Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Suárez Alers
2006 TSPR 83
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Suárez Alers
CC-2005-0152
Menores – Jurisdicción del Tribunal de Asuntos de Menores
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2006 TSPR 83
Wilfredo Suárez Alers
167 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2005-152
Fecha: 11 de mayo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Jocelyn López Villanova
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edgardo Medina Torres
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Actos Lascivos
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2005-152
Wilfredo Suárez Alers
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
Nos corresponde determinar en esta ocasión, si el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos
de Menores, podía renunciar a su jurisdicción en un
caso de un menor ofensor de trece (13) años de edad a
la
fecha
de
los
hechos
delictivos,
quien
al
presentarse la queja en su contra había ya advenido a
la mayoridad, para que fuese procesado como adulto.
I
El
Menores
15
octubre
de
2003
la
Procuradora
de
presentó una queja en el Tribunal de Primera
Instancia,
Menores,
de
Sala
Superior
contra el
de
Aguadilla,
joven Wilfredo
Asuntos
de
Suárez Alers por
3
CC-2005-152
hechos ocurridos el 25 de julio de 1994.
En la queja se le
imputó a Suárez Alers haber incurrido, alegadamente, en el
delito de actos lascivos o impúdicos cometido contra el
menor M.B.E.
Se indicó en la misma que para la fecha de
los hechos el imputado tenía quince (15) años de edad, ya
que se señaló como fecha de nacimiento el 22 de octubre de
1978; la víctima contaba con siete (7) años de edad.
La vista de causa de aprehensión se celebró el mismo
15 de octubre y posteriormente se celebró la vista para la
determinación de causa para presentar querella.
Así las
cosas, el 19 de marzo de 2004, se celebró una vista para
atender la petición de renuncia de jurisdicción presentada
por la Procuradora de Menores.
declaró
con
lugar
petición
de
desestimación presentada previamente por el acusado.
El
foro
el
primario
la
misma
El tribunal de instancia
resolvió
que
y
denegó
tenía
una
jurisdicción
sobre
joven imputado debido a que los hechos fueron cometidos
mientras éste era menor.
tener
jurisdicción,
no
Indicó también que, no empece
tenía
autoridad
para
juzgarlo
e
imponer medidas dispositivas toda vez que al momento de ser
procesado, Suárez Alers había advenido a la mayoridad.
El
tribunal renunció entonces a su jurisdicción y remitió el
expediente de Suárez Alers a la sala de lo criminal para
que fuese juzgado como adulto.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2004 se presentó el
pliego
acusatorio
actos lascivos.
contra
Suárez
Alers
por
el
delito
de
4
CC-2005-152
El 4 de mayo de 2004, la defensa presentó una moción
de desestimación alegando, en síntesis, que la “dilación
del Estado” en presentar la denuncia contra Suárez Alers le
colocaba en estado de indefensión. Sostuvo que, habiendo
transcurrido nueve años desde la ocurrencia de los hechos
hasta la presentación de los cargos, se le hacía imposible
recordar dónde se encontraba en ese día, lo que impedía que
pudiera traer evidencia a su favor en clara violación al
debido proceso de ley.
El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la
solicitud de desestimación.
Adujo, que el Estado no había
sido negligente ni que había incurrido en incuria toda vez
que la dilación no le era atribuible.
diligencia
una
presentada
vez
le
contra
Señaló que actuó con
fue
notificado
Suárez
Alers,
de
la
querella
procurando
la
correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala de
Asuntos de Menores.
Además, indicó que el retraso no había
causado perjuicio significativo a la defensa del acusado.
El 20 de agosto de 2004, se celebró la vista para
dilucidar
a
moción
de
desestimación
presentada.
En
la
misma, a petición de la defensa, testificaron la agente
Rita Vázquez, quien investigó la querella presentada por el
padre
del
perjudicado,
el
padre
licenciado Carlos Acevedo Lazarini.
de
la
víctima,
y
el
Se presentaron también
dos comunicaciones escritas, una de la pediatra que atendió
a la víctima recién ocurrieron los hechos y otra de su
psicóloga.
5
CC-2005-152
Del
testimonio
siguiente:
vertido
en
sala
se
desprende
lo
Primeramente, que el padre del menor supo de lo
ocurrido el mismo día de los hechos ya que su hijo le narró
lo
acontecido.
El
padre
indicó
que,
preocupado
por
lo
narrado, habló con el licenciado Acevedo Lazarini quien le
recomendó que llevara al menor a un psicólogo porque estaba
“emocionalmente afectado.”
El padre testificó que no llevó a su hijo al psicólogo
pero sí a una pediatra.
momento
no
encontró
Ésta examinó al niño y en ese
rasgo
físico
de
abuso
en
el
área
genital del menor; sí encontró un rasguño en el pecho de
éste.
El padre del menor indicó que por recomendación del
licenciado Acevedo Lazarini, decidió enviar a su hijo a
residir con un tío en el estado de California.
Seis años más tarde, en el 2000, el menor regresó a
Puerto Rico.
A su regreso, éste fue atendido durante tres
años por una psicóloga.
Posteriormente, el padre decidió
presentar una querella en la Policía de Puerto Rico contra
Suárez Alers.
De la minuta de la vista antes mencionada surge que
las
partes
estipularon
lo
siguiente:
“que
no
hay
controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de
los
alegados
hechos.”
(Énfasis
nuestro.)
Petición
de
certiorari, Ap., pág. 39.
El 27 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera
Instancia
emitió
acusatorio.
una
resolución
desestimando
el
pliego
El foro primario concluyó que el acusado se
encontraba en estado de indefensión ante la injustificada
6
CC-2005-152
dilación del padre de la víctima de instar la querella
correspondiente.
transcurrido
El tribunal a quo entendió que habiendo
nueve
años
desde
que
ocurrió
el
alegado
incidente a la fecha en que Suárez Alers fue acusado, el
derecho de éste a preparar una defensa adecuada se había
vulnerado severamente.
Ello, a su vez, incidía sobre el
derecho de Suárez a un juicio justo e imparcial.
Inconforme,
Tribunal
de
el
Procurador
Apelaciones.
General
Mediante
acudió
sentencia
ante
del
18
el
de
enero de 2005, el foro apelativo intermedió revocó al foro
primario.
El tribunal apelativo concluyó que la dilación
en la presentación de la acusación no era atribuible al
Estado toda vez que fue el padre del menor quien, a pesar
de tener conocimiento de lo ocurrido, no presentó querella
alguna en ese momento.
El Tribunal de Apelaciones indicó
que el Estado actuó diligentemente pues una vez advino en
conocimiento de lo ocurrido, inició rápidamente el trámite
correspondiente ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos
de Menores.
El
Tribunal
de
Apelaciones
analizando
la
alegación
dilación
en
el
señaló
genérica
del
procedimiento
le
también
acusado
que,
de
impedía
que
aun
la
preparar
adecuadamente su defensa, la misma era insuficiente para
configurar “el perjuicio específico y concreto que requiere
la doctrina sobre el estado de indefensión.”
El tribunal
concluyó por lo tanto, que la alegación de perjuicio fue
abstracta y general por lo cual resultaba improcedente.
7
CC-2005-152
En
desacuerdo
con
esta
determinación,
el
acusado
acudió ante este Tribunal en petición de certiorari.
En su
escrito, señaló la comisión de los siguientes errores:
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de
Apelaciones al resolver que no aplica la defensa
de Estado de Indefensión.
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de
Apelaciones
al
imponer
su
criterio
(en
determinaciones de hechos) sobre el de el (sic)
Tribunal de Instancia, sin tener base alguna.
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de
apelaciones al resolver que el delito no está
prescrito y que había jurisdicción sobre el
peticionario.
El 13 de mayo de 2005 expedimos el auto solicitado.
Las partes han comparecido y contando con el beneficio de
sus alegatos pasamos a resolver.
II
La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de
julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. secs. 2201 et
seq., (“Ley de Menores”) refleja un enfoque penal ecléctico
en
el
cual
se
intenta
armonizar
la
función
de
parens
patriae del Estado de velar por la rehabilitación del menor
ofensor,
a
la
responsabilidad
misma
por
sus
vez
actos.
que
le
Ello,
exige
sin
a
éstos
minimizar
la
responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de la
sociedad en general.
de
Menores
de
1986.
Véase Exposición de Motivos de la Ley
Véase
además,
D.
Nevares
Muñiz,
Derecho de Menores: Delincuente juvenil y menor maltratado,
5ta ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Hato
Rey, 2005, secs. 1.1.2 - 1.2, págs. 4-10; Morán, “Sistema
8
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de justicia juvenil, exclusión de jurisdicción, renuncia de
jurisdicción”, 49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988).
En
reiteradas
ocasiones
hemos
indicado
que
los
procedimientos de menores son de carácter civil sui generis
y
no
se
consideran
de
naturaleza
criminal.
Pueblo
en
interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 10 (1999); Pueblo ex
rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983); Pueblo ex rel
L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980); ELA en interés del
menor R.M.R., 83 D.P.R. 242, 247 (1961).
con
el
transcurso
del
tiempo
estos
Ello no empece,
procedimientos
han
“adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá
del propósito meramente rehabilitador y paternalista de la
antigua ley [Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955].”
Pueblo
en interés del Menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999).
Ese
enfoque ha ido acompañado con el reconocimiento de mayores
salvaguardas procesales hacia los menores como aquellas que
protegen
a
Pueblo
en
los
adultos
interés
en
el
menor
proceso
R.H.M.,
criminal.
126
E.g.,
D.P.R.
404
(1990)(reconocimiento de la garantía constitucional contra
la
auto
incriminación);
Pueblo
en
interés
A.L.R.G.
y
F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993) (derecho a tener acceso a
expediente social como corolario del derecho a una adecuada
representación legal); Pueblo en interés menor N.R.O., 136
D.P.R. 949 (1999)(aplicabilidad de la regla de exclusión a
procesos de menores).
El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204,
regula la jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores del
Tribunal
Superior.
El
concepto
jurisdicción
en
el
9
CC-2005-152
ordenamiento jurídico de menores, se refiere a la facultad
especial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en
procesos contra éstos y se relaciona “con la cuestión de si
el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia
juvenil o en el sistema de justicia criminal.”
Pueblo en
interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).
decir,
la
jurisdicción
es
determinante
al
decidir
Es
quién
debe ser encausado como menor o, por el contrario, como
adulto.
Así, el Art. 4 establece que la Sala de Asuntos de
Menores
tendrá
jurisdicción
en
todo
caso
en
que
se
le
impute a un menor conducta que constituya falta si fue
incurrida antes de éste haber cumplido los dieciocho (18)
años;
sujeto
claro
está,
al
término
correspondiente.
34 L.P.R.A. sec. 2204.
embargo,
que
dispone
la
Sala
de
prescriptivo
El artículo, sin
Asuntos
de
Menores
no
tendrá jurisdicción en aquellos casos en que se le impute a
un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad, la
comisión
grado
de
hechos
mediante
constitutivos
deliberación
y
de
asesinato
en
primer
premeditación;
o,
se
le
impute hechos constitutivos de un delito que surja de la
misma transacción del asesinato en primer grado mediante
premeditación
adjudicado
y
deliberación;
previamente
L.P.R.A. sec. 2204.
un
o,
cuando
asesinato
como
se
le
hubiere
adulto.
34
En estos casos, la jurisdicción para
encausar el procesamiento penal le corresponderá a la Sala
de lo Criminal del Tribunal Superior.
10
CC-2005-152
Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores no tiene
“jurisdicción” cuando los actos imputados al menor ocurren
después de éste haber cumplido dieciocho (18) años; o, si
se
le
imputa
asesinato
en
primer
grado
mediante
deliberación y premeditación o un delito que surja de esa
misma
transacción
quince (15) años.
págs. 172-173.
o
evento
y
el
menor
hubiese
cumplido
Pueblo en interés menor A.A.O., ante,
Véase además, Pueblo v. Álvarez Tores, 127
D.P.R. 830 (1991).
De otra parte, el Art. 5 de la ley, dispone que el
tribunal habrá de conservar su “autoridad”1 sobre todo menor
hasta que éste cumpla la edad de veintiún (21) años, a
menos que mediante orden al efecto dé por terminada su
jurisdicción.
34 L.P.R.A. sec. 2205.
La Ley de Menores en su Art. 15, 34 L.P.R.A. sec.
2215,
regula
detalladamente
el
proceso
de
renuncia
jurisdicción contemplado en el Art. 5 de la ley.
de
La fase
de renuncia a la jurisdicción es “una etapa crítica en el
procesamiento” en la cual se traslada a un menor de una
jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra que lo juzga
como adulto con la probabilidad de la pérdida de libertad
por un periodo de tiempo prolongado.
Véase, S. Dairs,
Rights of Juveniles, The Juvenile Justice System, Thomson-
1
El concepto “autoridad” utilizado en el estatuto, se
refiere a la “supervisión, detención o custodia del menor
que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se
le encausa y luego de que se ha determinado que está
incurso en la comisión de una falta.”
Pueblo en interés
del menor A.A.O.,
138 D.P.R. 160 (1995). Por lo que
“autoridad” se refiere al tipo y la duración de la medida
impuesta una vez se determine que el menor se encuentra
incurso en una falta.
Loc. cit.
11
CC-2005-152
West, 2003, 2da. ed., sec. 4:1, pág. 4-1.
(“The effect of
a decision to waive jurisdiction over a child is to deny to
the
child
the
protection
and
ameliorative
treatment
afforded by the juvenile process, substituting therefor the
punitive treatment found in the criminal process.”)
“Por
la magnitud de ese traslado, por los efectos serios que
puedan surgir y para cumplir con las garantías del debido
proceso de ley”, es menester cumplir a cabalidad con los
criterios establecidos en el Art. 15 del la Ley de Menores.
Pueblo en interés del menor R.H.M., ante, pág. 411.
En
igual sentido, Kent v. United States, 383 U.S. 541, 556
(1966). (“It is clear beyond dispute that the waiver of
jurisdiction is a ‘critically important’ action determining
statutory rights of the juvenile.”)
A
poco
que
analicemos
el
referido
su
se
desprende,
percatamos
que
de
claridad,
que
sólo
texto
se
podrá
solicitar
artículo,
la
con
nos
meridiana
renuncia
de
jurisdicción en aquellos casos que el menor involucrado sea
mayor de catorce (14) años.2
Por lo tanto, cuando el menor
2
El Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34
L.P.R.A. sec. 2015, dispone lo siguiente en cuanto a la
renuncia de jurisdicción, citamos in extenso:
a. Solicitud del Procurador. El tribunal, a
solicitud del Procurador, podrá renunciar la
jurisdicción sobre un menor que sea mayor de
catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años,
a quien se le impute la comisión de cualquier
falta Clase II o III.
El Procurador deberá
efectuar
dicha
solicitud
mediante
moción
fundamentada cuando considere que entender en el
caso bajo las disposiciones de esta ley no
responderá a los mejores intereses del menor y de
la comunidad.
12
CC-2005-152
imputado es menor de catorce años la jurisdicción exclusiva
para exigir responsabilidad por la comisión de una falta le
corresponde a la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal
Superior.
Ante
la
ausencia
de
autoridad
expresa
para
renunciar a la jurisdicción en casos de menores de catorce
(14)
años,
no
cabe
Adviértase
que
los
una
interpretación
tribunales
de
en
menores
tal
son
sentido.
“criaturas
legislativas” y como tal, le corresponderá a la Asamblea
Legislativa determinar su jurisdicción conforme el diseño
particular que se estime propio.
Rodríguez Rodríguez v.
E.L.A., 130 D.P.R. 562, 580 (1992).
Con anterioridad habíamos expresado que “el poder o la
autoridad del tribunal sobre un menor depende de la fecha
en que se cometió la falta y no de aquella en que comenzó
_____________________________
El
Procurador,
podrá
promover
la
solicitud
cuando, previa determinación de causa probable,
se le impute al menor una de las siguientes
faltas: violación, robo, secuestro, mutilación,
sodomía,
escalamiento
agravado
y
agresión
agravada e su modalidad de delito grave.
El Procurador deberá promover la solicitud de
renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:
1. cuando se impute a un menor que sea mayor de
catorce
(14)
años
la
comisión
de
hechos
constitutivos de asesinato en la modalidad que
está bajo la autoridad del Tribunal, cualquier
otro delito grave de primer grado, y cualquier
otro hecho delictivo que surja de la misma
transacción o evento.
2. Cuando se impute al menor una falta Clase II o
III y se le hubiera adjudicado previamente una
falta II o III, incurrida entre los catorce (14)
y dieciocho (18) años.
El Procurador vendrá obligado a advertir al
tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata
de aquellos casos excluidos de su autoridad por
disposición expresa de este capítulo. (Énfasis
nuestro.)
13
CC-2005-152
el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre
el
niño
delincuente.”
(Énfasis
nuestro.)
Andujar, 80 D.P.R. 822, 826 (1958).
Pueblo
v.
Véase también, Pueblo
en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 179 (1993);
Pueblo ex rel L.V.C., ante pág. 120.
ley
vigente
al
momento
de
los
Por lo tanto, será la
hechos
la
que
habrá
de
determinar cómo se ha de encausar el procesamiento de un
menor
cuando
se
le
impute
la
comisión
de
una
falta.
Ciertamente, un menor no puede “ser procesado bajo términos
y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley
vigente
a
la
fecha
en
que
imputados en la acusación.”
se
perpetraron
los
hechos
Pueblo v. Andujar, ante, pág.
824.
Indicamos anteriormente que del expediente que consta
ante
nosotros
tribunal
surge
que
en
de
instancia
para
desestimación
presentada
por
la
vista
celebrada
dilucidar
el
acusado,
ante
el
la
moción
de
el
Ministerio
Público y la defensa estipularon que no “hay controversia
en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados
hechos.”
Véase, Petición de certiorari, Minuta de 20 de
agosto de 2004, Ap., pág. 39.
En P.R. Glass Corp. v.
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975) indicamos que
“[u]na vez hecha y aprobada por el tribunal la estipulación
obliga
a
quienes
la
hacen
legalmente representadas.
y
a
las
partes
por
ellos
La estipulación es una admisión
judicial que implica un desistimiento formal de cualquier
contención
contraria
a
ella.”
(Énfasis
nuestro.)
Estipulado por el Ministerio Público que la edad de Suárez
14
CC-2005-152
Alers
era
13
determinación
años,
éste
habiendo
viene
obligado
desistido
de
por
tal
cualquier
cuestionamiento en contrario.3
Por lo tanto, a la luz de lo anterior, el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de
Menores, aun cuando podía asumir jurisdicción en la queja
instada por la Procuradora de Menores contra Suárez Alers
por ser éste menor de edad al momento de los hechos, no
podía bajo ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y
referir el asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal
Superior.
Ello, ya que Suárez Alers era menor de catorce
(14) años al momento de los hechos imputados y el Art. 15
de
la
Ley
de
Menores
no
autoriza
si
la
la
renuncia
en
estos
Suárez
Alers
casos.
No
hay
duda
que
queja
contra
hubiese sido presentada al momento de los alegados hechos
delictivos,
la
imposibilitada
Sala
de
de
renunciar
Asuntos
a
su
de
Menores
jurisdicción.
improcedente en ese momento, también lo es ahora.
estaba
Si
era
Concluir
lo contrario, querría decir que le estaríamos aplicando a
3
Lo cierto es que la posición del Ministerio Público ha
sido que Suárez Alers tenía, en efecto, trece años de edad
al momento de los hechos imputados. A modo de ejemplo, en
el alegato presentado por el Pueblo ante este Tribunal, el
Procurador General indicó lo siguiente: “Para la fecha de
los hechos, Suárez Alers tenía trece años de edad, mientras
que el menor perjudicado contaba con siete años.” (Énfasis
nuestro.)
Alegato del Procurador General, pág. 3.
Véase
además, Apéndice a la Petición de Certiorari, pág. 64. El
asunto
sobre
la
edad
de
Suárez
Alers
no
fue
un
cuestionamiento que se hiciera ante los foros inferiores ni
ante este Tribunal.
15
CC-2005-152
Suárez Alers unos términos y condiciones no contemplados en
la Ley de Menores de 1986, para su perjuicio.4
En
Pueblo
en
interés
del
menor
F.R.F.,
ante,
nos
enfrentamos a una controversia similar a la planteada en
este caso.
En ese caso se presentaron sendas quejas contra
el menor F.R.F. por faltas incurridas en fechas distintas.
Al momento de los hechos en el primer caso, el menor tenía
quince años de edad; sin embargo, cuando ocurrieron los
hechos del segundo caso, ya el menor era mayor de dieciséis
años.
Para la fecha de los primeros hechos estaba vigente
la Ley de Menores de 1955 y para el segundo incidente,
había entrado en vigor la Ley de Menores de 1986.
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
renunció a su jurisdicción en ambos casos y los refirió a
la
sala
de
lo
impugnó
la
renuncia
Planteada
así
criminal
la
de
para
procesamiento.
jurisdicción
controversia,
en
El
ambos
resolvimos
que
menor
casos.
el
foro
primario no podía renunciar a su jurisdicción en el primer
caso toda vez que la Ley de Menores de 1955, “no permitía
la
renuncia
de
jurisdicción
quince (15) años de edad.”
interés
F.R.F.,
ante,
pág.
en
relación
con
(Énfasis nuestro.)
180.
Ese
menores
de
Pueblo en
problema
no
se
planteaba en el segundo caso ya que la Ley de Menores de
1986 permitía “la renuncia de jurisdicción por una falta
tipo II, cometida por un menor entre las edades de catorce
4
Debe quedar claro, sin embargo, que si Suárez Alers
hubiese sido mayor de catorce (14) años cuando ocurrieron
los hechos que se le imputaron, nada impedía que la Sala de
Asuntos de Menores asumiera jurisdicción y luego de la
vista correspondiente, determinarían si procedía o no
renunciar a su jurisdicción.
16
CC-2005-152
(14)
a
dieciséis
(16).”
133
D.P.R.,
pág.
182.
Véase
fue
errónea
además, Pueblo v. Andujar, ante.
Resolvemos
determinación
por
del
lo
tanto,
Tribunal
de
que
Primera
Instancia,
la
Sala
Superior, Asuntos de Menores de renunciar a su jurisdicción
ya que la Ley de Menores de 1986 no autoriza la renuncia en
casos de menores de catorce (14) años.
Dicha determinación
está viciada de nulidad.
Es de notar también, que un menor de trece (13) años
no puede ser procesado por el sistema de justicia criminal
toda vez que el Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.
3151,5 dispone que la minoridad es una de las causas de
inimputabilidad.
absoluta
pues
La
prohíbe
prohibición
del
Código
Penal
es
tanto
procesamiento
como
la
el
convicción.
La minoridad como causa de inimputablidad se asienta
sobre la teoría que las personas menores de cierta edad no
han
adquirido
desarrollo
plena
biológico
madurez
pleno,
lo
mental
que
les
como
tampoco
impide
tener
un
la
capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus
actos o de conformar éstos al mandato de la ley.
Véase, D.
Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte general,
Instituto para Desarrollo del Derecho, San Juan, 2005, 5ta
ed., sec. 7.3, págs. 290-293; F. Muñoz Conde, M. García
5
El Art. 29 del Código
dispone lo siguiente:
Penal,
33
L.P.R.A.
sec.
3151,
“Una persona no será procesada o convicta
criminalmente por un hecho realizado cuando dicha
persona no hubiere cumplido 18 años de edad,
salvo los casos provistos en la legislación
especial para menores.”
17
CC-2005-152
Arán,
Derecho
Penal,
Parte
general,
Tirant
lo
Blanch,
Valencia, 2000, 4ta ed., págs. 414-418; E. Aponte Villalba,
Criterios de Evaluación para determinar la Procesabilidad e
Imputabilidad en el Sistema de Justicia Juvenil de Puerto
Rico,
Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, 1993.
Una lectura integrada del texto del Art. 29 del Código
Penal y lo dispuesto en los Arts. 4, 5 y 15 de la Ley de
Menores obligan a la conclusión que Suárez Alers no puede
ser procesado como adulto toda vez que a la fecha de los
hechos que se le imputan éste contaba con sólo trece (13)
años de edad y la Ley de Menores no autorizaba la renuncia
de jurisdicción en estos casos.
III
A la luz de lo discutido anteriormente resolvemos que
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de
Menores,
erró
al
renunciar
a
la
jurisdicción
del
aquí
peticionario y referir el caso a la Sala de lo Criminal del
Tribunal Superior para trámites ulteriores.
La actuación
de dicho foro está viciada de nulidad.
Se revoca por lo tanto la sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones y se ordena el archivo del pliego
acusatorio instado y el sobreseimiento de la causa instada
contra Suárez Alers.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Wilfredo Suárez Alers
CC-2005-152
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión
que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a
la presente, revocamos la sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones, se ordena el archivo del
pliego acusatorio instado y el sobreseimiento de la
causa instada contra Suárez Alers.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López disiente con opinión escrita a la que se
le une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CERTIORARI
CC-2005-152
Wilfredo Suárez Alers
Peticionario
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO REBOLLO
LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
Nos vemos imposibilitados de endosar
con nuestro voto la Opinión que una mayoría
de los integrantes del Tribunal emite en el
día
de
hoy
en
el
presente
caso.
Dicha
Opinión mayoritaria está predicada en unas
premisas fácticas, una de las cuales no se
sabe si es correcta; situación que, bajo
ninguna circunstancia, debe servir de base
a
la
emisión
de
una
Opinión
por
este
Tribunal.
Nuestras
decisiones
no
solo
deben
estar sostenidas por fundamentos jurídicos
correctos en derecho sino que deben estar
apoyadas
en
hechos
sólidos
incuestionables. No siendo ello así en
e
2
CC-2005-152
el presente caso, nos vemos en la obligación de disentir.
Veamos.
I
Una somera lectura de la Opinión mayoritaria emitida
es todo lo que se necesita para darse uno cuenta del hecho
de que el resultado al que se llega en la misma --de
ordenar el archivo de la causa criminal que pende contra
el
peticionario
Suárez
Alers
ante
la
Sala
Superior
de
Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia-- está basado
en las siguientes premisas jurídicas y fácticas:
a) que la Sala Superior de Asuntos de Menores del
Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción
exclusiva sobre menores de menos de catorce (14)
años de edad que incurren en conducta considerada
como “faltas”;
b) que, únicamente, el mencionado foro judicial puede
renunciar
su
jurisdicción
sobre
menores,
que
incurren en “faltas”, que estén entre las edades
de catorce (14) a dieciocho (18) años;
c) que, en virtud de lo anteriormente expresado, y en
vista del hecho que el peticionario Suárez Alers
cuando
alegadamente
cometió
la
falta
de
“actos
lascivos o impúdicos, tenía la edad de trece (13)
años,
la
renuncia
de
jurisdicción
que
en
el
presente caso se llevara a cabo, por parte del
3
CC-2005-152
Tribunal Superior de Asuntos de Menores, “…está
viciada de nulidad”; y
d) que ni el Tribunal Superior de Asuntos de Menores
la
ni
Sala
Superior
del
Tribunal
de
Primera
Instancia pueden procesar al peticionario Suárez
Alers; el primero por razón de que ya éste cumplió
la edad de veintiún (21) años, y el segundo porque
cuando
alegadamente
se
cometieron
los
hechos,
Suárez Alers era un menor de trece (13) años de
edad.
En
vista
concluye
en
procedente
de
la
en
sobreseimiento
todo
lo
Opinión
anteriormente
mayoritaria,
derecho
es
de
causa
la
que
se
expresado,
repetimos,
decrete
criminal
que
el
se
que
lo
archivo
y
pende
ante
el
tribunal de instancia contra Suárez Alers. Dicho de otra
manera,
por
decreto
de
la
Mayoría,
Suárez
Alers
nunca
podrá ser sometido a juicio por los actos, alegadamente,
cometidos por él, el 25 de julio de 1994.
II
La
decisión
intención,
da
mayoritaria
la
impresión
emitida,
de
ser
una
de
primera
correcta
y
procedente en derecho. De hecho, el lector debe estar, en
estos
momentos,
cuestionando
el
“porqué”
de
nuestro
proceder.
Un examen, un poco más minucioso, del expediente del
caso
brinda
la
respuesta
a
la
mencionada
interrogante.
4
CC-2005-152
Dicho examen causa una enorme incertidumbre sobre un hecho
clave sobre el cual se ancla el razonamiento mayoritario,
a
saber:
¿cuál
era
la
verdadera
edad
que
tenía
el
peticionario Suárez Alers al momento en que, alegadamente,
incurrió en la falta de actos lascivos o impúdicos, esto
es, el 25 de julio de 1994?
El Tribunal concluye que éste, a esa fecha, tenía la
edad de trece (13) años. A esos efectos da por buena y
correcta --y le brinda su bendición-- a una “estipulación”
que surge de la “minuta” que recoge los procedimientos
acaecidos en una vista celebrada el día 20 de agosto de
2004 ante la Sala Superior de Aguadilla del Tribunal de
Primera Instancia.6
Aquellos que hemos tenido, por decirlo así, la dicha
de
practicar
intensamente
instancia,
tanto
criminal,
estamos
en
el
la
campo
conscientes
profesión
civil
y
como
sabemos
a
nivel
de
en
el
de
lo
no
es
que
necesariamente correcto todo lo que se dice o aparece en
una “minuta”. Ello en vista del hecho que la “minuta” la
prepara la secretaria de sala, quien, ser humano al fin,
en ocasiones comete errores. Es cierto que dicha “minuta”
es, posteriormente, refrendada con su firma por el juez
que ese día presidió los procedimientos. Esa firma, sin
embargo, se lleva a efecto semanas, o meses, más tarde,
6
En dicha “minuta” se expresa, en lo pertinente, que:
“Estipulan las partes que no hay controversia en que el
acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados hechos.”
5
CC-2005-152
pudiendo
ese
juez
haber
olvidado
lo
verdaderamente
ocurrido ese día.
Somos
los
primeros
en
aceptar
que
el
anterior
argumento puede ser considerado como uno especulativo, que
no
debe
servir
de
base
para
derrotar
el
razonamiento
mayoritario. Pero, es que hay más.
Asumiendo, a los fines de la argumentación, que lo
expresado
en
la
“minuta”
efectivamente
fue
objeto
de
estipulación por el representante del ministerio público y
por
el
abogado
defensor,
de
un
examen
del
minucioso
expediente del caso surgen dos (2) documentos que causan
enorme duda sobre la corrección del contenido de la antes
mencionada
estipulación,
duda
que
nos
impide,
sin
más,
refrendar la misma desde este estrado apelativo. En primer
lugar,
de
la
“querella”
que
se
radicara
contra
Suárez
Alers ante la Sala Superior de Menores de Aguadilla del
Tribunal de Primera Instancia surge que éste nació el día
22 de octubre de 1978. De ser ello cierto, y habiendo
alegadamente ocurrido los hechos que se le imputan el 25
de julio de 1994, éste contaba a la referida fecha, con la
edad aproximada de quince (15) años y nueve (9) meses.
Pero, hay más. El examen del expediente revela la
existencia de una resolución --la cual no fue objeto de
revisión-- de fecha 19 de marzo de 2004, emitida por la
Sala Superior de Menores del Tribunal de Primera Instancia
--resolución mediante la cual dicho foro judicial renunció
a
la
jurisdicción
sobre
Suárez
Alers--
en
la
cual
se
6
CC-2005-152
expresa que éste, a la fecha de la alegada comisión de los
hechos, contaba con la edad de quince (15) años; hecho en
que, precisamente, basó dicho foro judicial su decisión de
renunciar a la jurisdicción sobre el peticionario Suárez
Alers.
Debe
mantenerse
reiteradamente
presente
resuelto,
se
que,
presume
conforme
la
hemos
corrección
y
regularidad de los procedimientos y decisiones que llevan
a cabo y emiten los tribunales de instancia. Villanueva v.
Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Pueblo v. Prieto
Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Reyes Morales,
93 D.P.R. 607 (1966).7 Si a ello le añadimos que Suárez
Alers consintió a dicha determinación, al no revisar la
misma, realmente resulta inexplicable que la Mayoría del
Tribunal ignore totalmente esta resolución y lo que ella
conlleva.
Por otro lado, debe señalarse que, según preceptúa la
Regla 16 de las Reglas de Evidencia, las “presunciones son
aquellas establecidas por ley o por decisiones judiciales
. . .” (énfasis suplido), y que, conforme establece la
Regla 15 de las mencionadas Reglas de Evidencia, en “una
7
En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 714715 (1991), resolvimos que un tribunal, bajo la Regla
11(A)(2)
de
las
Reglas
de
Evidencia
puede
tomar
conocimiento judicial de procedimientos celebrados y de
sentencias o resoluciones dictadas en cualquier causa
seguida ante el mismo tribunal o en cualquier otro
tribunal dentro de la misma jurisdicción, por tratarse de
hechos cuya comprobación o determinación puede efectuarse
de forma exacta e inmediata con un mero examen del
expediente judicial.
7
CC-2005-152
acción
criminal,
cuando
la
presunción
perjudica
al
acusado, su efecto es imponer a éste la obligación de
presentar
evidencia
para
rebatir
o
refutar
el
hecho
presumido . . .” (énfasis suplido). Que sepamos, esto no
ha sucedido en el presente caso.
III
En vista de que en la Opinión mayoritaria se alude al
hecho --como prueba, alegadamente, concluyente de que el
peticionario Suárez Alers contaba con la edad de trece
años a la fecha de la alegada comisión de los hechos-- que
tanto
el
ministerio
fiscal
como
el
Procurador
General
están contestes en que Suárez Alers efectivamente contaba
con esa edad en ese momento, procede que nos preguntemos
si este Tribunal debe, en el uso de su discreción, tomar
como buena dicha estipulación o actuación e impartirle,
sin
más,
nuestra
aprobación
a
la
misma
en
posible
perjuicio de los derechos de nuestra ciudadanía.
La
contestación,
obviamente,
tiene
que
ser
en
la
negativa. No podemos aceptar que una estipulación --que
puede ser errónea-- nos obligue o nos “ate las manos”. Una
estipulación, no hay duda, obliga a las partes que la
hicieron
pero,
nunca,
puede
obligar
a
un
tribunal
de
justicia a cometer una injusticia y/o a decidir un caso de
manera
errónea.
Que
sepamos,
este
Tribunal
nunca
ha
abdicado su poder, y obligación, de resolver los casos
conforme a derecho.
8
CC-2005-152
Por otro lado, debe mantenerse presente que, si bien
nuestra Constitución y leyes le garantizan unos derechos a
las personas que son acusadas de la alegada comisión de
delitos públicos, los tribunales de justicia no deben, ni
pueden, olvidar que la ciudadanía --y, en especial, las
víctimas
de
esos
delitos
públicos--
también
tienen
derechos. En específico, la sociedad puertorriqueña tiene
el
derecho
a
que
los
que
delinquen
sean
juzgados,
convictos y sentenciados a las penas que establece nuestro
ordenamiento jurídico. Rodríguez Del Valle v. Corcelles
Ortiz,
135
D.P.R.
834
(1994);
Pueblo
v.
Valentín,
135
D.P.R. 245, 258 (1994).
El
lenguaje,
en
este
aspecto,
utilizado
por
la
Mayoría parece indicar que ésta entiende, y “piensa”, que
los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto
Rico
--como
público
y
lo
el
son
los
representantes
Procurador
General--
del
están
ministerio
exentos,
o
inmunes, de cometer errores y que este Tribunal viene en
la obligación de avalar todas sus actuaciones, sean las
mismas correctas o no. Nada más erróneo y absurdo.
Nuestra
función
es
un
poco
más
seria
y
delicada.
Nuestra función es la de velar porque se haga justicia, a
todos.
Si
queremos
lograr
ese
fin,
tenemos
que
ser
cuidadosos, minuciosos, estudiosos y juiciosos. No podemos
darnos
el
lujo
de
ser
superficiales
ya
que
la
irresponsabilidad no tiene cabida en este Tribunal. Si ese
9
CC-2005-152
norte no es compartido por todos los integrantes de este
Tribunal, Puerto Rico está en serios y graves problemas.
IV
A la luz de todo lo anteriormente expresado, ¿resulta
correcto --o, cuando menos, juicioso-- que este Tribunal
ordene el archivo y sobreseimiento de la causa criminal
que
pende
contra
estipulación
de
Suárez
hechos
Alers
que
a
surge
base
de
de
una
una
alegada
“minuta”
sin,
realmente, conocerse cuál es la verdadera situación sobre
la edad de esta persona a la fecha de la alegada comisión
de los hechos?
Contestamos en la negativa. Somos del criterio que la
actuación
correcta,
prudente
y
procedente
--dados
los
hechos particulares del mismo-- es la de devolver el caso
al tribunal de instancia para que éste dilucide, en una
vista, este hecho; sobre todo cuando consideramos que un
simple
certificado
de
nacimiento
podría
resolver
este
asunto en forma definitiva.
Debe mantenerse presente que, si a la fecha de la
alegada
comisión
de
los
hechos
el
peticionario
Suárez
Alers era, en efecto, mayor de catorce (14) años de edad,
la renuncia de jurisdicción que llevara a efecto la Sala
Superior de Asuntos de Menores es una válida en derecho.
Si
ello
Aguadilla
es
así,
del
la
Sala
Tribunal
de
Superior
Primera
de
lo
Criminal
Instancia
de
tendría
10
CC-2005-152
jurisdicción
para
juzgar,
como
adulto,
al
peticionario
Suárez Alers por el delito de actos lascivos o impúdicos.
Ante
esta
realidad,
la
Mayoría
del
Tribunal,
inexplicablemente, se niega a ordenar que se lleven a cabo
las
providencias
necesarias
para
esclarecer
este
fundamental en el caso, lo cual es de fácil solución.
Es por ello que disentimos.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
hecho