Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vélez Rodríguez v. ARPE; Rivera Delgado
2006 TSPR 69
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vélez Rodríguez v. ARPE; Rivera Delgado
CC-2004-1052
Derecho Administrativo-Alcance de la Revisión de la JACL sobre las decisiones de ARPE
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Vélez Rodríguez
Recurrida
Certiorari
v.
2006 TSPR 69
Administración de
Reglamentos y Permisos
167 DPR ____
Apela
Edwin Rivera Delgado
Opositor-Peticionario
Número del Caso: CC-2004-1052
Fecha: 21 de abril de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel III
Juez Ponente:
Hon. Luis Rivera Román
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Ileana Guzmán Carreras
Abogado de la Parte Peticionaria
Lcdo. Julio Bonilla Rivera
Materia: Revisión Administrativa procedente de la Junta de Apelaciones
sobre Construcciones y Lotificaciones
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Vélez Rodríguez
Recurrida
v.
Administración de
Reglamentos y Permisos
Certiorari
Apelada
CC-2004-1052
Edwin Rivera Delgado
Opositor-Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a
2006.
21 de abril de
El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir
el recurso de revisión solicitado en este caso,
avalando de esa forma la determinación de la Junta
de
Apelaciones
Lotificaciones
sobre
(JACL)
Construcciones
y
revocó
la
que
a
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).
Ambos
organismos
permiso
de
apelativos
uso
ministerialmente”,
entendieron
solicitado
por
lo
que
el
era
“permitido
ARPE
no
cual
tenía
discreción para denegarlo. Nos corresponde, pues,
resolver
si
efectivamente
se
trata
de
un
uso
permitido “ministerialmente” por el Reglamento de
Zonificación
de
Puerto
correctamente
al
disposiciones
del
Rico
o
considerarla
mecanismo
de
si
ARPE
actuó
bajo
las
“excepciones”
CC-2004-1052
2
al amparo de dicho Reglamento.
Además, debemos determinar
si JACL está limitada en su función como agencia apelativa
administrativa por la norma de deferencia aplicable a la
revisión
judicial.
I.
La
Sra.
Carmen
Administración
ARPE,
una
de
Vélez
Rodríguez
Reglamentos
solicitud
de
y
permiso
presentó
Permisos,
de
uso
ante
en
para
la
adelante
operar
un
centro de cuidado diurno infantil. El centro se ubicaría
en los bajos de la residencia de la solicitante, en un
solar con cabida superficial de 800.001 metros cuadrados
en
el
Barrio
Jagual
del
Municipio
de
Gurabo.
Dicha
propiedad es la última de diez (10) solares a lo largo de
una calle sin salida, en un área zonificada como Distrito
Residencial Uno (R-1). De los diez (10) solares en dicha
área, nueve (9) están edificados; seis (6) con viviendas y
tres
(3)
comerciales.
con
estructuras
Entre
estos
usos
utilizadas
para
comerciales,
uno
fines
es
una
compañía de pinturas, el otro un taller de mecánica, y el
tercero,
localizado
en
la
propiedad
colindante
a
la
residencia de la señora Vélez Rodríguez, es un centro de
cuidado diurno. El centro de cuido propuesto por la señora
Vélez Rodríguez operaría de lunes a viernes, de 6:00 a.m.
a 6:00 p.m., con una matrícula de veinticuatro (24) niños
y cuatro (4) empleados.
La señora Vélez Rodríguez solicitó que su caso se
evaluara conforme al mecanismo de excepciones dispuesto en
el
Reglamento
de
Zonificación
de
Puerto
Rico.
La
proponente notificó de la solicitud a los dueños de las
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3
propiedades
oposición
colindantes
del
sector.
algunos
vecinos
de
de
En
la
vista
de
la
propiedad
a
la
concesión del permiso, se celebró una vista administrativa
ante
un
oficial
testificaron
la
examinador
proponente
de
y
ARPE.
algunos
En
de
la
los
vista
vecinos
opositores. Entre estos testificó la Sra. Ana I. Tañón,
quien se opuso al uso propuesto por ser ella dueña del
otro centro de cuido que opera en la misma calle.
También
declaró el Lcdo. Edwin Rivera Delgado, residente de la
propiedad colindante al solar bajo estudio. El licenciado
Rivera
Delgado
se
opuso
por
entender
que
el
centro
incrementaría el serio problema de tráfico en la calle sin
salida
que
da
acceso
a
todos
los
solares,
pues
la
propiedad de la proponente se encuentra al final de la
calle,
y
colinda
Tañón,
que
con
atiende
el
centro de
alrededor
de
cuido
de la
señora
treinta
(30)
niños.
Alegaron los opositores que el centro existente, de por
si, causa problemas de tráfico debido a la gran cantidad
de vehículos que llegan al lugar.
La proponente, señora Vélez Rodríguez, reconoció que
en
el
área
negocios
había
allí
algún
situados,
problema
de
tráfico
debido
que
sólo
a
por
los
había
una
entrada a la comunidad y que ésta permite el acceso de un
solo vehículo a la vez. En específico, expresó que la
operación del taller de pinturas requería la entrada y
salida
constante
de
varios
vehículos
y
equipo
pesado.
Además, admitió que el limitado espacio de estacionamiento
del
centro
de
cuido
ya
existente
provocaba
que
sus
empleados y visitantes utilizaran el redondel que colinda
con el predio para el cual se solicita el permiso. No
CC-2004-1052
obstante,
4
adujo
que
la
operación
del
centro
de
cuido
propuesto no causaría mayores problemas al sector.
Una
vez
concluida
la
vista,
el
Oficial
Examinador
recomendó denegar el permiso de uso solicitado. Concluyó que
el aumento en el flujo de vehículos en la zona afectaría la
calidad de vida de los vecinos ya que “la propiedad ubica al
final de una calle sin salida y en especial que al frente de
ésta existe un centro de cuido en operación”. ARPE acogió
las
conclusiones
del
Oficial
Examinador
y
emitió
una
resolución denegando la solicitud presentada por la señora
Vélez Rodríguez.
Así
las
cosas,
oportunamente
un
Apelaciones
sobre
adelante
Junta
la
escrito
señora
de
Vélez
apelación
Construcciones
de
Apelaciones
y
o
Rodríguez
presentó
ante
Junta
de
Lotificaciones,
en
JACL.
la
Alegó
que
la
estructura física, diseño y cabida de su propiedad provee
espacio para estacionamiento y un área de viraje suficiente
para los vehículos que entren al predio, lo que facilita el
flujo eficiente y planificado del tráfico.
La Junta de Apelaciones celebró una vista en la cual
las partes tuvieron la oportunidad de presentar prueba, que
fue muy similar a la presentada ante ARPE. Concluida la
vista, JACL revocó la determinación de ARPE. Concluyó que
los
reglamentos
aplicables
permitían
el
uso
solicitado
ministerialmente en un distrito R-1, por lo cual no era
necesario
utilizar
determinó
que
el
características
Indicó,
además,
de
el
mecanismo
de
excepciones.
uso
solicitado
era
viable,
porque
la
propiedad
eran
ideales
para
dicho
era
necesario,
que
realidad actual de la
uso
familia
puertorriqueña,
en
También
las
ello.
dada
la
la
que
CC-2004-1052
usualmente
5
ambos
padres
trabajan
fuera
del
hogar.
Por
último, expresó que denegar el permiso penalizaría a la
proponente quien a su entender cumplió con los requisitos
reglamentarios, “a consecuencia de otros usos existentes en
el sector que a juicio de la parte opositora perjudican su
calidad
de
vida”.
Por
tanto,
la
Junta
de
Apelaciones
autorizó el permiso de uso solicitado por la señora Vélez
Rodríguez, con la sola condición de que habilitara un área
para el recogido y entrega de niños.
El licenciado Rivera Delgado solicitó reconsideración
oportunamente.
La agencia la declaró sin lugar, luego de lo
cual el licenciado Rivera Delgado solicitó al Tribunal de
Apelaciones que revisara la decisión de JACL.
Alegó que la
Junta de Apelaciones actuó de manera arbitraria y caprichosa
al celebrar una nueva vista y al sustituir el criterio de
ARPE por el suyo.
Arguyó que la agencia apelada abusó de su
discreción al otorgar el permiso solicitado aun cuando éste
trastocaría la seguridad, salud y bienestar de la comunidad,
además
de
afectar
además
que
el
el
valor
permiso
de
de
uso
sus
propiedades.
solicitado
tenía
Sostuvo
que
ser
evaluado por el mecanismo de excepciones, el cual requiere
el análisis de varios factores, y que en última instancia la
aprobación
o
denegación
del
permiso
es
un
ejercicio
de
adjudicación discrecional y no ministerial.
El tribunal apelativo denegó la expedición del recurso
solicitado. Concluyó que JACL tenía facultad en ley para
llegar a sus propias conclusiones, y que su determinación
fue
razonable
especializado,
judicial.
y
por
sustentada
lo
Inconforme,
cual
el
por
merecía
licenciado
su
la
conocimiento
mayor
Rivera
deferencia
Delgado
nos
CC-2004-1052
6
solicita la revocación de esta decisión del foro apelativo.
Alega
que
ese
tribunal
erró
al
autorizar
el
permiso
solicitado ignorando el interés público y comunitario, y al
permitir
a
JACL
sustituir
el
criterio
de
la
agencia
administrativa de instancia por el suyo.
Además, nuevamente
arguye
considerar
que
se
cometió
solicitado
como
de
un
error
aprobación
al
ministerial,
a
el
uso
pesar
de
haberse utilizado el mecanismo de excepción cuya aprobación
es de carácter discrecional.
Examinado el recurso, ordenamos a la parte recurrida
mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto y
revocar
la
resolución
comparecencia
de
del
ambas
tribunal
partes,
apelativo.
procedemos
a
Con
la
expedir
y
resolver el recurso presentado.
II.
Nuestro derecho administrativo se basa en una actitud
de
gran
consideración
y
deferencia
de
parte
de
los
tribunales a las decisiones de las agencias administrativas.
De
ahí
que
los
procesos
administrativos
y
las
determinaciones de hechos de las agencias estén cobijados
por una presunción de regularidad y corrección. Por eso, la
revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia
sustancial en el expediente para sostener la conclusión de
la agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa
o ilegal.
Subyace
a
esta
actitud
deferencial
el
respeto
por
nuestro sistema constitucional de separación de poderes y el
reconocimiento
de
que
las
agencias
ejecutivas
poseen
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conocimientos
7
y
experiencias
especializados
sobre
los
asuntos que les han sido delegados. Rivera Concepción v.
ARPE, 152 D.P.R. 116 (2000); Misión Industrial de Puerto
Rico v. Junta de Calidad Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998).
Este rol judicial inherentemente limitado está cimentado
también en la teoría, traducida a política pública, de las
ventajas
institucionales
de
un
sistema
regulatorio
predominantemente técnico y especializado, que aunque es
producto de acción legislativa es implementado por la rama
ejecutiva, y que reserva al poder judicial una función más
bien correctora de los excesos o abusos de discreción en que
incurran las agencias que administran este sistema y de sus
actuaciones
ultra
vires.
De
ahí
que
la
doctrina
de
deferencia judicial presupone una participación restringida
y limitada de los tribunales en la revisión de las acciones
administrativas,
pues
lo
que
se
busca
es
“evitar
la
sustitución del criterio del organismo administrativo en
materia especializada por el criterio del tribunal revisor”.
(citando a P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R.
269, 282 (2000), énfasis suplido). Es palpable, pues, que la
norma
de
deferencia,
en
su
propósito,
justificación
e
historial, presupone que la relación de revisión se da entre
una agencia administrativa y un tribunal.
Sin
embargo,
el
peticionario,
licenciado
Rivera
Delgado, nos solicita que nos apartemos de este esquema de
revisión
judicial
de
decisiones
administrativas,
para
sostener que JACL está igualmente limitada en su función
apelativa frente a las decisiones de ARPE. Aduce que la
norma
que
limita
el
alcance
de
la
intervención
de
los
tribunales en la revisión de decisiones administrativas le
aplica a JACL, porque ésta ejerce funciones de carácter
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8
cuasi judicial. La opinión concurrente propone adoptar esta
visión
y
deferencia
concluye
que
que
debe
JACL
le
debe
a
mostrar
un
tribunal
ARPE
al
la
misma
revisar
las
determinaciones finales de una agencia.
Concluimos, por el contrario, que el peticionario no
tiene razón al alegar que la Junta de Apelaciones se excedió
en su función revisora, y por consiguiente abusó de su
discreción, al sustituir el criterio de la agencia apelada
por el suyo. La norma de deferencia judicial, como bien lo
indica el termino, sólo aplica cuando un tribunal revisa la
actuación de una agencia, y no en la relación entre una
agencia
apelativa
y
una
agencia
que
actúa
en
primera
instancia. Además, como veremos, la Junta de Apelaciones
está
facultada
en
ley
para
formular
sus
propias
determinaciones, e incluso llegar a conclusiones distintas a
las de la agencia apelada.
otras
razones,
que
el
Ello no obstante resolvemos, por
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
negarse a expedir el auto de revisión en este caso.
III.
La
Junta
de
Apelaciones
de
Planificación,
Urbanización y Zonificación fue creada en 1942 junto a la
Junta de Planificación. Ambas formaron parte de lo que sería
un nuevo esquema en Puerto Rico para regular el desarrollo
urbano y la zonificación y uso de los terrenos. Véase Ley
Núm. 213 de 12 de mayo de 1942. La Junta de Apelaciones
adquirió su actual nombre en 1946, cuando la Ley orgánica de
la Junta de Planificación fue enmendada para establecer un
Negociado de Permisos, que desempeñaría las funciones que
hoy día ejerce ARPE. En 1950, de acuerdo a un plan de
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9
reorganización preparado por el Gobernador de Puerto Rico,
el Negociado de Permisos fue transferido para que funcionase
bajo
la
supervisión
y
dirección
de
la
Junta
de
Planificación. Por disposición del mismo plan, se suprimió
la Junta de Apelaciones y sus funciones se transfirieron a
la Junta de Planificación. Sin embargo, a finales de la
década de los años cincuenta resurge la Junta de Apelaciones
sobre Construcciones y Lotificaciones, por virtud de la Ley
Núm. 95 de 30 de junio de 1959, que establece sus facultades
y jurisdicción.
El
rol
de
Construcciones
la
y
Junta
de
Lotificaciones
Apelaciones
como
un
sobre
organismo
administrativo de carácter cuasi judicial fue reafirmado por
la
Ley
Orgánica
de
la
Administración
de
Reglamentos
y
Permisos, Ley núm. 76 de 24 de junio de 1975. Acorde a su
título, esta legislación creó también la Administración de
Reglamentos y Permisos, agencia que debe aplicar a casos
individuales los reglamentos de la Junta de Planificación y
está a cargo del proceso de concesión de permisos de uso y
construcción.
Asoc., C.D. Octubre v. JACL, 116 D.P.R. 326,
331 (1985). Ambos organismos, JACL y ARPE, formaron parte de
un esquema administrativo integrado, encargado de “aplicar y
velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de
planificación”. Junta de Planificación v. JACL, 109 D.P.R.
210, 214 (1979).
La Junta de Apelaciones fue investida de jurisdicción
apelativa
para,
determinaciones
entre
o
otras,
resoluciones
revisar
las
actuaciones,
de
con
relación
ARPE
a
CC-2004-1052
10
permisos de construcción, uso de edificios y lotificaciones
1
simples. Art. 31(a) de la Ley Orgánica de la Administración
de
Reglamentos
además
Sec.
y
Permisos,
23.00
Adjudicativos
de
del
la
23
L.P.R.A.
sec.
72c.
Véase
Reglamento
de
Procedimientos
Administración
de
Reglamentos
y
Permisos, Reglamento núm. 6435 de 19 de abril de 2002. El
rol
de
JACL
es
servir
como
organismo
de
apelación
interagencial previo al trámite de un recurso de revisión
judicial ante los tribunales. Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce,
151 D.P.R. 689, 698 (2000); Junta de Planificación v. JACL,
supra, pág. 218.
La
Junta
de
Apelaciones
no
tiene
autoridad
discrecional en su competencia apelativa, sino que actúa con
las mismas facultades y los mismos poderes que ARPE, el
organismo con jurisdicción original. Esto se desprende del
inciso
(c)
del
artículo
31
de
la
Ley
Orgánica
de
la
Administración de Reglamento y Permisos, que dispone que
JACL podrá decretar órdenes, requerimientos, resoluciones o
las determinaciones que a su juicio deban dictarse y, a tal
fin, “tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo
de cuya actuación se apela...”. 23 L.P.R.A. sec. 72c(c) (3)
énfasis suplido.
Además, el inciso (c) del artículo 31 también dispone
que antes de decidir la apelación JACL deberá celebrar una
vista en la cual participarán la agencia apelada y las
partes interesadas o afectadas. En esta vista JACL “podrá
1
Además, está facultada para revisar determinaciones de
ARPE sobre permiso de uso de solares para áreas de
estacionamiento, planos de lotificación y solicitudes de
dispensa del cumplimiento de requisitos de un Reglamento de
Planificación mediante una concesión o autorización directa.
CC-2004-1052
11
recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar
casos...”.
23
L.P.R.A.
sec.
72c.
Evidentemente,
esta
disposición permite que una vez se presente la apelación
administrativa, JACL pueda considerar el caso en todos sus
méritos, igual que lo hace ARPE, que es la agencia que actúa
en primera instancia. Junta de Planificación v. JACL, supra,
pág. 219.
Obviamente, JACL no está limitada a revisar únicamente
la
prueba
original
que
en
consideró
el
asunto.
Junta
el
funcionario
de
con
jurisdicción
Planificación
v.
JACL,
supra, págs. 216-17. El historial legislativo revela que el
proyecto
de
la
Ley
Orgánica
de
ARPE
que
se
presentó
originalmente ante la Asamblea Legislativa intentó limitar
la evaluación de JACL a la prueba presentada y considerada
por el funcionario u organismo apelado. Sin embargo, JACL
objetó a que se limitaran de esta forma los poderes que le
fueron otorgados por la Ley Núm. 95 de 1959, supra. Al
respecto expresó lo siguiente:
Esta Junta de Apelaciones entiende recomendable
que ésta continúe como hasta el presente,
recibiendo toda la prueba disponible que ofrezcan
las partes, en todos los casos, tanto aquellos en
que se han celebrado vista pública ante la agencia
apelada como aquellos en que ésta no ha sido
celebrada la misma[sic]. Junta de Planificación v.
JACL, supra, pág. 217 (citando a Junta de
Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones,
Memorial al Presidente de la Comisión del
Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la
Cámara de representantes sobre P. de la C. 1272,
pág. 12).
En
pasadas
ocasiones,
hemos
interpretado
que
disposiciones de ley similares a la citada, que permiten a
organismos
apelativos
celebrar
vistas,
recibir
prueba
y
hacer sus propias determinaciones, establecen en realidad
facultades revisoras de la naturaleza de un juicio de novo.
Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755, 759-
CC-2004-1052
12
760 (1962). Al indicar el inciso (c) del artículo 31 que se
podrá recibir “toda la prueba que resulte necesaria”, se
permite que la revisión de la determinación de ARPE no esté
sujeta
sólo
al
récord
administrativo.
La
Junta
de
Apelaciones estaría entonces autorizada a emitir las órdenes
y requerir la información que estime pertinente, e incluso a
tomar en consideración prueba adicional a la evaluada por la
agencia apelada. Dada la amplia prerrogativa para solicitar
prueba y para evaluarla que la ley le concede a JACL, es
obligatorio concluir que ésta puede llegar a conclusiones
propias a base de la prueba desfilada.2
De esa forma, el ámbito de revisión de JACL no está
limitado por el principio de deferencia judicial. El que
JACL sea una agencia de carácter cuasi judicial no implica
que esté obligada a darle deferencia a las determinaciones
de hechos y conclusiones de ARPE. Llegar a una conclusión
contraria
supone
disposiciones
una
legales
abstracción
que
crean
irrazonable
esta
agencia
de
las
apelativa
administrativa y establecen sus facultades. Tratándose de
una agencia, sería irrazonable aplicarle doctrinas que por
su propia naturaleza y razón de ser sólo hacen sentido en un
contexto propiamente judicial. Además, limitar a JACL de
esta manera tergiversa el esquema administrativo adoptado en
1976 que, por las razones que fueran, refleja la intención
legislativa de dar a JACL una función más amplia que la de
un tribunal revisor.
2
Véase, e.g., la sentencia dictada en Ayala Alicea v.
E.L.A., 118 D.P.R. 507, 510 (1987).
CC-2004-1052
13
IV.
Una vez agotado el proceso administrativo, que incluye
la
apelación
interagencial,
revisarse
judicialmente
principio
de
la
dentro
deferencia
decisión
de
judicial
y
final
deberá
los
parámetros
del
su
corolario,
la
presunción de regularidad y corrección de los procesos y
decisiones administrativas. Rivera Concepción v. ARPE, 152
D.P.R. 116, 122-123 (2000). Opera entonces el esquema de
revisión fundado en la especialización de las agencias
que
fue
años
desarrollado
por
la
jurisprudencia
y
recogido
después en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. secs. 2101 a 2201.
Al igual que ARPE, JACL evalúa factores técnicos de
gran complejidad.
Asoc., C.D. v. JACL, supra, pág. 333.
Véase además ARPE v. Ozorez Pérez, 116 D.P.R. 816, 821
(1986).
Por
eso,
los
tribunales
debemos
revisar
las
decisiones de JACL, como organismo apelativo administrativo,
de
acuerdo
deferencia.3
3
a
las
Dentro
normas
de
este
derivadas
marco
del
principio
normativo,
de
debemos
La
sección
4.5
de
la
LPAU
dispone
que
las
determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas
por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que
obra en el expediente administrativo, mientras que las
conclusiones de derecho serán revisables en todos sus
aspectos. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Ahora bien, en ocasiones
los tribunales pueden enfrentarse a controversias que no
siempre son tajantemente de “hecho” o de “derecho”.
En
estos casos, como bien señala el profesor Demetrio Fernández
Quiñones, “[p]ara que la concepción interpretativa de la
agencia pueda prevalecer y recibir un trato deferencial, es
imprescindible que se reúnan los requisitos de consistencia
y razonabilidad [sic] con el propósito legislativo”. D.
Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. Forum,
1993, Sec. 9.4, pág. 549. Véase además Rivera Concepción v.
ARPE, supra, págs. 122-124.
CC-2004-1052
14
concluir que en esta ocasión, aunque JACL no excedió el
alcance de su facultad apelativa al revisar la decisión de
ARPE,
erró
en
su
dictamen
final,
según
explicaremos
a
continuación.
La Junta de Apelaciones tomó su decisión tras celebrar
una vista en la que participaron las mismas partes que lo
hicieron
en
primera
instancia
en
el
procedimiento
administrativo, así como la agencia apelada, ARPE. Todas
tuvieron la oportunidad de comparecer, ser oídas y presentar
prueba. Tanto ARPE como JACL procedieron conforme a los
procesos ordenados por las leyes aplicables. Ambas agencias
aquilataron la prueba presentada por las partes interesadas,
los
requisitos
y
características
del
distrito,
las
actividades comerciales realizadas en el sector y el impacto
del uso solicitado en el área. No obstante, llegaron a
conclusiones distintas. ARPE determinó que el uso solicitado
no era viable, por los efectos adversos que tendría en el
área.
En cambio, JACL concluyó que el uso era viable debido
a que las condiciones del solar eran óptimas para el uso
solicitado, y que no se afectaría el tránsito vehicular en
el área. Además, JACL consideró la política pública que
alienta el establecimiento de centros de cuidado de niños.
V.
Nos corresponde entonces evaluar la racionalidad de la
decisión de JACL, dentro del marco de deferencia judicial ya
descrito. Un examen detenido de la decisión emitida por JACL
revela que este organismo no hizo un análisis exhaustivo del
punto neurálgico de la controversia, esto es, el efecto que
CC-2004-1052
15
tendría la concesión del permiso en la seguridad, la salud y
el interés de la comunidad.
La Junta de Apelaciones fundamentó su resolución en que
el
Reglamento
de
Zonificación
permite
el
uso
solicitado
“ministerialmente”. Interpretó que por ello ARPE tiene el
deber
ministerial
de
aprobarlo,
puesto
que
no
tiene
discreción para decidir si procede o no un uso expresamente
permitido por el reglamento. Tanto JACL como el tribunal
apelativo justificaron la existencia del “deber ministerial”
aplicando la sección 11.02 del Reglamento de Planificación
Número
4.
Esta
sección
permite
el
uso
de
un
solar
de
novecientos (900) metros cuadrados o más para establecer un
centro de cuidado de niños. Ahora bien, las resoluciones de
ARPE y de JACL determinaron, como cuestión de hecho, que el
solar donde se propone ubicar el centro de cuidado tiene una
cabida superficial de 800.01 metros cuadrados. Por tanto, no
está presente el supuesto fáctico fundamental para aplicar
la citada sección 11.00, ya que ésta requiere que el solar a
evaluarse tenga una cabida mayor de 900.00 metros cuadrados
de cabida superficial. En vista de lo anterior, ARPE no
tenía el deber ministerial de aprobar la solicitud para el
permiso
de
uso,
sino
que
dicha
solicitud
tenía
que
considerarse necesariamente bajo el mecanismo de excepción
que
contempla
la
sección
84.00
del
Reglamento
de
Planificación.
En Asoc., C.D. Octubre v. JACL, supra, señalamos que
cuando
los
planificación
organismos
y
administrativos
ordenamiento
físico
del
encargados
país
de
autoricen
la
o
denieguen el uso solicitado de un solar por el mecanismo de
“excepción”, deben tomar en consideración, entre otros, los
CC-2004-1052
16
siguientes factores: (1) la necesidad que tenga el vecindario
en particular de la actividad que se pretende establecer y si
en
el
área
ya
existen
actividades
similares;
(2)
la
conveniencia de la actividad para el vecindario o sector en
particular, para que el mismo no resulte adverso a la salud,
la moral, la seguridad y el bienestar público del vecindario;
(3)
la
característica
controversia;
(4)
la
particular
deseabilidad
del
de
vecindario
que
se
en
concentren
facilidades similares en el mismo sector; (5) el tráfico
vehicular y el ruido que generará la actividad solicitada; y
(6) si el carácter específico del vecindario particular debe
recibir un tratamiento distinto al del sector en general.
Id., págs. 336-337.
En su resolución, JACL adoptó las determinaciones de
hechos de ARPE, pero llegó a una conclusión diametralmente
opuesta
al
suficiente
entender
espacio
que
para
el
solar
de
referencia
estacionamiento
y
“provee
viraje”.
Como
fundamento, JACL señala únicamente la necesidad de autorizar
centros de cuidado de niños para atender la realidad de las
familias puertorriqueñas.
No consideró en su resolución que
el sector específico en el que se propone este uso está
compuesto por diez solares y cuenta con una sola calle sin
salida
con
un
agudo
problema
de
tráfico
vehicular.
La
resolución tampoco contiene un análisis de las consecuencias
que tendría para el vecindario el uso solicitado ni se
observa que se hayan analizado los factores desarrollados
por la jurisprudencia y que deben tomarse en consideración
al
4
autorizar
o
denegar
el
uso
de
un
solar.4
En
esas
La irrazonabilidad e inconsistencia de la decisión de
JACL se desprende de la misma resolución, según la cual: “a
nuestro juicio las características de la propiedad en
controversia son ideales para este uso. Desconocemos si el
centro de cuido diurno existente y perteneciente a la Sra.
CC-2004-1052
17
circunstancias,
la
decisión
de
revocar
a
ARPE
resulta,
cuando menos, arbitraria. Reiteradamente hemos resuelto que
una
decisión
excepciones
o
administrativa
variaciones
concediendo
acorde
a
los
o
denegando
Reglamentos
de
Zonificación debe estar debidamente fundamentada. López v.
Junta de Planificación, supra.
A pesar de las amplias prerrogativas de JACL al revisar
las actuaciones de ARPE, dicha junta apelativa no puede
revocar arbitrariamente las determinaciones de esa agencia y
sustituirlas por las suyas. Conforme a lo explicado, ARPE es
la
agencia
aplicación
administrativa
de
los
a
la
reglamentos
que
de
se
ha
delegado
planificación
a
la
casos
individuales y la implantación de los procesos de concesión
de permisos de uso y construcción. La Ley le otorga gran
discreción a ARPE para aplicar los reglamentos y cumplir sus
deberes administrativos. Debe tomarse en cuenta que ARPE
cuenta con los recursos profesionales y técnicos necesarios
para llevar a cabo su encomienda. Por eso, aun cuando JACL
está autorizada a llegar a sus propias conclusiones, ésta no
debe
rechazar
caprichosamente
las
determinaciones
de
la
agencia apelada. Permitir la actuación irrazonable de los
organismos
apelativos
interagenciales
provocaría
la
ineficacia del esquema ideado por el legislador para atender
las necesidades de un desarrollo y vida urbana ordenados.
Ese esquema no prevé que ARPE pase a ser un mero oficial
examinador
de
JACL,
ni
que
su
instancia
sea
un
paso
pro
forma
Tañón puede proveer
(énfasis nuestro)
determinación
estacionamiento
en
primera
en camino al organismo
y
área
de
viraje”.
CC-2004-1052
18
apelativo. La consecuencia inmediata de esta concentración
del poder decisorio en JACL sería una duplicidad innecesaria
de los procedimientos administrativos.
Resolvemos que ARPE estaba obligada a evaluar el uso
solicitado tomando en consideración las normas referentes a
excepciones, junto a la combinación de factores que presenta
el caso de autos y ejercer su discreción para determinar si
procedía la aprobación. Fundándose en determinaciones de
hechos evaluadas según los criterios que estimó pertinentes,
ARPE emitió una decisión razonable al denegar la solicitud
de permiso de uso. Por su parte, JACL actuó contrario al
Reglamento
al
revocar
la
determinación
de
ARPE,
y
al
determinar que no procedía considerar el uso solicitado
vía
el mecanismo de excepciones, emitiendo su decisión de forma
ministerial conforme una sección del reglamento que no era
pertinente al caso de autos. La actuación de JACL permitió
que su facultad apelativa fuese utilizada con el propósito
de obviar las disposiciones reglamentarias que está obligada
a implantar. Esto es contrario a la intención legislativa
que motivó su creación.5 Por tanto, la decisión de JACL fue
arbitraria y contraria a derecho.
Por todo lo anterior, procede expedir el auto para
revocar las resoluciones del Tribunal de Apelaciones y de la
5
Originalmente, el artículo que establecía las
facultades de JACL, disponía que ésta velaría por que el
ejercicio de su facultad apelativa no fuese utilizada con el
propósito de obviar las disposiciones reglamentarias. Dicho
lenguaje fue excluido del proyecto de ley finalmente
aprobado. La eliminación de esta disposición fue recomendada
por la Cámara de Representantes, pues consideraba que “la
misma es innecesaria, ya que queda implícito y dentro del
espíritu y la intención del proyecto el que todos los
organismo públicos cumplan con esta obligación”. Informe
Conjunto de la Cámara de Representantes sobre el P. del S.
1074, mayo 1975, en la pág. 13.
CC-2004-1052
19
Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones,
y por consiguiente, reinstalar la resolución emitida por la
Administración de Reglamentos y Permisos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Vélez Rodríguez
Recurrida
v.
Administración de
Reglamentos y Permisos
Certiorari
Apelada
CC-2004-1052
Edwin Rivera Delgado
Opositor-Peticionario
SNTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de
2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se expide
el auto para revocar las resoluciones del
Tribunal de Apelaciones y de la Junta de
Apelaciones
sobre
Construcciones
y
Lotificaciones, y por consiguiente, reinstalar
la resolución emitida por la Administración de
Reglamentos y Permisos.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Rebollo López emitió opinión
concurrente y disidente. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PURTO RICO
Carmen Vélez Rodríguez
Apelante-recurrida
vs.
Administración de Reglamentos
y Permisos
CC-2004-1052
CERTIORARI
Apelada
Edwin Rivera Delgado
Peticionario
OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO
SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006
Un
examen
de
la
jurisprudencia
de
este
Tribunal revela las innumerables ocasiones en que
este Foro se ha expresado a los efectos de que
cuando una ley en particular resulta ser contraria
a otra ley --y ambas, examinadas individualmente y
por separado, son constitucionales-- el Tribunal
viene
en
la
obligación
de
armonizar
las
disposiciones de ambas leyes con el obvio propósito
de llegar a un resultado correcto y justo en el
caso
en
ese
momento
ante
la
consideración
del
Tribunal. Departamento de Hacienda v. Telefónica
Larga Distancia de Puerto Rico, res. el 17 de marzo
de 2005, 2005 TSPR 32; Mun. de San Juan v. Banco
2
CC-2004-1052
Gubernamental
de
Fomento,
140
D.P.R.
873,
884
(1996);
Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85, 94 (1961).
La
facultad
consecuencia
poseemos,
de
armonizar
leyes
y
directa
del
máximo
foro
lógica
como
contradictorias
poder
judicial
es
que
inherente
del
País,
de
interpretar las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Suárez Jiménez v. C.E.E., res. el 30 de noviembre de
2004, 2004 TSPR 185; Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114
D.P.R. 576 (1983), y del hecho, real e inescapable, de que
no
hay
otra
alternativa
ya
que
la
misma
es
la
única
solución práctica y viable a nuestro alcance para resolver
una situación de esta naturaleza.
Por otro lado, sabido es que también hemos resuelto
que, no importa la terminología que contenga una ley en
particular,
venimos
en
la
obligación
de
interpretar
la
misma en forma tal que no lleguemos a un resultado absurdo.
Dicho
de
otra
manera,
no
podemos
adherirnos,
inflexiblemente, al sentido literal de la terminología de
una ley si esa terminología nos lleva a un resultado que,
obviamente,
el
legislador
no
pudo
tener
en
mente,
ni
desear, por razón de que el mismo resulta ser ilógico o
absurdo. Véase: Morell Corrada v. Ojeda, 151 D.P.R. 864
(2000).
Ese,
precisamente,
es
el
grave
error
que,
lamentablemente, comete la mayoría de los integrantes del
Tribunal en el presente caso al erróneamente interpretar
las disposiciones de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de
3
CC-2004-1052
1975;
estatuto
Reglamentos
y
Apelaciones
que
creó
Permisos
sobre
tanto
la
(A.R.P.E.)
Construcciones
Administración
como
la
y
Junta
de
de
Lotificaciones
(J.A.C.L.).
I
La relación de hechos que hace la Mayoría es una
adecuada, razón por la cual, y con el propósito de no
cansar
al
lector,
adoptamos
la
misma.
Nos
dedicamos
a
expresar el derecho aplicable y las razones por las cuales
somos del criterio que la Opinión mayoritaria emitida es
completamente errónea y perjudicial a los mejores intereses
de nuestra ciudadanía y del gobierno.
II
La
Administración
de
Reglamentos
y
Permisos
(A.R.P.E.), creada mediante la Ley Núm. 76 del 24 de junio
de 1975, 23 L.P.R.A. secs. 71 et seq., es la agencia con
amplia discreción sobre la formulación y mantenimiento de
la política pública a seguir con relación al trámite de la
concesión y denegación de permisos de uso y la intención de
proveer
los
remedios
legales
necesarios
para
que
dicha
agencia pueda velar por el cumplimiento efectivo de sus
determinaciones. Asoc. Pro Bienestar Vecinos Urbanización
Juan B. Huyke v. Banco Santander, res. el 28 de junio de
2002, 2002 T.S.P.R. 97;
A.R.P.E. v. Ozore Pérez, 116
D.P.R. 816 (1986). Dicha agencia está investida con la
4
CC-2004-1052
facultad de aplicar y velar por el cumplimiento de las
leyes y reglamentos de planificación. Asoc. C.D. Octubre v.
J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, (1985).
Sobre el requerimiento de permisos de uso, dispone la
Sección 3.02 del Reglamento de Zonificación, ante, que:
A partir de la fecha de vigencia de este
Reglamento se requerirá la expedición por la
A.R.P.E. de un permiso de construcción para toda
construcción,
reconstrucción,
alteración,
ampliación o traslado de cualquier estructura,
así como un permiso de demolición o de un permiso
de uso para ocupar o usar cualquier propiedad,
estructura o terrenos. (Énfasis nuestro) (citas
omitidas).
Conforme lo anterior, está dentro de las prerrogativas
y “expertise” de dicha Agencia la concesión o denegación de
un permiso en casos en que así lo entienda correspondiente.
Por otro lado, la Junta de Apelaciones es un organismo
administrativo, de carácter cuasi judicial, creado también
al amparo de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975. Maymí
Martínez
v.
Gobierno
Municipio
Autónomo
de
Ponce,
151
D.P.R. 689 (2000); Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109
D.P.R. 210 (1979).
Dispone el Artículo 30, Inciso (a), de la referida
Ley6, que:
La Junta de Apelaciones tendrá facultad para
entender exclusivamente en aquellos casos en que
una parte directamente interesada o afectada por
actuaciones, determinaciones o resoluciones de la
Administración de Reglamentos y Permisos en
relación con: permisos de construcción y de uso
de edificios, permiso de uso de solares, para
6
23 L.P.R.A. sec. 72b.
5
CC-2004-1052
áreas de estacionamiento; casos y planos de
lotificación simple; planos de lotificación;
casos
donde
se
solicite
la
dispensa
del
cumplimiento de requisitos de un Reglamento de
Planificación
mediante
una
concesión
o
autorización directa. (. . .) (citas omitidas).
El
referido
apelativa,
organismo
limitada
la
misma
cuenta
a
con
revisar
jurisdicción
actuaciones
o
determinaciones de A.R.P.E. relacionadas con permisos de
construcción, uso y lotificaciones simples, entre otros.
Maymí Martínez v. Gobierno Municipio Autónomo de Ponce,
ante; Junta de Planificación v. J.A.C.L., ante. Como vemos,
el aludido Artículo 30 contempla la revisión interagencial
de las determinaciones de A.R.P.E., previo al trámite de
revisión judicial.
Dispone el Inciso (c) del Artículo 31 que la Junta de
Apelaciones celebrará una vista, con notificación previa a
la Junta de Planificación, a la Administración, y a las
partes interesadas o afectadas, en la cual podrá recibir
toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos y
deberá dictar su resolución dentro de los treinta (30) días
siguientes a dicha vista.
Establece dicho Inciso (c), además, que “[l]a Junta de
Apelaciones
podrá
decretar
a
nivel
apelativo
cualquier
orden, requerimiento, resolución o determinación que a su
juicio deba dictarse:
(1)
Por motivo de perjuicios ocasionados por
circunstancias especiales o extraordinarias
cuando la actuación o resolución de la cual
se apela resulta en una prohibición o
6
CC-2004-1052
restricción irrazonable del derecho del
apelante al uso y disfrute de su propiedad.
Por denegaciones viciosas para emitir los
permisos necesarios; o
Por cualesquiera otras razones autorizadas
en
los
reglamentos
de
la
Junta
de
Planificación de Puerto Rico y de la
Administración de Reglamentos y Permisos
adoptados o aprobados a virtud de las secs.
62 a 63j de este título, este Capítulo o
cualquiera ley, y, a tal fin la Junta de
Apelaciones tendrá los mismos poderes del
funcionario u organismo de cuya actuación se
apela, remitiendo copia de su determinación
a la Junta de Planificación y a la
Administración de Reglamentos y Permisos.”
(Énfasis suplido).
(2)
(3)
Se
desprende
de
lo
función
revisora
y
hacer
anterior
que,
cualquier
al
realizar
su
determinación,
la
J.C.L.A. tomará en consideración si la actuación de la
agencia a quien está revisando resultó en una restricción
irrazonable
del
derecho
del
apelante
al
de
su
específico,
al
revisar
denegatoria
de
propiedad.
En
A.R.P.E
conceder
a
un
permiso,
la
la
J.C.L.A.
uso
tendrá
que
analizar si dicha denegatoria fue una correcta o, por el
contrario, arbitraria.
En relación a ello, resulta necesario enfatizar que en
nuestras decisiones previas aun cuando, ciertamente, hemos
reconocido la facultad revisora de la J.A.C.L.7, realmente
no hemos elaborado una doctrina sobre el alcance del poder
o facultad de revisión que tiene la J.A.C.L. respecto a las
decisiones emitidas por A.R.P.E.
7
Véase, Junta de Planificación v. J.A.C.L., ante y Rivera
Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000).
7
CC-2004-1052
III
La Mayoría, ante la comprensible dificultad a la cual
se enfrenta --de intentar explicar lo inexplicable, esto
es,
tratar
de
explicar,
en
forma
“satisfactoria”,
su
errónea posición-- incurre en una serie de contradicciones
que, realmente llaman la atención. Meramente a manera de
ejemplo, tenemos que, a través de su ponencia, la Mayoría
expresa que: A.R.P.E. es la “agencia que debe aplicar a
casos
individuales
los
reglamentos
de
la
Junta
de
Planificación y está a cargo del proceso de concesión de
permisos de uso y construcción”; que la citada Ley 76 “le
otorga
a
A.R.P.E.
gran
discreción
para
aplicar
los
reglamentos y cumplir sus deberes administrativos”; que
debe
“tomarse
en
cuenta
que
A.R.P.E.
cuenta
con
los
recursos profesionales y técnicos necesarios para llevar a
cabo
su
encomienda”;
que
el
esquema
ideado
por
el
legislador, por medio de la citada Ley 76, “no prevé que
A.R.P.E. pase a ser un mero oficial examinador de J.A.C.L.,
ni
que
su
determinación
[la
de
A.R.P.E.]
en
primera
instancia sea un paso pro forma en camino al organismo
apelativo”, esto es, ante J.A.C.L.; que la “consecuencia
inmediata
de
esta
J.A.C.L.
sería
concentración
una
del
duplicidad
poder
decisorio
innecesaria
de
en
los
procedimientos administrativos”; que J.A.C.L. --cual es “un
organismo administrativo de carácter cuasi-judicial”-- “no
puede
revocar
arbitrariamente
las
determinaciones
de
[A.R.P.E.] y sustituidas por las suyas”; y que, “aun cuando
8
CC-2004-1052
J.A.C.L.
está
autorizada
a
llegar
a
sus
propias
conclusiones, ésta no debe rechazar caprichosamente las
determinaciones de” A.R.P.E.
De una lectura de las anteriores expresiones de la
Mayoría se puede, lógica y razonablemente, concluir que
ésta entiende que J.A.C.L. debe actuar con deferencia hacia
las
determinaciones
de
hechos
y
decisiones
que
emita
A.R.P.E.
Ello
no
obstante,
e
incurriendo
en
una
patente
contradicción, la Mayoría a renglón seguido nos “ilustra”
con expresiones tales como: que el hecho de que “J.A.C.L.
sea una agencia de carácter cuasi judicial no implica que
esté obligada a darle deferencia a las determinaciones de
hechos
y
conclusiones
administrativo
adoptado
de
A.R.P.E.”;
en
1976,
y
que
“el
esquema
por
las
razones
que
fueran, refleja la intención legislativa de dar a J.A.C.L.
una función más amplia que la de un tribunal revisor”.
¿En qué quedamos? ¿Debe J.A.C.L. concederle, o no,
deferencia a las determinaciones, y a las decisiones, que
haga y emita A.R.P.E. en un caso en particular? ¿A las
determinaciones de qué agencia administrativa --A.R.P.E. o
J.A.C.L.-- es que el foro judicial vendrá en la obligación
de darle deferencia: a las de esta super agencia creada por
la
Mayoría
en
el
presente
caso,
que
tiene
--“por
las
razones que fueran”, conforme expresa la Mayoría --“una
función más amplia que la de un tribunal revisor” o a
A.R.P.E. que es la agencia que cuenta con el personal
9
CC-2004-1052
especializado y el “expertise”, o conocimiento técnico, en
esta clase de situaciones?
Finalmente,
la
Mayoría
--tal
y
como
si
hubiera
descubierto a América-- sentencia que, dentro del esquema
que establece la citada Ley 76, “la Junta de Apelaciones
está facultada para formular sus propias determinaciones, e
incluso llegar a conclusiones distintas a las de la agencia
[A.R.P.E.] apelada”.
No
tenemos,
realmente,
objeción
a
esta
última
determinación mayoritaria. De hecho, no la podemos tener ya
que
cualquier
institución
revisora
--sea
judicial
o
administrativa-- así puede actuar al resolver un asunto que
es traído ante su consideración.
A lo que sí tenemos objeción es a la determinación de
que, en el ejercicio de la función que le concede la citada
Ley 76, la Junta de Apelaciones no le debe deferencia
alguna a la decisión que emita A.R.P.E. en un caso en
particular. Debe mantenerse presente que, en esta clase de
asuntos,
A.R.P.E.
es
el
organismo
con
conocimiento
especializado en la materia; el mismo es el que cuenta con
el apoyo técnico requerido para resolver las controversias
complejas
que
determinaciones
surgen
y
en
esta
decisiones,
clase
de
casos.
ciertamente,
Sus
merecen
deferencia.
Determinar que, por el mero hecho de que la Ley 76
establece que la Junta de Apelaciones “. . .podrá celebrar
una vista . . . ., en la cual podrá recibir toda la prueba
10
CC-2004-1052
que
resulte
necesaria
para
adjudicar”
el
caso,
ello
significa que el procedimiento ante la Junta de Apelaciones
es “de la naturaleza de un juicio de novo”, es, por qué no
decirlo, un error inconmensurable.
Se
está
innecesaria”
vista
de
creando,
en
que
equivocadamente,
perjuicio
el
del
Tribunal
interés
establece
una
“duplicidad
público;
un
ello
esquema
en
cuya
consecuencia es el gasto innecesario de fondos públicos y
de esfuerzo. Por otro lado, ello igualmente perjudica a las
partes, las cuales se verán en la obligación de comparecer
a dos procedimientos, separados totalmente el uno del otro,
con el consabido gasto y pérdida de tiempo adicional. El
establecimiento de estos dos procedimientos --totalmente
separados el uno del otro-- es un resultado absurdo que
nunca pudo ser contemplado por el legislador y que venimos
en la obligación de evitar. La Opinión mayoritaria emitida
ha
convertido,
procedimientos
a
todos
ante
los
efectos
A.R.P.E.
en
prácticos,
unos
los
totalmente
innecesarios y fútiles, a los cuales las partes, incluso,
no le prestarán atención, ni le darán, importancia alguna.
No podemos suscribir tal posición; disentimos de la misma.
Somos
del
criterio
que
nuestro
deber,
ante
una
situación como la presente, es armonizar las disposiciones
de la citada Ley 76 mediante el establecimiento de un
esquema que complemente los procedimientos ante A.R.P.E. y
la Junta de Apelaciones, a saber: apelada una decisión de
A.R.P.E. ante la Junta de Apelaciones, ésta deberá señalar
11
CC-2004-1052
una vista en la cual las partes podrán presentar prueba
adicional a la presentada por ellos ante A.R.P.E. Terminada
esa etapa, la Junta de Apelaciones deberá decidir: 1) en el
ejercicio de la deferencia que merecen las determinaciones
de
hechos
de
determinaciones
una
de
agencia
hechos
especializada,
realizadas
si
por
las
A.R.P.E.
encuentran apoyo sustancial en la prueba que se presentara
ante
dicho
organismo;
y
2)
si
la
prueba
adicional,
presentada por las partes en la vista celebrada ante la
Junta de Apelaciones, amerita, o no, una decisión distinta
a la emitida por A.R.P.E. en el caso.
Este curso decisorio, a nuestro juicio, armoniza las
disposiciones
de
la
Ley
76
del
24
de
junio
de
1975,
evitando el resultado absurdo al que llega la Mayoría en el
caso hoy ante nuestra consideración.
IV
En el presente caso, aun cuando, ciertamente, el uso
solicitado por Vélez Rodríguez es uno de los permitidos por
la
reglamentación
vigente8,
A.R.P.E.,
en
virtud
de
las
facultades concedidas por la Ley Núm. 76, ante -- la cual
le
otorga
a
A.R.P.E.
la
facultad
para
decidir
sobre
solicitudes de permisos de uso y construcciones-- tenía
amplia discreción para determinar si autorizaba o no el
8
En específico, por el antes citado Artículo 11.02 del
Reglamento de Zonificación, Reglamento de Planificación
Núm.4.
12
CC-2004-1052
permiso de uso solicitado por Vélez Rodríguez. Previo a
denegar
el
mismo,
A.R.P.E.
aquilató
toda
la
prueba
presentada por las partes en la vista administrativa y tomó
en
consideración
y
evaluó,
entre
otras
cosas,
los
requisitos y características del distrito donde quedaría
localizado el centro de cuido; las actividades comerciales
del sector; y el impacto en el bienestar y la salud en el
área. Esta determinación se hizo tomando en cuenta los
negocios que ya operan allí, en específico el centro de
cuido ya existente, y la ubicación de la propiedad de la
proponente dentro de la calle, la cual es una en donde
viven varias familias y que, además, es una calle sin
salida,
por
residentes,
lo
y
cual
para
sólo
los
hay
una
entrada
para
clientes
y
visitantes
de
los
los
negocios que allí se encuentran.
Fundándose en sus determinaciones de hecho, y a base
de su “expertise”, A.R.P.E. concluyó que el uso solicitado
no era viable toda vez que se afectaría adversamente la
calidad de vida de los vecinos debido al aumento en el
tráfico vehicular que se ocasionaría en una zona que ya
presentaba problemas de tráfico. Dicha conclusión fue una
razonable, por lo cual la denegación del permiso no fue una
arbitraria.
En revisión de la anterior conclusión, la J.C.L.A.,
tomando en consideración la misma prueba presentada en la
vista celebrada ante A.R.P.E., descartó sus determinaciones
y concluyó, a su vez, que las condiciones de la vivienda de
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CC-2004-1052
la proponente eran óptimas para la operación de un centro
de cuido y que el flujo vehicular no se afectaría por el
mismo. La J.C.L.A., al rechazar la conclusión de A.R.P.E.
sin analizar su razonabilidad, ciertamente, sustituyó el
criterio de ésta agencia por el suyo propio. Su proceder
fue uno erróneo; sobre todo cuando consideramos que las
partes no presentaron prueba adicional alguna en la vista
ante la referida Junta.
Aun cuando, en efecto, la Junta de Apelaciones puede
recibir prueba adicional para tomar una decisión, ello no
implica
que
pueda
hacer
abstracción
de
los
hechos
adjudicados por A.R.P.E. y de sus conclusiones, siempre y
cuando los primeros encuentren apoyo en la evidencia que
obre en el expediente, y las segundas no sean
arbitrarias,
irrazonables o caprichosas. En fin, nos enfrentamos a una
situación en que la J.A.C.L. --organismo cuasi judicial-ha abusado de su discreción. La determinación de la Junta
de Apelaciones no fue una razonable. Erró el foro apelativo
al negarse a expedir el auto.
Por los fundamentos anteriormente expuestos, somos del
criterio que procede la revocación de la actuación del
Tribunal de Apelaciones en el presente caso.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado