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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Zaida Hernández Torres

2006 TSPR 81

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Zaida Hernández Torres

AD-2001-0003

Ética Judicial-Cánones II (I anterior) y XXVIII (XIII anterior) de Ética Judicial: Independencia Judicial; Expresiones de naturaleza político-partidista

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2006 TSPR 81

Zaida Hernández Torres

167 DPR ____

Número del Caso: AD-2001-3

Fecha: 11 de mayo de 2006

Oficina de Administración de los Tribunales:

Lcda. Nilsa Luz García Cabrera

Lcda. Ivonne Díaz Pérez

Lcdo. Nelson Javier Canabal Pérez

Lcda. Milagros Rivera Guadarrama

Directora

Oficina de Asuntos Legales

Abogada de la Parte Querellada:

Lcda. María Elena Vázquez Graziani

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Zaida Hernández Torres

AD-2001-3

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006

La Hon. Zaida Hernández Torres funge como Juez

del Tribunal de Apelaciones desde el 17 de marzo de

1998.

Ante unas expresiones públicas, alegadamente

de índole político partidista, hechas por la Juez

Hernández Torres y publicadas en distintos medios

de

comunicación,

la

entonces

Directora

Administrativa de los Tribunales, Lcda. Mercedes M.

Bauermeister,

refirió

una

solicitud

de

investigación a la Oficina de Asuntos Legales de la

Administración de Tribunales para que ésta hiciera

una investigación y rindiera un informe.

Rendido el mismo, el 26 de enero de 2001, la

Oficina

de

la

Administración

de

Tribunales,

en

2

AD-2001-3

adelante OAT, remitió dicho informe, en conjunto con toda

la prueba documental, a la Comisión de Disciplina y de

Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de

Apelaciones,

en

adelante,

la

Comisión,

en

torno

a

la

conducta de la Juez Hernández Torres.

En el referido informe la OAT le imputó a la Juez

Hernández Torres haber hecho manifestaciones, alegadamente

político partidistas, durante el período de la celebración

del juicio sobre el “fraude en el Instituto del SIDA”. Las

expresiones

de

prensa

fueron

reseñadas

en

21

artículos

periodísticos, los cuales fueron anejados al informe, y

fueron dividas por la OAT en 5 grupos. A saber:

1.

2.

3.

4.

5.

expresiones sobre el testimonio del Sr.

Ángel

Corcino

Mauras

en

el

mencionado

juicio;

expresiones luego de ser citada por los

abogados de defensa del Dr. Yamil Kouri;

expresiones

sobre

el

contenido

de

su

testimonio en el Tribunal Federal antes de

entrevistarse con la fiscalía federal;

expresiones luego de ser citada por la

fiscalía federal como testigo de cargo; en

especial,

aquellas

en

torno

a

la

investigación realizada por la Cámara de

Representantes y sobre el ex-Presidente de

dicho cuerpo, Edison Misla Aldarondo y la

ex-representante, Sra. Myrna Passalacqua y;

expresiones contenidas en la entrevista

concedida por la Jueza Hernández Torres en

su oficina del Tribunal de Circuito de

Apelaciones a la Sra. Magdalys Rodríguez,

reportera de El Nuevo Día; en particular

sobre la investigación antes mencionada y

sobre la labor de la Legislatura de Puerto

Rico.

Dichas expresiones, según la OAT, eran violatorias de

los Cánones I, V, y XIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap.

3

AD-2001-3

IV-A. La Comisión designó como Comisionada a la Lcda. Enid

Martínez Moya para que examinara el referido informe y

determinara si existía causa para iniciar un procedimiento

disciplinario

contra

la

Juez

Hernández

Torres

por

las

expresiones vertidas en los 21 artículos periodísticos. En

su informe, la Comisionada expresó que luego de un estudio

detenido del Canon XIII y la jurisprudencia sobre el mismo

entendía

que

no

existían

criterios

específicos

para

determinar cuándo las manifestaciones de un juez eran de

tipo

político

partidista.

En

ausencia

de

una

interpretación clara del referido Canon, la Comisionada

adoptó su propio criterio: en esencia, que las expresiones

de un juez son político partidistas si éstas “delatan su

preferencia política en términos de partido político o de

ideología política; si las expresiones pueden entenderse

que sirven de apoyo o que adelantan de alguna manera el

programa o las propuestas de alguna ideología política o de

algún partido político”.

A la luz de este criterio, la Comisionada encontró

causa

para

iniciar

el

correspondiente

procedimiento

disciplinario únicamente en cuanto a uno de los incidentes,

reseñado en uno de los 21 artículos de periódico, el cual

corresponde al Anejo 21 del Informe de la OAT. Determinó la

Comisionada que en ese momento la Juez pasó juicio sobre la

Rama

Legislativa

y

la

productividad

de

sus

miembros

a

quienes acusó de dar más importancia a los “discursos de

barricada” que al trabajo de comisión. En específico, la

4

AD-2001-3

Juez Hernández Torres criticó la política prevaleciente en

la Cámara de asignarles igual cantidad de recursos a todos

los legisladores. La mencionada Juez expresó, además, que

la minoría --en ese momento compuesta por miembros del

Partido Popular Democrático y el Partido Independentista

Puertorriqueño--

no

estaba

cumpliendo

adecuadamente

su

función, a diferencia de la forma en que ella y Edison

Misla Aldarondo lo habían hecho cuando eran minoría. De

otra parte, la Juez también criticó, caracterizando como

inefectiva,

la

legislación

del

Legislador

a

Tiempo

Completo.

Estas expresiones de la Juez, según el informe de la

Comisionada, eran violatorias de los Cánones I y XIII (f) e

(i) de Ética Judicial al atacar públicamente a líderes

políticos, incursionar en el ámbito legislativo y lesionar

la imagen de la independencia de la Rama Judicial. En

virtud del referido informe, la Comisión requirió de la

Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentar la querella

correspondiente. No se encontró causa respecto a los demás

artículos

ni

se

recomendó

la

imposición

de

medidas

disciplinarias provisionales.

En cumplimiento con lo ordenado, el 19 de junio de

2001, la Oficina de Asuntos Legales de la OAT presentó ante

la Comisión una querella contra la Hon. Zaida Hernández

Torres

imputándole

tres

cargos

por

violaciones

a

los

Cánones I, V y XIII, Incisos (f) e (i), del Código de Ética

5

AD-2001-3

Judicial.1

La

OAT,

descartado

los

mismos,

aun

cuando

formuló

la

cargos

Comisionada

por

había

violación

al

1

Los cargos imputados, en síntesis y en lo pertinente, son

los siguientes:

Primer Cargo:

La Hon. Zaida Hernández Torres incurrió en conducta

impropia

incompatible

con

su

cargo

de

Jueza

consistente en que hizo expresiones públicas en una

entrevista con El Nuevo Día el 30 de enero de 2000,

criticando a la Rama Legislativa. La crítica a los

legisladores hecha por la Hon. Zaida Hernández

incursiona

en

el

ámbito

legislativo.

Dicha

intromisión lesiona la imagen de independencia de la

Rama Judicial contenida en el Canon I de los Cánones

de Ética Judicial el cual obliga a todo Juez o Jueza

a velar que en el ejercicio de la delicada función de

impartir justicia, sus actuaciones respondan a las

normas de conducta que honren la integridad e

independencia de su ministerio y estimulen el respeto

y la confianza en la judicatura.

Segundo Cargo:

En particular, la Jueza Hernández Torres criticó la

política de la Cámara de Representantes de asignar

igual cantidad de fondos a todos los legisladores,

alegadamente marginando con ello a varios legisladores

talentosos. La Jueza clasificó el trabajo de la Rama

Legislativa como uno de pobre productividad, en donde

se le daba más importancia a los “discursos de

barricada”. De igual manera, la Jueza criticó el

trabajo

de

fiscalización

de

las

minorías

parlamentarias de los otros partidos políticos.

Por último, la Jueza Hernández Torres criticó la

aprobación de la Ley sobre el Legislador a Tiempo

Completo, la que catalogó de inefectiva y de haber

sido aprobada para “aparentar".

La conducta antes transcrita viola las disposiciones

del Canon XIII incisos (f) y (i) de los Cánones de

Ética Judicial los cuales reglamentan las actividades

políticas que les están vedadas a los Jueces y Juezas

con el fin de proteger y promover la independencia de

la Rama Judicial

de las otras Ramas de Gobierno

mediante el equilibrio en la estructura gubernamental

de nuestro sistema de vida democrática.

(Continúa . . .)

6

AD-2001-3

Canon V y a la Circular Numero 3 de 22 de agosto de 1994,

Año Fiscal 1994-1995 denominada Criterios para Orientar el

Ejercicio

del

Derecho

a

la

Expresión

Judicial,

porque

alegadamente la Juez Hernández Torres no había solicitado

autorización al Juez Presidente o a la Directora de la

Administración

de

Tribunales

para

participar

en

las

referidas entrevistas. Cabe señalar, repetimos, que en el

Informe de Determinación de Causa, la Comisionada entendió

que la Juez Hernández Torres no había violado el Canon V,

ni la Circular Número 3 de 22 de agosto de 1994.2

_________________________

Tercer Cargo:

La Hon. Zaida Hernández Torres incumplió con sus

deberes y obligaciones administrativas impuestas por

leyes,

reglamentos

e

instrucciones

de

la

Administración de los Tribunales sobre el ejercicio

del derecho a la expresión judicial, al no solicitar

autorización al Juez Presidente a través de la

Directora Administrativa de los Tribunales sobre su

intención de participar en entrevistas o cualquier

actividad informativa.

Esa conducta es contraria al Canon V de los Cánones de

Ética Judicial de Puerto Rico, el cual obliga a todo

Juez o Jueza a cumplir cuidadosa y diligentemente las

obligaciones administrativas que le imponen las leyes

y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las

instrucciones de la Oficina de Administración de los

Tribunales.

En dicho contexto, la conducta de la Jueza Hernández

Torres viola lo dispuesto en la Circular Numero 3 de

22 de agosto de 1994, Año Fiscal 1994-1995 denominada

Criterios para Orientar el Ejercicio del Derecho a la

Expresión Judicial.

2

Esta última fue formulada por el entonces Juez Presidente

del Tribunal Supremo para establecer unas guías para los

jueces que quisieran expresarse en torno a las enmiendas

constitucionales que serían objeto del referéndum de 1994.

7

AD-2001-3

En su contestación a la querella presentada en su

contra, la Juez Hernández Torres negó que su conducta fuera

violatoria

de

los

Cánones

imputados.

Al

fundamentar

su

posición, relató varios incidentes reseñados por la prensa

en

que

distintos

jueces

han

hecho

expresiones

que

alegadamente podrían ser calificadas como violatorias de

los Cánones de Ética Judicial. Alegó, además, que el Canon

XIII no ofrecía criterios ni guías específicas mediante las

cuales

un

juez

pudiera

saber

con

certeza

qué

tipo

de

expresión pudiera ser violatoria del mismo; razón por la

cual, según la querellada, los jueces no tenían criterios

fijos

para

decidir

qué

era

correcto

y

qué

no.

Indicó

además, que en la jurisprudencia de este Tribunal tampoco

había una interpretación clara del referido Canon XIII.

En

particular,

y

en

lo

referente

al

anuncio

periodístico por el cual se le radicó la querella, la Juez

Hernández Torres alegó que no había criticado a uno o

varios

políticos

en

específico,

sino

que

había

hecho

expresiones generales y vagas en torno a la productividad

de la mayoría de los componentes de la Cámara. Sobre su

comentario en cuanto a la igual distribución de recursos a

todos los legisladores, la Juez Hernández Torres alegó que

éste

no

cumplía

con

los

criterios

establecidos

por

la

Comisión al: (1) no delatar su preferencia política en

términos

adelantar

de

partidos

los

políticos

programas

de

y;

algún

(2)

al

no

apoyar

o

partido

o

ideología

política. Idénticos fundamentos utilizó para sostener que

8

AD-2001-3

su comentario sobre la minoría legislativa no violaba el

Canon XIII.

De igual forma, la Juez Hernández Torres sostuvo que

las

expresiones

vertidas

en

el

artículo

periodístico

tampoco eran violatorias del Canon I, ya que ésta no había

atacado a la Legislatura, sino que meramente le había hecho

una “crítica” cándida y de buena fe.

Por último, y en cuanto a los comentarios sobre la

situación

del

Legislador

a

Tiempo

Completo,

la

Juez

Hernández Torres expresó que, si alguna controversia sobre

la

misma

tendría

llegara

la

ante

su

consideración,

ella

alternativa

de

inhibirse

abstenerse

y

siempre

de

resolver sobre ese asunto. Además, señaló que el opinar

sobre

las

deficiencias

de

una

legislación

y

ofrecer

modificaciones a la misma no era algo vedado a los jueces.

La

querellada,

además,

solicitó

que

la

Comisión

desestimara los cargos presentados contra ésta en torno a

violaciones a la Circular Núm. 3 de 22 de agosto de 1994, y

el

Canon

V,

por

cuanto

los

mismos

ya

habían

sido

desestimados en el informe de la Comisionada y la OAT no

había solicitado la reconsideración de dicha determinación,

por lo cual estaba impedida de presentarlos.

Por su parte, la OAT se opuso a que dichos cargos

fuesen

desestimados

y

reafirmó

que

la

conducta

de

la

querellada violaba tanto el Canon V, que obligaba a todo

juez o jueza a cumplir las obligaciones administrativas que

9

AD-2001-3

imponen

las

leyes

y

reglamentos

aplicables

a

efectos,

la

la

Rama

Judicial y la Circular Núm. 3.

Mediante

determinó

cuanto

que

a

resolución

a

esos

únicamente

se

había

las

expresiones

encontrado

vertidas

en

el

Comisión

causa

en

artículo

periodístico que correspondía al Anejo 21 del informe de la

OAT y que todos los demás cargos habían sido desestimados3.

Posteriormente,

el

31

de

julio

de

2001,

la

Comisión

concedió plazo a las partes para efectuar el descubrimiento

de prueba que entendieran fuese necesario. Presentado el

Informe de Conferencia entre las Partes, la OAT anunció

como

testigo

de

cargo

durante

la

vista

a

la

Juez

querellada. La representación legal de la querellada se

opuso a dicha citación y fundamentó su oposición en la

Regla

29

de

las

Reglas

de

Procedimiento

para

Acciones

Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de

Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del

Tribunal de Apelaciones, 131 D.P.R. 630 (1992). Mediante

resolución a esos efectos, la Comisión denegó la petición

de la OAT de traer como testigo a la Juez Hernández Torres.

Inconforme, la OAT compareció a este Tribunal en revisión

de la anterior determinación. Mediante Opinión Per Curiam

emitida

el

15

de

marzo

de

2005,

confirmamos

la

determinación de la Comisión.

3

La referida determinación –-en cuanto a que el tercer

cargo se había desestimado-- quedó reafirmada en una

resolución posterior emitida por la Comisión el 3 de abril

de 2002.

10

AD-2001-3

Así las cosas, y culminada la vista evidenciaria en

donde

tanto

la

parte

querellante

como

la

querellada

presentaron prueba testifical y documental, quedó admitido

en evidencia, entre otros documentos, el antes mencionado

artículo periodístico que contenía la entrevista realizada

a la querellada.

I

Los hechos incontrovertidos, según surge del informe

preparado por la Comisión son los siguientes: el 25 de

enero

de

2000,

la

Juez

Hernández

Torres

concedió

una

entrevista en su oficina en el Tribunal de Apelaciones a la

periodista Magdalys Rodríguez del periódico El Nuevo Día.

El

referido

entrevista

periódico

titulados

legislativa”.

publicó

“La

dos

testigo

artículos

estrella”

y

sobre

“Ve

la

caída

El informe de la Comisión resume este último

artículo de la siguiente forma:

El artículo “Ve caída legislativa” trató en

específico sobre aspectos relacionados con la

Asamblea Legislativa. En el mismo la Juez

Hernández Torres mencionó que ha bajado mucho la

calidad del trabajo en la Legislatura, y que la

productividad no podía medirse a base de los

proyectos

presentados

sino

a

base

de

la

asistencia a las comisiones. A su entender el

verdadero trabajo se lleva a cabo en las

comisiones y no brindando un “discurso de

barricada”

en

el

hemiciclo;

veía

pocos

legisladores comprometidos con el trabajo en de

las comisiones. Según la Juez Hernández Torres

era un error brindar la misma cantidad de

recursos a todos los legisladores ya que esto

ocasionaba

que

la

Legislatura

fuera

menos

activa. Consideraba que la fiscalización de las

minorías parlamentarias había disminuido en

comparación al trabajo realizado por la Juez

Hernández Torres y sus compañeros cuando ésta

11

AD-2001-3

formaba parte de la minoría. En cuanto a la ley

del Legislador a Tiempo Completo, opinaba que no

era un mecanismo efectivo ya que no se logró que

tuviera realmente el efecto de un legislador a

tiempo completo. La legislación no tuvo el

efecto de limitar las fuentes de ingresos de

todos los legisladores sino sólo de un grupo,

por ejemplo, a los profesionales.4 (Énfasis

suplido).

4

A continuación, algunas de las expresiones vertidas por

la Juez Hernández Torres en la referida entrevista:

¿Qué le parece la productividad?

- “Sabes, la productividad no puede medirse a base de

los proyectos que se radican. La productividad,

siempre he dicho, se tiene que medir a base de tu

asistencia a las comisiones. El verdadero trabajo

importante se hace en las comisiones. No es en el

hemiciclo dando un discurso de barricada. Es en las

comisiones haciendo preguntas correctas para enmendar

legislación, para asumir posición en torno a esa

legislación, para cuando vayas al hemiciclo puedas

tener no un discurso de barricada, sino de contenido

de ese proyecto. Y yo veo que hay muy poco legislador

comprometido con ese trabajo de comisión. Siempre veo

los mismos, los mismos, que trabajan y ahora, veo con

tristeza y me pregunto: ¿por qué se va Néstor Aponte?,

¿por qué se va Leo Díaz?, ¿por qué se fue Pedro

Figueroa?, ¿por qué veo apagado a Aníbal Vega Borges?,

¿por qué no escucho mucho a otros legisladores que

antes se escuchaban, como Ángel Cintrón?”

¿Podría ser por razones ajenas al proceso político,

podría ser porque están cansados de la política?

- “Creo que no. Conmigo trabajaron mucho y nunca se

quejaron de cansancio. Al contrario, por que cuando yo

le daba encomiendas a cualquiera de ellos, a Toñito

Silva, a Rolan Maldonado, yo sentía que ellos

agradecían que yo les diera la oportunidad de

representarme y siempre me trajeron buenos comentarios

de la representación. Depende de cómo tú manejes los

talentos que tienes allí. Si tú marginas los talentos

o no les das los recursos, por alegadamente darle los

recursos iguales a todos, lo cual es un error, vas a

tener una Legislatura menos activa.”

¿Qué le parece la fiscalización de las minorías?

- “Bahh. Como fui minoría y me lo disfruté. (Medita unos

segundos). No sé, no los entiendo (risas).”

(Continúa . . .)

AD-2001-3

12

_________________________

- “Las delegaciones del Partido Popular y del Partido

Independentista se justifican diciendo que ahora hay

más

oficinas

del

Gobierno

encargadas

de

la

fiscalización. Se quejan de que la mayoría no les

aprueba sus peticiones de investigación.”

- “Yo no recuerdo que a mí me hayan aprobado una sola

resolución de investigación cuando yo era minoría. Y

eso

no

era

óbice

para

que

yo

hiciera

mis

investigaciones e hiciera mis denuncias y las pudiera

probar,

por

supuesto.

Allá

cada

cual

con

su

conciencia, pero se planteaba el issue. Y eso a la

larga hace efecto por que tapar tanta cosa, por que no

darle paso a unas cosas. Y entonces cuando llega el

otro partido hace lo mismo, más que por razón, por la

emoción.

Creo

un

poco,

creo

que

eso

se

ha

desacreditado. Pero no veo una fiscalización como la

había cuando yo era minoría. Jamás. Tanto cuando era

portavoz José Granados como cuando era portavoz Edison

Misla cada uno de nosotros teníamos unas funciones que

escogíamos para fiscalizar. Tú sabes que fuimos a los

Tribunales por el presupuesto, por la Oficina de

Puerto Rico en New York, se sentaron casos, que ahora

son precedentes.”

¿Qué usted opina sobre la legislación del Legislador a

Tiempo Completo?

- “Yo defendí la legislación, pero no creo que la pieza

legislativa que se consiguió realmente tenga los

efectos de un legislador a tiempo completo y creo que

hasta ha desalentado a algunos buenos. El que quiere

seguir violando la ley la sigue violando y a mí nunca

me ha gustado aprobar leyes por aparentar. No creo que

fue un mecanismo efectivo.”

¿Por qué es flexible o es rígida?

- “En cierto aspecto parece ser rígida, pero es

flexible. La prohibición de generar ingresos de otras

fuentes, tal y como está, a quien limita es a los

profesionales, pero no al que tenga un negocio;

particularmente limita a los abogados, a los médicos.

Pero si tienes un negocio, con el solo hecho de

ponerlo en un fideicomiso, pasarlo a nombre de un

pariente, pues, tan sencillo como eso. Limita a un

grupo, no a todos. Así que unos la pueden burlar y

otros no. Es una inequidad.” (Énfasis nuestro).

-

13

AD-2001-3

Sobre

el

contenido

de

la

entrevista

no

hay

controversia. La Juez Hernández Torres no levantó tampoco

alguna objeción en cuanto a su admisibilidad.

Analizado el referido artículo, la Comisión expresó

que los Cánones de Ética Judicial contenían unas guías

mínimas

de

jueces

y

conducta

que

que

debían

contenían

ser

numerosas

observadas

por

los

limitaciones

a

las

expresiones que podían hacer los jueces y juezas. Dichas

limitaciones, según la Comisión, tenían su fundamento en el

mismo

poder

que

tiene

este

Tribunal

para

aprobar

los

referidos Cánones y que se derivaban además de la Sección

12 del Artículo V de la Constitución del E.L.A.

En

cuanto

a

de

los

expresión

las

limitaciones

jueces

sobre

a

la

asuntos

libertad

de

de

naturaleza

político-partidista, la Comisión determinó que, según In re

Solicitud

Cepeda

García,

130

D.P.R.

expresiones

de

juez

podrían

en

un

18

(1992),

ocasiones

las

adquirir

matices políticos y aun así no necesariamente convertirse

en conducta contraria a los Cánones de Ética Judicial.

Sobre el asunto específico de las manifestaciones de

la Juez Hernández Torres, la Comisión determinó que las

expresiones

contenidas

en

estrella”

y

“Ve

legislativa”

comentar

una

partícipe

y

caída

situación

tuvo

en

la

la

conocimiento

entrevista

cual

estaban

la

“La

testigo

dirigidas

querellada

mientras

fungía

a

fue

como

Presidenta de la Cámara de Representantes (la investigación

del llamado caso del “Instituto del Sida”). La Comisión

14

AD-2001-3

expresó que fue dentro de este contexto que la querellada

pasó juicio sobre la productividad legislativa, criticó

determinadas políticas seguidas por esa Rama, y criticó el

rol

asumido

por

las

minorías

parlamentarias.

Añadió

la

Comisión que dentro de la entrevista, la Juez también se

había

expresado

sentimientos

sobre

personales

su

experiencia

sobre

si

como

regresaría

juez

o

no

sus

a

la

política, su estado de salud y su opinión sobre la llamada

Ley del Legislador a Tiempo Completo.

La

Comisión

expresó

que

la

Juez

Hernández

Torres,

aunque debió conocer lo delicado de la situación a la que

se exponía, no violó ni el Canon I, ni el Canon XIII de

Ética

Judicial,

realizadas

en

ante.

la

Determinó,

entrevista

que

aunque

las

fueron

expresiones

“de

carácter

personal, y en ocasiones anecdóticas, están revestidas de

algún interés público aunque no involucran ni atañen de

forma directa a la Rama Judicial ni al ministerio que hoy

ejerce la [q]uerellada”. Expresó además la Comisión que

estas

expresiones

más

bien

podían

adquirir

“matices

políticos” y que, a lo sumo, reflejaron “gran insensatez”.

En fin, la Comisión concluyó, que tales expresiones,

analizadas en el conjunto de la entrevista publicada no

eran aquellas de carácter político partidista que el Canon

XIII prohibía, ni podía considerarse que éstas buscaron o

entablaron una polémica con la Rama Legislativa, razón por

la cual no encontró violación ética alguna.

15

AD-2001-3

II

Los

Cánones

de

Ética

Judicial

que

venían

rigiendo

desde el 1977 fueron recientemente enmendados y sustituidos

por los nuevos Cánones aprobados por este Tribunal mediante

Resolución de 5 de abril de 2005. Los referidos Cánones

entraron en vigor el 5 de octubre de este mismo año. In re

Aprobación de Cánones de Ética Judicial de 2005, res. 5 de

abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 39. Sin embargo, los hechos

del presente caso ocurrieron antes de dicha enmienda, por

lo cual nuestra discusión se basa en los Cánones de 1977.

Según

el

Canon

miembros

de

la

delicada

función,

I

Rama

de

este

cuerpo

de

en

el

ejercicio

por

que

sus

Judicial,

deben

velar

normas,

de

los

su

actuaciones

respondan a normas de conducta que honren la integridad e

independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la

confianza en la Judicatura.

La

referida

disposición,

como

precepto

general,

establece la importancia de que con su conducta los jueces

y juezas ayuden a mantener la fe del pueblo en la justicia

a través de su integridad e imparcialidad. Rafael J. Torres

Torres,

Cánones

Comentarios,

de

FORUM

Ética

1-4,

Judicial

octubre

1993,

de

Puerto

pág.

7;

Rico,

In

re

Velázquez Hernández, res. el 23 de junio de 2004, 2004 TSPR

107.

La confianza de una sociedad en su sistema de justicia

depende en buena medida de la confianza que se tenga en los

hombres que tienen la responsabilidad de impartirla y, por

16

AD-2001-3

otro lado, del buen funcionamiento del sistema, es decir,

de

la

eficiencia

con

que

esas

personas

desempeñan

la

función judicial. Secretariado de la Conferencia Judicial,

La Judicatura Puertorriqueña, octubre de 1981, pág. 147.5

En

aras

de

proteger

el

principio

de

mantener

la

confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia, los

Cánones de Ética Judicial establecen unas normas mínimas

que

rigen

la

obligaciones

conducta

más

de

los

elementales

jueces.

que

Éstas

deben

son

“las

cumplir

los

encargados de ejecutar nuestro sistema de justicia”. In re

Hon. Ferrán Quintana, ante. Dichas normas son aplicables

tanto en el ejercicio de sus funciones judiciales como en

sus vidas privadas. Véase: In re González Acevedo. “Su

aplicación en la vida de los jueces y juezas, tanto en sus

actuaciones que tienen trascendencia pública como en los

asuntos

propios

del

ámbito

personal

y

familiar

no

es

arbitraria. Es, más bien, autoimpuesta, pues su aceptación

como marco normativo es consustancial al consentimiento que

cada Juez y Jueza ha prestado al aceptar el cargo”. Ibid.

(Énfasis nuestro).

Las limitaciones que los Cánones de Ética Judicial

imponen a la conducta de los jueces son consustanciales con

el poder que tiene este Tribunal de reglamentarla. Este

poder emana de La Ley de la Judicatura del 2003, Ley Núm.

201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq., la

5

Citado en In re Hon. Ferrán Quintana, res. el 28 de junio

de 2002, 2002 T.S.P.R. 93.

17

AD-2001-3

cual establece, entre otras cosas, la obligación de este

Tribunal de adoptar e implantar Cánones de Ética Judicial

que rijan la conducta de los Jueces y Juezas de Puerto

Rico.

Se

dispone,

además,

que

los

Cánones

adoptados

"deberán reflejar las expectativas de la sociedad respecto

a la judicatura, establecer la relación fiduciaria que debe

existir entre el juez y la comunidad y servir de base para

la selección y nombramiento de los mejores candidatos". 4

L.P.R.A. sec. 24(d). Así, los referidos Cánones contienen

restricciones que, por la naturaleza de su ministerio debe

imponerse

el

juez

tanto

en

su

conducta

judicial,

como

extrajudicial.6 Al asumir el cargo éste acepta, también,

6

A modo de ejemplo: deber de respeto y de abstenerse de

hacer críticas infundadas o innecesarias que tiendan a

desprestigiar a sus compañeros jueces; abstenerse de hacer

recomendaciones sobre abogados o abogadas específicos a

utilizarse con respecto a controversias entre ciudadanos;

excluir de su conducta toda apariencia de que es

susceptible a actuar a base de influencia de personas,

grupos o partidos, el clamor público, consideraciones de

popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias;

abstenerse de unirse en solidaridad con cualquiera de las

partes en un procedimiento; no celebrar entrevistas

privadas con las partes o sus abogadas o abogados; tratar

con consideración y respeto a los abogados y a las

abogadas, a testigos, jurados, funcionarias o funcionarios

del tribunal y a toda persona que comparezca ante el

tribunal; mantener su conducta dentro de la debida

propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o

severidad excesivas.

Tampoco hacer comentarios ni gestos ajenos al proceso

judicial,

entendiéndose

comprendidos

dentro

de

esta

prohibición, aquellos comentarios, expresiones o gestos que

envuelvan burla o mofa. Comportarse públicamente de manera

que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capacidad

para adjudicar imparcialmente las controversias judiciales

no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el

cabal desempeño de sus funciones judiciales; no hacer

(Continúa . . .)

18

AD-2001-3

ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio

de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás

actividades,

ya

sean

personales

o

profesionales.

Estas

limitaciones, si bien no les privan de los derechos que

poseen

como

miembros

de

nuestra

sociedad,

representan

sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la

integridad e independencia de su ministerio y estimulan el

respeto y la confianza en la judicatura. Ibid.

III

No hay duda entonces que al aceptar su cargo, el juez

renuncia a ciertas libertades, en especial, en el ámbito de

la libertad de expresión y de asociación. En lo pertinente

al presente caso, el Canon XIII de Ética Judicial, ante7,

disponía, que:

_________________________

declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos

ante su consideración, ni explicar la razón de sus

actuaciones. Cánones IV, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XXIV,

y XXV de los Cánones de Ética de 1977; Cánones V, VI, VIII,

XI, XII, XIII, XIV, XXIII, y XIX de los Cánones de Ética de

2005.

7

Este Canon fue sustituido por el Canon XXVIII de los

nuevos Cánones de Ética Judicial de 2005. Este último

dispone, en lo pertinente, que:

Las juezas y los jueces se abstendrán de

participar en el proceso político, sin menoscabo

de su derecho al sufragio, a sus propias ideas

sobre cuestiones políticas y a los deberes y

funciones que les asignan las leyes y los

reglamentos electorales. Sin que la siguiente

enumeración excluya otras actividades, que por

su carácter político le están vedadas, las

juezas y los jueces no podrán:

(Continúa . . .)

AD-2001-3

19

Los Jueces y las Juezas deben proteger la

independencia del poder judicial como factor de

equilibrio en la estructura gubernamental de

nuestro sistema de vida democrática. A tal fin,

el Juez o la Jueza debe abstenerse de participar

en el proceso político, sin menoscabo, desde

luego, de su derecho al sufragio, a sus propias

ideas sobre cuestiones políticas, y a los

deberes y funciones que le fijan las leyes y

reglamentos electorales.

Sin que la siguiente enumeración excluya otras

actividades que por su carácter político le

están vedadas, el Juez o la Jueza no debe:

…

(f) Hacer expresiones, comentarios o manifestaciones

públicas sobre asuntos o actos de

naturaleza

político partidista.

…

(i) Atacar públicamente o entablar polémicas con

candidatos o candidatas o líderes políticos, sin

menoscabo, desde luego, de su derecho a defenderse de

ataques abusivos a su persona o a su honra.

…

El Juez o la Jueza debe estar y sentirse exento de

toda influencia política y no debe dar base con su

conducta para la creencia de que sus ideas políticas

influyen

en

el

cumplimiento

de

sus

funciones

judiciales.

El referido Canon XIII tiene como base la Sección 12

del Artículo V de la Constitución del E.L.A., L.P.R.A.,

Tomo I, el cual establece con relación a las actividades

políticas de los jueces que:

Ningún juez aportará dinero, en forma directa o

indirecta,

a

organizaciones

o

partidos

políticos, ni desempeñará cargos en la dirección

de

los

mismos

o

participará

en

campañas

políticas de clase alguna, ni podrá postularse

para un cargo público electivo a menos que haya

renunciado al de juez por lo menos seis meses

antes de su nominación.

_________________________

e.

hacer

expresiones,

comentarios

o

manifestaciones públicas sobre asuntos o actos

de naturaleza político-partidista; (…) (citas

omitidas).

20

AD-2001-3

En

esencia,

el

Canon

XIII

hace

un

listado,

no

taxativo, de actividades y expresiones “políticas” que le

están vedadas a los jueces. Así, por ejemplo, prohíbe que

los jueces participen en campañas políticas; ocupen cargos

políticos;

partidos

aporten

dinero

políticos;

asambleas,

a

participen

primarias

u

otros

candidatos,

en

organismos

reuniones,

actos

o

tertulias,

políticos;

endosen

candidatos para posiciones de nombramiento gubernamental o

líderes políticos; mantengan relaciones estrechas que le

identifiquen con figuras o líderes políticos; participen en

reuniones

con

funcionarios

estrecha

relación

con

sobre

asuntos

asuntos

políticos;

que

guarden

fomenten

los

intereses de organismo o partido político alguno, etc.8

Incisos (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), y (j) del Canon

XIII.

El

fin

de

estas

prohibiciones

es

mantener

la

independencia judicial, principio fundamental de nuestro

ordenamiento judicial. El propósito del mencionado Canon,

en conjunto con la antes citada disposición constitucional,

es prohibir todo tipo de participación de los jueces en las

controversias relativas a asuntos políticos que se llevan a

8

En consecución del principio que el juez debe estar

exento de toda parcialidad política y no dar base con su

conducta a la creencia de que sus ideas políticas ejercen

sobre él alguna influencia en el cumplimiento de sus

funciones judiciales, este Tribunal, mediante resolución de

6 de diciembre de 1974, prohibió la participación de los

jueces en primarias que celebrara partido político alguno.

En este año, se trataba del Canon 18 de Ética Judicial de

1957, del cual proviene el Canon 13 de 1977.

21

AD-2001-3

cabo en nuestro País o que éstos se involucren de cualquier

forma en el quehacer político del País. La razón de ser de

este Canon es que la participación de jueces en la esfera

política podría tener el efecto de desmerecer y lesionar la

imagen del juez en la comunidad en que ejerce su delicado

ministerio

ya

que

dicha

participación

puede

causar

divisiones, y enconos, no sólo entre la ciudadanía y la

Judicatura sino entre los propios integrantes de la Rama

Judicial.

El asunto de la participación de los jueces en asuntos

“políticos” ha sido objeto de análisis en varias decisiones

de este Tribunal. En el 1980, en el caso de Ortiz Angleró

v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980), --ante una posible

expresión

del

Tribunal

legalidad

del

Referéndum

constitucional

que

sobre

sobre

afectaba

el

la

constitucionalidad

la

propuesta

derecho

y

enmienda

absoluto

a

la

fianza-- este Tribunal expresó que el asunto de si "debe o

no enmendarse la Constitución del Estado Libre Asociado

para limitar el derecho a fianza ... es una controversia de

índole

política

sobre

la

que

este

Tribunal

no

puede

pronunciarse".9

9

El ex-Juez Negrón García, en su Opinión concurrente,

abordó el tema de las expresiones públicas de los jueces y

su posible efecto en la ciudadanía y en la imagen de

imparcialidad de la rama judicial. A esos efectos expresó

en cuanto al Canon XIII que el mismo constituía una

inhibición ética dimanante del cargo que existía sin

perjuicio al derecho al sufragio ni a tener creencias o

ideas políticas.

22

AD-2001-3

Por otro lado, en el 1988 el entonces Juez Presidente

Pons

Núnez

y

el

entonces

Juez

Asociado

Negrón

García

criticaron a la Ramas Ejecutiva y Legislativa por intentar

sustituir

al

Juez

Arbona

Lago

como

Juez

del

Tribunal

Superior.10 Las mencionadas expresiones fueron apoyadas por

este Tribunal, y tuvieron como resultado la celebración de

10

El entonces Juez Presidente Pons Núñez se expresó de la

siguiente forma:

Una de las mayores responsabilidades que tiene

la Rama Judicial es proteger los intereses

particulares y sociales de los ciudadanos en

contra de los errores y abusos de poder de los

organismos gubernamentales.

En el caso particular del Juez Arbona, por su

claro, limpio y distinguido historial, la falta

de explicación para su sustitución [--]combinada

con

determinaciones

judiciales

suyas

desfavorables a organismos gubernamentales[--]

da lugar a la especulación prevaleciente de que

su sustitución obedece a recomendaciones y

juicios [fundados] en criterios ajenos a las más

sanas normas democráticas susceptibles a ser

interpretados

como

atentatorios

contra

la

independencia de criterio judicial.

Por su parte, el entonces Juez Asociado Negrón García

expresó lo siguiente:

La percepción pública es que lamentablemente el

Primer Ejecutivo ha sido mal informado y que su

determinación responde a fuentes divergentes

sobre los méritos del Juez Arbona Lago y al

carácter absoluto del ejercicio de su facultad

constitucional. El primer aspecto es crucial.

Por naturaleza de las funciones judiciales, toda

decisión se presta a ser defendida por el

favorecido y rechazada por el litigante o

abogado insatisfecho. Sin embargo, dentro de la

natural

discrepancia

y

confrontación

de

criterios, las fuentes de acceso subrepticias,

incógnitas y directas al oído del Primer

Ejecutivo

conllevan

el

peligro

de

estar

matizadas de revanchismo personal.

AD-2001-3

23

una Sesión Especial de la Conferencia Judicial para tratar

el tema de la independencia judicial. Véase: Convocatoria a

una Sesión Especial de la Conferencia Judicial. 120 D.P.R.

838 (1988). En relación con dichas expresiones no se inició

procedimiento alguno contra los referidos Jueces ni surgió

controversia alguna por alegadas violaciones a los Cánones

de Ética.11

11

A esos efectos; durante la celebración de la mencionada

Sesión Especial de la Conferencia Judicial, el Juez

Asociado Rebollo López emitió una Opinión disidente en la

cual se expresó en los siguientes términos:

El caso del Hon. Guillermo Arbona Lago, ‘juez símbolo’

de esta Sesión Especial sobre independencia judicial,

es triplemente trágico.

En primer lugar, se trata del intento, a destiempo, de

sustituir a un juez laborioso, eficiente, competente,

honrado e íntegro que a través de doce (12) largos

años ha honrado y le ha dado lustre, por medio de sus

ejecutorias, a la Judicatura puertorriqueña. Se trata,

en resumen, de un atentado, en su forma más cruda,

contra un miembro de la Judicatura puertorriqueña.

En la única ocasión en que un ser humano accede

voluntariamente a que se le ampute una parte de su

cuerpo es cuando la misma está dañada y enferma y

constituye una amenaza para su salud y bienestar

general.

El Poder Judicial es un solo cuerpo. La acción de

sustituir al compañero Arbona Lago constituye un

intento de cercenar una parte saludable y llena de

vida de ese cuerpo judicial. Sorprende, en su

consecuencia, que la cabeza de ese cuerpo judicial -el Tribunal Supremo-- no se exprese en el día de hoy

en evitación de esa amputación.

Aparte del mensaje escalofriante que tiene esta acción

del Poder Ejecutivo sobre el resto de la actual

Judicatura puertorriqueña, el mismo tendrá un efecto

extraordinariamente nocivo a largo plazo sobre dicha

Judicatura en el aspecto de reclutamiento. Cabe

preguntarse, ¿qué joven abogado competente estará en

el futuro en disposición de abrazar la carrera

(Continúa . . .)

24

AD-2001-3

En

In

Solicitud

re

Cepeda

García,

130

D.P.R.

18

(1992), atendimos una querella presentada como consecuencia

de unas críticas realizadas por dos Jueces de este Tribunal

al

entonces

Gobernador

por

la

práctica

de

nombrar

a

políticos a puestos en la Judicatura. En aquella ocasión,

hicimos referencia a otras instancias en que Jueces de este

Foro habían realizado manifestaciones que podrían adquirir

trascendencia política. Por ejemplo, la ocasión en que el

entonces Juez Presidente Trías Monge se expresó, en un

Mensaje

a

criticando

la

a

Asociación

la

Policía

de

de

Miembros

Puerto

de

Rico

la

por

Policía,

estar

muy

“politizada”. 12 En este caso, a pesar del “matiz político”

que

tomaron

dichas

expresiones,

este

Tribunal

no

se

pronunció sobre la aplicación de los Cánones de Ética en

cuanto a la conducta del entonces Juez Presidente.

Sobre

las

querellados,

expresiones

este

Tribunal

particulares

expresó

en

de

In

los

re

jueces

Solicitud

Cepeda García, ante, que:

Al cumplir con el deber de fortalecer la Rama

Judicial, los jueces debemos prudencialmente

_________________________

judicial cuando su permanencia en la misma va a

depender del capricho incomprensible de una persona?

Contra el Juez Asociado Rebollo López tampoco se

inició procedimiento alguno por violación a los Cánones de

Ética Judicial. Claro está, dichas manifestaciones se

hicieron en defensa de la independencia judicial. Véase: In

re Conferencia Judicial de Puerto Rico, 122 D.P.R. 420

(1988).

12

Como consecuencia de dichas expresiones, el referido

funcionario tuvo que inhibirse de participar en un caso

relacionado con sus expresiones. Véase a esos efectos:

Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205

(1982).

25

AD-2001-3

evitar pronunciamientos y juicios a destiempo

sobre asuntos sometidos a su consideración o que

podrían ser susceptibles a serles sometidos.

Ahora bien, el hecho de que alguna manifestación

de un juez de este Tribunal adquiera matices

políticos y lo involucre en una controversia

pública

no

necesariamente

convierte

dicha

conducta en una contraria a los cánones de ética

judicial. A lo sumo, podría resultar, como

ocurrió

en

el

caso

de

Santiago

v.

Superintendente de la Policía, supra, que los

jueces involucrados en el debate público se

tengan que inhibir en cualquier caso que surja

relacionado con la polémica. Ibid a la pág. 28.

(Énfasis nuestro).

Este Tribunal, en el citado caso de Cepeda, ante,

resolvió que los Jueces no habían violado el Canon XIII

porque

sus

integridad

expresiones

y

la

estaban

independencia

dirigidas

de

la

a

Rama

defender

la

Judicial.

El

Tribunal procedió a ordenar el archivo de la queja, “por

falta de jurisdicción”, por razón de no tener autoridad

para disciplinar a sus miembros.

En In re Vigencia de Limitaciones Constitucionales y

Éticas

Aplicables

Puertorriqueña

a

los

Miembros

de

ante

el

Referéndum

la

Judicatura

de

Enmiendas

Constitucionales de 6 de noviembre de 1994, 136 D.P.R. 693

(1994),

este

Tribunal

se

enfrentó

a

una

solicitud

presentada por varias personas para que se emitiera una

resolución que prohibiera a todos los jueces del país que

participaran, directa o indirectamente, en actividades a

favor o en contra de la enmienda constitucional propuesta

en el Referéndum de 6 de noviembre de 1994 sobre cómo se

determinaría el número de integrantes de este Tribunal.

Debe

señalarse

que

se

había

presentado,

además,

una

26

AD-2001-3

querella contra el Juez Pierre Vivoni por haber estado

participando

de

forma

activa

en

el

debate

público

con

relación a la aludida enmienda constitucional propuesta. En

dicho caso, emitimos resolución a los efectos de declarar

no ha lugar la solicitud presentada y archivar la querella

contra el Juez Pierre Vivoni por inmeritoria.

Sobre el aspecto de la prohibición en cuanto a que los

jueces participaran en campañas políticas, en dicho caso

determinamos

que

la

Sección

12

del

Artículo

V

de

la

Constitución y el Canon XIII se referían a la intervención

de

éstos

en

la

promoción

de

candidaturas

a

cargos

electivos, a su colaboración con el proselitismo partidista

y otras actividades de naturaleza similar. “De ningún modo

vedan la expresión pública de los jueces sobre sus propias

ideas acerca de los asuntos que atañen a la Rama Judicial

cuando

se

reuniones

hace

o

en

foros

asambleas

de

idóneos

que

no

sean

actos,

carácter

político-partidista.”

P.694. (Énfasis nuestro).

Expresamos,

ejercicio

de

además,

libertad

cumplimiento

con

independencia

del

el

en

de

deber

Poder

el

citado

expresión

de

de

defender

Judicial,

caso,

que

el

los

jueces,

en

y

promover

la

estaba

protegido

cabalmente tanto por la Constitución de Estados Unidos y la

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por los

Cánones

de

Ética

Judicial

y

por

el

Código

de

Profesional que rige a los abogados de Puerto Rico.

Ética

27

AD-2001-3

Allí enfatizamos que la independencia judicial no era

un asunto de naturaleza político-partidista y que por ello,

no

podía

estar

públicamente

vedado

dicho

que

los

principio.

A

jueces

diferencia

dilucidaran

del

caso

de

Ortiz Angleró, ante, aquí se trataba de un asunto que

afectaba

la

Rama

participación

de

Judicial

los

y

por

jueces.

ello

Además,

se

autorizó

citando

a

In

la

re

Solicitud Cepeda García, ante; Retiro del Hon. Víctor M.

Pons

Núñez,

129

D.P.R.

931

(1992);

y

Convoc.

Sesión

Especial Conf. Judicial, ante, reiteramos que el hecho de

que alguna manifestación de un juez, en defensa de la

independencia judicial, coincidiera con una controversia

pública

con

matices

políticos

no

deslegitimizaba

tal

manifestación. Ibid, pág. 695.

En consecuencia, de un análisis del entonces vigente

Canon

XIII,

del

constitucional

actual

que

los

Canon

XXVIII,

inspira,

y

podemos

del

precepto

razonablemente

concluir que la prohibición a los jueces en cuanto a no

hacer

manifestaciones

político-partidistas

--dentro

del

contexto del propósito general de los referidos Cánones y

en situaciones que no tengan nada que ver con la defensa de

la

independencia

manifestación

que

judicial--

incluye

toda

aquella

claramente

identifique

su

ideología

política o que induzca a pensar que está afiliado con algún

partido político, que exalte o promueva alguna ideología, a

algún partido o a sus miembros sobre otro, o que critique

sus

ejecutorias;

de

modo

que

pueda

inferirse

que

sus

28

AD-2001-3

funciones

pudieran

ser

afectadas

por

sus

creencias

políticas. Dichas expresiones serían violatorias de los

referidos Cánones.

Repetimos, el fin esencial del Canon XIII, y el ahora

vigente Canon XXVIII, es mantener a los jueces y juezas con

independencia de criterio, que ejerzan sus funciones libres

de todo favoritismo político que afecte la adjudicación

imparcial de las controversias y evitar de esta forma el

proselitismo político en la Judicatura.13 De esta forma se

logra que la comunidad tenga la confianza que las ideas

políticas particulares de cada juez no serán un factor que

afecte su desempeño judicial.

IV

Analizadas las expresiones de la Juez Hernández Torres

dentro de este contexto no coincidimos totalmente con la

determinación de la Comisión en cuanto a que las mismas no

fueron de tal envergadura como para no ser violatorias del

Inciso (f) del Canon XIII de Ética Profesional. En otras

palabras,

somos

manifestaciones

del

de

la

criterio

Juez

que

Hernández

algunas

Torres

de

las

resultan

totalmente incompatibles con el referido Canon XIII.

Es

correcto

que

las

expresiones

que

hiciera

la

querellada en cuanto a la Legislatura se hicieron en forma

13

El principio de independencia judicial ahora se

encuentra consagrado de forma independiente en el Canon II

de los nuevos Cánones de Ética Judicial.

29

AD-2001-3

de crítica general sin que estas constituyeran un plan de

hacer campaña política, ni involucrarse de forma alguna en

el

quehacer

político.

En

ese

sentido,

no

fueron

unas

manifestaciones político-partidistas. Sin embargo, en una

parte de la entrevista en controversia, la Juez Hernández

Torres

criticó,

específicamente,

el

trabajo

de

las

minorías, compuestas por el Partido Popular Democrático y

el

Partido

Independentista

Puertorriqueño,

y

exaltó

la

labor que hicieron tanto ella como José Granados Navedo y

Edison Misla Aldarondo cuando fueron minoría; esto últimos

todos

miembros

mencionó

del

otros

Partido

nombres

Nuevo

de

Progresista;

legisladores

de

además,

este

mismo

partido, infiriendo que éstos sí trabajaban, a diferencia

de los demás.14 Estas expresiones resaltaron, no hay duda,

la imagen de unos miembros de un partido político sobre

otros;

expresiones

que

no

tienen

nada

que

ver

con

la

defensa de la independencia judicial.

En

fin,

la

Juez

Hernández

Torres,

mediante

sus

expresiones, causó la impresión que su función como jueza

se

podría

ver

influenciada

por

sus

ideas

políticas,

situación que precisamente intenta evitar el mencionado

Canon XIII.15 Según mencionáramos anteriormente, el Canon

XIII veda que los jueces hagan manifestaciones político-

14

Nos referimos a las menciones que hiciera a Néstor

Aponte, Leo Díaz, Pedro Figueroa, Aníbal Vega Borges, Ángel

Cintrón, Toñito Silva y Rolan Maldonado.

15

Por ello, no se trata meramente de una “crítica cándida

y de buena fe” como alega la querellada.

30

AD-2001-3

partidistas. Esto incluye, sin limitarse a, manifestaciones

que exalten la labor de miembros de algún partido político.

No incluye, según expresáramos, aquellas manifestaciones

que,

aunque

adquieran

matices

políticos,

se

hagan

en

defensa de la independencia judicial o sobre asuntos que

conciernen a la Rama Judicial.16

El respeto y confianza en la judicatura que tenga la

ciudadanía

conducta

depende,

que

de

observen

manera

los

principalísima,

jueces;

los

cuales

de

la

en

el

desempeño de sus funciones deben ser laboriosos, prudentes,

y, sobre todo, imparciales. “[E]l juez, como tal, es el

árbitro designado por la sociedad, a través del Estado,

para

juzgar

la

conducta

humana.

Para

poder

merecer

el

respeto de la sociedad y el acatamiento de sus decisiones,

ha de ser, y ser visto, como un ser humano sin tacha. Ello

exige, no solamente ser bueno, sino también parecerlo.”

Carlos J. Irizarry Yunque, La Ética Judicial, Forum 1-4,

1993, pág. 4.

El juez tiene que ser previsor y analizar las posibles

consecuencias de sus actos en términos de las impresiones

que podrían recibir terceras personas. Rafael J. Torres

Torres, op. cit. pág. 16. Además, debe siempre estar muy

pendiente de situaciones que puedan afectar negativamente

16

Coincidimos, sin embargo, con la Comisión en cuanto a su

determinación que la Juez Hernández Torres no violó el

Inciso (i) del referido Canon ya que sus críticas se

hicieron a la Legislatura en general y no a algunos de sus

miembros en particular.

31

AD-2001-3

su imagen y poner en duda su sano e independiente criterio

judicial. Luis Mariano Negrón, Ética y Disciplina Judicial

en Puerto Rico, 1987, pág. 131.17

A

esos

efectos,

expresamos

en

re Participación

In

Jueces, 80 D.P.R. 784, 786-787 (1958), que:

Los jueces son parte de la comunidad en que

viven y por la posición que en ésta ocupan son

llamados ocasionalmente a prestar su concurso en

actividades de interés general, sean éstas de

origen

privado

o

estén

auspiciadas

por

funcionarios públicos. Esa cooperación, sin

embargo tiene que darse dentro del marco de la

Constitución, la ley y los Cánones de Ética

Judicial y en armonía con la dignidad y las

funciones de los tribunales. Tales limitaciones

imponen

a

los

jueces

la

obligación

de

cerciorarse,

por

todos

los

medios

dignos

asequibles, de los propósitos y circunstancias

de los actos a los cuales se les invite y de

abstenerse de asistir a aquéllos que por su

carácter les están vedados o que razonablemente

puedan dar lugar a la impresión de que se están

transgrediendo esos límites. Es ésta la única

manera en que puede la judicatura mantener

incólume su reputación de absoluta independencia.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, somos

del

criterio

que

las

expresiones

de

la

Juez

Hernández

Torres, en cuanto pasaron juicio sobre la productividad

legislativa,

específicamente

en

torno

a

su

poca

productividad; constituyeron una crítica sobre determinadas

políticas seguidas por esa Rama, y una crítica sobre el rol

asumido por las minorías parlamentarias, exaltando a otras

minorías específicas de otros tiempos, fueron contrarias a

las

disposiciones

de

los

Cánones

I

y

XIII

de

Ética

Judicial, ante.

17

Citado en In re Ortiz Rivera, res. el 21 de diciembre de

2004, 2004 T.S.P.R. 209.

32

AD-2001-3

La referida funcionaria debió haberse abstenido de

hacer dichas manifestaciones recordando que no era sólo una

“ex legisladora” sino que, en el momento en que realizó la

entrevista,

ocupaba

el

cargo

de

juez.

Los

jueces,

repetimos, deben de abstenerse de hacer juicios críticos

“políticos” en situaciones que nada tengan que ver con la

defensa

de

la

deberes

y

obligaciones

mantener

independencia

presente

que,

la

en

judicial.

Juez

sus

En

honor

a

Hernández

Torres

debió

críticas,

se

sus

estaba

refiriendo a otra rama de gobierno y que sus expresiones no

tenían nada que ver con sus funciones en la Rama Judicial.

Este proceder fue imprudente y además, fue contrario al

Canon I, que impone el deber de los jueces de actuar con

prudencia, respeto, y con la integridad que requiere su

ministerio.

Por los fundamentos que anteceden y en vista de que se

trata

de

una

primera

ofensa,

consideramos

procedente,

únicamente, amonestar a la Juez Zaida Hernández Torres,

apercibiéndosele contra futuras infracciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Zaida Hernández Torres

AD-2001-3

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia

amonestando a la Juez Zaida Hernández Torres y

apercibiendo a ésta contra futuras infracciones a

los Cánones de Ética Judicial.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

concurrió en el resultado sin opinión escrita. El

Juez

Asociado

señor

Fuster

Berlingeri

no

intervino. El Juez Asociado señor Rivera Pérez se

inhibió.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo