Tribunal Supremo de Puerto Rico
Municipio de Mayagüez v. Lebrón h/n/c Lebrón & Associates
2006 TSPR 70
Poder Judicial de Puerto Rico
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Municipio de Mayagüez v. Lebrón h/n/c Lebrón & Associates
AC-2004-0037
Interpretación de Contratos Ambiguos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio de Mayagüez
Recurrido
Certiorari
v.
2006 TSPR 70
Edgardo Lebrón h/n/c
Lebrón & Associates
167 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: AC-2004-37
Fecha: 21 de abril de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Jueza Ponente:
Hon. Yvonne Feliciano Acevedo
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Alberto Omar Jiménez Santiago
Lcdo. Carlos Enrique Cardona Fernández
Abogada de la Parte Peticionaria
Lcda. Rebeca Barnés Rosich
Materia: Suspensión de Arbitraje
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio de Mayagüez
Recurrido
v.
AC-2004-37
Edgardo Lebrón h/n/c
Lebrón & Associates
Peticionario
Opinión del Tribunal
Rodríguez Rodríguez
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006
Nos
corresponde
contractual
sobre
resolver
si
una
disposición
arbitraje
es
oponible
a
un
municipio cuando ésta no formó parte del contrato de
construcción entre el municipio y un particular, pero
se
incluyó
en
el
documento
de
especificaciones
conforme a las cuales, según el contrato, habría de
realizarse la obra.
I.
Los hechos de este caso surgieron a raiz de la
remodelación del Palacio de Recreación y Deportes del
Municipio de Mayagüez (“Municipio”).
de
1995,
el
Municipio
contrató
El 24 de enero
a
la
firma
de
AC-2004-37
2
arquitectos
Rigau
&
Penabad
para
que
preparase
documentos relacionados con la remodelación.
entre
otras
cosas,
un
Documento
de
(“Especificaciones”).
En
el
se
escritos
American
modelos
del
mismo
los
Ésta preparó,
Especificaciones
incluyeron
Institute
of
varios
Architects
(AIA), entre ellos uno titulado General Conditions of the
Contract
for
Construction,
(“Condiciones
Generales”
o
AIA
Document
“A201”).
A201-1976
Apéndice
de
la
Apelación Civil (Apéndice), págs. 54, 96-114.
El Municipio llevo a cabo el proceso de subasta para
seleccionar
al
contratista
ocasiones.
En
ambas
declaradas
desiertas.
de
la
remodelación,
en
las
fueron
ocasiones
Antes
de
la
subastas
segunda
dos
subasta,
el
Municipio informó a los interesados en el Aviso de Subasta
que,
“[t]oda
información
necesaria,
así
como
todos
los
documentos de contratos y modelos de proposición, podrán
obtenerse
en
el
Departamento
Desarrollo Urbano . . . .”
de
Conservación,
Ornato
Apéndice, pág. 906.
y
En la
reunión pre-subasta celebrada para este proyecto se indicó
que “el libro de especificaciones que se preparó para la
primera
subasta
vigente
y
no
de
se
este
ve
proyecto,
alterado
en
está
completamente
forma
alguna
como
consecuencia de las revisiones a que se sometió el diseño.”
(Énfasis
nuestro.)
Dicha
aclaración
consta
en
la
correspondiente Minuta, cuyo contenido “pasa a ser parte de
las condiciones generales de las especificaciones técnicas
del
proyecto
subasta
y
y,
consecuentemente,
construcción.”
(Énfasis
de
los
documentos
nuestro.)
de
Apéndice,
AC-2004-37
3
págs. 910-911.
Sin
embargo,
como
indicamos,
ambas
subastas
se
declararon desiertas duarante el año 1996,1 pues hubo una
sola licitación y ésta excedió los fondos disponibles.
El
peticionario, Edgardo Lebrón (“Lebrón”), fue el licitador
único en ambas ocasiones.
1996
el
Municipio
Por ende, el 15 de noviembre de
autorizó
que
se
atendiera
el
asunto
administrativamente, y luego entró en negociaciones con el
peticionario.
Contrato de Construcción, Apéndice, págs.
64-75; Carta de 11 de marzo de 1996, Apéndice, pág. 907;
Resolución Núm. 38, Serie 1996-1997, Apéndice, pág. 930933.
Las partes otorgaron el 30 de mayo de 1997 un Contrato
de Construcción.
Éste disponía en su primer artículo que
el Municipio:
“contrata los servicios del [peticionario], para
que realize [sic] la Primera Fase de las obras de
Remodelación del Palacio de Recreación y Deportes
de Mayagüez, conforme se describe en los planos y
especificaciones sometidos por el Departamento de
Conservación,
Ornato
y
Desarrollo
Urbano
y
aceptados por el Contratista . . . .”2
(Énfasis
nuestro.)
Apéndice, pág. 64.
No surge del referido contrato ninguna
1
Específicamente, durante el año 1996 se notificó la
cancelación de la primera subasta y se llevaron a cabo los
procedimientos relacionados con la segunda subasta.
2
Éste contrato cubrió sólo la primera de cuatro fases
contempladas, sujetándose las demás a la aprobación de
fondos.
Eventualmente, las partes enmendaron el contrato
de construcción, el 3 de agosto y 4 de diciembre de 1998,
para incluir las fases segunda, tercera y cuarta.
Ambas
enmiendas establecieron que permanecerían vigentes las
otras disposiciones del contrato original. Apéndice, págs.
4 y 64-75.
AC-2004-37
otra
4
referencia
al
Documento
de
Especificaciones
ni
al
arbitraje.
Así las cosas, el peticionario presentó un Demand for
Arbitration
(“Petición
de
Arbitraje”)
ante
la
Arbitration Association el 2 de enero de 2002.
American
Citó como
fuente para el arbitraje el artículo 7.9 de las Condiciones
Generales incluidas en el Documento de Especificaciones.
No existe controversia con respecto a que dicho documento
fue el que se utilizó durante el proceso de subastas y que
Lebrón obtuvo su copia del Departamento de Conservación,
Ornato y Desarrollo Urbano del Municipio.
Ante la Petición de Arbitraje de Lebrón, el Municipio
acudió al Tribunal de Primera Instancia con una demanda de
Petición de Suspensión de Arbitraje y Solicitud de Vista
Inmediata el 18 de marzo de 2002.
Alegó que no existía
entre las partes un convenio de arbitraje.
Apéndice, págs.
60-63.3
El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la
demanda del Municipio, al concluir que no existía entre las
partes
una
arbitraje.4
obligación
contractual
Insatisfecho,
el
de
someterse
peticionario
acudió
al
al
3
El Municipio apoyó su alegación al señalar, en síntesis,
que el Contrato de Construcción no contiene ni hace
referencia a una cláusula de arbitraje, que las partes
nunca discutieron tal cláusula, y que las Condiciones
Generales se incluyeron en el Documento de Especificaciones
sin la autorización de un funcionario o particular con la
facultad de vincular al Municipio al arbitraje. Id.
4
Las determinaciones de hechos aquí pertinentes del
juzgador, cuya veracidad no cuestionamos, fueron las
siguientes: (1) el contrato de construcción no contiene una
AC-2004-37
Tribunal
de
5
Apelaciones,
foro primario.5
cuya
Sentencia
confirmó
Apéndice, págs. 53-59 y 2-9.
la
del
Luego acudió
ante nosotros mediante recurso de apelación, escrito que
acogimos como una petición de certiorari y expedimos el
auto solicitado.6
Dada la comparecencia de ambas partes, y
_______________________
cláusula de arbitraje; (2) el plano y todo lo concerniente
a las especificaciones los preparó Rigau & Penabad, entidad
que carecía la facultad de obligar al Municipio al
arbitraje; (3) el arquitecto Iván Rigau fue quien incluyó
las
Condiciones
Generales
en
el
Documento
de
Especificaciones; (4) según el testimonio del peticionario,
Lebrón, el arbitraje nunca se discutió con el Municipio, y
no surge de la prueba que las partes hayan negociado sobre
ello; (5) el Documento de Especificaciones no estuvo ante
las partes cuando se firmó el Contrato de Construcción; (6)
el arquitecto Rigau no informó al Municipio sobre la
cláusula de arbitraje; (7) el Documento de Especificaciones
estaba en posesión del Departamento de Conservación, Ornato
y Desarrollo Urbano del Municipio; (8) el costo de las
cuatro fases sería $1,100,000.00, $918,265.00, $37,607.00,
y $454,264.00.
Al examinar estos hechos a la luz del
derecho aplicable, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó que no hubo entre las partes un pacto de
arbitraje.
Destacó que las partes no discutieron ni
negociaron sobre el asunto. Apéndice, págs. 54-55 y 58.
5
El Tribunal de Apelaciones prestó deferencia a la
apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia.
Señaló, inter alia, que las partes no discutieron el
arbitraje y que Rigau & Penabad incluyó las Condiciones
Generales en el Documento de Especificaciones sin la
autorización del Municipio. Apéndice, págs. 8-9.
6
El peticionario señaló cuatro errores:
(1)
Erró el Honorable TA al requerir, como
condición para la obligatoriedad de una
disposición
contractual,
que
ésta
sea
aprobada o autorizada por el asesor legal
del municipio.
(2)
Erró el Honorable TA al requerir, como
condición para la obligatoriedad de la
cláusula
de
arbitraje,
que
ésta
fuera
negociada y discutida expresamente entre las
partes.
(3)
Erró
el
Honorable
TA
al
avalar
la
determinación del TPI a los efectos de que
el contrato de construcción no tiene en su
AC-2004-37
6
hallándonos en posición de resolver, procedemos a hacerlo.
II.
Nuestro
derecho
de
parte
de
gubernamentales
obligaciones
una
premisa
y
contratos
sencilla:
las
entidades gubernamentales están sujetas a las mismas normas
que las demás personas y entidades.
Véase, e.g.: Campos
Ledesma v. Compañía de Fomento Industrial, 153 D.P.R. 137,
149 (2001); Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R.
776, 787 (1994); Plan de Bienestar de Salud v. Alcalde de
Cabo
Rojo,
C.R.U.V.,
83
114
D.P.R.
D.P.R.
697,
878,
699
(1983);
Zequeira
v.
880-881
(1961);
Rodríguez
v.
Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953).
Evidentemente, esta
norma admite múltiples excepciones, entre ellas que todo
contrato con un municipio debe ser escrito.
Véase Lugo
Ortiz v. Municipio de Guayama, 162 D.P.R. ___, res. 29 de
octubre, 2004 T.S.P.R. 166.
Mas no existen disposiciones
jurídicas vigentes que impongan requisitos u otras normas
especiales al pacto de arbitraje entre un municipio y un
particular.
Por ende, debemos examinar el derecho general
con respecto a los acuerdos de arbitraje.
_______________________
texto, ni por
arbitraje.
(4)
referencia
una
cláusula
de
Erró el Honorable TA al entender que el
Municipio de Mayagüez no está obligado por
todas las disposiciones contenidas en el
Pliego de Especificaciones que ese mismo
municipio
ordenó
confeccionar
y,
posteriormente entregó a todos los licitadores
de la subasta para que rigieran el proceso de
subasta, contratación y ejecución de la obra
subastada.
AC-2004-37
7
III.
A.
Generalmente,
partes
en
un
nuestro
contrato
se
ordenamiento
permite
que
las
obliguen
arbitraje
de
las
con
su
futuras
al
posibles
controversias
relacionadas
contrato.
Dicha facultad surge principalmente de la Ley de
Arbitraje Comercial (“Ley de Arbitraje”), la cual establece
que las partes “podrán incluir en un convenio por escrito
una
disposición
cualquier
para
el
controversia
mediante
en
futuro
de
entre
ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo.”
Tales
se
dispone,
el
arbitraje
surgiere
convenios,
que
arreglo
serán
válidos,
exigibles
e
irrevocables “salvo por los fundamentos que existieran en
derecho para la revocación de cualquier convenio.”
Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. § 3201.
que
estamos
ante
una
figura
de
naturaleza
Ley
De modo
contractual.
Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979);
U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144
(1994).
El arbitrage convencional, naturalmente, es exigible
sólo cuando se ha pactado, y el precepto citado de la Ley
de
Arbitraje
aclara
que
dicho
pacto
debe
ser
escrito.
Municipio de Ponce v. Gobernador, supra, a la pág. 783
(1994); Crufon Construction Corp. v. Autoridad de Edificios
Públicos, 156 D.P.R. ___, res. 11 de febrero, 2002 T.S.P.R.
16.
Si existe controversia con respecto a la obligación de
arbitrar, las partes tienen derecho a que se dirima en los
tribunales.
Artículo 4, Ley de Arbitraje, 32 L.P.R.A §
AC-2004-37
3204.
8
Hemos
señalado
que
tal
controversia
admite
tres
modalidades.
Puede referirse a si existe un convenio de
arbitraje,
si
tal
convenio
alcanza
determinada
controversia, y si tal convenio alcanza una disputa sobre
la
duración
o
expiración
del
contrato.
U.C.P.R.
v.
Triangle Engineering Corp., supra, a la pág. 144 (1994);
World Films v. Paramount Pictures Corp., 125 D.P.R. 352,
361 nota 9 (1990); ambos citando a National R.R. Passenger
Corp. v. Boston S. Maine Corp., 850 F.2d 756 (Cir. D.C.
1988).
Ahora bien, como existe una fuerte política pública
favorable al arbitrage, toda duda con respecto a si procede
el mismo debe resolverse en la afirmativa.
Soc.
de
151
Gananciales,
D.P.R.
307,
Paine Webber v.
312-313
(2000);
U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, a las págs.
141-142 y 143; World Films v. Paramount Pictures Corp.,
supra,
a
las
págs.
361-362
(1990);
McGregor-Doniger
Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970).
v.
Incluso, hemos
señalado que “ante un convenio de arbitraje lo prudencial
es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté
vedada.”
U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, a
la
142.
pág.
También
hemos
observado
que
bajo
la
Ley
Federal de Arbitraje, 9 U.S.C.A. § 1 et seq.,7 cuando existe
un convenio válido y exigible de arbitraje, los tribunales
carecen de discreción con respecto a su eficacia.
7
Paine
La Ley Federal de Arbitraje aplica a los contratos en el
comercio
interestatal.
Paine
Webber
v.
Soc.
de
Gananciales, supra, a la pág. 311.
AC-2004-37
9
Webber v. Soc. de Gananciales, supra, a las págs. 311-312.
B.
En
el
comercial,
ámbito
de
los
contratos
de
construcción
de
arbitraje
no
precisan
las
cláusulas
consentimiento
específico,
mediante
referencia
entendido
así
Ley
norteamericano.
que
el
en
la
mayoría
a
cuya
jurisprudencia
de
Arbitraje
contrato
pueden
en
estadounidenses,
nuestra
sino
una
incorporarse
principal.
de
las
un
Se
ha
jurisdicciones
acudimos
criatura
del
por
ser
derecho
Véase, e.g.: T. R. Mills Contractors v.
WRH Enterprises, 93 S.W.3d 861, 870-871 (Tenn. Ct. App.
2002); Liberty Management & Construction v. Fifth Ave. &
Sixty-Sixth St. Corp., 208 A.D.2d 73 (N.Y. Sup. Ct. App.
Div. 1995); ADC Construction Co. v. McDaniel Grading, 338
S.E.2d 733 (Ga. App. 1985).
Incluso, la casuística de
algunas
que
exige
jurisdicciones
palabras
sugiere
sacramentales
ni
la
la
incorporación
firma
del
no
documento
incorporador, aún cuando el arbitraje precisa un acuerdo
escrito.8
El caso de Liberty Management & Construction v. Fifth
Ave.
&
aludida.
8
Sixty-Sixth
En
su
St.
Corp.,
propuesta
de
supra,
ilustra
subasta,
un
la
norma
contratista
La jurisprudencia discutida a continuación se resume
útilmente en: W. J. Dunn, Contract providing that it is
governed by or subject to rules or regulations of a
particular trade, business, or association as incorporating
agreement to arbitrate, 41 A.L.R. 2d 872; R. J. Sutton,
Enforcement
of
Arbitration
Agreement
Contained
in
Construction Contract by or Against Nonsignatory, 100
A.L.R. 5th 481.
AC-2004-37
expresó
10
que
había
especificaciones
examinado
e
y
instrucciones
entendía
los
planos,
relacionados
con
un
proyecto de remodelación.
También expresó su voluntad de
realizar
en
estricta
documentos
contractuales.
Estos
contractual
del
el
trabajo
AIA
que
conformidad
incluían
incorporaba,
Condiciones Generales de dicha entidad.
a
su
con
un
los
modelo
vez,
las
El dueño de la
obra aceptó una version revisada de la propuesta, mediante
una carta cursada el 18 de noviembre de 1991.
Aunque el
contratista no firmó los documentos del AIA, se alegó que
los había aceptado mediante otra carta, cursada el 20 de
diciembre de 1991.
Resolvió el tribunal que era oponible
al contratista la cláusula de arbitraje contenida en las
Condiciones Generales:
Thus, under either version of the agreement,
plaintiff's -- the agreement allegedly completed
by appellant's December 16, 1991 letter accepting
plaintiff's
November
18,
1991
proposal,
as
subsequently revised -- or appellant's -- the
December 20, 1991 AIA contract, which plaintiff
allegedly accepted by its January 2, 1992 letter
-- plaintiff agreed to arbitrate.
Liberty Management & Construction, supra, a la pág. 78.9
En
otras industrias se ha aplicado un criterio similar.10
Y a
9
También véase: T. R. Mills Contractors v. WRH Enterprises,
supra;
Landmark
Properties,
Inc.
v.
Architects
International-Chicago, 526 N.E.2d 603 (Ill. App. 1988);
Todd Habermann Construction, Inc. v. Epstein, 70 F. Supp.2d
1170 (D. Colo. 1999); Frank J. Rodney, Inc. v. Charles W.
Ackerman of Fla., Inc., 219 So.2d 110 (Fl. Dist Ct. App.
1969), cert. desestimado, 230 So.2d 13.
10
Véase, por ejemplo, Wilson & Co. v. Fremont Cake & Meal
Co., 77 F. Supp. 364 (D. Neb. 1948).
AC-2004-37
11
pesar de que algunos tribunales han sido menos flexibles,11
la jurisprudencia citada es de gran valor persuasivo, dada
nuestra política pública favorable al arbitraje.
IV.
El
norte
determinar
cuál
de
la
interpretación
fue
la
real
y
común
contractual
intención
de
es
las
partes.
Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-410
(1969);
Carrillo
Norat
v.
Camejo,
107
D.P.P.
132,
138
(1978); Marcial Burgos v. Tome, 144 D.P.R. 522, 537 (1997);
Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852-853 (1991);
Ramírez, Segal & Látimar v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161,
173-174 (1989).
Dicho análisis comienza y termina con los
términos del contrato, siempre que éstos sean claros y no
dejen duda sobre la susodicha intención.
Artículo 1233 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3471; Trinidad v. Chade, 153
D.P.R. 280, 289 (2001); Marcial Burgos v. Tome, supra, a la
pág. 536; Mattei Nazario v. Vélez & Asociados, 145 D.P.R.
508, 517 (1998); Unysis v. Ramallo Brothers, supra, a la
11
In Re General Silk Importing Co., 189 N.Y.S. 391 (Supreme
Ct. App. Div. 1921); In Re General Silk Importing Co., 194
N.Y.S. 15 (Supreme Ct. App. Div. 1922), confirmado, 234
N.Y. 513; Re Bachmann, E. & Co., 197 N.Y.S. 879 (Supreme
Ct.
App.
Div.
1923);
Riverdale
Fabrics
Corp.
v.
Tillinghast-Stiles Co., 306 N.Y. 288 (1954).
Cf. Level
Export Corp. v. Wolz, Aiken & Co., 305 N.Y. 82 (1953);, 121
N.Y.S.2d 261. Obsérvese que a veces se niega el arbitraje
en el contexto de circunstancias especiales. Véase, e.g.:
Harper v. Ultimo, 113 Cal. App. 4th 1402 (Ct. App. 2003);
Western Vegetable Oils Co. v. Southern Cotton Oil Co., 141
F.2d 235 (9no Cir. 1944); Pillsbury v. Blumenthal, 272 P.2d
326 (N.M. 1954); Northridge Cooperative Section No. 1 v.
32nd Avenue Construction Corp., 139 N.Y.S.2d 37 (Supreme Ct.
1955); American Rail & Steel Co. v. India Supply Mission,
308 N.Y. 577 (1955).
AC-2004-37
12
pág. 852.
Así, hemos indicado que “la tendencia de los
tribunales es a limitar la interpretación a los casos en
que
se
haga
verdaderamente
necesaria”,
“[i]nterpretar
que
presupone
concordar
partes.”
Marcial Burgos v. Tome, supra, a la pág. 537;
letra
con
un
la
contrato
es
no
obstante,
su
si
reconociendo,
intención
claro
de
las
véase también, e.g., Merle v. West Bend Co., supra, a las
págs 410-411.
Para determinar la verdadera y común intención de las
partes,
acudimos
a
una
serie
de
normas
interpretativas.
Por un lado, es preciso examinar la evidencia extrínseca al
contrato.
a
los
Dicha evidencia ha de referirse, principalmente,
actos
contrato.
3472.
de
las
partes
coetáneos
y
posteriores
al
Artículo 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §
Ello no impide, sin embargo, que se examinen todas
las circunstancias indicativas de la intención contractual,
incluyendo
la
ocasión,
circunstancias,
personas
y
el
acuerdo que se intentó llevar a cabo, así como los actos
ocurridos durante la preparación del contrato.
Unysis v.
Ramallo Brothers, supra, a la pág. 853; Ramírez, Segal &
Látimer v. Rojo Rigual, supra, a la pág. 174; Merle v. West
Bend Co., supra, a la pág. 410; Cooperativa la Sagrada
Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978).
Por
otro
lado,
varios
principios
encausan
la
interpretación de las palabras que se utilizaron para dar
expresión al contrato.
Son relevantes al caso de autos los
artículos 1239 y 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3477
y 3478.
El primero establece que debemos utilizar el uso y
AC-2004-37
13
la costumbre del lugar o industria pertinentes al contrato
para aclarar lo pactado y para suplir lo no pactado.
G. H.
Hammond Co. v. Diego Agueros & Co., 30 D.P.R. 610 (1922);
Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394, 399 nota 2
(1998); J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra
ed., Madrid, Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, pág. 237.
Por
otro lado, el artículo 1340 establece que la ambigüedad de
un contrato o de sus cláusulas debe resolverse en contra de
quien la provocó, aún cuando no se trata de un contrato de
adhesión.
Véase, e.g.: Cooperativa la Sagrada Familia v.
Castillo, supra, a la pág. 418; Zequeira v. C.R.U.V., 83
D.P.R. 878, 880 (1961).
Cabe añadir que el principio de lealtad incide sobre
la
interpretación
de
los
contratos.
Es
decir,
cuando
resulta necesario determinar cuál fue la común voluntad de
los
contratantes,
se
entiende
que
éstos
quisieron
expresarse como lo hubiera hecho una persona de buena fe.
En Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61 (1987),
citamos
la
explicación
que
ofrece
Díez-Picazo
de
norma:
[Los contratos] deben interpretarse de acuerdo
con la buena fe...[que es] un [estándar] de
conducta arreglada a los imperativos éticos
exigibles de acuerdo con la conciencia social
imperante....
Los
contratos
han
de
ser
interpretados presuponiendo una lealtad y una
corrección en su misma elaboración, es decir,
entendiendo
que
las
partes
al
redactarlos
quisieron expresarse según el modo normal propio
de gentes honestas y no buscando circunloquios,
confusiones deliberadas u oscuridades.... El
contrato debe ser interpretado de manera que el
sentido que se le atribuya sea el más conforme
para llegar a un desenvolvimiento leal de las
relaciones contractuales y para llegar a las
esta
AC-2004-37
14
consecuencias contratuales exigidas conforme a
las normas éticas. La buena fe impone también la
aplicación
de
las
ideas
de
confianza
y
autorresponsabilidad en la interpretación.... Las
declaraciones de voluntad deben interpretarse en
el sentido más conforme con la confianza que
hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe.
120 D.P.R., a la pág. 75; citando Fundamentos del Derecho
Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap.
XI, § 45, págs. 251-252.
Véase, también: Ramírez, Segal &
Látimer v. Rojo Rigual, supra, a las págs. 174-175; L.
Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed.,
Madrid, Tecnos, 1989, Vol. II, págs. 86-87.
Cabe añadir
que el principio de lealtad en la redacción contractual
incluye un deber de diligencia, toda vez que se presume
“una corrección en su misma elaboración” y una expresión
“según el modo normal propio de gentes honestas.”
Finalmente,
la
controversia
de
marras
exige
una
aclaración con respecto al vínculo entre la interpretación
contractual y las normas hermenéuticas reseñadas.
reiterado
que
el
norte
de
tal
interpretación
verdadera y común intención de las partes.
Hemos
es
la
Sin embargo,
las normas hermenéuticas que establece el Código Civil en
sus
artículos
1233-1241,
31
L.P.R.A.
§§
3471-3479,
“son
auténticas normas jurídicas, no máximas de experiencia, y
como
tales
obligan
al
intérprete
(jueces,
árbitros).”
Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 88 (refiriéndose a los
artículos 1.281-1.289 del Código Civil español).
Lo anterior significa, cuando menos, que si las normas
interpretativas
favorecen
clara
y
consistentemente
una
interpretación sobre otra, debe prevalecer la primera.
Por
AC-2004-37
15
ejemplo, la versión que surge claramente de los actos y
circunstancias
pertinentes
debe
prevalecer
sobre
la
que
surge del testimonio de un contratante con respecto a su
propia
intención;
y
la
interpretación
derivada
del
principio de lealtad ha de vencer una con mayor apoyo en la
evidencia pero claramente contraria al mismo.
Si bien la
hermenéutica contractual tiene su norte en la verdadera y
común intención de las partes, los cánones interpretativos
son el imprescindible compás judicial.
V.
Hemos
visto
que
los
convenios
de
arbitraje
con
un
municipio están sujetos al derecho general de obligaciones
y
que
un
acuerdo
de
arbitraje
es
susceptible
de
incorporación por referencia en un contrato escrito.
El
caso de autos no presenta controversia alguna con respecto
a la validez y eficacia del Contrato de Construcción entre
el
Municipio
dirimir
y
es
Lebrón.
si
Por
dicho
ende,
Contrato
la
única
pregunta
incorporó,
a
mediante
referencia, el artículo sobre arbitraje de las Condiciones
Generales.
Delimitada así la pregunta, se observa que la única
disposición
Municipio
pertinente
contrata
remodelación
a
“conforme
del
Contrato
Lebrón
se
para
describe
establece
que
en
que
el
realice
la
los
planos
y
especificaciones sometidos por el Departamento . . . .”
Resolvemos que, en las circunstancias de este caso, dicha
cláusula
basta
para
incorporar
artículo 7.9 sobre arbitraje.
el
Veamos.
documento
A201
y
su
AC-2004-37
16
A.
El alcance de la disposición citada admite más de una
interpretación.
obras
de
planos
y
Por un lado, podría significar que las
remodelación
las
habrían
de
especificaciones
disposiciones
técnicas
realizarse
--es
allí
decir,
según
los
según
las
contenidas.
Esta
interpretación tiene el efecto de excluir toda referencia a
las
disposiciones
Especificaciones,
no
el
técnicas
cual
del
contiene
Documento
las
de
Condiciones
Generales.
Por otro lado, la disposición citada podría significar
que
el
Municipio
“contrata
los
servicios
del
[peticionario] . . . conforme se describe en los planos y
especificaciones sometidos por el Departamento” --es decir,
que
la
frase
“conforme
se
describe
en
los
planos
y
especificaciones” modifica, no la descripción del trabajo,
sino la descripción del contrato.
Así interpretada, la
cláusula hace referencia a todo el contenido del Documento
de
Especificaciones,
incluso
el
documento
A201
y
su
artículo 7.9 sobre arbitraje.
Ante
estas
dos
concluir
que
estamos
recordará
que
la
posibles
interpretaciones,
ante
ambigüedad
una
ambigüedad
de
un
debemos
jurídica.
contrato
no
Se
responde
exclusivamente a sus palabras, sino que venimos obligados a
“concordar su letra con la intención de las partes”, máxime
cuando
existe
arbitraje.
una
fuerte
política
pública
en
pro
del
Para ello acudimos al texto contractual y a la
evidencia extrínseca, no sólo aquella relacionada con los
AC-2004-37
17
actos de las partes coetáneos y posteriores al contrato,
sino también la que se refiere a los actos en preparación
del contrato y a la ocasión, circunstancias, personas y
acuerdo que se intentó llevar a cabo.
Los hechos de este caso revelan una ambigüedad en la
intención de las partes con respecto a la incorporación del
Documento
de
Especificaciones.
subasta,
el
Municipio
parte del contrato.
indicó
Durante
que
los
dicho
documento
subastas
se
de
sería
Lebrón participó en estos procesos y
recibió las Especificaciones del Municipio.
ambas
procesos
declararon
A pesar de que
desiertas,
las
partes
otorgaron el Contrato de Construcción unos meses después,
mas sin antes discutir la cuestión del arbitraje.
Dicho
Contrato hizo referencia al Documento de Especificaciones,
referencia que no se limitó, expresamente, a los aspectos
técnicos
del
ambigüedad
Documento.
con
respecto
Estas
actuaciones
a
ambas
sí
revelan
partes
una
quisieron
incorporar todo el contenido de las Especificaciones.
De
otra
parte,
la
jurisprudencia
estadounidense
examinada sugiere que el documento A201 del AIA es común en
la industria de diseño y construcción de dicho país.
veremos
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
Luego
hizo
una
apreciación análoga con respecto a la industria local.
Las
partes no son ajenas a dichas industrias, y el Municipio
contó con la asistencia de su División Legal.
Además, el
documento
su
página:
A201
advierte
conspicuamente
en
primera
“this document has important legal consequences;
consultation with an attorney is encouraged with respect to
AC-2004-37
18
its modification”.
Por
lo
Apéndice, pág. 96.
tanto,
confirman
nuestra
conclusión,
como
pasamos a discutir, la ocasión, circunstancias, personas y
el acuerdo que se intentó llevar a cabo.
B.
Habida
cuenta
de
que
resulta
ambigua
la
referencia
contractual a “los planos y especificaciones sometidos por
el
Departamento”,
resolvemos
que
el
Contrato
de
Construcción hace referencia a todas las disposiciones del
Documento de Especificaciones, documento que incluye las
Condiciones Generales y su artículo 7.9 sobre arbitraje.
Al
menos
conclusión.
cuatro
consideraciones
apoyan
esta
En primer lugar, si existe alguna duda con
respecto a la obligación de arbitrar, se debe reconocer
dicha obligación.
Segundo, la ambigüedad de un contrato o
de sus cláusulas no debe favorecer a quien la provocó.
partes
estipularon
Preliminar
entre
en
el
Informe
que
Abogados
sobre
Lebrón
&
Las
Conferencia
Associates
no
intervino en la redacción del Contrato de Construcción, y
el Municipio admite que lo redactó un funcionario suyo, a
saber, el asesor legal a cargo de la unidad de contratos.
Apéndice,
págs.
pág.
764;
y
12-13;
4-5
Alegato
Apéndice, pág. 984-986.
del
Exposición
Municipio
Narrativa
de
Mayagüez,
Estipulada,
Por ende, la ambigüedad de la
cláusula de incorporación no debe favorecer al Municipio.
En tercer lugar, el uso y la costumbre sirven para
especificar
contratantes.
y
suplir
la
En
conclusiones
las
ambigua
intención
de
derecho
de
de
los
su
AC-2004-37
Sentencia,
19
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
expresó
lo
siguiente:
No se manifiesta un convenio expreso ni oral; por
el contrario, lo que surge es una inclusión de
arbitraje conforme a un procedimiento rutinario
al preparar los documentos de especificaciones
requeridos por el contrato de diseño, planos y
otros suscrito con la firma arquitectos Rigau &
Penabad.”
Apéndice, pág. 58 (énfasis suplido).
Es decir, el foro
sentenciador entiende que incluir el escrito A201 en un
Documento
de
Especificaciones
industria
local
de
diseño
es
y
algo
rutinario
construcción.
en
la
Ello
no
significa que todo contrato de construcción se entendería
pactado con el documento de uso rutinario.
Pero cuando el
contrato consta por escrito y hace referencia ambigua a un
grupo
de
documentos,
y
éste
contiene
un
escrito
que
a
menudo se utiliza íntegramente en la industria pertinente,
el
uso
y
la
costumbre
favorecen
la
total
incorporación
la
fe
conduce
contractual del escrito.
El
principio
resultado.
Al
suponemos
“una
de
buena
interpretar
el
Contrato
lealtad
una
corrección
y
de
al
mismo
Construcción,
en
su
misma
elaboración”, lo cual significa que las partes “quisieron
expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y
no
buscando
circunloquios,
oscuridades . . . .”
75.
confusiones
deliberadas
u
Ex parte Negrón Rivera, supra, pág.
Dado que el Municipio había incluido las Condiciones
Generales
en
el
Documento
Contrato
de
Construcción
de
Especificaciones,
hacía
referencia
que
a
el
dicho
documento, y que se trata de un negocio jurídico multi-
AC-2004-37
20
millonario,
sólo
una
persona
intención
de
limitar
desleal
hubiera
alcance
sin
su
tenido
la
expresarla
tajantemente.
C.
Los argumentos del Municipio no alteran el resultado que
hemos alcanzado.
obligarse
al
Éste sostiene que no tuvo la intención de
arbitraje.12
Su
principalmente, en dos hechos:
conclusión
se
ampara,
primero, que el Contrato de
Construcción se redactó con el propósito de incorporar sólo
los
aspectos
técnicos
del
Documento
de
Especificaciones;
segundo, que los funcionarios facultados para vincular al
Municipio desconocían la existencia del artículo 7.9 sobre
arbitraje,
toda
colocaron
en
el
vez
que
las
Documento
autorización y conocimiento.
que
otorgó
documentos
un
contrato
incorporados
Condiciones
de
Especificaciones
sin
se
su
Es decir, admite el recurrido
multi-millonario
ni
Generales
limitar
sin
examinar
los
cuidadosamente
su
incorporación.
La posición del Municipio con respecto a su intención
al redactar el Contrato está basada en el testimonio del
12
El recurrido esgrime otros argumentos que no merecen un
análisis detenido, dados los hechos de este caso y el
derecho aplicable. Sostiene el Municipio, por ejemplo, que
validar la disposición sobre arbitraje sería “inconsciente”
(entiéndase, leonino). Añade que el pacto de arbitraje es
contrario al orden público porque, entre otras cosas, las
Condiciones Generales no se enviaron al Contralor, el
asesor legal del Municipio nunca aprobó la cláusula de
arbitraje, los arquitectos no tenían autorización para
incluir el documento A201 en las Especificaciones, y la
American Arbitration Association es un foro costoso e
inadecuado. Alegato, Apéndice, págs. 15-17 y 22-28.
AC-2004-37
21
funcionario que lo redactó.
era
incorporar
los
Especificaciones,
y
Éste declaró que su propósito
aspectos
que
el
técnicos
Municipio
tenía
de
una
pública contraria a las cláusulas de arbitraje.
las
política
Exposición
Narrativa Estipulada, Apéndice, págs. 984-986; Alegato del
recurrido,
págs.
12-13.
No
está
claro
si
el
foro
sentenciador confirió entera credibilidad a dicho testigo,
pero
la
cuestión
es
académica.
Cuando
los
cánones
de
hermenéutica contractual favorecen clara y consistentemente
una interpretación sobre otra, debe prevalecer la primera.
Dadas las circunstancias de este caso, el juzgador debió
rechazar la posición del Municipio, aún cuando le mereciera
entera credibilidad el testimonio del funcionario.
Añade
el
Municipio
que
los
funcionarios
facultados
para vincularlo desconocían la existencia de la disposición
sobre arbitraje.
Condiciones
Ahora, el recurrido no niega que las
Generales
Especificaciones
negociación
formaron
durante
del
las
Contrato
parte
dos
de
del
subastas
Documento
de
y
la
durante
Construcción.
Nuestra
inspección de los autos revela que el documento A201 se
halla
sin
dificultad
y
que
el
contenido
básico
de
su
artículo 7.9 resulta evidente tras una lectura superficial
del escrito.
sólo
puede
examinaron
Por ende, la posición del Municipio es --y
ser--
el
que
los
Documento
funcionarios
de
pertinentes
Especificaciones
antes
no
de
otorgar un multi-millonario Contrato de Construcción.
Podríamos
despachar
este
argumento
con
la
famosa
AC-2004-37
consigna
22
del
Juez
Asociado
resulta innecesario.
señor
Serrano
Geyls,13
pero
La negligencia de quien otorga un
contrato no es óbice para que se interprete el mismo según
la
política
pública
en
pro
del
arbitraje,
el
uso
y
la
costumbre, la buena fe, y la norma desfavorable a quien
provoca una ambigüedad.
De hecho, el principio de lealtad
en la redacción contractual incluye un deber de diligencia.
Así, la admisión del Municipio con respecto a su falta de
conocimiento confirma nuestra conclusión.
VI.
En virtud de los fundamentos expuestos, se revoca la
Sentencia
recurrida
y
en
consecuencia
se
desestima
la
demanda de epígrafe.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
13
“Los jueces no debemos . . . ser tan inocentes como para
creer declaraciones que nadie más creería.”
Pueblo v.
Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio de Mayagüez
Recurrido
v.
Edgardo Lebrón h/n/c
Lebrón & Associates
AC-2004-37
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede, los cuales se incorporan
íntegramente a la presente, se revoca la Sentencia
recurrida y en consecuencia se desestima la demanda
de epígrafe.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo