Tribunal Supremo de Puerto Rico
Malavé Serrano v. Oriental Bank & Trust
2006 TSPR 63
Poder Judicial de Puerto Rico
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Malavé Serrano v. Oriental Bank & Trust
CC-2004-0573
Derecho Laboral
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María T. Malavé Serrano
Demandante Recurrida
Certiorari
v.
2006 TSPR 63
Oriental Bank & Trust
167 DPR ____
Demandado Peticionario
Número del Caso: CC-2004-573
Fecha: 20 de abril de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Juez Ponente:
Hon. Yvonne Feliciano Acevedo
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Samuel Figueroa González
Abogados de la Parte Peticionaria
Lcdo. José J. Santiago Meléndez
Lcdo. Pedro Pumarada Surillo
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez
Materia: Daños y Perjuicios
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María T. Malavé Serrano
Demandante Recurrida
v.
CC-2004-573
Oriental Bank & Trust
Demandado Peticionario
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2006.
Se
nos
sentencia
solicita
la
emitida
por
Apelaciones.
revocación
el
de
una
Tribunal
de
Mediante la sentencia recurrida,
el foro intermedio apelativo modificó en parte
la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia y confirmó.
Concluyó que no procedía
el pago de la mesada por despido injustificado
reclamado por la querellante de autos.
Sostuvo
que ésta no había sido objeto de un despido,
como
alegó,
sino
que
voluntariamente a su empleo.
había
renunciado
Redujo, además, la
2
CC-2004-573
partida
concedida
por
salarios
devengados
coincidió
con
querellante
el
de
“administrador”
el
y
foro
autos
a
foro
no
en
satisfechos.
primario
no
los
primario
al
podía
fines
No
de
obstante,
determinar
ser
de
concepto
que
la
considerada
como
exenta
las
ser
de
disposiciones de la Ley de Horas y Días de Trabajo por no
concurrir todos los requisitos dispuestos en el Reglamento
Número 13 de la Junta de Salario Mínimo1.
De otra parte,
confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia
respecto a la procedencia de intereses legales sobre las
partidas concedidas por concepto de horas extras.
Veamos
los hechos que originan el presente recurso.
I
Oriental Bank & Trust, en adelante Oriental, es una
institución bancaria que ofrece una variedad de productos
financieros a la ciudadanía como préstamos hipotecarios de
tipo convencional, veteranos y F.H.A.
La
señora
María
Teresa
Malavé
Serrano
trabajó
para
Oriental desde el 9 de noviembre de 1992 como Oficial de
Mercadeo hasta el 3 de agosto de 2001.
responsabilidades
en
dicho
puesto,
Como parte de sus
la
señora
Malavé
Serrano se encargaba de vender hipotecas e instrumentos de
inversión.
Su salario inicial en el referido puesto era
de mil dólares ($1,000) mensuales, además de comisiones
1
Reglamento 4267, Cuarta Revisión (1990).
3
CC-2004-573
pagaderas a base de los préstamos que vendiera.
Un año y
medio después de trabajar para Oriental, el título del
puesto cambió a Ejecutivo de Cuentas (“Account Executive”)
y
luego
a
Account
Ejecutivo
de
Cuentas
Executive”).
Sus
Hipotecarias
funciones
en
(“Mortgage
este
puesto
consistían en vender los diferentes productos hipotecarios
de Oriental.
Entre las tareas que realizaba estaban el
hacer llamadas para ofrecer los servicios en general de
Oriental, atender los clientes que acudían al banco (de
los cuales el 80% eran “walk-ins”), entrevistarlos para
conocer
sus
necesidades,
identificar
los
productos
que
podían ofrecerse a éstos, verificar cuál de los productos
se
ajustaba
al
presupuesto
del
potencial
cliente,
solicitar la documentación necesaria, evaluar las deudas
del cliente, tramitar estudios de título e informes de
créditos
y
otras
funciones
dirigidas
a
procesar
un
préstamo.
El
título
de
su
puesto
como
“Mortgage
Account
Executive” fue cambiado a “Senior Mortgage Advisor”.
pesar
del
cambio
de
nombre,
sus
funciones
A
continuaron
siendo las mismas, tanto bajo el puesto “Mortgage Account
Executive” como bajo el puesto “Senior Mortgage Advisor”.
Para 1994, el sistema de pago de comisiones en Oriental
también cambió.
Bajo este nuevo esquema, los días quince
(15) de cada mes, Oriental depositaba en la cuenta de la
señora
Malavé
Serrano
la
cantidad
de
mil
quinientos
dólares ($1,500) en concepto de lo que el banco llamaba
4
CC-2004-573
“draw” o adelanto.
Según surge del expediente ante nos,
el exceso en producción de esos $1,500 se iba acumulando
para pagarse cada seis (6) meses.2
El
3
de
agosto
de
2001,
la
señora
Malavé
Serrano
renunció a su trabajo por, alegadamente, no haber recibido
durante el año 2001 el exceso de comisiones.
situación
económica
merma
sus
en
y
familiar
ingresos,
toda
Alegó que su
se
vio
afectada
vez
que
no
por
existía
la
una
relación justa y proporcionada entre el sistema de pago de
Oriental y las responsabilidades asignadas.
El 5 de febrero de 2002, la señora Malavé Serrano
presentó
una
reclamación
judicial
contra
Oriental.
La
querella se instó bajo el procedimiento especial sumario
que dispone la Ley Número 2 del 17 de octubre de 19673, en
adelante, Ley Núm. 2.
Reclamó la suma de $187,237.40 por
concepto de horas extras trabajadas y no pagadas, más una
cantidad igual como penalidad; $16,989.15 por concepto de
vacaciones, más una cantidad igual como penalidad; $9,600
por concepto de indemnización por despido constructivo e
injustificado; $400 por concepto de bono de navidad, más
una cantidad igual como penalidad; y $37,000 por concepto
de salarios dejados de devengar, más una cantidad igual
como penalidad.
Entre otras cosas, sostuvo que en varias
2
Cabe destacar que el adelanto en comisión se determinaba
de acuerdo a cada oficial, por lo que cada oficial podía
tener un “draw” diferente.
3
32 L.P.R.A. secs. 3114-3133, según enmendada.
5
CC-2004-573
ocasiones, sin razón alguna, Oriental le redujo su salario
a quinientos ($500) dólares mensuales.4
Oriental contestó oportunamente la referida querella,
negando
las
alegaciones
principales
de
la
demanda.
Respecto al pago de horas extras, alegó afirmativamente
que la querellante de autos era una empleada exenta del
pago de horas extras, de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Horas y Días de Trabajo5, Ley de Salario
Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad6, en adelante
Ley de Salario Mínimo, y el Fair Labor Standards Act7.
Sostuvo
que
la reclamación
estaba
total
o
parcialmente
prescrita y que la señora Malavé Serrano no fue despedida
de su empleo por Oriental, sino que renunció a su empleo
voluntariamente.8
El 13 de agosto de 2002, Oriental presentó ante el
Tribunal
de
Desestimación
Primera
Instancia
Parcial”9.
En
una
“Solicitud
de
solicitó
la
síntesis,
desestimación de las partidas reclamadas en la querella en
4
Querella, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 4043.
5
Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sec. 271
et
seq.
6
Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, 29 L.P.R.A. sec. 250
et seq.
7
29 U.S.C.A. sec. 201, et seq.
8
Contestación a la Querella,
Certiorari, págs. 44-46.
9
Íd., pág. 52.
Apéndice
del
recurso
de
6
CC-2004-573
concepto de salarios devengados previo al 3 de agosto de
1998, por estar prescritas.10
La señora Malavé Serrano se
allanó a la misma.
El 6 de febrero de 2002, Oriental presentó ante el foro
primario una “Solicitud de Sentencia Sumaria”.
Solicitó
la desestimación de las reclamaciones por horas extras y
vacaciones, toda vez que, según alegó, la querellante de
autos no tenía derecho a tales beneficios por ser una
empleada exenta bajo la Ley de Horas y Días de Trabajo,
supra y bajo la Ley de Salario Mínimo, supra.
Malavé
Serrano
presentó
una
“Réplica
a
La señora
solicitud
de
sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria a favor de
[sic] querellante”.11
El 29 de mayo de 2003, el foro primario dictó sentencia
sumaria declarando con lugar la querella incoada.12
analizar
las
funciones
Serrano
a
la
luz
realizadas
de
la
por
la
definición
Tras
señora
Malavé
del
término
“administrador” provista en el Reglamento Núm. 13 de la
Junta de Salario Mínimo, concluyó que ésta no podía ser
considerada como administradora, a los efectos de estar
exenta
de
los
beneficios
contemplados
en
la
referida
10
Sostuvo que la querellante había cesado en su trabajo
el 3 de agosto de 2001 y en virtud de la Ley 180, supra,
las
reclamaciones
de
salarios
solamente
pueden
retrotraerse a los últimos tres (3) años anteriores a la
fecha de la cesantía.
11
Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 115-320.
12
Íd., págs. 322-343.
7
CC-2004-573
legislación protectora.
querellante
de
autos
Entendió que las tareas de la
no
estaban
relacionadas
con
la
preparación de normas sobre la dirección de los negocios
de
Oriental
Añadió
que
ni
con
las
el
margen
operaciones
para
el
generales
juicio
de
propio
ésta.
y
de
adjudicación de casos era muy poco y que el ejercicio de
la
discreción
era
aun
menor,
pues
otros
aprobaban
las
normas de cualificación y la querellante no podía eximir
de dichos requisitos a los solicitantes.
“[l]a
llamada
prácticos,
discreción
se
del
materializaba
Puntualizó que
empleado,
en
una
en
fórmula
términos
de
`te
aprobarán el préstamo si cumples con todos los requisitos
dispuestos en la reglamentación de Oriental´”.13
Concluyó
que la querellante se vio forzada a renunciar debido a las
actuaciones
de
su
injustificado.14
patrono,
lo
que
constituye
despido
Ordenó el pago de $142,209.60 en concepto
de horas extras, $26,000 en concepto de salarios dejados
de
percibir,
$9,158.40
en
concepto
de
vacaciones
y
$10,917.41 en concepto de mesada e intereses legales al
5.25%.
Impuso,
además,
honorarios de abogados.
el
pago
de
costas,
gastos
y
Copia de su notificación a las
partes fue archivada en autos el 11 de agosto de 2003.
Inconforme, Oriental acudió al Tribunal de Apelaciones
mediante recurso de certiorari.
13
Íd., pág. 334.
14
Íd., pág. 343.
El 15 de abril de 2004,
8
CC-2004-573
el
foro
modificando
intermedio
la
Específicamente,
apelativo
sentencia
revocó
emitió
una
por
el
foro primario.
concesión
de
$10,917.41
dictada
la
sentencia
por
concepto de mesada por despido injustificado y redujo el
monto de salarios dejados de percibir a $4,000, más la
penalidad correspondiente.
Así modificada, confirmó la
Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en
todos los aspectos.
Ambas partes solicitaron al foro intermedio apelativo
la
reconsideración
de
su
dictamen.
Denegadas
ambas
solicitudes, Oriental acudió ante nos mediante recurso de
Certiorari, señalando los errores siguientes:
Erró el foro apelativo, al confirmar
que
la
demandante
no
reunía
los
requisitos
para
considerarse
“administradora” y por ende, estar
exenta de las leyes laborales.
Erró el foro apelativo, al confirmar la
imposición a Oriental del pago de
determinadas sumas por concepto de
horas extras y vacaciones, sin que se
hubiese celebrado un juicio plenario y
sin que la demandante presentara su
prueba.
Erró el foro apelativo, al confirmar
que procede la imposición de intereses
“post sentencia” al 5.25.
Examinadas
las
comparecencias
de
las
partes
y
los
autos del presente caso, nos encontramos en posición de
resolver.
9
CC-2004-573
II
A
Nos corresponde determinar si actuó correctamente el
foro intermedio apelativo al confirmar la determinación
del foro primario, de que la señora Malavé Serrano no
reunía
los
requisitos
para
ser
considerada
como
un
“administrador”. Veamos.
La Ley de Horas y Días de Trabajo, supra, establece la
jornada de trabajo de los empleados a quienes les aplica y
el
derecho
al
cobro
de
horas
extras
por
realizado en exceso de dicha jornada diaria.
el
trabajo
No obstante,
por mandato legislativo expreso, esta ley no incluye a los
ejecutivos, administradores ni profesionales, según estos
términos
han
sido
definidos
por
la
Junta
de
Salario
Mínimo de Puerto Rico.15
Asimismo, la Ley de Salario Mínimo, supra, dispone
expresamente que sus disposiciones no serán aplicables a
los
“`administradores´,
`ejecutivos´
y
`profesionales´,
según dichos términos son definidos mediante el Reglamento
Número 13 de la Junta de Salario Mínimo…”.
De conformidad con la referida disposición, la Junta de
Salario Mínimo promulgó el Reglamento Núm. 13, supra.
El
referido
cuerpo
el
propósito
de
15
reglamentario
definir
los
se
estableció
referidos
con
términos
Supra, sec. 288(1). Véase, además, Rolón v. Charlie Car
Rental, 148 D.P.R. 420 (1999).
10
CC-2004-573
“administrador”, “ejecutivo” y “profesional”.
El Art. III
del
definía
referido
Reglamento,
entonces
vigente,
término administrador como:
Cualquier
empleado
que
reúna
los
siguientes requisitos:
(a)
que desempeñe trabajos de oficina o
trabajos fuera de oficina que no sean de
naturaleza manual, estando el trabajo
directamente relacionado con las normas de
la dirección de la empresa o con las
operaciones generales del negocio del
patrono o de los clientes del patrono; y
(b)
que usual y regularmente ejerza
discreción y juicio independiente; y
(c)
1. que regular y directamente ayude
al dueño de la empresa, o a una persona
empleada
en
la
capacidad
de
“administrador” o de “ejecutivo”, según
estos términos se definen en el presente
reglamento;
o
2. que realice, solamente bajo supervisión
general, trabajo de carácter técnico o
especializado que requiera entrenamiento,
experiencia o conocimientos especiales; o
3. que ejecute, solamente bajo supervisión
general,
encomiendas
y
tareas
especiales; y
(d)
que no dedique más del 20%, o en el
caso de un empleado de un establecimiento
de comercio al detal o de servicio, que no
dedique hasta el 40%, de las horas
trabajadas en una semana de trabajo, a
actividades
que
no
estén
directa
o
estrechamente
relacionadas
con
el
desempeño del trabajo descrito los Incisos
(a), (b) y (c) de este Artículo III; y
(e)
que reciba por sus servicios una
compensación fija o a base de por ciento u
honorarios,
equivalente
a
un
sueldo
semanal no menor de doscientos dólares
($200), excluyendo alimentos, vivienda u
otros servicios.
(f)
También
significa
cualquier
empleado cuyo trabajo cumpla con los
requisitos dispuestos en los incisos (a) y
el
11
CC-2004-573
(b) de este Artículo III y reciba por sus
servicios una compensación fija, o a base
de por ciento u honorarios, equivalente a
un salario semanal no menor de doscientos
noventa y cinco dólares ($295), excluyendo
alimentos, vivienda u otros servicios.
Hemos resuelto que la determinación de si un empleado
es o no un “administrador” dependerá de la concurrencia de
todos los requisitos enumerados en la referida disposición
reglamentaria.16
La
exclusión
de
un
empleado
de
los
beneficios reconocidos en la legislación laboral debe ser
clara y debe interpretarse restrictivamente.17
Al hacer
dicha determinación, debemos analizar las funciones que
efectivamente realiza cada empleado y no el título del
puesto que ocupa.18
Del mismo modo, al evaluar si un empleado es o no un
“administrador”,
según
lo
define
el
referido
cuerpo
reglamentario, es necesario que éste realice trabajo de
una importancia sustancial para la dirección del negocio.19
Hemos resuelto que la discreción y juicio independiente a
16
Rolón v. Charlie Car Rental, supra, citando a Almodóvar
v. Margo Farms del Caribe, Inc., 148 D.P.R. 103 (1999) y
Medina Vega v. Unión de Obreros Cervecería, 86 D.P.R. 642
(1962).
17
Rolón v. Charlie Car Rental, supra.
Véase, además,
López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970).
18
19
Íd.
R. Delgado Zayas, Apuntes Para el Estudio de la
Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral
Puertorriqueño, Revisión del 2005, San Juan, Puerto Rico,
Págs.34-38.
12
CC-2004-573
la que se refiere el Reglamento Núm. 13, supra, debe ser
real y sustancial sobre asuntos de consecuencia.20
Al evaluar el expediente ante nos, resulta forzoso
concluir
que
considerada
la
como
señora
un
Malavé
Serrano
“administrador”.
no
La
puede
señora
ser
Malavé
Serrano atendía los clientes que llegaban a Oriental y les
orientaba sobre las diferentes alternativas de préstamos
hipotecarios que ofrecía el banco.
Además, completaba el
expediente
con
del
potencial
cliente
la
documentación
necesaria, evaluaba sus deudas y realizaba otras funciones
dirigidas a procesar el préstamo (como tramitar estudios
de título e informes de crédito).
cliente
cualificaba
o
no
La decisión de si un
para determinado
producto,
se
hacía a base de las políticas establecidas por Oriental,
las leyes que regulan la banca y la información provista
por el cliente.
Es decir, como correctamente puntualizó
el foro primario en su Sentencia, la señora Malavé Serrano
no
tenia
autoridad
ni
discreción
para
no
seguir
la
política y las guías del banco, por lo que la aprobación
de un préstamo hipotecario quedaba principalmente en manos
de la institución financiera en cuestión.
A la luz de lo
anterior,
la
con
requisito
del
señora
“administrador”.
Malavé
Reglamento
El
trabajo
incumple
para
el
primer
cualificarla
como
realizado
por
la
señora
Malavé Serrano no era uno de importancia sustancial para
20
Rolón v. Charlie Car Rental, supra.
13
CC-2004-573
la
dirección
de
Oriental.
La
señora
Malavé
Serrano
tampoco reúne el segundo requisito para ser considerada
una
administradora.
Esto
es,
no
ejercía
discreción
y
juicio independiente real y sustancial sobre asuntos de
consecuencia
para
el
banco.
La
aquí
peticionaria,
Oriental, arguye que la señora Malavé Serrano satisface
este requisito porque tenía potestad para determinar si un
cliente cualificaba o no para un préstamo y no era una
mera “procesadora de datos”.
Arguye que era ella quien se
relacionaba con los “realtors” y desarrolladores con el
propósito de que le generaran negocios a Oriental y como
resultado de ello, obtener ingresos.
Sostiene que una vez
ante
el
personal
cliente,
y
ella
recopilaba
toda
su
información
financiera,
analizaba
sus
necesidades
y,
conforme a ello, le ofrecía aquel producto financiero que
se ajustara a su realidad económica.
Sostiene que era
ella
le
quien
determinaba
cuál
producto
convenía
al
cliente entre la gama de productos de Oriental, por lo que
ejercía
discreción
sustancial.21
Aunque
y
juicio
independiente
real
y
evaluaba
la
No compartimos su criterio.
la
señora
Malavé
Serrano
información del potencial cliente y podía determinar, de
entre los productos disponibles en Oriental, cuál era el
que mejor se ajustaba a la realidad de éste, no podía
cambiar ni flexibilizar el cumplimiento de los requisitos
21
Alegato de la parte Peticionaria, págs. 8-14.
14
CC-2004-573
establecidos por la entidad financiera para la aprobación
final del préstamo.
Es decir, ésta no tenía discreción
alguna para aprobar el préstamo si el cliente no cumplía
con los requisitos establecidos por Oriental a esos fines.
Como
correctamente
puntualizó
el
foro
primario,
“[l]a
llamada discreción del empleado, en términos prácticos, se
materializaba en una fórmula de `te aprobarán el préstamo
si
cumples
con
reglamentación
todos
de
los
requisitos
Oriental´”.22
dispuestos
Adviértase
en
la
que
la
discreción y juicio independiente que se exige debe ser
real y sustancial sobre asuntos de consecuencia para la
empresa.
Además, el hecho de que un trabajador realice
alguna labor menor de tipo discrecional no lo convierte
automáticamente en un “administrador”. 23
Las funciones realizadas por la señora Malavé Serrano
no quedan enmarcadas en los requisitos reglamentarios para
ser
considerada
“administradora”.
Concluimos
que
la
señora Malavé Serrano no cumplía con todos los requisitos
reglamentarios para ser considerada como “administrador”,
por
lo
que
actuó
correctamente
el
foro
intermedio
apelativo al confirmar lo resuelto sobre esos extremos por
el Tribunal de Primera Instancia.
22
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 334.
23
Rolón v. Charlie Car Rental, supra.
15
CC-2004-573
B
Oriental arguye que la sentencia sumaria dictada por
el foro primario era improcedente pues, aún concluyendo
que la señora Malavé Serrano no era una empleada exenta
para fines de las leyes laborales, ésta venía obligada a
desfilar
prueba
admisible
en
evidencia
procedencia de sus reclamos de salarios.
La
sentencia
sumaria
es
el
y
establecer
la
Veamos.
mecanismo
procesal
que
confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin
necesidad
de
celebrar
una
vista
evidenciaria.
El
tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede dictarla
sobre la totalidad de una reclamación o sobre cualquier
controversia comprendida en ella, cuando de los documentos
admisibles en evidencia que se acompañan con la solicitud,
o que obran en el expediente del tribunal, surge que no
existe una legítima disputa de hechos que tenga que ser
dirimida en vista evidenciaria y que sólo resta aplicar el
derecho.24
En
nuestro
ordenamiento
jurídico
existe
una
clara
política pública judicial de que los casos se ventilen en
los
24
méritos
por
nuestro
interés
de
que
todo
litigante
Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III,
R. 36.
Véase además, García v. Darex P.R., Inc., 148
D.P.R. 364, 382 (1999) y Audiovisual Lang v. Sist. Est.
Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).
16
CC-2004-573
tenga
su
sentencia
día
en
corte.25
Por
sólo
debe
sumaria
ello,
el
mecanismo
de
utilizarse
cuando
el
promovente ha establecido su derecho con claridad y ha
quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a
recobrar
bajo
cualquier
circunstancia
que
resulte
discernible de la prueba.26
En casos donde se reclama el pago de horas extras,
hemos expresado que el peso de prueba lo tiene el empleado
demandante o querellante.
Es éste quien tiene el deber de
probar, mediante preponderancia de la prueba, no sólo que
realizó una labor en exceso de la jornada ordinaria, sino
también el número de horas extras por él trabajadas.27
En el presente caso, Oriental solicitó la desestimación
de las reclamaciones hechas por la señora Malavé Serrano
por horas extras y vacaciones por ser una empleada exenta,
excluida de las disposiciones de la Ley de Horas y Días de
Trabajo, supra y de la Ley de Salario Mínimo, supra.
La
señora Malavé Serrano presentó la correspondiente réplica
y
una
moción
de
sentencia
sumaria
a
su
favor.
Posteriormente el foro primario dictó sentencia sumaria a
25
Véase, entre otros, Rivera et al. v. Superior Pkg.,Inc.
et al., 132 D.P.R. 115 (1992) y Lluch v. España Service
Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).
26
27
Medina v. Merck, 134 D.P.R. 234 (1993).
Rosario v. Autoridad de Tierras, 97 D.P.R. 324 (1969);
Sierra v. Easter Sugar Associates, 71 D.P.R. 888 (1950).
17
CC-2004-573
favor de la señora Malavé Serrano resolviendo finalmente
todas las reclamaciones instadas por ésta en su Querella.
Arguye
Oriental
que
al
resolver
discreción
el
foro
primario
abusó
sumariamente
todas
de
su
las
reclamaciones porque lo que se le había planteado en la
solicitud
de
sentencia
sumaria
era
la
controversia
relativa a si Malavé Serrano era una empleada exenta o no.
Sostiene que, de entender que no era una empleada exenta,
procedía celebrar una vista evidenciaria para que Malavé
presentara la prueba para sostener sus alegaciones y se le
reconociera el derecho a Oriental a defenderse y presentar
prueba a su favor.28
Adviértase
sentencia
que
sumaria
en
su
presentada
réplica
por
a
la
solicitud
Oriental,
la
de
señora
Malavé Serrano no sólo expresó las razones por las que no
podía ser considerada administradora, sino que, además,
expuso las razones por las que procedía dictar sentencia
sumaria a su favor en todas las partidas reclamadas.
En
específico, sostuvo que la cantidad de horas trabajadas
por ella, surgía de un documento titulado “Payroll Source
Information”.
De conformidad con la nota al calce número
5 de la solicitud de sentencia sumaria presentada por la
señora Malavé Serrano, dicho documento fue anejado a la
referida solicitud.29
28
Alegato de la Parte Peticionaria, págs. 18-25.
29
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 117.
18
CC-2004-573
Al
dictar
sentencia
sumaria
a
favor
de
la
señora
Malavé Serrano, el Tribunal de Primera Instancia formuló
determinaciones de hecho respecto a la cantidad de horas
trabajadas por ésta, de conformidad con la información que
surgía
del
referido
Information”.30
documento
“Payroll
Source
of
Mas aún, en la nota al calce número 4 de
su Sentencia, el foro primario puntualizó que “[n]o existe
controversia
alguna
sobre
las
horas
trabajadas
por
la
querellante.
La única controversia es si la querellante
es administrador, conforme lo define el Reglamento 13”.31
El
empleado
tiene
el
peso
de
la
prueba
para
demostrar, no sólo que realizó una labor en exceso de la
jornada ordinaria, sino que también tiene que establecer
el número de horas extras por él trabajadas32.
El Tribunal
de Primera Instancia entendió que la señora Malavé Serrano
cumplió
con
dicho
requisito
evidenciario
y
estableció
mediante preponderancia de la prueba su reclamación.
Por
ello,
la
correspondía
a
Oriental
controvertir
razonabilidad de la prueba ofrecida por ésta.33
Oriental
no
sentencia sumaria.
se
opuso
a
la
referida
solicitud
de
Un estudio cuidadoso del expediente
30
Véase, pág. 5 de la Sentencia dictada por el Tribunal de
Primera Instancia, Apéndice del recurso de Certiorari,
pág. 326.
31
Íd, pág.338.
32
Rosario v. Autoridad de Tierras, supra; Sierra v. Easter
Sugar Associates, supra.
33
Véase, Sierra v. Eastern Sugar Associates, supra.
19
CC-2004-573
ante nos, demuestra que tampoco acompañó, como parte de su
recurso
de
copia
certiorari,
“Payroll Source of Information”.
del
documento
titulado
Como antes indicamos, el
referido documento permitió que el foro primario hiciera
una determinación de la cantidad de horas trabajadas por
la
señora
Malavé
Serrano
y
determinara
que
no
existía
controversia material y esencial de hechos al respecto.
Por ello, no habremos de intervenir con lo actuado por el
Tribunal de Primera Instancia.
Tampoco podemos concluir
que el referido foro abusó de su discreción al resolver el
caso por la vía sumaria.
cobijada
bajo
la
Se trata de una determinación
presunción
de
corrección
de
los
procedimientos, que no fue rebatida por Oriental.
C
Finalmente, Oriental arguye que erró el foro intermedio
apelativo al confirmar la imposición de intereses postsentencia en casos como el presente.
posición,
patrono
sostiene
que
que
adeude
las
leyes
salarios,
En apoyo de su
laborales
imponen
pago
una
el
equivalente en concepto de penalidad.
de
al
suma
Afirma que cuando
se ordena el pago de horas extras y vacaciones no procede
la imposición de intereses, toda vez que el legislador
determinó taxativamente cuál era la medida de daños en
estos casos y no incluyó los intereses.
Cita en apoyo de
20
CC-2004-573
su argumento lo resuelto por este Foro en Pan American
World v. Tribunal Superior34.
Sabido
es
que
la
No le asiste la razón.
Regla
44.3
de
las
Reglas
de
Procedimiento Civil35, regula lo concerniente a la fijación
de interés legal, tanto post sentencia como por temeridad.
El interés post sentencia se refiere al tipo de interés
que se impone a favor de la parte victoriosa en todas las
sentencias que ordenen el pago de dinero.
computa
sobre
la
cuantía
de
la
El mismo se
sentencia,
incluyendo
costas y honorarios de abogado, y se fija desde la fecha
en
que
dicte
misma.36
Su
la
sentencia
imposición
hasta
es
que
se
mandatario
satisface
a
la
toda
parte
Superior,
supra,
perdidosa sin distinción alguna.37
En
Pan
American
World
v.
Tribunal
resolvimos que en casos al amparo de la Ley de Horas y
Días de Trabajo, supra, donde se reclama el pago de horas
extras no procede la imposición de intereses pre sentencia
toda
vez
legislación
que
la
indemnización
es
mucho
más
onerosa
concedida
al
por
imponer
el
dicha
pago
adicional de una suma igual a la adeudada por concepto de
34
100 D.P.R. 413 (1972).
35
32 L.P.R.A., Ap. III, R. 44.3.
36
Gutiérrez Calderón v. A.A.A., 2006 T.S.P.R. 21, 166
D.P.R. ____ (2006); Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738
(1968).
37
Gutiérrez Calderón v. A.A.A., supra, a la pág. 2,
citando a Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467
(1982); P.R. Ame. Ins. Co. V. Tribunal Superior, 82 D.P.R.
621 (1962).
21
CC-2004-573
penalidad.
Nada
expresamos
allí
con
relación
a
los
foro
primario
actuó
intereses post sentencia.
En
el
presente
correctamente
al
caso,
ordenar
el
la
imposición
de
intereses
posteriores a la sentencia que ordenó el pago del dinero
adeudado.
No existe prohibición alguna en las Reglas de
Procedimiento
imposición
de
Civil
o
en
intereses
alguna
post
ley
sentencia
que
impida
la
en
casos
de
reclamaciones de salarios por concepto de horas extras.
Avalar la posición de Oriental, equivaldría a que la parte
perdidosa dilate innecesariamente el cumplimiento de la
sentencia, sin que tenga, por ello, consecuencia alguna.
III
Por los fundamentos antes expuestos se confirma la
sentencia
recurrida,
Apelaciones.
emitida
por
el
Tribunal
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María T. Malavé Serrano
Demandante Recurrida
v.
CC-2004-573
Oriental Bank & Trust
Demandado Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2006.
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace
formar parte íntegra de la presente, se confirma la
sentencia recurrida, emitida por el Tribunal de
Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
El Juez Presidente señor Hernández Denton no
intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo