Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Zaida Hernández Torres
2006 TSPR 81
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Zaida Hernández Torres
AD-2001-0003
Ética Judicial-Cánones II (I anterior) y XXVIII (XIII anterior) de Ética Judicial: Independencia Judicial; Expresiones de naturaleza político-partidista
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2006 TSPR 81
Zaida Hernández Torres
167 DPR ____
Número del Caso: AD-2001-3
Fecha: 11 de mayo de 2006
Oficina de Administración de los Tribunales:
Lcda. Nilsa Luz García Cabrera
Lcda. Ivonne Díaz Pérez
Lcdo. Nelson Javier Canabal Pérez
Lcda. Milagros Rivera Guadarrama
Directora
Oficina de Asuntos Legales
Abogada de la Parte Querellada:
Lcda. María Elena Vázquez Graziani
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Zaida Hernández Torres
AD-2001-3
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
La Hon. Zaida Hernández Torres funge como Juez
del Tribunal de Apelaciones desde el 17 de marzo de
1998.
Ante unas expresiones públicas, alegadamente
de índole político partidista, hechas por la Juez
Hernández Torres y publicadas en distintos medios
de
comunicación,
la
entonces
Directora
Administrativa de los Tribunales, Lcda. Mercedes M.
Bauermeister,
refirió
una
solicitud
de
investigación a la Oficina de Asuntos Legales de la
Administración de Tribunales para que ésta hiciera
una investigación y rindiera un informe.
Rendido el mismo, el 26 de enero de 2001, la
Oficina
de
la
Administración
de
Tribunales,
en
2
AD-2001-3
adelante OAT, remitió dicho informe, en conjunto con toda
la prueba documental, a la Comisión de Disciplina y de
Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de
Apelaciones,
en
adelante,
la
Comisión,
en
torno
a
la
conducta de la Juez Hernández Torres.
En el referido informe la OAT le imputó a la Juez
Hernández Torres haber hecho manifestaciones, alegadamente
político partidistas, durante el período de la celebración
del juicio sobre el “fraude en el Instituto del SIDA”. Las
expresiones
de
prensa
fueron
reseñadas
en
21
artículos
periodísticos, los cuales fueron anejados al informe, y
fueron dividas por la OAT en 5 grupos. A saber:
1.
2.
3.
4.
5.
expresiones sobre el testimonio del Sr.
Ángel
Corcino
Mauras
en
el
mencionado
juicio;
expresiones luego de ser citada por los
abogados de defensa del Dr. Yamil Kouri;
expresiones
sobre
el
contenido
de
su
testimonio en el Tribunal Federal antes de
entrevistarse con la fiscalía federal;
expresiones luego de ser citada por la
fiscalía federal como testigo de cargo; en
especial,
aquellas
en
torno
a
la
investigación realizada por la Cámara de
Representantes y sobre el ex-Presidente de
dicho cuerpo, Edison Misla Aldarondo y la
ex-representante, Sra. Myrna Passalacqua y;
expresiones contenidas en la entrevista
concedida por la Jueza Hernández Torres en
su oficina del Tribunal de Circuito de
Apelaciones a la Sra. Magdalys Rodríguez,
reportera de El Nuevo Día; en particular
sobre la investigación antes mencionada y
sobre la labor de la Legislatura de Puerto
Rico.
Dichas expresiones, según la OAT, eran violatorias de
los Cánones I, V, y XIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.
3
AD-2001-3
IV-A. La Comisión designó como Comisionada a la Lcda. Enid
Martínez Moya para que examinara el referido informe y
determinara si existía causa para iniciar un procedimiento
disciplinario
contra
la
Juez
Hernández
Torres
por
las
expresiones vertidas en los 21 artículos periodísticos. En
su informe, la Comisionada expresó que luego de un estudio
detenido del Canon XIII y la jurisprudencia sobre el mismo
entendía
que
no
existían
criterios
específicos
para
determinar cuándo las manifestaciones de un juez eran de
tipo
político
partidista.
En
ausencia
de
una
interpretación clara del referido Canon, la Comisionada
adoptó su propio criterio: en esencia, que las expresiones
de un juez son político partidistas si éstas “delatan su
preferencia política en términos de partido político o de
ideología política; si las expresiones pueden entenderse
que sirven de apoyo o que adelantan de alguna manera el
programa o las propuestas de alguna ideología política o de
algún partido político”.
A la luz de este criterio, la Comisionada encontró
causa
para
iniciar
el
correspondiente
procedimiento
disciplinario únicamente en cuanto a uno de los incidentes,
reseñado en uno de los 21 artículos de periódico, el cual
corresponde al Anejo 21 del Informe de la OAT. Determinó la
Comisionada que en ese momento la Juez pasó juicio sobre la
Rama
Legislativa
y
la
productividad
de
sus
miembros
a
quienes acusó de dar más importancia a los “discursos de
barricada” que al trabajo de comisión. En específico, la
4
AD-2001-3
Juez Hernández Torres criticó la política prevaleciente en
la Cámara de asignarles igual cantidad de recursos a todos
los legisladores. La mencionada Juez expresó, además, que
la minoría --en ese momento compuesta por miembros del
Partido Popular Democrático y el Partido Independentista
Puertorriqueño--
no
estaba
cumpliendo
adecuadamente
su
función, a diferencia de la forma en que ella y Edison
Misla Aldarondo lo habían hecho cuando eran minoría. De
otra parte, la Juez también criticó, caracterizando como
inefectiva,
la
legislación
del
Legislador
a
Tiempo
Completo.
Estas expresiones de la Juez, según el informe de la
Comisionada, eran violatorias de los Cánones I y XIII (f) e
(i) de Ética Judicial al atacar públicamente a líderes
políticos, incursionar en el ámbito legislativo y lesionar
la imagen de la independencia de la Rama Judicial. En
virtud del referido informe, la Comisión requirió de la
Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentar la querella
correspondiente. No se encontró causa respecto a los demás
artículos
ni
se
recomendó
la
imposición
de
medidas
disciplinarias provisionales.
En cumplimiento con lo ordenado, el 19 de junio de
2001, la Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentó ante
la Comisión una querella contra la Hon. Zaida Hernández
Torres
imputándole
tres
cargos
por
violaciones
a
los
Cánones I, V y XIII, Incisos (f) e (i), del Código de Ética
5
AD-2001-3
Judicial.1
La
OAT,
descartado
los
mismos,
aun
cuando
formuló
la
cargos
Comisionada
por
había
violación
al
1
Los cargos imputados, en síntesis y en lo pertinente, son
los siguientes:
Primer Cargo:
La Hon. Zaida Hernández Torres incurrió en conducta
impropia
incompatible
con
su
cargo
de
Jueza
consistente en que hizo expresiones públicas en una
entrevista con El Nuevo Día el 30 de enero de 2000,
criticando a la Rama Legislativa. La crítica a los
legisladores hecha por la Hon. Zaida Hernández
incursiona
en
el
ámbito
legislativo.
Dicha
intromisión lesiona la imagen de independencia de la
Rama Judicial contenida en el Canon I de los Cánones
de Ética Judicial el cual obliga a todo Juez o Jueza
a velar que en el ejercicio de la delicada función de
impartir justicia, sus actuaciones respondan a las
normas de conducta que honren la integridad e
independencia de su ministerio y estimulen el respeto
y la confianza en la judicatura.
Segundo Cargo:
En particular, la Jueza Hernández Torres criticó la
política de la Cámara de Representantes de asignar
igual cantidad de fondos a todos los legisladores,
alegadamente marginando con ello a varios legisladores
talentosos. La Jueza clasificó el trabajo de la Rama
Legislativa como uno de pobre productividad, en donde
se le daba más importancia a los “discursos de
barricada”. De igual manera, la Jueza criticó el
trabajo
de
fiscalización
de
las
minorías
parlamentarias de los otros partidos políticos.
Por último, la Jueza Hernández Torres criticó la
aprobación de la Ley sobre el Legislador a Tiempo
Completo, la que catalogó de inefectiva y de haber
sido aprobada para “aparentar".
La conducta antes transcrita viola las disposiciones
del Canon XIII incisos (f) y (i) de los Cánones de
Ética Judicial los cuales reglamentan las actividades
políticas que les están vedadas a los Jueces y Juezas
con el fin de proteger y promover la independencia de
la Rama Judicial
de las otras Ramas de Gobierno
mediante el equilibrio en la estructura gubernamental
de nuestro sistema de vida democrática.
(Continúa . . .)
6
AD-2001-3
Canon V y a la Circular Numero 3 de 22 de agosto de 1994,
Año Fiscal 1994-1995 denominada Criterios para Orientar el
Ejercicio
del
Derecho
a
la
Expresión
Judicial,
porque
alegadamente la Juez Hernández Torres no había solicitado
autorización al Juez Presidente o a la Directora de la
Administración
de
Tribunales
para
participar
en
las
referidas entrevistas. Cabe señalar, repetimos, que en el
Informe de Determinación de Causa, la Comisionada entendió
que la Juez Hernández Torres no había violado el Canon V,
ni la Circular Número 3 de 22 de agosto de 1994.2
_________________________
Tercer Cargo:
La Hon. Zaida Hernández Torres incumplió con sus
deberes y obligaciones administrativas impuestas por
leyes,
reglamentos
e
instrucciones
de
la
Administración de los Tribunales sobre el ejercicio
del derecho a la expresión judicial, al no solicitar
autorización al Juez Presidente a través de la
Directora Administrativa de los Tribunales sobre su
intención de participar en entrevistas o cualquier
actividad informativa.
Esa conducta es contraria al Canon V de los Cánones de
Ética Judicial de Puerto Rico, el cual obliga a todo
Juez o Jueza a cumplir cuidadosa y diligentemente las
obligaciones administrativas que le imponen las leyes
y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las
instrucciones de la Oficina de Administración de los
Tribunales.
En dicho contexto, la conducta de la Jueza Hernández
Torres viola lo dispuesto en la Circular Numero 3 de
22 de agosto de 1994, Año Fiscal 1994-1995 denominada
Criterios para Orientar el Ejercicio del Derecho a la
Expresión Judicial.
2
Esta última fue formulada por el entonces Juez Presidente
del Tribunal Supremo para establecer unas guías para los
jueces que quisieran expresarse en torno a las enmiendas
constitucionales que serían objeto del referéndum de 1994.
7
AD-2001-3
En su contestación a la querella presentada en su
contra, la Juez Hernández Torres negó que su conducta fuera
violatoria
de
los
Cánones
imputados.
Al
fundamentar
su
posición, relató varios incidentes reseñados por la prensa
en
que
distintos
jueces
han
hecho
expresiones
que
alegadamente podrían ser calificadas como violatorias de
los Cánones de Ética Judicial. Alegó, además, que el Canon
XIII no ofrecía criterios ni guías específicas mediante las
cuales
un
juez
pudiera
saber
con
certeza
qué
tipo
de
expresión pudiera ser violatoria del mismo; razón por la
cual, según la querellada, los jueces no tenían criterios
fijos
para
decidir
qué
era
correcto
y
qué
no.
Indicó
además, que en la jurisprudencia de este Tribunal tampoco
había una interpretación clara del referido Canon XIII.
En
particular,
y
en
lo
referente
al
anuncio
periodístico por el cual se le radicó la querella, la Juez
Hernández Torres alegó que no había criticado a uno o
varios
políticos
en
específico,
sino
que
había
hecho
expresiones generales y vagas en torno a la productividad
de la mayoría de los componentes de la Cámara. Sobre su
comentario en cuanto a la igual distribución de recursos a
todos los legisladores, la Juez Hernández Torres alegó que
éste
no
cumplía
con
los
criterios
establecidos
por
la
Comisión al: (1) no delatar su preferencia política en
términos
adelantar
de
partidos
los
políticos
programas
de
y;
algún
(2)
al
no
apoyar
o
partido
o
ideología
política. Idénticos fundamentos utilizó para sostener que
8
AD-2001-3
su comentario sobre la minoría legislativa no violaba el
Canon XIII.
De igual forma, la Juez Hernández Torres sostuvo que
las
expresiones
vertidas
en
el
artículo
periodístico
tampoco eran violatorias del Canon I, ya que ésta no había
atacado a la Legislatura, sino que meramente le había hecho
una “crítica” cándida y de buena fe.
Por último, y en cuanto a los comentarios sobre la
situación
del
Legislador
a
Tiempo
Completo,
la
Juez
Hernández Torres expresó que, si alguna controversia sobre
la
misma
tendría
llegara
la
ante
su
consideración,
ella
alternativa
de
inhibirse
abstenerse
y
siempre
de
resolver sobre ese asunto. Además, señaló que el opinar
sobre
las
deficiencias
de
una
legislación
y
ofrecer
modificaciones a la misma no era algo vedado a los jueces.
La
querellada,
además,
solicitó
que
la
Comisión
desestimara los cargos presentados contra ésta en torno a
violaciones a la Circular Núm. 3 de 22 de agosto de 1994, y
el
Canon
V,
por
cuanto
los
mismos
ya
habían
sido
desestimados en el informe de la Comisionada y la OAT no
había solicitado la reconsideración de dicha determinación,
por lo cual estaba impedida de presentarlos.
Por su parte, la OAT se opuso a que dichos cargos
fuesen
desestimados
y
reafirmó
que
la
conducta
de
la
querellada violaba tanto el Canon V, que obligaba a todo
juez o jueza a cumplir las obligaciones administrativas que
9
AD-2001-3
imponen
las
leyes
y
reglamentos
aplicables
a
efectos,
la
la
Rama
Judicial y la Circular Núm. 3.
Mediante
determinó
cuanto
que
a
resolución
a
esos
únicamente
se
había
las
expresiones
encontrado
vertidas
en
el
Comisión
causa
en
artículo
periodístico que correspondía al Anejo 21 del informe de la
OAT y que todos los demás cargos habían sido desestimados3.
Posteriormente,
el
31
de
julio
de
2001,
la
Comisión
concedió plazo a las partes para efectuar el descubrimiento
de prueba que entendieran fuese necesario. Presentado el
Informe de Conferencia entre las Partes, la OAT anunció
como
testigo
de
cargo
durante
la
vista
a
la
Juez
querellada. La representación legal de la querellada se
opuso a dicha citación y fundamentó su oposición en la
Regla
29
de
las
Reglas
de
Procedimiento
para
Acciones
Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de
Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del
Tribunal de Apelaciones, 131 D.P.R. 630 (1992). Mediante
resolución a esos efectos, la Comisión denegó la petición
de la OAT de traer como testigo a la Juez Hernández Torres.
Inconforme, la OAT compareció a este Tribunal en revisión
de la anterior determinación. Mediante Opinión Per Curiam
emitida
el
15
de
marzo
de
2005,
confirmamos
la
determinación de la Comisión.
3
La referida determinación –-en cuanto a que el tercer
cargo se había desestimado-- quedó reafirmada en una
resolución posterior emitida por la Comisión el 3 de abril
de 2002.
10
AD-2001-3
Así las cosas, y culminada la vista evidenciaria en
donde
tanto
la
parte
querellante
como
la
querellada
presentaron prueba testifical y documental, quedó admitido
en evidencia, entre otros documentos, el antes mencionado
artículo periodístico que contenía la entrevista realizada
a la querellada.
I
Los hechos incontrovertidos, según surge del informe
preparado por la Comisión son los siguientes: el 25 de
enero
de
2000,
la
Juez
Hernández
Torres
concedió
una
entrevista en su oficina en el Tribunal de Apelaciones a la
periodista Magdalys Rodríguez del periódico El Nuevo Día.
El
referido
entrevista
periódico
titulados
legislativa”.
publicó
“La
dos
testigo
artículos
estrella”
y
sobre
“Ve
la
caída
El informe de la Comisión resume este último
artículo de la siguiente forma:
El artículo “Ve caída legislativa” trató en
específico sobre aspectos relacionados con la
Asamblea Legislativa. En el mismo la Juez
Hernández Torres mencionó que ha bajado mucho la
calidad del trabajo en la Legislatura, y que la
productividad no podía medirse a base de los
proyectos
presentados
sino
a
base
de
la
asistencia a las comisiones. A su entender el
verdadero trabajo se lleva a cabo en las
comisiones y no brindando un “discurso de
barricada”
en
el
hemiciclo;
veía
pocos
legisladores comprometidos con el trabajo en de
las comisiones. Según la Juez Hernández Torres
era un error brindar la misma cantidad de
recursos a todos los legisladores ya que esto
ocasionaba
que
la
Legislatura
fuera
menos
activa. Consideraba que la fiscalización de las
minorías parlamentarias había disminuido en
comparación al trabajo realizado por la Juez
Hernández Torres y sus compañeros cuando ésta
11
AD-2001-3
formaba parte de la minoría. En cuanto a la ley
del Legislador a Tiempo Completo, opinaba que no
era un mecanismo efectivo ya que no se logró que
tuviera realmente el efecto de un legislador a
tiempo completo. La legislación no tuvo el
efecto de limitar las fuentes de ingresos de
todos los legisladores sino sólo de un grupo,
por ejemplo, a los profesionales.4 (Énfasis
suplido).
4
A continuación, algunas de las expresiones vertidas por
la Juez Hernández Torres en la referida entrevista:
¿Qué le parece la productividad?
- “Sabes, la productividad no puede medirse a base de
los proyectos que se radican. La productividad,
siempre he dicho, se tiene que medir a base de tu
asistencia a las comisiones. El verdadero trabajo
importante se hace en las comisiones. No es en el
hemiciclo dando un discurso de barricada. Es en las
comisiones haciendo preguntas correctas para enmendar
legislación, para asumir posición en torno a esa
legislación, para cuando vayas al hemiciclo puedas
tener no un discurso de barricada, sino de contenido
de ese proyecto. Y yo veo que hay muy poco legislador
comprometido con ese trabajo de comisión. Siempre veo
los mismos, los mismos, que trabajan y ahora, veo con
tristeza y me pregunto: ¿por qué se va Néstor Aponte?,
¿por qué se va Leo Díaz?, ¿por qué se fue Pedro
Figueroa?, ¿por qué veo apagado a Aníbal Vega Borges?,
¿por qué no escucho mucho a otros legisladores que
antes se escuchaban, como Ángel Cintrón?”
¿Podría ser por razones ajenas al proceso político,
podría ser porque están cansados de la política?
- “Creo que no. Conmigo trabajaron mucho y nunca se
quejaron de cansancio. Al contrario, por que cuando yo
le daba encomiendas a cualquiera de ellos, a Toñito
Silva, a Rolan Maldonado, yo sentía que ellos
agradecían que yo les diera la oportunidad de
representarme y siempre me trajeron buenos comentarios
de la representación. Depende de cómo tú manejes los
talentos que tienes allí. Si tú marginas los talentos
o no les das los recursos, por alegadamente darle los
recursos iguales a todos, lo cual es un error, vas a
tener una Legislatura menos activa.”
¿Qué le parece la fiscalización de las minorías?
- “Bahh. Como fui minoría y me lo disfruté. (Medita unos
segundos). No sé, no los entiendo (risas).”
(Continúa . . .)
AD-2001-3
12
_________________________
- “Las delegaciones del Partido Popular y del Partido
Independentista se justifican diciendo que ahora hay
más
oficinas
del
Gobierno
encargadas
de
la
fiscalización. Se quejan de que la mayoría no les
aprueba sus peticiones de investigación.”
- “Yo no recuerdo que a mí me hayan aprobado una sola
resolución de investigación cuando yo era minoría. Y
eso
no
era
óbice
para
que
yo
hiciera
mis
investigaciones e hiciera mis denuncias y las pudiera
probar,
por
supuesto.
Allá
cada
cual
con
su
conciencia, pero se planteaba el issue. Y eso a la
larga hace efecto por que tapar tanta cosa, por que no
darle paso a unas cosas. Y entonces cuando llega el
otro partido hace lo mismo, más que por razón, por la
emoción.
Creo
un
poco,
creo
que
eso
se
ha
desacreditado. Pero no veo una fiscalización como la
había cuando yo era minoría. Jamás. Tanto cuando era
portavoz José Granados como cuando era portavoz Edison
Misla cada uno de nosotros teníamos unas funciones que
escogíamos para fiscalizar. Tú sabes que fuimos a los
Tribunales por el presupuesto, por la Oficina de
Puerto Rico en New York, se sentaron casos, que ahora
son precedentes.”
¿Qué usted opina sobre la legislación del Legislador a
Tiempo Completo?
- “Yo defendí la legislación, pero no creo que la pieza
legislativa que se consiguió realmente tenga los
efectos de un legislador a tiempo completo y creo que
hasta ha desalentado a algunos buenos. El que quiere
seguir violando la ley la sigue violando y a mí nunca
me ha gustado aprobar leyes por aparentar. No creo que
fue un mecanismo efectivo.”
¿Por qué es flexible o es rígida?
- “En cierto aspecto parece ser rígida, pero es
flexible. La prohibición de generar ingresos de otras
fuentes, tal y como está, a quien limita es a los
profesionales, pero no al que tenga un negocio;
particularmente limita a los abogados, a los médicos.
Pero si tienes un negocio, con el solo hecho de
ponerlo en un fideicomiso, pasarlo a nombre de un
pariente, pues, tan sencillo como eso. Limita a un
grupo, no a todos. Así que unos la pueden burlar y
otros no. Es una inequidad.” (Énfasis nuestro).
-
13
AD-2001-3
Sobre
el
contenido
de
la
entrevista
no
hay
controversia. La Juez Hernández Torres no levantó tampoco
alguna objeción en cuanto a su admisibilidad.
Analizado el referido artículo, la Comisión expresó
que los Cánones de Ética Judicial contenían unas guías
mínimas
de
jueces
y
conducta
que
que
debían
contenían
ser
numerosas
observadas
por
los
limitaciones
a
las
expresiones que podían hacer los jueces y juezas. Dichas
limitaciones, según la Comisión, tenían su fundamento en el
mismo
poder
que
tiene
este
Tribunal
para
aprobar
los
referidos Cánones y que se derivaban además de la Sección
12 del Artículo V de la Constitución del E.L.A.
En
cuanto
a
de
los
expresión
las
limitaciones
jueces
sobre
a
la
asuntos
libertad
de
de
naturaleza
político-partidista, la Comisión determinó que, según In re
Solicitud
Cepeda
García,
130
D.P.R.
expresiones
de
juez
podrían
en
un
18
(1992),
ocasiones
las
adquirir
matices políticos y aun así no necesariamente convertirse
en conducta contraria a los Cánones de Ética Judicial.
Sobre el asunto específico de las manifestaciones de
la Juez Hernández Torres, la Comisión determinó que las
expresiones
contenidas
en
estrella”
y
“Ve
legislativa”
comentar
una
partícipe
y
caída
situación
tuvo
en
la
la
conocimiento
entrevista
cual
estaban
la
“La
testigo
dirigidas
querellada
mientras
fungía
a
fue
como
Presidenta de la Cámara de Representantes (la investigación
del llamado caso del “Instituto del Sida”). La Comisión
14
AD-2001-3
expresó que fue dentro de este contexto que la querellada
pasó juicio sobre la productividad legislativa, criticó
determinadas políticas seguidas por esa Rama, y criticó el
rol
asumido
por
las
minorías
parlamentarias.
Añadió
la
Comisión que dentro de la entrevista, la Juez también se
había
expresado
sentimientos
sobre
personales
su
experiencia
sobre
si
como
regresaría
juez
o
no
sus
a
la
política, su estado de salud y su opinión sobre la llamada
Ley del Legislador a Tiempo Completo.
La
Comisión
expresó
que
la
Juez
Hernández
Torres,
aunque debió conocer lo delicado de la situación a la que
se exponía, no violó ni el Canon I, ni el Canon XIII de
Ética
Judicial,
realizadas
en
ante.
la
Determinó,
entrevista
que
aunque
las
fueron
expresiones
“de
carácter
personal, y en ocasiones anecdóticas, están revestidas de
algún interés público aunque no involucran ni atañen de
forma directa a la Rama Judicial ni al ministerio que hoy
ejerce la [q]uerellada”. Expresó además la Comisión que
estas
expresiones
más
bien
podían
adquirir
“matices
políticos” y que, a lo sumo, reflejaron “gran insensatez”.
En fin, la Comisión concluyó, que tales expresiones,
analizadas en el conjunto de la entrevista publicada no
eran aquellas de carácter político partidista que el Canon
XIII prohibía, ni podía considerarse que éstas buscaron o
entablaron una polémica con la Rama Legislativa, razón por
la cual no encontró violación ética alguna.
15
AD-2001-3
II
Los
Cánones
de
Ética
Judicial
que
venían
rigiendo
desde el 1977 fueron recientemente enmendados y sustituidos
por los nuevos Cánones aprobados por este Tribunal mediante
Resolución de 5 de abril de 2005. Los referidos Cánones
entraron en vigor el 5 de octubre de este mismo año. In re
Aprobación de Cánones de Ética Judicial de 2005, res. 5 de
abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 39. Sin embargo, los hechos
del presente caso ocurrieron antes de dicha enmienda, por
lo cual nuestra discusión se basa en los Cánones de 1977.
Según
el
Canon
miembros
de
la
delicada
función,
I
Rama
de
este
cuerpo
de
en
el
ejercicio
por
que
sus
Judicial,
deben
velar
normas,
de
los
su
actuaciones
respondan a normas de conducta que honren la integridad e
independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la
confianza en la Judicatura.
La
referida
disposición,
como
precepto
general,
establece la importancia de que con su conducta los jueces
y juezas ayuden a mantener la fe del pueblo en la justicia
a través de su integridad e imparcialidad. Rafael J. Torres
Torres,
Cánones
Comentarios,
de
FORUM
Ética
1-4,
Judicial
octubre
1993,
de
Puerto
pág.
7;
Rico,
In
re
Velázquez Hernández, res. el 23 de junio de 2004, 2004 TSPR
107.
La confianza de una sociedad en su sistema de justicia
depende en buena medida de la confianza que se tenga en los
hombres que tienen la responsabilidad de impartirla y, por
16
AD-2001-3
otro lado, del buen funcionamiento del sistema, es decir,
de
la
eficiencia
con
que
esas
personas
desempeñan
la
función judicial. Secretariado de la Conferencia Judicial,
La Judicatura Puertorriqueña, octubre de 1981, pág. 147.5
En
aras
de
proteger
el
principio
de
mantener
la
confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia, los
Cánones de Ética Judicial establecen unas normas mínimas
que
rigen
la
obligaciones
conducta
más
de
los
elementales
jueces.
que
Éstas
deben
son
“las
cumplir
los
encargados de ejecutar nuestro sistema de justicia”. In re
Hon. Ferrán Quintana, ante. Dichas normas son aplicables
tanto en el ejercicio de sus funciones judiciales como en
sus vidas privadas. Véase: In re González Acevedo. “Su
aplicación en la vida de los jueces y juezas, tanto en sus
actuaciones que tienen trascendencia pública como en los
asuntos
propios
del
ámbito
personal
y
familiar
no
es
arbitraria. Es, más bien, autoimpuesta, pues su aceptación
como marco normativo es consustancial al consentimiento que
cada Juez y Jueza ha prestado al aceptar el cargo”. Ibid.
(Énfasis nuestro).
Las limitaciones que los Cánones de Ética Judicial
imponen a la conducta de los jueces son consustanciales con
el poder que tiene este Tribunal de reglamentarla. Este
poder emana de La Ley de la Judicatura del 2003, Ley Núm.
201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq., la
5
Citado en In re Hon. Ferrán Quintana, res. el 28 de junio
de 2002, 2002 T.S.P.R. 93.
17
AD-2001-3
cual establece, entre otras cosas, la obligación de este
Tribunal de adoptar e implantar Cánones de Ética Judicial
que rijan la conducta de los Jueces y Juezas de Puerto
Rico.
Se
dispone,
además,
que
los
Cánones
adoptados
"deberán reflejar las expectativas de la sociedad respecto
a la judicatura, establecer la relación fiduciaria que debe
existir entre el juez y la comunidad y servir de base para
la selección y nombramiento de los mejores candidatos". 4
L.P.R.A. sec. 24(d). Así, los referidos Cánones contienen
restricciones que, por la naturaleza de su ministerio debe
imponerse
el
juez
tanto
en
su
conducta
judicial,
como
extrajudicial.6 Al asumir el cargo éste acepta, también,
6
A modo de ejemplo: deber de respeto y de abstenerse de
hacer críticas infundadas o innecesarias que tiendan a
desprestigiar a sus compañeros jueces; abstenerse de hacer
recomendaciones sobre abogados o abogadas específicos a
utilizarse con respecto a controversias entre ciudadanos;
excluir de su conducta toda apariencia de que es
susceptible a actuar a base de influencia de personas,
grupos o partidos, el clamor público, consideraciones de
popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias;
abstenerse de unirse en solidaridad con cualquiera de las
partes en un procedimiento; no celebrar entrevistas
privadas con las partes o sus abogadas o abogados; tratar
con consideración y respeto a los abogados y a las
abogadas, a testigos, jurados, funcionarias o funcionarios
del tribunal y a toda persona que comparezca ante el
tribunal; mantener su conducta dentro de la debida
propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o
severidad excesivas.
Tampoco hacer comentarios ni gestos ajenos al proceso
judicial,
entendiéndose
comprendidos
dentro
de
esta
prohibición, aquellos comentarios, expresiones o gestos que
envuelvan burla o mofa. Comportarse públicamente de manera
que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad
para adjudicar imparcialmente las controversias judiciales
no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el
cabal desempeño de sus funciones judiciales; no hacer
(Continúa . . .)
18
AD-2001-3
ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio
de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás
actividades,
ya
sean
personales
o
profesionales.
Estas
limitaciones, si bien no les privan de los derechos que
poseen
como
miembros
de
nuestra
sociedad,
representan
sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la
integridad e independencia de su ministerio y estimulan el
respeto y la confianza en la judicatura. Ibid.
III
No hay duda entonces que al aceptar su cargo, el juez
renuncia a ciertas libertades, en especial, en el ámbito de
la libertad de expresión y de asociación. En lo pertinente
al presente caso, el Canon XIII de Ética Judicial, ante7,
disponía, que:
_________________________
declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos
ante su consideración, ni explicar la razón de sus
actuaciones. Cánones IV, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXIV,
y XXV de los Cánones de Ética de 1977; Cánones V, VI, VIII,
XI, XII, XIII, XIV, XXIII, y XIX de los Cánones de Ética de
2005.
7
Este Canon fue sustituido por el Canon XXVIII de los
nuevos Cánones de Ética Judicial de 2005. Este último
dispone, en lo pertinente, que:
Las juezas y los jueces se abstendrán de
participar en el proceso político, sin menoscabo
de su derecho al sufragio, a sus propias ideas
sobre cuestiones políticas y a los deberes y
funciones que les asignan las leyes y los
reglamentos electorales. Sin que la siguiente
enumeración excluya otras actividades, que por
su carácter político le están vedadas, las
juezas y los jueces no podrán:
(Continúa . . .)
AD-2001-3
19
Los Jueces y las Juezas deben proteger la
independencia del poder judicial como factor de
equilibrio en la estructura gubernamental de
nuestro sistema de vida democrática. A tal fin,
el Juez o la Jueza debe abstenerse de participar
en el proceso político, sin menoscabo, desde
luego, de su derecho al sufragio, a sus propias
ideas sobre cuestiones políticas, y a los
deberes y funciones que le fijan las leyes y
reglamentos electorales.
Sin que la siguiente enumeración excluya otras
actividades que por su carácter político le
están vedadas, el Juez o la Jueza no debe:
…
(f) Hacer expresiones, comentarios o manifestaciones
públicas sobre asuntos o actos de
naturaleza
político partidista.
…
(i) Atacar públicamente o entablar polémicas con
candidatos o candidatas o líderes políticos, sin
menoscabo, desde luego, de su derecho a defenderse de
ataques abusivos a su persona o a su honra.
…
El Juez o la Jueza debe estar y sentirse exento de
toda influencia política y no debe dar base con su
conducta para la creencia de que sus ideas políticas
influyen
en
el
cumplimiento
de
sus
funciones
judiciales.
El referido Canon XIII tiene como base la Sección 12
del Artículo V de la Constitución del E.L.A., L.P.R.A.,
Tomo I, el cual establece con relación a las actividades
políticas de los jueces que:
Ningún juez aportará dinero, en forma directa o
indirecta,
a
organizaciones
o
partidos
políticos, ni desempeñará cargos en la dirección
de
los
mismos
o
participará
en
campañas
políticas de clase alguna, ni podrá postularse
para un cargo público electivo a menos que haya
renunciado al de juez por lo menos seis meses
antes de su nominación.
_________________________
e.
hacer
expresiones,
comentarios
o
manifestaciones públicas sobre asuntos o actos
de naturaleza político-partidista; (…) (citas
omitidas).
20
AD-2001-3
En
esencia,
el
Canon
XIII
hace
un
listado,
no
taxativo, de actividades y expresiones “políticas” que le
están vedadas a los jueces. Así, por ejemplo, prohíbe que
los jueces participen en campañas políticas; ocupen cargos
políticos;
partidos
aporten
dinero
políticos;
asambleas,
a
participen
primarias
u
otros
candidatos,
en
organismos
reuniones,
actos
o
tertulias,
políticos;
endosen
candidatos para posiciones de nombramiento gubernamental o
líderes políticos; mantengan relaciones estrechas que le
identifiquen con figuras o líderes políticos; participen en
reuniones
con
funcionarios
estrecha
relación
con
sobre
asuntos
asuntos
políticos;
que
guarden
fomenten
los
intereses de organismo o partido político alguno, etc.8
Incisos (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), y (j) del Canon
XIII.
El
fin
de
estas
prohibiciones
es
mantener
la
independencia judicial, principio fundamental de nuestro
ordenamiento judicial. El propósito del mencionado Canon,
en conjunto con la antes citada disposición constitucional,
es prohibir todo tipo de participación de los jueces en las
controversias relativas a asuntos políticos que se llevan a
8
En consecución del principio que el juez debe estar
exento de toda parcialidad política y no dar base con su
conducta a la creencia de que sus ideas políticas ejercen
sobre él alguna influencia en el cumplimiento de sus
funciones judiciales, este Tribunal, mediante resolución de
6 de diciembre de 1974, prohibió la participación de los
jueces en primarias que celebrara partido político alguno.
En este año, se trataba del Canon 18 de Ética Judicial de
1957, del cual proviene el Canon 13 de 1977.
21
AD-2001-3
cabo en nuestro País o que éstos se involucren de cualquier
forma en el quehacer político del País. La razón de ser de
este Canon es que la participación de jueces en la esfera
política podría tener el efecto de desmerecer y lesionar la
imagen del juez en la comunidad en que ejerce su delicado
ministerio
ya
que
dicha
participación
puede
causar
divisiones, y enconos, no sólo entre la ciudadanía y la
Judicatura sino entre los propios integrantes de la Rama
Judicial.
El asunto de la participación de los jueces en asuntos
“políticos” ha sido objeto de análisis en varias decisiones
de este Tribunal. En el 1980, en el caso de Ortiz Angleró
v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980), --ante una posible
expresión
del
Tribunal
legalidad
del
Referéndum
constitucional
que
sobre
sobre
afectaba
el
la
constitucionalidad
la
propuesta
derecho
y
enmienda
absoluto
a
la
fianza-- este Tribunal expresó que el asunto de si "debe o
no enmendarse la Constitución del Estado Libre Asociado
para limitar el derecho a fianza ... es una controversia de
índole
política
sobre
la
que
este
Tribunal
no
puede
pronunciarse".9
9
El ex-Juez Negrón García, en su Opinión concurrente,
abordó el tema de las expresiones públicas de los jueces y
su posible efecto en la ciudadanía y en la imagen de
imparcialidad de la rama judicial. A esos efectos expresó
en cuanto al Canon XIII que el mismo constituía una
inhibición ética dimanante del cargo que existía sin
perjuicio al derecho al sufragio ni a tener creencias o
ideas políticas.
22
AD-2001-3
Por otro lado, en el 1988 el entonces Juez Presidente
Pons
Núnez
y
el
entonces
Juez
Asociado
Negrón
García
criticaron a la Ramas Ejecutiva y Legislativa por intentar
sustituir
al
Juez
Arbona
Lago
como
Juez
del
Tribunal
Superior.10 Las mencionadas expresiones fueron apoyadas por
este Tribunal, y tuvieron como resultado la celebración de
10
El entonces Juez Presidente Pons Núñez se expresó de la
siguiente forma:
Una de las mayores responsabilidades que tiene
la Rama Judicial es proteger los intereses
particulares y sociales de los ciudadanos en
contra de los errores y abusos de poder de los
organismos gubernamentales.
En el caso particular del Juez Arbona, por su
claro, limpio y distinguido historial, la falta
de explicación para su sustitución [--]combinada
con
determinaciones
judiciales
suyas
desfavorables a organismos gubernamentales[--]
da lugar a la especulación prevaleciente de que
su sustitución obedece a recomendaciones y
juicios [fundados] en criterios ajenos a las más
sanas normas democráticas susceptibles a ser
interpretados
como
atentatorios
contra
la
independencia de criterio judicial.
Por su parte, el entonces Juez Asociado Negrón García
expresó lo siguiente:
La percepción pública es que lamentablemente el
Primer Ejecutivo ha sido mal informado y que su
determinación responde a fuentes divergentes
sobre los méritos del Juez Arbona Lago y al
carácter absoluto del ejercicio de su facultad
constitucional. El primer aspecto es crucial.
Por naturaleza de las funciones judiciales, toda
decisión se presta a ser defendida por el
favorecido y rechazada por el litigante o
abogado insatisfecho. Sin embargo, dentro de la
natural
discrepancia
y
confrontación
de
criterios, las fuentes de acceso subrepticias,
incógnitas y directas al oído del Primer
Ejecutivo
conllevan
el
peligro
de
estar
matizadas de revanchismo personal.
AD-2001-3
23
una Sesión Especial de la Conferencia Judicial para tratar
el tema de la independencia judicial. Véase: Convocatoria a
una Sesión Especial de la Conferencia Judicial. 120 D.P.R.
838 (1988). En relación con dichas expresiones no se inició
procedimiento alguno contra los referidos Jueces ni surgió
controversia alguna por alegadas violaciones a los Cánones
de Ética.11
11
A esos efectos; durante la celebración de la mencionada
Sesión Especial de la Conferencia Judicial, el Juez
Asociado Rebollo López emitió una Opinión disidente en la
cual se expresó en los siguientes términos:
El caso del Hon. Guillermo Arbona Lago, ‘juez símbolo’
de esta Sesión Especial sobre independencia judicial,
es triplemente trágico.
En primer lugar, se trata del intento, a destiempo, de
sustituir a un juez laborioso, eficiente, competente,
honrado e íntegro que a través de doce (12) largos
años ha honrado y le ha dado lustre, por medio de sus
ejecutorias, a la Judicatura puertorriqueña. Se trata,
en resumen, de un atentado, en su forma más cruda,
contra un miembro de la Judicatura puertorriqueña.
En la única ocasión en que un ser humano accede
voluntariamente a que se le ampute una parte de su
cuerpo es cuando la misma está dañada y enferma y
constituye una amenaza para su salud y bienestar
general.
El Poder Judicial es un solo cuerpo. La acción de
sustituir al compañero Arbona Lago constituye un
intento de cercenar una parte saludable y llena de
vida de ese cuerpo judicial. Sorprende, en su
consecuencia, que la cabeza de ese cuerpo judicial -el Tribunal Supremo-- no se exprese en el día de hoy
en evitación de esa amputación.
Aparte del mensaje escalofriante que tiene esta acción
del Poder Ejecutivo sobre el resto de la actual
Judicatura puertorriqueña, el mismo tendrá un efecto
extraordinariamente nocivo a largo plazo sobre dicha
Judicatura en el aspecto de reclutamiento. Cabe
preguntarse, ¿qué joven abogado competente estará en
el futuro en disposición de abrazar la carrera
(Continúa . . .)
24
AD-2001-3
En
In
Solicitud
re
Cepeda
García,
130
D.P.R.
18
(1992), atendimos una querella presentada como consecuencia
de unas críticas realizadas por dos Jueces de este Tribunal
al
entonces
Gobernador
por
la
práctica
de
nombrar
a
políticos a puestos en la Judicatura. En aquella ocasión,
hicimos referencia a otras instancias en que Jueces de este
Foro habían realizado manifestaciones que podrían adquirir
trascendencia política. Por ejemplo, la ocasión en que el
entonces Juez Presidente Trías Monge se expresó, en un
Mensaje
a
criticando
la
a
Asociación
la
Policía
de
de
Miembros
Puerto
de
Rico
la
por
Policía,
estar
muy
“politizada”. 12 En este caso, a pesar del “matiz político”
que
tomaron
dichas
expresiones,
este
Tribunal
no
se
pronunció sobre la aplicación de los Cánones de Ética en
cuanto a la conducta del entonces Juez Presidente.
Sobre
las
querellados,
expresiones
este
Tribunal
particulares
expresó
en
de
In
los
re
jueces
Solicitud
Cepeda García, ante, que:
Al cumplir con el deber de fortalecer la Rama
Judicial, los jueces debemos prudencialmente
_________________________
judicial cuando su permanencia en la misma va a
depender del capricho incomprensible de una persona?
Contra el Juez Asociado Rebollo López tampoco se
inició procedimiento alguno por violación a los Cánones de
Ética Judicial. Claro está, dichas manifestaciones se
hicieron en defensa de la independencia judicial. Véase: In
re Conferencia Judicial de Puerto Rico, 122 D.P.R. 420
(1988).
12
Como consecuencia de dichas expresiones, el referido
funcionario tuvo que inhibirse de participar en un caso
relacionado con sus expresiones. Véase a esos efectos:
Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205
(1982).
25
AD-2001-3
evitar pronunciamientos y juicios a destiempo
sobre asuntos sometidos a su consideración o que
podrían ser susceptibles a serles sometidos.
Ahora bien, el hecho de que alguna manifestación
de un juez de este Tribunal adquiera matices
políticos y lo involucre en una controversia
pública
no
necesariamente
convierte
dicha
conducta en una contraria a los cánones de ética
judicial. A lo sumo, podría resultar, como
ocurrió
en
el
caso
de
Santiago
v.
Superintendente de la Policía, supra, que los
jueces involucrados en el debate público se
tengan que inhibir en cualquier caso que surja
relacionado con la polémica. Ibid a la pág. 28.
(Énfasis nuestro).
Este Tribunal, en el citado caso de Cepeda, ante,
resolvió que los Jueces no habían violado el Canon XIII
porque
sus
integridad
expresiones
y
la
estaban
independencia
dirigidas
de
la
a
Rama
defender
la
Judicial.
El
Tribunal procedió a ordenar el archivo de la queja, “por
falta de jurisdicción”, por razón de no tener autoridad
para disciplinar a sus miembros.
En In re Vigencia de Limitaciones Constitucionales y
Éticas
Aplicables
Puertorriqueña
a
los
Miembros
de
ante
el
Referéndum
la
Judicatura
de
Enmiendas
Constitucionales de 6 de noviembre de 1994, 136 D.P.R. 693
(1994),
este
Tribunal
se
enfrentó
a
una
solicitud
presentada por varias personas para que se emitiera una
resolución que prohibiera a todos los jueces del país que
participaran, directa o indirectamente, en actividades a
favor o en contra de la enmienda constitucional propuesta
en el Referéndum de 6 de noviembre de 1994 sobre cómo se
determinaría el número de integrantes de este Tribunal.
Debe
señalarse
que
se
había
presentado,
además,
una
26
AD-2001-3
querella contra el Juez Pierre Vivoni por haber estado
participando
de
forma
activa
en
el
debate
público
con
relación a la aludida enmienda constitucional propuesta. En
dicho caso, emitimos resolución a los efectos de declarar
no ha lugar la solicitud presentada y archivar la querella
contra el Juez Pierre Vivoni por inmeritoria.
Sobre el aspecto de la prohibición en cuanto a que los
jueces participaran en campañas políticas, en dicho caso
determinamos
que
la
Sección
12
del
Artículo
V
de
la
Constitución y el Canon XIII se referían a la intervención
de
éstos
en
la
promoción
de
candidaturas
a
cargos
electivos, a su colaboración con el proselitismo partidista
y otras actividades de naturaleza similar. “De ningún modo
vedan la expresión pública de los jueces sobre sus propias
ideas acerca de los asuntos que atañen a la Rama Judicial
cuando
se
reuniones
hace
o
en
foros
asambleas
de
idóneos
que
no
sean
actos,
carácter
político-partidista.”
P.694. (Énfasis nuestro).
Expresamos,
ejercicio
de
además,
libertad
cumplimiento
con
independencia
del
el
en
de
deber
Poder
el
citado
expresión
de
de
defender
Judicial,
caso,
que
el
los
jueces,
en
y
promover
la
estaba
protegido
cabalmente tanto por la Constitución de Estados Unidos y la
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por los
Cánones
de
Ética
Judicial
y
por
el
Código
de
Profesional que rige a los abogados de Puerto Rico.
Ética
27
AD-2001-3
Allí enfatizamos que la independencia judicial no era
un asunto de naturaleza político-partidista y que por ello,
no
podía
estar
públicamente
vedado
dicho
que
los
principio.
A
jueces
diferencia
dilucidaran
del
caso
de
Ortiz Angleró, ante, aquí se trataba de un asunto que
afectaba
la
Rama
participación
de
Judicial
los
y
por
jueces.
ello
Además,
se
autorizó
citando
a
In
la
re
Solicitud Cepeda García, ante; Retiro del Hon. Víctor M.
Pons
Núñez,
129
D.P.R.
931
(1992);
y
Convoc.
Sesión
Especial Conf. Judicial, ante, reiteramos que el hecho de
que alguna manifestación de un juez, en defensa de la
independencia judicial, coincidiera con una controversia
pública
con
matices
políticos
no
deslegitimizaba
tal
manifestación. Ibid, pág. 695.
En consecuencia, de un análisis del entonces vigente
Canon
XIII,
del
constitucional
actual
que
los
Canon
XXVIII,
inspira,
y
podemos
del
precepto
razonablemente
concluir que la prohibición a los jueces en cuanto a no
hacer
manifestaciones
político-partidistas
--dentro
del
contexto del propósito general de los referidos Cánones y
en situaciones que no tengan nada que ver con la defensa de
la
independencia
manifestación
que
judicial--
incluye
toda
aquella
claramente
identifique
su
ideología
política o que induzca a pensar que está afiliado con algún
partido político, que exalte o promueva alguna ideología, a
algún partido o a sus miembros sobre otro, o que critique
sus
ejecutorias;
de
modo
que
pueda
inferirse
que
sus
28
AD-2001-3
funciones
pudieran
ser
afectadas
por
sus
creencias
políticas. Dichas expresiones serían violatorias de los
referidos Cánones.
Repetimos, el fin esencial del Canon XIII, y el ahora
vigente Canon XXVIII, es mantener a los jueces y juezas con
independencia de criterio, que ejerzan sus funciones libres
de todo favoritismo político que afecte la adjudicación
imparcial de las controversias y evitar de esta forma el
proselitismo político en la Judicatura.13 De esta forma se
logra que la comunidad tenga la confianza que las ideas
políticas particulares de cada juez no serán un factor que
afecte su desempeño judicial.
IV
Analizadas las expresiones de la Juez Hernández Torres
dentro de este contexto no coincidimos totalmente con la
determinación de la Comisión en cuanto a que las mismas no
fueron de tal envergadura como para no ser violatorias del
Inciso (f) del Canon XIII de Ética Profesional. En otras
palabras,
somos
manifestaciones
del
de
la
criterio
Juez
que
Hernández
algunas
Torres
de
las
resultan
totalmente incompatibles con el referido Canon XIII.
Es
correcto
que
las
expresiones
que
hiciera
la
querellada en cuanto a la Legislatura se hicieron en forma
13
El principio de independencia judicial ahora se
encuentra consagrado de forma independiente en el Canon II
de los nuevos Cánones de Ética Judicial.
29
AD-2001-3
de crítica general sin que estas constituyeran un plan de
hacer campaña política, ni involucrarse de forma alguna en
el
quehacer
político.
En
ese
sentido,
no
fueron
unas
manifestaciones político-partidistas. Sin embargo, en una
parte de la entrevista en controversia, la Juez Hernández
Torres
criticó,
específicamente,
el
trabajo
de
las
minorías, compuestas por el Partido Popular Democrático y
el
Partido
Independentista
Puertorriqueño,
y
exaltó
la
labor que hicieron tanto ella como José Granados Navedo y
Edison Misla Aldarondo cuando fueron minoría; esto últimos
todos
miembros
mencionó
del
otros
Partido
nombres
Nuevo
de
Progresista;
legisladores
de
además,
este
mismo
partido, infiriendo que éstos sí trabajaban, a diferencia
de los demás.14 Estas expresiones resaltaron, no hay duda,
la imagen de unos miembros de un partido político sobre
otros;
expresiones
que
no
tienen
nada
que
ver
con
la
defensa de la independencia judicial.
En
fin,
la
Juez
Hernández
Torres,
mediante
sus
expresiones, causó la impresión que su función como jueza
se
podría
ver
influenciada
por
sus
ideas
políticas,
situación que precisamente intenta evitar el mencionado
Canon XIII.15 Según mencionáramos anteriormente, el Canon
XIII veda que los jueces hagan manifestaciones político-
14
Nos referimos a las menciones que hiciera a Néstor
Aponte, Leo Díaz, Pedro Figueroa, Aníbal Vega Borges, Ángel
Cintrón, Toñito Silva y Rolan Maldonado.
15
Por ello, no se trata meramente de una “crítica cándida
y de buena fe” como alega la querellada.
30
AD-2001-3
partidistas. Esto incluye, sin limitarse a, manifestaciones
que exalten la labor de miembros de algún partido político.
No incluye, según expresáramos, aquellas manifestaciones
que,
aunque
adquieran
matices
políticos,
se
hagan
en
defensa de la independencia judicial o sobre asuntos que
conciernen a la Rama Judicial.16
El respeto y confianza en la judicatura que tenga la
ciudadanía
conducta
depende,
que
de
observen
manera
los
principalísima,
jueces;
los
cuales
de
la
en
el
desempeño de sus funciones deben ser laboriosos, prudentes,
y, sobre todo, imparciales. “[E]l juez, como tal, es el
árbitro designado por la sociedad, a través del Estado,
para
juzgar
la
conducta
humana.
Para
poder
merecer
el
respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones,
ha de ser, y ser visto, como un ser humano sin tacha. Ello
exige, no solamente ser bueno, sino también parecerlo.”
Carlos J. Irizarry Yunque, La Ética Judicial, Forum 1-4,
1993, pág. 4.
El juez tiene que ser previsor y analizar las posibles
consecuencias de sus actos en términos de las impresiones
que podrían recibir terceras personas. Rafael J. Torres
Torres, op. cit. pág. 16. Además, debe siempre estar muy
pendiente de situaciones que puedan afectar negativamente
16
Coincidimos, sin embargo, con la Comisión en cuanto a su
determinación que la Juez Hernández Torres no violó el
Inciso (i) del referido Canon ya que sus críticas se
hicieron a la Legislatura en general y no a algunos de sus
miembros en particular.
31
AD-2001-3
su imagen y poner en duda su sano e independiente criterio
judicial. Luis Mariano Negrón, Ética y Disciplina Judicial
en Puerto Rico, 1987, pág. 131.17
A
esos
efectos,
expresamos
en
re Participación
In
Jueces, 80 D.P.R. 784, 786-787 (1958), que:
Los jueces son parte de la comunidad en que
viven y por la posición que en ésta ocupan son
llamados ocasionalmente a prestar su concurso en
actividades de interés general, sean éstas de
origen
privado
o
estén
auspiciadas
por
funcionarios públicos. Esa cooperación, sin
embargo tiene que darse dentro del marco de la
Constitución, la ley y los Cánones de Ética
Judicial y en armonía con la dignidad y las
funciones de los tribunales. Tales limitaciones
imponen
a
los
jueces
la
obligación
de
cerciorarse,
por
todos
los
medios
dignos
asequibles, de los propósitos y circunstancias
de los actos a los cuales se les invite y de
abstenerse de asistir a aquéllos que por su
carácter les están vedados o que razonablemente
puedan dar lugar a la impresión de que se están
transgrediendo esos límites. Es ésta la única
manera en que puede la judicatura mantener
incólume su reputación de absoluta independencia.
En atención a todo lo anteriormente expuesto, somos
del
criterio
que
las
expresiones
de
la
Juez
Hernández
Torres, en cuanto pasaron juicio sobre la productividad
legislativa,
específicamente
en
torno
a
su
poca
productividad; constituyeron una crítica sobre determinadas
políticas seguidas por esa Rama, y una crítica sobre el rol
asumido por las minorías parlamentarias, exaltando a otras
minorías específicas de otros tiempos, fueron contrarias a
las
disposiciones
de
los
Cánones
I
y
XIII
de
Ética
Judicial, ante.
17
Citado en In re Ortiz Rivera, res. el 21 de diciembre de
2004, 2004 T.S.P.R. 209.
32
AD-2001-3
La referida funcionaria debió haberse abstenido de
hacer dichas manifestaciones recordando que no era sólo una
“ex legisladora” sino que, en el momento en que realizó la
entrevista,
ocupaba
el
cargo
de
juez.
Los
jueces,
repetimos, deben de abstenerse de hacer juicios críticos
“políticos” en situaciones que nada tengan que ver con la
defensa
de
la
deberes
y
obligaciones
mantener
independencia
presente
que,
la
en
judicial.
Juez
sus
En
honor
a
Hernández
Torres
debió
críticas,
se
sus
estaba
refiriendo a otra rama de gobierno y que sus expresiones no
tenían nada que ver con sus funciones en la Rama Judicial.
Este proceder fue imprudente y además, fue contrario al
Canon I, que impone el deber de los jueces de actuar con
prudencia, respeto, y con la integridad que requiere su
ministerio.
Por los fundamentos que anteceden y en vista de que se
trata
de
una
primera
ofensa,
consideramos
procedente,
únicamente, amonestar a la Juez Zaida Hernández Torres,
apercibiéndosele contra futuras infracciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Zaida Hernández Torres
AD-2001-3
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia
amonestando a la Juez Zaida Hernández Torres y
apercibiendo a ésta contra futuras infracciones a
los Cánones de Ética Judicial.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez
concurrió en el resultado sin opinión escrita. El
Juez
Asociado
señor
Fuster
Berlingeri
no
intervino. El Juez Asociado señor Rivera Pérez se
inhibió.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo