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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio de Mayagüez v. Lebrón h/n/c Lebrón & Associates

2006 TSPR 70

Poder Judicial de Puerto Rico

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Municipio de Mayagüez v. Lebrón h/n/c Lebrón & Associates

AC-2004-0037

Interpretación de Contratos Ambiguos

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Mayagüez

Recurrido

Certiorari

v.

2006 TSPR 70

Edgardo Lebrón h/n/c

Lebrón & Associates

167 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: AC-2004-37

Fecha: 21 de abril de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez

Jueza Ponente:

Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Alberto Omar Jiménez Santiago

Lcdo. Carlos Enrique Cardona Fernández

Abogada de la Parte Peticionaria

Lcda. Rebeca Barnés Rosich

Materia: Suspensión de Arbitraje

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Mayagüez

Recurrido

v.

AC-2004-37

Edgardo Lebrón h/n/c

Lebrón & Associates

Peticionario

Opinión del Tribunal

Rodríguez Rodríguez

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006

Nos

corresponde

contractual

sobre

resolver

si

una

disposición

arbitraje

es

oponible

a

un

municipio cuando ésta no formó parte del contrato de

construcción entre el municipio y un particular, pero

se

incluyó

en

el

documento

de

especificaciones

conforme a las cuales, según el contrato, habría de

realizarse la obra.

I.

Los hechos de este caso surgieron a raiz de la

remodelación del Palacio de Recreación y Deportes del

Municipio de Mayagüez (“Municipio”).

de

1995,

el

Municipio

contrató

El 24 de enero

a

la

firma

de

AC-2004-37

2

arquitectos

Rigau

&

Penabad

para

que

preparase

documentos relacionados con la remodelación.

entre

otras

cosas,

un

Documento

de

(“Especificaciones”).

En

el

se

escritos

American

modelos

del

mismo

los

Ésta preparó,

Especificaciones

incluyeron

Institute

of

varios

Architects

(AIA), entre ellos uno titulado General Conditions of the

Contract

for

Construction,

(“Condiciones

Generales”

o

AIA

Document

“A201”).

A201-1976

Apéndice

de

la

Apelación Civil (Apéndice), págs. 54, 96-114.

El Municipio llevo a cabo el proceso de subasta para

seleccionar

al

contratista

ocasiones.

En

ambas

declaradas

desiertas.

de

la

remodelación,

en

las

fueron

ocasiones

Antes

de

la

subastas

segunda

dos

subasta,

el

Municipio informó a los interesados en el Aviso de Subasta

que,

“[t]oda

información

necesaria,

así

como

todos

los

documentos de contratos y modelos de proposición, podrán

obtenerse

en

el

Departamento

Desarrollo Urbano . . . .”

de

Conservación,

Ornato

Apéndice, pág. 906.

y

En la

reunión pre-subasta celebrada para este proyecto se indicó

que “el libro de especificaciones que se preparó para la

primera

subasta

vigente

y

no

de

se

este

ve

proyecto,

alterado

en

está

completamente

forma

alguna

como

consecuencia de las revisiones a que se sometió el diseño.”

(Énfasis

nuestro.)

Dicha

aclaración

consta

en

la

correspondiente Minuta, cuyo contenido “pasa a ser parte de

las condiciones generales de las especificaciones técnicas

del

proyecto

subasta

y

y,

consecuentemente,

construcción.”

(Énfasis

de

los

documentos

nuestro.)

de

Apéndice,

AC-2004-37

3

págs. 910-911.

Sin

embargo,

como

indicamos,

ambas

subastas

se

declararon desiertas duarante el año 1996,1 pues hubo una

sola licitación y ésta excedió los fondos disponibles.

El

peticionario, Edgardo Lebrón (“Lebrón”), fue el licitador

único en ambas ocasiones.

1996

el

Municipio

Por ende, el 15 de noviembre de

autorizó

que

se

atendiera

el

asunto

administrativamente, y luego entró en negociaciones con el

peticionario.

Contrato de Construcción, Apéndice, págs.

64-75; Carta de 11 de marzo de 1996, Apéndice, pág. 907;

Resolución Núm. 38, Serie 1996-1997, Apéndice, pág. 930933.

Las partes otorgaron el 30 de mayo de 1997 un Contrato

de Construcción.

Éste disponía en su primer artículo que

el Municipio:

“contrata los servicios del [peticionario], para

que realize [sic] la Primera Fase de las obras de

Remodelación del Palacio de Recreación y Deportes

de Mayagüez, conforme se describe en los planos y

especificaciones sometidos por el Departamento de

Conservación,

Ornato

y

Desarrollo

Urbano

y

aceptados por el Contratista . . . .”2

(Énfasis

nuestro.)

Apéndice, pág. 64.

No surge del referido contrato ninguna

1

Específicamente, durante el año 1996 se notificó la

cancelación de la primera subasta y se llevaron a cabo los

procedimientos relacionados con la segunda subasta.

2

Éste contrato cubrió sólo la primera de cuatro fases

contempladas, sujetándose las demás a la aprobación de

fondos.

Eventualmente, las partes enmendaron el contrato

de construcción, el 3 de agosto y 4 de diciembre de 1998,

para incluir las fases segunda, tercera y cuarta.

Ambas

enmiendas establecieron que permanecerían vigentes las

otras disposiciones del contrato original. Apéndice, págs.

4 y 64-75.

AC-2004-37

otra

4

referencia

al

Documento

de

Especificaciones

ni

al

arbitraje.

Así las cosas, el peticionario presentó un Demand for

Arbitration

(“Petición

de

Arbitraje”)

ante

la

Arbitration Association el 2 de enero de 2002.

American

Citó como

fuente para el arbitraje el artículo 7.9 de las Condiciones

Generales incluidas en el Documento de Especificaciones.

No existe controversia con respecto a que dicho documento

fue el que se utilizó durante el proceso de subastas y que

Lebrón obtuvo su copia del Departamento de Conservación,

Ornato y Desarrollo Urbano del Municipio.

Ante la Petición de Arbitraje de Lebrón, el Municipio

acudió al Tribunal de Primera Instancia con una demanda de

Petición de Suspensión de Arbitraje y Solicitud de Vista

Inmediata el 18 de marzo de 2002.

Alegó que no existía

entre las partes un convenio de arbitraje.

Apéndice, págs.

60-63.3

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la

demanda del Municipio, al concluir que no existía entre las

partes

una

arbitraje.4

obligación

contractual

Insatisfecho,

el

de

someterse

peticionario

acudió

al

al

3

El Municipio apoyó su alegación al señalar, en síntesis,

que el Contrato de Construcción no contiene ni hace

referencia a una cláusula de arbitraje, que las partes

nunca discutieron tal cláusula, y que las Condiciones

Generales se incluyeron en el Documento de Especificaciones

sin la autorización de un funcionario o particular con la

facultad de vincular al Municipio al arbitraje. Id.

4

Las determinaciones de hechos aquí pertinentes del

juzgador, cuya veracidad no cuestionamos, fueron las

siguientes: (1) el contrato de construcción no contiene una

AC-2004-37

Tribunal

de

5

Apelaciones,

foro primario.5

cuya

Sentencia

confirmó

Apéndice, págs. 53-59 y 2-9.

la

del

Luego acudió

ante nosotros mediante recurso de apelación, escrito que

acogimos como una petición de certiorari y expedimos el

auto solicitado.6

Dada la comparecencia de ambas partes, y

_______________________

cláusula de arbitraje; (2) el plano y todo lo concerniente

a las especificaciones los preparó Rigau & Penabad, entidad

que carecía la facultad de obligar al Municipio al

arbitraje; (3) el arquitecto Iván Rigau fue quien incluyó

las

Condiciones

Generales

en

el

Documento

de

Especificaciones; (4) según el testimonio del peticionario,

Lebrón, el arbitraje nunca se discutió con el Municipio, y

no surge de la prueba que las partes hayan negociado sobre

ello; (5) el Documento de Especificaciones no estuvo ante

las partes cuando se firmó el Contrato de Construcción; (6)

el arquitecto Rigau no informó al Municipio sobre la

cláusula de arbitraje; (7) el Documento de Especificaciones

estaba en posesión del Departamento de Conservación, Ornato

y Desarrollo Urbano del Municipio; (8) el costo de las

cuatro fases sería $1,100,000.00, $918,265.00, $37,607.00,

y $454,264.00.

Al examinar estos hechos a la luz del

derecho aplicable, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que no hubo entre las partes un pacto de

arbitraje.

Destacó que las partes no discutieron ni

negociaron sobre el asunto. Apéndice, págs. 54-55 y 58.

5

El Tribunal de Apelaciones prestó deferencia a la

apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia.

Señaló, inter alia, que las partes no discutieron el

arbitraje y que Rigau & Penabad incluyó las Condiciones

Generales en el Documento de Especificaciones sin la

autorización del Municipio. Apéndice, págs. 8-9.

6

El peticionario señaló cuatro errores:

(1)

Erró el Honorable TA al requerir, como

condición para la obligatoriedad de una

disposición

contractual,

que

ésta

sea

aprobada o autorizada por el asesor legal

del municipio.

(2)

Erró el Honorable TA al requerir, como

condición para la obligatoriedad de la

cláusula

de

arbitraje,

que

ésta

fuera

negociada y discutida expresamente entre las

partes.

(3)

Erró

el

Honorable

TA

al

avalar

la

determinación del TPI a los efectos de que

el contrato de construcción no tiene en su

AC-2004-37

6

hallándonos en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

II.

Nuestro

derecho

de

parte

de

gubernamentales

obligaciones

una

premisa

y

contratos

sencilla:

las

entidades gubernamentales están sujetas a las mismas normas

que las demás personas y entidades.

Véase, e.g.: Campos

Ledesma v. Compañía de Fomento Industrial, 153 D.P.R. 137,

149 (2001); Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R.

776, 787 (1994); Plan de Bienestar de Salud v. Alcalde de

Cabo

Rojo,

C.R.U.V.,

83

114

D.P.R.

D.P.R.

697,

878,

699

(1983);

Zequeira

v.

880-881

(1961);

Rodríguez

v.

Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953).

Evidentemente, esta

norma admite múltiples excepciones, entre ellas que todo

contrato con un municipio debe ser escrito.

Véase Lugo

Ortiz v. Municipio de Guayama, 162 D.P.R. ___, res. 29 de

octubre, 2004 T.S.P.R. 166.

Mas no existen disposiciones

jurídicas vigentes que impongan requisitos u otras normas

especiales al pacto de arbitraje entre un municipio y un

particular.

Por ende, debemos examinar el derecho general

con respecto a los acuerdos de arbitraje.

_______________________

texto, ni por

arbitraje.

(4)

referencia

una

cláusula

de

Erró el Honorable TA al entender que el

Municipio de Mayagüez no está obligado por

todas las disposiciones contenidas en el

Pliego de Especificaciones que ese mismo

municipio

ordenó

confeccionar

y,

posteriormente entregó a todos los licitadores

de la subasta para que rigieran el proceso de

subasta, contratación y ejecución de la obra

subastada.

AC-2004-37

7

III.

A.

Generalmente,

partes

en

un

nuestro

contrato

se

ordenamiento

permite

que

las

obliguen

arbitraje

de

las

con

su

futuras

al

posibles

controversias

relacionadas

contrato.

Dicha facultad surge principalmente de la Ley de

Arbitraje Comercial (“Ley de Arbitraje”), la cual establece

que las partes “podrán incluir en un convenio por escrito

una

disposición

cualquier

para

el

controversia

mediante

en

futuro

de

entre

ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo.”

Tales

se

dispone,

el

arbitraje

surgiere

convenios,

que

arreglo

serán

válidos,

exigibles

e

irrevocables “salvo por los fundamentos que existieran en

derecho para la revocación de cualquier convenio.”

Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201.

que

estamos

ante

una

figura

de

naturaleza

Ley

De modo

contractual.

Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979);

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144

(1994).

El arbitrage convencional, naturalmente, es exigible

sólo cuando se ha pactado, y el precepto citado de la Ley

de

Arbitraje

aclara

que

dicho

pacto

debe

ser

escrito.

Municipio de Ponce v. Gobernador, supra, a la pág. 783

(1994); Crufon Construction Corp. v. Autoridad de Edificios

Públicos, 156 D.P.R. ___, res. 11 de febrero, 2002 T.S.P.R.

16.

Si existe controversia con respecto a la obligación de

arbitrar, las partes tienen derecho a que se dirima en los

tribunales.

Artículo 4, Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A §

AC-2004-37

3204.

8

Hemos

señalado

que

tal

controversia

admite

tres

modalidades.

Puede referirse a si existe un convenio de

arbitraje,

si

tal

convenio

alcanza

determinada

controversia, y si tal convenio alcanza una disputa sobre

la

duración

o

expiración

del

contrato.

U.C.P.R.

v.

Triangle Engineering Corp., supra, a la pág. 144 (1994);

World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 D.P.R. 352,

361 nota 9 (1990); ambos citando a National R.R. Passenger

Corp. v. Boston S. Maine Corp., 850 F.2d 756 (Cir. D.C.

1988).

Ahora bien, como existe una fuerte política pública

favorable al arbitrage, toda duda con respecto a si procede

el mismo debe resolverse en la afirmativa.

Soc.

de

151

Gananciales,

D.P.R.

307,

Paine Webber v.

312-313

(2000);

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, a las págs.

141-142 y 143; World Films v. Paramount Pictures Corp.,

supra,

a

las

págs.

361-362

(1990);

McGregor-Doniger

Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970).

v.

Incluso, hemos

señalado que “ante un convenio de arbitraje lo prudencial

es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté

vedada.”

U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, a

la

142.

pág.

También

hemos

observado

que

bajo

la

Ley

Federal de Arbitraje, 9 U.S.C.A. § 1 et seq.,7 cuando existe

un convenio válido y exigible de arbitraje, los tribunales

carecen de discreción con respecto a su eficacia.

7

Paine

La Ley Federal de Arbitraje aplica a los contratos en el

comercio

interestatal.

Paine

Webber

v.

Soc.

de

Gananciales, supra, a la pág. 311.

AC-2004-37

9

Webber v. Soc. de Gananciales, supra, a las págs. 311-312.

B.

En

el

comercial,

ámbito

de

los

contratos

de

construcción

de

arbitraje

no

precisan

las

cláusulas

consentimiento

específico,

mediante

referencia

entendido

así

Ley

norteamericano.

que

el

en

la

mayoría

a

cuya

jurisprudencia

de

Arbitraje

contrato

pueden

en

estadounidenses,

nuestra

sino

una

incorporarse

principal.

de

las

un

Se

ha

jurisdicciones

acudimos

criatura

del

por

ser

derecho

Véase, e.g.: T. R. Mills Contractors v.

WRH Enterprises, 93 S.W.3d 861, 870-871 (Tenn. Ct. App.

2002); Liberty Management & Construction v. Fifth Ave. &

Sixty-Sixth St. Corp., 208 A.D.2d 73 (N.Y. Sup. Ct. App.

Div. 1995); ADC Construction Co. v. McDaniel Grading, 338

S.E.2d 733 (Ga. App. 1985).

Incluso, la casuística de

algunas

que

exige

jurisdicciones

palabras

sugiere

sacramentales

ni

la

la

incorporación

firma

del

no

documento

incorporador, aún cuando el arbitraje precisa un acuerdo

escrito.8

El caso de Liberty Management & Construction v. Fifth

Ave.

&

aludida.

8

Sixty-Sixth

En

su

St.

Corp.,

propuesta

de

supra,

ilustra

subasta,

un

la

norma

contratista

La jurisprudencia discutida a continuación se resume

útilmente en: W. J. Dunn, Contract providing that it is

governed by or subject to rules or regulations of a

particular trade, business, or association as incorporating

agreement to arbitrate, 41 A.L.R. 2d 872; R. J. Sutton,

Enforcement

of

Arbitration

Agreement

Contained

in

Construction Contract by or Against Nonsignatory, 100

A.L.R. 5th 481.

AC-2004-37

expresó

10

que

había

especificaciones

examinado

e

y

instrucciones

entendía

los

planos,

relacionados

con

un

proyecto de remodelación.

También expresó su voluntad de

realizar

en

estricta

documentos

contractuales.

Estos

contractual

del

el

trabajo

AIA

que

conformidad

incluían

incorporaba,

Condiciones Generales de dicha entidad.

a

su

con

un

los

modelo

vez,

las

El dueño de la

obra aceptó una version revisada de la propuesta, mediante

una carta cursada el 18 de noviembre de 1991.

Aunque el

contratista no firmó los documentos del AIA, se alegó que

los había aceptado mediante otra carta, cursada el 20 de

diciembre de 1991.

Resolvió el tribunal que era oponible

al contratista la cláusula de arbitraje contenida en las

Condiciones Generales:

Thus, under either version of the agreement,

plaintiff's -- the agreement allegedly completed

by appellant's December 16, 1991 letter accepting

plaintiff's

November

18,

1991

proposal,

as

subsequently revised -- or appellant's -- the

December 20, 1991 AIA contract, which plaintiff

allegedly accepted by its January 2, 1992 letter

-- plaintiff agreed to arbitrate.

Liberty Management & Construction, supra, a la pág. 78.9

En

otras industrias se ha aplicado un criterio similar.10

Y a

9

También véase: T. R. Mills Contractors v. WRH Enterprises,

supra;

Landmark

Properties,

Inc.

v.

Architects

International-Chicago, 526 N.E.2d 603 (Ill. App. 1988);

Todd Habermann Construction, Inc. v. Epstein, 70 F. Supp.2d

1170 (D. Colo. 1999); Frank J. Rodney, Inc. v. Charles W.

Ackerman of Fla., Inc., 219 So.2d 110 (Fl. Dist Ct. App.

1969), cert. desestimado, 230 So.2d 13.

10

Véase, por ejemplo, Wilson & Co. v. Fremont Cake & Meal

Co., 77 F. Supp. 364 (D. Neb. 1948).

AC-2004-37

11

pesar de que algunos tribunales han sido menos flexibles,11

la jurisprudencia citada es de gran valor persuasivo, dada

nuestra política pública favorable al arbitraje.

IV.

El

norte

determinar

cuál

de

la

interpretación

fue

la

real

y

común

contractual

intención

de

es

las

partes.

Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-410

(1969);

Carrillo

Norat

v.

Camejo,

107

D.P.P.

132,

138

(1978); Marcial Burgos v. Tome, 144 D.P.R. 522, 537 (1997);

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852-853 (1991);

Ramírez, Segal & Látimar v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161,

173-174 (1989).

Dicho análisis comienza y termina con los

términos del contrato, siempre que éstos sean claros y no

dejen duda sobre la susodicha intención.

Artículo 1233 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3471; Trinidad v. Chade, 153

D.P.R. 280, 289 (2001); Marcial Burgos v. Tome, supra, a la

pág. 536; Mattei Nazario v. Vélez & Asociados, 145 D.P.R.

508, 517 (1998); Unysis v. Ramallo Brothers, supra, a la

11

In Re General Silk Importing Co., 189 N.Y.S. 391 (Supreme

Ct. App. Div. 1921); In Re General Silk Importing Co., 194

N.Y.S. 15 (Supreme Ct. App. Div. 1922), confirmado, 234

N.Y. 513; Re Bachmann, E. & Co., 197 N.Y.S. 879 (Supreme

Ct.

App.

Div.

1923);

Riverdale

Fabrics

Corp.

v.

Tillinghast-Stiles Co., 306 N.Y. 288 (1954).

Cf. Level

Export Corp. v. Wolz, Aiken & Co., 305 N.Y. 82 (1953);, 121

N.Y.S.2d 261. Obsérvese que a veces se niega el arbitraje

en el contexto de circunstancias especiales. Véase, e.g.:

Harper v. Ultimo, 113 Cal. App. 4th 1402 (Ct. App. 2003);

Western Vegetable Oils Co. v. Southern Cotton Oil Co., 141

F.2d 235 (9no Cir. 1944); Pillsbury v. Blumenthal, 272 P.2d

326 (N.M. 1954); Northridge Cooperative Section No. 1 v.

32nd Avenue Construction Corp., 139 N.Y.S.2d 37 (Supreme Ct.

1955); American Rail & Steel Co. v. India Supply Mission,

308 N.Y. 577 (1955).

AC-2004-37

12

pág. 852.

Así, hemos indicado que “la tendencia de los

tribunales es a limitar la interpretación a los casos en

que

se

haga

verdaderamente

necesaria”,

“[i]nterpretar

que

presupone

concordar

partes.”

Marcial Burgos v. Tome, supra, a la pág. 537;

letra

con

un

la

contrato

es

no

obstante,

su

si

reconociendo,

intención

claro

de

las

véase también, e.g., Merle v. West Bend Co., supra, a las

págs 410-411.

Para determinar la verdadera y común intención de las

partes,

acudimos

a

una

serie

de

normas

interpretativas.

Por un lado, es preciso examinar la evidencia extrínseca al

contrato.

a

los

Dicha evidencia ha de referirse, principalmente,

actos

contrato.

3472.

de

las

partes

coetáneos

y

posteriores

al

Artículo 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §

Ello no impide, sin embargo, que se examinen todas

las circunstancias indicativas de la intención contractual,

incluyendo

la

ocasión,

circunstancias,

personas

y

el

acuerdo que se intentó llevar a cabo, así como los actos

ocurridos durante la preparación del contrato.

Unysis v.

Ramallo Brothers, supra, a la pág. 853; Ramírez, Segal &

Látimer v. Rojo Rigual, supra, a la pág. 174; Merle v. West

Bend Co., supra, a la pág. 410; Cooperativa la Sagrada

Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978).

Por

otro

lado,

varios

principios

encausan

la

interpretación de las palabras que se utilizaron para dar

expresión al contrato.

Son relevantes al caso de autos los

artículos 1239 y 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3477

y 3478.

El primero establece que debemos utilizar el uso y

AC-2004-37

13

la costumbre del lugar o industria pertinentes al contrato

para aclarar lo pactado y para suplir lo no pactado.

G. H.

Hammond Co. v. Diego Agueros & Co., 30 D.P.R. 610 (1922);

Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394, 399 nota 2

(1998); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra

ed., Madrid, Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, pág. 237.

Por

otro lado, el artículo 1340 establece que la ambigüedad de

un contrato o de sus cláusulas debe resolverse en contra de

quien la provocó, aún cuando no se trata de un contrato de

adhesión.

Véase, e.g.: Cooperativa la Sagrada Familia v.

Castillo, supra, a la pág. 418; Zequeira v. C.R.U.V., 83

D.P.R. 878, 880 (1961).

Cabe añadir que el principio de lealtad incide sobre

la

interpretación

de

los

contratos.

Es

decir,

cuando

resulta necesario determinar cuál fue la común voluntad de

los

contratantes,

se

entiende

que

éstos

quisieron

expresarse como lo hubiera hecho una persona de buena fe.

En Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61 (1987),

citamos

la

explicación

que

ofrece

Díez-Picazo

de

norma:

[Los contratos] deben interpretarse de acuerdo

con la buena fe...[que es] un [estándar] de

conducta arreglada a los imperativos éticos

exigibles de acuerdo con la conciencia social

imperante....

Los

contratos

han

de

ser

interpretados presuponiendo una lealtad y una

corrección en su misma elaboración, es decir,

entendiendo

que

las

partes

al

redactarlos

quisieron expresarse según el modo normal propio

de gentes honestas y no buscando circunloquios,

confusiones deliberadas u oscuridades.... El

contrato debe ser interpretado de manera que el

sentido que se le atribuya sea el más conforme

para llegar a un desenvolvimiento leal de las

relaciones contractuales y para llegar a las

esta

AC-2004-37

14

consecuencias contratuales exigidas conforme a

las normas éticas. La buena fe impone también la

aplicación

de

las

ideas

de

confianza

y

autorresponsabilidad en la interpretación.... Las

declaraciones de voluntad deben interpretarse en

el sentido más conforme con la confianza que

hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe.

120 D.P.R., a la pág. 75; citando Fundamentos del Derecho

Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap.

XI, § 45, págs. 251-252.

Véase, también: Ramírez, Segal &

Látimer v. Rojo Rigual, supra, a las págs. 174-175; L.

Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed.,

Madrid, Tecnos, 1989, Vol. II, págs. 86-87.

Cabe añadir

que el principio de lealtad en la redacción contractual

incluye un deber de diligencia, toda vez que se presume

“una corrección en su misma elaboración” y una expresión

“según el modo normal propio de gentes honestas.”

Finalmente,

la

controversia

de

marras

exige

una

aclaración con respecto al vínculo entre la interpretación

contractual y las normas hermenéuticas reseñadas.

reiterado

que

el

norte

de

tal

interpretación

verdadera y común intención de las partes.

Hemos

es

la

Sin embargo,

las normas hermenéuticas que establece el Código Civil en

sus

artículos

1233-1241,

31

L.P.R.A.

§§

3471-3479,

“son

auténticas normas jurídicas, no máximas de experiencia, y

como

tales

obligan

al

intérprete

(jueces,

árbitros).”

Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 88 (refiriéndose a los

artículos 1.281-1.289 del Código Civil español).

Lo anterior significa, cuando menos, que si las normas

interpretativas

favorecen

clara

y

consistentemente

una

interpretación sobre otra, debe prevalecer la primera.

Por

AC-2004-37

15

ejemplo, la versión que surge claramente de los actos y

circunstancias

pertinentes

debe

prevalecer

sobre

la

que

surge del testimonio de un contratante con respecto a su

propia

intención;

y

la

interpretación

derivada

del

principio de lealtad ha de vencer una con mayor apoyo en la

evidencia pero claramente contraria al mismo.

Si bien la

hermenéutica contractual tiene su norte en la verdadera y

común intención de las partes, los cánones interpretativos

son el imprescindible compás judicial.

V.

Hemos

visto

que

los

convenios

de

arbitraje

con

un

municipio están sujetos al derecho general de obligaciones

y

que

un

acuerdo

de

arbitraje

es

susceptible

de

incorporación por referencia en un contrato escrito.

El

caso de autos no presenta controversia alguna con respecto

a la validez y eficacia del Contrato de Construcción entre

el

Municipio

dirimir

y

es

Lebrón.

si

Por

dicho

ende,

Contrato

la

única

pregunta

incorporó,

a

mediante

referencia, el artículo sobre arbitraje de las Condiciones

Generales.

Delimitada así la pregunta, se observa que la única

disposición

Municipio

pertinente

contrata

remodelación

a

“conforme

del

Contrato

Lebrón

se

para

describe

establece

que

en

que

el

realice

la

los

planos

y

especificaciones sometidos por el Departamento . . . .”

Resolvemos que, en las circunstancias de este caso, dicha

cláusula

basta

para

incorporar

artículo 7.9 sobre arbitraje.

el

Veamos.

documento

A201

y

su

AC-2004-37

16

A.

El alcance de la disposición citada admite más de una

interpretación.

obras

de

planos

y

Por un lado, podría significar que las

remodelación

las

habrían

de

especificaciones

disposiciones

técnicas

realizarse

--es

allí

decir,

según

los

según

las

contenidas.

Esta

interpretación tiene el efecto de excluir toda referencia a

las

disposiciones

Especificaciones,

no

el

técnicas

cual

del

contiene

Documento

las

de

Condiciones

Generales.

Por otro lado, la disposición citada podría significar

que

el

Municipio

“contrata

los

servicios

del

[peticionario] . . . conforme se describe en los planos y

especificaciones sometidos por el Departamento” --es decir,

que

la

frase

“conforme

se

describe

en

los

planos

y

especificaciones” modifica, no la descripción del trabajo,

sino la descripción del contrato.

Así interpretada, la

cláusula hace referencia a todo el contenido del Documento

de

Especificaciones,

incluso

el

documento

A201

y

su

artículo 7.9 sobre arbitraje.

Ante

estas

dos

concluir

que

estamos

recordará

que

la

posibles

interpretaciones,

ante

ambigüedad

una

ambigüedad

de

un

debemos

jurídica.

contrato

no

Se

responde

exclusivamente a sus palabras, sino que venimos obligados a

“concordar su letra con la intención de las partes”, máxime

cuando

existe

arbitraje.

una

fuerte

política

pública

en

pro

del

Para ello acudimos al texto contractual y a la

evidencia extrínseca, no sólo aquella relacionada con los

AC-2004-37

17

actos de las partes coetáneos y posteriores al contrato,

sino también la que se refiere a los actos en preparación

del contrato y a la ocasión, circunstancias, personas y

acuerdo que se intentó llevar a cabo.

Los hechos de este caso revelan una ambigüedad en la

intención de las partes con respecto a la incorporación del

Documento

de

Especificaciones.

subasta,

el

Municipio

parte del contrato.

indicó

Durante

que

los

dicho

documento

subastas

se

de

sería

Lebrón participó en estos procesos y

recibió las Especificaciones del Municipio.

ambas

procesos

declararon

A pesar de que

desiertas,

las

partes

otorgaron el Contrato de Construcción unos meses después,

mas sin antes discutir la cuestión del arbitraje.

Dicho

Contrato hizo referencia al Documento de Especificaciones,

referencia que no se limitó, expresamente, a los aspectos

técnicos

del

ambigüedad

Documento.

con

respecto

Estas

actuaciones

a

ambas

sí

revelan

partes

una

quisieron

incorporar todo el contenido de las Especificaciones.

De

otra

parte,

la

jurisprudencia

estadounidense

examinada sugiere que el documento A201 del AIA es común en

la industria de diseño y construcción de dicho país.

veremos

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

Luego

hizo

una

apreciación análoga con respecto a la industria local.

Las

partes no son ajenas a dichas industrias, y el Municipio

contó con la asistencia de su División Legal.

Además, el

documento

su

página:

A201

advierte

conspicuamente

en

primera

“this document has important legal consequences;

consultation with an attorney is encouraged with respect to

AC-2004-37

18

its modification”.

Por

lo

Apéndice, pág. 96.

tanto,

confirman

nuestra

conclusión,

como

pasamos a discutir, la ocasión, circunstancias, personas y

el acuerdo que se intentó llevar a cabo.

B.

Habida

cuenta

de

que

resulta

ambigua

la

referencia

contractual a “los planos y especificaciones sometidos por

el

Departamento”,

resolvemos

que

el

Contrato

de

Construcción hace referencia a todas las disposiciones del

Documento de Especificaciones, documento que incluye las

Condiciones Generales y su artículo 7.9 sobre arbitraje.

Al

menos

conclusión.

cuatro

consideraciones

apoyan

esta

En primer lugar, si existe alguna duda con

respecto a la obligación de arbitrar, se debe reconocer

dicha obligación.

Segundo, la ambigüedad de un contrato o

de sus cláusulas no debe favorecer a quien la provocó.

partes

estipularon

Preliminar

entre

en

el

Informe

que

Abogados

sobre

Lebrón

&

Las

Conferencia

Associates

no

intervino en la redacción del Contrato de Construcción, y

el Municipio admite que lo redactó un funcionario suyo, a

saber, el asesor legal a cargo de la unidad de contratos.

Apéndice,

págs.

pág.

764;

y

12-13;

4-5

Alegato

Apéndice, pág. 984-986.

del

Exposición

Municipio

Narrativa

de

Mayagüez,

Estipulada,

Por ende, la ambigüedad de la

cláusula de incorporación no debe favorecer al Municipio.

En tercer lugar, el uso y la costumbre sirven para

especificar

contratantes.

y

suplir

la

En

conclusiones

las

ambigua

intención

de

derecho

de

de

los

su

AC-2004-37

Sentencia,

19

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

expresó

lo

siguiente:

No se manifiesta un convenio expreso ni oral; por

el contrario, lo que surge es una inclusión de

arbitraje conforme a un procedimiento rutinario

al preparar los documentos de especificaciones

requeridos por el contrato de diseño, planos y

otros suscrito con la firma arquitectos Rigau &

Penabad.”

Apéndice, pág. 58 (énfasis suplido).

Es decir, el foro

sentenciador entiende que incluir el escrito A201 en un

Documento

de

Especificaciones

industria

local

de

diseño

es

y

algo

rutinario

construcción.

en

la

Ello

no

significa que todo contrato de construcción se entendería

pactado con el documento de uso rutinario.

Pero cuando el

contrato consta por escrito y hace referencia ambigua a un

grupo

de

documentos,

y

éste

contiene

un

escrito

que

a

menudo se utiliza íntegramente en la industria pertinente,

el

uso

y

la

costumbre

favorecen

la

total

incorporación

la

fe

conduce

contractual del escrito.

El

principio

resultado.

Al

suponemos

“una

de

buena

interpretar

el

Contrato

lealtad

una

corrección

y

de

al

mismo

Construcción,

en

su

misma

elaboración”, lo cual significa que las partes “quisieron

expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y

no

buscando

circunloquios,

oscuridades . . . .”

75.

confusiones

deliberadas

u

Ex parte Negrón Rivera, supra, pág.

Dado que el Municipio había incluido las Condiciones

Generales

en

el

Documento

Contrato

de

Construcción

de

Especificaciones,

hacía

referencia

que

a

el

dicho

documento, y que se trata de un negocio jurídico multi-

AC-2004-37

20

millonario,

sólo

una

persona

intención

de

limitar

desleal

hubiera

alcance

sin

su

tenido

la

expresarla

tajantemente.

C.

Los argumentos del Municipio no alteran el resultado que

hemos alcanzado.

obligarse

al

Éste sostiene que no tuvo la intención de

arbitraje.12

Su

principalmente, en dos hechos:

conclusión

se

ampara,

primero, que el Contrato de

Construcción se redactó con el propósito de incorporar sólo

los

aspectos

técnicos

del

Documento

de

Especificaciones;

segundo, que los funcionarios facultados para vincular al

Municipio desconocían la existencia del artículo 7.9 sobre

arbitraje,

toda

colocaron

en

el

vez

que

las

Documento

autorización y conocimiento.

que

otorgó

documentos

un

contrato

incorporados

Condiciones

de

Especificaciones

sin

se

su

Es decir, admite el recurrido

multi-millonario

ni

Generales

limitar

sin

examinar

los

cuidadosamente

su

incorporación.

La posición del Municipio con respecto a su intención

al redactar el Contrato está basada en el testimonio del

12

El recurrido esgrime otros argumentos que no merecen un

análisis detenido, dados los hechos de este caso y el

derecho aplicable. Sostiene el Municipio, por ejemplo, que

validar la disposición sobre arbitraje sería “inconsciente”

(entiéndase, leonino). Añade que el pacto de arbitraje es

contrario al orden público porque, entre otras cosas, las

Condiciones Generales no se enviaron al Contralor, el

asesor legal del Municipio nunca aprobó la cláusula de

arbitraje, los arquitectos no tenían autorización para

incluir el documento A201 en las Especificaciones, y la

American Arbitration Association es un foro costoso e

inadecuado. Alegato, Apéndice, págs. 15-17 y 22-28.

AC-2004-37

21

funcionario que lo redactó.

era

incorporar

los

Especificaciones,

y

Éste declaró que su propósito

aspectos

que

el

técnicos

Municipio

tenía

de

una

pública contraria a las cláusulas de arbitraje.

las

política

Exposición

Narrativa Estipulada, Apéndice, págs. 984-986; Alegato del

recurrido,

págs.

12-13.

No

está

claro

si

el

foro

sentenciador confirió entera credibilidad a dicho testigo,

pero

la

cuestión

es

académica.

Cuando

los

cánones

de

hermenéutica contractual favorecen clara y consistentemente

una interpretación sobre otra, debe prevalecer la primera.

Dadas las circunstancias de este caso, el juzgador debió

rechazar la posición del Municipio, aún cuando le mereciera

entera credibilidad el testimonio del funcionario.

Añade

el

Municipio

que

los

funcionarios

facultados

para vincularlo desconocían la existencia de la disposición

sobre arbitraje.

Condiciones

Ahora, el recurrido no niega que las

Generales

Especificaciones

negociación

formaron

durante

del

las

Contrato

parte

dos

de

del

subastas

Documento

de

y

la

durante

Construcción.

Nuestra

inspección de los autos revela que el documento A201 se

halla

sin

dificultad

y

que

el

contenido

básico

de

su

artículo 7.9 resulta evidente tras una lectura superficial

del escrito.

sólo

puede

examinaron

Por ende, la posición del Municipio es --y

ser--

el

que

los

Documento

funcionarios

de

pertinentes

Especificaciones

antes

no

de

otorgar un multi-millonario Contrato de Construcción.

Podríamos

despachar

este

argumento

con

la

famosa

AC-2004-37

consigna

22

del

Juez

Asociado

resulta innecesario.

señor

Serrano

Geyls,13

pero

La negligencia de quien otorga un

contrato no es óbice para que se interprete el mismo según

la

política

pública

en

pro

del

arbitraje,

el

uso

y

la

costumbre, la buena fe, y la norma desfavorable a quien

provoca una ambigüedad.

De hecho, el principio de lealtad

en la redacción contractual incluye un deber de diligencia.

Así, la admisión del Municipio con respecto a su falta de

conocimiento confirma nuestra conclusión.

VI.

En virtud de los fundamentos expuestos, se revoca la

Sentencia

recurrida

y

en

consecuencia

se

desestima

la

demanda de epígrafe.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

13

“Los jueces no debemos . . . ser tan inocentes como para

creer declaraciones que nadie más creería.”

Pueblo v.

Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de Mayagüez

Recurrido

v.

Edgardo Lebrón h/n/c

Lebrón & Associates

AC-2004-37

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede, los cuales se incorporan

íntegramente a la presente, se revoca la Sentencia

recurrida y en consecuencia se desestima la demanda

de epígrafe.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo