LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Suárez Alers

2006 TSPR 83

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Suárez Alers

CC-2005-0152

Menores – Jurisdicción del Tribunal de Asuntos de Menores

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2006 TSPR 83

Wilfredo Suárez Alers

167 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2005-152

Fecha: 11 de mayo de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Juez Ponente:

Hon. Jocelyn López Villanova

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Edgardo Medina Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Actos Lascivos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2005-152

Wilfredo Suárez Alers

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006

Nos corresponde determinar en esta ocasión, si el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos

de Menores, podía renunciar a su jurisdicción en un

caso de un menor ofensor de trece (13) años de edad a

la

fecha

de

los

hechos

delictivos,

quien

al

presentarse la queja en su contra había ya advenido a

la mayoridad, para que fuese procesado como adulto.

I

El

Menores

15

octubre

de

2003

la

Procuradora

de

presentó una queja en el Tribunal de Primera

Instancia,

Menores,

de

Sala

Superior

contra el

de

Aguadilla,

joven Wilfredo

Asuntos

de

Suárez Alers por

3

CC-2005-152

hechos ocurridos el 25 de julio de 1994.

En la queja se le

imputó a Suárez Alers haber incurrido, alegadamente, en el

delito de actos lascivos o impúdicos cometido contra el

menor M.B.E.

Se indicó en la misma que para la fecha de

los hechos el imputado tenía quince (15) años de edad, ya

que se señaló como fecha de nacimiento el 22 de octubre de

1978; la víctima contaba con siete (7) años de edad.

La vista de causa de aprehensión se celebró el mismo

15 de octubre y posteriormente se celebró la vista para la

determinación de causa para presentar querella.

Así las

cosas, el 19 de marzo de 2004, se celebró una vista para

atender la petición de renuncia de jurisdicción presentada

por la Procuradora de Menores.

declaró

con

lugar

petición

de

desestimación presentada previamente por el acusado.

El

foro

el

primario

la

misma

El tribunal de instancia

resolvió

que

y

denegó

tenía

una

jurisdicción

sobre

joven imputado debido a que los hechos fueron cometidos

mientras éste era menor.

tener

jurisdicción,

no

Indicó también que, no empece

tenía

autoridad

para

juzgarlo

e

imponer medidas dispositivas toda vez que al momento de ser

procesado, Suárez Alers había advenido a la mayoridad.

El

tribunal renunció entonces a su jurisdicción y remitió el

expediente de Suárez Alers a la sala de lo criminal para

que fuese juzgado como adulto.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2004 se presentó el

pliego

acusatorio

actos lascivos.

contra

Suárez

Alers

por

el

delito

de

4

CC-2005-152

El 4 de mayo de 2004, la defensa presentó una moción

de desestimación alegando, en síntesis, que la “dilación

del Estado” en presentar la denuncia contra Suárez Alers le

colocaba en estado de indefensión. Sostuvo que, habiendo

transcurrido nueve años desde la ocurrencia de los hechos

hasta la presentación de los cargos, se le hacía imposible

recordar dónde se encontraba en ese día, lo que impedía que

pudiera traer evidencia a su favor en clara violación al

debido proceso de ley.

El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la

solicitud de desestimación.

Adujo, que el Estado no había

sido negligente ni que había incurrido en incuria toda vez

que la dilación no le era atribuible.

diligencia

una

presentada

vez

le

contra

Señaló que actuó con

fue

notificado

Suárez

Alers,

de

la

querella

procurando

la

correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala de

Asuntos de Menores.

Además, indicó que el retraso no había

causado perjuicio significativo a la defensa del acusado.

El 20 de agosto de 2004, se celebró la vista para

dilucidar

a

moción

de

desestimación

presentada.

En

la

misma, a petición de la defensa, testificaron la agente

Rita Vázquez, quien investigó la querella presentada por el

padre

del

perjudicado,

el

padre

licenciado Carlos Acevedo Lazarini.

de

la

víctima,

y

el

Se presentaron también

dos comunicaciones escritas, una de la pediatra que atendió

a la víctima recién ocurrieron los hechos y otra de su

psicóloga.

5

CC-2005-152

Del

testimonio

siguiente:

vertido

en

sala

se

desprende

lo

Primeramente, que el padre del menor supo de lo

ocurrido el mismo día de los hechos ya que su hijo le narró

lo

acontecido.

El

padre

indicó

que,

preocupado

por

lo

narrado, habló con el licenciado Acevedo Lazarini quien le

recomendó que llevara al menor a un psicólogo porque estaba

“emocionalmente afectado.”

El padre testificó que no llevó a su hijo al psicólogo

pero sí a una pediatra.

momento

no

encontró

Ésta examinó al niño y en ese

rasgo

físico

de

abuso

en

el

área

genital del menor; sí encontró un rasguño en el pecho de

éste.

El padre del menor indicó que por recomendación del

licenciado Acevedo Lazarini, decidió enviar a su hijo a

residir con un tío en el estado de California.

Seis años más tarde, en el 2000, el menor regresó a

Puerto Rico.

A su regreso, éste fue atendido durante tres

años por una psicóloga.

Posteriormente, el padre decidió

presentar una querella en la Policía de Puerto Rico contra

Suárez Alers.

De la minuta de la vista antes mencionada surge que

las

partes

estipularon

lo

siguiente:

“que

no

hay

controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de

los

alegados

hechos.”

(Énfasis

nuestro.)

Petición

de

certiorari, Ap., pág. 39.

El 27 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera

Instancia

emitió

acusatorio.

una

resolución

desestimando

el

pliego

El foro primario concluyó que el acusado se

encontraba en estado de indefensión ante la injustificada

6

CC-2005-152

dilación del padre de la víctima de instar la querella

correspondiente.

transcurrido

El tribunal a quo entendió que habiendo

nueve

años

desde

que

ocurrió

el

alegado

incidente a la fecha en que Suárez Alers fue acusado, el

derecho de éste a preparar una defensa adecuada se había

vulnerado severamente.

Ello, a su vez, incidía sobre el

derecho de Suárez a un juicio justo e imparcial.

Inconforme,

Tribunal

de

el

Procurador

Apelaciones.

General

Mediante

acudió

sentencia

ante

del

18

el

de

enero de 2005, el foro apelativo intermedió revocó al foro

primario.

El tribunal apelativo concluyó que la dilación

en la presentación de la acusación no era atribuible al

Estado toda vez que fue el padre del menor quien, a pesar

de tener conocimiento de lo ocurrido, no presentó querella

alguna en ese momento.

El Tribunal de Apelaciones indicó

que el Estado actuó diligentemente pues una vez advino en

conocimiento de lo ocurrido, inició rápidamente el trámite

correspondiente ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos

de Menores.

El

Tribunal

de

Apelaciones

analizando

la

alegación

dilación

en

el

señaló

genérica

del

procedimiento

le

también

acusado

que,

de

impedía

que

aun

la

preparar

adecuadamente su defensa, la misma era insuficiente para

configurar “el perjuicio específico y concreto que requiere

la doctrina sobre el estado de indefensión.”

El tribunal

concluyó por lo tanto, que la alegación de perjuicio fue

abstracta y general por lo cual resultaba improcedente.

7

CC-2005-152

En

desacuerdo

con

esta

determinación,

el

acusado

acudió ante este Tribunal en petición de certiorari.

En su

escrito, señaló la comisión de los siguientes errores:

Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de

Apelaciones al resolver que no aplica la defensa

de Estado de Indefensión.

Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de

Apelaciones

al

imponer

su

criterio

(en

determinaciones de hechos) sobre el de el (sic)

Tribunal de Instancia, sin tener base alguna.

Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de

apelaciones al resolver que el delito no está

prescrito y que había jurisdicción sobre el

peticionario.

El 13 de mayo de 2005 expedimos el auto solicitado.

Las partes han comparecido y contando con el beneficio de

sus alegatos pasamos a resolver.

II

La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de

julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. secs. 2201 et

seq., (“Ley de Menores”) refleja un enfoque penal ecléctico

en

el

cual

se

intenta

armonizar

la

función

de

parens

patriae del Estado de velar por la rehabilitación del menor

ofensor,

a

la

responsabilidad

misma

por

sus

vez

actos.

que

le

Ello,

exige

sin

a

éstos

minimizar

la

responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de la

sociedad en general.

de

Menores

de

1986.

Véase Exposición de Motivos de la Ley

Véase

además,

D.

Nevares

Muñiz,

Derecho de Menores: Delincuente juvenil y menor maltratado,

5ta ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Hato

Rey, 2005, secs. 1.1.2 - 1.2, págs. 4-10; Morán, “Sistema

8

CC-2005-152

de justicia juvenil, exclusión de jurisdicción, renuncia de

jurisdicción”, 49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988).

En

reiteradas

ocasiones

hemos

indicado

que

los

procedimientos de menores son de carácter civil sui generis

y

no

se

consideran

de

naturaleza

criminal.

Pueblo

en

interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 10 (1999); Pueblo ex

rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983); Pueblo ex rel

L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980); ELA en interés del

menor R.M.R., 83 D.P.R. 242, 247 (1961).

con

el

transcurso

del

tiempo

estos

Ello no empece,

procedimientos

han

“adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá

del propósito meramente rehabilitador y paternalista de la

antigua ley [Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955].”

Pueblo

en interés del Menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999).

Ese

enfoque ha ido acompañado con el reconocimiento de mayores

salvaguardas procesales hacia los menores como aquellas que

protegen

a

Pueblo

en

los

adultos

interés

en

el

menor

proceso

R.H.M.,

criminal.

126

E.g.,

D.P.R.

404

(1990)(reconocimiento de la garantía constitucional contra

la

auto

incriminación);

Pueblo

en

interés

A.L.R.G.

y

F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993) (derecho a tener acceso a

expediente social como corolario del derecho a una adecuada

representación legal); Pueblo en interés menor N.R.O., 136

D.P.R. 949 (1999)(aplicabilidad de la regla de exclusión a

procesos de menores).

El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204,

regula la jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores del

Tribunal

Superior.

El

concepto

jurisdicción

en

el

9

CC-2005-152

ordenamiento jurídico de menores, se refiere a la facultad

especial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en

procesos contra éstos y se relaciona “con la cuestión de si

el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia

juvenil o en el sistema de justicia criminal.”

Pueblo en

interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).

decir,

la

jurisdicción

es

determinante

al

decidir

Es

quién

debe ser encausado como menor o, por el contrario, como

adulto.

Así, el Art. 4 establece que la Sala de Asuntos de

Menores

tendrá

jurisdicción

en

todo

caso

en

que

se

le

impute a un menor conducta que constituya falta si fue

incurrida antes de éste haber cumplido los dieciocho (18)

años;

sujeto

claro

está,

al

término

correspondiente.

34 L.P.R.A. sec. 2204.

embargo,

que

dispone

la

Sala

de

prescriptivo

El artículo, sin

Asuntos

de

Menores

no

tendrá jurisdicción en aquellos casos en que se le impute a

un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad, la

comisión

grado

de

hechos

mediante

constitutivos

deliberación

y

de

asesinato

en

primer

premeditación;

o,

se

le

impute hechos constitutivos de un delito que surja de la

misma transacción del asesinato en primer grado mediante

premeditación

adjudicado

y

deliberación;

previamente

L.P.R.A. sec. 2204.

un

o,

cuando

asesinato

como

se

le

hubiere

adulto.

34

En estos casos, la jurisdicción para

encausar el procesamiento penal le corresponderá a la Sala

de lo Criminal del Tribunal Superior.

10

CC-2005-152

Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores no tiene

“jurisdicción” cuando los actos imputados al menor ocurren

después de éste haber cumplido dieciocho (18) años; o, si

se

le

imputa

asesinato

en

primer

grado

mediante

deliberación y premeditación o un delito que surja de esa

misma

transacción

quince (15) años.

págs. 172-173.

o

evento

y

el

menor

hubiese

cumplido

Pueblo en interés menor A.A.O., ante,

Véase además, Pueblo v. Álvarez Tores, 127

D.P.R. 830 (1991).

De otra parte, el Art. 5 de la ley, dispone que el

tribunal habrá de conservar su “autoridad”1 sobre todo menor

hasta que éste cumpla la edad de veintiún (21) años, a

menos que mediante orden al efecto dé por terminada su

jurisdicción.

34 L.P.R.A. sec. 2205.

La Ley de Menores en su Art. 15, 34 L.P.R.A. sec.

2215,

regula

detalladamente

el

proceso

de

renuncia

jurisdicción contemplado en el Art. 5 de la ley.

de

La fase

de renuncia a la jurisdicción es “una etapa crítica en el

procesamiento” en la cual se traslada a un menor de una

jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra que lo juzga

como adulto con la probabilidad de la pérdida de libertad

por un periodo de tiempo prolongado.

Véase, S. Dairs,

Rights of Juveniles, The Juvenile Justice System, Thomson-

1

El concepto “autoridad” utilizado en el estatuto, se

refiere a la “supervisión, detención o custodia del menor

que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se

le encausa y luego de que se ha determinado que está

incurso en la comisión de una falta.”

Pueblo en interés

del menor A.A.O.,

138 D.P.R. 160 (1995). Por lo que

“autoridad” se refiere al tipo y la duración de la medida

impuesta una vez se determine que el menor se encuentra

incurso en una falta.

Loc. cit.

11

CC-2005-152

West, 2003, 2da. ed., sec. 4:1, pág. 4-1.

(“The effect of

a decision to waive jurisdiction over a child is to deny to

the

child

the

protection

and

ameliorative

treatment

afforded by the juvenile process, substituting therefor the

punitive treatment found in the criminal process.”)

“Por

la magnitud de ese traslado, por los efectos serios que

puedan surgir y para cumplir con las garantías del debido

proceso de ley”, es menester cumplir a cabalidad con los

criterios establecidos en el Art. 15 del la Ley de Menores.

Pueblo en interés del menor R.H.M., ante, pág. 411.

En

igual sentido, Kent v. United States, 383 U.S. 541, 556

(1966). (“It is clear beyond dispute that the waiver of

jurisdiction is a ‘critically important’ action determining

statutory rights of the juvenile.”)

A

poco

que

analicemos

el

referido

su

se

desprende,

percatamos

que

de

claridad,

que

sólo

texto

se

podrá

solicitar

artículo,

la

con

nos

meridiana

renuncia

de

jurisdicción en aquellos casos que el menor involucrado sea

mayor de catorce (14) años.2

Por lo tanto, cuando el menor

2

El Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34

L.P.R.A. sec. 2015, dispone lo siguiente en cuanto a la

renuncia de jurisdicción, citamos in extenso:

a. Solicitud del Procurador. El tribunal, a

solicitud del Procurador, podrá renunciar la

jurisdicción sobre un menor que sea mayor de

catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años,

a quien se le impute la comisión de cualquier

falta Clase II o III.

El Procurador deberá

efectuar

dicha

solicitud

mediante

moción

fundamentada cuando considere que entender en el

caso bajo las disposiciones de esta ley no

responderá a los mejores intereses del menor y de

la comunidad.

12

CC-2005-152

imputado es menor de catorce años la jurisdicción exclusiva

para exigir responsabilidad por la comisión de una falta le

corresponde a la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal

Superior.

Ante

la

ausencia

de

autoridad

expresa

para

renunciar a la jurisdicción en casos de menores de catorce

(14)

años,

no

cabe

Adviértase

que

los

una

interpretación

tribunales

de

en

menores

tal

son

sentido.

“criaturas

legislativas” y como tal, le corresponderá a la Asamblea

Legislativa determinar su jurisdicción conforme el diseño

particular que se estime propio.

Rodríguez Rodríguez v.

E.L.A., 130 D.P.R. 562, 580 (1992).

Con anterioridad habíamos expresado que “el poder o la

autoridad del tribunal sobre un menor depende de la fecha

en que se cometió la falta y no de aquella en que comenzó

_____________________________

El

Procurador,

podrá

promover

la

solicitud

cuando, previa determinación de causa probable,

se le impute al menor una de las siguientes

faltas: violación, robo, secuestro, mutilación,

sodomía,

escalamiento

agravado

y

agresión

agravada e su modalidad de delito grave.

El Procurador deberá promover la solicitud de

renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:

1. cuando se impute a un menor que sea mayor de

catorce

(14)

años

la

comisión

de

hechos

constitutivos de asesinato en la modalidad que

está bajo la autoridad del Tribunal, cualquier

otro delito grave de primer grado, y cualquier

otro hecho delictivo que surja de la misma

transacción o evento.

2. Cuando se impute al menor una falta Clase II o

III y se le hubiera adjudicado previamente una

falta II o III, incurrida entre los catorce (14)

y dieciocho (18) años.

El Procurador vendrá obligado a advertir al

tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata

de aquellos casos excluidos de su autoridad por

disposición expresa de este capítulo. (Énfasis

nuestro.)

13

CC-2005-152

el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre

el

niño

delincuente.”

(Énfasis

nuestro.)

Andujar, 80 D.P.R. 822, 826 (1958).

Pueblo

v.

Véase también, Pueblo

en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 179 (1993);

Pueblo ex rel L.V.C., ante pág. 120.

ley

vigente

al

momento

de

los

Por lo tanto, será la

hechos

la

que

habrá

de

determinar cómo se ha de encausar el procesamiento de un

menor

cuando

se

le

impute

la

comisión

de

una

falta.

Ciertamente, un menor no puede “ser procesado bajo términos

y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley

vigente

a

la

fecha

en

que

imputados en la acusación.”

se

perpetraron

los

hechos

Pueblo v. Andujar, ante, pág.

824.

Indicamos anteriormente que del expediente que consta

ante

nosotros

tribunal

surge

que

en

de

instancia

para

desestimación

presentada

por

la

vista

celebrada

dilucidar

el

acusado,

ante

el

la

moción

de

el

Ministerio

Público y la defensa estipularon que no “hay controversia

en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados

hechos.”

Véase, Petición de certiorari, Minuta de 20 de

agosto de 2004, Ap., pág. 39.

En P.R. Glass Corp. v.

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975) indicamos que

“[u]na vez hecha y aprobada por el tribunal la estipulación

obliga

a

quienes

la

hacen

legalmente representadas.

y

a

las

partes

por

ellos

La estipulación es una admisión

judicial que implica un desistimiento formal de cualquier

contención

contraria

a

ella.”

(Énfasis

nuestro.)

Estipulado por el Ministerio Público que la edad de Suárez

14

CC-2005-152

Alers

era

13

determinación

años,

éste

habiendo

viene

obligado

desistido

de

por

tal

cualquier

cuestionamiento en contrario.3

Por lo tanto, a la luz de lo anterior, el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de

Menores, aun cuando podía asumir jurisdicción en la queja

instada por la Procuradora de Menores contra Suárez Alers

por ser éste menor de edad al momento de los hechos, no

podía bajo ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y

referir el asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal

Superior.

Ello, ya que Suárez Alers era menor de catorce

(14) años al momento de los hechos imputados y el Art. 15

de

la

Ley

de

Menores

no

autoriza

si

la

la

renuncia

en

estos

Suárez

Alers

casos.

No

hay

duda

que

queja

contra

hubiese sido presentada al momento de los alegados hechos

delictivos,

la

imposibilitada

Sala

de

de

renunciar

Asuntos

a

su

de

Menores

jurisdicción.

improcedente en ese momento, también lo es ahora.

estaba

Si

era

Concluir

lo contrario, querría decir que le estaríamos aplicando a

3

Lo cierto es que la posición del Ministerio Público ha

sido que Suárez Alers tenía, en efecto, trece años de edad

al momento de los hechos imputados. A modo de ejemplo, en

el alegato presentado por el Pueblo ante este Tribunal, el

Procurador General indicó lo siguiente: “Para la fecha de

los hechos, Suárez Alers tenía trece años de edad, mientras

que el menor perjudicado contaba con siete años.” (Énfasis

nuestro.)

Alegato del Procurador General, pág. 3.

Véase

además, Apéndice a la Petición de Certiorari, pág. 64. El

asunto

sobre

la

edad

de

Suárez

Alers

no

fue

un

cuestionamiento que se hiciera ante los foros inferiores ni

ante este Tribunal.

15

CC-2005-152

Suárez Alers unos términos y condiciones no contemplados en

la Ley de Menores de 1986, para su perjuicio.4

En

Pueblo

en

interés

del

menor

F.R.F.,

ante,

nos

enfrentamos a una controversia similar a la planteada en

este caso.

En ese caso se presentaron sendas quejas contra

el menor F.R.F. por faltas incurridas en fechas distintas.

Al momento de los hechos en el primer caso, el menor tenía

quince años de edad; sin embargo, cuando ocurrieron los

hechos del segundo caso, ya el menor era mayor de dieciséis

años.

Para la fecha de los primeros hechos estaba vigente

la Ley de Menores de 1955 y para el segundo incidente,

había entrado en vigor la Ley de Menores de 1986.

Así

las

cosas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

renunció a su jurisdicción en ambos casos y los refirió a

la

sala

de

lo

impugnó

la

renuncia

Planteada

así

criminal

la

de

para

procesamiento.

jurisdicción

controversia,

en

El

ambos

resolvimos

que

menor

casos.

el

foro

primario no podía renunciar a su jurisdicción en el primer

caso toda vez que la Ley de Menores de 1955, “no permitía

la

renuncia

de

jurisdicción

quince (15) años de edad.”

interés

F.R.F.,

ante,

pág.

en

relación

con

(Énfasis nuestro.)

180.

Ese

menores

de

Pueblo en

problema

no

se

planteaba en el segundo caso ya que la Ley de Menores de

1986 permitía “la renuncia de jurisdicción por una falta

tipo II, cometida por un menor entre las edades de catorce

4

Debe quedar claro, sin embargo, que si Suárez Alers

hubiese sido mayor de catorce (14) años cuando ocurrieron

los hechos que se le imputaron, nada impedía que la Sala de

Asuntos de Menores asumiera jurisdicción y luego de la

vista correspondiente, determinarían si procedía o no

renunciar a su jurisdicción.

16

CC-2005-152

(14)

a

dieciséis

(16).”

133

D.P.R.,

pág.

182.

Véase

fue

errónea

además, Pueblo v. Andujar, ante.

Resolvemos

determinación

por

del

lo

tanto,

Tribunal

de

que

Primera

Instancia,

la

Sala

Superior, Asuntos de Menores de renunciar a su jurisdicción

ya que la Ley de Menores de 1986 no autoriza la renuncia en

casos de menores de catorce (14) años.

Dicha determinación

está viciada de nulidad.

Es de notar también, que un menor de trece (13) años

no puede ser procesado por el sistema de justicia criminal

toda vez que el Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.

3151,5 dispone que la minoridad es una de las causas de

inimputabilidad.

absoluta

pues

La

prohíbe

prohibición

del

Código

Penal

es

tanto

procesamiento

como

la

el

convicción.

La minoridad como causa de inimputablidad se asienta

sobre la teoría que las personas menores de cierta edad no

han

adquirido

desarrollo

plena

biológico

madurez

pleno,

lo

mental

que

les

como

tampoco

impide

tener

un

la

capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus

actos o de conformar éstos al mandato de la ley.

Véase, D.

Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte general,

Instituto para Desarrollo del Derecho, San Juan, 2005, 5ta

ed., sec. 7.3, págs. 290-293; F. Muñoz Conde, M. García

5

El Art. 29 del Código

dispone lo siguiente:

Penal,

33

L.P.R.A.

sec.

3151,

“Una persona no será procesada o convicta

criminalmente por un hecho realizado cuando dicha

persona no hubiere cumplido 18 años de edad,

salvo los casos provistos en la legislación

especial para menores.”

17

CC-2005-152

Arán,

Derecho

Penal,

Parte

general,

Tirant

lo

Blanch,

Valencia, 2000, 4ta ed., págs. 414-418; E. Aponte Villalba,

Criterios de Evaluación para determinar la Procesabilidad e

Imputabilidad en el Sistema de Justicia Juvenil de Puerto

Rico,

Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, 1993.

Una lectura integrada del texto del Art. 29 del Código

Penal y lo dispuesto en los Arts. 4, 5 y 15 de la Ley de

Menores obligan a la conclusión que Suárez Alers no puede

ser procesado como adulto toda vez que a la fecha de los

hechos que se le imputan éste contaba con sólo trece (13)

años de edad y la Ley de Menores no autorizaba la renuncia

de jurisdicción en estos casos.

III

A la luz de lo discutido anteriormente resolvemos que

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de

Menores,

erró

al

renunciar

a

la

jurisdicción

del

aquí

peticionario y referir el caso a la Sala de lo Criminal del

Tribunal Superior para trámites ulteriores.

La actuación

de dicho foro está viciada de nulidad.

Se revoca por lo tanto la sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones y se ordena el archivo del pliego

acusatorio instado y el sobreseimiento de la causa instada

contra Suárez Alers.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Wilfredo Suárez Alers

CC-2005-152

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión

que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a

la presente, revocamos la sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones, se ordena el archivo del

pliego acusatorio instado y el sobreseimiento de la

causa instada contra Suárez Alers.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López disiente con opinión escrita a la que se

le une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CERTIORARI

CC-2005-152

Wilfredo Suárez Alers

Peticionario

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO REBOLLO

LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006

Nos vemos imposibilitados de endosar

con nuestro voto la Opinión que una mayoría

de los integrantes del Tribunal emite en el

día

de

hoy

en

el

presente

caso.

Dicha

Opinión mayoritaria está predicada en unas

premisas fácticas, una de las cuales no se

sabe si es correcta; situación que, bajo

ninguna circunstancia, debe servir de base

a

la

emisión

de

una

Opinión

por

este

Tribunal.

Nuestras

decisiones

no

solo

deben

estar sostenidas por fundamentos jurídicos

correctos en derecho sino que deben estar

apoyadas

en

hechos

sólidos

incuestionables. No siendo ello así en

e

2

CC-2005-152

el presente caso, nos vemos en la obligación de disentir.

Veamos.

I

Una somera lectura de la Opinión mayoritaria emitida

es todo lo que se necesita para darse uno cuenta del hecho

de que el resultado al que se llega en la misma --de

ordenar el archivo de la causa criminal que pende contra

el

peticionario

Suárez

Alers

ante

la

Sala

Superior

de

Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia-- está basado

en las siguientes premisas jurídicas y fácticas:

a) que la Sala Superior de Asuntos de Menores del

Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción

exclusiva sobre menores de menos de catorce (14)

años de edad que incurren en conducta considerada

como “faltas”;

b) que, únicamente, el mencionado foro judicial puede

renunciar

su

jurisdicción

sobre

menores,

que

incurren en “faltas”, que estén entre las edades

de catorce (14) a dieciocho (18) años;

c) que, en virtud de lo anteriormente expresado, y en

vista del hecho que el peticionario Suárez Alers

cuando

alegadamente

cometió

la

falta

de

“actos

lascivos o impúdicos, tenía la edad de trece (13)

años,

la

renuncia

de

jurisdicción

que

en

el

presente caso se llevara a cabo, por parte del

3

CC-2005-152

Tribunal Superior de Asuntos de Menores, “…está

viciada de nulidad”; y

d) que ni el Tribunal Superior de Asuntos de Menores

la

ni

Sala

Superior

del

Tribunal

de

Primera

Instancia pueden procesar al peticionario Suárez

Alers; el primero por razón de que ya éste cumplió

la edad de veintiún (21) años, y el segundo porque

cuando

alegadamente

se

cometieron

los

hechos,

Suárez Alers era un menor de trece (13) años de

edad.

En

vista

concluye

en

procedente

de

la

en

sobreseimiento

todo

lo

Opinión

anteriormente

mayoritaria,

derecho

es

de

causa

la

que

se

expresado,

repetimos,

decrete

criminal

que

el

se

que

lo

archivo

y

pende

ante

el

tribunal de instancia contra Suárez Alers. Dicho de otra

manera,

por

decreto

de

la

Mayoría,

Suárez

Alers

nunca

podrá ser sometido a juicio por los actos, alegadamente,

cometidos por él, el 25 de julio de 1994.

II

La

decisión

intención,

da

mayoritaria

la

impresión

emitida,

de

ser

una

de

primera

correcta

y

procedente en derecho. De hecho, el lector debe estar, en

estos

momentos,

cuestionando

el

“porqué”

de

nuestro

proceder.

Un examen, un poco más minucioso, del expediente del

caso

brinda

la

respuesta

a

la

mencionada

interrogante.

4

CC-2005-152

Dicho examen causa una enorme incertidumbre sobre un hecho

clave sobre el cual se ancla el razonamiento mayoritario,

a

saber:

¿cuál

era

la

verdadera

edad

que

tenía

el

peticionario Suárez Alers al momento en que, alegadamente,

incurrió en la falta de actos lascivos o impúdicos, esto

es, el 25 de julio de 1994?

El Tribunal concluye que éste, a esa fecha, tenía la

edad de trece (13) años. A esos efectos da por buena y

correcta --y le brinda su bendición-- a una “estipulación”

que surge de la “minuta” que recoge los procedimientos

acaecidos en una vista celebrada el día 20 de agosto de

2004 ante la Sala Superior de Aguadilla del Tribunal de

Primera Instancia.6

Aquellos que hemos tenido, por decirlo así, la dicha

de

practicar

intensamente

instancia,

tanto

criminal,

estamos

en

el

la

campo

conscientes

profesión

civil

y

como

sabemos

a

nivel

de

en

el

de

lo

no

es

que

necesariamente correcto todo lo que se dice o aparece en

una “minuta”. Ello en vista del hecho que la “minuta” la

prepara la secretaria de sala, quien, ser humano al fin,

en ocasiones comete errores. Es cierto que dicha “minuta”

es, posteriormente, refrendada con su firma por el juez

que ese día presidió los procedimientos. Esa firma, sin

embargo, se lleva a efecto semanas, o meses, más tarde,

6

En dicha “minuta” se expresa, en lo pertinente, que:

“Estipulan las partes que no hay controversia en que el

acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados hechos.”

5

CC-2005-152

pudiendo

ese

juez

haber

olvidado

lo

verdaderamente

ocurrido ese día.

Somos

los

primeros

en

aceptar

que

el

anterior

argumento puede ser considerado como uno especulativo, que

no

debe

servir

de

base

para

derrotar

el

razonamiento

mayoritario. Pero, es que hay más.

Asumiendo, a los fines de la argumentación, que lo

expresado

en

la

“minuta”

efectivamente

fue

objeto

de

estipulación por el representante del ministerio público y

por

el

abogado

defensor,

de

un

examen

del

minucioso

expediente del caso surgen dos (2) documentos que causan

enorme duda sobre la corrección del contenido de la antes

mencionada

estipulación,

duda

que

nos

impide,

sin

más,

refrendar la misma desde este estrado apelativo. En primer

lugar,

de

la

“querella”

que

se

radicara

contra

Suárez

Alers ante la Sala Superior de Menores de Aguadilla del

Tribunal de Primera Instancia surge que éste nació el día

22 de octubre de 1978. De ser ello cierto, y habiendo

alegadamente ocurrido los hechos que se le imputan el 25

de julio de 1994, éste contaba a la referida fecha, con la

edad aproximada de quince (15) años y nueve (9) meses.

Pero, hay más. El examen del expediente revela la

existencia de una resolución --la cual no fue objeto de

revisión-- de fecha 19 de marzo de 2004, emitida por la

Sala Superior de Menores del Tribunal de Primera Instancia

--resolución mediante la cual dicho foro judicial renunció

a

la

jurisdicción

sobre

Suárez

Alers--

en

la

cual

se

6

CC-2005-152

expresa que éste, a la fecha de la alegada comisión de los

hechos, contaba con la edad de quince (15) años; hecho en

que, precisamente, basó dicho foro judicial su decisión de

renunciar a la jurisdicción sobre el peticionario Suárez

Alers.

Debe

mantenerse

reiteradamente

presente

resuelto,

se

que,

presume

conforme

la

hemos

corrección

y

regularidad de los procedimientos y decisiones que llevan

a cabo y emiten los tribunales de instancia. Villanueva v.

Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Pueblo v. Prieto

Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Reyes Morales,

93 D.P.R. 607 (1966).7 Si a ello le añadimos que Suárez

Alers consintió a dicha determinación, al no revisar la

misma, realmente resulta inexplicable que la Mayoría del

Tribunal ignore totalmente esta resolución y lo que ella

conlleva.

Por otro lado, debe señalarse que, según preceptúa la

Regla 16 de las Reglas de Evidencia, las “presunciones son

aquellas establecidas por ley o por decisiones judiciales

. . .” (énfasis suplido), y que, conforme establece la

Regla 15 de las mencionadas Reglas de Evidencia, en “una

7

En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 714715 (1991), resolvimos que un tribunal, bajo la Regla

11(A)(2)

de

las

Reglas

de

Evidencia

puede

tomar

conocimiento judicial de procedimientos celebrados y de

sentencias o resoluciones dictadas en cualquier causa

seguida ante el mismo tribunal o en cualquier otro

tribunal dentro de la misma jurisdicción, por tratarse de

hechos cuya comprobación o determinación puede efectuarse

de forma exacta e inmediata con un mero examen del

expediente judicial.

7

CC-2005-152

acción

criminal,

cuando

la

presunción

perjudica

al

acusado, su efecto es imponer a éste la obligación de

presentar

evidencia

para

rebatir

o

refutar

el

hecho

presumido . . .” (énfasis suplido). Que sepamos, esto no

ha sucedido en el presente caso.

III

En vista de que en la Opinión mayoritaria se alude al

hecho --como prueba, alegadamente, concluyente de que el

peticionario Suárez Alers contaba con la edad de trece

años a la fecha de la alegada comisión de los hechos-- que

tanto

el

ministerio

fiscal

como

el

Procurador

General

están contestes en que Suárez Alers efectivamente contaba

con esa edad en ese momento, procede que nos preguntemos

si este Tribunal debe, en el uso de su discreción, tomar

como buena dicha estipulación o actuación e impartirle,

sin

más,

nuestra

aprobación

a

la

misma

en

posible

perjuicio de los derechos de nuestra ciudadanía.

La

contestación,

obviamente,

tiene

que

ser

en

la

negativa. No podemos aceptar que una estipulación --que

puede ser errónea-- nos obligue o nos “ate las manos”. Una

estipulación, no hay duda, obliga a las partes que la

hicieron

pero,

nunca,

puede

obligar

a

un

tribunal

de

justicia a cometer una injusticia y/o a decidir un caso de

manera

errónea.

Que

sepamos,

este

Tribunal

nunca

ha

abdicado su poder, y obligación, de resolver los casos

conforme a derecho.

8

CC-2005-152

Por otro lado, debe mantenerse presente que, si bien

nuestra Constitución y leyes le garantizan unos derechos a

las personas que son acusadas de la alegada comisión de

delitos públicos, los tribunales de justicia no deben, ni

pueden, olvidar que la ciudadanía --y, en especial, las

víctimas

de

esos

delitos

públicos--

también

tienen

derechos. En específico, la sociedad puertorriqueña tiene

el

derecho

a

que

los

que

delinquen

sean

juzgados,

convictos y sentenciados a las penas que establece nuestro

ordenamiento jurídico. Rodríguez Del Valle v. Corcelles

Ortiz,

135

D.P.R.

834

(1994);

Pueblo

v.

Valentín,

135

D.P.R. 245, 258 (1994).

El

lenguaje,

en

este

aspecto,

utilizado

por

la

Mayoría parece indicar que ésta entiende, y “piensa”, que

los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto

Rico

--como

público

y

lo

el

son

los

representantes

Procurador

General--

del

están

ministerio

exentos,

o

inmunes, de cometer errores y que este Tribunal viene en

la obligación de avalar todas sus actuaciones, sean las

mismas correctas o no. Nada más erróneo y absurdo.

Nuestra

función

es

un

poco

más

seria

y

delicada.

Nuestra función es la de velar porque se haga justicia, a

todos.

Si

queremos

lograr

ese

fin,

tenemos

que

ser

cuidadosos, minuciosos, estudiosos y juiciosos. No podemos

darnos

el

lujo

de

ser

superficiales

ya

que

la

irresponsabilidad no tiene cabida en este Tribunal. Si ese

9

CC-2005-152

norte no es compartido por todos los integrantes de este

Tribunal, Puerto Rico está en serios y graves problemas.

IV

A la luz de todo lo anteriormente expresado, ¿resulta

correcto --o, cuando menos, juicioso-- que este Tribunal

ordene el archivo y sobreseimiento de la causa criminal

que

pende

contra

estipulación

de

Suárez

hechos

Alers

que

a

surge

base

de

de

una

una

alegada

“minuta”

sin,

realmente, conocerse cuál es la verdadera situación sobre

la edad de esta persona a la fecha de la alegada comisión

de los hechos?

Contestamos en la negativa. Somos del criterio que la

actuación

correcta,

prudente

y

procedente

--dados

los

hechos particulares del mismo-- es la de devolver el caso

al tribunal de instancia para que éste dilucide, en una

vista, este hecho; sobre todo cuando consideramos que un

simple

certificado

de

nacimiento

podría

resolver

este

asunto en forma definitiva.

Debe mantenerse presente que, si a la fecha de la

alegada

comisión

de

los

hechos

el

peticionario

Suárez

Alers era, en efecto, mayor de catorce (14) años de edad,

la renuncia de jurisdicción que llevara a efecto la Sala

Superior de Asuntos de Menores es una válida en derecho.

Si

ello

Aguadilla

es

así,

del

la

Sala

Tribunal

de

Superior

Primera

de

lo

Criminal

Instancia

de

tendría

10

CC-2005-152

jurisdicción

para

juzgar,

como

adulto,

al

peticionario

Suárez Alers por el delito de actos lascivos o impúdicos.

Ante

esta

realidad,

la

Mayoría

del

Tribunal,

inexplicablemente, se niega a ordenar que se lleven a cabo

las

providencias

necesarias

para

esclarecer

este

fundamental en el caso, lo cual es de fácil solución.

Es por ello que disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

hecho