Derecho Común Anglosajón. Blackstone señala: “And if the
barn, stable or warehouse, be parcel of the mansion house,
though not under the same roof or contiguous, a burglary
may be committed therein; for the capital house protects
and privileges all its branches and appurtenants, if within
the
curtilage
or
the
homestall.”
Blackstone,
4
Commentaries on the Laws of England, 225. Ciertamente, en
la Inglaterra del Siglo XVIII era relativamente sencillo
identificar el curtilage porque era colineal con la verja
que rodeaba la mayoría de las viviendas.
12
CC-2003-472
ante, pág. 177 (1984)(“the government´s intrusion unto the
open fields is not one of those ‘unreasonable searches’
proscribed by the text of the Fourth Amendment.”);
v.
United
265
States,
U.S.
57,
59
Hester
(1924)(“the
special
protection accorded by the Fourth Amendment to the people
in
their
‘persons,
houses,
papers,
extended to the open fields.
and
effects’
is
not
The distinction between the
latter and the house is as old as the common law.”)
De ordinario entonces, observaciones hechas por unos
agentes
del
orden
público
desde
fuera
del
de
curtilage
actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage,
no está prohibida por la Constitución.
ello
no
implica
constitucional.
En
difícil
Rivera
que
toda
Aunque ciertamente,
observación
pase
el
crisol
Véase discusión infra.
Colón,
determinar
ante,
hasta
circundante o curtilage.
reconocimos
dónde
se
que
extiende
puede
ser
el
área
Entendido el contexto de donde
proviene el concepto curtilage, es natural la dificultad
que el mismo entraña a la hora de delimitar su extensión.
Como resultado de esta dificultad hemos sido reacios a
adoptar
una
curtilage.8
8
línea
de
Así,
en
demarcación
Rivera
Colón,
específica
ante,
para
el
citando
con
Sobre esta dificultad se ha señalado: “The problem with
curtilage is partially an architectural one.
England´s
landscape
architecture
is
different
from
America´s
landscape, making it difficult for our courts to translate
the curtilage doctrine into the America context.” Peters,
Fourth Amendment Yard Work: Curtilage´s Mow-Line Rule, 36
Stan. L. Rev. 943, 963 (2004).
Véase además, Wright v.
State, 77 S.E. 657, 658 (Ga. Ct. App. 1913)(“it was
unfortunate that this term ‘curtilage’, found in the
English statutes defining the offense of burglary, and
13
CC-2003-472
aprobación el estándar cuatripartito enunciado en United
States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987), sostuvimos que para
determinar si un lugar puede ser considerado como parte del
curtilage
hay
que
proximidad
a
la
sopesar
los
residencia
de
siguientes
factores:
(1)
la
reclamada
como
zona
curtilage, si está muy próxima es mucho más probable que el
área sea considerada como tal; (2) si el área se encuentra
dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y uso
de la zona; y (4) las medidas adoptadas por el residente
para
protegerla
de
observaciones
transeúntes que por allí pasan.
que
puedan
estos
factores
deben
analizarse
Hemos señalado
conjuntamente
ninguno de ellos por si sólo resulta determinante.
v.
Bonilla,
ante,
págs.
Curtilage or Open Fields?:
los
Véase también, Pueblo v.
Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994).
que
hacer
330-331.
Véase,
pues
Pueblo
Lawrence,
Oliver v. United States Gives
Renewed Significance to the Concept of Curtilage in Fourth
Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985)
Al
hechos
aplicar
los
criterios
antes
de
caso
concluimos
que
este
mencionados
el
lugar
a
los
donde
se
encontraba el agente de la policía no formaba parte del
curtilage de la residencia del acusado.
Primeramente, el
lugar donde se apostó el agente para hacer su observación
--el
camino
vecinal--
quedaba
a
una
distancia
de
_________________________
which applies to the dwelling and the houses surrounding
the dwelling-house in England, should have been perpetuated
in the statutes of different States; for the term is not
strictly applicable to the common disposition of enclosures
and buildings constituting the homestead of the inhabitants
of this country.”)
14
CC-2003-472
aproximadamente
100
pies
de
la
residencia
Segundo,
ésta
es
un
área
abierta
configuración
de
los
lotes
de
donde,
terreno,
delimitar los linderos de los lotes.
del
acusado.
debido
no
se
a
la
pueden
Ello así, entre otras
razones, debido a que las residencias que allí ubican no
están cercadas.
Finalmente y conforme se desprende de las fotografías
admitidas
en
evidencia
y
del
acta
de
inspección
ocular
levantada por el Tribunal de Primera Instancia, el balcón o
marquesina
donde,
alegadamente,
se
llevaron
transacciones de drogas es un área abierta.
a
cabo
las
No hay duda
que todo lo que ocurra en el balcón o la marquesina puede
ser visto por terceros desde las casas cercanas, los patios
de éstas, o el camino asfaltado desde donde se hicieron las
observaciones.
Al
analizar
identificados
en
en
conjunto
Rivera
Colón,
todos
los
forzosamente
criterios
debemos
concluir que el lugar desde donde el agente Soto Ramírez
hizo sus observaciones no formaba parte del curtilage de la
residencia del señor Soto Soto.
Por el contrario, dicha
área se encuentra en lo que se conoce como el campo abierto
por lo que de ordinario, las observaciones hechas desde
esta área no están sujetas a la prohibición constitucional.
B
La doctrina de campo abierto se refiere a aquellas áreas
con carácter privado que están fuera de las inmediaciones de
la residencia o terreno circundante que de ordinario están
accesibles al público y que por tal accesibilidad no están
15
CC-2003-472
cobijadas
por
una
protección
constitucional.
Pueblo
v.
López, 129 D.P.R. 287 (1991); Hester v. United States, 265
U.S. 57 (1924); Oliver v. United States, ante, pág. 684.
Véase,
Note,
Curtilaqe
or
open
fields?
Oliver
v.
United
States gives renewed significance to the concept of Curtilage
in Fourth Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985).
Es decir, son aquellas áreas que por su accesibilidad al
público, no constituyen el escenario idóneo para la ejecución
de
actividades
íntimas
en
sí
mismas.
Oliver
v.
United
States, ante, pág. 179.
En United States v. Dunn, ante, pág. 304 el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos al validar las observaciones
hechas por unos policías quienes se encontraban fuera del
curtilage pero dentro de la propiedad privada del acusado,
sostuvo:
“[T]here
is
no
constitucional
difference
between
police observations conducted while in a public place and
while standing in the open fields.”
(Énfasis nuestro.)
Antes bien, aun cuando este lugar no forma parte del
curtilage y sí del campo abierto, debemos de evaluar si, a
la luz de los hechos del caso, la observación del agente
Soto
Ramírez
viola
razonable del acusado.
alguna
expectativa
de
intimidad
Éste arguye en la afirmativa bajo
el fundamento que el lugar desde donde se efectuaron las
observaciones era propiedad privada y el agente no estaba
autorizado a entrar al mismo, por lo que el registro fue
irrazonable.
IV
16
CC-2003-472
En el caso de autos donde la observación se hizo desde
el campo abierto la pregunta que debemos formularnos es si
la intromisión del Estado infringe los valores personales y
sociales
de
intimidad
protegidos
por
la
prohibición
constitucional.
Para definir qué constituye una razonable expectativa
de
intimidad
en
este
contexto
debemos
considerar
los
siguientes siete factores:
el lugar registrado o allanado;
la
intrusión
naturaleza
y
grado
de
de
la
intervención
policíaca; el objetivo o propósito de la intervención; si
la
conducta
de
la
persona
indicaba
una
expectativa
subjetiva de intimidad; la existencia de barreras físicas
que
restrinjan
registrado;
la
la
entrada
cantidad
o
de
la
visibilidad
personas
que
al
lugar
tiene
acceso
legítimo al lugar registrado; y, las inhibiciones sociales
que
se
Meléndez
relacionen
Rodríguez,
Colón, ante.
con
el
136
lugar
D.P.R.
registrado.
587,
605
Pueblo
(1994);
v.
Rivera
Véase además, Katz, ante.
De entrada, hay que señalar que el hecho de que el
camino donde se apostó el agente Soto Ramírez fuera privado
no es, por sí solo, determinante en esta discusión.
Como
ya señalamos, la protección constitucional contra registros
y allanamientos irrazonables protege personas y no lugares.
La doctrina que postulaba que los intereses propietarios
eran determinantes a la hora de evaluar una actuación del
Estado a la luz de esta prohibición constitucional está ya
desacreditada.
citados.
Katz,
ante,
págs.
351-352
y
casos
allí
Véase, Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 144 n. 12
17
CC-2003-472
(1978)(“even
property
interest
in
premises
may
not
be
sufficient to establish a legitimate expectation of privacy
with respect to particular items located on the premises or
activity conducted thereon.”)
Véase además, United States
v. Hatfield, 333 F.3d 1189, 1999 (10th Cir. 2003)(“‘The fact
that the officers trespass onto private property does not
transform the actions into a search within the meaning of
the fourth amendment’ . . . [T]hat a state may have chosen
to protect the property interests of its citizens by making
trespass a crime . . . does not affect the analysis of a
person’s Fourth Amendment.”); Commonwealth v. Simmons, 466
N.E.2d 85 (Mass. 1984).
En
el
presente
caso,
el
agente
entró
a
las
inmediaciones del lugar donde ubica la casa del imputado
por uno de los dos caminos que existen en ese barrio.9
Ubicó allí su auto y desde su interior, utilizando los
binoculares, hizo las observaciones que dieron base a la
orden de allanamiento expedida.
El camino es uno accesible
y abierto al público en general y el mismo se encuentra
asfaltado.
No había en dicho lugar ningún letrero que
indicara que el lugar era uno privado y por lo tanto se
prohibía la entrada.
Tampoco existen barreras naturales
que dificulten el acceso al lugar donde se ubicó el agente
Soto Ramírez.
9
Además, desde dicho lugar se podía observar
Hay que apuntar sin embargo, que aun cuando hablamos de
dos caminos, lo cierto es que según se desprende de las
fotografías sometidas en evidencia por el Ministerio
Público, una persona puede tener acceso al área de la
residencia del recurrido así como al área desde donde se
hicieron las observaciones, por distintos lugares ya que
este lugar es abierto.
18
CC-2003-472
sin
restricción
alguna
y
con
completa
visibilidad
la
marquesina y el balcón de la residencia del acusado.
El camino se utiliza por el municipio para el recogido
de basura así como también es utilizado por la Autoridad de
Energía
Eléctrica.
Sirve
de
acceso
a
varias
otras
residencias que allí ubican, así como a terceros que estén
de visita a esas casas.
Lo cierto es que toda persona que
tenga una razón legítima para entrar al área donde ubica la
residencia
del
recurrido
acceder al lugar.
puede
utilizar
el
camino
para
Siendo ello así, los agentes del orden
público que estén en gestiones legítimas de investigación
tienen
también
el
mismo
derecho
a
utilizar
el
camino
asfaltado.
En este caso, el agente Soto Ramírez se encontraba
investigando una confidencia legítima en la que se daba
parte de actos ilícitos en la vecindad, entró al lugar a
través
del
referido
camino
el
cual
permitía
el
libre
acceso, por lo que, ante este cuadro, podía observar todo
lo que ocurriese a plena vista.
En United States v. Roberts, 747 F.2d 537, 541-542 (9th
Cir.
1984)
obervaron
los
unas
agentes
penetraron
actividades
a
un
delictivas
camino
y
privado,
procedieron
a
arrestar a varias personas y a ocupar cierta evidencia.
El
camino en Roberts era uno compartido por los residentes de
las restantes cinco residencias del área y al mismo era de
libre acceso.
El tribunal resolvió que los agentes del
orden público en el curso de una investigación criminal
pueden entrar en áreas residenciales que expresamente estén
19
CC-2003-472
accesibles al público o que implícitamente estén abiertas a
visitantes casuales.10
Específicamente se indicó:
A shared unobstructed road is incongruent with
the
common law concept of the curtilage . . .
Used in common with residents of five other
houses, the private road is only a means to reach
the public road.
The private road does not
provide the setting for intimate activities of
home life. The activities conducted on a road
–-driving a car, riding a bike, or walking -—are
impersonal, public activities.
Moreover, the
road is easily accessible to utility companies
and police and fire departments and it is
reasonable to assume that the residents would
expect these public agencies to use the road in
performing their services.
Concluimos por lo tanto que, a la luz de los hechos
particulares en este caso, los agentes del orden público
podían válidamente estar en el camino vecinal y desde allí
observar
la
residencia
del
recurrido.
El
agente
Soto
Ramírez una vez logró acceso al lugar, circunscribió su
vigilancia
a
escrutinio
físico
o
estuviera
en
lugar.
actividades
que
visual
un
de
aquellas
el
están
áreas
visual
que
de
abiertas
al
cualquier
visitante
que
Ciertamente,
accesibles
transeúnte
están
o
al
quien
escrutinio
visitante
casual,
realiza
físico
no
o
puede
reclamar expectativa razonable de intimidad acerca de las
mismas.
Lo cierto es que el acusado no tomó precaución alguna
para mantener en privado las actividades que efectuaba en
la marquesina y balcón de su casa.
10
Quien desee mantener en
Véase, People v. Edelbacher, 766 P.2d 1 (1989);
Commonwelth v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (1984); Mitchell v.
State, 792 So.2d 192 (Miss. 2001);
State v. Pinkham, 679
A.2d 589 (1996
20
CC-2003-472
secreto una operación de venta ilegal de drogas no puede
llevar a cabo sus transacciones a plena vista de terceros.
Lejos de albergar una expectativa de intimidad quien así
actúa, asume el riesgo que su operación sea descubierta por
agentes del orden público.
y
allanamientos
La protección contra registros
irrazonables
no
se
puede
invocar
como
gracia divina para salvaguardar al que viole la ley a plena
vista y al alcance del que quiera ver u oir.
La Carta de
Derechos
libertad
de
la
Constitución
es
áncora
de
no
dispensador de inmunidad.
Por tanto, las observaciones realizadas por el agente
Soto Ramírez desde el camino vecinal que dieron base para
solicitar
la
orden
de
allanamiento
no
configuraron
una
violación a la garantía constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables.
V
En el caso de autos existe un elemento adicional que
amerita
nuestra
atención,
nos
referimos
al
uso
de
binoculares por el agente Soto Ramírez en su observación de
la residencia del recurrido.
el
recurrido
reclamó
que
Como indicamos anteriormente,
la
utilización
de
los
mismos
constituye, per se, un registro irrazonable.
Hasta ahora, no habíamos tenido oportunidad de evaluar
si la utilización de artefactos tecnológicos, en este caso
binoculares, varía o incide en el análisis relacionado con
la
prohibición
constitucional
allanamientos irrazonables.
contra
registros
y
21
CC-2003-472
Al
sopesar
el
planteamiento
ante
nuestra
consideración, partimos de la premisa de que el análisis
aplicable es el de expectativa razonable de intimidad que
hemos
utilizado
norma
para
constitucional
determinar
que
si
se
prohíbe
ha
infringido
la
los
registros
y
allanamientos irrazonables.
Además, pesa en nuestro ánimo
que
en
el
artefacto
investigativa
es
utilizado
un
este
binocular,
caso
como
aditamento
técnica
que
está
fácilmente accesible y disponible al público en general.
E.g., Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001).
Tan es
así, que el utilizado en este caso era propiedad del propio
agente.
En
la
discusión
que
antecede
concluimos
que
el
recurrido Soto Soto no podía albergar razonablemente una
expectativa de intimidad por lo que no se configuró un
registro irrazonable.
El hecho de que el agente utilizara
unos binoculares, como ayuda en su observación, no varía el
resultado al que llegamos.
La observación hecha con los
binoculares es la misma observación que se podía efectuar
sin la ayuda de éstos, pues la alegada transacción estaba
efectuándose en un lugar a plena vista de terceros y podía
observarse fácilmente desde donde se encontraba el agente.
La utilización de instrumentos como los binoculares
sirven
para
preservar
la
confidencialidad
de
la
investigación en la medida que dificultan que se detecte la
presencia del agente del orden público.
Además, es un
instrumento
seguridad
que
contribuye
a
proteger
agente que lleva a cabo la investigación.
la
del
Estimamos que la
22
CC-2003-472
utilización de unos binoculares como técnica investigativa
en los albores del Siglo XXI, no ofende los estándares de
intimidad que nuestra sociedad estima.
El profesor LaFave en su tratado, W. LaFave, Search
and
Seizure:
A
Treatise
on
Fourth
Amendment,
Thomson
–
West, 4ta ed., vol. 1, 2004, sec. 2.2(c), pág. 472, avala
el análisis antes descrito e indica:
Under this particular balancing of privacy and
law enforcement interests, it is submitted,
Fourth Amendment restrictions should not be
imposed when the police have done no more than:
(1) use binoculars to observe more clearly or
carefully that which was into the open and thus
subject to some scrutiny by the naked eye from
the same location; or (2) use of binoculars to
view at a distance that which they could have
lawfully observed from closer proximity but for
their
desire
not
to
reveal
the
ongoing
surveillance.
When this is the nature of the
police conduct vis-à-vis evidence or conduct
located in the open, the assistance provided by
the binoculars should no be characterized as a
search.
Véase en igual sentido, People v. Clark, 350 N.W.2d 754
(Mich. 1984); United States v. Lace, 669 F.2d 46 (2d Cir.
1982); United States v. Minton, 488 F.2d 37 (4th Cir. 1973);
426
v.
Véase
además,
Henderson,
Nothing
New
Technologically
Rational
Doctrine
of
56
Mercer
Rev.
L.
507
(5th
Cir.
1970).
Under
the
Sun?
706
States
Search,
Grimes,
F.2d
United
Fourth
(2005);
A
Amendment
Thueson,
Fourth
Amendment Search –Fuzzy Shades of Gray: The New “BrightLine”
Rule
in
Determining
Constitutes
a
Search,
2
Telescopes,
Binoculars,
when
the
use
9
Wyo.
L.
Rev.
and
the
Fourth
Cornell L. Rev. 379 (1982).
of
Technology
(2002);
Marks,
Amendment,
67
23
CC-2003-472
A base de lo anterior, concluimos que la observación
hecha
utilizando
binoculares
no
constituye
per
un
se
registro irrazonable.11
Para resumir, en el caso de autos, el agente de la
policía
estaba
en
un
lugar
en
el
que
podía
estar
sin
ofender la garantía constitucional, es decir en el campo
abierto; de ahí observó la marquesina y balcón de la casa
del
acusado
con
la
ayuda
de
unos
binoculares
de
su
propiedad; el recurrido, alegadamente, llevaba a cabo unas
transacciones
de
venta
de
drogas
a
plena
vista.
La
utilización de los binoculares permitió que la presencia
del agente Soto Ramírez en el lugar no fuese detectada.
Además, permitía observar con mayor claridad aquello que a
simple vista se podía ver legítimamente.
En virtud de
ello, tenemos que concluir que en el caso, el utilizar los
binoculares no supuso violación a la Constitución.
VI
Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos
la
sentencia
dictada
por
el
que
en
las
circunstancias
autos
no
hubo
lo
que
determinamos
caso
de
irrazonable
por
supresión de evidencia.
Primera
Instancia
un
no
Tribunal
registro
procedía
de
Apelaciones
particulares
y
la
y
del
allanamiento
solicitud
de
Se devuelve el caso al Tribunal de
para
que
se
continúe
con
los
procedimientos conforme lo aquí dispuesto.
11
Distinto sería el caso si el propósito de utilizar el
artefacto tecnológico fuera para observar aquello que no se
podría ver sin una intrusión inconstitucional en la
intimidad de la persona.
24
CC-2003-472
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Jaime Soto Soto
CC-2003-472
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2006
Por los fundamentos expresados en la Opinión
que antecede los cuales se incorporan íntegramente
a la presente, se revoca la sentencia dictada por
el Tribunal de Apelaciones.
Se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que se
continúen con los procedimientos conforme lo aquí
dispuesto.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. “El
Juez Asociado señor Rebollo López concurre en el
resultado en vista de los hechos específicos y
particulares del caso.”
El Juez Asociado señor
Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo