LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vélez Rodríguez v. ARPE; Rivera Delgado

2006 TSPR 69

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vélez Rodríguez v. ARPE; Rivera Delgado

CC-2004-1052

Derecho Administrativo-Alcance de la Revisión de la JACL sobre las decisiones de ARPE

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Vélez Rodríguez

Recurrida

Certiorari

v.

2006 TSPR 69

Administración de

Reglamentos y Permisos

167 DPR ____

Apela

Edwin Rivera Delgado

Opositor-Peticionario

Número del Caso: CC-2004-1052

Fecha: 21 de abril de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel III

Juez Ponente:

Hon. Luis Rivera Román

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Ileana Guzmán Carreras

Abogado de la Parte Peticionaria

Lcdo. Julio Bonilla Rivera

Materia: Revisión Administrativa procedente de la Junta de Apelaciones

sobre Construcciones y Lotificaciones

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Vélez Rodríguez

Recurrida

v.

Administración de

Reglamentos y Permisos

Certiorari

Apelada

CC-2004-1052

Edwin Rivera Delgado

Opositor-Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a

2006.

21 de abril de

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir

el recurso de revisión solicitado en este caso,

avalando de esa forma la determinación de la Junta

de

Apelaciones

Lotificaciones

sobre

(JACL)

Construcciones

y

revocó

la

que

a

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

Ambos

organismos

permiso

de

apelativos

uso

ministerialmente”,

entendieron

solicitado

por

lo

que

el

era

“permitido

ARPE

no

cual

tenía

discreción para denegarlo. Nos corresponde, pues,

resolver

si

efectivamente

se

trata

de

un

uso

permitido “ministerialmente” por el Reglamento de

Zonificación

de

Puerto

correctamente

al

disposiciones

del

Rico

o

considerarla

mecanismo

de

si

ARPE

actuó

bajo

las

“excepciones”

CC-2004-1052

2

al amparo de dicho Reglamento.

Además, debemos determinar

si JACL está limitada en su función como agencia apelativa

administrativa por la norma de deferencia aplicable a la

revisión

judicial.

I.

La

Sra.

Carmen

Administración

ARPE,

una

de

Vélez

Rodríguez

Reglamentos

solicitud

de

y

permiso

presentó

Permisos,

de

uso

ante

en

para

la

adelante

operar

un

centro de cuidado diurno infantil. El centro se ubicaría

en los bajos de la residencia de la solicitante, en un

solar con cabida superficial de 800.001 metros cuadrados

en

el

Barrio

Jagual

del

Municipio

de

Gurabo.

Dicha

propiedad es la última de diez (10) solares a lo largo de

una calle sin salida, en un área zonificada como Distrito

Residencial Uno (R-1). De los diez (10) solares en dicha

área, nueve (9) están edificados; seis (6) con viviendas y

tres

(3)

comerciales.

con

estructuras

Entre

estos

usos

utilizadas

para

comerciales,

uno

fines

es

una

compañía de pinturas, el otro un taller de mecánica, y el

tercero,

localizado

en

la

propiedad

colindante

a

la

residencia de la señora Vélez Rodríguez, es un centro de

cuidado diurno. El centro de cuido propuesto por la señora

Vélez Rodríguez operaría de lunes a viernes, de 6:00 a.m.

a 6:00 p.m., con una matrícula de veinticuatro (24) niños

y cuatro (4) empleados.

La señora Vélez Rodríguez solicitó que su caso se

evaluara conforme al mecanismo de excepciones dispuesto en

el

Reglamento

de

Zonificación

de

Puerto

Rico.

La

proponente notificó de la solicitud a los dueños de las

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3

propiedades

oposición

colindantes

del

sector.

algunos

vecinos

de

de

En

la

vista

de

la

propiedad

a

la

concesión del permiso, se celebró una vista administrativa

ante

un

oficial

testificaron

la

examinador

proponente

de

y

ARPE.

algunos

En

de

la

los

vista

vecinos

opositores. Entre estos testificó la Sra. Ana I. Tañón,

quien se opuso al uso propuesto por ser ella dueña del

otro centro de cuido que opera en la misma calle.

También

declaró el Lcdo. Edwin Rivera Delgado, residente de la

propiedad colindante al solar bajo estudio. El licenciado

Rivera

Delgado

se

opuso

por

entender

que

el

centro

incrementaría el serio problema de tráfico en la calle sin

salida

que

da

acceso

a

todos

los

solares,

pues

la

propiedad de la proponente se encuentra al final de la

calle,

y

colinda

Tañón,

que

con

atiende

el

centro de

alrededor

de

cuido

de la

señora

treinta

(30)

niños.

Alegaron los opositores que el centro existente, de por

si, causa problemas de tráfico debido a la gran cantidad

de vehículos que llegan al lugar.

La proponente, señora Vélez Rodríguez, reconoció que

en

el

área

negocios

había

allí

algún

situados,

problema

de

tráfico

debido

que

sólo

a

por

los

había

una

entrada a la comunidad y que ésta permite el acceso de un

solo vehículo a la vez. En específico, expresó que la

operación del taller de pinturas requería la entrada y

salida

constante

de

varios

vehículos

y

equipo

pesado.

Además, admitió que el limitado espacio de estacionamiento

del

centro

de

cuido

ya

existente

provocaba

que

sus

empleados y visitantes utilizaran el redondel que colinda

con el predio para el cual se solicita el permiso. No

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obstante,

4

adujo

que

la

operación

del

centro

de

cuido

propuesto no causaría mayores problemas al sector.

Una

vez

concluida

la

vista,

el

Oficial

Examinador

recomendó denegar el permiso de uso solicitado. Concluyó que

el aumento en el flujo de vehículos en la zona afectaría la

calidad de vida de los vecinos ya que “la propiedad ubica al

final de una calle sin salida y en especial que al frente de

ésta existe un centro de cuido en operación”. ARPE acogió

las

conclusiones

del

Oficial

Examinador

y

emitió

una

resolución denegando la solicitud presentada por la señora

Vélez Rodríguez.

Así

las

cosas,

oportunamente

un

Apelaciones

sobre

adelante

Junta

la

escrito

señora

de

Vélez

apelación

Construcciones

de

Apelaciones

y

o

Rodríguez

presentó

ante

Junta

de

Lotificaciones,

en

JACL.

la

Alegó

que

la

estructura física, diseño y cabida de su propiedad provee

espacio para estacionamiento y un área de viraje suficiente

para los vehículos que entren al predio, lo que facilita el

flujo eficiente y planificado del tráfico.

La Junta de Apelaciones celebró una vista en la cual

las partes tuvieron la oportunidad de presentar prueba, que

fue muy similar a la presentada ante ARPE. Concluida la

vista, JACL revocó la determinación de ARPE. Concluyó que

los

reglamentos

aplicables

permitían

el

uso

solicitado

ministerialmente en un distrito R-1, por lo cual no era

necesario

utilizar

determinó

que

el

características

Indicó,

además,

de

el

mecanismo

de

excepciones.

uso

solicitado

era

viable,

porque

la

propiedad

eran

ideales

para

dicho

era

necesario,

que

realidad actual de la

uso

familia

puertorriqueña,

en

También

las

ello.

dada

la

la

que

CC-2004-1052

usualmente

5

ambos

padres

trabajan

fuera

del

hogar.

Por

último, expresó que denegar el permiso penalizaría a la

proponente quien a su entender cumplió con los requisitos

reglamentarios, “a consecuencia de otros usos existentes en

el sector que a juicio de la parte opositora perjudican su

calidad

de

vida”.

Por

tanto,

la

Junta

de

Apelaciones

autorizó el permiso de uso solicitado por la señora Vélez

Rodríguez, con la sola condición de que habilitara un área

para el recogido y entrega de niños.

El licenciado Rivera Delgado solicitó reconsideración

oportunamente.

La agencia la declaró sin lugar, luego de lo

cual el licenciado Rivera Delgado solicitó al Tribunal de

Apelaciones que revisara la decisión de JACL.

Alegó que la

Junta de Apelaciones actuó de manera arbitraria y caprichosa

al celebrar una nueva vista y al sustituir el criterio de

ARPE por el suyo.

Arguyó que la agencia apelada abusó de su

discreción al otorgar el permiso solicitado aun cuando éste

trastocaría la seguridad, salud y bienestar de la comunidad,

además

de

afectar

además

que

el

el

valor

permiso

de

de

uso

sus

propiedades.

solicitado

tenía

Sostuvo

que

ser

evaluado por el mecanismo de excepciones, el cual requiere

el análisis de varios factores, y que en última instancia la

aprobación

o

denegación

del

permiso

es

un

ejercicio

de

adjudicación discrecional y no ministerial.

El tribunal apelativo denegó la expedición del recurso

solicitado. Concluyó que JACL tenía facultad en ley para

llegar a sus propias conclusiones, y que su determinación

fue

razonable

especializado,

judicial.

y

por

sustentada

lo

Inconforme,

cual

el

por

merecía

licenciado

su

la

conocimiento

mayor

Rivera

deferencia

Delgado

nos

CC-2004-1052

6

solicita la revocación de esta decisión del foro apelativo.

Alega

que

ese

tribunal

erró

al

autorizar

el

permiso

solicitado ignorando el interés público y comunitario, y al

permitir

a

JACL

sustituir

el

criterio

de

la

agencia

administrativa de instancia por el suyo.

Además, nuevamente

arguye

considerar

que

se

cometió

solicitado

como

de

un

error

aprobación

al

ministerial,

a

el

uso

pesar

de

haberse utilizado el mecanismo de excepción cuya aprobación

es de carácter discrecional.

Examinado el recurso, ordenamos a la parte recurrida

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto y

revocar

la

resolución

comparecencia

de

del

ambas

tribunal

partes,

apelativo.

procedemos

a

Con

la

expedir

y

resolver el recurso presentado.

II.

Nuestro derecho administrativo se basa en una actitud

de

gran

consideración

y

deferencia

de

parte

de

los

tribunales a las decisiones de las agencias administrativas.

De

ahí

que

los

procesos

administrativos

y

las

determinaciones de hechos de las agencias estén cobijados

por una presunción de regularidad y corrección. Por eso, la

revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa

o ilegal.

Subyace

a

esta

actitud

deferencial

el

respeto

por

nuestro sistema constitucional de separación de poderes y el

reconocimiento

de

que

las

agencias

ejecutivas

poseen

CC-2004-1052

conocimientos

7

y

experiencias

especializados

sobre

los

asuntos que les han sido delegados. Rivera Concepción v.

ARPE, 152 D.P.R. 116 (2000); Misión Industrial de Puerto

Rico v. Junta de Calidad Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998).

Este rol judicial inherentemente limitado está cimentado

también en la teoría, traducida a política pública, de las

ventajas

institucionales

de

un

sistema

regulatorio

predominantemente técnico y especializado, que aunque es

producto de acción legislativa es implementado por la rama

ejecutiva, y que reserva al poder judicial una función más

bien correctora de los excesos o abusos de discreción en que

incurran las agencias que administran este sistema y de sus

actuaciones

ultra

vires.

De

ahí

que

la

doctrina

de

deferencia judicial presupone una participación restringida

y limitada de los tribunales en la revisión de las acciones

administrativas,

pues

lo

que

se

busca

es

“evitar

la

sustitución del criterio del organismo administrativo en

materia especializada por el criterio del tribunal revisor”.

(citando a P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R.

269, 282 (2000), énfasis suplido). Es palpable, pues, que la

norma

de

deferencia,

en

su

propósito,

justificación

e

historial, presupone que la relación de revisión se da entre

una agencia administrativa y un tribunal.

Sin

embargo,

el

peticionario,

licenciado

Rivera

Delgado, nos solicita que nos apartemos de este esquema de

revisión

judicial

de

decisiones

administrativas,

para

sostener que JACL está igualmente limitada en su función

apelativa frente a las decisiones de ARPE. Aduce que la

norma

que

limita

el

alcance

de

la

intervención

de

los

tribunales en la revisión de decisiones administrativas le

aplica a JACL, porque ésta ejerce funciones de carácter

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8

cuasi judicial. La opinión concurrente propone adoptar esta

visión

y

deferencia

concluye

que

que

debe

JACL

le

debe

a

mostrar

un

tribunal

ARPE

al

la

misma

revisar

las

determinaciones finales de una agencia.

Concluimos, por el contrario, que el peticionario no

tiene razón al alegar que la Junta de Apelaciones se excedió

en su función revisora, y por consiguiente abusó de su

discreción, al sustituir el criterio de la agencia apelada

por el suyo. La norma de deferencia judicial, como bien lo

indica el termino, sólo aplica cuando un tribunal revisa la

actuación de una agencia, y no en la relación entre una

agencia

apelativa

y

una

agencia

que

actúa

en

primera

instancia. Además, como veremos, la Junta de Apelaciones

está

facultada

en

ley

para

formular

sus

propias

determinaciones, e incluso llegar a conclusiones distintas a

las de la agencia apelada.

otras

razones,

que

el

Ello no obstante resolvemos, por

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

negarse a expedir el auto de revisión en este caso.

III.

La

Junta

de

Apelaciones

de

Planificación,

Urbanización y Zonificación fue creada en 1942 junto a la

Junta de Planificación. Ambas formaron parte de lo que sería

un nuevo esquema en Puerto Rico para regular el desarrollo

urbano y la zonificación y uso de los terrenos. Véase Ley

Núm. 213 de 12 de mayo de 1942. La Junta de Apelaciones

adquirió su actual nombre en 1946, cuando la Ley orgánica de

la Junta de Planificación fue enmendada para establecer un

Negociado de Permisos, que desempeñaría las funciones que

hoy día ejerce ARPE. En 1950, de acuerdo a un plan de

CC-2004-1052

9

reorganización preparado por el Gobernador de Puerto Rico,

el Negociado de Permisos fue transferido para que funcionase

bajo

la

supervisión

y

dirección

de

la

Junta

de

Planificación. Por disposición del mismo plan, se suprimió

la Junta de Apelaciones y sus funciones se transfirieron a

la Junta de Planificación. Sin embargo, a finales de la

década de los años cincuenta resurge la Junta de Apelaciones

sobre Construcciones y Lotificaciones, por virtud de la Ley

Núm. 95 de 30 de junio de 1959, que establece sus facultades

y jurisdicción.

El

rol

de

Construcciones

la

y

Junta

de

Lotificaciones

Apelaciones

como

un

sobre

organismo

administrativo de carácter cuasi judicial fue reafirmado por

la

Ley

Orgánica

de

la

Administración

de

Reglamentos

y

Permisos, Ley núm. 76 de 24 de junio de 1975. Acorde a su

título, esta legislación creó también la Administración de

Reglamentos y Permisos, agencia que debe aplicar a casos

individuales los reglamentos de la Junta de Planificación y

está a cargo del proceso de concesión de permisos de uso y

construcción.

Asoc., C.D. Octubre v. JACL, 116 D.P.R. 326,

331 (1985). Ambos organismos, JACL y ARPE, formaron parte de

un esquema administrativo integrado, encargado de “aplicar y

velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de

planificación”. Junta de Planificación v. JACL, 109 D.P.R.

210, 214 (1979).

La Junta de Apelaciones fue investida de jurisdicción

apelativa

para,

determinaciones

entre

o

otras,

resoluciones

revisar

las

actuaciones,

de

con

relación

ARPE

a

CC-2004-1052

10

permisos de construcción, uso de edificios y lotificaciones

1

simples. Art. 31(a) de la Ley Orgánica de la Administración

de

Reglamentos

además

Sec.

y

Permisos,

23.00

Adjudicativos

de

del

la

23

L.P.R.A.

sec.

72c.

Véase

Reglamento

de

Procedimientos

Administración

de

Reglamentos

y

Permisos, Reglamento núm. 6435 de 19 de abril de 2002. El

rol

de

JACL

es

servir

como

organismo

de

apelación

interagencial previo al trámite de un recurso de revisión

judicial ante los tribunales. Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce,

151 D.P.R. 689, 698 (2000); Junta de Planificación v. JACL,

supra, pág. 218.

La

Junta

de

Apelaciones

no

tiene

autoridad

discrecional en su competencia apelativa, sino que actúa con

las mismas facultades y los mismos poderes que ARPE, el

organismo con jurisdicción original. Esto se desprende del

inciso

(c)

del

artículo

31

de

la

Ley

Orgánica

de

la

Administración de Reglamento y Permisos, que dispone que

JACL podrá decretar órdenes, requerimientos, resoluciones o

las determinaciones que a su juicio deban dictarse y, a tal

fin, “tendrá los mismos poderes del funcionario u organismo

de cuya actuación se apela...”. 23 L.P.R.A. sec. 72c(c) (3)

énfasis suplido.

Además, el inciso (c) del artículo 31 también dispone

que antes de decidir la apelación JACL deberá celebrar una

vista en la cual participarán la agencia apelada y las

partes interesadas o afectadas. En esta vista JACL “podrá

1

Además, está facultada para revisar determinaciones de

ARPE sobre permiso de uso de solares para áreas de

estacionamiento, planos de lotificación y solicitudes de

dispensa del cumplimiento de requisitos de un Reglamento de

Planificación mediante una concesión o autorización directa.

CC-2004-1052

11

recibir toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar

casos...”.

23

L.P.R.A.

sec.

72c.

Evidentemente,

esta

disposición permite que una vez se presente la apelación

administrativa, JACL pueda considerar el caso en todos sus

méritos, igual que lo hace ARPE, que es la agencia que actúa

en primera instancia. Junta de Planificación v. JACL, supra,

pág. 219.

Obviamente, JACL no está limitada a revisar únicamente

la

prueba

original

que

en

consideró

el

asunto.

Junta

el

funcionario

de

con

jurisdicción

Planificación

v.

JACL,

supra, págs. 216-17. El historial legislativo revela que el

proyecto

de

la

Ley

Orgánica

de

ARPE

que

se

presentó

originalmente ante la Asamblea Legislativa intentó limitar

la evaluación de JACL a la prueba presentada y considerada

por el funcionario u organismo apelado. Sin embargo, JACL

objetó a que se limitaran de esta forma los poderes que le

fueron otorgados por la Ley Núm. 95 de 1959, supra. Al

respecto expresó lo siguiente:

Esta Junta de Apelaciones entiende recomendable

que ésta continúe como hasta el presente,

recibiendo toda la prueba disponible que ofrezcan

las partes, en todos los casos, tanto aquellos en

que se han celebrado vista pública ante la agencia

apelada como aquellos en que ésta no ha sido

celebrada la misma[sic]. Junta de Planificación v.

JACL, supra, pág. 217 (citando a Junta de

Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones,

Memorial al Presidente de la Comisión del

Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la

Cámara de representantes sobre P. de la C. 1272,

pág. 12).

En

pasadas

ocasiones,

hemos

interpretado

que

disposiciones de ley similares a la citada, que permiten a

organismos

apelativos

celebrar

vistas,

recibir

prueba

y

hacer sus propias determinaciones, establecen en realidad

facultades revisoras de la naturaleza de un juicio de novo.

Vélez Quiñones v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 755, 759-

CC-2004-1052

12

760 (1962). Al indicar el inciso (c) del artículo 31 que se

podrá recibir “toda la prueba que resulte necesaria”, se

permite que la revisión de la determinación de ARPE no esté

sujeta

sólo

al

récord

administrativo.

La

Junta

de

Apelaciones estaría entonces autorizada a emitir las órdenes

y requerir la información que estime pertinente, e incluso a

tomar en consideración prueba adicional a la evaluada por la

agencia apelada. Dada la amplia prerrogativa para solicitar

prueba y para evaluarla que la ley le concede a JACL, es

obligatorio concluir que ésta puede llegar a conclusiones

propias a base de la prueba desfilada.2

De esa forma, el ámbito de revisión de JACL no está

limitado por el principio de deferencia judicial. El que

JACL sea una agencia de carácter cuasi judicial no implica

que esté obligada a darle deferencia a las determinaciones

de hechos y conclusiones de ARPE. Llegar a una conclusión

contraria

supone

disposiciones

una

legales

abstracción

que

crean

irrazonable

esta

agencia

de

las

apelativa

administrativa y establecen sus facultades. Tratándose de

una agencia, sería irrazonable aplicarle doctrinas que por

su propia naturaleza y razón de ser sólo hacen sentido en un

contexto propiamente judicial. Además, limitar a JACL de

esta manera tergiversa el esquema administrativo adoptado en

1976 que, por las razones que fueran, refleja la intención

legislativa de dar a JACL una función más amplia que la de

un tribunal revisor.

2

Véase, e.g., la sentencia dictada en Ayala Alicea v.

E.L.A., 118 D.P.R. 507, 510 (1987).

CC-2004-1052

13

IV.

Una vez agotado el proceso administrativo, que incluye

la

apelación

interagencial,

revisarse

judicialmente

principio

de

la

dentro

deferencia

decisión

de

judicial

y

final

deberá

los

parámetros

del

su

corolario,

la

presunción de regularidad y corrección de los procesos y

decisiones administrativas. Rivera Concepción v. ARPE, 152

D.P.R. 116, 122-123 (2000). Opera entonces el esquema de

revisión fundado en la especialización de las agencias

que

fue

años

desarrollado

por

la

jurisprudencia

y

recogido

después en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. secs. 2101 a 2201.

Al igual que ARPE, JACL evalúa factores técnicos de

gran complejidad.

Asoc., C.D. v. JACL, supra, pág. 333.

Véase además ARPE v. Ozorez Pérez, 116 D.P.R. 816, 821

(1986).

Por

eso,

los

tribunales

debemos

revisar

las

decisiones de JACL, como organismo apelativo administrativo,

de

acuerdo

deferencia.3

3

a

las

Dentro

normas

de

este

derivadas

marco

del

principio

normativo,

de

debemos

La

sección

4.5

de

la

LPAU

dispone

que

las

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas

por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo, mientras que las

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos. 3 L.P.R.A. sec. 2175. Ahora bien, en ocasiones

los tribunales pueden enfrentarse a controversias que no

siempre son tajantemente de “hecho” o de “derecho”.

En

estos casos, como bien señala el profesor Demetrio Fernández

Quiñones, “[p]ara que la concepción interpretativa de la

agencia pueda prevalecer y recibir un trato deferencial, es

imprescindible que se reúnan los requisitos de consistencia

y razonabilidad [sic] con el propósito legislativo”. D.

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. Forum,

1993, Sec. 9.4, pág. 549. Véase además Rivera Concepción v.

ARPE, supra, págs. 122-124.

CC-2004-1052

14

concluir que en esta ocasión, aunque JACL no excedió el

alcance de su facultad apelativa al revisar la decisión de

ARPE,

erró

en

su

dictamen

final,

según

explicaremos

a

continuación.

La Junta de Apelaciones tomó su decisión tras celebrar

una vista en la que participaron las mismas partes que lo

hicieron

en

primera

instancia

en

el

procedimiento

administrativo, así como la agencia apelada, ARPE. Todas

tuvieron la oportunidad de comparecer, ser oídas y presentar

prueba. Tanto ARPE como JACL procedieron conforme a los

procesos ordenados por las leyes aplicables. Ambas agencias

aquilataron la prueba presentada por las partes interesadas,

los

requisitos

y

características

del

distrito,

las

actividades comerciales realizadas en el sector y el impacto

del uso solicitado en el área. No obstante, llegaron a

conclusiones distintas. ARPE determinó que el uso solicitado

no era viable, por los efectos adversos que tendría en el

área.

En cambio, JACL concluyó que el uso era viable debido

a que las condiciones del solar eran óptimas para el uso

solicitado, y que no se afectaría el tránsito vehicular en

el área. Además, JACL consideró la política pública que

alienta el establecimiento de centros de cuidado de niños.

V.

Nos corresponde entonces evaluar la racionalidad de la

decisión de JACL, dentro del marco de deferencia judicial ya

descrito. Un examen detenido de la decisión emitida por JACL

revela que este organismo no hizo un análisis exhaustivo del

punto neurálgico de la controversia, esto es, el efecto que

CC-2004-1052

15

tendría la concesión del permiso en la seguridad, la salud y

el interés de la comunidad.

La Junta de Apelaciones fundamentó su resolución en que

el

Reglamento

de

Zonificación

permite

el

uso

solicitado

“ministerialmente”. Interpretó que por ello ARPE tiene el

deber

ministerial

de

aprobarlo,

puesto

que

no

tiene

discreción para decidir si procede o no un uso expresamente

permitido por el reglamento. Tanto JACL como el tribunal

apelativo justificaron la existencia del “deber ministerial”

aplicando la sección 11.02 del Reglamento de Planificación

Número

4.

Esta

sección

permite

el

uso

de

un

solar

de

novecientos (900) metros cuadrados o más para establecer un

centro de cuidado de niños. Ahora bien, las resoluciones de

ARPE y de JACL determinaron, como cuestión de hecho, que el

solar donde se propone ubicar el centro de cuidado tiene una

cabida superficial de 800.01 metros cuadrados. Por tanto, no

está presente el supuesto fáctico fundamental para aplicar

la citada sección 11.00, ya que ésta requiere que el solar a

evaluarse tenga una cabida mayor de 900.00 metros cuadrados

de cabida superficial. En vista de lo anterior, ARPE no

tenía el deber ministerial de aprobar la solicitud para el

permiso

de

uso,

sino

que

dicha

solicitud

tenía

que

considerarse necesariamente bajo el mecanismo de excepción

que

contempla

la

sección

84.00

del

Reglamento

de

Planificación.

En Asoc., C.D. Octubre v. JACL, supra, señalamos que

cuando

los

planificación

organismos

y

administrativos

ordenamiento

físico

del

encargados

país

de

autoricen

la

o

denieguen el uso solicitado de un solar por el mecanismo de

“excepción”, deben tomar en consideración, entre otros, los

CC-2004-1052

16

siguientes factores: (1) la necesidad que tenga el vecindario

en particular de la actividad que se pretende establecer y si

en

el

área

ya

existen

actividades

similares;

(2)

la

conveniencia de la actividad para el vecindario o sector en

particular, para que el mismo no resulte adverso a la salud,

la moral, la seguridad y el bienestar público del vecindario;

(3)

la

característica

controversia;

(4)

la

particular

deseabilidad

del

de

vecindario

que

se

en

concentren

facilidades similares en el mismo sector; (5) el tráfico

vehicular y el ruido que generará la actividad solicitada; y

(6) si el carácter específico del vecindario particular debe

recibir un tratamiento distinto al del sector en general.

Id., págs. 336-337.

En su resolución, JACL adoptó las determinaciones de

hechos de ARPE, pero llegó a una conclusión diametralmente

opuesta

al

suficiente

entender

espacio

que

para

el

solar

de

referencia

estacionamiento

y

“provee

viraje”.

Como

fundamento, JACL señala únicamente la necesidad de autorizar

centros de cuidado de niños para atender la realidad de las

familias puertorriqueñas.

No consideró en su resolución que

el sector específico en el que se propone este uso está

compuesto por diez solares y cuenta con una sola calle sin

salida

con

un

agudo

problema

de

tráfico

vehicular.

La

resolución tampoco contiene un análisis de las consecuencias

que tendría para el vecindario el uso solicitado ni se

observa que se hayan analizado los factores desarrollados

por la jurisprudencia y que deben tomarse en consideración

al

4

autorizar

o

denegar

el

uso

de

un

solar.4

En

esas

La irrazonabilidad e inconsistencia de la decisión de

JACL se desprende de la misma resolución, según la cual: “a

nuestro juicio las características de la propiedad en

controversia son ideales para este uso. Desconocemos si el

centro de cuido diurno existente y perteneciente a la Sra.

CC-2004-1052

17

circunstancias,

la

decisión

de

revocar

a

ARPE

resulta,

cuando menos, arbitraria. Reiteradamente hemos resuelto que

una

decisión

excepciones

o

administrativa

variaciones

concediendo

acorde

a

los

o

denegando

Reglamentos

de

Zonificación debe estar debidamente fundamentada. López v.

Junta de Planificación, supra.

A pesar de las amplias prerrogativas de JACL al revisar

las actuaciones de ARPE, dicha junta apelativa no puede

revocar arbitrariamente las determinaciones de esa agencia y

sustituirlas por las suyas. Conforme a lo explicado, ARPE es

la

agencia

aplicación

administrativa

de

los

a

la

reglamentos

que

de

se

ha

delegado

planificación

a

la

casos

individuales y la implantación de los procesos de concesión

de permisos de uso y construcción. La Ley le otorga gran

discreción a ARPE para aplicar los reglamentos y cumplir sus

deberes administrativos. Debe tomarse en cuenta que ARPE

cuenta con los recursos profesionales y técnicos necesarios

para llevar a cabo su encomienda. Por eso, aun cuando JACL

está autorizada a llegar a sus propias conclusiones, ésta no

debe

rechazar

caprichosamente

las

determinaciones

de

la

agencia apelada. Permitir la actuación irrazonable de los

organismos

apelativos

interagenciales

provocaría

la

ineficacia del esquema ideado por el legislador para atender

las necesidades de un desarrollo y vida urbana ordenados.

Ese esquema no prevé que ARPE pase a ser un mero oficial

examinador

de

JACL,

ni

que

su

instancia

sea

un

paso

pro

forma

Tañón puede proveer

(énfasis nuestro)

determinación

estacionamiento

en

primera

en camino al organismo

y

área

de

viraje”.

CC-2004-1052

18

apelativo. La consecuencia inmediata de esta concentración

del poder decisorio en JACL sería una duplicidad innecesaria

de los procedimientos administrativos.

Resolvemos que ARPE estaba obligada a evaluar el uso

solicitado tomando en consideración las normas referentes a

excepciones, junto a la combinación de factores que presenta

el caso de autos y ejercer su discreción para determinar si

procedía la aprobación. Fundándose en determinaciones de

hechos evaluadas según los criterios que estimó pertinentes,

ARPE emitió una decisión razonable al denegar la solicitud

de permiso de uso. Por su parte, JACL actuó contrario al

Reglamento

al

revocar

la

determinación

de

ARPE,

y

al

determinar que no procedía considerar el uso solicitado

vía

el mecanismo de excepciones, emitiendo su decisión de forma

ministerial conforme una sección del reglamento que no era

pertinente al caso de autos. La actuación de JACL permitió

que su facultad apelativa fuese utilizada con el propósito

de obviar las disposiciones reglamentarias que está obligada

a implantar. Esto es contrario a la intención legislativa

que motivó su creación.5 Por tanto, la decisión de JACL fue

arbitraria y contraria a derecho.

Por todo lo anterior, procede expedir el auto para

revocar las resoluciones del Tribunal de Apelaciones y de la

5

Originalmente, el artículo que establecía las

facultades de JACL, disponía que ésta velaría por que el

ejercicio de su facultad apelativa no fuese utilizada con el

propósito de obviar las disposiciones reglamentarias. Dicho

lenguaje fue excluido del proyecto de ley finalmente

aprobado. La eliminación de esta disposición fue recomendada

por la Cámara de Representantes, pues consideraba que “la

misma es innecesaria, ya que queda implícito y dentro del

espíritu y la intención del proyecto el que todos los

organismo públicos cumplan con esta obligación”. Informe

Conjunto de la Cámara de Representantes sobre el P. del S.

1074, mayo 1975, en la pág. 13.

CC-2004-1052

19

Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones,

y por consiguiente, reinstalar la resolución emitida por la

Administración de Reglamentos y Permisos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Vélez Rodríguez

Recurrida

v.

Administración de

Reglamentos y Permisos

Certiorari

Apelada

CC-2004-1052

Edwin Rivera Delgado

Opositor-Peticionario

SNTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de

2006.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se expide

el auto para revocar las resoluciones del

Tribunal de Apelaciones y de la Junta de

Apelaciones

sobre

Construcciones

y

Lotificaciones, y por consiguiente, reinstalar

la resolución emitida por la Administración de

Reglamentos y Permisos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Asociado señor Rebollo López emitió opinión

concurrente y disidente. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Aida Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PURTO RICO

Carmen Vélez Rodríguez

Apelante-recurrida

vs.

Administración de Reglamentos

y Permisos

CC-2004-1052

CERTIORARI

Apelada

Edwin Rivera Delgado

Peticionario

OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2006

Un

examen

de

la

jurisprudencia

de

este

Tribunal revela las innumerables ocasiones en que

este Foro se ha expresado a los efectos de que

cuando una ley en particular resulta ser contraria

a otra ley --y ambas, examinadas individualmente y

por separado, son constitucionales-- el Tribunal

viene

en

la

obligación

de

armonizar

las

disposiciones de ambas leyes con el obvio propósito

de llegar a un resultado correcto y justo en el

caso

en

ese

momento

ante

la

consideración

del

Tribunal. Departamento de Hacienda v. Telefónica

Larga Distancia de Puerto Rico, res. el 17 de marzo

de 2005, 2005 TSPR 32; Mun. de San Juan v. Banco

2

CC-2004-1052

Gubernamental

de

Fomento,

140

D.P.R.

873,

884

(1996);

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85, 94 (1961).

La

facultad

consecuencia

poseemos,

de

armonizar

leyes

y

directa

del

máximo

foro

lógica

como

contradictorias

poder

judicial

es

que

inherente

del

País,

de

interpretar las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Suárez Jiménez v. C.E.E., res. el 30 de noviembre de

2004, 2004 TSPR 185; Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114

D.P.R. 576 (1983), y del hecho, real e inescapable, de que

no

hay

otra

alternativa

ya

que

la

misma

es

la

única

solución práctica y viable a nuestro alcance para resolver

una situación de esta naturaleza.

Por otro lado, sabido es que también hemos resuelto

que, no importa la terminología que contenga una ley en

particular,

venimos

en

la

obligación

de

interpretar

la

misma en forma tal que no lleguemos a un resultado absurdo.

Dicho

de

otra

manera,

no

podemos

adherirnos,

inflexiblemente, al sentido literal de la terminología de

una ley si esa terminología nos lleva a un resultado que,

obviamente,

el

legislador

no

pudo

tener

en

mente,

ni

desear, por razón de que el mismo resulta ser ilógico o

absurdo. Véase: Morell Corrada v. Ojeda, 151 D.P.R. 864

(2000).

Ese,

precisamente,

es

el

grave

error

que,

lamentablemente, comete la mayoría de los integrantes del

Tribunal en el presente caso al erróneamente interpretar

las disposiciones de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de

3

CC-2004-1052

1975;

estatuto

Reglamentos

y

Apelaciones

que

creó

Permisos

sobre

tanto

la

(A.R.P.E.)

Construcciones

Administración

como

la

y

Junta

de

de

Lotificaciones

(J.A.C.L.).

I

La relación de hechos que hace la Mayoría es una

adecuada, razón por la cual, y con el propósito de no

cansar

al

lector,

adoptamos

la

misma.

Nos

dedicamos

a

expresar el derecho aplicable y las razones por las cuales

somos del criterio que la Opinión mayoritaria emitida es

completamente errónea y perjudicial a los mejores intereses

de nuestra ciudadanía y del gobierno.

II

La

Administración

de

Reglamentos

y

Permisos

(A.R.P.E.), creada mediante la Ley Núm. 76 del 24 de junio

de 1975, 23 L.P.R.A. secs. 71 et seq., es la agencia con

amplia discreción sobre la formulación y mantenimiento de

la política pública a seguir con relación al trámite de la

concesión y denegación de permisos de uso y la intención de

proveer

los

remedios

legales

necesarios

para

que

dicha

agencia pueda velar por el cumplimiento efectivo de sus

determinaciones. Asoc. Pro Bienestar Vecinos Urbanización

Juan B. Huyke v. Banco Santander, res. el 28 de junio de

2002, 2002 T.S.P.R. 97;

A.R.P.E. v. Ozore Pérez, 116

D.P.R. 816 (1986). Dicha agencia está investida con la

4

CC-2004-1052

facultad de aplicar y velar por el cumplimiento de las

leyes y reglamentos de planificación. Asoc. C.D. Octubre v.

J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, (1985).

Sobre el requerimiento de permisos de uso, dispone la

Sección 3.02 del Reglamento de Zonificación, ante, que:

A partir de la fecha de vigencia de este

Reglamento se requerirá la expedición por la

A.R.P.E. de un permiso de construcción para toda

construcción,

reconstrucción,

alteración,

ampliación o traslado de cualquier estructura,

así como un permiso de demolición o de un permiso

de uso para ocupar o usar cualquier propiedad,

estructura o terrenos. (Énfasis nuestro) (citas

omitidas).

Conforme lo anterior, está dentro de las prerrogativas

y “expertise” de dicha Agencia la concesión o denegación de

un permiso en casos en que así lo entienda correspondiente.

Por otro lado, la Junta de Apelaciones es un organismo

administrativo, de carácter cuasi judicial, creado también

al amparo de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975. Maymí

Martínez

v.

Gobierno

Municipio

Autónomo

de

Ponce,

151

D.P.R. 689 (2000); Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109

D.P.R. 210 (1979).

Dispone el Artículo 30, Inciso (a), de la referida

Ley6, que:

La Junta de Apelaciones tendrá facultad para

entender exclusivamente en aquellos casos en que

una parte directamente interesada o afectada por

actuaciones, determinaciones o resoluciones de la

Administración de Reglamentos y Permisos en

relación con: permisos de construcción y de uso

de edificios, permiso de uso de solares, para

6

23 L.P.R.A. sec. 72b.

5

CC-2004-1052

áreas de estacionamiento; casos y planos de

lotificación simple; planos de lotificación;

casos

donde

se

solicite

la

dispensa

del

cumplimiento de requisitos de un Reglamento de

Planificación

mediante

una

concesión

o

autorización directa. (. . .) (citas omitidas).

El

referido

apelativa,

organismo

limitada

la

misma

cuenta

a

con

revisar

jurisdicción

actuaciones

o

determinaciones de A.R.P.E. relacionadas con permisos de

construcción, uso y lotificaciones simples, entre otros.

Maymí Martínez v. Gobierno Municipio Autónomo de Ponce,

ante; Junta de Planificación v. J.A.C.L., ante. Como vemos,

el aludido Artículo 30 contempla la revisión interagencial

de las determinaciones de A.R.P.E., previo al trámite de

revisión judicial.

Dispone el Inciso (c) del Artículo 31 que la Junta de

Apelaciones celebrará una vista, con notificación previa a

la Junta de Planificación, a la Administración, y a las

partes interesadas o afectadas, en la cual podrá recibir

toda la prueba que resulte necesaria para adjudicar casos y

deberá dictar su resolución dentro de los treinta (30) días

siguientes a dicha vista.

Establece dicho Inciso (c), además, que “[l]a Junta de

Apelaciones

podrá

decretar

a

nivel

apelativo

cualquier

orden, requerimiento, resolución o determinación que a su

juicio deba dictarse:

(1)

Por motivo de perjuicios ocasionados por

circunstancias especiales o extraordinarias

cuando la actuación o resolución de la cual

se apela resulta en una prohibición o

6

CC-2004-1052

restricción irrazonable del derecho del

apelante al uso y disfrute de su propiedad.

Por denegaciones viciosas para emitir los

permisos necesarios; o

Por cualesquiera otras razones autorizadas

en

los

reglamentos

de

la

Junta

de

Planificación de Puerto Rico y de la

Administración de Reglamentos y Permisos

adoptados o aprobados a virtud de las secs.

62 a 63j de este título, este Capítulo o

cualquiera ley, y, a tal fin la Junta de

Apelaciones tendrá los mismos poderes del

funcionario u organismo de cuya actuación se

apela, remitiendo copia de su determinación

a la Junta de Planificación y a la

Administración de Reglamentos y Permisos.”

(Énfasis suplido).

(2)

(3)

Se

desprende

de

lo

función

revisora

y

hacer

anterior

que,

cualquier

al

realizar

su

determinación,

la

J.C.L.A. tomará en consideración si la actuación de la

agencia a quien está revisando resultó en una restricción

irrazonable

del

derecho

del

apelante

al

de

su

específico,

al

revisar

denegatoria

de

propiedad.

En

A.R.P.E

conceder

a

un

permiso,

la

la

J.C.L.A.

uso

tendrá

que

analizar si dicha denegatoria fue una correcta o, por el

contrario, arbitraria.

En relación a ello, resulta necesario enfatizar que en

nuestras decisiones previas aun cuando, ciertamente, hemos

reconocido la facultad revisora de la J.A.C.L.7, realmente

no hemos elaborado una doctrina sobre el alcance del poder

o facultad de revisión que tiene la J.A.C.L. respecto a las

decisiones emitidas por A.R.P.E.

7

Véase, Junta de Planificación v. J.A.C.L., ante y Rivera

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000).

7

CC-2004-1052

III

La Mayoría, ante la comprensible dificultad a la cual

se enfrenta --de intentar explicar lo inexplicable, esto

es,

tratar

de

explicar,

en

forma

“satisfactoria”,

su

errónea posición-- incurre en una serie de contradicciones

que, realmente llaman la atención. Meramente a manera de

ejemplo, tenemos que, a través de su ponencia, la Mayoría

expresa que: A.R.P.E. es la “agencia que debe aplicar a

casos

individuales

los

reglamentos

de

la

Junta

de

Planificación y está a cargo del proceso de concesión de

permisos de uso y construcción”; que la citada Ley 76 “le

otorga

a

A.R.P.E.

gran

discreción

para

aplicar

los

reglamentos y cumplir sus deberes administrativos”; que

debe

“tomarse

en

cuenta

que

A.R.P.E.

cuenta

con

los

recursos profesionales y técnicos necesarios para llevar a

cabo

su

encomienda”;

que

el

esquema

ideado

por

el

legislador, por medio de la citada Ley 76, “no prevé que

A.R.P.E. pase a ser un mero oficial examinador de J.A.C.L.,

ni

que

su

determinación

[la

de

A.R.P.E.]

en

primera

instancia sea un paso pro forma en camino al organismo

apelativo”, esto es, ante J.A.C.L.; que la “consecuencia

inmediata

de

esta

J.A.C.L.

sería

concentración

una

del

duplicidad

poder

decisorio

innecesaria

de

en

los

procedimientos administrativos”; que J.A.C.L. --cual es “un

organismo administrativo de carácter cuasi-judicial”-- “no

puede

revocar

arbitrariamente

las

determinaciones

de

[A.R.P.E.] y sustituidas por las suyas”; y que, “aun cuando

8

CC-2004-1052

J.A.C.L.

está

autorizada

a

llegar

a

sus

propias

conclusiones, ésta no debe rechazar caprichosamente las

determinaciones de” A.R.P.E.

De una lectura de las anteriores expresiones de la

Mayoría se puede, lógica y razonablemente, concluir que

ésta entiende que J.A.C.L. debe actuar con deferencia hacia

las

determinaciones

de

hechos

y

decisiones

que

emita

A.R.P.E.

Ello

no

obstante,

e

incurriendo

en

una

patente

contradicción, la Mayoría a renglón seguido nos “ilustra”

con expresiones tales como: que el hecho de que “J.A.C.L.

sea una agencia de carácter cuasi judicial no implica que

esté obligada a darle deferencia a las determinaciones de

hechos

y

conclusiones

administrativo

adoptado

de

A.R.P.E.”;

en

1976,

y

que

“el

esquema

por

las

razones

que

fueran, refleja la intención legislativa de dar a J.A.C.L.

una función más amplia que la de un tribunal revisor”.

¿En qué quedamos? ¿Debe J.A.C.L. concederle, o no,

deferencia a las determinaciones, y a las decisiones, que

haga y emita A.R.P.E. en un caso en particular? ¿A las

determinaciones de qué agencia administrativa --A.R.P.E. o

J.A.C.L.-- es que el foro judicial vendrá en la obligación

de darle deferencia: a las de esta super agencia creada por

la

Mayoría

en

el

presente

caso,

que

tiene

--“por

las

razones que fueran”, conforme expresa la Mayoría --“una

función más amplia que la de un tribunal revisor” o a

A.R.P.E. que es la agencia que cuenta con el personal

9

CC-2004-1052

especializado y el “expertise”, o conocimiento técnico, en

esta clase de situaciones?

Finalmente,

la

Mayoría

--tal

y

como

si

hubiera

descubierto a América-- sentencia que, dentro del esquema

que establece la citada Ley 76, “la Junta de Apelaciones

está facultada para formular sus propias determinaciones, e

incluso llegar a conclusiones distintas a las de la agencia

[A.R.P.E.] apelada”.

No

tenemos,

realmente,

objeción

a

esta

última

determinación mayoritaria. De hecho, no la podemos tener ya

que

cualquier

institución

revisora

--sea

judicial

o

administrativa-- así puede actuar al resolver un asunto que

es traído ante su consideración.

A lo que sí tenemos objeción es a la determinación de

que, en el ejercicio de la función que le concede la citada

Ley 76, la Junta de Apelaciones no le debe deferencia

alguna a la decisión que emita A.R.P.E. en un caso en

particular. Debe mantenerse presente que, en esta clase de

asuntos,

A.R.P.E.

es

el

organismo

con

conocimiento

especializado en la materia; el mismo es el que cuenta con

el apoyo técnico requerido para resolver las controversias

complejas

que

determinaciones

surgen

y

en

esta

decisiones,

clase

de

casos.

ciertamente,

Sus

merecen

deferencia.

Determinar que, por el mero hecho de que la Ley 76

establece que la Junta de Apelaciones “. . .podrá celebrar

una vista . . . ., en la cual podrá recibir toda la prueba

10

CC-2004-1052

que

resulte

necesaria

para

adjudicar”

el

caso,

ello

significa que el procedimiento ante la Junta de Apelaciones

es “de la naturaleza de un juicio de novo”, es, por qué no

decirlo, un error inconmensurable.

Se

está

innecesaria”

vista

de

creando,

en

que

equivocadamente,

perjuicio

el

del

Tribunal

interés

establece

una

“duplicidad

público;

un

ello

esquema

en

cuya

consecuencia es el gasto innecesario de fondos públicos y

de esfuerzo. Por otro lado, ello igualmente perjudica a las

partes, las cuales se verán en la obligación de comparecer

a dos procedimientos, separados totalmente el uno del otro,

con el consabido gasto y pérdida de tiempo adicional. El

establecimiento de estos dos procedimientos --totalmente

separados el uno del otro-- es un resultado absurdo que

nunca pudo ser contemplado por el legislador y que venimos

en la obligación de evitar. La Opinión mayoritaria emitida

ha

convertido,

procedimientos

a

todos

ante

los

efectos

A.R.P.E.

en

prácticos,

unos

los

totalmente

innecesarios y fútiles, a los cuales las partes, incluso,

no le prestarán atención, ni le darán, importancia alguna.

No podemos suscribir tal posición; disentimos de la misma.

Somos

del

criterio

que

nuestro

deber,

ante

una

situación como la presente, es armonizar las disposiciones

de la citada Ley 76 mediante el establecimiento de un

esquema que complemente los procedimientos ante A.R.P.E. y

la Junta de Apelaciones, a saber: apelada una decisión de

A.R.P.E. ante la Junta de Apelaciones, ésta deberá señalar

11

CC-2004-1052

una vista en la cual las partes podrán presentar prueba

adicional a la presentada por ellos ante A.R.P.E. Terminada

esa etapa, la Junta de Apelaciones deberá decidir: 1) en el

ejercicio de la deferencia que merecen las determinaciones

de

hechos

de

determinaciones

una

de

agencia

hechos

especializada,

realizadas

si

por

las

A.R.P.E.

encuentran apoyo sustancial en la prueba que se presentara

ante

dicho

organismo;

y

2)

si

la

prueba

adicional,

presentada por las partes en la vista celebrada ante la

Junta de Apelaciones, amerita, o no, una decisión distinta

a la emitida por A.R.P.E. en el caso.

Este curso decisorio, a nuestro juicio, armoniza las

disposiciones

de

la

Ley

76

del

24

de

junio

de

1975,

evitando el resultado absurdo al que llega la Mayoría en el

caso hoy ante nuestra consideración.

IV

En el presente caso, aun cuando, ciertamente, el uso

solicitado por Vélez Rodríguez es uno de los permitidos por

la

reglamentación

vigente8,

A.R.P.E.,

en

virtud

de

las

facultades concedidas por la Ley Núm. 76, ante -- la cual

le

otorga

a

A.R.P.E.

la

facultad

para

decidir

sobre

solicitudes de permisos de uso y construcciones-- tenía

amplia discreción para determinar si autorizaba o no el

8

En específico, por el antes citado Artículo 11.02 del

Reglamento de Zonificación, Reglamento de Planificación

Núm.4.

12

CC-2004-1052

permiso de uso solicitado por Vélez Rodríguez. Previo a

denegar

el

mismo,

A.R.P.E.

aquilató

toda

la

prueba

presentada por las partes en la vista administrativa y tomó

en

consideración

y

evaluó,

entre

otras

cosas,

los

requisitos y características del distrito donde quedaría

localizado el centro de cuido; las actividades comerciales

del sector; y el impacto en el bienestar y la salud en el

área. Esta determinación se hizo tomando en cuenta los

negocios que ya operan allí, en específico el centro de

cuido ya existente, y la ubicación de la propiedad de la

proponente dentro de la calle, la cual es una en donde

viven varias familias y que, además, es una calle sin

salida,

por

residentes,

lo

y

cual

para

sólo

los

hay

una

entrada

para

clientes

y

visitantes

de

los

los

negocios que allí se encuentran.

Fundándose en sus determinaciones de hecho, y a base

de su “expertise”, A.R.P.E. concluyó que el uso solicitado

no era viable toda vez que se afectaría adversamente la

calidad de vida de los vecinos debido al aumento en el

tráfico vehicular que se ocasionaría en una zona que ya

presentaba problemas de tráfico. Dicha conclusión fue una

razonable, por lo cual la denegación del permiso no fue una

arbitraria.

En revisión de la anterior conclusión, la J.C.L.A.,

tomando en consideración la misma prueba presentada en la

vista celebrada ante A.R.P.E., descartó sus determinaciones

y concluyó, a su vez, que las condiciones de la vivienda de

13

CC-2004-1052

la proponente eran óptimas para la operación de un centro

de cuido y que el flujo vehicular no se afectaría por el

mismo. La J.C.L.A., al rechazar la conclusión de A.R.P.E.

sin analizar su razonabilidad, ciertamente, sustituyó el

criterio de ésta agencia por el suyo propio. Su proceder

fue uno erróneo; sobre todo cuando consideramos que las

partes no presentaron prueba adicional alguna en la vista

ante la referida Junta.

Aun cuando, en efecto, la Junta de Apelaciones puede

recibir prueba adicional para tomar una decisión, ello no

implica

que

pueda

hacer

abstracción

de

los

hechos

adjudicados por A.R.P.E. y de sus conclusiones, siempre y

cuando los primeros encuentren apoyo en la evidencia que

obre en el expediente, y las segundas no sean

arbitrarias,

irrazonables o caprichosas. En fin, nos enfrentamos a una

situación en que la J.A.C.L. --organismo cuasi judicial-ha abusado de su discreción. La determinación de la Junta

de Apelaciones no fue una razonable. Erró el foro apelativo

al negarse a expedir el auto.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, somos del

criterio que procede la revocación de la actuación del

Tribunal de Apelaciones en el presente caso.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado